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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2016-00105-02

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-33-000-2016-00105-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 50001-23-33-000-2016-00105-02 (3615-2025)
Demandante: Diana Fabiola Millán Suárez
Demandados: Nación, Rama Judicial

Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Jueza de la República
– reiteración jurisprudencial. Subtema 1: carácter no salarial de la prima especial.
Subtema 2: argumentos presupuestales. Subtema 3: prescripción. Subtema 4: carácter
irrenunciable e imprescriptible de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones. Subtema 5: ausencia de pagos previos.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación presentado por la parte demandada, contra la sentencia
proferida el 14 de noviembre de 2025, por la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca1, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.

1. Síntesis del caso

La señora Diana Fabiola Millán Suárez, en su condición de jueza de la República,
solicitó el pago de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
desde el 1 de noviembre de 2013, la reliquidación de todas las prestaciones sociales
y demás derechos laborales ya causados, en cuya liquidación debe tener incidencia
la prima especial y el pago de la citada prima en las mesadas salariales futuras, sin

1 Integrada por los magistrados Diego León Gómez Martínez, Gonzalo Perdomo Cabrera y María Eugenia

Clavijo.

Radicación: 50001-23-33-000-2016-00105-02 (3615-2025)
Demandante: Diana Fabiola Millán Suárez
Demandado: Nación, Rama Judicial

descontarla del salario básico. Asimismo, reclamó que esta prima se tenga en
cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales y demás derechos laborales
futuros.
En primera instancia, el Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, anuló los actos administrativos demandados, condenó a la entidad a
pagar, desde el 1 de noviembre de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2020, la
prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, así como a la reliquidación de
las prestaciones sociales y salariales condicionado al mismo período, siempre que
la reliquidación arroje valores en favor de la demandante, sin pasar por alto el
Decreto 272 de 2021 y sin que sumados todos los conceptos se supere el tope
máximo de remuneración establecido por el Gobierno nacional.
Inconforme con esta decisión, la entidad demandada apeló con el argumento de
que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial sino únicamente para
efectos pensionales, por lo que la sentencia de primera instancia incurrió en
incongruencia, aludió a un supuesto de apropiación presupuestal y alegó que el
Tribunal no se pronunció sobre la excepción de prescripción.

2. Antecedentes

2.1. Demanda

1. La señora Diana Fabiola Millán Suárez, el 10 de febrero de 20162, en ejercicio
del medio de control establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo (en adelante CPACA), presentó
demanda3 contra la Nación, Rama Judicial, radicada mediante apoderado judicial.

2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó lo siguiente:

i) Declarar la nulidad del Oficio núm. DESAJV14-4152 del 2 de diciembre de
2014 y de la Resolución núm. 4214 del 8 de julio de 2015 que le negaron el
reconocimiento y pago de la prima especial mensual prevista en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992, entendida de la manera en que lo dispuso la Sección Segunda del
Consejo de Estado en la sentencia del 29 de abril de 2014.

ii) Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
abstenerse de aplicar los artículos 8 de los decretos 1024 de 2013 y 194 de 2014 y
1 y 2 del Decreto 1257 de 2015, que decayeron como consecuencia de que
reprodujeron un acto declarado nulo y, además:
2 Samai, exp. 50001233300020160010500, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso,

003Contrato Nro. C01.PCCNTR.2053505 (.pdf).pdf, página 9 del archivo digital.
3 Samai, exp. 50001233300020160010500, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso,

003Contrato Nro. C01.PCCNTR.2053505 (.pdf).pdf.

2

Radicación: 50001-23-33-000-2016-00105-02 (3615-2025)
Demandante: Diana Fabiola Millán Suárez
Demandado: Nación, Rama Judicial

Pagar la prima mensual regulada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, entendida
de la manera como lo hizo la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
sentencia dictada el 29 de abril de 2014 en el expediente número
11001032500020070008700, con efectos retroactivos y debidamente indexada,
causada desde el 1 de noviembre de 2013.

Reliquidar todas las prestaciones sociales y demás derechos laborales ya causados,
en cuya liquidación debió tener incidencia la prima mensual regulada en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992.

Pagar, debidamente indexada, la diferencia del valor que resulte como
consecuencia de la reliquidación anterior.

Pagar en las mesadas salariales futuras la prima mensual regulada en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992, sin descontarla del salario básico, y tenerla en cuenta en la
liquidación de las prestaciones sociales por venir y demás derechos laborales
futuros.

iii) Finalmente, pidió que las órdenes se impartieran de la forma establecida en
el artículo 192 del CPACA y que se condenara en costas y agencias en derecho a
la entidad demandada.

2.1.2. Hechos

3. La señora Diana Fabiola Millán Suárez hizo referencia a los siguientes
hechos:

(i) Labora al servicio de la Nación, Rama Judicial como jueza de la República
desde el 1 de noviembre de 20134.

(ii) Desde la citada fecha la entidad demandada le ha reconocido la prima
especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, pero descontándola del salario básico.

(iii) Mediante sentencia del 29 de abril de 2014, el Consejo de Estado anuló los
artículos de los decretos salariales anuales con sustento en que el Gobierno
nacional se equivocó al deducir del salario básico el 30% de prima especial, cuando
de acuerdo con la ley esta debía ser un adicional a este.

(iv) Radicó reclamación administrativa el 10 de noviembre de 2014 ante la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio con
peticiones similares a las que se incorporan en la presente demanda.

(v) La entidad demandada mediante el Oficio núm. DESAJV14-4152 del 2 de

4 Continuaba vinculada con la entidad para la fecha de presentación de la demanda, 10 de febrero de 2016.

3

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Demandante: Diana Fabiola Millán Suárez
Demandado: Nación, Rama Judicial

diciembre de 2014 negó lo pedido. Esta decisión fue confirmada a través de la
Resolución núm. 4214 del 8 de julio de 2015 bajo el argumento de la ausencia de
disponibilidad presupuestal y de legalidad de los decretos salariales que rigieron
durante las vigencias de 2013 a 2015.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. La señora Diana Fabiola Millán Suárez indicó que los actos demandados
incurrieron en la causal de nulidad denominada infracción de las normas en que
debían fundarse por las siguientes razones: la indebida interpretación del artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, por no acoger la interpretación fijada en la sentencia de
nulidad, por inaplicar los artículos 91.2, 189 y 237 del CPACA en punto al
decaimiento de los actos administrativos o la ilegalidad sobreviniente de los
decretos salariales posteriores al año 2007 y por aplicar de forma incorrecta el
criterio constitucional de la sostenibilidad fiscal que emana del artículo 334 del texto
superior.

