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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2018-00232-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-33-000-2018-00232-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

Tema: relación laboral encubierta – enfermera.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 21 de septiembre de 2023, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La accionante celebró contratos de prestación de servicios con el Hospital
Departamental de Villavicencio E.S.E. como enfermera, cuya duración se extendió
por más de cuatro años. Solicitó la nulidad del acto administrativo que le negó el
reconocimiento de una relación laboral con la anterior entidad.

El Tribunal Administrativo del Meta accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda al considerar que se acreditaron los elementos propios de la relación de
trabajo.

La Subsección confirmará la sentencia de primera instancia toda vez que la parte
demandante acreditó la existencia de una relación laboral como enfermera. En
efecto, demostró la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación continua. Esto, salvo la condena en costas impuesta a la entidad
accionada.

1

Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito del 26 de julio de 20181, la señora Lorena Fernanda
Castro Castro, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra del Hospital
Departamental de Villavicencio E.S.E., según las pretensiones, hechos y
fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan2.

2. Solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el
Oficio E-1301-2018 del 1 de marzo de 2018, mediante el cual el Hospital
Departamental de Villavicencio E.S.E. le negó el reconocimiento de una relación
laboral desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 31 de enero de 2017, y el pago de
las prestaciones sociales y acreencias laborales solicitadas.

3. Pidió que se declare que existió una relación laboral entre ella y la accionada
con ocasión de la suscripción de múltiples contratos de prestación de servicios
durante el periodo antes señalado, de carácter indefinido «y sin fecha previa de
retiro», y que aquella terminó por despido injustificado.

4. A título de restablecimiento, solicitó que se ordene a la parte demandada a
reintegrarla al cargo que desempeñaba al momento del retiro o a uno de igual o
superior categoría; reconocer y pagar las prestaciones laborales y sociales
conforme a las funciones del cargo que ejercía —salarios, auxilio de cesantías,
intereses de cesantías, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones,
vacaciones, prima técnica, bonificaciones, horas extras, recargos nocturnos,
dominicales y festivos—; la devolución de las sumas pagadas por concepto de
seguridad social —salud, pensión y riesgos laborales— y retención en la fuente; el
pago de la diferencia salarial entre lo percibido en calidad de contratista y lo que
recibe mensualmente un enfermero de planta.

5. Requirió que las sumas reconocidas sean indexadas; se condene al pago de
la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y de los perjuicios morales.
Asimismo, que se dé cumplimiento al fallo según los artículos 192 y 195 del CPACA.

2.1.1. Hechos

6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

7. La señora Lorena Fernanda Castro Castro prestó sus servicios al Hospital
Departamental de Villavicencio E.S.E. desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 31
de enero de 2017, desempeñando el cargo de enfermera mediante la suscripción

1 Samai, gestión en otros despachos, radicación 50001233300020180023200, índice 01, expediente digital.
2 Samai, gestión en otros despachos, radicación 50001233300020180023200, índice 10, expediente digital,

archivo Incorpora Expediente Digitalizado(.pdf), págs. 2 a 72.
2

Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

sucesiva de quince contratos de prestación de servicios, cuyas vigencias oscilaron
entre 1 y 6 meses. Fue desvinculada de manera injustificada, en estado de
embarazo.

8. Durante toda la vinculación laboró en promedio 180 horas mensuales,
cumpliendo horarios de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., de 1:00 p.m. a 7:00 a.m., de 7:00
p.m. a 7:00 a.m. y de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. todos los días de la semana, sin ninguna
clase de autonomía, pues debía solicitar permiso a su jefe inmediato para
ausentarse.

9. Los contratos eran elaborados unilateralmente por la entidad, sin que a la
demandante le fuera permitido formular sugerencia alguna sobre su contenido. Ella
debía sufragar la totalidad de los aportes a pensión —al Fondo de Pensiones y
Cesantías Porvenir—, a salud —a Medimas— y a la ARP; y la entidad no consignó
el auxilio de cesantía en ningún fondo. Su remuneración mensual era de
$2.600.000, sujeta a diversos descuentos.

10. El 20 de febrero de 2018, solicitó a la entidad accionada el reconocimiento
de una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales y acreencias
laborales, derivados de esta. Tal petición fue negada por el agente especial
interventor de la institución de salud, mediante el Oficio E-1301-2018 del 1 de marzo
de 2018, sin que procediera recurso alguno en su contra.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

11. En la demanda se citaron las siguientes normas como vulneradas:

• Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 6, 13, 14, 25, 29, 43, 53, 95, 125, 127, 209
y 277.
• Ley 197 de 1938, artículo 2.
• Ley 65 de 1946, artículo 1.
• Ley 4 de 1990, artículo 8.
• Ley 10 de 1990.
• Ley 50 de 1990.
• Ley 100 de 1993.
• Ley 790 de 2002.
• Ley 1437 de 2011, artículos 2, 3, 44 y 138.
• Decreto 2400 de 1968, artículos 26 —inciso 2—, 40, 46 y 61.
• Decreto 3135 de 1968, artículo 21.
• Decreto 1250 de 1970, artículos 5 y 71.
• Decreto 1950 de 1973, artículos 108, 180, 215, 240, 241 y 242.
• Decreto 1333 de 1986.
• Decreto 1453 de 1998.
• Decreto 1582 de 1998.

3

Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

12. La parte demandante adujo que el acto acusado incurrió en falsa motivación,
al fundamentarse en la existencia de contratos de prestación de servicios cuando
en realidad concurrieron los tres elementos esenciales del contrato de trabajo: la
prestación personal del servicio, la continuada subordinación y la remuneración.
Señaló que la subordinación se evidenciaba en que la accionante estaba
permanentemente a órdenes de la coordinadora de salud mental, recibía llamados
de atención verbales y escritos, y cumplía horarios y funciones idénticas a las de las
enfermeras de planta.

13. Precisó que la labor de enfermería, por su naturaleza, no puede ejercerse de
forma autónoma, pues implica acatar las órdenes de los médicos tratantes, de modo
que la relación entre médicos y enfermeras supera la simple coordinación y
configura verdadera subordinación. Adujo igualmente que, al encontrarse la
demandante en estado de embarazo al momento de la desvinculación, le asistía el
fuero de maternidad y la consecuente estabilidad laboral reforzada, cuya
vulneración hacía procedente el reintegro y el pago de los emolumentos dejados de
percibir.

14. Argumentó que la prescripción trienal no era aplicable al caso, por tratarse
de un proceso cuya sentencia tiene naturaleza constitutiva, de manera que el
derecho a las prestaciones sociales solamente surge a partir de la ejecutoria del
fallo que declare la existencia de la relación laboral, por lo que mal podría hablarse
de prescripción de un derecho que aún no ha nacido a la vida jurídica.

15. Sostuvo que la demandada tenía la obligación de vincular a la actora en la
forma legalmente establecida para las enfermeras de las E.S.E., y que al no haberlo
hecho actuó de mala fe, razón por la cual debía asumir todas las consecuencias
patrimoniales derivadas de esa vinculación irregular.

2.2. Contestación de la demanda

16. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó
que se nieguen. Como excepciones propuso la «inexistencia de la relación laboral;
presunción de legalidad del acto administrativo; cobro de lo no debido; buena fe y
prescripción»3.

17. Afirmó que la no continuidad del servicio prestado por la demandante
obedeció a la expiración del plazo pactado en el contrato de prestación de servicios
No. 0493 de 2017, y que además se presentó una discontinuidad en la prestación
del servicio entre el 31 de octubre de 2014 y el 1 de octubre de 2015.

