Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2016-00048-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2016-00048-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-33-000-2016-00048-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C. veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 50001-23-33-000-2016-00048-01 (73.350)
Actor: Constructora Inarcas Limitada
Demandado: Departamento del Meta – Asamblea Departamental
Medio de control: Reparación directa
Temas: PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL - Se encuentra determinada por la
fuente del daño en que se fundamenta la causa petendi y ésta, a su vez, determina la
técnica apropiada para la formulación de las pretensiones / PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PREVIO PARA LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO O
LO PAGADO EN EXCESO EN MATERIA TRIBUTARIA - Regulado en los artículos 850 a
865 del Estatuto Tributario – PRINCIPIO DE ROGACIÓN - En virtud del cual corresponde
al contribuyente promover ante la administración la actuación orientada a obtener el
reembolso de las sumas indebidamente pagadas - No resulta procedente pretermitir los
procedimientos administrativos previstos en las normas tributarias para solicitar la
devolución o reclamación de sumas de dinero pagadas por un contribuyente que no tenía
el deber legal de hacerlo o que, aun habiéndose efectuado inicialmente con fundamento en
disposiciones normativas vigentes, devienen indebidas con ocasión de su declaratoria de
nulidad / MEDIO DE CONTROL IDÓNEO - Teniendo en cuenta que ese procedimiento
concluye con la expedición de un acto administrativo de carácter particular y concreto, en
caso de obtener una respuesta desfavorable, solo a través del cuestionamiento de su
legalidad se abre paso al restablecimiento del derecho que se considera lesionado /
APLICACIÓN DE LAS SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN – La Sala Plena de la Sección
Tercera en sentencia del 25 de agosto de 2022, precisó que, salvo que la decisión disponga
expresamente lo contrario, los jueces deben aplicar la interpretación jurisprudencial vigente
al momento de resolver el asunto sometido a su consideración, pues ello permite
salvaguardar principios como la igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación uniforme del
derecho.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
que “se inhibió” de fallar de fondo las pretensiones de la demanda.
Se analiza la responsabilidad de la entidad demandada por la supuesta falla en el
servicio en que incurrió al regular el gravamen de la estampilla Prodesarrollo en el
departamento del Meta, disposición que posteriormente fue declarada nula por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
I. SENTENCIA APELADA
1. Corresponde a la proferida el 5 de junio de 2025, por el Tribunal Administrativo
del Meta, mediante la cual se “inhibió” de emitir un pronunciamiento de fondo
respecto de las pretensiones de la demanda instaurada el 19 de enero de 20161 por
la sociedad Constructora Inarcas Limitada contra el departamento del Meta –
1 Expediente digital: archivo “B2BDF848A35E41E5 F94C181869C22CEE 424BD604”.
1
Radicación: 50001-23-33-000-2016-00048-01 (73.350)
Actor: Constructora Inarcas Limitada
Demandado: Departamento del Meta – Asamblea Departamental
Medio de control: Reparación directa
Asamblea Departamental, con el fin de que se le declare patrimonialmente
responsable por la falla en el servicio en que incurrió al expedir la Ordenanza 466
del 31 de julio de 2001, en cuyo artículo 241, modificado por el artículo 6 de la
Ordenanza 470 del 18 de octubre de 2001, reguló la estampilla Prodesarrollo
Departamental, con fundamento en la cual se gravaron los contratos que celebró
con el referido departamento, sus municipios y entidades descentralizadas y se
efectuaron los correspondientes pagos, sin estar obligada a ello, toda vez que dicha
disposición fue declarada nula en 2013 por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
2. A título de indemnización, solicitó el reconocimiento de la suma de
$1.455’351.812,17 por concepto de daño emergente, correspondiente al valor
histórico pagado por el gravamen de la estampilla Prodesarrollo Departamental
durante el tiempo en que estuvieron vigentes las disposiciones previamente citadas.
3. Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que decidió el Tribunal fueron
los siguientes:
Hechos
4. La Asamblea Departamental del Meta expidió la Ordenanza 466 del 31 de julio
de 2001, mediante la cual adoptó el Estatuto de Rentas Tributarias del
departamento. En su artículo 241 —modificado por el artículo 6 de la Ordenanza
470 del 18 de octubre de 2001— reguló la estampilla Prodesarrollo Departamental.
En el literal a) de esta disposición se estableció que los contratos y órdenes que se
celebraran con el departamento, sus municipios y entidades descentralizadas, así
como las adiciones a estos, se gravarían con una tarifa equivalente al 2,2% del valor
total.
5. Esa disposición fue demandada mediante acción de nulidad2 y el Tribunal
Administrativo del Meta, por medio de auto del 9 de diciembre de 2009, decretó la
suspensión provisional del artículo 241 de la Ordenanza 466 de 2001, modificado
por el artículo 6 de la Ordenanza 470 de 2001. Dicha suspensión quedó en firme
con la ejecutoria del proveído del 15 de julio de 2010, proferido en segunda instancia
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
6. La citada disposición fue modificada mediante Ordenanza 767 del 14 de
septiembre de 2011, que fijó la tarifa de la estampilla Prodesarrollo Departamental
en el 2%. Posteriormente, a través de sentencia del 17 de septiembre de 2013, el
Tribunal Administrativo del Meta declaró nulo el artículo 241 de la Ordenanza 466
de 2001, modificado por la Ordenanza 470 de ese mismo año, decisión que quedó
ejecutoriada el 21 de octubre de 2013.
7. La sociedad demandante indicó que durante la vigencia de las disposiciones
anteriormente mencionadas suscribió varios contratos de obra con el departamento
y sus entidades descentralizadas, en cuyas actas parciales y de liquidación
2 Proceso radicado bajo número 50001-23-31-000-2009-00253-00.
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00048-01 (73.350)
Actor: Constructora Inarcas Limitada
Demandado: Departamento del Meta – Asamblea Departamental
Medio de control: Reparación directa
figuraban los pagos por concepto de estampilla Prodesarrollo Departamental,
equivalentes al 2,2% del valor de los respectivos contratos.