5. Así las cosas, desarrollo los tres cargos en el orden enunciado. Frente a la
indebida interpretación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, precisó que el Gobierno
nacional con el pretexto de dar cumplimiento a la citada normativa fijó anualmente
que el 30% de la remuneración era la prima especial. De suerte que restó del salario
este porcentaje y esto se reprodujo en los distintos decretos salariales expedidos
para cada vigencia fiscal. Sin embargo, esta situación fue corregida mediante la
sentencia del 29 de abril de 2014 en la que la Sección Segunda del Consejo de
Estado anuló los referidos reglamentos, al considerar que contrariaron la Ley
ibidem.

6. Por consiguiente, a partir de la ejecutoria de la citada sentencia que tuvo lugar
el 29 de julio de 2014, los jueces adquirieron el derecho procesal a reclamar la prima
especial de servicios, aunado a que la citada providencia goza de efectos erga
omnes, lo que implica que es de obligatoria observancia para todos los operadores
judiciales. En consecuencia, no cabe duda de que los actos impugnados violan el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, porque la administración se mantiene en el error
de interpretación que ya fue advertido y corregido.

7. En lo referente a la aplicación de los decretos salariales «decaídos o ilegales»
la demandante afirmó que el hecho de que los reglamentos emitidos a partir de 2008
no hayan sido objeto de nulidad no implica que estén vigentes y sean de obligatoria
observancia para la administración. Por el contrario, en aplicación de los artículos
91.2, 189 y 237 del CPACA estos decayeron de forma sobreviniente como
consecuencia de la nulidad declarada en la referida sentencia, toda vez que
consignaron una interpretación contraria a la fijada. De ahí que la demandada no
podía negarle su derecho con fundamento en estos.

8. Finalmente, en lo relativo a la indebida aplicación del criterio de sostenibilidad
fiscal, la actora mencionó que este último solo se le exige al legislador al momento

4

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Demandante: Diana Fabiola Millán Suárez
Demandado: Nación, Rama Judicial

de definir los derechos, más no es de la órbita del juez ni de la administración al
efectuar su reconocimiento. En virtud de esto, hizo mal la entidad demandada en
ampararse en razones presupuestales para negar el derecho reclamado.

2.2. Contestación de la demanda

9. La Nación, Rama Judicial pidió que se negaran las pretensiones de la
demanda porque los actos administrativos enjuiciados se expidieron con
fundamento en la Ley 4ª de 1992, que con claridad consigna que esta no tiene
carácter salarial. En este sentido, destacó que no es cierto lo manifestado en la
demanda porque a la actora, desde su posesión como jueza de la República, se le
han cancelado sus emolumentos de acuerdo con lo establecido en la Ley ibidem.

10. Seguidamente, trajo a colación que la acción de nulidad tiene un alcance y
unos fines distintos a la de nulidad y restablecimiento del derecho, esta última que
se ejerce para obtener el reconocimiento de una situación jurídica particular. Por
consiguiente, no es apropiado acceder a la reliquidación de las prestaciones
sociales con la inclusión del 30% de prima especial como factor salarial, y disponer
el pago de las diferencias surgidas a partir de la interpretación de la Ley 4ª de 1992
y de los decretos salariales anuales, porque al hacerlo se contraría el ordenamiento
jurídico vigente. En particular, en la medida en que el Gobierno Nacional está
facultado para emitir los reglamentos que dispongan que el 30% de la remuneración
mensual se considerará prima especial sin carácter salarial.

11. En estos términos, a juicio de la entidad se ha respetado el pago de la prima
especial como lo prevé la normativa en su tenor literal sin que esta ofrezca dudas
sobre su interpretación y aplicación en función de cada anualidad. De este modo, la
administración aplica el procedimiento de liquidación previsto en el Decreto 1024 de
2013, en virtud de lo establecido por el legislador.

12. Así las cosas, si se acogieran las pretensiones de la demanda se modificaría
un régimen salarial definido y establecido por ley y se superaría el máximo de
ingresos fijado por el legislador para el cargo de la demandante, en relación con la
remuneración de los magistrados de altas cortes y en los términos del Decreto 1251
de 2009. Por los motivos expuestos, planteó como excepciones la ausencia de
causa petendi, la inexistencia del derecho reclamado y el cobro de lo no debido5.

2.3. Sentencia de primera instancia

13. La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
sentencia anticipada6, el 14 de noviembre de 2025, en la que resolvió:

5 Samai, exp. 50001233300020160010500, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso,

022Contrato Nro. C01.PCCNTR.2053505 (.pdf).pdf.
6 El magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto del 1 de septiembre

de 2025 fijó el litigio, incorporó las pruebas documentales allegadas por la demandante y la demandada, difirió
el estudio de las excepciones de mérito a la sentencia y dispuso que había lugar a dictar sentencia anticipada
por reunirse los requisitos previstos en el artículo 182ª del CPACA, en particular porque las pruebas
documentales aportadas eran suficientes para estudiar el asunto y estas no fueron desconocidas ni se formuló

5

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Demandante: Diana Fabiola Millán Suárez
Demandado: Nación, Rama Judicial

PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad del Oficio DESAJV14-4152 del 2 de diciembre de
2014 de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y
de la Resolución No. 4214 “por medio del cual se resuelve un Recurso de Apelación”
emanado de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

SEGUNDO: DECLÁRENSE NO PROBADAS las excepciones de “ausencia de causa
petendi, la inexistencia del derecho reclamado y el cobro de lo no debido” formuladas
por la parte demandada según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNESE a Nación– Rama
Judicial a reconocer y pagar en favor de la demandante Diana Fabiola Millán Suárez
desde el 1 de noviembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 20207, en todo caso,
según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como juez, la prima
especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola
como un incremento del 30% respecto del 100% del salario básico, sin que en ningún
caso sumados todos los conceptos que integran su remuneración, pueda superarse
el tope máximo establecido por el Gobierno Nacional, orden que deberá ser
estrictamente acatada por la entidad demandada.