18. Manifestó que la relación entre las partes estuvo en todo momento regida por
contratos de prestación de servicios autorizados por el artículo 32, numeral 3, de la
Ley 80 de 1993, en los cuales se pactó expresamente la ausencia de relación laboral
3 Samai, gestión en otros despachos, radicación 50001233300020180023200, índice 11, expediente digital,

archivo Incorpora Expediente Digitalizado(.pdf), págs. 23 a 30.
4

Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

y la improcedencia de prestaciones sociales, todo ello aceptado voluntariamente por
la contratista. Adujo que aun cuando jurisprudencialmente se admite que la
administración suele disfrazar vínculos laborales bajo la forma de contratos de
prestación de servicios, en este caso los contratos fueron justificados por la
insuficiencia del personal de planta, de manera que su celebración respondió a una
necesidad legítima y no a la intención de evadir acreencias laborales.

19. Afirmó que la prestación del servicio en las instalaciones del Hospital y el uso
de sus herramientas no configuran por sí solos dependencia, pues el sistema de
salud impone condiciones operativas a todos los prestadores del servicio con
independencia de su vínculo jurídico. Señaló que los honorarios pactados fueron
debidamente cancelados y que la entidad actuó en todo momento con sujeción a la
ley. Añadió que el cumplimiento de un horario por parte de la contratista constituía
una circunstancia de coordinación y no una expresión de subordinación, toda vez
que las instrucciones que recibía eran consecuentes con las reglas del Sistema
Integral de Seguridad Social, mas no con el poder subordinante del empleador.

20. Indicó que la demandante ejecutó contratos desde el 1 de diciembre de 2012
hasta el 31 de octubre de 2014 y desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 31 de enero
de 2017, con una pérdida de continuidad entre esas dos etapas, por lo que operaba
la prescripción de lo causado antes del «30 de septiembre de 2014», al haber
transcurrido más de tres años sin reclamación.

2.3. Sentencia de primera instancia

21. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 21 de septiembre
de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la accionada4.

22. Señaló que entre las partes existió una relación laboral en dos periodos: del 1
de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2014, y del 1 de octubre de 2015 al 31 de
enero de 2017. Adujo que la prestación personal del servicio y la remuneración se
encontraban acreditadas con los contratos de prestación de servicios obrantes en
el expediente. Frente al elemento de la subordinación, precisó que, tratándose de
una enfermera, la jurisprudencia del Consejo de Estado5 ha establecido una
presunción de subordinación derivada de la naturaleza misma de las funciones, en
tanto el personal de enfermería no puede definir autónomamente el lugar ni el
horario de prestación del servicio, su actividad no puede suspenderse sin
justificación por el riesgo que ello implica para la salud de los pacientes, y la relación
con el personal médico va más allá de la simple coordinación, pues las enfermeras
ejecutan directamente las órdenes impartidas por los galenos.

4 Samai, gestión en otros despachos, radicación 50001233300020180023200, índice 44, expediente digital,

archivo 31_SENTENCIA(.pdf).
5 Citó: «Sentencia del 21 de abril de 2016. C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 13001 23 31 000 2012 00233 01

(2820 – 2014). Actor: Luz Elvira Montes Díaz».
5

Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

23. Sostuvo que, aunque quedó acreditado que la demandante concertaba sus
turnos con el Hospital y que durante el mismo período prestó servicios a
instituciones privadas —Servimédicos y La Confraternidad— y ejerció como
docente, estos hechos constituían indicios de inexistencia de subordinación,
insuficientes para enervar la presunción jurisprudencial aplicable a la labor de
enfermería.

24. Añadió que el artículo 128 de la Constitución Política prohíbe el desempeño
simultáneo de más de un empleo público, salvo los casos que determine la ley, y
que el artículo 2 de la Ley 269 de 1996 prevé como excepción a esa regla la
posibilidad de que el personal asistencial que preste directamente servicios de salud
desempeñe más de un empleo en entidades de derecho público, con una jornada
de hasta doce horas diarias sin exceder 66 horas semanales, cualquiera sea la
modalidad de su vinculación, siempre que no haya concurrencia de horarios.

25. Adujo, que la propia testigo de la entidad demandada, Elsa Ligia Figueroa
Saray, reconoció que el Hospital contaba con personal de enfermería de planta, que
resultaba insuficiente para cubrir la demanda del servicio de salud, y que las
funciones desarrolladas por la demandante eran idénticas a las del personal de
planta.

26. Declaró probada la excepción de prescripción frente al periodo anterior al 1 de
noviembre de 2014, por cuanto entre la terminación de ese vínculo y la petición
administrativa del 20 de febrero de 2018 transcurrieron más de tres años, con una
interrupción superior a 30 días hábiles entre los dos períodos de vinculación que
impidió predicar la continuidad de la relación.

27. En consecuencia, condenó a la entidad al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales ordinarias y factores salariales devengados por una
enfermera de planta, únicamente por el periodo comprendido entre el 1 de octubre
de 2015 y el 31 de enero de 2017. Negó el reconocimiento de prestaciones
extralegales; las diferencias salariales —por falta del manual de funciones y la hoja
de vida—; los recargos por dominicales y festivos, horas extras —por insuficiencia
probatoria de los cuadros de turno que obran en el expediente—; los perjuicios
morales —por ausencia de prueba—; la devolución de aportes a salud, riesgos
laborales — por su naturaleza parafiscal—; la retención en la fuente —por cuanto la
declaratoria de la relación laboral no implica la devolución de sumas contractuales.

28. También, ordenó el pago de los aportes a pensión por ambos períodos de
vinculación —del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2014 y del 1 de octubre
de 2015 al 31 de enero de 2017—, al tratarse de prestaciones periódicas de carácter
imprescriptible, en el porcentaje correspondiente al empleador, según lo ha
dispuesto el Consejo de Estado6, previa acreditación por parte de la demandante
de las cotizaciones realizadas durante su vínculo contractual. Condenó en costas al

6 No citó sentencia alguna.

6

Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., dada la prosperidad parcial de la
demanda.

29. Finalmente, el fuero de maternidad no fue reconocido porque la propia
demandante confesó en el interrogatorio de parte que desconocía su estado de
embarazo al momento de la desvinculación, de modo que el empleador tampoco
podía tener conocimiento de él; requisito que es indispensable según la
jurisprudencia constitucional para activar dicha protección.

2.4. Recurso de apelación

30. La entidad accionada interpuso recurso de apelación con el propósito de que
se revoque el fallo de primera instancia y se nieguen las pretensiones de la
demanda, según los siguientes argumentos7:

31. Manifestó que estaba de acuerdo con la declaratoria de prescripción de los
derechos correspondientes al periodo anterior al 1 de noviembre de 2014, así como
con la acreditación de los elementos de prestación personal del servicio y
remuneración. Su inconformidad se centró en la configuración del elemento de
subordinación respecto del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y el
31 de enero de 2017. Señaló que las pruebas practicadas en el proceso —la
declaración de Elsa Ligia Figueroa Saray, el interrogatorio de parte de la
demandante y el testimonio de Marco Antonio Gómez— demostraban que la
accionante concertaba libremente sus turnos con el Hospital para poder prestar
simultáneamente sus servicios a otras instituciones como Servimédicos y La
Confraternidad, y ejercer como docente en Corpotecmeta, lo que constituía un
indicio de inexistencia de subordinación.

