Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2016-00172-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2016-00172-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-33-000-2016-00172-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 24 de agosto de 2026
Radicación: 50001-23-33-000-2016-00172-01 (74004)
Demandante: INCOTOP SAS
Demandado: Departamento de Meta, Asamblea Departamental
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Temas: Medio de control procedente para obtener la devolución de lo pagado por un
tributo cuyo fundamento es declarado nulo – vigencia temporal de los cambios de
jurisprudencia - reparación directa – Ordenanza departamental – estampilla pro
desarrollo.
Síntesis del caso: la sociedad demandante reclama la responsabilidad del Estado
porque, durante la vigencia de una ordenanza departamental, pagó el tributo
denominado estampilla pro desarrollo y, posteriormente, la disposición de la ordenanza
departamental en la que se fundamentaba el cobro fue declarada nula.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la Sentencia de 12 de junio de 2025, proferida
por la Sala de Decisión Oral Cuatro del Tribunal Administrativo de Meta,
que se inhibió de proferir una decisión de fondo.
La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda
instancia, de acuerdo con el artículo 150 del CPACA1. El Tribunal
Administrativo conoció el proceso en primera instancia por la cuantía
estimada en la demanda, según el numeral 6 del artículo 152 del mismo
Código.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia, 1.4. Recurso de apelación.
1 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.
También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según
lo regulado en el artículo 245 de este código”.
Radicación: 50001-23-33-000-2016-00172-01 (74004)
Demandante: INCOTOP S.A.S.
Demandado: Departamento del Meta, Asamblea Departamental
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la sentencia inhibitoria y se deniegan las pretensiones
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 19 de enero de 2016, Ingeniería Construcciones y Topografía S.A.S,
INCOTOP S.A.S., a través de su representante legal y, actuando mediante
abogado, presentó demanda2, en ejercicio del medio de control de
acción de reparación directa, en contra del Departamento del Meta –
Asamblea Departamental, con el fin de que se accediera a las siguientes
pretensiones (se trascribe):
“1. Declárase la responsabilidad patrimonial del Departamento del Meta –
Asamblea Departamental del Meta, por la falla en el servicio en la que
incurrió al expedir el artículo 241 de la Ordenanza número 466 del 31 de julio
de 2001, modificado por el artículo 6 de la Ordenanza 470 de 18 de octubre
de 2001, mediante el cual se reguló la estampilla prodesarrollo
departamental, declarado nulo por el Tribunal Administrativo del Meta en
sentencia de 17 de septiembre de 2013, dentro del proceso No. 50-001-23-
31-000-2009-00253-00.
2. Que se condene a la demandada a pagar al demandante los perjuicios
materiales en la modalidad de daño emergente ocasionados con el acto
administrativo anulado por el Tribunal Administrativo del Meta.
3. Que se ordene el reajuste de las condenas económicas en los términos del
artículo 187 de la ley 1437 de 2011.
4. Que se reconozca y pague al demandante intereses moratorios sobre los
valores condenados, a partir de la ejecutoria de la sentencia, en los términos
del artículo
192 de la ley 1437 de 2011.
5. Que se condene en costas a la demandada de acuerdo al artículo 188 de
la ley 1437 de 2011”.
2. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos:
3. (1) El Departamento de Meta, a través de su Asamblea
Departamental, expidió la Ordenanza 466 de 31 de julio de 2001, por
medio de la cual se adoptó el Estatuto de Rentas Tributarias del
departamento, en cuyo artículo 241, modificado por el artículo 6 de la
Ordenanza 470 de 18 de octubre de 2001, reguló la estampilla pro
desarrollo departamental.
4. (2) Mediante Auto de 9 de diciembre de 2009, el Tribunal
Administrativo de Meta3 decretó la suspensión provisional de esta
disposición, decisión que fue confirmada en segunda instancia,
mediante el Auto de 15 de julio de 2010, proferido por la Sección 4 del
Consejo de Estado.
2 Expediente digital doc. 001.
3 Expediente 50-001-23-31-000-2009-00253-00.
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00172-01 (74004)
Demandante: INCOTOP S.A.S.
Demandado: Departamento del Meta, Asamblea Departamental
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la sentencia inhibitoria y se deniegan las pretensiones
5. (3) El 14 de septiembre de 2011, la Asamblea Departamental expidió
la Ordenanza 767 en la que, entre otras cosas, modificó el artículo 241 de
la Ordenanza 466 de 2001 y fijó la tarifa de la estampilla pro desarrollo en
2,2%.
6. (4) Mediante Sentencia de 17 de septiembre de 2013 el Tribunal
Administrativo del Meta declaró la nulidad del artículo 241 de la
Ordenanza 46 de 2001, modificado por el artículo 6 de la Ordenanza 470
de 2001. Esta decisión quedó ejecutoriada el 21 de octubre de 2013.
7. (5) Durante la vigencia de la disposición anulada la demandante,
INCOTOP S.A.S. celebró varios contratos de obra con el Departamento
de Meta, con los municipios de ese departamento y con las entidades
descentralizadas de dichas entidades territoriales.
8. (6) En cada uno de dichos contratos, en las actas parciales y de
liquidación INCOTOP pagó la estampilla pro desarrollo por un monto
equivalente al 2,2% del valor de los contratos celebrados, lo que
constituyó un daño emergente para la demandante.
9. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante alegó
que, de acuerdo con la jurisprudencia administrativa, el cobro de un
tributo fundamentado en un acto administrativo que, posteriormente es
declarado nulo, constituye una falla del servicio.