La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales y
salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías y sus
intereses, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados y demás
emolumentos percibidos) de Diana Fabiola Millán Suárez, en todo caso según los
tiempos de servicios prestados por el demandante como juez, teniendo en cuenta
para tal efecto una base de liquidación del 100% de la remuneración básica mensual,
incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de prima especial, atendiendo
también que, en ningún caso sumados todos los conceptos, puede superarse el tope
máximo de remuneración establecido por el Gobierno Nacional.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre
y cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2020 arroje valores en favor de la parte demandante, sin
pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de
manera expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente
como una suma adicional a la asignación básica.

CUARTO: ORDENAR a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011, aplicando la siguiente
fórmula de actualización: […]. La entidad demandada debe realizar los aportes al
sistema de seguridad social en pensión y salud con base en el 100% del salario
básico, además, queda facultada para realizar los respectivos descuentos de ley.

QUINTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

tacha en su contra. Samai, exp. 50001233300020160010500, visualizar expediente, descargar expediente con
nivel de acceso, 046Autoordenacor_AUTOSENTENCIAANTICIP.pdf.
7
Fecha vigencia del Decreto 272 de 2021 «Por el cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992”»; decreto que reguló el pago de la prima especial como una adición a la asignación básica
mensual.

6

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Demandante: Diana Fabiola Millán Suárez
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SEXTO: Sin condena en costas en esta instancia. […]8

14. En sustento, afirmó que la prima especial de servicios prevista en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 tiene carácter salarial únicamente para efectos de la
cotización y liquidación de la pensión de jubilación, en los términos de la Ley 332 de
1996, sin afectar otras prestaciones sociales reconocidas por ley. Igualmente
destacó que en la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 2 de septiembre
de 2019 se dispuso que el Congreso de la República tenía la competencia para fijar
el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y que debía ser acatada
por ser el precedente judicial.

15. De ahí que precisó que acogía el mandato según el cual la prima especial se
debía adicionar y no sustraer del salario básico para darle esa denominación y que,
además, se debían liquidar las prestaciones sociales con el 100%, porque se vieron
afectadas debido a la merma del 30% aludido.

16. Aplicado lo anterior al caso concreto, determinó que la demandante radicó
reclamación administrativa el 10 de noviembre de 2014 en la que pidió el pago del
30% de prima especial de servicios, como un adicional, y la reliquidación de sus
prestaciones sociales con el 100% del ingreso mensual, que la entidad demandada
negó en los actos administrativos enjuiciados. En este contexto, instauró demanda
en ejercicio del medio de control de la referencia para pedir el reconocimiento y pago
de la prima especial desde el 1 de noviembre de 2013, en adelante, así como la
reliquidación de sus prestaciones sociales y demás derechos laborales en torno a
los cuales hubiera tenido incidencia la citada prima.

17. Igualmente, encontró demostrado conforme a una certificación obrante en el
expediente, que la demandante se desempeñó como jueza desde el 1 de noviembre
de 2013, cargo en virtud del cual ha percibido la prima especial. De este modo tiene
vocación de prosperar la pretensión de nulidad invocada porque las razones de la
entidad para negar el derecho resultan insuficientes; en particular se evidencia la
aplicación exegética de los decretos salariales anulados en las sentencias del 29 de
abril de 2014 y del 9 de abril de 2024. Por tanto, estos actos contrarían el artículo
53 de la Constitución Política y la Ley 4ª de 1992.

18. En consecuencia, concluyó que procedía el restablecimiento del derecho,
aunque de manera condicionada, esto es, siempre que no se superen los
porcentajes máximos fijados por el Gobierno nacional y con la advertencia de que
con esta decisión no se varía ni modifica el régimen salarial y prestacional de los
servidores beneficiarios de la prima especial, precisamente en razón a que no es
posible superar los citados topes. En este orden, el Tribunal dispuso que para el
cumplimiento de la condena la entidad tenía que verificar que la reliquidación de los

8 Se transcribe aún con errores de texto.

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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00105-02 (3615-2025)
Demandante: Diana Fabiola Millán Suárez
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salarios y prestaciones no superara el límite. Por ende, se accedería al pago de la
prima especial de servicios como un adicional según los tiempos de servicio de la
demandante como jueza, y en aplicación de la prescripción, con la salvedad de que
la prima solo es factor salarial para la pensión de jubilación.

19. En igual sentido, la entidad demandada debía reliquidar y pagar las
prestaciones sociales y salariales con una base de liquidación del 100% de la
remuneración básica mensual, esto es, con inclusión del 30% descontado
erróneamente a título de prima especial. Asimismo, dispuso que los pagos se
debían asumir siempre que la liquidación de los períodos reconocidos arrojara
valores en favor de la demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición
del Decreto 272 de 2021 se previó de manera expresa que la prima especial debía
ser pagada mensualmente como un adicional.

20. Ahora bien, en lo referente a las excepciones de mérito planteadas por la
entidad demandada, consideró que estas no se demostraron porque los actos
impugnados negaron el derecho pese a que la demandante sí lo tenía. En lo relativo
a la prescripción el Tribunal aclaró que, aunque no fue propuesta en la contestación
de la demanda, el apoderado de la entidad la invocó en sus alegatos de conclusión.
En concreto, sostuvo que los derechos laborales causados antes del 10 de
noviembre de 2014 estaban prescritos.

21. Sin embargo, en palabras del Tribunal esto no era acertado porque la petición
se presentó en la citada fecha, lo que solo permitía tener por prescritas las sumas
causadas antes del 10 de noviembre de 2011, pero la demandante se vinculó como
jueza a partir del 1 de noviembre de 2013. Por consiguiente, en el precitado evento
interrumpió la prescripción y no había lugar a declararla.