32. Adujo que el Tribunal incurrió en un error al utilizar la Ley 269 de 1996 como
fundamento para restar valor a dicho indicio, pues esa norma no tuvo por objeto
establecer ni desvirtuar presunciones relativas a la existencia del contrato realidad.
Precisó que la finalidad de la Ley 269 de 1996 fue garantizar la atención en salud
como servicio público esencial, para lo cual flexibilizó la prohibición constitucional
del artículo 128 de la Carta Política y permitió que el personal asistencial
desempeñara más de un empleo en entidades de derecho público, con el único
propósito de ampliar la cobertura del servicio de salud ante la insuficiencia del
talento humano en el sector.

33. Sostuvo que la posibilidad de concertar y cambiar turnos, así como de prestar
servicios simultáneamente en otras instituciones, demostraba la autonomía e
independencia con la que actuaba la demandante, propia de quien está vinculado
por contrato de prestación de servicios. En su criterio, lo que existió entre las partes
fue una relación de coordinación técnica y no de subordinación, toda vez que el
cumplimiento de un horario concertado y la recepción de instrucciones para el
7 Samai, gestión en otros despachos, radicación 50001233300020180023200, índice 47, expediente digital,

archivo Memorial__34RECURSO(.pdf).
7

Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

desarrollo del objeto contractual no configuran por sí solos el elemento subordinante
de una relación laboral, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia8 y del Consejo de Estado9 que citó en sustento de su postura.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

34. Mediante auto del 18 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada, y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia10.

2.6. Ministerio Público

35. La Procuraduría Segunda Delegada11 ante el Consejo de Estado no rindió
concepto.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

36. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

37. De acuerdo con el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, y
teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en la alzada, corresponde a la Sala definir si:

38. ¿Existió una relación laboral entre la entidad accionada y la demandante,
quien ejerció como enfermera a partir de los contratos de prestación de servicios
celebrados con el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.?

39. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará los siguientes temas:
(1) relación laboral encubierta; (2) distinción entre coordinación y subordinación; (3)
la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de la subordinación.

8 Citó: «sentencia SL-663 de 2018, Rad. 64366».
9 Citó: «sentencia de la Subsección “B”, del 19 de febrero de 2004, Exp. No. 0099-03».
10 Samai, índice 13, expediente digital, archivo 14Autoqueadmite_admitirre_1875222023Autoadmite(.pdf).
11 Samai, índice 16, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).

8

Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

40. A partir de las anteriores consideraciones: (4) se destacarán los hechos
probados más relevantes, y (5) en el acápite de análisis del caso concreto se
resolverá el problema jurídico propuesto.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial

41. La jurisprudencia unificada de esta corporación12 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los
elementos esenciales de un vínculo laboral.

42. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.

43. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado
público a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.

44. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior,
para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado»13.

45. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en
conjunto bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la
subordinación continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta
detrás del ropaje formal del contrato de prestación de servicios.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 05001-

23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
13 Ibidem.

9

Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

46. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación
son que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la
entidad, con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se
materializa en las órdenes sobre el modo, tiempo y cantidad del trabajo, la
participación en reuniones obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos.
También son elementos indicativos de la subordinación que las actividades
contratadas correspondan al objeto misional de la entidad con funciones
equivalentes a los empleados de planta de personal.

47. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»14.

48. Así mismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son
formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación
con el contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de
una relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el
desempeño de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales
actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la
entidad»15.

49. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del
contrato estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:

Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».16

89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la
labor encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta
subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de

14 Idem.
15 Idem.
16 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un

apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
10

Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni
prestaciones sociales».17

90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.18

91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.

50. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación
del 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las
funciones permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente
necesidades temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos
contratos «no pueden suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o
misionales de las entidades, pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones
legales y reglamentarias». De tal suerte, cuando se acredite que el contratista
cumplió de forma subordinada funciones misionales, permanentes y propias del
personal de planta, debe reconocerse la existencia de una relación laboral
encubierta.

51. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el
señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con
el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación
del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de
ninguna manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en

17 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que

en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo
rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia
C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32,
indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se
acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,

exp. IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.

52. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como “una camisa de
fuerza” que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último,
que en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren
dentro del plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí
indicado».

53. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si
existen interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles.
Esta regla de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:

(a) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.

(b) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción
en casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el
que más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más
adecuado para cumplir el fin de la jurisdicción contenciosa-administrativa.

(c) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En
la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para
determinar si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de
otro anterior, puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe
la relación laboral encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales
interrupciones, superiores, incluso, a un mes».

3.3.2. Distinción entre coordinación y subordinación

54. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no
debe recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que
se puedan fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o

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vigilancia, siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal
coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo»19.

55. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202120, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como
puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados21».

56. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una
relación laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas
que desarrollan los empleados de planta.

57. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar
la subordinación: (1) uso de instalaciones de la entidad; (2) cumplimiento de horarios
rígidos; (3) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (4) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración
se traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:

a) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas,
esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador
habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas
para los empleados de planta.

b) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación
laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas
actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos
para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario
de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

c) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al

19 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 05001-23-33-000-2013-

01143-01 (1317-2016).
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,

exp. IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,22 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.

d) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de
esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que
se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas,
incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a
cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que
él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de
obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de
la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad.

3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de la
subordinación

58. Cuando se trata del elemento de la subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia
ha expuesto una serie de indicios que prueban que se oculta tras un contrato de
prestación de servicios.

59. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los
supuestos de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad
judicial, por ello, ese interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que
las pruebas se practiquen o se aporten»23, y materializa la regla procesal regulada
en el artículo 167 del Código General del Proceso consistente en que «incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen». Esta norma se lee en consonancia con el artículo 164
idem que regula el principio de necesidad de la prueba, al indicar que «toda decisión

22 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54

y 55.
23 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.

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judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso».

60. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a su demostración.

61. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»24, de
modo que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia
debe estar debidamente probado (art. 240 CGP), «requisito central para que a partir
del mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»25.

62. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo
cual remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las
reglas de la sana crítica (art. 176 CGP).

63. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.

64. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede
distribuir la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier
momento antes de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en
su poder el objeto de prueba, […] o por estado de indefensión o de incapacidad en
la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares».

3.4. Hechos probados relevantes

65. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se evidencia lo
siguiente:

66. La señora Lorena Fernanda Castro Castro suscribió entre los años 2012 y
2017 contratos de prestación de servicios con el Hospital Departamental de
Villavicencio E.S.E., con el objeto de prestar servicios como enfermera. Esto, según
24 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
25 Idem.

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Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
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consta en la copia de dichos contratos y en el certificado emitido por la profesional
especializada de la Unidad Funcional de Talento Humano de la entidad, conforme
se muestra a continuación26:

Contrato Desde Hasta Interrupciones (días
hábiles)
4573-2012 01/12/2012 31/12/2012 0
0537-2013 01/01/2013 31/01/2013 0
Adición 01-0537- 01/02/2013 28/02/2013 0
2013
Adición 02-0537- 01/03/2013 31/03/2013 0
2013
1226-2013 01/04/2013 30/06/2013 0
1710-2013 01/07/2013 31/07/2013 0
Adición 01-1710- 01/08/2013 31/08/2013 0
2013
2829-2013 01/09/2013 30/11/2013 0
Adición 01-2829- 01/12/2013 31/12/2013 0
2013
0365-2014 01/01/2014 30/06/2014 0
1650-2014 01/07/2014 30/09/2014 0
2931-2014 01/10/2014 31/10/2014 0
3681-2015 01/10/2015 31/10/2015 221
Adición 01-3681- 01/11/2015 30/11/2015 0
2015
Adición 02-3681- 01/12/2015 31/12/2015 0
2015
0024-2016 01/01/2016 31/01/2016 0
1151-2016 01/02/2016 30/04/2016 0
2298-2016 01/05/2016 31/07/2016 0
3325-2016 01/08/2016 30/09/2016 0
4140-2016 01/10/2016 31/12/2016 0
0493-2017 01/01/2017 31/01/2017 0
Tabla 1: contratos de prestación de servicios suscritos entre la accionante y la entidad demandada,
y los periodos de interrupción entre uno y otro.