Fundamentos de derecho
8. La actora sostuvo que el daño cuya reparación reclama era imputable al
departamento del Meta bajo el régimen subjetivo de falla del servicio, toda vez que
expidió disposiciones normativas contrarias al ordenamiento jurídico,
posteriormente declaradas nulas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
lo que dio lugar a efectuar pagos que no estaba obligada a realizar. Citó
jurisprudencia del Consejo de Estado para afirmar que los daños ocasionados por
la expedición de actos administrativos ilegales podían generar responsabilidad
patrimonial del Estado; no obstante, indicó que, aun si se considerara que la
actuación administrativa se ajustó al ordenamiento mientras estuvo vigente, el
perjuicio sería indemnizable a título de daño especial3.
La defensa
9. El departamento del Meta se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo
cual formuló las excepciones que denominó: (i) “Legalidad de descuentos”, pues el
artículo 241 de la Ordenanza 466 de 2001, modificado por la Ordenanza 470 de
2001, gozaba de presunción de legalidad mientras estuvo vigente, por lo que los
descuentos efectuados por concepto de la estampilla Prodesarrollo hasta el 21 de
octubre de 2013 —fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de nulidad—
contaron con soporte jurídico, toda vez que la declaratoria de nulidad no produjo
efectos retroactivos. Agregó que, de cualquier manera, se echaban de menos los
contratos, actas de liquidación o documentos que acreditaran los descuentos cuya
devolución se reclamaba; (ii) “Exceso de tasación de pretensiones”, porque ante
una eventual condena, esta solo podría recaer sobre el 0,2% correspondiente al
exceso frente al límite del 2% previsto en la ley; e (iii) innominada4.
Los alegatos de conclusión
10. Concluido el debate probatorio5, al alegar de conclusión, la parte actora reiteró
los argumentos esgrimidos en la demanda; además, defendió la procedencia del
medio de control de reparación directa para obtener la indemnización de los
3 Expediente digital: archivo: “8D61AA3266051E02 5ED11DE77006B198 D8CED278”.
4 Expediente digital: archivo: “9AE669C4B41E0D5D 165711EDCAD56CEE 431AAB2A”.
5 En la audiencia inicial, llevada a cabo el 29 de junio de 2022, el Tribunal decretó las siguientes pruebas:
Documentales: 1. “Relación de todos… los contratos celebrados por el convocante y en los cuales ha pagado
el Departamento la estampilla Prodesarrollo anulada”. 2. Copia de la sentencia del Tribunal Administrativo del
Meta del 17 de septiembre de 2013, emitida dentro del proceso No. 50-001-23-31-000-2009-00253-00 y
constancia de ejecutoria. 3. Copia de las peticiones presentadas ante las entidades contratantes solicitando
copia de los contratos, actas de ejecución y liquidación. 4. Copia de la petición solicitando al Departamento
certificar pago de Prodesarrollo. 5. Copia de las Ordenanzas 466 y 470 de 2001 y 733 de 2010. Oficios o
requerimientos: 1. Al departamento del Meta para que certifique el valor total pagado por la demandante por
concepto de la estampilla Prodesarrollo, en los contratos relacionados en los folios 14 a 17 de la demanda. 2.
A cada una de las entidades relacionadas en los folios 14 a 17 del escrito inicial, para que remitan copia de los
contratos, actas de inicio, parciales, de recibo y final, junto con los comprobantes de pago de la estampilla
Prodesarrollo por parte de la empresa demandante, así como certificación del giro de ese dinero al
departamento del Meta. 3. A la Asamblea Departamental del Meta para que remita copia auténtica de las
Ordenanzas 466 del 31 de julio de 2001 y 470 del 18 de octubre de 2001, mediante los cuales se reguló la
estampilla Prodesarrollo departamental (SAMAI: Tribunal, índice 15).
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00048-01 (73.350)
Actor: Constructora Inarcas Limitada
Demandado: Departamento del Meta – Asamblea Departamental
Medio de control: Reparación directa
perjuicios causados durante la vigencia de las disposiciones que fijaron la tarifa de
la estampilla Prodesarrollo en el departamento del Meta en un 2,2%, excediendo el
límite legal previsto en la Ley 3 de 1986, al considerar que la declaratoria de nulidad
de tales disposiciones abría la posibilidad de reclamar la reparación del daño
causado6.
11. El departamento del Meta7 y la Asamblea Departamental8 señalaron que no se
acreditó el daño antijurídico ni la falla en el servicio alegados en la demanda, en
tanto que los cobros efectuados por concepto de la estampilla Prodesarrollo antes
de la declaratoria de nulidad de la disposición que la regulaba correspondían a
situaciones jurídicas consolidadas, amparadas por la presunción de legalidad de los
correspondientes actos administrativos. Añadieron que, de prosperar las
pretensiones, la indemnización solo podía recaer sobre el 0,2 % correspondiente al
exceso frente al límite legal, siempre que se demostrara el pago efectivo y no
hubiese operado la prescripción.