1.2. Posición de la parte demandada
10. El Departamento de Meta- Asamblea Departamental4 contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones. Adujo que el cobro de la
estampilla pro desarrollo fue reglamentada por ordenanzas
departamentales, pero dicha estampilla había sido creada por el artículo
32 de la Ley 3 de 1986, por lo que contó con legalidad hasta el 21 de
octubre de 2013, cuando se declaró la nulidad de la disposición prevista
en la ordenanza departamental. Arguyó, igualmente, que la demanda
incurrió en exceso en la tasación de las pretensiones, por lo que solicitó
que la condena en costas se base en el 10% de la diferencia del 50% del
excedente de las pretensiones.
1.3. Sentencia de primera instancia
11. El 12 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Meta, Sala de
Decisión Oral Cuatro profirió Sentencia de primera instancia en la que se
inhibió de proferir una decisión de fondo5. El Tribunal consideró que la
4 Índice SAMAI 14 del Tribunal.
5 Índice SAMAI 108 del Tribunal.
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00172-01 (74004)
Demandante: INCOTOP S.A.S.
Demandado: Departamento del Meta, Asamblea Departamental
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la sentencia inhibitoria y se deniegan las pretensiones
acción de reparación directa no era el medio de control procedente en
el presente caso, en aplicación de la Sentencia de Unificación de 8 de
mayo de 2024, proferida por la Sala Séptima Especial de Decisión de la
Sala Plena del Consejo de Estado. Explicó que, de acuerdo con esta
sentencia, el medio de control procedente para pedir la devolución de
pagos por concepto de tributos fundamentados en actos administrativos
declarados nulos y para la reparación de los perjuicios era la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, previa solicitud administrativa de
devolución. Explicó que dicho procedimiento de reclamación previa es
el previsto para la devolución del pago de lo no debido o de lo pagado
en exceso. Indicó que, aunque la demanda no pretendió la devolución
de lo pagado por concepto de este tributo, sino la reparación del daño
emergente, la regla de unificación comprendía, igualmente, la
reparación de los perjuicios derivados del pago de los tributos cuyo
fundamento es anulado.
12. Se abstuvo de condenar en costas, considerando que la sentencia
inhibitoria “obedece a un cambio jurisprudencial reciente sobre la
materia”.
1.4. Recurso de apelación
13. La parte demandante presentó recurso de apelación6. Argumentó
que los cambios jurisprudenciales debían aplicarse hacia el futuro
cuando anteriormente existiera un criterio consolidado, de acuerdo con
una sentencia del Consejo de Estado, que citó en apoyo de su recurso7.
14. Explicó que la demanda se presentó el 19 de enero de 2016 y en
apoyo de la procedencia de la acción de reparación directa se citó la
sentencia de 16 de agosto de 2007, de la Sección 3 del Consejo de
Estado (exp. 23245) y la sentencia de 26 de marzo de 2014 (28741), de la
misma sección. Por ello, consideró que la aplicación retrospectiva de la
nueva regla violó sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, la confianza legítima y la seguridad jurídica.
15. Insistió, también, en que en el presente asunto se encontraban
reunidos los elementos para declarar la responsabilidad del Estado.
16. El Ministerio Público no rindió concepto ni las partes alegaron de
conclusión.
6 Índice SAMAI 112 del Tribunal.
7 Consejo de Estado, Secc. 3, Sub. C, Sentencia de 24 de abril de 2024, exp. 53937.
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00172-01 (74004)
Demandante: INCOTOP S.A.S.
Demandado: Departamento del Meta, Asamblea Departamental
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la sentencia inhibitoria y se deniegan las pretensiones
2. CONSIDERACIONES
2.1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión; 2.2. El medio de control
procedente para la fecha de presentación de la demanda y la vigencia en el tiempo
de la sentencia de unificación; 2.3. Análisis sustantivo; 2.4. Condena en costas.
2.1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión
17. INCOTOP S.A.S. presentó demanda de reparación directa con el
objeto de que se le reparara el daño emergente consistente en el pago
de la estampilla pro desarrollo departamental, creada mediante una
disposición de una ordenanza departamental que, posteriormente, fue
declarada nula por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
18. La sentencia de primera instancia se inhibió porque, de acuerdo con
la Sentencia de Unificación de 8 de mayo de 2024, el medio de control
procedente no era la acción de reparación directa, sino la de nulidad y
restablecimiento del derecho. La parte demandante apeló la sentencia
porque, consideró que el cambio jurisprudencial no le era aplicable ya
que, cuando presentó la demanda, la jurisprudencia aceptaba la
procedencia de la acción de reparación directa y aplicarle la nueva
posición jurisprudencial significaría desconocer sus derechos
fundamentales. Adicionalmente, insistió en que, respecto del fondo, se
encontraban reunidos los elementos para declarar la responsabilidad
patrimonial del Departamento de Meta.
19. Lo anterior significa que, en el presente asunto, se presentan dos
problemas jurídicos por resolver: uno relativo a los presupuestos
procesales para fallar de fondo y, en caso de encontrarse reunidos, otro
relativo a la responsabilidad patrimonial de la entidad pública
demandada.
20. Por lo tanto, se analizará, en primer lugar, lo relativo a la acción
procedente en este asunto, a partir de la siguiente regla de decisión: si la
demanda fue presentada en un momento en el que, de acuerdo con la
jurisprudencia el mecanismo utilizado era adecuado, no es posible
aplicar retrospectivamente el cambio jurisprudencial respecto del medio
de control procedente, sin afectar el principio constitucional de
seguridad jurídica, defraudar la confianza legítima y vulnerar
sensiblemente el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia. En aplicación de esta regla de decisión, se concluirá que la
acción de reparación directa sí era el medio de control procedente al
momento de la presentación de la demanda, por lo que no era posible
inhibirse de fallar de fondo la demanda presentada.
5
Radicación: 50001-23-33-000-2016-00172-01 (74004)
Demandante: INCOTOP S.A.S.