67. Reposan en el expediente las copias de los certificados de egreso de los pagos
de cada uno de los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes27.

68. Obran en el plenario las copias de cuadros de turnos de prestación de servicios
por parte de la demandante, firmados por el coordinador de la Unidad Funcional del
Hospital demandado y el profesional especializado del Departamento de
Enfermería, correspondientes a algunos meses de los años 2014, 2015, 2016 y
201728.

26 Samai, gestión en otros despachos, radicación 50001233300020180023200, índice 10, expediente digital,

archivo Incorpora Expediente Digitalizado(.pdf), págs. 93 a 163; índice 11, archivo Incorpora Expediente
Digitalizado(.pdf), págs. 97 a 98.
27 Samai, gestión en otros despachos, radicación 50001233300020180023200, índice 10, expediente digital,

archivo Incorpora Expediente Digitalizado(.pdf), págs. 165 a 201.
28 Samai, gestión en otros despachos, radicación 50001233300020180023200, índice 10, expediente digital,

archivo Incorpora Expediente Digitalizado(.pdf), págs. 202 a 233.
16

Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

69. Se observan en el expediente las copias de los resúmenes de pago de los
aportes a salud y pensión de la accionante durante algunos meses de los años
2013, 2015, 2016 y 201729.

70. El 20 de febrero de 2018, la señora Lorena Fernanda Castro Castro le solicitó
al Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. que reconociera la existencia de
una relación laboral, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de enero de 2017, que
la reintegrara al cargo que ejercía y le pagara los emolumentos salariales,
prestacionales y de seguridad social, causados durante el periodo en el que prestó
sus servicios a la entidad30.

71. Mediante el Oficio E-1301-2018 del 1 de marzo de 2018, el agente especial
interventor de la E.S.E. negó la petición anterior. En este acto administrativo no se
indicó la procedencia de recurso alguno en su contra31.

72. En audiencia de pruebas celebrada el 28 de febrero de 2023, se recibieron los
testimonios de los señores Miyer Alejo Suárez y Marco Antonio Gómez, solicitados
por la parte accionada, y el interrogatorio de parte de la señora Lorena Fernanda
Castro Castro, además del testimonio de la señora Elsa Ligia Figueroa Saray,
solicitados por la entidad accionada32.

• Interrogatorio de parte. Señora Lorena Fernanda Castro Castro

73. Manifestó que es enfermera profesional y que estuvo vinculada al Hospital
Departamental de Villavicencio mediante contratos de prestación de servicios desde
diciembre de 2012 hasta enero de 2017, período durante el cual afirmó que dicha
vinculación no presentó interrupción alguna.

74. Al ser interrogada sobre la disparidad que registra la certificación expedida por
la contadora del Hospital Departamental de Villavicencio, Sandra Patricia Perdomo
Salas, en la que constan ingresos de $25.767.555 para el año 2014 y de
$30.942.505 para el año 2016, pero únicamente $7.027.515 para el año 2015, la
declarante manifestó no tener explicación para dicho desfase, señalando que no
llevaba registro de sus ingresos anuales y que los hechos se remontan a once años
atrás. Agregó que posiblemente no todos los contratos de ese período se
encontraban relacionados en el documento.

75. Frente al interrogante dirigido a precisar si durante el período de vinculación
con el Hospital Departamental de Villavicencio prestó servicios simultáneamente a

29 Samai, gestión en otros despachos, radicación 50001233300020180023200, índice 10, expediente digital,

archivo Incorpora Expediente Digitalizado(.pdf), págs. 234 a 331; índice 11, archivo Incorpora Expediente
Digitalizado(.pdf), págs. 59 a 96.
30 Samai, gestión en otros despachos, radicación 50001233300020180023200, índice 10, expediente digital,

archivo Incorpora Expediente Digitalizado(.pdf), págs. 78 a 82.
31 Samai, gestión en otros despachos, radicación 50001233300020180023200, índice 10, expediente digital,

archivo Incorpora Expediente Digitalizado(.pdf), págs. 83 a 86.
32 Samai, gestión en otros despachos, radicación 50001233300020180023200, índice 37, expediente digital,

archivo 27_AUDIENCIADEPRUEBAS_ACTAFINAL20180023(.pdf).
17

Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

otras instituciones, respondió afirmativamente. Precisó que en ese mismo lapso
laboró en Servimédicos (clínica), como docente en Corpotecmeta dictando teoría y
práctica para auxiliares de enfermería, y en La Confraternidad, institución dedicada
a la salud mental.

76. En relación con los llamados de atención que, según la demanda, le dirigía la
coordinadora de salud mental Gloria Vélez, la declarante indicó que nunca recibió
llamados de atención escritos de manera individual. Señaló que los llamados
verbales eran de carácter general y dirigidos a todos los compañeros de trabajo, sin
que existiera uno específico dirigido a su persona.

77. Respecto al estado de embarazo al momento de la terminación del contrato,
manifestó que cuando este no fue renovado para el mes de febrero, contaba con
aproximadamente dos semanas de gestación, condición de la que no tenía
conocimiento mientras se encontraba vinculada. Refirió que al sentirse mal días
después, acudió al médico y mediante una ecografía se confirmó el embarazo,
momento en el que, haciendo el cálculo calendario, determinó que la concepción
había ocurrido durante la vigencia del contrato. Indicó que comunicó su estado al
interventor de la época mediante escrito, sin haber obtenido respuesta alguna.

• Testimonio del señor Miyer Alejo Suárez

78. Indicó que es contador público independiente y, adicionalmente, técnico
auxiliar de enfermería, profesión con la que financió sus estudios universitarios.
Señaló que laboró en el Hospital Departamental de Villavicencio como auxiliar de
enfermería en varios servicios de la institución, desde el año 2011 hasta septiembre
de 2014. Indicó que conoció a la señora Lorena Fernanda Castro Castro
aproximadamente en el año 2012, cuando ella se desempeñaba en el servicio de
urgencias y él en el de medicina interna, con ocasión de la entrega de pacientes
entre servicios. Manifestó que cuando se retiró del Hospital en 2015, la demandante
continuaba prestando sus servicios en la institución.

79. En cuanto a las funciones que le constaba desempeñaba la señora Lorena
Fernanda Castro, describió que comprendían recibir turno en el horario asignado,
«evolucionar» historias clínicas, revisar y ejecutar las órdenes médicas, actualizar
KARDEX, administrar medicamentos, realizar curaciones y transfusiones de sangre,
gestionar autorizaciones telefónicas para procedimientos, y actualizar las listas de
dietas de los pacientes. Precisó que para el cumplimiento de estas funciones, la
demandante recibía instrucciones de los médicos y especialistas tratantes.

