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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2016-00013-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2016-00013-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia proferida el dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el cual quedará así: «(…) QUINTO: CONDENAR al HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE, a título de restablecimiento del derecho, a reconocer y pagar al demandante la suma de (TREINTA Y DOS MILLONES, CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 32.434.778.). Segundo. REVOCAR el numeral octavo a través del cual se ordenó a la demandada pagar e indexar las sumas que debe al demandante, porque la liquidación realizada previamente ya incluye la corrección monetaria. Tercero. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia. Quinto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-33-000-2016-00013-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 50001-23-33-000-2016-00013-01 (6506-2024)
Demandante: Julián Romero Jiménez
Demandada: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E

Tema: Relación laboral encubierta. Auxiliar enfermería. MODIFICA
SENTENCIA.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024) proferida por
el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Julián Romero Jiménez instauró demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
contra del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E con el fin de que se acceda
a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del acto administrativo del 6 de julio de 2015, y, en
consecuencia, que entre las partes existió una relación laboral sin solución de
continuidad del 2003 al 2015.

3. Que se reconozcan y paguen los salarios, prestaciones, recargos por el trabajo
suplementario, indemnizaciones por no pago de las cesantías y terminación
unilateral del contrato y los perjuicios morales.

4. Que reintegre los valores que asumió por aportes a salud, pensión y riesgos
laborales.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que estuvo vinculado a la E.S.E. desde el 14 de noviembre de 2003 hasta el 31

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de mayo de 2015, mediante contratos de prestación de servicios, como auxiliar de
enfermería.

6. Que cumplía con un horario, estaba subordinado, su actividad atendía su
misionalidad de la entidad y la vinculación fue permanente y sucesiva.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

7. La demanda fue admitida el 17 de septiembre de 2017, la demandada manifestó
que la relación con el demandante se materializó bajo los parámetros definidos en
la Ley 80 de 1993 y, en los contratos se definió expresamente que no se generaba
una relación laboral ni el derecho a percibir prestaciones sociales ni emolumentos
de ningún tipo, diferentes a los honorarios pactados.

8. Que el establecimiento de agendas o turnos y las instrucciones generales
estaban justificadas por la especial situación que revisten los servicios de salud.

9. Propuso como excepciones la inexistencia de la relación laboral, prescripción
parcial y la genérica.

10. Se celebró audiencia inicial el 17 de noviembre de 2021, se fijó el litigio, se surtió
la etapa de conciliación, se decretaron las pruebas solicitadas y se programó
audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio traslado
a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue
apelada dentro del término oportuno por la parte demandada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

11. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 18 de julio de 2024,
accedió parcialmente a las pretensiones. Declaró la existencia de una relación
laboral encubierta desde el 14 de noviembre de 2003 al 31 de mayo de 2015, con
sus interrupciones y encontró probada la prescripción extintiva de los derechos
salariales y prestacionales causados antes del 1 de octubre de 2011.

12. Ordenó el reconocimiento y pago de las prestaciones y factores sociales
ordinarios que haya devengado un empleado en similar cargo al desempeñado por
el actor, únicamente por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2011 y el
31 de mayo de 2015, teniendo como base de liquidación los ingresos de una auxiliar
de enfermería de planta.

13. Que debía cotizar en el respectivo fondo de administración de pensiones las
diferencias, en caso de existir, entre los aportes realizados por el contratista y los
que debieron realizarse en virtud de la relación laboral y computar el tiempo
laborado mediante contrato de prestación de servicios, salvo las interrupciones.

14. Encontró probado que en las labores de los auxiliares de enfermería se

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presumía la materialización del elemento de la subordinación, ya que quienes
ejercen este tipo de actividad asistencial no pueden definir autónomamente su lugar
de trabajo, horario o la forma en que realiza su labor, están supeditados a las
directrices y órdenes de los profesionales en salud como médicos y enfermeros
jefes.

15. Que esa presunción no se derivaba simplemente de un argumento de autoridad,
sino que surge del análisis integral de las funciones y del nivel académico de
quienes se desempeñan como auxiliares de enfermería.

RECURSO DE APELACIÓN

16. La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que afirmó que las
pruebas documentales aportadas desvirtuaban la configuración de la subordinación,
los contratos estaban revestidos de validez y, a partir de ellos, se justificaba la
contratación del actor ante la insuficiencia de personal para atender las labores
asistenciales.