La decisión del Tribunal
12. El Tribunal Administrativo del Meta consideró que el medio de control de
reparación directa no era procedente para reclamar los perjuicios derivados de los
pagos efectuados por la sociedad demandante por concepto de la estampilla
Prodesarrollo Departamental. Para soportar su decisión, citó la regla de unificación
fijada por el Consejo de Estado en sentencia del 8 de mayo de 20249, según la cual
la acción de grupo y, por extensión, el medio de control de reparación directa no
constituyen la vía idónea para solicitar la devolución de tributos ni la indemnización
de perjuicios derivados de pagos realizados en virtud de actos administrativos
generales posteriormente anulados, casos en los que corresponde formular
previamente una solicitud administrativa de devolución y, ante una eventual decisión
negativa, acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
13. En ese sentido, señaló que el supuesto daño alegado no se originaba en un
hecho, omisión u operación administrativa, sino en un acto administrativo con
presunción de legalidad, cuyos efectos particulares debían controvertirse a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Con fundamento en
lo anterior, resolvió “inhibirse” de emitir un pronunciamiento de fondo y abstenerse
de condenar en costas en vista del cambio jurisprudencial que determinó la
improcedencia de la reparación directa frente al caso concreto10.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
14. La parte actora solicitó revocar la decisión anterior, por considerar que el
Tribunal omitió analizar si se configuraban o no los presupuestos de la
responsabilidad estatal. Sostuvo que la decisión inhibitoria vulneraba los derechos
6 SAMAI: Tribunal, índice 92.
7 Presentaron escritos separados. SAMAI: Tribunal, índice 93.
8. SAMAI: Tribunal, índice 91.
9 Consejo de Estado, Sala Séptima Especial de Decisión, radicado: 08001-23-31-000-2010-00291-01 (AG).
10 SAMAI: Tribunal, índice 105.
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00048-01 (73.350)
Actor: Constructora Inarcas Limitada
Demandado: Departamento del Meta – Asamblea Departamental
Medio de control: Reparación directa
al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la seguridad jurídica,
a la buena fe, a la confianza legítima y a la justicia material, pues en situaciones
similares el juez constitucional ha amparado tales garantías cuando se ha declarado
la ineptitud sustantiva de la demanda por haberse acudido a un medio de control
distinto al previsto por la ley. Aseguró que el medio de control de reparación directa
sí era procedente, puesto que en este proceso no se discutía la legalidad de los
actos administrativos que establecieron la estampilla Prodesarrollo Departamental,
sino que se reclamaban los perjuicios causados durante el tiempo en que estuvieron
vigentes.
15. Además, cuestionó la aplicación de la sentencia de unificación del 8 de mayo
de 2024, en la que se apoyó el Tribunal para proferir la decisión de primera instancia.
Al respecto, realizó un recuento de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la
aplicación temporal de los precedentes, para sostener que los cambios
jurisprudenciales que modifican de manera sustancial el alcance de los derechos o
de los mecanismos procesales deben aplicarse con efectos prospectivos, a fin de
proteger la seguridad jurídica y la confianza legítima.
16. Con fundamento en ello, afirmó que dicha regla no debía aplicarse pues la
demanda fue presentada antes de que se profiriera la mencionada sentencia de
unificación. Por último, sostuvo que se encontraba acreditado que la sociedad
demandante —directamente o a través de consorcios y uniones temporales—
efectuó pagos por concepto de la estampilla cuya regulación fue posteriormente
anulada porque la Asamblea desbordó las atribuciones otorgadas por el legislador,
los cuales reportaron un beneficio para el departamento del Meta, por lo que
resultaba procedente la declaratoria de responsabilidad de la demandada y el
reconocimiento del daño emergente reclamado11.
17. Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, no hubo lugar a correr
traslado para alegar de conclusión en los términos previstos en el numeral 5 del
artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Sin perjuicio de lo anterior, el departamento
del Meta se pronunció frente al recurso de apelación e indicó que, contrario a lo
afirmado por la parte actora, la decisión no se sustentó exclusivamente en la
sentencia de unificación del 8 de mayo de 2024, sino también en la consideración
de que el ordenamiento jurídico prevé un mecanismo específico para solicitar la
devolución de lo pagado por concepto de tributos, consistente en la solicitud
administrativa de devolución y, en caso de negativa, contaba con el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho12.
18. El Ministerio Público pidió confirmar la decisión apelada. Sostuvo que el medio
de control de reparación directa no era idóneo para reclamar los perjuicios derivados
de los pagos efectuados por la sociedad demandante por concepto de la estampilla
Prodesarrollo Departamental, dado que dichos pagos se realizaron cuando la
disposición que los imponía se encontraba vigente y amparada por la presunción de
legalidad, de modo que los efectos patrimoniales producidos, al haber ingresado los
11 SAMAI: Tribunal, índices 108 y 109.
12 SAMAI: índice 10.
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recursos al erario y destinarse a fines públicos, configuraron situaciones jurídicas
consolidadas. Añadió que, no podía derivarse responsabilidad por el solo hecho de
que dicha disposición hubiese sido posteriormente anulada13.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
19. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto.
Objeto de la apelación
20. Le corresponde a la Sala determinar si la vía procesal escogida es la procedente
para solicitar la reparación del daño que reclama la actora y si la aplicación del
precedente fijado con posterioridad a la presentación de la demanda que condujo a
un fallo inhibitorio constituye una afrenta contra los derechos de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a la seguridad jurídica y, en
consecuencia, si debe revocarse la decisión objeto de alzada.
Improcedencia del medio de control de reparación directa
21. La procedencia del medio de control se encuentra determinada por la fuente del
daño en que se fundamenta la causa petendi, lo que permite establecer, a su vez,
la técnica apropiada para la formulación de las pretensiones y la oportunidad para
hacerlas valer por la vía jurisdiccional, circunstancias que no dependen de la
discrecionalidad de la parte actora y que deben verificarse para al momento de
dictar sentencia.
22. Como lo ha reiterado esta Sala, al momento de emitir el fallo le corresponde al
operador judicial analizar los presupuestos procesales que le permitan decidir de
fondo el asunto, para lo cual resulta imprescindible definir en primer lugar la vía
procesal idónea para obtener una sentencia de mérito. Esta determinación resulta
de gran relevancia, debido a que con esto se marca la pauta en la verificación del
cumplimiento de los presupuestos de la demanda y, en general, establece la
ritualidad con la que el operador judicial y las partes van a continuar el proceso.