80. Respecto a los cuadros de turno, manifestó que era la coordinadora de
enfermería quien los elaboraba y distribuía en todos los servicios, dos o tres días
antes de finalizar cada mes, con vigencia del primero al último día del mes siguiente.
Señaló que a ningún trabajador, de planta ni contratista, se le consultaban
preferencias ni se contemplaban condiciones especiales para la asignación de
turnos, y que en su experiencia personal nunca le fueron tenidos en cuenta dichos
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Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
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factores. Aclaró que no le constaba si frente a la demandante se hubiera adoptado
algún trato diferenciado en la elaboración de dichos cuadros.

81. En cuanto a las condiciones de trabajo, indicó que los elementos e insumos
utilizados, tales como batas quirúrgicas, guantes, tapabocas, gorros y polainas, eran
suministrados por el Hospital. Adujo que tanto el personal de planta como el
vinculado por contrato de prestación de servicios utilizaban la misma
documentación, sistema informático y desarrollaban idénticas funciones
asistenciales, sin que existiera diferencia alguna entre unos y otros en este aspecto.
Añadió que las labores debían ejecutarse exclusiva y necesariamente en las
instalaciones del Hospital.

82. En relación con el control de ingreso y salida, precisó que todos los
trabajadores portaban un carné con código de barras expedido por el Hospital, en
el que figuraba el nombre del titular, la imagen del servicio de urgencias y la
denominación de la institución, el cual se utilizaba para registrar electrónicamente
la hora de entrada y de salida. Indicó que las reuniones de carácter laboral eran
convocadas para la totalidad del personal, tanto de planta como contratista, y que
en ellas la coordinadora de enfermería impartía directrices y formulaba llamados de
atención por igual a todos. Manifestó desconocer si la demandante prestaba
servicios simultáneamente en otra institución, así como las razones por las cuales
el Hospital mantenía una doble vinculación entre personal de planta y personal por
OPS.

• Testimonio del señor Marco Antonio Gómez

83. Indicó que reside en el municipio de Puerto López, donde se desempeña como
enfermero profesional. Afirmó que laboró en el Hospital Departamental de
Villavicencio desde 1996, primero como auxiliar de enfermería y luego como
enfermero profesional, hasta el año 2016, siempre vinculado mediante contratos de
prestación de servicios.

84. Manifestó que conoce a la señora Lorena Fernanda Castro Castro desde hace
diez años aproximadamente, en su condición de compañera de trabajo en el
Hospital Departamental de Villavicencio, donde la observó desempeñarse en los
servicios de urgencias y salud mental. Describió que las funciones que le constaba
desarrollaba la demandante eran las propias de una enfermera jefe profesional,
consistentes en el manejo de personal auxiliar de enfermería, suministro y registro
de medicamentos, cumplimiento de órdenes médicas, atención de pacientes y
demás actividades asistenciales inherentes al cargo. Precisó que tanto el personal
vinculado de planta como el personal de OPS desempeñaba las mismas funciones,
sin diferencia alguna en las actividades asistenciales, y que las instrucciones
médicas eran impartidas de manera uniforme para unos y otros por los mismos
médicos de turno.

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Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

85. En cuanto a los cuadros de turno, manifestó que eran elaborados por la
coordinadora de cada área y entregados al personal al finalizar cada mes, bien fuera
mediante copia individual o fijación en cartelera. Señaló que los cuadros estaban
organizados por categorías, con listados separados para auxiliares de enfermería,
enfermeros jefes y personal médico, y que comprendían turnos de mañana, tarde y
noche; de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.; de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. y de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.
Precisó que en ocasiones existía la posibilidad de cambiar turnos entre compañeros,
pero que dicho cambio requería la elaboración de un formato firmado por ambas
partes y la aprobación de la coordinadora del área, sin que pudiera realizarse de
manera autónoma.

86. Frente a las diferencias entre el personal de planta y el personal de OPS, indicó
que los primeros gozaban de prebendas adicionales como compensatorios por días
festivos, vacaciones y otros beneficios, mientras que el personal contratista debía
cumplir día a día con sus obligaciones sin acceder a ninguna de dichas
prerrogativas. Añadió que el hospital entregaba dotación de uniformes únicamente
al personal de planta, en tanto que los elementos de protección personal, tales como
guantes, polainas y batas, eran suministrados por la institución a todo el personal
por igual. Señaló que las reuniones de carácter laboral convocadas por la
coordinación eran para la totalidad del personal, sin distinción, y que en ellas se
impartían instrucciones generales y se señalaban fallas en el servicio sin hacer
señalamientos individuales.

87. Respecto a la posibilidad de ausentarse del servicio, manifestó que ningún
trabajador podía retirarse del área durante el turno sin autorización del responsable
de esta o sin tramitar el permiso ante Recursos Humanos. En relación con la
duración de los contratos de prestación de servicios, indicó que podían suscribirse
por uno, tres o seis meses, dependiendo de la necesidad de la institución y del área
de desempeño, y que entre el vencimiento de un contrato y la suscripción del
siguiente, el Hospital solía dejar transcurrir aproximadamente un mes de
interrupción, práctica que, según le fue explicado, tenía por objeto evitar que se
configurara un vínculo laboral que pudiera comprometer a la institución a vincularlos
como personal de planta.

• Testimonio de la señora Elsa Ligia Figueroa Saray

88. Manifestó ser economista con especialización en gerencia de recursos
humanos, y encontrarse vinculada al Hospital Departamental de Villavicencio desde
julio de 2002, desempeñándose en la Unidad Funcional de Talento Humano desde
enero de 2014 en el cargo de profesional especializada. Aclaró no tener vínculo de
parentesco, laboral, ni de carácter crediticio con la demandante Lorena Fernanda
Castro Castro. Precisó que su testimonio se fundamenta en la revisión de la historia
laboral que reposa en el archivo de gestión documental del Hospital, dado que no
tuvo trato directo con ella ni fue su supervisora.

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Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

89. Indicó que, de acuerdo con los archivos consultados, la accionante estuvo
vinculada mediante contrato de prestación de servicios desde diciembre de 2012
hasta enero de 2017, prestando sus servicios sucesivamente en las áreas de
urgencias, hospitalización y, por último, salud mental, en la que finalizó su relación
contractual. Señaló que el Hospital no contaba con personal de planta suficiente
para cubrir dichas áreas, dado el reducido número de enfermeras de planta, lo que
generaba la necesidad de vincular personal mediante contratos de prestación de
servicios, situación que de acuerdo con la declarante ha sido objeto de estudios
técnicos de formalización sin que la viabilidad financiera lo haya permitido,
circunstancia que motivó la intervención del Hospital por la Superintendencia
Nacional de Salud entre 2015 y 2020.

90. Sobre las diferencias entre el personal de planta y el contratado por prestación
de servicios, manifestó que las funciones desarrolladas por unas y otras enfermeras
jefes eran las mismas, variando únicamente en que el personal de planta tenía un
jefe inmediato y debía sujetarse a un horario y a procedimientos disciplinarios
formales, mientras que los contratistas contaban únicamente con un supervisor,
designado por la gerencia a través de la oficina jurídica, cuya función se limitaba a
coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin asimilarse a la
figura de jefe inmediato ni tener facultad para imponer sanciones disciplinarias.
Indicó que cuando un contratista requería ausentarse, debía informar a su
supervisor para que este pudiera suplir la necesidad del servicio. Precisó que los
equipos e instalaciones eran los mismos para el personal de planta y para los
contratistas.

91. Al ser interrogada por el apoderado de la entidad demandada, reconoció que,
según la hoja de vida laboral de la demandante, esta prestó simultáneamente
servicios como docente en el INSI y en Corpotecmeta en el año 2013, y con
Servimédicos en el año 2014, mientras mantenía su vínculo con el Hospital.