17. Que la ejecución de actividades se limitó a la prestación del servicio contratado,
pero debido a la naturaleza de las tareas se requería disponibilidad, que no se probó
que fue requerida o inquirida por un superior mediante el cumplimiento de órdenes
o direccionamiento de sus funciones y que el establecimiento de un horario no es el
único indicativo de la configuración del elemento referido.

18. Que se configuró la prescripción de los derechos salariales y pensionales
reclamados, bajo los lineamientos del Código Procesal del Trabajo, sin que pueda
confundirse esa figura con la caducidad del medio de control.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

19. El 12 de diciembre de 2024 fue admitido el recurso de apelación y se dispuso
que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho para
dictar sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público
podría emitir concepto hasta antes de que esto ocurriera.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

20. La Sala deberá verificar, si entre las partes existió un vínculo laboral derivado
de la prestación de servicios y, si como consecuencia de ello, la actora tiene derecho
al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión de
esa relación.

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21. En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará la
prescripción de los derechos reclamados, el restablecimiento y lo correspondiente
a la condena en costas en segunda instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

22. Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras
del contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

23. El contrato estatal de prestación de servicios se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación
laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable.

24. Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad
humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de
dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, el
elemento de la remuneración.

25. Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos contratos,
por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios, demostrando la
subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de prestaciones
sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas en
las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.

26. El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones
laborales que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las
cuales se destacan las siguientes:

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado
es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y
que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones
que se deriven de aquella.

• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno
de ellos, a partir de sus fechas de finalización.

• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término
de treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de
cada caso.

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• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito de
procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución de
los dineros que haya pagado el contratista por este concepto o por el de salud.

• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe
pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, así no lo haya solicitado la parte interesada.

• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en
los estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente temporal.

• Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral.

27. Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.

Resolución del caso concreto

28. Con las pruebas documentales es posible establecer que la demandante estuvo
vinculada al Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E del 14 de noviembre de
2003 al 31 de mayo de 2015, como auxiliar de enfermería en la Unidad Funcional
de Medicina Crítica, UCI, y recibió unos honorarios derivados de esta vinculación.

29. Por lo tanto, demostrada la prestación del servicio y la remuneración a partir de
los contratos suscritos, se procede a revisar si efectivamente se presentó la
subordinación como argumento principal del recurso de la demandada.

30. En las órdenes de servicio suscritas entre las partes, inicialmente, se
consignaron como obligaciones (i) cumplir estrictamente con los turnos prefijados;
(ii) No abandonar el servicio donde este desarrollando las actividades inherentes al
objeto de este contrato hasta tanto no haya terminado el turno prefijado, al momento
para el cual podrá ausentarse de la institución sopena (sic) de imponer las multas
del caso.

31. En las posteriores a enero de 2006, se incluyeron obligaciones más específicas
tales como: «(i) efectuar oportunamente la atención de enfermería de pacientes
(baños, cambios de ropa y tendidos); (ii) realizar toma de signos vitales a los
pacientes e informar a enfermera y personal médico; (iii) cumplir estrictamente con
la agenda de actividades que de común acuerdo se fije con EL CONTRATANTE, lo

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cual se reflejará en cuadro de seguimiento que se llevará en la Subgerencia
Asistencial […]».

32. Finalmente, en los contratos de prestación de servicios suscritos entre las
partes, se establecieron como algunas de las actividades a cargo de la contratista
las siguientes:

• Realizar el procedimiento de limpieza, desinfección del cubículo a la salida del
paciente o finalizado el aislamiento.
• Apoyar al paciente en actividades de aseo, alimentación, cambios de posición,
hidratación de piel.
• Organizar el cubículo para el ingreso del paciente.
• Efectuar labores de cuidado, protección y educación de acuerdo a las prioridades
programadas, instrucciones médicas y asistenciales y a la evolución del estado del
paciente.
• Preparar el servicio y colaborar con el medico para la adecuada atención del
paciente.
• Diligenciamiento de formatos y registro de signos vitales, líquidos administrados,
líquidos eliminados y todos los demás definidos o adoptados en la unidad.
• Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes, gestión y
programación de reuniones.
• Diligenciar de manera clara, completa, oportuna y veraz los documentos e informes
que se requieran en el desarrollo de sus actividades de conformidad con los
procedimientos establecidos.

