Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2012-00092-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2012-00092-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-31-000-2012-00092-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
19 de julio de 2023
Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993).
Demandante: Rosa Maria Báez Daza y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Radicado número: 50001-23-31-000-2012-00092-01(59993).
Demandante: Rosa María Báez Daza y otros.
Demandado: La Nación Fiscalía General de la Nación y Rama
-
Judicial -.
Referencia: Acción de reparación directa.
Tema 1: Privación injusta de la libertad Ley 600 de 2000.
-
Subtema 1.1. Presupuestos de la responsabilidad del Estado.
Subtema 1.2. Falta de acreditación del daño antijurídico.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección, con fundamento en la prelación aprobada por Acta No. 10 del 25
de abril de 20131, resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía
General de la Nación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Meta el 25 de abril de 2017, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El alcalde municipal de San Carlos de Guaroa (Meta), en razón a la presentación
de múltiples procesos ejecutivos en contra de dicha entidad territorial, sin que
existieran documentos contractuales que soportaran los cobros pretendidos,
presentó denuncia por la probable comisión de los delitos de peculado, contrato
sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público y privado
contra el anterior mandatario municipal y otras personas. La señora Rosa María
Báez Daza fue vinculada a la investigación criminal mediante diligencia de
indagatoria, que fue evacuada el 28 de marzo de 2008, y fue capturada por
agentes de la Policía Judicial el 8 de agosto del mismo año. En la misma fecha de
la captura, la Fiscalía 23 Seccional de Acacías profirió medida de aseguramiento
de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de la señora
Báez Daza, en condición de interviniente en los delitos de peculado por
apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales; medida que luego
fue sustituida por la de detención en el sitio de residencia. El Juzgado Penal del
Circuito de Acacias, en sentencia proferida el 27 de noviembre de 2009, absolvió
a la señora Rosa María Báez Daza de los cargos que le fueron formulados por la
Fiscalía 23 Seccional de AcacIas, por la configuración de "una atipicidad relativa
en relación con el sujeto activo". Los demandantes consideran que la privación de
la libertad que soportó la señora Báez Daza fue injusta.
1
En la mencionada acta, la Sala Plena de la Sección Tercera del consejo de Estado, aprobó: "los
expedientes que están para fallo en relación con (i) privación injusta de la libertad, (u) conscriptos y, (iü)
muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno ( ... )".
Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993).
Demandante: Rosa María Báez Daza y otros
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
La demanda fue presentada el día 17 de febrero de 201223, por Rosa María Báez
Daza, Pablo Emilio Acosta Saldaña, Ariel Acosta Báez, Alberto Acosta Báez,
Arley Acosta Báez y Eh Báez Dueñas4. Con fundamento en los hechos referidos
en la síntesis del caso, los accionantes pretenden que esta jurisdicción profiera
sentencia de condena a cargo de la Nación, representada en este caso por el
Fiscal General de la Nación o su delegado y por el Director Ejecutivo de
Administración Judicial o su delegado, con ocasión de la privación de la libertad
que soportó la señora Rosa María Báez Daza.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrati'io del Meta en auto del 13
de marzo de 2012; notificado en debida forma6; el término de traslado de la
demanda corrió de conformidad con lo previsto en la ley7; y esta fue contestada,
en oportunidad, por la Rama Judicial8 y por la Fiscalía General de la Nación9.
En el término de traslado del auto admisorio de la demanda, la parte actora radicó
escrito de adición del libelo introductorio10, a través del cual adicionó los hechos
16, 17 y 1811, y allegó copia del fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de San Gil el 30 de abril de 201212. La adición de la
demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Meta, en proveído del 31
de enero de 201413.
2
De acuerdo con el sello de "Diligencia de Presentación Personal" de la Oficina Judicial de Villavicencio,
Meta, visible a folio 14 del cuaderno 1.
El escrito de demanda obra a folios 1-14 del cuaderno 1, en tanto que elpoder otorgado a la abogada Maria
Custodia Prieto Moreno se encuentra a folios 15 y 16 del mismo cuaderno.:,,.
Los nombres de los señores "Rosa María Báez Daza", "Pablo Emilio Aqósta Saldaña", "Ariel Acosta Báez",
"Alberto Acosta Báez", "Arley Acosta Báez" y "Eh Báez Dueñas" apar'écen registrados en los términos
anteriormente relacionados en los registros civiles de nacimiento que obran'a folios 17-20 del cuaderno 1.
Folios 60 y 61 del cuaderno 1.
6
Folios 69 y 70 del cuaderno 1. -
De acuerdo con la constancia de fijación en lista expedida por la Secretaría del Tribunal Administrativo del
Meta, visible a folio 104 del cuaderno 1.
8
Folios 105-110 del cuaderno 1.
Folios 123-127 del cuaderno 1.
10 Folios 71-73 del cuaderno 1.
11
A saber:
"16°. Con la privación injusta de la libertad de la señora ROSA MARIA BÁEZ DAZA, PABLO EMILIO ACOSTA
SALDAÑA, en su calidad de compañero permanente, sus hijos ARIEL, ALBERTO Y ARLEY ACOSTA BÁEZ,
as¡ como su progenitor ELI BÁEZ DUEÑAS, tuvieron que soportar el profundo dolor y sufrimiento que la
detención de su compañera, madre e hija, les causó, no solo por la ausencia de ella en su hogar durante el
tiempo que soportó detención intramural, sino por el profundo amor quCle profesan, al verla expuesta al
escarnio público.
170. El grupo familiar conformado por todos los demandantes se caracteriz" por su solidez, allí reinan el amor,
el respeto y el apoyo mutuos, siendo ROSA MARIA el soporte y columna vertebral de su hogar, adicionándole
además la compleja y difícil situación que dos de sus miembros sufren corro son su compañero permanente
PABLO EMILIO ACOSTA anciano y enfermo que supera los 70 años y su.»ijo, ARLEY ACOSTA BÁEZ, que
sufre discapacidad mental, los cuales requieren el cuidado permanente de lá señora BÁEZ DAZA.
180. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, conforme al plan de Descongestión de la Sala Penal
del Tribunal Superior de Villavicencio, desató el recurso de apelación. interpuesto por el defensor del
procesado LIBARDO BADILLO CONDE, compañero de causa de ROSA MARIA BAEZ DAZA, contra la
sentencia del 27 de noviembre de 2009 proferida por el Juzgado Penal del, Circuito de Acacias, confirmándola
en su totalidad".
12
Folios 74-101 del cuaderno 1.
13
Folio 178 del cuaderno 1.
2
Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993).
Demandante: Rosa María Báez Daza y otros
Una vez agotada la etapa probatoria del proceso, sin reparo alguno de las partes,
el Tribunal Administrativo del Meta, en auto del 23 de noviembre de 201514, corrió
traslado a las partes para que alegaran de conclusión. Así lo hizo la parte
actora 15, en tanto que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial
guardaron silencio16.
2.3. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia proferida el 25 de abril de 201717
y en aplicación del régimen objetivo de responsabilidad del Estado18 , declaró
administrativamente responsable a la Nación Fiscalía General de la Nación
• -,
por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto la señora Rosa María
Báez Daza, y, como consecuencia de esta declaración, condenó al órgano
demandado al pago de los perjuicios morales y materiales causados a los
accionantes. Además, negó la declaración de responsabilidad solicitada en contra
de la Rama Judicial19.
2.4. Los recursos de apelación
2.4.1. La Fiscalía General de la Nación, por escrito radicado el 15 de mayo de
201720, formuló apelación contra la sentencia de primera instancia con
fundamento en los siguientes cargos:
2.4.1.1. La medida privativa de la libertad de la que fue objeto la señora
Rosa María Báez Daza cumplía con todos los requisitos legales previstos
para su imposición por lo que no puede calificarse de "injusta" y, en
consecuencia, la demandante tenía la carga de soportar la restricción de su
libertad. Lo anterior, en aplicación del régimen subjetivo de responsabilidad
del Estado por falla del servicio.
2.4.1.2. Cuestionó la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad del
Estado, por atipicidad de la conducta punible, puesto que la señora Rosa
María Báez Daza ostentaba la condición de contratista en un contrato de
suministro celebrado con el municipio de San Carlos de Guaroa, Meta, y, en
consecuencia, "contaba con pruebas que le indicaban que la actora en este
proceso podía estar incursa en los delitos antes señalados", esto es,
14
Folios 246 y 247 de¡ cuaderno 2.
15
Folios 248-260 de¡ cuaderno 2.
16
Así lo establece el Tribunal Administrativo del Meta en la sentencia proferida el 25 de abril de 2017,
específicamente en el parágrafo 5 del título V del fallo, denominado "TRAMITE PROCESAL", en el cual el a
quo indicó:
"Ahora, vencido el término probatori o, mediante auto del 23 de noviembre de 2015, visto a folio 246 al 247, se
corrió traslado para alegar de conclusión, derecho del cual hizo uso únicamente la parte accionante".
17
Folios 304-317 del C.ppal.
18 Al punto, el Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del 25 de abril de 2017, indicó:
"De conformidad con lo anterior, no cabe duda para esta Corporación que el presente asunto deberá
estudiarse de fondo bajo el RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVO con base en la privación LEGAL E
INJUSTA de la demandante, como quiera que el objeto de estudio versa es en el INJUSTO de la privación, es
decir, en el daño antijurídico soportado por la actora".
19 Al respecto, el Tribunal de primera instancia argumentó:
"Finalmente, es de aclarar que tanto la resolución mediante la cual se resolvió la situación jurídica de la
señora Báez Daza, como el proceso investigativo fue llevado a cabo por la Fiscalía 23 Seccional, por lo cual
se exonera de responsabilidad a la Nación Rama Judicial, en razón a los hechos acaecidos el 08 de agosto
-
de 2008 al 01 de diciembre de 2009, teniendo en cuenta además, que el actuar de esta entidad únicamente se
presentó en la etapa de juzgamiento del proceso penal, es decir, la señora Báez Daza ya se encontraba
privada de la libertad por disposición del Fiscal de turno, y el actuar del Juez penal solo se suscribió a proferir
sentencia de primera instancia, en la cual absolvió a la demandante por atipicidad de la conducta endilgada,
es por ello que corresponderá absolver de responsabilidad a la Nación-Rama Judicial".
20 Folios 319-331 del C.ppal.
3
Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993).
Demandante: Rosa María Báez Daza y otros
peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de
los requisitos legales. Además, de acuerda con los mismos argumentos,
solicitó la declaración de la causal eximente de responsabilidad de culpa
exclusiva de la víctima.
2.4.1.3. Finalmente, reprochó el reconocimiento y tasación de los perjuicios
morales, materiales e inmateriales, por daños;a bienes constitucional y
convencionalmente protegidos, realizado por el Tribunal Administrativo del
Meta.
2.5. Conciliación
Según lo prescrito en el artículo 70 de la Ley 1395 de 201021, el Tribunal
Administrativo del Meta convocó a las partes a audiencia de conciliación22, la cual
fue evacuada los días 5 de julio23 y 2 de agosto de 201724, y hubo de declararse
fallida por falta de ánimo conciliatorio entre las parjes. En consecuencia, el
Tribunal Administrativo del Meta, en auto del 4 de agosto de 201725, concedió el
recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación en contra
de la sentencia de primera instancia.
2.6. Trámite relevante en segunda instancia
Esta Corporación, en auto del 1 de noviembre de 201726, admitió el recurso de
apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra el fallo proferido
por el Tribunal Administrativo del Meta. Así mismo, por auto del 6 de diciembre de
201727, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión
y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. Así lo hicieron la
Fiscalía General de la Nación28, quien reiteró los argumentos expuestos en su
recurso de alzada y añadió que debían negarse las pretensiones de la demanda
en razón a que el daño cuya reparación se pretende no se había configurado o era
inexistente en el momento en que la parte actora incoó Japresente acción; la parte
demandante29, quien solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia; y
el Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, Nicolás Yepes
Corrales, quien rindió el concepto No. 21 del 13 de enero de 2018 0, a través del
cual solicitó que se confirmará el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del
Meta.