Demandado: Departamento del Meta, Asamblea Departamental
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la sentencia inhibitoria y se deniegan las pretensiones
21. A continuación, se realizará el análisis sustantivo en aplicación de la
siguiente regla de decisión: si al momento en que se declaró la nulidad
del acto administrativo fuente de la obligación tributaria existía aún la
posibilidad temporal de obtener la devolución de lo pagado por la vía
administrativa, el daño alegado en el proceso de reparación directa no
es cierto y, por lo tanto, se deben denegar las pretensiones de la
demanda. Respecto de los pagos frente a los cuales ya no era posible
realizar dicha reclamación administrativa, el daño es cierto, pero se trata
de situaciones jurídicas consolidadas, respecto de las cuales, en virtud del
principio de seguridad jurídica, la sentencia de nulidad no produce
efectos y, por lo tanto, el daño alegado no es resarcible. En aplicación
de estas reglas, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se denegarán las pretensiones.
2.2. El medio de control procedente para la fecha de presentación de la
demanda y la vigencia de la sentencia de unificación en el tiempo
22. La presente demanda fue presentada en enero de 2016, fecha en la
que, de acuerdo con la jurisprudencia, la acción de reparación directa
era el medio de control procedente para pretender la reparación de los
perjuicios derivados del pago de un tribuyo cuya fuente normativa (ley o
acto administrativo) es posteriormente declarada nula o inexequible.
23. La Sentencia de Unificación de 8 de mayo de 2024, proferida por la
Sala Séptima Especial de Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado8 encontró que, aunque había
pronunciamientos jurisprudenciales anteriores, que habían destacado la
importancia de la realización de la reclamación administrativa para la
devolución del pago de lo no debido, que conduciría a la adopción de
un acto administrativo cuestionable en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, la jurisprudencia anterior no había
excluido la procedencia de la acción de reparación directa en estos
casos.
24. En efecto, antes de la sentencia de unificación de 2024, se
encuentran pronunciamientos de fondo en casos análogos, que fueron
tramitados por el cauce de la reparación directa e, incluso, mediante
procesos de acción de grupo y decididos de fondo. En este sentido, la
Sentencia de 16 de septiembre de 2007, proferida por la Sección Tercera
de esta corporación concluyó que “La declaración de nulidad del acto
administrativo que sustentaba el impuesto de telefonía urbana configura una falla del
servicio de la cual se deriva el daño antijurídico, cuya indemnización se solicita en la
demanda” y, por ello, declaró la responsabilidad extracontractual del ente
8Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de
Decisión, Sentencia de 8 de mayo de 2024, exp. 08001-23-31-000-2010-00291-01 AG.
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00172-01 (74004)
Demandante: INCOTOP S.A.S.
Demandado: Departamento del Meta, Asamblea Departamental
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la sentencia inhibitoria y se deniegan las pretensiones
territorial y lo condenó a devolver lo pagado por dicho impuesto,
debidamente actualizado y con los rendimientos que habría generado
el dinero9.
25. En este mismo sentido, resultan relevantes las decisiones que se
profirieron por la Sección Tercera del Consejo de Estado en 2018, con
ocasión de la inexequibilidad del artículo 56 de la Ley 633 de 2000 que
creó la Tasa Especial de Servicios Aduaneros TESA10. En este contexto, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de este tribunal profirió la
Sentencia de 21 de marzo de 201811 en la que se diferenció el objeto del
procedimiento administrativo previsto en los artículos 850 a 865 del
Estatuto Tributario o en el artículo 513 del Estatuto Aduanero – Decreto
2685 de 1999, para la devolución del pago de lo no debido o de lo
pagado en exceso, de la responsabilidad del Estado por haber percibido
unos tributos, cuya fuente es posteriormente invalidada. Allí se reiteró lo
concluido en una sentencia de 13 de marzo de 2018, según la cual:
“el objeto del mecanismo consagrado por el Estatuto Tributario para la devolución
de tributos se circunscribe al análisis sobre si los mismos eran debidos o no o si fueron
pagados en exceso o no, asunto que, aunque puede tener puntos de encuentro
con el objeto litigioso planteado en la acción de reparación directa, no coincide
plenamente con él, en tanto que, (…) esta última concierne un juicio de
responsabilidad en el que debe analizarse además de la existencia de un daño
antijurídico, su imputabilidad a la entidad demandada, de allí que no puede
afirmarse que lo pretendido por la sociedad actora en la presente demanda de
reparación directa, a saber, la declaratoria de responsabilidad de la Nación-
Congreso de la República por la supuesta causación del daño antijurídico
consistente en el pago de la TESA, hubiera podido ser analizada, en los mismos
términos, en el procedimiento administrativo establecido para obtener que la DIAN
devolviera lo cancelado por ese concepto o en la eventual acción de nulidad y
restablecimiento del derecho al que el agotamiento de aquél habría dado
lugar”12.
26. Por ello, aunque en el caso que se estudiaba, la sociedad
demandante había acudido al procedimiento administrativo y se habían
proferido actos administrativos, la sentencia de la Sala Plena de 21 de
marzo de 2018 concluyó que: “la sociedad actora estaba perfectamente
legitimada para hacer valer dicha pretensión a través de la acción de reparación
directa, medio de control que, como su nombre lo indica, puede incoarse sin necesidad
de provocar el pronunciamiento previo de la administración”13.
9 Consejo de Estado, Secc. 3, Sentencia de 16 de septiembre de 2007, exp. 66001-23-31-000-2004-
00832-01 (AG-00832).
10 Corte Constitucional, Sentencia C-992/01.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 21 de marzo de
2018, exp. 25000-23-26-000-2003-00206-01 (29352).