22. Finalmente, el Tribunal se abstuvo de imponer condena en costas porque no
se comprobó que estas se hubieran causado9. Esta providencia fue corregida
mediante proveído del 9 de diciembre de 2025, en relación con las costas
procesales, para precisar que la razón por la cual se abstuvo de imponerlas fue
porque prosperó parcialmente la demanda. Así se consignó de forma expresa en el
citado auto:
PRIMERO. – CORREGIR el numeral “3.0 costas procesales” de la parte motiva de
la Sentencia No. 332 del catorce (14) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en
cuanto a que el fundamento para no condenar en costas en primera instancia radica
en el artículo 365 del C.G.P., aplicable por remisión expresa del artículo 188 del
CPACA el cual dispone en su numeral 5 que, en caso de que prospere parcialmente
la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas10.

9
Samai, exp. 50001233300020160010500, índice 29.
10 Samai, exp. 50001233300020160010500, índice 35.

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Demandante: Diana Fabiola Millán Suárez
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2.4. Recurso de apelación

23. La Nación, Rama Judicial, presentó recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:

24. No se comparte la tesis del Tribunal en punto a la declaratoria de nulidad de
los actos administrativos demandados, porque otorgarle carácter salarial a la prima
especial de servicios para liquidar las prestaciones de la demandante desconoce el
precedente contenido en la sentencia C-279 de 1996 de la Corte Constitucional.

25. Además, la sentencia judicial incurrió en incongruencia porque por un lado
señala que no debe tomarse como factor salarial la prima especial para liquidar las
prestaciones, salvo en lo relativo a la pensión de jubilación, por lo que debía negarse
esta pretensión y, por otro lado, le otorga el citado beneficio. Por ende, en la
sentencia se dejó de considerar que el 30% adicional de prima especial carece de
carácter salarial, de suerte que la entidad, al momento de liquidar el derecho de la
actora, no le otorgó una interpretación errónea.

26. También expuso que de conformidad con el Decreto 272 de 2021 se procedía
al pago por nómina mensual de la prima especial, en un 30%, a partir del 1 de enero
de 2021. Sin embargo, resultaba presupuestalmente inviable presentar fórmula
conciliatoria para las obligaciones anteriores a esta fecha porque no se contaba con
la apropiación presupuestal por parte de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, que permitiera cubrir estas acreencias laborales. Por tanto, no resultaba
viable otorgarle carácter salarial a la prima especial de servicios de la Ley 4ª de
1992.

27. Por último, la entidad refirió que el Tribunal no se pronunció frente a la
prescripción trienal por lo que le solicitaba al juzgador de segundo grado que lo
hiciera. En este orden, a la demandante se le debían reajustar sus ingresos
laborales con todas las prestaciones sociales a partir de los tres últimos años
contados a partir de la reclamación administrativa. En razón a esto, como la actora
radicó petición el 10 de noviembre de 2014, la reliquidación y reajuste no puede
reconocerse antes de esta fecha porque los derechos causados en ese momento
prescribieron.

28. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la demandante no ha
permanecido continuamente vinculada en el cargo de jueza. En consecuencia, pidió
que en caso de acceder a las pretensiones de la demanda se tuvieran en cuenta los
períodos en que la actora efectivamente laboró como jueza. Por consiguiente, pidió
que se declarara la legalidad de los actos enjuiciados, en tanto no existía sustento
para que se considerara que el 30% tenía carácter salarial como se desprendía de
la Ley 4ª de 1992 que superó el examen de constitucional contenido en la sentencia

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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00105-02 (3615-2025)
Demandante: Diana Fabiola Millán Suárez
Demandado: Nación, Rama Judicial

C-279 de 1996 de la Corte Constitucional11.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

29. Esta corporación dictó auto el 4 de febrero de 202612 en el que admitió el
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, ordenó notificar
personalmente al procurador delegado ante el Consejo de Estado y a las partes de
conformidad con lo previsto en el artículo 205 del CPACA, modificado por el artículo
52 de la Ley 2080 de 2021. Dispuso que cumplido lo anterior, el expediente
ingresaría al despacho para dictar sentencia salvo que las partes solicitaran pruebas
en el término de ejecutoria de la providencia. En consecuencia, el expediente
ingresó al despacho para fallo el 25 de febrero del presente año13, sin
pronunciamiento de las partes ni del Ministerio Público.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

30. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer
inciso del artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

31. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y al
tener en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, en los términos del
artículo 328 del CGP, corresponde a la Sala definir si:

32. ¿La sentencia de primera instancia le otorgó carácter salarial a la prima
especial de servicios para liquidar las prestaciones sociales de la demandante?

33. ¿La sentencia impugnada incurrió en incongruencia porque dispuso que el
carácter salarial de la prima especial está condicionado a la pensión de jubilación,
pero extendió este beneficio a la reliquidación de las prestaciones sociales?

34. ¿La ausencia de apropiación presupuestal resulta un argumento suficiente
para negar el reconocimiento de las acreencias laborales anteriores al 1 de enero
de 2021?

11 Samai, exp. exp. 50001233300020160010500, índice 32, 55_MemorialWeb_Recurso-
RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 32.
12 Samai, índice 4.
13 Samai, índice 9.

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35. ¿El Tribunal dejó de pronunciarse frente a la excepción de prescripción
trienal, que se configuró en el caso particular?
36. Para resolver los interrogantes planteados, a continuación, se realizan
algunas consideraciones sobre la prima especial de que trata el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 y los pronunciamientos proferidos en la materia, aplicables a los
servidores de la Nación, Rama Judicial. Luego, en el acápite de análisis del caso
concreto, se resolverán los problemas formulados.

3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial

37. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al
30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados
de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio
Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y
fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción
penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

38. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de
1992, expidió el Decreto 57 de 199314 por medio del cual fijó el régimen salarial y
prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia
Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse
al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto
referido estableció:
Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento
(30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la
República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores
de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Secretario General
Magistrado Auxiliar
[…].

39. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido
de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo

14 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama

judicial y de la justicia penal militar».

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14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la
pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se
aplicaría, con las mismas limitaciones15, a los magistrados auxiliares y abogados
asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la
Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal
Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

40. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento
(30%) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo
orden, de los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992
y 332 de 1996. Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes
ejercen los cargos de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes,
entre otros, equivale al treinta por ciento (30%) de la «remuneración mensual».

41. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas
sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta
Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad
deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4 de 1992 al cual se acogió
de manera fidedigna el Gobierno Nacional en los apartes de los actos acusados,
consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y
reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió
denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias
jurídicas»16.

42. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de
abril de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar
que «el control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno
nacional para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores
de la rama judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de
manera alguna ser de mera literalidad o de simple confrontación formal de
normatividad, pues como la Sala ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley
marco obliga a que el control de los decretos que la desarrollan deba necesariamente
ser de contenido»17.

43. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de
nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7 del Decreto No. 618 de 2007, al tomar
un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima
especial sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a

15 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de

2006, rad. núm. 11001-03-25-000-2003-00057-00 (121-03).
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de

2009, rad. núm. 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07).

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los contenidos y valores establecidos en la Ley 4 de 1992 y por lo tanto habrá
necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de
la nulidad señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración
mensual se descarga «el castigo de dicho 30% que, conforme a los términos de la
norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de
tales servidores».

44. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29
de abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la
prima especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples
decretos dictados por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo
dispuesto en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún
caso» el Gobierno nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales
de los servidores del Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron
erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el
salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que
son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad»18. La
nulidad dispuesta en esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del
2 de abril de 200919.

45. Posteriormente, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias
que declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima
técnica, al considerar que, «a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de
1993; 104, 106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos»,
el Gobierno nacional ha considerado como prima «lo que en realidad constituye el
30 % del salario de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella,
quitándoles la posibilidad de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, rad. núm. 11001-03-25-000-2007-

00087-00 (1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de
los siguientes Artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de 1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9
del Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26
de 1995; 7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47 de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto
35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9 del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del
Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto 64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9,
11 y 13 del Decreto 37 de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto
2734 de 2000; 9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del
Decreto 1475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724
de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de 2002; 8, 10 y
12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568 de 2003; 6 del Decreto
3569 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de 2004; 6 del Decreto 4172 de 2004;
8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388
de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del
Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto 621 de 2007; y los arts. 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007».
19 «[…] es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin

carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la
época en que tuvo vigencia el Decreto, sea del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata
sencillamente de descargar el castigo de dicho 30%, que conforme a los términos de la norma invalidada,
restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores».

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básico y/ o asignación básica»20. En este escenario, fijó las reglas de interpretación
del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en el siguiente orden:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 %
de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que
había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.

46. Por último, en sentencia del 9 de abril de 2024, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda de esta corporación declaró la nulidad de los artículos 6 del
Decreto 658 de 2008; 8 de los decretos 723 de 2009; 1388 de 2010; 1039 de 2011;
0874 de 2012; 1024 de 2013; 194 de 2014; 9 del Decreto 657 de 2008; y 4 de los
decretos 722 de 2009; 1405 de 2010; 1041 de 2011; 848 de 2012; 1034 de 2013,
204 de 2014; 1105 de 2015; 234 de 2016; 1003 de 2017; y del 338 de 2018, en
tanto previeron que «la prima especial, creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
como una parte del salario y no como un pago adicional equivalente al 30% del
salario». Lo anterior, al considerar que dichos decretos replicaron el contenido de
las disposiciones de los decretos salariales de los años 1993 a 2007, que fueron

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre

de 2019, rad. núm. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).

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anuladas en la sentencia del 29 de abril de 2014.

47. A su vez, la referida sentencia negó la nulidad de los artículos 1 y 2 de los
decretos 1257 de 2015; 245 de 2016; 1013 de 2017; y 337 de 2018, que dispusieron
reajustes salariales, porque el demandante no planteó argumento específico alguno
para disponer su retiro del ordenamiento jurídico.

3.4. Análisis del caso concreto

48. La entidad demandada, al interponer el recurso de apelación, reprochó que
el Tribunal hubiera anulado los actos demandados y otorgado carácter salarial a la
prima especial de servicios para efectos de la liquidación de las prestaciones
sociales de la demandante, pues, a su juicio, se desconoció el precedente fijado en
la sentencia C-279 de 1996 de la Corte Constitucional.

49. Al respecto, de una revisión de la sentencia proferida en primera instancia
por el Tribunal, se advierte que este precisó que la prima especial de servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 tiene carácter salarial únicamente
para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación, en los
términos de la Ley 332 de 1996, sin afectar otras prestaciones sociales reconocidas
por ley. De suerte que en la citada decisión el Tribunal se amparó en la sentencia
C-279 de 1996 de la alta corte constitucional que estudió la demanda de
constitucionalidad interpuesta contra la expresión «sin “carácter salarial».

50. Además, la citada providencia destacó que la Ley 332 de 1996 modificó
parcialmente el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en el sentido de atribuirle carácter
salarial a la prima especial de servicios establecida a favor de los funcionarios allí
enunciados, únicamente en materia pensional.

51. En este orden de ideas, para el Tribunal el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
creó una prima especial sin carácter salarial, expresión que solo fue modulada en
punto a la liquidación de la pensión de jubilación a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley 332 de 1996. Asimismo, se sustentó en el contenido de la sentencia
dictada el 29 de abril de 2014 en la que la Sala de Conjueces de esta corporación
dispuso que resultaba un contrasentido admitir que «las primas por más exentas
que estén de su carácter salarial representan una merma al valor de la
remuneración mensual de los servidores públicos».

52. De este modo, se tiene que el Tribunal accedió a la reliquidación de las
prestaciones sociales de la demandante con el fundamento de que la administración
dedujo la prima especial de servicios del 100% del salario, lo que hacía procedente
el reajuste en la proporción del 30% que se descontó indebidamente bajo el título
de prima especial sin carácter salarial. Lo anterior, con fundamento en la sentencia
del 2 de septiembre de 2019 que profirió la Sala de Conjueces del Consejo de
Estado, en la cual se determinó que las primas debían ser una adición al salario y

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no una merma de este, motivo por el cual los funcionarios beneficiados por esta
tenían derecho a que se les reliquidaran sus prestaciones sociales con el 100% del
salario básico, es decir, con la inclusión del 30% excluído indebidamente a título de
prima especial.