92. Explicó que la institución no suscribe contratos de exclusividad con sus
prestadores de servicio y que, para conciliar la disponibilidad de tiempo de quienes
laboraban en otras instituciones, se manejaban las denominadas «agendas
concertadas», mediante las cuales el supervisor del contrato debía tener en cuenta
la secuencia de turnos que el contratista tuviera en otros lugares de trabajo. Indicó
que inicialmente estas agendas se consignaban en los mismos cuadros de turno del
personal de planta, y que posteriormente se separaron como acción de mejora
administrativa, sin recordar la fecha exacta de dicho cambio. Aclaró que no encontró
dentro de la historia laboral de la demandante ningún formato escrito
correspondiente a una agenda concertada.

93. Frente al interrogatorio de la apoderada de la parte demandante, precisó que
el Área de Talento Humano no administra directamente los contratos de prestación
de servicios, función que corresponde a la Oficina Jurídica del Hospital, limitándose
su dependencia a verificar el cumplimiento de los requisitos de habilitación exigidos
por la normativa, tarea que en los últimos dos años pasó a ser competencia
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Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

exclusiva de dicha Oficina Jurídica. Manifestó no tener conocimiento sobre la
existencia de una minuta contractual específica para los prestadores de servicio, ni
sobre las razones por las cuales se suscribían contratos de duración corta y
sucesiva, por no ser estos asuntos de competencia de su área.

94. En respuesta a las preguntas del Ministerio Público, sostuvo que las
actividades contratadas con la demandante correspondían a labores misionales y
asistenciales, necesarias y permanentes para el funcionamiento del Hospital,
calificando la profesión de enfermería como esencial para la institución. Indicó que
el coordinador de cada área formulaba la justificación de necesidad de personal, sin
que ello implicara que el Área de Talento Humano interviniera en la elaboración de
los estudios previos o en la definición de los elementos esenciales del contrato, por
no ser ello de su competencia.

95. Señaló que, en caso de incapacidad médica de un contratista, dicha situación
era gestionada directamente por la Oficina Jurídica en coordinación con el
supervisor del contrato, sin intervención del Área de Talento Humano. Finalmente,
indicó que la elección del área de prestación del servicio por parte del contratista
dependía de la necesidad previamente definida por el Hospital.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

96. La entidad accionada solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia
y se nieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que, a su juicio, entre las
partes no existió una relación laboral encubierta, en tanto no se configuró el
elemento de la subordinación, toda vez que la accionante mientras desempeñaba
su labor como enfermera de la E.S.E. demandada, trabajaba para otras entidades.

97. Así las cosas, la Sala analizará si en el presente asunto se acreditan los
elementos que permitirían la configuración de una relación laboral entre la señora
Lorena Fernanda Castro Castro y el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

98. En primer lugar, se destaca que conforme se señaló en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, para que proceda la declaratoria de existencia de
una relación laboral encubierta, la parte demandante debe acreditar que se
materializaron tres elementos, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo: (1) la prestación personal del servicio, (2) la subordinación continua y (3)
la remuneración como contraprestación del servicio.

3.5.1. Prestación personal del servicio

99. De acuerdo con la documental que obra en el expediente, esto es, la copia de
los contratos de prestación de servicios, que se relacionaron en el acápite de hechos
probados de la presente providencia, se acredita que la señora Lorena Fernanda
Castro Castro prestó servicios en el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

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Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de enero de 2017, conforme a los contratos
suscritos durante dicho lapso.

100. Según el objeto de los contratos celebrados y lo manifestó en su declaración
la señora Elsa Ligia Figueroa Saray, en calidad de profesional especializado de la
Unidad Funcional de Talento Humano del Hospital accionado, la demandante
efectuó la labor como enfermera en las unidades de hospitalización, urgencias y
salud mental. Ello, con el propósito de «evolucionar» historias clínicas, revisar y
ejecutar órdenes médicas, realizar curaciones y transfusiones de sangre, tomas de
muestras, suministro de medicamentos, atención de pacientes, conforme se
advierte en los referidos contratos y lo afirmaron los testigos Miyer Alejo Suárez y
Marco Antonio Gómez.

101. Los testigos en mención también coincidieron en señalar que la labor de la
accionante exigía su presencia física en las instalaciones de la entidad y cuando
necesitaba ausentarse, debía conseguir un remplazo para que no se afectara la
prestación del servicio.

102. En este orden, se considera que la demandante debía ejercer de manera
personal las obligaciones y funciones para las cuales fue contratada.

3.5.2. Remuneración

103. En los contratos de prestación de servicios celebrados entre la accionante y el
Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., las partes acordaron el pago de
honorarios a favor de la contratista, lo cual se evidencia en la copia de estos, que
reposan en el plenario, en donde se advierte que se fijó un valor por la prestación
de los servicios.

104.A su vez, obran en el expediente los comprobantes de egreso de los pagos de
cada uno de los contratos suscritos entre las partes, que dan cuenta de la
remuneración recibida.

3.5.3. Continuada subordinación o dependencia

105. El elemento de la subordinación se configura cuando el empleador ejerce
poder de dirección, imparte órdenes sobre el modo, el tiempo y el lugar de la
ejecución del trabajo, aplica reglamentos internos y puede imponer sanciones por
incumplimiento, características propias de una relación laboral y ajenas a la
naturaleza autónoma del contrato de prestación de servicios.

106. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En
tales casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan

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Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

asumir un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional
de la entidad.

107. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, se explica a la entidad
demandada, en observancia al recurso de apelación, que esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos o, más técnicamente, indicios que permiten inferir la
existencia de una relación laboral subordinada encubierta.

108. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso.

109. Descendiendo al caso concreto, se señala que, de conformidad con el Decreto
1876 de 199433, las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría
especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa. Y según lo prevé tal norma, tienen como objetivo,
entre otros, prestar los servicios de salud de manera eficiente y efectiva, de acuerdo
con las normas de calidad establecidas, garantizando mediante un manejo gerencial
adecuado, la rentabilidad social y financiera de la entidad. Tales objetivos hacen
parte de la misión de cada E.S.E.

110. Ahora bien, según las pruebas practicadas, se tiene que la señora Lorena
Fernanda Castro Castro ejecutó la labor de enfermera en el Hospital Departamental
de Villavicencio. Ello quiere decir que, en dicha calidad, en consonancia con lo antes
mencionado, desempeñó funciones para cumplir con el objeto misional de la E.S.E.,
por cuanto las actividades de enfermería que inmiscuyen el cuidado y valoración de
la evolución del paciente, promover su recuperación, el suministro de medicamentos
al enfermo y el control de insumos, hacen parte de la adecuada prestación del
servicio de salud.

111. Lo anterior, lo confirmó la profesional especializada de la Unidad Funcional de
Talento Humano de la entidad accionada, Elsa Ligia Figueroa Saray, quien en su
declaración sostuvo que las actividades contratadas con la demandante
correspondían a labores misionales y asistenciales, necesarias y permanentes para
el funcionamiento del Hospital.