12 Consejo de Estado, Secc. 3, Sentencia de 13 de marzo de 2018, exp. 28769 -
250002326000200300208-01.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 21 de marzo de
2018, exp. 25000-23-26-000-2003-00206-01 (29352).
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00172-01 (74004)
Demandante: INCOTOP S.A.S.
Demandado: Departamento del Meta, Asamblea Departamental
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la sentencia inhibitoria y se deniegan las pretensiones
27. Pese a la anterior sentencia de unificación, es posible encontrar
decisiones de la Sección Tercera de esta corporación en donde, tras
encontrar probado que se había acudido al trámite administrativo para
obtener la devolución del pago de lo no debido por las contribuciones
especiales impuestas por el artículo 1 del Decreto 2996 de 2004,
declarado parcialmente nulo, se inhibió de fallar de fondo porque se
concluyó que, al existir actos administrativos de por medio, la acción de
reparación directa no era el medio de control adecuado14.
28. Por otra parte, aunque la Sentencia de Unificación de 4 de diciembre
de 2018, proferida por la Sala Cuarta Especial de Decisión de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo15, sostuvo que acudir al
procedimiento administrativo para la solicitud de la devolución de lo
pagado no era una opción y que, por lo tanto, el mecanismo judicial
para controvertir tal decisión era la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, al mismo tiempo no excluyó la procedencia de la acción
de reparación directa, como un asunto que “debe analizarse cuidadosamente
según las circunstancias de cada caso”, para determinar la procedencia de la
acción de reparación directa o de la acción de grupo16. Por ello, pese a
que el demandante no acudió al procedimiento administrativo para
solicitar la devolución de lo pagado por concepto de contribuciones
parafiscales, examinó de fondo las pretensiones de responsabilidad
extracontractual del Estado y las denegó porque no demostraron haber
padecido un daño antijurídico. La decisión reprochó que se hubiera
demandado la responsabilidad de los recaudadores del tributo – SENA e
ICBF-, quienes no habían actuado de manera reprochable, al cumplir un
acto administrativo que gozaba de presunción de legalidad, y no al autor
del acto administrativo, que constituía su fuente – Ministerio de Protección
Social- y que fue anulado, razón por la que denegó las pretensiones.
Asimismo, expuso que las recaudadoras cumplieron adecuadamente las
funciones que se financiarían con el tributo recaudado. También
argumentó que la anulación del acto administrativo fuente del tributo no
podría generar una responsabilidad automática “pues se ingresaría a la
antigua y proscrita figura objetiva de la "presunción de responsabilidad" y a la ilegalidad
como expresión concluyente de responsabilidad ”. Igualmente expuso que, al no
14 Consejo de Estado, Secc. 3, Sub. A, Sentencia de 19 de julio de 2018, 25000232600020080025301
(39298). Allí se reiteró la posición de la misma Subsección expresada en la Sentencia de 26 de abril
de 2017, exp. 25000232600020080025901 (41.211).
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de
Decisión, Sentencia de 4 de diciembre de 2018, exp. 66001-33-31-002-2007-00107-01(AG)REV-SU.
16 La regla de unificación adoptada fue la siguiente: “ (iii) la vía indemnizatoria directa cuando se
está frente a la nulidad del acto general, debe analizarse cuidadosamente según las
circunstancias de cada caso, pues la acción de grupo no puede constituir mecanismo judicial
adecuado, si el interesado legalmente tenía la carga de agotar un trámite previo ante la entidad
o de generar una decisión administrativa particular, aunado a la demostrativa de haber
padecido un daño, pero no cualquiera, sino aquel de alcance y estirpe antijurídico”.
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00172-01 (74004)
Demandante: INCOTOP S.A.S.
Demandado: Departamento del Meta, Asamblea Departamental
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la sentencia inhibitoria y se deniegan las pretensiones
haber acudido al procedimiento administrativo previo era una
“circunstancia que impedía tener certeza sobre la consolidación del daño”.
29. Una situación equivalente se encuentra en la Sentencia de
Unificación de 1 de octubre de 2019, proferida por la Sala Especial de
Decisión Diecinueve17 donde, de nuevo, se sostuvo que los
contribuyentes tenían la carga de realizar la solicitud administrativa de
devolución18 y, posteriormente, cuestionar la validez de la respuesta,
mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pero
también se admitió la procedencia de la reparación directa y de la
acción de grupo, si se demuestra haber padecido un daño antijurídico o
si se trata de la acción de grupo en su modalidad de nulidad y
restablecimiento del derecho19. A pesar de que, en el caso concreto no
se había acudido a la reclamación administrativa, falló de fondo el
asunto bajo examen, bajo la lógica de la responsabilidad por hechos
administrativos y denegó las pretensiones porque la parte demandante,
a más de no haber acudido al trámite administrativo, no “demostró que el
daño era cierto, real y serio, y que alcanzara la naturaleza de antijurídico con su
correspondiente nexo causal”.
30. Del recuento anterior se concluye que, antes de la Sentencia de
Unificación de 202420, en la que se fundó la primera instancia del presente
caso, para inhibirse de fallar de fondo, no se excluía de manera clara la
procedencia de la acción de reparación directa y de la acción de grupo
en este tipo de asuntos y fue tan solo la decisión de 2024 la que, de
manera explícita concluyó que la reparación directa y la acción de
grupo eran absolutamente improcedentes en este tipo de casos. Por ello,
sostuvo que: “no comparte la consideración adoptada en dicha sentencia y en la
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de
Decisión, Sentencia de 1 de octubre de 2019, exp. 66001-23-33-003-2012-00007-01(AG)REV.