21
"Artículo 70. Adiciónese un cuarto inciso al artículo 43 de la Ley 640 de 2001, cuyo texto será el siguiente:
En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio
y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de
conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta
audiencia será obligatoria.
PARÁGRAFO: Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso".
22
Esto, a través de auto del 9 de junio de 2017, que obra a folio 332 del Cppal.
23
El acta de la audiencia de conciliación obra a folio 336 del C.ppal, diligencia que fue suspendida en razón a
que no existia concepto del Comité de Conciliación de la Fiscalía Generalde la Nación sobre la posibilidad de
conciliar la condena que le fue impuesta a dicho organismo. 11
24
El acta de la audiencia de conciliación, que hubo de declararse fallida,' se encuentra a folios 339 y 340 del
C.ppal.
25
Folio 343 del C.ppal.
26
Folio 347 del C.ppal.
27
Folio 349 del C.ppal.
28 Folios 351-370 del C.ppal.
29 Folios 386 y 387 del C.ppal.
°
Folios 388-408 del C.ppal.
4
Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993).
Demandante: Rosa María Báez Daza y otros
2.7. Manifestación de impedimento
En sesión del 19Td6jli6'EJ2023, el magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó
estar incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 12 del artículo
141 del Código General del Proceso (CGP)31, por haber rendido concepto en el
proceso en calidad de agente del Ministerio Público. Con el fin de resolver el
impedimento, el doctor Yepes Corrales se retiró del recinto para que los demás
integrantes de la Sala decidieran de conformidad, luego de lo cual, aquellos
encontraron fundada la manifestación de impedimento y aceptaron la solicitud del
doctor Yepes Corrales de separarse del asunto.
W. PROBLEMAS JURÍDICOS
3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (CGP),
aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 188732-33, el
"recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión". En razón a ello, la
competencia funcional de ¡a Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a
"pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley", como lo establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma
norma lo establece, "cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la
que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones".
Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta
Sección, el juzgador tiene la potestad de "pronunciarse oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito,
tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida
escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante
como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada 1,34.
3.2. En este orden de ideas, en asocio a los cargos de los recursos de apelación
da lugar al siguiente problema jurídico:
¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto
la señora Rosa María Báez Daza, con ocasión de la imposición de medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario,
que luego fue sustituida por la de detención en el sitio de residencia, por no
observar los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que rigen
su imposición?
11 "Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: ( ... ) 12. Haber dado el
juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber
intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo ( ... ).
32
Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. II Sin embargo, los recursos interpuestos, la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo se reqirán
por las leves víqentes cuando se interpusieron los recursos se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a
surtirse las notificaciones. [...]" (subrayado fuera del texto original).
13
Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de
junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01 (1,1).
14
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005.
5
Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993).
Demandante: Rosa María Báez Daza y otros
Si el daño se revela antijurídico, la Subsección deberá establecer si en el presente
caso se configura la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la
víctima. Si lá respuesta al anterior problema resulta negativa, la Sala deberá
determinar: (u) el mérito de la prueba de los perjuicios que deprecan los actores, y
(Hi) decidir sobre la condena a que haya lugar.
W. CONSIDERACIONES !
4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito
4.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis
habida consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo
preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 199635 y a la naturaleza del
asunto36, así como al oportuno ejercicio que de la acción de reparación
directa hizo la parte demandante, quien radicó su demanda el 17 de febrero de
2012, esto es, antes de que iniciara el conteo del termino de caducidad de la
acción, toda vez que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
inadmitió el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor de
Libardo Badillo Conde, quien fue investigado penalmente junto con la señora Rosa
María Báez Daza, mediante auto del 11 de diciembre de 201338.
4.1.2. Dicha decisión tendrá alcance respecto de los siguientes demandantes que
la Sala encuentra legitimados en la causa por activa: Rosa María Báez Daza, en
su condición de víctima directa; Pablo Emilio Acosta Saldaña, quien acreditó su
condición de compañero permanente de aquella39; Ariel, Alberto Acosta Báez y
Arley Acosta Báez, quienes demostraron ser hijos de la víctima directa40; y Eh
Báez Dueñas; quien probó actuar como padre de la señora Báez Daza 41.
En lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala encuentra que está legitimada
en la causa la Nación y su representación, en este caso, es ejercida a través del
Fiscal General de la Nación o su delegado, puesto que fue la Fiscalía General de
la Nación quien impuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad a la
señora Rosa María Báez Daza.
4.2. Sobre la declaración de responsabilidad deprecada
4.2.1. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el
Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la
acción u omisión de las autoridades públicas. Así, ara que se configure la
responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i)
11 "Articulo 73. Competencia. De las acciones de reparación directa y de 'repetición de que tratan los artículos
anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento
ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de compétencia entre el Consejo de Estado y
los Tribunales Administrativos".
36
CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo`, auto del 9 de septiembre de 2008,
rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985).
31 Ver nota al pie No. 1.
11 Folios 6-19 del cuaderno de pruebas No. 6.
39
Esto, de conformidad con los registros civiles de nacimiento de los señores Ariel, Alberto y Arley Acosta
Báez y los testimonios de los señores José Dario Montenegro, Clara Matilde Noguera Morales, María Inés
Arévalo de Abaunza y José Clemente Hernández Gutierrez, que fuéron recepcionados por el Juzgado
Promiscuo Municipal de San Carlos de Guaroa, en audiencia pública cefebrada el 12 de febrero de 2014. El
acta de dicha diligencia obra a folios 198-210 del cuaderno No. 2.
40
De acuerdo con los registros civiles de nacimiento identificados con 1 os indicativos seriales No. 2897328,
12087273 y 897048, respectivamente. Estos documentos se encuentran a folios 18-20 del cuaderno 1.
41
Conforme con el registro civil de nacimiento, sin indicativo serial, que obra a folio 17 del cuaderno 1.
6
Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993).
Demandante: Rosa María Báez Daza y otros
un daño antijurídico y (u) su imputación al Estado por la acción u omisión de
autoridades públicas.