53. En virtud de lo expuesto, se tiene que la sentencia apelada en modo alguno
extendió el reconocimiento a que la prima especial del 30% tuviera carácter salarial,
porque no ordenó que la reliquidación de las prestaciones sociales se hiciera con el
130%, esto es, con inclusión de esta como adicional, sino que lo que dispuso estuvo
condicionado al pago del reajuste salarial y prestacional correspondiente con el
100% de la asignación básica devengada. Cuestión distinta es el pago de la prima
especial de servicios en el citado 30%, que sí es adicional frente al 100% de la
asignación básica, en los términos que lo reconoció la decisión apelada y lo definió
la sentencia del 2 de septiembre de 2019.

54. Sin embargo, la confusión puede venir derivada de la forma en que se profirió
la orden, ya que consignó lo relativo a la liquidación con el 100% de la remuneración
básica mensual, con la inclusión del 30% descontado erróneamente a título de prima
especial, cuando esta debió limitarse a ordenar el pago con el 100% aludido; esto
es, sin efectuar algún descuento indebido, con el fin de no abrir paso a
ambigüedades.

55. En línea con lo anterior, se tiene que no existió la incongruencia aludida por
la entidad en la sentencia judicial, porque en esta última no se le otorgó a la prima
especial carácter salarial más allá de los efectos pensionales, de suerte que no es
posible hablar de un escenario de contradicción. En consecuencia, las afirmaciones
de la Nación, Rama Judicial no desvirtúan el análisis de legalidad realizado en sede
de primera instancia y aunque refieren que la entidad no le otorgó una interpretación
errónea a la normativa al momento de liquidar el derecho de la actora, este supuesto
se sustenta en el carácter salarial de la prima especial, sin controvertir la merma en
la remuneración mensual.

56. En este escenario, comoquiera que no se discute el fraccionamiento en la
alzada, la Sala tiene por demostrado que la demandante sufrió una reducción en su
salario que tiene incidencia en sus prestaciones sociales, puesto que estas se
cancelaron solo con el 70% y no con el 100% como correspondía, lo que daba lugar
al reajuste pertinente en los términos indicados, esto es, sin que se desconociera la
limitación frente al carácter salarial de la prima especial.

57. En particular, aunque no fue un aspecto expresamente apelado, la Sala está
llamada a precisar – sin que esto implique una violación al principio de non
reformatio in pejus– que no resulta procedente la reliquidación o reajuste salarial del
30% y, a su vez, el reconocimiento de la prima especial de servicios del 30% como
un adicional de la remuneración, porque esto implicaría un reconocimiento doble,
ya que a la actora se le pagó la prima especial de servicios pero no como

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sobresueldo, como correspondía, sino como parte de la remuneración establecida
para el cargo que ejercía, como jueza del circuito de Villavicencio.

58. En este orden, al margen de la denominación específica la actora recibió el
100% de la remuneración mensual prevista en los decretos salariales anuales, otra
cosa es que esta se hubiera fraccionado indebidamente lo que dio lugar al
reconocimiento tanto de la prima especial de servicios como un adicional, como a
la reliquidación de sus prestaciones sociales, para lo cual debía recomponerse el
salario solo frente a estos puntuales efectos. En consecuencia, se modificará el
ordinal tercero de la sentencia apelada para ordenar únicamente el reajuste
prestacional con el 100% que legalmente correspondía.

59. Ahora bien, la entidad demandada afirmó que resultaba presupuestalmente
inviable presentar fórmula conciliatoria para las obligaciones anteriores al 1 de enero
de 2021 porque no se contaba con la apropiación presupuestal por parte de la
Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público que permitiera cubrir las
acreencias laborales.

60. Sin embargo, lo cierto es que este aspecto alude a una supuesta conciliación,
que desborda el objeto del recurso de apelación y, además, la entidad lo conecta
con la inviabilidad de otorgarle carácter salarial a la prima especial de servicios de
la Ley 4ª de 1992, que ya fue abordado.

61. Con todo, si se asumiera que la apropiación presupuestal en realidad
constituye un cargo frente a la sentencia de primera instancia, con el ánimo de
cuestionar el reconocimiento de las acreencias laborales ordenadas, lo cual está
ligado a la negativa en sede administrativa, la Sala reitera que «la situación
económica del empleador, sea este público o privado, [así como] los argumentos
económicos, presupuestales o financieros, no justifican el incumplimiento del deber
legal y constitucional de pagar oportunamente los salarios de los trabajadores»21.
Tampoco habilitan que se omita el deber de adoptar las medidas preventivas
necesarias para evitar el cese en los pagos salariales, en la medida en que este tipo
de conductas desconocen los derechos fundamentales de los trabajadores y sus
familias22.

62. Consecuente con lo expuesto, las limitaciones presupuestales no constituyen
una causal válida para que la entidad justifique que no puede asumir el
restablecimiento del derecho. Por lo tanto, si la entidad accionada considera que no
tiene el presupuesto suficiente para asumir el pago de las acreencias laborales,
debe adelantar las gestiones pertinentes para recaudar los recursos necesarios
para cumplir las obligaciones que le fueron impuestas en la ley, sin que esto resulte
un argumento suficiente para negar el reconocimiento de lo reclamado.

21
Ver, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional: SU-995 de 1999, T-015 de
1995, T-146 de 1996, T-220 de 1998.
22 Corte Constitucional, sentencias T-399 de 1998 y SU-484 de 2008.

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63. Por último, la entidad refirió que el Tribunal no se pronunció frente a la
prescripción trienal por lo que le solicitó al juzgador de segundo grado que lo hiciera.
Precisó que en el caso particular a la actora se le debían reajustar sus ingresos
laborales con todas las prestaciones sociales a partir de los tres últimos años
contados a partir de la reclamación administrativa. En razón a esto, como la actora
radicó petición el 10 de noviembre de 2014, no podía reconocerse lo causado antes
de esta fecha con ocasión a que los derechos prescribieron.