18 “En los casos que se quiera acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo por
considerar que se ha producido un daño antijurídico por el pago de lo no debido o pagado en
exceso de tributos, se hace necesario que el interesado haya agotado los procedimientos previos
establecidos en el artículo 850 del Estatuto Tributario, el Decreto 1000 de 1997 y su decreto
derogatorio 2277 de 2012 y demás normas concordantes, aplicables por las Administración
Tributaria Territorial en virtud de lo dispuesto por la Ley 788 de 2002. Por lo cual, el medio de control
adecuado es el de nulidad y restablecimiento del derecho y no la acción de grupo”.
19 “SEGUNDO.- Se reitera la posición jurisprudencial sobre la devolución de tributos indebidamente
pagados y su vía indemnizatoria en los siguientes términos: En los casos que se quiera acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo por considerar que se ha producido un daño
antijurídico por el pago de lo no debido o pagado en exceso de tributos, se hace necesario que
el interesado haya agotado los procedimientos previos establecidos en el artículo 850 del Estatuto
Tributario, el Decreto 1000 de 1997 y su decreto derogatorio 2277 de 2012 y demás normas
concordantes, aplicables por las Administración Tributaria Territorial en virtud de lo dispuesto por
la Ley 788 de 2002. Por lo cual, el medio de control adecuado es el de nulidad y restablecimiento
del derecho y no la acción de grupo, salvo que se cumpla lo establecido en el inciso 2.º del
artículo 145 de la Ley 1437 de 2011, en cuyo caso además del daño deberá probarse la
antijuridicidad del mismo, el nexo causal y los perjuicios efectivamente causados”.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de
Decisión, Sentencia de 8 de mayo de 2024, exp. 08001-23-31-000-2010-00291-01 AG.
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00172-01 (74004)
Demandante: INCOTOP S.A.S.
Demandado: Departamento del Meta, Asamblea Departamental
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la sentencia inhibitoria y se deniegan las pretensiones
del 4 de diciembre de 2018 proferida por la Sala Especial Cuarta de Decisión respecto
de la procedencia excepcional de la acción de grupo sujeta a la demostración de la
existencia de un <<daño antijurídico>>, la cual se vincula a la consideración de que el
pago de un tributo se transforma en daño antijurídico cuando la jurisdicción anula el
acto administrativo que lo decreta.”. Por eso, luego de relatar la importancia
del “privilegio” de la decisión previa y de explicar “la naturaleza especial de las
acciones judiciales que implica que para cada contencioso se prevé una acción ”,
excluyó la procedencia, tanto de la acción de grupo, como de la
reparación directa, para obtener la reparación de los perjuicios
derivados del pago de tributos cuya fuente es posteriormente invalidada.
Así, concluyó que: “13.- Esta Sala considera, por el contrario, que la única acción
procedente para reclamar perjuicios derivados del pago de un tributo cuando el acto
administrativo que lo decreta ha sido declarado nulo, es la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, por lo cual no es procedente, en ningún caso, acudir a
la acción de grupo para formularla” (negrillas agregadas).
31. Aunque la sentencia fue proferida con el objeto de unificar
jurisprudencia en desarrollo del mecanismo de la revisión eventual de
acciones de grupo, la sentencia también excluyó la procedencia de la
reparación directa porque “Si en la regla de unificación se incluye la posibilidad
de considerar que esta reclamación es procedente mediante la acción de reparación
directa siempre que se acredite la existencia de un daño antijurídico ” se estaría
desconociendo la necesidad de acudir, en todos los casos, al trámite
administrativo que esta sentencia de unificación consideró como una
carga absoluta y que determina el medio de control procedente.
32. Ahora, aunque la sentencia de unificación de 2024 no determinó de
manera expresa sus efectos temporales, sí fue consciente del rol de la
unificación para la adopción de sentencias posteriores y, por ello, afirmó
que: “20.- La formulación de una regla jurisprudencial impone la aplicación del
principio de universalidad en el sentido de que, cuando se enuncia, se contrae el
compromiso de decidir los casos futuros de la misma manera” (negrillas
agregadas). Nótese que la sentencia utilizó la expresión “casos futuros”, lo
que debe entenderse como aquellos que se presenten ante la justicia
con posterioridad a la adopción de esta nueva regla, que moduló la
manera de cómo debe darse el acceso al juez en este tipo de
contenciosos.
33. De entender, como lo hizo la primera instancia, que aunque al
momento de presentar la demanda el accionante acudió a los cauces
procesales que, de acuerdo con la jurisprudencia de esa época, eran los
correctos, podía cuestionarse la aptitud de su demanda, debido a un
cambio jurisprudencial, no solamente se estaría validando una decisión
materialmente injusta, sino, además, carente de lógica, al pretender que,
en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia, el accionante deba cumplir una imposible carga de previsión
y sagacidad, destinada a poder prever cuáles serán las condiciones de
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00172-01 (74004)
Demandante: INCOTOP S.A.S.
Demandado: Departamento del Meta, Asamblea Departamental
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la sentencia inhibitoria y se deniegan las pretensiones
aptitud de su demanda, de acuerdo con la jurisprudencia, el día en que
se adoptará la sentencia.
34. Así, la aplicación retrospectiva del cambio de jurisprudencia acerca
del medio de control procedente, es decir, respecto de procesos ya en
curso, constituye un manifiesto atentado al principio constitucional de
seguridad jurídica, al tiempo que una verdadera e injusta denegación de
justicia, resultante de un complejo y, en algunos casos, confuso sistema
de medios jurisdiccionales de control de la actividad administrativa.