4.2.2. La Ley 600 de 2000, vigente en el momento de los hechos, establecía que
la medida de aseguramiento de detención preventiva procedía cuando existieran
dos (2) indicios graves de responsabilidad, con base en pruebas legalmente
producidas en el proceso, y el delito imputado fuera castigado con pena de prisión
mínima de cuatro (4) años o fuera mencionado en el artículo 357.2 de la Ley 600
de 2000[42].
Con todo, la estricta coherencia que debe ser observada con la comprensión que
se ha hecho del daño antijurídico como aquel quebranto que el titular del
patrimonio lesionado no está obligado a soportar43, lleva a entender que, en
algunas ocasiones, el daño causado con plena observancia de la ley, y de la
principalistica rectora de la actuación del órgano demandado puede, sin embargo,
resultar intrínsecamente injusto. Esa es la razón por la que el juicio relativo a la
juridicidad del daño no se agota con la verificación de la observancia del actuar
conforme a derecho positivo de la autoridad que causó el daño, verificación que
siempre viene necesaria para preservar el sentido correctivo y propedéutico que
cumple el juicio de responsabilidad estatal aquiliana y, por el contrario, debe
extenderse al análisis de su conformidad con la justicia. Así lo reclama un
correcto entendimiento del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia.
Esa injusticia, cuando de una privación de la libertad personal por causa de
detención preventiva dispuesta con ocasión de una investigación penal se trata,
como bien lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, no
puede determinarse linealmente a partir del resultado absolutorio o equivalente,
del proceso penal. Tampoco emerge de forma automática por descarte de la
antijuridicidad que reposa en la causación del daño44. Debe surgir, una
inadecuada relación entre los fines que se pretendían satisfacer con la medidaa45-
46 y los elementos de juicio invocados por el operador jurídico con sustento en los
42 "Articulo 356. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención
preventiva. ¡¡Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base
en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso. II No procederá la medida de aseguramiento
cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de
ausencia de responsabilidad. II Artículo 357. La medida de aseguramiento procede en los siguientes eventos:
III. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años. E..]".
43 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 28 de mayo de 1992, exp. 6771.
44 «[E]l juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección
jurídica exigida, debe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una
interpretación adecuada del articulo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del
Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del titulo de atribución que se elija, si la
decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad. [ ... ]". CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU-072 de 2018.
"Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías
judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo
dispuesto en el articulo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del
detenido más allá de los limites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente
de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida
cautelar, no punitiva". CORTE IHD, Caso Suárez Rosero, sentencia de 12 de noviembre de 1997, serie C N°
35, párr. 77.
"Las medidas cautelares se establecen en tanto sean indispensables para los objetivos propuestos. La
prisión preventiva no es una excepción a esta regla. Como consecuencia del principio de excepcionalidad,
sólo procederá la prisión preventiva cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso
porque se pueda demostrar que las medidas menos lesivas resultarian infructuosas a esos fines. Por eso,
siempre se debe procurar su sustitución por una de menor gravedad cuando las circunstancias as¡ lo
permitan. [ ... ] 105. Otra condición del carácter cautelar de la prisión preventiva es que está llamada a regir
sólo durante el lapso estrictamente necesario para garantizar el fin procesal propuesto (provisionalidad)".
COMISIÓN IDH. Informe 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de
agosto de 2009, párr. 100 y 102 y 105.
7
Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01(59993).
Demandante: Rosa María Báez Daza y otros
medios materiales probatorios recabados, de modo tal que se reduzca a una
apariencia de la responsabilidad del implicado en :el asunto (razonabilidad).
Además, la medida de aseguramiento no puede equivaler o superar el monto de
pena previsto para el delito47.
Ahora bien, en el procedimiento penal adelantado, el nivel de certidumbre de la
responsabilidad del imputado debía incrementarse a, medida que avanzara el
proceso, pasando de la posibilidad, al resolver la situación jurídica, a serios
motivos de credibilidad, cuando se califica el mérito del sumario48, y luego a la
certidumbre49 requerida, por último, para dictar sentencia condenatoria que supere
la presunción de inocencia50.
4.2.3. Pues bien, conforme a las pruebas documentales practicadas en el presente
asunto, fueron acreditados los siguientes hechos:
4.2.3.1. El alcalde municipal de San Carlos deGuaroa (Meta), Hernando
Beltrán Mendieta, presentó denuncia penal51 por la probable comisión de
los delitos de peculado, celebración indebida de contratos y falsedad en
documento público y privado contra el ex alcalde del mismo municipio,
Libardo Badillo Conde, y otros, de acuerdo con lqs siguientes hechos:
"1).- De manera reiterada y sin ningún tipo de entradas a almacén
municipal, se han venido realizando demandas ejecutivas con base en
presuntos títulos valores que no aparecen en nuestros archivos
municipales, es decir sin soportes de entrega de la supuesta mercancía
vendida. Es así como el señor JOSÉ SALVADOR USECHE, asegura haber
entregado a la administración municipal una serie de materiales y que dicen
fueron recibidos por el burgomaestre de turno tIBARDO BADILLO CONDE.
2).- El señor JOSÉ SALVADOR USECHE hábilmente endosa las facturas al
señor EDWIN USECHE CARO y este último otorga poder a un abogado
para el cobro ejecutivo; al vernos obligados a cancelar estos supuestos
títulos valores por vía ejecutiva y no tener los soportes documentales que
respalden tal pago, sin lugar a dudas existe n detrimento patrimonial que
degenera en malestar de la comunidad, por. el hecho de supuestamente
proveer algo que según el propio almacenista actual (se anexa certificación
del funcionario) nunca ingresó al almacén".
47 "La prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio deroporcionalidad, en virtud del cual
una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato queuna persona condenada. El Estado
debe evitar que la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa ¡Sara el imputado que la pena que se
espera en caso de una condena. Esto quiere decir que no se debe autorizar la privación cautelar de la
libertad, en supuestos en los que no seria posible aplicar la pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando
se ha excedido la duración razonable de dicha medida. El principio de proporcionalidad implica, además, una
relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la
restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen
mediante tal restricción". CORTE IDH. Caso Barreto Leiva Vs Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 122.