33. Se aportaron los cuadros de turno del personal de auxiliares de enfermería UCI
adultos del Hospital Departamental de Villavicencio de algunos meses de 2013,
2014 y 2015. En los listados se incluye a la demandante, los días del respectivo
periodo y las iniciales de lo que pareciera indicar la jornada, todos suscritos por la
supervisora del contrato, la enfermera coordinadora y la subgerente asistencial de
la entidad.

34. En lo que respecta a la prueba testimonial, se cuenta con la declaración del
señor Germán Dionisio Santiago Pardo, convocado por la parte demandada, quien
manifestó que no recordaba al demandante, pero conocía la forma de vinculación
de los auxiliares de enfermería, pues para la época de los hechos se desempeñó
como coordinador de la unidad de talento humano de la E.S.E.

35. Que era mediante contratos de prestación de servicios, que en las cláusulas se
señalaban las obligaciones generales y específicas a las que se comprometía el
prestador, el valor de los honorarios, se designaba un supervisor que verificaba la
ejecución de actividades y expedía la certificación de cumplimiento para pagar el
valor pactado.

36. Que las funciones del personal de enfermería de planta y vinculados por
contratos eran las mismas, la diferencia radicaba en que los primeros estaban
supeditados a los jefes inmediatos y podían ser ubicados en cualquiera de las
unidades del hospital; por su parte, los contratistas solo cumplían las obligaciones

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del contrato, por el tiempo y los honorarios establecidos y no les exigía una
vinculación exclusiva.

37. Que los contratistas tenían un cuadro o agenda de turnos establecidos conforme
la prestación de servicios y necesidad del Hospital, podían organizar su agenda para
prestar servicios en otras partes y hacer cambios o modificaciones a los turnos de
común acuerdo con el supervisor.

38. La Sala advierte que, contrario a lo expuesto por la entidad en el recurso, el
acervo probatorio permite advertir que se configura el elemento de la
subordinación, porque, se acreditó que la entidad era quien fijaba las condiciones
de tiempo, modo y lugar para ejecutar las actividades de auxiliar de enfermería.

39. Las labores a cargo de la demandante definidas en las estipulaciones
contractuales consistieron principalmente en la ejecución de actividades
relacionadas con la atención y el cuidado integral de pacientes. Además, según lo
planteado en las órdenes y en los contratos de prestación de servicios, dichas
funciones se desarrollaban bajo parámetros previamente establecidos en los
protocolos y esquema de procedimientos de la entidad y bajo el direccionamiento y
con instrucciones del personal médico y asistencial.

40. Igualmente, se demostró que cumplía sus labores como auxiliar de enfermería
bajo un esquema de turnos previamente establecidos, el cual era de obligatorio
cumplimiento y controlado por la entidad, dado que en las órdenes de prestación de
servicio se enunció que su desatención o el ausentarse antes de la terminación del
turno acarrearía sanciones económicas y su verificación era estricta por parte de la
subgerencia asistencial.

41. Ahora, si bien el argumento de apelación de la demandada coincide con la
postura jurisprudencial de esta corporación, en la cual ha señalado que el
cumplimento de un horario no involucra por sí mismo prueba de la subordinación 3
y, que, ciertos servicios específicos deben sujetarse a la prestación dentro de las
instalaciones de la entidad contratante y bajo unos parámetros mínimos de
coordinación que permitan supervisar la consecución del objeto contratado, es
igualmente cierto que estas condiciones no pueden despojar al contratista de la
libertad técnica y administrativa, diferencias fundamentales de la prestación
dependiente del servicio.

42. En el presente caso, el desempeño de las funciones estaba sujeto a condiciones
específicas contenidas en las órdenes de servicio y el direccionamiento de la
entidad, de manera directa y a través del personal médico y asistencial sobre el
tiempo u horario y, la forma y el modo en que debía prestarse la asistencia en los
servicios asignados.

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43. Es importante precisar que esta Sección en oportunidades anteriores1 ha
señalado que la labor de enfermería no puede ejercerse de manera independiente
y autónoma, porque estos profesionales de la salud no pueden definir por sí solos
el lugar ni el horario en que prestan sus servicios. De igual manera, están
supeditados a las directrices y órdenes del personal médico frente a los cuidados
especiales que requiere cada paciente y le son fijadas las condiciones de cómo
asistirlos.