35. La aplicación prospectiva de los cambios jurisprudenciales sobre el
mecanismo judicial adecuado para tramitar las pretensiones no es una
novedad en la jurisprudencia administrativa. Al respecto, resulta
relevante la decisión adoptada por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo el 27 de marzo de 200721, la que, luego de unificar la
jurisprudencia en el sentido de que el medio de control adecuado para
controvertir el reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago
oportuno de las cesantías definitivas es la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y descartar, así, la procedencia de la
acción de reparación directa y de la acción ejecutiva, aclaró:
“Como fue reseñado, en ocasiones anteriores se ha acudido ante esta jurisdicción,
mediante la acción de reparación directa, con el fin de obtener el pago de la
indemnización moratoria ante la falta de pago oportuno de las cesantías definitivas,
prevista en la Ley 244 de 1995, instrumento que ahora se considera improcedente.
Sin embargo, por razones de seguridad jurídica y por respeto al derecho de acceso
a la administración de justicia, los procesos emprendidos a través de la acción de
reparación directa, que no requiere agotamiento de la vía gubernativa, deben
continuar con el trámite iniciado hasta su culminación, conforme a las tesis
jurisprudenciales correspondientes. Por lo tanto la presente sentencia ha de ser
criterio jurisprudencial a partir de su ejecutoria.”.
36. De esta manera, esta Sala considera que erró el tribunal de primera
instancia al haber proferido una sentencia inhibitoria, con fundamento
en una sentencia de unificación que no podía aplicarse a demandas
que, al momento de presentarse, cumplían los requisitos para ser
consideradas aptas, de acuerdo con la jurisprudencia de ese momento.
37. Por lo anterior, se concluye que, en este caso, la acción de
reparación directa sí era el medio de control procedente para tramitar
las pretensiones de la demanda.
38. Adicionalmente, la demanda fue presentada de manera oportuna,
teniendo en cuenta que, aunque el daño ocurrió con el pago de la
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 27 de marzo de
2007, exp. 76001-23-31-000-2000-02513-01 (IJ).
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00172-01 (74004)
Demandante: INCOTOP S.A.S.
Demandado: Departamento del Meta, Asamblea Departamental
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la sentencia inhibitoria y se deniegan las pretensiones
estampilla pro desarrollo, entre los años 2011 a 2013, el fundamento de la
demanda, consistente en la antijuridicidad del daño, solamente se
materializó posteriormente, con la sentencia que declaró la nulidad de la
ordenanza que servía de fundamento al tributo recaudado. Así, debe
tenerse en cuenta que, mediante Sentencia de 17 de septiembre de
2013, el Tribunal Administrativo del Meta declaró la nulidad del artículo
241 de la Ordenanza 466 de 2001, modificado por el artículo 6 de la
Ordenanza 470 de 2001. Esta decisión se notificó por edicto el 2 de
octubre de 2013 y se desfijó el 4 de octubre de 2013. La sentencia quedó
ejecutoriada el 21 de octubre de 201322, por lo que el término inicial corría
entre el 22 de octubre de 2013 y el 22 de octubre de 2015. La solicitud de
conciliación se presentó faltando un día para que ocurriera la caducidad
de la acción, es decir, el 21 de octubre de 201523, por lo que suspendió el
término. La audiencia se celebró el 19 de enero de 2016; ese día se
certificó el cumplimiento del requisito de procedibilidad por ausencia de
ánimo conciliatorio24 y ese mismo día se presentó la demanda, por lo que
fue oportuna.
2.3. Análisis sustantivo
39. Dejando de lado la discusión acerca del carácter obligatorio o no del
trámite administrativo previsto para la devolución del pago de lo no
debido, de lo pagado en exceso o de los saldos a favor, la existencia de
este procedimiento no es irrelevante al momento de examinar la
prosperidad de las pretensiones en un proceso como este, de reparación
directa, teniendo en cuenta que, de encontrarse que, al momento de
anular la fuente normativa del tributo, se encontraba temporalmente
abierta esta vía para la obtención de la devolución de lo pagado por
concepto del tributo, el daño alegado carecería de certeza, tal como lo
consideraron decisiones anteriores de esta corporación25. Por el contrario,
si para la fecha de la sentencia de nulidad ya no era posible acudir al
trámite administrativo, el daño sería cierto y sería necesario examinar su
22 Folio 23 del documento 001, expediente digital.
23 Folio 253 c. 2 expediente digital documento 002.
24 Folio 254 c. 2 exp. Digital doc. 002.
25 “16.5. Ahora bien, lo dicho hasta aquí no es óbice para que en el análisis de la responsabilidad
del Estado por el hecho del legislador, el juez de la reparación directa tenga en cuenta la
existencia de este mecanismo administrativo, pues bien podría ocurrir que en un caso en
particular se encuentre que su ejercicio permitía revertir efectivamente el daño cuya reparación
se pretende, hipótesis en la cual, estando abierta la posibilidad de acudir con éxito a dicha vía,
el daño invocado no podría tenerse por cierto, o teniéndosele por tal, el mismo sería imputable
no al hecho del legislador sino al de la misma víctima quien, a falta de haberlo agotado,
determinó la perennidad de aquél”: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sentencia de 13 de marzo de 2018, exp. 25000232600020030020801 (28769). Este
criterio también se aplicó en Consejo de Estado, Secc. 3, Sentencia de 27 de abril de 2017, exp.
28486 y en Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve
Especial de Decisión, Sentencia de 1 de octubre de 2019, exp. 66001-23-33-003-2012-00007-
01(AG)REV.
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00172-01 (74004)
Demandante: INCOTOP S.A.S.
Demandado: Departamento del Meta, Asamblea Departamental
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la sentencia inhibitoria y se deniegan las pretensiones
antijuridicidad, en consideración de los efectos temporales de la
sentencia de nulidad y de si se trataba o no de situaciones jurídicas
previamente consolidadas.