48
"Articulo 395. Formas de calificación. El sumario se calificará profiriendo resolución de acusación o
resolución de preclusión de la instrucción. [...} Artículo 397. Requisitos sustanciales de la resolución de
acusación. El Fiscal General de la Nación o su delegado dictarán resolución de acusación cuando esté
demostrada la ocurrencia del hecho y exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad,
indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorioque señale la responsabilidad del
sindicado. [ ... ] Articulo 397. Requisitos sustanciales de la resolución de acusación. El Fiscal General de la
Nación o su delegado dictarán resolución de acusación cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho y
exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación
o cualquier otro medio probatorio que señale la responsabilidad del sindicado".
11 "Artículo 232. Necesidad de la prueba. Toda providencia debe fundarse en pruebas legal, regular y
oportunamente allegadas a la actuación. II No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el
proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado".
50
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia dei 1 de octubre de 2018, exp. 46328.
SI
La denuncia penal referida obra a folios 1 y 2 del cuaderno 10.
8
Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993).
Demandante: Rosa María Báez Daza y otros
4.2.3.2. La Fiscalía 23 Seccional de Acacias, en proveído del 14 de
septiembre de 200752, dispuso la apertura de la instrucción en contra de
Libardo Badillo Conde y otros, por la probable comisión de la conducta
punible de peculado por apropiación.
4.2.3.3. El denunciante, Hernando Beltrán Mendieta, radicó escrito a través
del que informó al órgano investigador que seguían presentándose
procesos ejecutivos en contra del municipio de San Carlos de Guaroa, "sin
soportes de entrada de almacén, sin reserva presupuestal y sin estar
radicado proyecto alguno en el banco de programas y proyectos"53. Entre
dichos procesos se encontraba la demanda ejecutiva incoada por la señora
Rosa María Báez Daza 54.
4.2.3.4. La Fiscalía 23 Seccional de Acacias, por auto del 18 de febrero de
2008, dispuso la vinculación a la investigación criminal, mediante
diligencia de indagatoria, de la señora Rosa María Báez Daza.
4.2.3.5. El 28 de marzo de 2008, Rosa María Báez Daza rindió indagatoria
ante la Fiscalía 23 Seccional de Acacías56, en la que indicó que las facturas
que cobró al municipio de San Carlos de Guaroa tenían como fundamento
el suministro de materiales que le eran solicitados por el entonces alcalde
municipal, el señor Libardo Badillo Conde.
4.2.3.6. El 8 de agosto de 2008, agentes de la Policía Judicial capturaron a
la señora Rosa María Báez Daza, quien fuere sindicada de las conductas
punibles de peculado por apropiación y celebración de contratos sin el
cumplimiento de los requisitos legales57.
4.2.3.7. La Fiscalía 23 Seccional de Acacías, en proveído del 8 de agosto
de 200858, profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario en contra de la señora Rosa María Báez Daza,
en condición de interviniente en los delitos de peculado por apropiación y
contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Posteriormente, por auto
del 3 de septiembre de 2008, resolvió:
"PRIMERO: REPONER la medida de aseguramiento respecto de ROSA
MARIA BÁEZ DAZA en cuanto refiere SOLO al delito de PECULADO
POR APROPIACIÓN en el entendido de que responderá por el apartado
final del artículo 397 del C.P., es decir, cuya pena es de 4 a 10 años de
prisión en la cuantía de $13.995.357,28
SEGUNDO: SUSTITUIR la detención intramural a la señora ROSA
MARIA BÁEZ DAZA conforme a lo dicho en la parte motiva de esta
decisión por detención domiciliaria, lo cual se garantizará mediante
caución en cuantía de 2 salarios mínimos legales mensuales".
52
Folios 67 y 68 del cuaderno 10.
11 Folios 183 y 184 del cuaderno 10.
14 Folios 203-206 del cuaderno 10.
Folios 264 y 265 del cuaderno 10.
Folios 276-279 del cuaderno 10.
51 El acta de derechos del capturado de la señora Rosa María Báez Daza, correspondiente al formato FPJ-6
de la Policía Judicial, obra a folio 125 del cuaderno de pruebas 4.
Folios 97-116 del cuaderno de pruebas 4.
Folios 191-199 del cuaderno de pruebas 4.
9
Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993).
Demandante: Rosa María Báez Daza y otros
4.2.3.8. La Fiscalía 23 Seccional de Acacias formuló acusación en contra
de la señora Rosa María Báez Daza por la proba,ble comisión de los delitos
de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos
legales, por escrito del . 5 de diciembre de 200860.:
4.2.3.9. El 17 de junio de 2009, el Juzgado Penal del Circuito de Acacias
celebró la audiencia preparatoria dentro del proáeso penal identificado con
el radicado No. 20090004361, pesquisa criminal en la que fue acusada la
señora Rosa María Báez Daza.
4.2.3.10. El Juzgado Penal del Circuito de Acacas, en sentencia proferida
el 27 de noviembre de 200962, absolvió a la señora Rosa María Báez Daza
de los cargos que le fueron formulados por la Fiscalía 23 Seccional de
Acacías. Como sustento de su decisión, la: judicatura argumentó la
configuración de "una atipicidad relativa en relación con el sujeto activo1,63.
Como consecuencia de la anterior decisión, el juzgado expidió la boleta de
libertad No. 0022 del 1 de diciembre de 2009 en favor de la señora Rosa
María Báez Daza, quien se encontraba en prisiórj domiciliaria64.
4.2.3.11. El defensor del señor Libardo Badillo Cpnde, quien fue condenado
a cuarenta y ocho (48) meses de prisión como autor del delito de contrato
sin cumplimiento de requisitos legales65, interpuso recurso de apelación
contra el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Acacías66.
60
Folios 110-140 del cuaderno de pruebas 1.
61
El acta de la audiencia preparatoria obra a folios 269-273 del cuaderno Je pruebas No. 1.
62
Folios 133-158 del cuaderno de pruebas No. 2.