44. No puede pensarse entonces que la parte actora tenía un margen de libertad y
que determinaba autónomamente el tiempo, modo y lugar donde debía desarrollar
sus funciones. Es evidente, que la E.S.E., a través de sus empleados, impartía
indicaciones puntuales sobre el manejo de asuntos en cada una de las áreas
asignadas, designaba las labores que debía desarrollar con cada paciente, las
asistencias requeridas y los tiempos para hacerlo. Situaciones que demuestran la
existencia de una verdadera subordinación.

45. Así las cosas, se encuentran plenamente acreditados los elementos esenciales
de una relación laboral entre las partes y, por tanto, la decisión debe ser confirmada
en este punto.

De la prescripción e interrupciones contractuales

46. Frente a la prescripción, esta Corporación ha unificado criterios acerca de la
manera como debe analizarse el fenómeno fijando las siguientes reglas2:

47. El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado es
de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y que
pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se
deriven de aquella.

48. En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de
ellos, a partir de sus fechas de finalización.

49. En la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 20213, esta Sección
adoptó el periodo de treinta días hábiles como indicador temporal de la no solución
de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de
acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la solución de continuidad del vínculo laboral.

1 Ver, entre otras, las sentencias del 16 de junio de 2022, expediente 50001-23-33-000-2014-00227-01 (4679-

2019) y del 23 de mayo de 2024, expediente 66001-23-33-000-2017-00083-01 (2190-2020).
2 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25 de agosto

de 2016. Consejero Ponente Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01
(0088-2015).
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-33-000-

2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

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50. Con las anteriores precisiones y demostrada la subordinación, se procede a
verificar los periodos de prestación del servicio con sus interrupciones.

Vinculación Objeto Plazo Inicio Finalización Valor

OPS 2524/2003 Aux. Enfermería 24 horas 14/11/2003 16/11/2003 $ 103.091

Interrupción 9 días hábiles

OPS 2654/2003 Aux. Enfermería 1 mes 1/12/2003 31/12/2003 $ 756.000

OPS 0146/2004 Aux. Enfermería 1 mes 01/01/2004 31/01/2004 $ 756.000

OPS 0537/2004 Aux. Enfermería 1 mes 01/02/2004 29/02/2004 $ 816.404

OPS 0966/2004 Aux. Enfermería 3 meses 01/03/2004 31/05/2004
$ 2.449.212
Contrato de Aux. Enfermería 28 días 02/06/2004 30/06/2004 $ 789.191
transacción
OPS 1589/2004 Aux. Enfermería 1 mes 01/07/2004 31/07/2004 $ 816.404

OPS 1817/2004 Aux. Enfermería 3 meses 01/08/2004 31/10/2004 $ 2.449.212

OPS 2815/2004 Aux. Enfermería 2 meses 01/11/2004 31/12/2004 $ 1.632.808

OPS 0442/2005 Aux. Enfermería 1 mes 1/01/2005 31/01/2005 $ 816.404

OPS 634/2005 Aux. Enfermería 5 meses 1/02/2005 30/06/2005 $ 4.286.120

OPS 3564/2005 Aux. Enfermería 6 meses 01/07/2005 31/12/2005 $ 5.143.344

Interrupción 21 días hábiles

OPS 703/2006 Aux. Enfermería 1 mes 1/02/2006 28/02/2006 $ 857.224

OPS 1224/2006 Aux. Enfermería 1 mes 01/03/2006 31/03/2006 $ 857.224

OPS 1753/2006 Aux. Enfermería 1 mes 01/04/2006 30/04/2006 $ 857.224

Interrupción 2 meses (42 días hábiles)

OPS 3523/2006 Aux. Enfermería 1 mes 01/07/2006 31/07/2006 $ 857.224

OPS 4054/2006 Aux. Enfermería 1 mes 01/08/2006 31/08/2006 $ 857.224

Interrupción 4 años y 2 meses

CPS 1901/2011 Aux. Enfermería 2 meses 01/10/2011 30/11/2011 $ 2.647.008

CPS 2706/2011 Aux. Enfermería 1 mes y 5 01/12/2011 05/01/2012 $ 1.544.088
días
CPS 0614/2012 Aux. Enfermería 25 días 06/01/2012 31/01/2012 $ 1.158.066