112. Lo anterior, tiene fundamento, además, en que de acuerdo con los contratos
suscritos con el Hospital la accionante se comprometió a cumplir, entre otras, las
siguientes obligaciones específicas:
33 «Por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con las

Empresas Sociales del Estado».
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Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

• Participar activamente en el SGC, MECI, actividades académicas y de actualización,
reuniones programadas de tipo administrativo.
• Atención cordial a los clientes internos y externos que requieran los servicios.
(…)
• Contribuir a la solución de las inquietudes de los usuarios en relación con su
atención, derechos y obligaciones.
(…)
• Informar oportunamente al superior, situaciones de emergencia
• Tramitar oportunamente los pedidos de insumos, equipos, instrumental, papelería y
demás requerimientos administrativos para garantizar que los insumos y suministros
se encuentren disponibles en el servicio.
• Revisar historias clínicas e instrucciones médicas de todos los casos y establecer el
plan de atención de enfermería.
• Participar, realizar y socializar las guías de manejo de enfermería.
• Realizar procedimientos referentes a toma de EKG, glucometrías, gasometrías,
Instalación de bomba de infusión y monitores.
• Realizar la lista de medicamentos por administrar, prepararlos y suministrarlos.
(…)
• Verificar y gestionar la dispensación de los medicamentos, como la iniciación de los
tratamientos en forma inmediata y/o oportuna.
(…)
• Gestionar toma de: exámenes diagnósticos: laboratorio clínico e imágenes
diagnósticas: RX-Ecografías, TAS Nuclear, en cada turno.
• Efectuar la toma de: electrocardiogramas, oximetrías, glucometrías. Instalación de
bombas de Infusión y monitores, nutrición: enteral y parenteral.
• Iniciar transfusión de hemoderivados: sangre total, glóbulos rojos, plaquetas,
plasma, albúmina, de acuerdo con protocolo del banco de sangre.
(…)
• Revisar, valorar y observar permanentemente el estado de salud de los pacientes
de acuerdo con las historias clínicas, instrucciones médicas, muestras, exámenes y
medicamentos aplicados, sintomatología presentada en su fase de control y
recuperación.
(…)
• Realizar, en el software establecido por la institución, los respectivos registros en la
historia clínica según la actividad o procedimiento, realizado y no podrá ser delegado
a los estudiantes y personal en vía de formación académica. En caso omiso asumirá
la glosa que ello genere.
• Participar activamente en los procesos de mejoramiento que se lleven a cabo en la
institución mediante la participación, coordinación y compromiso en las actividades
que se planean e implementan.
• Cumplir con los requerimientos exigidos por la parte administrativa del Hospital.
• Asistir al superior inmediato para efectos de presentación de informes, gestión y
programación de reuniones.
• Garantizar la custodia y conservación de los elementos que sean puestos a su
disposición para el cumplimiento de sus obligaciones.
• Realizar la actualización del censo diario de pacientes y el ingreso de hechos vitales
al aplicativo de la intranet del Hospital.

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Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

• En caso de requerirse, deberá prestar el servicio en una unidad diferente a la
inicialmente designada por la gerencia.
• Presentar el Informe mensual de actividades, al término de la ejecución del período
correspondiente, el cual será evaluado y certificado por el supervisor del contrato,
anexando la certificación de asistencia a las capacitaciones programadas por el
Hospital.

113. Advertido lo anterior, se evidencia que la accionante no realizó sus actividades
de forma autónoma e independiente, en tanto las obligaciones y labores
desarrolladas tienen correspondencia con el poder subordinante del empleador.
Ello, toda vez que debía revisar, valorar y observar permanentemente el estado de
salud de los pacientes de acuerdo con las historias clínicas y las instrucciones
médicas; realizar, en el software establecido por la institución, los respectivos
registros en la historia clínica según la actividad o procedimiento, efectuado;
participar activamente en los procesos de mejoramiento que se llevaran a cabo en
el Hospital y cumplir con los requerimientos exigidos por la parte administrativa de
este.

114. Lo anterior coincide con lo afirmado por los testigos Miyer Alejo Suárez y Marco
Antonio Gómez, quienes sostuvieron que para el cumplimiento de las funciones la
demandante recibía instrucciones de los médicos y especialistas tratantes.

115. Ahora bien, se advierte, según los contratos, que las obligaciones pactadas
eran susceptibles de ser modificadas, por cuanto según se fijó, la accionante
debería prestar el servicio en una unidad diferente a la inicialmente designada, en
caso de que así lo determinara el Hospital. Circunstancia que evidencia el ejercicio
del ius variandi, propio de una relación laboral caracterizada por el sometimiento a
controles y lineamientos jerárquicos dispuestos por la entidad.

116. Sumado a lo expuesto, se advierte que, según lo declaró el señor Marco
Antonio Gómez, y se evidencia en los cuadros de turnos que se aportaron al proceso
—en los que se observan los cronogramas de actividades—, la accionante laboraba
en jornadas de mañana, tarde o noche. Dichos cuadros eran firmados por la
enfermera, el coordinador de la Unidad Funcional de Hospitalización o el profesional
especializado del Departamento de Enfermería.

117. En punto, se destaca que según lo señaló el mismo testigo, ningún trabajador
podía retirarse durante el turno sin autorización del responsable del área o sin
tramitar el permiso ante Recursos Humanos, y en caso de necesitar algún cambio,
debía diligenciarse un formato firmado por ambas partes con la aprobación del
coordinador del área.

118. Por su parte, la señora Elsa Ligia Figueroa Saray, empleada de la Unidad
Funcional de Talento Humano del Hospital, manifestó que el Hospital manejaba las
denominadas «agendas concertadas», de manera que se pudiese conciliar la
disponibilidad de tiempo con aquellos contratistas que laboraran a su vez en otros

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Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

lugares. Ello, por cuanto, conforme lo expuso, la institución no suscribe contratos de
exclusividad con los prestadores de los servicios.

119. En contraposición, el testigo Miyer Alejo Suárez afirmó que no se tenían en
cuenta ningún tipo de preferencias para la asignación de turnos, ni a los contratistas
se les consultaba al respecto.

120. A su vez, se advierte que según lo dijo la señora Lorena Fernanda Castro
Castro en el interrogatorio de parte, entre el año 2012 y 2017, periodo en el que
prestaba sus servicios para el Hospital Departamental de Villavicencio, también
laboró para la clínica Servimédicos; como docente en Corpotecmeta y en La
Confraternidad, institución dedicada a la salud mental.

121. Sobre el particular, se pronunció la parte recurrente, quien alegó que la
posibilidad de concertar y cambiar turnos, así como de prestar servicios en otras
instituciones, demostraba la autonomía e independencia con la que actuaba la
accionante.

122. No obstante, situaciones como las descritas, según lo ha estudiado la Sala34,
solo permiten inferir que el servicio no fue prestado con exclusividad, sin que se
descarte la configuración del elemento de la subordinación. Esto, máxime cuando
en el presente asunto no existe prueba alguna que acredite que la prestación de los
servicios en las otras entidades era en los mismos horarios que los turnos asignados
por la entidad accionada, los cuales, conforme se analizó antes, eran de obligatorio
cumplimiento, dada la necesidad de la prestación del servicio de salud.

123. Asimismo, tampoco puede considerarse que el hecho de que hubiese existido
dependencia frente a esas instituciones en las que, de manera simultánea, prestó
sus servicios la demandante, impida que se configure el elemento de la
subordinación frente a otro empleador, pues para tal efecto es necesario probar en
detalle la forma en que se ejecutaban las distintas labores con los presuntos
empleadores, con el fin de demostrar la incompatibilidad de este elemento frente a
los dos contratantes, circunstancia que no se acreditó en el caso de autos.