63
Al punto, el juzgado penal de conocimiento indicó:
Be acuerdo con los postulados de la Corte Suprema de Justicia, señalados en precedencia, para adecuar la
conducta de un particular en un tipo penal de sujeto activo cualificado', resulta necesario establecer si ha
contratado con la administración y en razón de tal hecho se le han transferido funciones públicas, o si, el
particular actúa como participe en la comisión de la conducta punible, para proclamar su correlativa
responsabilidad penal. &
En el caso concreto, de acuerdo al acervo probatorio allegado al eçpediente, se puede inferir que los
procesados ROSA MARÍA BÁEZ DAZA y FERNANDO BONELO. TRUJILLO, son particulares que
suministraron materiales de construcción para un presunto plan de mejoramiento de vivienda a solicitud del
señor LIBARDO BADILLO CONDE, quien para ese momento, ejercia como Alcalde en el municipio de San
Carlos de Guaroa - Meta; en razón a que la literalidad de las facturas expedidas por los establecimientos
comerciales DISTRIBUIDORA FERROBÁEZ de propiedad de ROSA MASÍA BÁEZ DAZA y FERRETERIA EL
FERCHO de propiedad de FERNANDO BONELO TRUJILLO, evidéncian suministro de materiales de
construcción ( ... )
Ahora bien, para determinar la calidad de servidor público de los particulares, es imperioso atender las normas
que regulan la materia y que se contraen a lo dispuesto en los artículos 123 inciso 30, 210 inciso 2° de la Carta
Constitucional, 56 de la Ley 80 de 1993 y 20 de la Ley 599 de 2000. En ese sentido, conforme las normas y
pruebas referidas, el despacho confluye con las atestaciones vertids por el procurador judicial, quien
concluyó que los procesados ROSA MARIA BÁEZ DAZA y FERNANDO BONELO TRUJILLO, no tienen
calidad de servidores públicos, en razón a que el contrato de suministrp no les atribuyó funciones públicas o
potestad para actuar por cuenta de la administración, y por contrapartidá a que los procesados suministraron
materiales de construcción para algunos habitantes del municipio de San Carlos de Guaroa - Meta, a solicitud
del burgomaestre de turno, que evidentemente corrobora que se trató de la entrega a contra recibo de
materiales de construcción y no de transferencia de funciones públicas, que tos pueda implicar como
coautores en la comisión de las conductas punibles que se les imputa ( ... )
De igual manera, el despacho no encuentra prueba o indicio que indkue acuerdo o participación entre los
procesados para la comisión de los delitos que se les imputa, por lo tanto no es procedente atribuir a los
sindicados consumación de conductas punibles en calidad de participes, cuando ni siquiera fue tema de
investigación por parte de la Fiscalía ( ... )
[El¡ análisis de la responsabilidad penal de los procesados debe partir de la base de que se pueda adecuar su
conducta a los tipos penales que se les han imputado, directamente .en calidad de servidores públicos o
indirectamente a través del dispositivo amplificador de la coparticipació?,y como se ha referido, no se probó
en el caso presente, la transferencia de funciones públicas, ni contubernió o participación entre los sindicados,
que permita trasladarles la calidad de sujeto activo cualificado".
64
La boleta de libertad se encuentra a folio 162 del cuaderno de pruebas,2.
65
Al respecto, ver el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia penal de primera instancia.
66
El recurso de alzada obra a folios 178-184 del cuaderno de pruebas 2.
10
Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993).
Demandante: Rosa María Báez Daza y otros
4.2.3.12. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San
9167, en sentencia del 30 de abril de 201268, confirmó el fallo proferido por
el Juzgado Penal del Circuito de Acacías el 27 de noviembre de 2009. La
anterior decisión, fue impugnada mediante recurso extraordinario de
casación interpuesto por el defensor del señor Libardo Badillo Conde69, que
fue inadmitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en auto
del 11 de diciembre de 2013 0.
4.2.4. En el presente asunto, se encuentra acreditado que la señora Rosa María
Báez Daza estuvo privada de su libertad, en establecimiento carcelario, entre el
8 de agosto y el 3 de septiembre de 200871, y en su sitio de residencia, entre el 3
de septiembre de 2008 y el 1 de diciembre de 2009, momento en el cual el Juzgado
Penal del Circuito de Acacías expidió la boleta de libertad No. 0022 en favor de.
aquella72. Con lo anterior, se encuentra demostrado que la demandante sufrió un
menoscabo en su libertad personal, esto es, en un derecho fundamental
reconocido en el artículo 28 constituciona173, detrimento este que, a su vez, trae
consigo padecimientos morales a los seres queridos más cercanos a quien resultó
privado74 de su libre locomoción. En consecuencia, honró la carga de demostrar
que sufrió materialmente un daño, es decir, un menoscabo a un interés
jurídicamente relevante en cabeza suya y de los demás actores.
4.2.5. Ahora bien, para que el daño tenga carácter antijurídico, además de recaer
sobre un interés tutelado por el derecho, es necesario verificar que no exista un
título legal conforme al ordenamiento constitucional, que justifique o que lo
legitime 75. Una vez fue capturada la señora Rosa María Báez Daza, le fue impuesta
una medida de aseguramiento privativa de la libertad, teniendo en cuenta que la
investigación a la que fue vinculada cursaba por delitos cuya sanción superaba los
cuatro (4) años de prisión, pues la punibilidad del delito de peculado por
apropiación oscilaba entre 4 a 10 años de prisión; y la del delito de contrato sin
cumplimiento de requisitos legales, entre 4 y 12 años, según disponían los artículos
397, inciso final, y 410 del Código Penal. Así, el Fiscal de conocimiento cumplió con
lo dispuesto en el artículo 357 de la Ley 600 de 200076, como requisito formal para
decretar la medida de aseguramiento de detención preventiva a la imputada.
Frente al fundamento para adoptar dicha decisión, la Fiscalía contaba con los
siguientes elementos:
1. Las facturas No. 0244, 0243, 0236, 0237 y 0341 de la distribuidora
FerroBáez, de propiedad de la señora Rosa María Báez Daza; documentos
que sirvieron de sustento del proceso ejecutivo adelantado por la aquí
demandante contra la Alcaldía Municipal de San Carlos de Guaroa, por valor
67 Conforme al plan de descongestión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, según se
consigna en el fallo.
66 Folios 21-48 del cuaderno de pruebas 5.
69 El recurso extraordinario de casación obra a folios 67-78 del cuaderno de pruebas S.
71 Folios 6-19 del cuaderno de pruebas 6.
71
Hechos probados No. 4.2.3.6 y 4.2.3.7.