CPS 1329/2012 Aux. Enfermería 1 mes 01/02/2012 29/02/2012 $ 1.389.679

CPS 2067/2012 Aux. Enfermería 1 mes 01/03/2012 31/03/2012 $ 1.389.679

CPS 2750/2012 Aux. Enfermería 1 mes 01/04/2012 30/04/2012 $ 1.389.679

CPS 3477/2012 Aux. Enfermería 8 meses 01/05/2012 31/12/2012 $ 11.117.432
Mensual
$ 1.389.679
CPS 0635/2013 Aux. Enfermería 7 meses 01/01/2013 31/07/2013 Mensual
$ 1.389.679

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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00013-01 (6506-2024)

CPS 2179/2013 Aux. Enfermería 1 mes 01/08/2013 31/08/2013 $ 1.389.679

CPS 2944/2013 Aux. Enfermería 4 meses 01/09/2013 31/12/2013 $ 5.558.719

CPS 0621/2014 Aux. Enfermería 6 meses 01/01/2014 30/06/2014 $ 8.338.074

CPS 1528/2014 Aux. Enfermería 3 meses 01/07/2014 30/09/2014 $ 4.169.037

CPS 3059/2014 Aux. Enfermería 1 mes 01/10/2014 31/10/2014 $ 1.389.679

CPS 3899/2014 Aux. Enfermería 2 meses 01/11/2014 31/12/2014 $ 1.389.679

CPS 0540/2015 Aux. Enfermería 1 mes 01/01/2015 31/01/2015 $ 1.389.679

CPS 1389/2015 Aux. Enfermería 4 meses 01/02/2015 31/05/2015 $ 5.558.716
mes

51. Se observa que, entre la finalización de la terminación de las ordenes OPS
1753/2006 (30 de abril de 2006) y OPS 4054/2006 (31 de agosto de 2006) y el inicio
de la orden OPS 3523/2006 (1 de julio de 2006) y del contrato CPS 1901/2011 (1
de octubre de 2011) transcurrieron dos meses y más de cuatro años
respectivamente, en los cuales el demandante no demostró que hubiera
desarrollado alguna actividad a favor de la entidad, por lo que este término se
considera ostensiblemente amplio y desvirtúa la solución de continuidad.

52. Se tiene entonces que, como la reclamación administrativa se presentó el 12 de
junio de 2015 y la demanda el 18 de diciembre de 2015, los periodos anteriores al
1 de octubre de 2011 se encuentran prescritos, exceptuando los aportes para
pensión, los cuales de conformidad con la sentencia citada, son imprescriptibles.

53. En las vinculaciones subsiguientes, que tuvieron lugar entre el 1 de octubre de
2011 y el 31 de mayo de 2015, no se presentaron interrupciones, la reclamación fue
presentada dentro de los tres años siguientes a la finalización; la respuesta por parte
de la entidad fue emitida el 6 de julio de 2015, la conciliación prejudicial se declaró
fallida el 3 de diciembre de 2015 y la demanda se instauró el 18 de igual mes y año.

54. De esta manera, no se configuró la prescripción de los derechos laborales de
este último periodo.

Por consiguiente, la Sala confirmará la decisión de primera instancia.

De las prestaciones a reconocer

55. El Tribunal en el restablecimiento del derecho se refirió al pago de las
prestaciones sociales comunes devengadas por los empleados vinculados a dicha
entidad, liquidadas conforme al valor en que fue contratado y por los periodos que
se encontraron probados.

56. Para la Sala, esa decisión plantea serias dificultades de ejecución y genera
incertidumbres respecto de su alcance. En efecto, no resulta claro cuál sería el
servidor público con el que debe equipararse el contratista para cancelarle las

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mismas prestaciones que a este; además, si se delega esto en la entidad, surgen
inmediatamente unos interrogantes relevantes: ¿deberá acudir al contrato y, a partir
de allí, revisar el manual de funciones para establecer cuál servidor cumplía
funciones similares?, ¿La comparación debe hacerse conforme al perfil profesional
del demandante?

57. Este grado de indeterminación vulnera los principios de seguridad jurídica y
ejecutoriedad de las decisiones judiciales, por cuanto no obra en el expediente
prueba suficiente que permita establecer con certeza cuál sería el cargo de planta
con el cual deba efectuarse la equiparación de las prestaciones. En esas
condiciones, cualquier decisión en ese sentido devendría incierta, impidiendo su
cumplimiento material y efectivo.

58. Debe destacarse que aun en los escenarios en que la posible equivalencia se
encontrase acreditada, la orden impartida en ese sentido implicaría que se superó
el análisis pormenorizado de la estructura de los cargos de que dispone la entidad.