23. De conformidad con las pretensiones formuladas en la demanda, con este
proceso se persigue el reconocimiento de las sumas pagadas al departamento del
Meta por concepto de la estampilla Prodesarrollo Departamental fijada en el artículo
241 de la Ordenanza 466 del 31 de julio de 2001, modificado por el artículo 6 de la
Ordenanza 470 del 18 de octubre del mismo año, disposición que fue declarada
nula por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 17 de
septiembre de 2013.
24. Como soporte jurídico del petitum, la parte actora indicó que el daño cuya
reparación reclamaba era imputable al departamento del Meta bajo el régimen
subjetivo de falla del servicio, toda vez que expidió disposiciones normativas
13 SAMAI: índice 9.
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00048-01 (73.350)
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contrarias al ordenamiento jurídico que, a la postre, fueron declaradas nulas por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. En tal sentido, sostuvo que dicha
actuación dio lugar a efectuar pagos que no estaba obligada a realizar y que, por
tanto, debía ordenarse la devolución de las sumas canceladas por concepto de un
tributo cuyo fundamento normativo fue posteriormente expulsado del ordenamiento
jurídico.
25. Los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo del Meta para declarar
la nulidad de los referidos artículos se fundaron en que la Asamblea Departamental
excedió los límites de su potestad tributaria. Esto, por cuanto, si bien las entidades
territoriales gozaban de autonomía fiscal para establecer tributos previamente
autorizados por la ley, dicha facultad debía ejercerse dentro de los parámetros
fijados por el legislador.
26. En el caso concreto, el artículo 170 del Decreto-ley 1222 de 1986 disponía que
la tarifa no podía superar el 2% del valor del documento o instrumento gravado y
que la base gravable correspondía precisamente a ese valor. No obstante, la
disposición acusada fijó una tarifa del 2,2%, lo cual implicó una modificación a los
elementos estructurales del tributo definidos por la norma superior14.
Falta de agotamiento del procedimiento administrativo previo para la
devolución del pago de lo no debido o lo pagado en exceso
27. En el desarrollo de la actividad administrativa surgen relaciones jurídicas entre
la administración y los particulares, de las cuales se derivan derechos, deberes y
también cargas jurídicas. Estas últimas corresponden a actuaciones que el
interesado debe realizar cuando pretende obtener un efecto favorable o hacer valer
una determinada prerrogativa en el marco de esa relación. A diferencia de las
obligaciones —cuyo incumplimiento puede dar lugar a la imposición de sanciones o
a su ejecución forzada— las cargas se establecen en interés del propio
administrado; por ello, su inobservancia no genera responsabilidad, pero sí impide
alcanzar el resultado jurídico que el ordenamiento supedita a su ejercicio 15.
28. El pago de lo no debido se configura cuando se realizan erogaciones sin que
exista una causa jurídica que haga exigible su cumplimiento, mientras que el pago
en exceso ocurre cuando se cancelan sumas superiores a las legalmente debidas.
En cualquiera de estas hipótesis, el administrado se encuentra facultado para
solicitar la restitución de los dineros indebidamente pagados. Tratándose de
asuntos de naturaleza tributaria, el ordenamiento jurídico ha previsto un
procedimiento administrativo específico orientado a obtener la devolución de tales
14 Expediente digital: archivo: “8D61AA3266051E02 5ED11DE77006B198 D8CED278”, páginas 32 a 43.
15 La carga que responde al interés propio del sujeto “siendo en consecuencia voluntario para éste, que, de
omitirlo, no incurrirá en responsabilidad alguna, si bien se verá privado del beneficio o la ventaja de los que
dicho comportamiento es presupuesto”. Las cargas en el derecho administrativo son de frecuente ocurrencia,
por cuanto el principio de rogación articula la actividad administrativa y la relación entre administración y
particulares, por ende, para la obtención de beneficios inherentes a ésta requiere previa petición del interesado.
La carga “implica la necesidad de que el titular de un determinado poder lo ejercite cuando quiere obtener un
efecto a favor suyo” (García de Enterría, Eduardo. Fernández, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo
II. Thomson Civitas. 10ª ed. Reimpresión 2009. Pág. 427).
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sumas, regulado en el artículo 850 y siguientes del Estatuto Tributario y en las
disposiciones reglamentarias que desarrollan la materia16, régimen que resulta
aplicable a las entidades territoriales por remisión al procedimiento tributario
nacional17.
29. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 850 del E.T.18, la administración
tributaria deberá devolver los pagos en exceso o de lo no debido efectuados por los
contribuyentes por concepto de obligaciones tributarias y aduaneras. Pero para que
ello ocurra, el contribuyente debe presentar de manera oportuna —dentro de los
dos años siguientes a la fecha de vencimiento del término para declarar— la
correspondiente solicitud de devolución, y la administración cuenta con un término
de cincuenta (50) días, contados desde su presentación, para resolverla y efectuar
la devolución correspondiente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 854 19 y
85520 del mismo estatuto.
30. En ese contexto, la efectividad del derecho a la devolución de lo pagado en
exceso o de lo no debido, se encuentra gobernada por el principio de rogación,
como carga para la efectividad de un derecho que se cree poseer, en virtud del cual
corresponde al contribuyente promover ante la administración la actuación
orientada a obtener el reembolso de las sumas indebidamente pagadas. En tal
virtud, antes de acudir a la jurisdicción resulta necesario que el interesado solicite la
devolución ante la autoridad competente, quien deberá pronunciarse mediante el
correspondiente acto administrativo, el cual, como manifestaciones de voluntad con
efectos definitorios sobre la situación pretendida, es pasible de control judicial.