72
Hecho probado No. 4.2.3.10.
73 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril de 2010, expediente 18960,
y sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2013, expediente 25022.
74 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 36149.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de octubre de 2018, expediente
46932.
76 LEY 600 DE 2000. 'Artículo 357. Procedencia. La medida de aseguramiento procede en los siguientes
eventos:
1. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo minimo sea o exceda de cuatro (4) años (....
11
Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993).
Demandante: Rosa María Báez Daza y otros
de diez millones setecientos treinta y dos mil cincuenta pesos ($10.732.050)
m/cte. Dichas facturas daban cuenta, según lo consignado en ellas, del
suministro de unos materiales de construcción al ente territorial para la
realización de un proyecto de mejoramiento de vivienda.
2. Las certificaciones expedidas por los almacenistas del municipio de San
Carlos de Guaroa, el secretario de gobierno municipal y el tesorero
municipal, quienes "de manera clara y coherente suministraron información
siendo enfáticos en afirmar que NO existe, copia de órdenes de suministro o
entrada al almacén sobre estos materiales, no aparece proyecto alguno que
justifique el suministro de materiales para la construcción para el periodo
comprendido entre el año 2001-2004, que estos no cuentan con soportes
legales como son certificado de disponibilidad presupuestal, orden o contrato
de suministro, registro presupuestal, por consiguiente desconociendo el
destino que tuvieron dichos materiales".
3. Las diligencias de indagatoria de ¡a señora Rosa María Báez Daza, quien
indicó que suministró unos materiales a la almacenista del municipio de San
Carlos de Guaroa, por orden del alcalde municipal, y de la señora Milena
Jara Useche, quien fuera la almacenista referida, quien manifestó que nunca
recibió los materiales de construcción relativos a las facturas de la señora
Báez Daza.
4. Dos (2) contratos celebrados, con el cumplimiento de los requisitos
legales previstos, por la Alcaldía Municipal dé San Carlos de Guaroa y
Blanca Casallas Martínez, cuyo objeto era entregar y suministrar elementos
para el proyecto de mejoramiento de vivienda".
Así las cosas, la Fiscalía General de la Nación encontró que existían indicios
suficientes que permitían inferir que la señora Báez Daza se apropió de unos
dineros públicos, a través del cobro de unas facturas mediante un proceso
ejecutivo, puesto que el fundamento del cobro de dichas facturas era un contrato
de suministro celebrado con la Alcaldía Municipal de San Carlos de Guaroa, que se
habría celebrado sin el cumplimiento de los requisitos legales previstos para su
suscripción, ya que no se encontró soporte documental alguno de dicho contrato, ni
siquiera el mismo clausulado de dicha relación negocia¡; especialmente cuando si
se encontraron dichos soportes para la relación contractual sostenida con la señora
Blanca Casallas Martínez. Esta situación daba cuenta de la posible configuración
de las conductas punibles por las que fue vinculada la demandante al proceso, a
saber, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El Código Penal, en su artículo 397, define el delito depeculado por apropiación
así: "El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes
del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o
fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o
custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en
prisión de seis (6) a quince (15) años ( ... )"
Así mismo, en el artículo 410 se define el delito de contrato sin el cumplimiento de
requisitos legales en los siguientes términos: "El servidór público que por razón del
ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales
esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el curñlimiento de los mismos,
incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años ( ... )".
12
Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993).
Demandante: Rosa María Báez Daza y otros
De acuerdo con lo anterior, es preciso mencionar que las conductas punibles de
peculado por apropiación y de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales
son delitos de sujeto activo calificado, ya que solo pueden ser cometidas por los
sujetos que reúnan las calidades especiales previstas en el tipo penal, esto es, ser
servidores públicos.
Al respecto, el artículo 56 de la Ley 80 de 1993 establece que "[p]ara efectos
penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran
particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la
celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades
estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia
señala la ley para los servidores públicos", con lo que la equiparación con la calidad
de servidor público que trae la ley en el ámbito de la responsabilidad penal, vendría
dada por la condición de contratista de un contrato celebrado con una entidad
estatal77.
Por todo lo anterior, los elementos de prueba con los que contaba la Fiscalía para
proferir la medida restrictiva de la libertad demuestran el cumplimiento de los.
requisitos exigidos por la normativa procesal penal en su artículo 35678 para su
decreto.
Ahora, teniendo en cuenta que la señora Rosa María Báez Daza fungió como
contratista en el contrato por el que se adelantó la investigación criminal, se infiere
la necesidad de la imposición de la medida de aseguramiento para evitar la
obstrucción de la investigación. Esto, por cuanto, de su participación en la
celebración del contrato, emergía una muestra de la razonabilidad que
comportaba la restricción preventiva de la libertad de los implicados en ella, en
relación con el impacto que sus gestiones podían tener en el desarrollo del
proceso.
Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado, de
tiempo atrás, que la privación de la libertad no debe prolongarse cuando
desaparezcan los motivos que la hicieron necesaria. Pero, aun cuando subsistan
las razones que dieron lugar a la detención preventiva, esta no debe tener una
duración que equivalga a la pena79. De no ser así, la medida resultaría
77
Al punto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia de¡ 7 de septiembre de 2020. Radicado No. 05001-23-31-000-2009-00325-01 (49826). En esta
sentencia la Subsección analizó un caso similar, en el que el Juzgado Penal de Conocimiento dio aplicación a
una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, según la cual los particulares que contratan con el Estado
solo se asimilan a un servidor público para efectos de responsabilidad penal cuando le son delegadas
funciones públicas. Sin embargo, consideró la Subsección que dicho análisis del artículo 56 de la Ley 80 de
1993 no desvirtuaba la existencia de los indicios graves que justificaron la imposición de la medida de
aseguramiento, debido a las irregularidades que se evidenciaron en la contratación en la que participó el
demandante, puesto que el entendimiento del articulo 56 de la Ley 80 de 1993 "estaba fuertemente influido
por el concepto de servidor público señalado por la Corte Constitucional en sentencia C-563 de 1998, en la
que declaró la exequibilidad del artículo 56 de la Ley 80 de 1993".