59. El principal propósito del proceso judicial es poner fin a los conflictos de manera
pacífica y definitiva. En particular, el proceso ordinario tiene como finalidad
establecer de manera cierta y concluyente el derecho reclamado y por ello, la
sentencia que se profiera debe ser de tal claridad que el obligado a cumplirla y su
beneficiario tengan certeza de qué se debe dar, hacer o no hacer.

60. De manera más contundente, dicha claridad debe permitir que, en caso de
incumplimiento, pueda ordenarse su ejecución de manera eficaz a través de un
proceso ejecutivo, el cual está concebido para hacer efectivo de manera breve y
sumaria un derecho ya declarado y definido; no para determinar o encontrar este
derecho.

61. Esto genera falta de claridad en la sentencia y al no ser clara, la administración
tiene muchas opciones para escoger ese equivalente en su planta y de no ser
compartida esa elección por el demandante, debe acudir al proceso ejecutivo y
solicitar el mandamiento de pago realizando en la demanda el análisis de a cuál
cargo debe asimilarse, convirtiendo el ejecutivo en un trámite ordinario para
completar la sentencia.

62. En consecuencia, para corregir estas situaciones y garantizar el acceso efectivo
a la administración de justicia en condiciones de igualdad para ambas partes, la
Sala modificará la sentencia de manera que solucione definitivamente el conflicto y
preste verdadero mérito ejecutivo, para lo cual tendrá en cuenta los honorarios
pactados y liquidará la condena de manera concreta.

63. Así, para el caso los honorarios pactados en los contratos de prestación de
servicios constituirán la base para calcular las prestaciones sociales a que haya
lugar tal como lo indicó el Tribunal conforme lo dispuesto en los Decreto 1042 y

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1045 de 1978 que regulan el régimen prestacional aplicable a los empleados
públicos.

64. Estas, corresponden a aquellas a las que tiene derecho un servidor público
vinculado a una entidad pública del orden territorial, por ser la demandada de tal
orden, según las exigencias previstas en las normas antes citadas, es decir, las
vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses a las
cesantías, la prima de servicios de que trata el Decreto 2531 de 2014, a partir de
2015.

65. No es procedente el reconocimiento de la bonificación por servicios
prestados, debido a que, al tratarse de una contratista que desempeñó funciones
en una entidad del orden territorial, el reconocimiento de la prestación operaría a
partir del 1 de enero de 2016. Sin embargo, el demandante prestó sus servicios
únicamente hasta el 31 de mayo de 2015.

66. Tampoco hay lugar al reconocimiento del auxilio de transporte, los subsidios
de alimentación y familiar, ni la compensación monetaria de la dotación de
vestido y calzado, debido a que el valor de los honorarios mensuales que el actor
percibió, en los años en que estuvo vinculado y no operó la prescripción, excedió
los límites salariales definidos en las normas4 que reglamentaron los mentados
beneficios.

67. Efectuadas esas precisiones y las operaciones aritméticas del caso, de
conformidad con la tabla subsiguiente, se reporta como la deuda a cargo de la
entidad demandada la suma total indexada de $ 32.434.778.

4 Leyes 15 de 1959, 21 de 1982 y 70 de 1988 y Decretos 1042 de 1978 y los que fijan el incremento anual del

auxilio de transporte.

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68. En consecuencia, la Sala modificará el numeral quinto de la parte resolutiva de
la sentencia apelada, en el sentido de determinar el monto que deberá pagar la
entidad y se revocará el numeral octavo a través del cual se ordenó a la demandada
pagar e indexar las sumas que debe a la demandante, porque la liquidación
realizada previamente ya incluye la corrección monetaria.

De la condena en costas

69. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

70. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

71. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

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72. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas de
segunda instancia, toda vez que se están haciendo ajustes a la decisión del
Tribunal, por lo que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida
en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta
instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia proferida el dieciocho (18)
de julio de dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, el cual quedará así:

«(…) QUINTO: CONDENAR al HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO ESE, a título de restablecimiento del derecho, a
reconocer y pagar al demandante la suma de (TREINTA Y DOS
MILLONES, CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 32.434.778.).

Segundo. REVOCAR el numeral octavo a través del cual se ordenó a la
demandada pagar e indexar las sumas que debe al demandante, porque la
liquidación realizada previamente ya incluye la corrección monetaria.

Tercero. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.

Quinto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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