16 Decreto 1000 de 1997, su decreto derogatorio 2277 de 2012 y demás normas concordantes.
17 Ley 788 de 2002, “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial;
y se dictan otras disposiciones”. “ARTÍCULO 59. Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y
municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración,
determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos
por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y
demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos
anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la
proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos”.
Aunque los tributos territoriales (impuestos, tasas, contribuciones o estampillas) son creados y regulados por
las entidades territoriales, el procedimiento para su determinación, fiscalización, discusión, cobro y sanción se
rige —total o parcialmente— por las disposiciones del Estatuto Tributario, para evitar regímenes procesales
distintos en cada entidad territorial.
18 el artículo 850 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 49 de la Ley 223 de 1995, prevé que: “Los
contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias podrán solicitar su
devolución. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá devolver oportunamente a los
contribuyentes, los pagos en exceso o de lo no debido, que éstos hayan efectuado por concepto de obligaciones
tributaria y aduaneras” (se subraya).
19 “ARTÍCULO 854. TÉRMINO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. La solicitud de
devolución de impuesto deberá presentarse a más tardar dos años después de la fecha de vencimiento del
término para declarar.
Cuando el saldo a favor de las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios o sobre las ventas,
haya sido modificado mediante una liquidación oficial y no se hubiere efectuado la devolución, la parte
rechazada no podrá solicitarse, aunque dicha liquidación haya sido impugnada hasta tanto se resuelva
definitivamente sobre la procedencia del saldo”.
20 “ARTÍCULO 855. TÉRMINO PARA EFECTUAR LA DEVOLUCIÓN. La Administración de Impuestos deberá
devolver, previa las compensaciones a que haya lugar, los saldos a favor originados en los impuestos sobre la
renta y complementarios y sobre las ventas, dentro de los cincuenta (50) días siguientes a la fecha de la solicitud
de devolución presentada oportunamente y en debida forma.
El término previsto en el presente artículo aplica igualmente para la devolución de impuestos pagados y no
causados o pagados en exceso”.
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00048-01 (73.350)
Actor: Constructora Inarcas Limitada
Demandado: Departamento del Meta – Asamblea Departamental
Medio de control: Reparación directa
31. De manera que no resulta procedente pretermitir los procedimientos
administrativos previstos en las normas tributarias para solicitar la devolución o
reclamación de sumas de dinero pagadas por un contribuyente que no tenía el deber
legal de hacerlo o que, aun habiéndose efectuado inicialmente con fundamento en
disposiciones normativas vigentes, posteriormente devienen indebidas con ocasión
de su declaratoria de nulidad.
32. Teniendo en cuenta que tales procedimientos concluyen con la expedición de
un acto administrativo de carácter particular y concreto, en caso de obtener una
respuesta desfavorable, solo a través del cuestionamiento de su legalidad se abre
paso al restablecimiento del derecho que se considera lesionado y, por tanto, el
medio de control idóneo en estos casos es el de nulidad y restablecimiento del
derecho, previa formulación de la solicitud de devolución ante la administración.
33. De lo anterior se sigue que cuando el ordenamiento jurídico prevé un
procedimiento administrativo específico para solicitar la devolución de pagos
efectuados en exceso o sin causa legal, no resulta procedente acudir directamente
al medio de control de reparación directa para obtener su restitución. Ello se explica,
además, por el denominado “privilegio de la decisión previa de la administración” 21,
en virtud del cual corresponde a esta pronunciarse inicialmente sobre las
reclamaciones que se formulen en el marco de la relación jurídico-tributaria, de
manera que solo a partir de la decisión que adopte se habilita la intervención del
juez contencioso administrativo.
34. En este caso la diferencia del medio de control no es solo por su nomen iuris y
ni siquiera por el objeto sobre el que recae, pues la génesis del daño no se configura
en el contexto de una falla en el servicio sino en la declaración de que la presunción
de legalidad de un acto no la cobija, asunto que ontológicamente se diferencia de
las hipótesis en que las autoridades del estado causan un daño antijurídico con
motivo de sus acciones u omisiones en cumplimiento de sus cometidos estatales,
como encargas de hacerlos efectivos, acompañadas de prerrogativas materiales o
jurídicas encargadas a ejecutar la ley o las decisiones administrativas, que son
distintas de aquellas que les autorizan para definir con presunción de legalidad
situaciones particulares y concretas a través de actos administrativos cuya legalidad
no requiere de prueba.
35. Descendiendo al caso concreto, se observa que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 241 de la Ordenanza 466 de 2001 —modificado por el
artículo 6 de la Ordenanza 470 de 2001—, la estampilla Prodesarrollo
Departamental se causaba cuando se verificaban los hechos generadores allí
previstos, particularmente respecto de contratos, actos o documentos que se
suscribieran con el departamento del Meta y sus entidades territoriales y
descentralizadas, frente a los cuales debía aplicarse la tarifa correspondiente (2,2%)
y efectuarse el pago del gravamen.
21 Sobre el tema, ver sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sala Séptima Especial de Decisión, del 8 de mayo de 2024, expediente: 08001-23-31-000-2010-00291-01 (AG).