64. Al respecto, la Sala debe precisar que como quedó visto en el acápite de
antecedentes, la sentencia de primera instancia sí emitió pronunciamiento sobre la
citada excepción que, se aclaró, solo propuso la entidad hasta los alegatos de
conclusión. De ahí el Tribunal consideró que, pese a que en principio habría operado
la prescripción frente a las sumas causadas antes del 10 de noviembre de 2011,
porque la petición la demandante la radicó ese día y mes del 2014, lo cierto es que
esto era improcedente en el caso puntual porque la actora inició a laborar como
jueza de la República a partir del 1 de noviembre de 2013.

65. En estos términos, se advierte que la entidad demandada en su alzada se
limitó a reiterar lo indicado en sede de alegatos de conclusión sin advertir que esta
situación fue abordada por el Tribunal de la forma en que se ha consignado.

66. Al margen de esto, al tratarse de una excepción frente a la cual el juez de
segunda instancia puede pronunciarse inclusive de oficio, la Sala procede a verificar
los soportes que obran en el expediente para determinar si se configuró o no la
prescripción.

67. En este análisis, se advierte que la señora Diana Fabiola Millán Suárez
presentó derecho de petición el 10 de noviembre de 2014 ante la Dirección
Seccional de Villavicencio en el cual reclamó el pago de la prima especial prevista
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la reliquidación de sus prestaciones sociales
y demás derechos laborales, sobre los cuales debía tener incidencia dicha prima,
así como su inclusión en las mesadas salariales futuras sin descontarla del salario
básico. De igual manera, solicitó que el referido rubro fuera tenido en cuenta para
la liquidación de sus prestaciones, con fundamento en el derecho que considera le
asiste desde su vinculación como jueza el 1 de noviembre de 201323.

68. En efecto, en el expediente obran constancias y certificaciones que dan
cuenta de que la demandante laboró en la Nación, Rama Judicial a partir del 1 de
noviembre de 2013 en el cargo de jueza quinta administrativa de Villavicencio en
propiedad24, situación que reconoció la entidad demandada al expedir la Resolución

23 Samai, exp. 50001233300020160010500, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso,

004Contrato Nro. C01.PCCNTR.2053505 (.pdf).pdf, páginas 1 a 3 del archivo digital.
24 Samai, exp. 50001233300020160010500, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso,

004Contrato Nro. C01.PCCNTR.2053505 (.pdf).pdf, páginas 35 y 36 del archivo digital.

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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00105-02 (3615-2025)
Demandante: Diana Fabiola Millán Suárez
Demandado: Nación, Rama Judicial

núm.4214, demandada, en la que consignó de manera expresa lo que sigue25:

[…] confirmándose que la peticionaria ha ejercido como jueza de la República en los
siguientes despachos y períodos de servicio:
Despacho Desde Hasta

Juez 5 Administrativo del Circuito de 01/11/2013 la fecha
Villavicencio

69. En atención a lo expuesto, está demostrado que la actora ejerció el cargo de
jueza de la República a partir del 1 de noviembre de 2013, en concordancia con las
pretensiones de la demanda que limitaron este extremo inicial. Por tanto, solo a
partir de esta fecha se haría exigible el derecho a percibir la prima especial y la
consecuente reliquidación de las prestaciones sociales, de suerte que como la
demandante radicó reclamación el 10 de noviembre de 2014, y presentó su
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 10 de febrero de 2016,
interrumpió oportunamente el cómputo de la prescripción e impidió que esta
excepción se configurara frente a lo reclamado.

70. Por consiguiente, aunque la entidad advirtió en su apelación que la
demandante no ha permanecido continuamente vinculada en el cargo de jueza de
la República, esta afirmación carece de soporte en el expediente y, además, no
logra controvertir el análisis de la prescripción que se sustentó en el extremo inicial,
el 1 de noviembre de 2013. En consecuencia, la respuesta a todos los problemas
jurídicos propuestos es negativa.

71. Por último, la Sala no puede perder de vista que, de conformidad con los
cargos de la apelación y el sustento normativo tanto de esta providencia como de la
sentencia de primera instancia, la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley
4 de 1992 constituye un factor que debe tenerse en cuenta para liquidar la pensión,
ya que los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones son
irrenunciables26 e imprescriptibles27. Esta circunstancia supone el deber en cabeza
de los jueces de instancia, de ordenar su reconocimiento, en consonancia con el
restablecimiento del derecho al que haya lugar en un determinado caso, para
efectos de evitar que se vulnerare el derecho fundamental a la seguridad social, y
las garantías constitucionales que lo protegen.

25 Samai, exp. 50001233300020160010500, visualizar expediente, descargar expediente con nivel de acceso,

004Contrato Nro. C01.PCCNTR.2053505 (.pdf).pdf, página 12 del archivo digital.
26 Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los

principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales».
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de

2016, rad. núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la
prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica
del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una
sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos
temporales».

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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00105-02 (3615-2025)
Demandante: Diana Fabiola Millán Suárez
Demandado: Nación, Rama Judicial

72. Por lo anterior, se advierte que aunque la sentencia de primera instancia
ordenó a la entidad demandada que realizara los aportes al Sistema de Seguridad
Social en Pensión y en Salud, con la facultad de efectuar los descuentos de ley,
dispuso que dichos aportes se efectuaran sobre el 100% del salario básico. Si bien
esta decisión resulta coherente en la medida en que no se declaró la prescripción,
lo cierto es que las referidas cotizaciones debieron ordenarse sobre el 130%, esto
es, con base en un ingreso de liquidación conformado por el 100% del salario básico
más el 30% correspondiente a la prima especial de servicios, la cual sí tiene carácter
salarial para estos específicos efectos.

73. Por consiguiente, se adicionará el ordinal cuarto de la sentencia apelada para
ordenar que los aportes a pensión se efectúen con el citado 130%. Igualmente, se
adicionará la decisión para disponer que los reconocimientos ordenados en la
providencia serán procedentes siempre y cuando las sumas a pagar por concepto
de las reliquidaciones aquí ordenadas no se hayan cancelado por la entidad
previamente. Por lo que le corresponde a la demandada hacer la verificación
correspondiente.