40. Al respecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que, a pesar
de tratarse de un tributo de las entidades territoriales, el procedimiento
previsto a partir del artículo 850 del Estatuto Tributario es aplicable al
presente asunto, teniendo en cuenta que el artículo 59 de la Ley 788 de
2002 hizo aplicable esta norma nacional a las administraciones tributarias
del orden territorial. En segundo lugar, el plazo para solicitar
administrativamente la devolución del pago de lo no debido es de 5
años, por tratarse del término de prescripción de la acción ejecutiva,
previsto en el artículo 2356 del Código Civil26. En tercer lugar, se requiere
determinar el momento a partir del cual inicia el conteo de dicho término
(dies a quo). Al respecto, en la jurisprudencia de la Sección 4 del Consejo
de Estado se encuentran posiciones que consideran que el pago efectivo
es el momento a partir del cual se configura la obligación de devolución
de lo pagado en exceso, saldos a favor y del pago de lo no debido 27.
26 Aunque ha habido algunas normas que, de manera expresa, han precisado que el término
para solicitar la devolución del pago en exceso o del pago de lo no debido es el previsto en el
artículo 2356 de prescripción para la acción ejecutiva, en realidad, más allá de las normas, se
trata de la posición constante de la sección cuarta del Consejo de Estado. Así, el Decreto 1000
de 1997 establecía que para dichos eventos el término de la prescripción de la acción ejecutiva
consagrada en el artículo 2536 del Código Civil. Por su parte, el artículo 21 del mismo decreto
disponía: "Término para solicitar y efectuar la devolución de pagos de lo no debido. Habrá lugar
a la devolución o compensación de los pagos efectuados a favor de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento, para lo
cual deberá presentarse solicitud ante la Administración de Impuestos y Aduanas donde se
efectuó el pago, dentro del término establecido en el artículo 11 del presente Decreto. La
Administración para resolver la solicitud contará con el término establecido en el mismo artículo."
Estas normas se encuentran actualmente reproducidas en el Decreto 2277 de 6 de noviembre de
2012, “por el cual se reglamenta parcialmente el procedimiento de gestión de las devoluciones y
compensaciones y se dictan otras disposiciones”
27 “El término de prescripción se contabiliza desde la presentación de la declaración y respectiva
realización del pago, pues es desde ese momento que se puede hablar de la existencia de un
pago de lo no debido, y en consecuencia que se configura la obligación para la administración,
de reintegrar esos recursos. Esa interpretación obedece al fundamento mismo de la figura del
pago de lo no debido: el enriquecimiento sin justa causa, que obliga a la administración a
devolver los recursos recibidos por una obligación inexistente, sin causa u origen legal. De manera
que, solo hasta que en efecto la administración tributaria recibe el pago, puede afirmarse que
esta aumentó su patrimonio sin que existiera una causa para ello, y que por lo tanto, tiene el deber
de hacer la respectiva restitución”: Consejo de Estado, Secc. 4, Auto de13 de julio de 2017, Exp.
25000-23-37-000-2015-00463-01 (22821). “De acuerdo con el criterio expuesto, el término de 5 años
para presentar la solicitud debe computarse desde la fecha de pago efectivo del tributo hasta la
fecha de presentación de la solicitud, debido a que desde dicha fecha fue que se generó el
pago de lo no debido”: Consejo de Estado, Secc. 4, Sentencia de 2 de noviembre de 2023, exp.
25000-23-37-000-2019-00038-01 (27212). “aun en este caso sería aplicable el criterio de decisión
judicial establecido por la Sección, según el cual el plazo para presentar la solicitud de devolución
de pagos en exceso o de lo no debido se contabiliza a partir de la realización del pago”: Consejo
de Estado, Secc. 4, Sentencia de 3 de octubre de 2024, exp. 05001-23-33-000-2019-00202-01
(28728). “Teniendo en cuenta que la mayoría de la Sala, en otros procesos adelantados entre las
mismas partes con igualdad fáctica y jurídica a la planteada en este litigio, concluyó que el plazo
de cinco años para presentar la solicitud de devolución y/o compensación de pagos en exceso
13
Radicación: 50001-23-33-000-2016-00172-01 (74004)
Demandante: INCOTOP S.A.S.
Demandado: Departamento del Meta, Asamblea Departamental
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la sentencia inhibitoria y se deniegan las pretensiones
También, existen posiciones jurisprudenciales que cuentan dicho término
a partir del momento en el que se anuló la norma fuente del tributo28. Sin
embargo, se trata de posiciones minoritarias.
41. Este último asunto es el que determina si el daño alegado para la
reparación directa es o no cierto: así, si al momento de anularse la fuente
normativa del tributo, se encontraba aún abierta la posibilidad de solicitar
la devolución, el daño carecería de certeza, razón suficiente para
denegar las pretensiones. Por el contrario, si al momento de la anulación,
ya no era posible acudir al trámite administrativo, el daño sería cierto y se
impondría continuar con el análisis de los otros elementos que configuran
la responsabilidad del Estado.
42. En el caso bajo estudio, se pretende la reparación del daño
emergente consistente en pagos por concepto de la estampilla pro
desarrollo, realizados durante la vigencia del artículo 241 de la
Ordenanza 46 de 2001, modificada por la Ordenanza 767 de 14 de
septiembre de 2011, entre esa fecha y la ejecutoria de la Sentencia de
17 de septiembre de 2013, que anuló dicha disposición29. Es decir que, al
momento de anularse la fuente del tributo, no todos los pagos realizados
por la demandante, de acuerdo con el anexo 1 de la demanda30, se
encontraban aún dentro del plazo de los cinco años para realizar la
reclamación.
43. En efecto, de los 2731 contratos respecto de los cuales se alegó que
se pagó la estampilla pro desarrollo, tan solo respecto de cuatro se
encontraba, al momento de la ejecutoria de la sentencia de nulidad,
o de lo no debido se cuenta desde la realización del pago, se reiterará, en lo pertinente, el criterio
de decisión judicial adoptado en dichas providencias en cuanto constituyen precedente
jurisprudencial”: Consejo de Estado, Secc. 4, Sentencia de 20 de marzo de 2025, exp. 05001-23-33-
000-2020-00108-01 (28698).