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00048-01 (73.350)
Actor: Constructora Inarcas Limitada
Demandado: Departamento del Meta – Asamblea Departamental
Medio de control: Reparación directa
36. En ese sentido, y de acuerdo con lo expuesto en precedencia, si bien los
contribuyentes debían cumplir inicialmente con el pago del gravamen en los
términos previstos en las ordenanzas vigentes al momento de su causación, lo cierto
es que, una vez puesta en evidencia la ilegalidad de la disposición que lo
sustentaba, si los contribuyentes consideraban tener derecho para solicitar la
devolución de lo pagado, debían acudir al procedimiento administrativo para solicitar
el reintegro del porcentaje pagado en exceso —esto es, el 0,2 % del valor de cada
contrato o acto gravado—. Agotado dicho trámite, y en caso de que la decisión
administrativa resultara desfavorable, y si el contribuyente insiste en tener un
derecho, debía demandar el acto administrativo respectivo mediante el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
37. Revisado el expediente, la Sala advierte que la sociedad actora no aportó ni
solicitó medio de convicción alguno que permita siquiera concluir que formuló una
reclamación administrativa encaminada a obtener la devolución de lo pagado en
exceso, ni obra prueba de la respuesta que la entidad competente hubiera dado a
una solicitud de esa naturaleza. Al respecto, la Sala destaca que, si bien las
ordenanzas 466 y 470 de 2001 revisten la calidad de actos administrativos de
carácter general que producen efectos sin necesidad de un acto particular
intermedio, lo cierto es que la sociedad demandante tenía la carga de provocar una
decisión de la administración que resolviera su situación particular respecto del pago
de dicha estampilla, mediante el trámite administrativo de devolución antes descrito.
Sin embargo, ello no ocurrió o, por lo menos, no obra en el expediente medio de
prueba alguno que así lo acredite.
38. En esas condiciones, acertó el Tribunal al concluir que, en el sub examine, el
medio de control de reparación directa no constituía la vía idónea para solicitar la
devolución de tributos ni la indemnización de perjuicios derivados de pagos
realizados en virtud de actos administrativos generales posteriormente anulados,
por cuanto no se agotó previamente, como lo ordena la ley, la solicitud
administrativa de devolución.
39. El argumento de la apelante, según el cual la conclusión a la que arribó el a quo
vulnera los derechos de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y
a la seguridad jurídica, carece de sustento. Admitir que el administrado pueda acudir
a la jurisdicción obviando la ruta definida por el legislador implicaría desconocer la
estructura procesal establecida para la resolución de este tipo de litigios y afectaría
el derecho al debido proceso de la entidad demandada, en la medida en que los
medios de control fueron concebidos precisamente para que las partes ejerzan sus
derechos de defensa y contradicción dentro del cauce procesal correspondiente a
la naturaleza del conflicto.
40. Así, aunque el ordenamiento jurídico prevé diversas vías de acceso a la
jurisdicción contencioso-administrativa, lo que determina la procedencia de cada
una de ellas, como ya se indicó, es la fuente u origen del daño cuya reparación se
pretende. Como dichos medios están preestablecidos y definidos ex ante por el
legislador, su elección no queda sujeta a la discrecionalidad de la parte actora.
Considerar lo contrario implicaría convertir el medio de control de reparación directa
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00048-01 (73.350)
Actor: Constructora Inarcas Limitada
Demandado: Departamento del Meta – Asamblea Departamental
Medio de control: Reparación directa
en una vía residual y permitir el desconocimiento de los procedimientos y trámites
administrativos previstos por la ley para la devolución de saldos a favor, pagos en
exceso o pagos de lo no debido en materia tributaria.
41. De igual manera, estimar por vía general que cuando un acto es declarado nulo
la administración incurrió en una falla en el servicio, es aplicar los contornos de una
institución jurídico procesal inscrita en el régimen de la responsabilidad
extracontractual del estado a hipótesis diferenciales, que no son subsumibles en
ella, más allá del significado que por la vía de su asimilación pueda darse en un
contexto extralegal. Cuando un acto es declarado nulo, las autoridades del Estado
no han fallado en el servicio, aun así deban devolverse las cosas al estado anterior
o deban resarcirse los perjuicios.
42. En ese orden de ideas, contrario a lo afirmado por la parte actora, las cargas
procesales que fijan la ruta para solicitar la devolución de los tributos, encuentran
precisamente fundamento en los principios de legalidad y seguridad jurídica, en la
medida en que el legislador tiene competencia para establecer procedimientos
administrativos y requisitos previos que deben ser observados antes de acudir a la
jurisdicción, con el propósito de garantizar que la administración cuente con la
posibilidad de pronunciarse y eventualmente poner fin a la controversia o que esta
se tramite a través de los mecanismos previstos para cada tipo de situación jurídica,
sin que ello implique restricción alguna al derecho de acceso a la administración de
justicia.
43. En suma, no resulta posible jurídicamente alterar los cauces procesales
definidos en el ordenamiento jurídico bajo el argumento de la presunta vulneración
de derechos como los invocados en el recurso de apelación, pues ello supondría
justificar el incumplimiento de los principios y normas que rigen el ejercicio del
derecho de acción, desnaturalizar la finalidad de los medios de control y pretermitir
las reglas de procedibilidad para demandar a la administración22 o los
procedimientos que debe agotar el administrado para formular reclamaciones
dentro de una relación jurídica que, por su propia naturaleza, no es simétrica
(Estado – contribuyente)23.
44. En relación con el argumento esgrimido por la sociedad demandante en el
recurso de apelación, según en el cual la regla de unificación fijada en la sentencia
del 8 de mayo de 2024, en la que se apoyó el Tribunal para concluir que el medio
de control de reparación directa era improcedente en el sub-lite no resultaba
aplicable porque la demanda fue presentada con anterioridad a la expedición de
dicho fallo, y que los cambios jurisprudenciales que modifican de manera sustancial
22 “Aunque alguna parte de la doctrina califica de abusivo y de excesivo privilegio para la administración enervar
la reclamación judicial a partir del paso del tiempo en un trámite administrativo, lo cierto es que es conforme a
derecho y por demás, con soporte en los principios de seguridad jurídica y de legalidad de las actuaciones
administrativas, es posible imponer ese tipo de cargas, a similitud de lo que ocurre con la operatividad de la
caducidad en las acciones jurisdiccionales o el deber de agotar requisitos de procedibilidad para ingresar a la
jurisdicción, sin que ello vulnere derecho alguno” (se resalta). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, del 4 de diciembre de 2018, expediente: 66001-33-31-002-
2007-00107-01(AG)REV-SU.