3.5. Conclusión

74. La Sala concluye que, en el presente asunto, la sentencia de primera
instancia no le otorgó carácter salarial a la prima especial de servicios para liquidar
las prestaciones sociales de la demandante. En cambio, lo limitó a la pensión de
jubilación y accedió a la reliquidación prestacional reclamada, pero con fundamento
en que existió un fraccionamiento indebido de la remuneración mensual percibida
por la demandante. Bajo este entendido, la sentencia impugnada no incurrió en la
incongruencia alegada por la apelante, porque no extendió el beneficio del carácter
salarial de la prima especial de servicios a la reliquidación de las prestaciones
sociales.

75. Seguidamente, la ausencia de apropiación presupuestal, además de que se
planteó en un eventual escenario de conciliación que no corresponde con el objeto
de la apelación, no resulta argumento suficiente para negar el reconocimiento de
las acreencias laborales anteriores al 1 de enero de 2021, a las cuales tendría
derecho la actora. Por último, contrario a lo indicado por la Nación, Rama Judicial el
Tribunal no dejó de pronunciarse frente a la excepción de prescripción trienal, por
el contrario, la estudió, pero negó que estuviera probada a partir de la fecha de la
reclamación administrativa y la vinculación de la actora como jueza de la República,
el 1 de noviembre de 2013.

76. En estos términos, y del análisis efectuado en la parte motiva, la Sala
encontró procedente modificar la orden contenida en el ordinal tercero de la parte
resolutiva de la sentencia apelada con el fin de precisar que no habrá lugar a la
reliquidación y pago de las prestaciones salariales sino solo de las prestaciones
sociales con la precisión de que esta se realizará con el 100% que legalmente

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Demandante: Diana Fabiola Millán Suárez
Demandado: Nación, Rama Judicial

correspondía.

77. Al margen de los cargos puntuales de la apelación, la Sala debe adicionar el
ordinal cuarto de la providencia impugnada para ordenarle de manera expresa a la
entidad demandada que reliquide y pague las cotizaciones o aportes hechos al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, en favor de la demandante,
durante su permanencia en el cargo que le otorgó el derecho a este reconocimiento,
siempre que la entidad no los hubiera realizado, al tener en cuenta como ingreso
base de liquidación el 100% del salario básico mensual, más el 30%
correspondiente a la prima especial.

78. Igualmente, la citada decisión se adicionará para disponer que los
reconocimientos ordenados en esta providencia procederán únicamente en el
evento en que las sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones no hayan sido
canceladas previamente por la entidad demandada, por lo que corresponde a esta
hacer la verificación correspondiente.

79. Por estas razones, la Subsección modificará el ordinal tercero de la sentencia
apelada, adicionará el ordinal cuarto y dispondrá que los reconocimientos
ordenados serán procedentes siempre y cuando las sumas a pagar no se hayan
cancelado previamente. En lo demás, confirmará el fallo apelado.

3.6. Costas

80. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 28 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, que consiste en que para
decretar la condena en costas se debe verificar que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

28 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la
sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó
que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William
Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00105-02 (3615-2025)
Demandante: Diana Fabiola Millán Suárez
Demandado: Nación, Rama Judicial

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero. Modificar el ordinal tercero de la sentencia apelada, el cual quedará así:

Tercero: A título de restablecimiento del derecho, condénese a Nación,
Rama Judicial a reconocer y pagar en favor de la demandante Diana
Fabiola Millán Suárez, desde el 1 de noviembre de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 202029, en todo caso, según los tiempos de servicio
prestados por la parte demandante como jueza, la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como
un incremento del 30% respecto del 100% del salario básico, sin que en
ningún caso sumados todos los conceptos que integran su remuneración,
pueda superarse el tope máximo establecido por el Gobierno Nacional,
orden que deberá ser estrictamente acatada por la entidad demandada.

La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones
sociales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías y
sus intereses, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados
y demás emolumentos percibidos) de Diana Fabiola Millán Suárez, en
todo caso según los tiempos de servicios prestados por el demandante
como jueza, teniendo en cuenta para tal efecto una base de liquidación
del 100% de la remuneración básica mensual, atendiendo también que,
en ningún caso sumados todos los conceptos, puede superarse el tope
máximo de remuneración establecido por el Gobierno Nacional.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta
sentencia siempre y cuando la liquidación del periodo comprendido entre
el 1 de noviembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020 arroje
valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que a partir
de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera
expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada
mensualmente como una suma adicional a la asignación básica.

Segundo. Adicionar el ordinal cuarto de la sentencia apelada. En consecuencia,
este cual quedará así:
Cuarto: Ordenar a la entidad demandada el cumplimiento de la
sentencia en los términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de
2011, aplicando la siguiente fórmula de actualización:

29 Fecha vigencia del Decreto 272 de 2021«Por el cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14

de la Ley 4ª de 1992”»; decreto que reguló el pago de la prima especial como una adición a la asignación básica
mensual.

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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00105-02 (3615-2025)
Demandante: Diana Fabiola Millán Suárez
Demandado: Nación, Rama Judicial

R= Rh Índice Final
Índice Inicial

La entidad demandada debe reliquidar o pagar la diferencia entre lo
aportado y lo que debió aportar al sistema de seguridad social en pensión
y salud con base en el 100% del salario básico, además, queda facultada
para realizar los respectivos descuentos de ley. En particular, deberá
reliquidar y pagar los aportes hechos al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones en favor de la demandante, durante su permanencia
en el cargo que le otorgó el derecho a este reconocimiento, siempre que
la entidad no los hubiera realizado, al tener en cuenta como ingreso base
de liquidación el 100% del salario básico mensual, más el 30%
correspondiente a la prima especial de servicios.

Tercero. Disponer que los reconocimientos ordenados en esta providencia serán
procedentes siempre y cuando las sumas a pagar por concepto de las
reliquidaciones aquí ordenadas no se hayan cancelado por la entidad previamente.
Por lo que corresponde a esta hacer la verificación correspondiente.

Cuarto. Confirmar, en lo demás, la sentencia apelada, de acuerdo con los motivos
expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

Quinto. Sin condena en costas en esta instancia.
Sexto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase,

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Ausente con excusa

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace

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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00105-02 (3615-2025)
Demandante: Diana Fabiola Millán Suárez
Demandado: Nación, Rama Judicial

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

24

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