28 La sentencia de nulidad del acto determinación oficial del tributo determina el inicio del término
para pedir la devolución del pago indebido: Consejo de Estado, Secc. 4, Sentencia de 7 de
diciembre de 2023, exp. 08001-23-33-000-2014-00586-01 (22685).. La magistrada Myriam Stella
Gutiérrez Argûello salvó el voto frente a la sentencia de Consejo de Estado, Secc. 4, Sentencia de
20 de marzo de 2025, exp. 05001-23-33-000-2020-00108-01 (28698), al considerar que “es a partir de
la ejecutoria de la providencia que dispuso que el contribuyente gozaba del régimen de
estabilidad que inicia el término de prescripción para determinar la oportunidad de la solicitud de
devolución. Por esto, en este asunto no había lugar a establecer dicho término a partir del pago
del tributo”.
29 Tribunal Administrativo del Meta, Sentencia de 17 de septiembre de 2013, exp. 50-001 -23-31 -
000-2009-00253-00. El artículo 241 de la Ordenanza 466 de 2001 fue anulado porque, al determinar
que la tarifa de la estampilla pro desarrollo sería del 2,2%, excedió el marco legal determinando
por el artículo 170 del Decreto Ley 1222 de 1986, Código de Régimen Departamental, que creó la
estampilla pro desarrollo, con una tarifa de 2%. De acuerdo con el certificado del Tribunal
Administrativo del Meta, visible en el folio 19 de los anexos de la demanda, la sentencia cobró
ejecutoria el 21 de octubre de 2013.
30 Folios 16 y siguientes.
31 La tabla que los relaciona indica 28. Sin embargo, la lista no es continua ya que del número 9
se pasa al 11.
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00172-01 (74004)
Demandante: INCOTOP S.A.S.
Demandado: Departamento del Meta, Asamblea Departamental
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la sentencia inhibitoria y se deniegan las pretensiones
disponible la reclamación administrativa32 y no existe prueba de haberlo
realizado, razón por la que, el daño alegado carece de certeza. Así, al
ser el daño el primer elemento de la responsabilidad y no haberse
demostrado un daño cierto, respecto de estos pagos se revocará la
sentencia inhibitoria de primera instancia y, en su lugar, se denegarán las
pretensiones de la demanda.
44. Esta decisión coincide con el precedente de esta misma Sección
(precedente horizontal) en la que, por el cobro de la misma estampilla,
(prevista en el artículo 241 de la Ordenanza 46 de 2001, modificada por
la Ordenanza 767 de 2011), la Subsección A de la Sección 3, revocó,
igualmente, la decisión inhibitoria de primera instancia, que había
aplicado la sentencia de unificación de 2024 y, en su lugar, se denegaron
las pretensiones de la demanda33.
45. Respecto de los 23 contratos restantes, el pago de la estampilla pro
desarrollo se realizó más de cinco años antes del 21 de octubre de 2013,
fecha en la que quedó ejecutoriada la sentencia que declaró la nulidad
de la fuente del tributo. Esto significa que, frente a estos pagos, el daño
es cierto, porque temporalmente ya no era posible realizar la
reclamación administrativa para obtener la devolución. Sin embargo,
esto no significa que el daño sea resarcible, teniendo en cuenta que ello
desconocería que, al encontrarse cerradas las vías administrativas para
hacer la reclamación, se trata de situaciones jurídicas consolidadas, las
que, en virtud del principio constitucional de seguridad jurídica, no
pueden ser alteradas por la sentencia de nulidad.
46. Es decir que, el daño alegado respecto de los pagos respecto de los
cuales ya no era posible realizar la reclamación, aunque reviste certeza,
no es antijurídico, al tratarse de situaciones jurídicas consolidadas al
momento de proferirse la sentencia de nulidad. Por consiguiente,
respecto de estos pagos, también se denegarán las pretensiones.
32 (1) Contrato con el Municipio de Castilla La Nueva, 158 de 2011; (2) Contrato con el Municipio
de Castilla La Nueva, 200 de 2010, (3) Contrato con el Instituto de Desarrollo del Meta, 0403 de
2009 y (4) Contrato con el Municipio de Acacías, DOAC-2018 de 2014.
33 “49. Así las cosas, aun si se abordara el asunto desde la perspectiva del juicio de responsabilidad
estatal, la ausencia de la reclamación administrativa prevista en la ley impide considerar
acreditada la existencia de un daño cierto, lo cual, en criterio de la Sala frente a casos similares
al presente, conduce a concluir que no se cumplen los supuestos para la prosperidad de las
pretensiones formuladas en sede de reparación directa, lo que no conlleva la inhibición para
fallar, sino la denegatoria de las súplicas del libelo”: Consejo de Estado, Secc. 3, Sub. A, Sentencia
de 20 de abril de 2026, exp. 50001-23-33-000-2016-00048-01 (73.350).
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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00172-01 (74004)
Demandante: INCOTOP S.A.S.
Demandado: Departamento del Meta, Asamblea Departamental
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la sentencia inhibitoria y se deniegan las pretensiones
2.4. Condena en costas
47. De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, y el artículo 365 del CGP, no
se condenará en costas a la parte demandante porque su recurso
prosperó.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de primera instancia, proferida el 12 de
junio de 2025, por el Tribunal Administrativo de Meta, Sala de Decisión Oral
Cuatro, que se inhibió de fallar de fondo y, en su lugar, DENEGAR las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas del proceso a la parte demandante.
TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER
el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Aclaración de voto
16
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