23 Al respecto, ver Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 28 de julio de 2011, expediente: 17.864.
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00048-01 (73.350)
Actor: Constructora Inarcas Limitada
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Medio de control: Reparación directa
el alcance de los derechos o de los mecanismos procesales debían aplicarse con
efectos prospectivos para salvaguardar la seguridad jurídica y la confianza legítima,
la Sala considera necesario realizar algunas precisiones.
45. Como es evidente, para el momento en que se presentó la demanda —2016—
esta Corporación no había proferido la sentencia de unificación del 8 de mayo de
2024 a la que aludió el Tribunal para sustentar su decisión. No obstante, se recuerda
que la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencia del 25 de agosto de 202224,
precisó que, salvo que la decisión disponga expresamente lo contrario, los jueces
deben aplicar la interpretación jurisprudencial vigente al momento de resolver el
asunto sometido a su consideración, pues ello permite salvaguardar principios como
la igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación uniforme del derecho.
46. De la misma manera, en múltiples fallos de tutela25, esta Corporación ha
señalado que los funcionarios judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial
vigente al momento de resolver el asunto sometido a su consideración, argumento
que ha servido de sustento para descartar la vulneración de derechos
fundamentales en aquellas controversias en las que se alega el desconocimiento
del precedente por no tener en cuenta la jurisprudencia imperante al momento de la
presentación de la demanda o del fallo de primera instancia.
47. Adicionalmente, debe destacarse que la sentencia del 8 de mayo de 2024,
proferida por la Sala Séptima Especial de Decisión del Consejo de Estado26 no
introdujo un cambio sustancial en la jurisprudencia de esta Corporación en relación
con la improcedencia de acudir a determinados medios de control27 para obtener la
restitución de tributos pagados con fundamento en disposiciones posteriormente
anuladas. Por el contrario, dicha providencia reiteró y precisó una línea
jurisprudencial que ya venía siendo desarrollada por esta Corporación28, en la cual
se ha indicado que las controversias relacionadas con la devolución de tributos
deben tramitarse a través de los procedimientos administrativos y judiciales
específicamente previstos en la normativa tributaria, sin que resulte procedente
24 Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 25 de agosto de 2022, expediente: 66.535.
25 Ver, entre otros, los siguientes fallos de tutela: (i) sentencia del 1° de octubre de 2021, exp. 11001-03-15-
000-2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección C; (ii) sentencia del 18 de noviembre
de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-07060-00, Sección Cuarta del Consejo de Estado; (iii) sentencia del 24
de mayo de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-02039-00, Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección
B; (iv) sentencia del 1° de octubre de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo
de Estado, Subsección A.
26 Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 274 numeral 5 del CPACA y el inciso 2 del parágrafo 1 del
artículo 13 del Reglamento Interno del Consejo de Estado.
27 Se refirió específicamente al de reparación de perjuicios ocasionados a un grupo y al de reparación directa.
28 En este sentido pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de octubre de 2016, exp. 28.741, en la que se indicó que cuando se
pretende la devolución de tributos pagados indebidamente el interesado debe solicitar previamente la
devolución ante la administración y, en caso de respuesta negativa o silencio administrativo, acudir al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que resulte procedente acudir directamente a la acción
de reparación directa. Así mismo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de mayo de 2017,
proferida en cumplimiento de una orden de tutela dentro del radicado 25000-23-26-000-2003-01185-01, en la
cual se reiteró la necesidad de agotar el procedimiento administrativo previsto en el artículo 850 del Estatuto
Tributario antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para discutir la devolución de pagos
indebidos de tributos. Igualmente, en ese sentido, se pronunciaron las Salas Especiales de Decisión Cuarta y
Diecinueve del Consejo de Estado, a través de sentencias del 4 de diciembre de 2018 y 1º de octubre de 2019,
expedientes: o: 66001-33-31-002-2007-00107-01(AG) y 66001-2333-003-2012-00007-01 (AG) SU.
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00048-01 (73.350)
Actor: Constructora Inarcas Limitada
Demandado: Departamento del Meta – Asamblea Departamental
Medio de control: Reparación directa
acudir directamente a la jurisdicción contencioso administrativa para reclamar
dichas sumas por la vía indemnizatoria.
48. Desde esta perspectiva, la referida sentencia no creó una regla jurisprudencial
novedosa ni modificó una línea consolidada, sino precisó y delimitó las
consecuencias jurídicas derivadas del hecho de que el interesado (contribuyente)
no haya acudido previamente a los procedimientos administrativos previstos para
reclamar la devolución de los tributos pagados. En particular, la providencia recalcó
que, en tales eventos, ni siquiera resultaría procedente adelantar un análisis de
fondo sobre la existencia de un daño antijurídico, lo cual constituye una precisión
respecto de discusiones planteadas en algunas decisiones anteriores, mas no la
adopción de una postura jurisprudencial nueva.
49. Así las cosas, aun si se abordara el asunto desde la perspectiva del juicio de
responsabilidad estatal, la ausencia de la reclamación administrativa prevista en la
ley impide considerar acreditada la existencia de un daño cierto, lo cual, en criterio
de la Sala frente a casos similares al presente, conduce a concluir que no se
cumplen los supuestos para la prosperidad de las pretensiones formuladas en sede
de reparación directa, lo que no conlleva la inhibición para fallar, sino la denegatoria
de las súplicas del libelo.
50. En un escenario como el que plantea la parte demandante, la eventual certeza
del daño solo podría derivarse de un acto administrativo mediante el cual la
autoridad competente negara la devolución de las sumas pagadas por concepto del
tributo cuya regulación fue posteriormente anulada. En esa hipótesis, la fuente
inmediata del daño no sería la disposición normativa de carácter general ni los
pagos efectuados en su vigencia, sino el acto administrativo particular que resolviera
desfavorablemente la solicitud de devolución, caso en el cual el medio de control
procedente sería el de nulidad y restablecimiento del derecho.