124. En punto a la concertación de los turnos, tampoco se considera que en el
asunto en estudio tal situación logre desvirtuar el elemento de la subordinación, en
la medida que la documental que obra en el expediente, concretamente los cuadros
de turno, permiten evidenciar que estos eran elaborados unilateralmente por el
Hospital, sin que se consultaran preferencias personales. Además, conforme se
acreditó ningún trabajador podía ausentarse sin autorización del responsable del
área o sin tramitar un permiso ante Recursos Humanos; aunado a que cualquier
cambio de turno exigía un formato firmado por ambas partes con la aprobación de
la coordinación. Lo anterior demuestra que la accionante no podía disponer de los
turnos asignados con autonomía.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de septiembre de 2025, exp. 05001-

23-33-000-2018-00776-01 (2247-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

125. Por otra parte, según lo mencionaron los testigos Miyer Alejo Suárez y Marco
Antonio Gómez, y se observa en los contratos, la demandante desarrollaba sus
actividades con los insumos y elementos que le suministraba la entidad, debiendo
garantizar su custodia y conservación. Asimismo, portaba carné que la identificaba
como empleada de la E.S.E., el cual debía regresar a la Oficina de Recursos
Humanos una vez terminara el vínculo contractual, de acuerdo con lo pactado en
las obligaciones generales de los contratos suscritos.

126. En lo referente a que el servicio personal contratado corresponda a las
funciones permanentes de los empleados de planta, se destaca que, si bien en el
plenario no obra manual de funciones alguno que permita acreditar si las labores
desempeñadas por la accionante se asemejan a aquellas ejercidas por el personal
de planta, lo cierto es que todos los testigos coincidieron en manifestar que las
actividades que realizaba eran desarrolladas también por el personal de planta de
la entidad.

127. Así las cosas, se concluye que, contrario a lo aducido por la entidad recurrente,
no existió un desarrollo de actividades bajo la simple coordinación de la entidad,
toda vez que las funciones de la demandante se ejecutaron según las órdenes de
la E.S.E., como se demostró.

128. Al respecto, se precisa que aun cuando en la ejecución de un contrato de
prestación de servicios, por su propia naturaleza, se requiere de supervisión, con
ocasión a la coordinación de actividades entre las partes contratantes, lo cierto es
que en caso de que tal coordinación desborde los límites, sin que quede duda
acerca de que las funciones se realizaron sin autonomía e independencia, se
encuentra acreditada la subordinación como elemento diferenciador de la verdadera
relación laboral encubierta, como ocurrió en esta oportunidad.

129. Además, se destaca que el presente caso no se enmarca dentro del principio
de coordinación, que «consiste en la sincronización de las actividades que ejerce el
contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución eficiente
y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una concertación
contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en armonía
con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las cuales
esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»35.

130. En tanto, la subordinación es aquella «en virtud de la cual existe una sujeción
del trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento
con la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación
correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las condiciones de
tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que

35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022, exp. 63001-23-

33-000-2020-00365-01 (2181-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
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el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este respecto le asista ningún tipo de
independencia»36.

131. En este orden de ideas, en el caso en estudio, teniendo en cuenta la valoración
probatoria, se estima acreditado el elemento de la subordinación, contrario a lo
afirmado por la entidad accionada. Lo anterior, en la medida que la accionante al
desempeñar las funciones de enfermera, ejecutó labores que permitían el desarrollo
del objeto misional de la entidad, esto es, la prestación de manera eficiente y
efectiva del servicio de salud.

132. A su vez, las funciones las ejercía en un horario fijo; su lugar de trabajo eran
las instalaciones del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. y, para cumplir
el objeto contractual, la entidad le asignaba los elementos e insumos que requería,
en general.

133. También, se tiene que la labor desempeñada fue con carácter permanente,
pues la ejerció por más de tres años. Asimismo, la accionante era supervisada, en
tanto recibía órdenes por parte de la entidad, conforme se expuso en precedencia.

134. En consecuencia, al encontrarse acreditados en el caso concreto, los
elementos de prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, la
Sala considera que del 1 de diciembre de 2012 al 31 de enero de 2017, como bien
lo definió el Tribunal, la parte demandante demostró la existencia de la relación
laboral con el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

• Prescripción trienal

135. En sentencia de unificación SUJ2-005-16 proferida por esta corporación el 25
de agosto de 2016, se fijó como subregla la siguiente:

En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción,
frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del
contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio.
Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción
contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada
caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido
burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo
contratos de prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a
los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional,
que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y
salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado

36 Ibidem.

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fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales. (Se
destaca)

136. Ahora en relación con el término de la no solución de continuidad en asuntos
en los que se debate la existencia de una relación laboral encubierta, esta Sección
en sentencia del 9 de septiembre de 2021, como se explicó en el marco normativo
y jurisprudencial precedente, estableció un periodo de 30 días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente. Término que debe
entenderse como un marco de referencia para la administración, el contratista y el
juez de la controversia.

137. Por lo expuesto, quien pretenda el reconocimiento de una relación laboral
encubierta con el Estado, y el pago de las prestaciones que de esta se deriven,
deberá reclamarlo dentro del término de tres años contados a partir de la finalización
del vínculo contractual37.

138. En el caso particular, se advierte que existió pérdida de solución de
continuidad, entre los contratos 2931 de 2014 y el 3681 de 2015, toda vez que hubo
una interrupción de 221 días.

139. Con posterioridad, desde contrato 3681 de 2015, que se comenzó a ejecutar
el 1 de octubre de 2015, hasta la finalización de la vinculación, el 31 de enero de
2017, no se evidencia interrupción alguna.

140. Esclarecido esto, como la reclamación administrativa se presentó el 20 de
febrero de 2018 –y la demanda el 26 de julio de 2018–, se tiene que no
transcurrieron más de tres años —artículo 41 del Decreto 3135 de
1968, reglamentado en el Decreto 1848 de 1969— desde la finalización de la
relación laboral —31 de enero de 2017—, por lo que dicha petición tuvo la virtualidad
de interrumpir la prescripción frente a lo causado durante el periodo en que no se
evidencia pérdida de la solución de continuidad, es decir, del 1 de octubre de 2015
en adelante.

141. Por la misma razón, el fenómeno de la prescripción operó frente a lo causado
con antelación a la fecha antes señalada, 1 de octubre de 2015 (fecha de inicio del
contrato 3681 de 2015), como bien lo determinó el Tribunal.

142. En punto, se precisa que dicha prescripción no opera frente a los aportes
pensionales, por tratarse de derechos imprescriptibles e irrenunciables. Criterio que
coincide con lo definido por el juez de primera instancia.

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, proceso con

referencia SUJ2-005-16.
30

Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

3.6. Conclusión de la decisión

143. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la demandante acreditó
la existencia de una relación laboral entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de enero
de 2017 en la prestación del servicio como enfermera del Hospital Departamental
de Villavicencio E.S.E. En efecto, demostró la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación continua. Por ende, se confirmará la sentencia
impugnada.

4. Costas

144. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario38 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

145. Bajo el anterior razonamiento, se considera necesario revocar la condena en
costas impuesta a la parte accionada en la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
del Meta, el 21 de septiembre de 2023, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, salvo la condena en costas a la parte demandada, que se revoca,
de conformidad con las razones expuestas en este proveído.

Segundo. Sin condena en costas en las dos instancias.

38 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones, a saber: (1) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
31

Radicación: 50001-23-33-000-2018-00232-01 (7522-2023)
Demandante: Lorena Fernanda Castro Castro
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

Tercero. Reconocer personería al abogado Ernesto Daniel Benavides Cáceres
identificado con la cédula de ciudadanía 79.609.530 y portador de la tarjeta
profesional 125.629 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderado sustituto de la parte demandante, en los términos del poder que le fue
conferido, que obra a índice 18 de Samai.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Aclara voto

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

32

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