78 LEY 600 DE 2000. "Articulo 356. Requisitos. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los
imputables la detención preventiva. Se impondrá cuando aparezcan por los menos dos indicios graves de
responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso ( ... )".
19 122. La prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio de proporcionalidad, en virtud del
cual una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada. El
Estado debe evitar que la medida de coerción procesal sea ¡qua¡ o más qravosa para el imputado que la pena
que se espera en caso de una condena. Esto quiere decir que no se debe autorizar la privación cautelar de la
libertad, en supuestos en los que no sería posible aplicar la pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando
se ha excedido la duración razonable de dicha medida. El principio de proporcionalidad implica, además, una
relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la
restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen
mediante tal restricción". CORTE IDH. Caso Barreto Leiva Vs Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 122. "Las características personales del
13
Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993).
Demandante: Rosa María Báez Daza y otros
desproporcionada. En el sub lite, la Subsección advierte que la medida no fue
desproporcionada, primero, porque la señora Rosa María Báez Daza
permaneció bajo privación de la libertad entre el 8 de agosto de 2008 y el 1 de
diciembre de 2009, es decir, durante un (1) año, tres (3) meses y veintitrés (23)
días, lo que, en ninguna forma, puede considerarse un equivalente a la pena por
los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de
requisitos legales, cuya pena mínima era de cuatro (4) años, y, segundo, porque
la privación de la libertad de la señora Rosa María Báez Daza se mantuvo hasta
el momento en que el Juzgado Penal del Circuito de Acacías la absolvió de los
cargos que fueron formulados en su contra por la -,Fiscalía 23 Seccional de
Acacias y expidió la boleta de libertad No. 0022 en su favor.
4.2.6. Ahora, vista desde uno de sus extremos, no consulta en lo más mínimo el
principio de justicia, que una persona deba soportar la carga de garantizar los
fines de una medida cautelar lesiva de su libertad, por causa de una apariencia de
responsabilidad a cuya configuración fue totalmente ajeno, por ejemplo, porque el
hecho investigado no ocurrió o, porque habiendo ocurrido, el procesado fue
totalmente ajeno a su consumación, pese a lo cual, pruebas e indicios edificados
al margen de su conducta crearon la apariencia de su ocurrencia o participación.
El establecimiento de esta relación demandará estudio, por parte del juez de la
responsabilidad en cada asunto en concreto, de los fundamentos de hecho que
planteó la víctima al momento de formular su demanda de reparación, tanto como
de los hechos que revelan las pruebas practicadas y decisiones tomadas en la
investigación penal y válidamente traídas al contencioso de reparación. De
cualquier manera, una elemental consecuencia con la carga de
transparencia80 que pesa sobre la decisión judicial, demanda del juez, dar cuenta
de las razones que determinan su juicio allende la mera empatía con la víctima y
más allá de sus intuiciones.
En el presente caso, la Sala encuentra que la absolución de la señora Rosa María
Báez Daza se dio en razón de que el Juzgado Penal del Circuito de Acacias
encontró configurada "una atipicidad relativa en relación con el sujeto activo", pero,
de acuerdo con lo expuesto en el acápite referente a la razonabilidad de la medida
de aseguramiento, la condición de servidor público deJa aquí demandante venía
dada por lo prescrito en el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, declarado exequible
en la sentencia C-563 de 1998, en la cual, el alto Tribunal constitucional, dijo:
[E]i legislador, como autoridad competente para definir la política criminal, ha
considerado que la responsabilidad penal de las personas con las cuales el Estado
ha celebrado contratos para desarrollar una obra o cometido determinados, debe
ser igual a la de los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y
trabajadores del Estado, o la de funcionarios al servicio de entidades
descentralizadas territorialmente y por servicios. Tal tratamiento que, se insiste, no
implica convertir al particular en un servidor público, tiene una justificación objetiva y
razonable, pues pretende garantizar que los fines que se persiguen con la
contratación administrativa y los principios constitucionales que rigen todos los
actos de la administración, se cumplan a cabalidad, sir - ¡'que sean menguados o
interferidos por alguien que, en principio, no está vinculado por ellos. En otras
palabras, la responsabilidad que en este caso se predica de ciertos particulares, no
supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por si mismos, justificación suficiente de la
prisión preventiva. No obstante lo anterior, aun cuando medien razones para mantener a una persona en
prisión preventiva, el artículo 7.5. ciarantiza Que aquella sea liberada si el periodo de detención ha excedido el
límite de lo razonable". CORTE IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de SO de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 74.
80 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU-405 de 2021, fundamentos jurídicos 92
y 150; entre otras.
14
Radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993).
Demandante: Rosa Maria Báez Daza y otros
se deriva de la calidad del actor, sino de la especial implicación envuelta en su rol,
relacionado directamente con una finalidad de interés público`.
Atendiendo los efectos erga omnes que irradia sobre el ordenamiento jurídico la
predicha sentencia, así cómo la voluntad del legislador que amplió la noción de
sujeto activo de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin
cumplimiento de requisitos legales hacia los contratistas del Estado, entiende la
Sala que la interpretación que acogió la Fiscalía al momento de imponer la medida
de aseguramiento encuadraba dentro de la tipificación endilgada, por lo que, para
esta Subsección, no hay lugar a dar aplicación al régimen objetivo de
responsabilidad estatal, por atipicidad de la conducta.
VI. COSTAS
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay
lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado
temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no
se efectuará condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: ACÉPTASE el impedimento manifestado por el magistrado Nicolás
Yepes Corrales.
SEGUNDO: REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta el 25 de abril de 2017, y, en su lugar, NIÉGUENSE las pretensiones de la
demanda. Esto, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente
fallo.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.
Cópiese, Notifíquese, Cúmplase
1,
L
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNC LUQUE
Magistrado
Aclaración de voto. Cfr. Rad. 36.146-
15 #1, Rad. 55.813-16 #4, Rad. 46.947-
18 #1 y 2 y Rad. 45.655-19 #2.
R6
81
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-563 de¡ 7 de octubre de 1998.
15
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