51. Como en el presente asunto no se acreditó —ni siquiera se hizo relación a ello—
que la sociedad actora hubiera formulado ante la entidad demandada una solicitud
de devolución de las sumas pagadas por concepto de la estampilla Prodesarrollo
Departamental durante la vigencia de las ordenanzas posteriormente anuladas, esta
no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la procedencia de la devolución
pretendida, trámite previo que resultaba de obligatorio cumplimiento en el caso bajo
análisis para acudir a la vía judicial.
52. Contrario a lo expuesto por el a quo, en el sentido de atribuir la fuente del daño
a un acto administrativo, lo probado en este proceso es precisamente la ausencia
de una decisión denegatoria de la devolución de los tributos indebidamente
pagados, circunstancia que no permite afirmar que el medio de control pertinente
fuera el de nulidad y restablecimiento del derecho. Como se dijo anteriormente,
desde la óptica de la reparación directa no puede hablarse siquiera de la
demostración de un daño cierto, elemento de la responsabilidad cuya ausencia
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00048-01 (73.350)
Actor: Constructora Inarcas Limitada
Demandado: Departamento del Meta – Asamblea Departamental
Medio de control: Reparación directa
probatoria implica modificar la decisión inhibitoria objeto de alzada para, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda.
53. La anterior conclusión no desconoce lo decidido por el Consejo de Estado en
la referida sentencia de unificación del 8 de mayo de 2024, por cuanto en dicha
providencia no se fijó una regla de unificación en torno al sentido de la decisión que
debe adoptarse en sede judicial. En ese orden, como se dejó sentado, aun si se
admitiera la procedencia del análisis desde la perspectiva del medio de control de
reparación directa, lo cierto es que, por las razones previamente expuestas, no hay
lugar a la prosperidad de las pretensiones, sin que ello suponga apartarse de los
criterios definidos en la referida decisión.
Condena en costas
54. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
adicionado por la Ley 2080 de 202129, en la sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se sujetará a las reglas del Código
de Procedimiento Civil, norma que fue derogada por el hoy vigente Código General
del Proceso. Según lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 365 del CGP30, la Sala
condenará en costas de la segunda instancia a la parte demandante, pues su
recurso se resuelve desfavorablemente.
55. El pleito de la referencia corresponde a una controversia de reparación directa
con cuantía que implicó que el departamento del Meta tuviera que designar abogado
que ejerciera la defensa judicial de sus intereses en ambas instancias, gestión que
genera agencias en derecho incluso por la sola vigilancia del proceso y aún en el
evento de que se tratara de apoderados vinculados a su planta de personal,
conforme lo ha señalado esta Sala31 y, por tanto, la condena en costas resulta
procedente.
56.
En relación con las agencias en derecho en esta instancia, la Sala las fijará en
el monto equivalente al 1% de las pretensiones negadas, es decir, la suma de
catorce millones quinientos cincuenta y tres mil quinientos dieciocho pesos
29 Aplicable en razón de la fecha de interposición del recurso de apelación -25 de junio de 2025-.
30 ““1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código”.
31 Sobre las labores de vigilancia del proceso como criterio suficiente para fijar agencias en derecho se pueden
consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencias del 19 de febrero de 2021, exp. 64.401, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, 19 de marzo de 2021,
exp. 68.836, C.P. María Adriana Marín; del 17 de junio de 2022, exp. 67.178, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico;
del 21 de noviembre de 2022, exp. 68.941, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y del 3 de febrero de 2023, exp.
69.319, auto de 9 de abril de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 64.150 y auto de 19 de marzo de 2021, C.P:
José Roberto Sáchica Méndez, exp: 65.193. De acuerdo con lo consignado en los numerales 3 y 4 del artículo
366 del CGP, la fijación de agencias en derecho no se afecta en el evento en el que la parte haya litigado,
incluso, a nombre propio -sin apoderado judicial-, pues aún en ese caso tiene derecho a que se fije el monto
de las agencias para retribuir su actuación. Por lo anterior, si la parte que actuó a nombre propio tiene derecho
a que se le fijen agencias en derecho a su favor, a pesar de que no incurrió en el pago de honorarios de un
apoderado judicial que lo representara, igual razonamiento debe hacerse extensivo a los eventos en los que
un sujeto procesal actúa a través de un profesional del derecho que hace parte de su planta de personal, pues
el hecho de que no se hayan realizado pagos adicionales a su salario no enerva la causación de las agencias
en derecho como componente de la condena en costas. Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2023, exp: 68.199.
14
Radicación: 50001-23-33-000-2016-00048-01 (73.350)
Actor: Constructora Inarcas Limitada
Demandado: Departamento del Meta – Asamblea Departamental
Medio de control: Reparación directa
($14.553.518), suma que se reconocerá en favor del departamento del Meta, lo cual
se acompasa con lo dispuesto en el artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003 32, norma
vigente para la fecha en que se presentó la demanda –19 de enero de 2016–.
57.
La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los
términos del artículo 366 del CGP.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 5 de junio de 2025, por el Tribunal Administrativo del Meta. En su lugar
SE NIEGAN las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte actora en esta instancia por el
valor equivalente al 1% de las pretensiones negadas, es decir, la suma de catorce
millones quinientos cincuenta y tres mil quinientos dieciocho pesos ($14.553.518),
suma que se reconocerá en favor del departamento del Meta. Las costas se
liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, incorporarla al expediente digital
y remitir copia al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
32 Vigente para la época de presentación de la demanda -7 de junio de 2016-. Artículo. 6º Tarifas. Fijar las
siguientes tarifas de agencias en derecho:
(…)
III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(…).
3.1.3. Segunda instancia.
(...)
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia”.
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