Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2019-00439-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 50001-23-33-000-2019-00439-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2019-00439-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2019-00439-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 50001233300020190043901 (2779-2023)1
Demandante : Isabel Gallo Rodríguez
Demandada : Nación-Ministerio de Educación-FOMAG
Medio de : Nulidad y restablecimiento del derecho
control
Tema : Régimen de transición pensional del sector docente. Pensión
de vejez por aportes. Ley 71 de 1988. Procedencia de la
condena en costas
Decisión Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 16 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda y se condenó en costas a
la parte vencida.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2
1.1. Pretensiones
El 31 de octubre de 2019, la señora Isabel Gallo Rodríguez, por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, con el
fin que se declarara la nulidad parcial del acto ficto configurado el 28 de febrero de 2019,
por cuanto negó el derecho a la pensión de jubilación de la demandante.
1 Las presentes diligencias reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica para la gestión judicial
denominada Samai.
2 SAMAI del Tribunal, índice 05.
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Número Interno: 2779-2023
Demandante: Isabel Gallo Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG
A título de restablecimiento del derecho, la parte actora pidió que se condenara a la
entidad demandada a reconocer y pagar a favor de la señora Gallo Rodríguez, la pensión
de jubilación por aportes, equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas, anteriores
al estatus de pensionada, es decir, a partir del 1º de agosto de 2015, por haber cumplido
los requisitos, sin exigir el retiro definitivo del cargo, en compatibilidad con el salario en la
docencia oficial.
Así mismo, requirió que se condenara a la demandada al reconocimiento y pago de los
ajustes de valor a que hubiere lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo
de las sumas adeudadas y de las mesadas pensionales, así como de los intereses
moratorios a partir del día siguiente de ejecutoria de la sentencia, a la inclusión en la
nómina de pensionados y al pago de las mesadas atrasadas, desde la consolidación del
derecho.
Finalmente, solicitó que se condenara a la parte demandada en costas y que se ordenara
a dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del
C.P.A.C.A.
1.2. Hechos
i) La señora Isabel Gallo Rodríguez nació el 1º de agosto de 1960, por lo que, a la fecha
de presentación de la petición de reconocimiento pensional, contaba con más de 55 años.
ii) La actora realizó aportes al antiguo ISS, por lo que sus semanas de cotización se
encontraban en Colpensiones, y unidas con el tiempo en el magisterio sumaban 1.672
semanas.
iii) La demandante adujo que fue vinculada a la docencia oficial el 8 de enero de 2004 y
permaneció como docente oficial hasta la presentación de la demanda.
iv) Alegó que, bajo la Ley 812 de 2003, la señora Isabel Gallo Rodríguez tendría derecho
a la pensión de jubilación a la edad de 57 años, exigiéndole 1300 semanas de cotización,
pero se le exigía el retiro del cargo de docente oficial para que la cancelación de la
pensión se hiciera efectiva.
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Número Interno: 2779-2023
Demandante: Isabel Gallo Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG
v) La entidad pública negó el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes solicitada por la demandante, so pretexto de exigir 1.300 semanas de cotización,
cuando la ley contempla que solo deben requerirse 1.000 semanas de aportes, sin el
retiro definitivo del cargo para gozar de su pensión, de acuerdo con la Ley 71 de 1988.
vi) Por último, la parte demandante adujo que, de acuerdo con su actividad como docente
oficial, contaba con más de 1.000 semanas de cotización a la docencia y tenía más de
55 años. Sus aportes fueron realizados antes del 23 de junio de 2003, razón por la cual
era beneficiaria de la transición de la Ley 812 de 2003, en compatibilidad con el salario
por pertenecer al régimen anterior.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
La parte demandante invocó como normas violadas los artículos 7 de la Ley 71 de 1988;
15 numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de
1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003 y 1 y 2 del Decreto 3752 de
2003.
Fundamentó el concepto de violación en que el acto administrativo demandado
desconoció el contenido de las normas transitorias señaladas en el presente asunto, y
que le resultaban aplicables a la demandante, por estar demostrado que se encontraba
vinculada antes del 26 de junio de 2003, incluso aportando al antiguo ISS. Esto, en la
medida en que los docentes que logren acreditar requisitos de disposiciones aplicables
al sector público, por haber realizado aportes antes de la fecha mencionada, se
encuentran regidos por las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigencia de la
Ley 71 de 1988; es decir, que a dichos docentes el reconocimiento pensional se les
efectuará conforme al régimen prestacional que han venido gozando en la entidad
territorial, y para el caso respetando los aportes realizados al ISS como docente del orden
nacional, conforme al régimen de transición establecido en la citada ley.
Alegó que la aplicación de la Ley 100 de 1993 para el caso de la actora, vulneraba las
disposiciones establecidas en la normatividad docente y, especialmente las contenidas
en la Ley 812 de 2003.
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Número Interno: 2779-2023
Demandante: Isabel Gallo Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG
2. Contestación de la demanda3
2.1. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
La entidad demandada no contestó la demanda, tal como se indicó en el auto que decretó
pruebas del 21 de septiembre de 20214.
3. La sentencia de primera instancia5
El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia proferida el 16 de febrero de
2023, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte vencida.
El a quo encontró probado en el proceso que la vinculación de la demandante al servicio
docente ocurrió con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, siendo
el régimen aplicable a la actora en materia pensional el de prima media previsto en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, razón por la cual no resultaba procedente el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes conforme a la Ley 71 de 1988, por
lo que habrán de desestimarse las pretensiones de la demanda.
En cuanto a la condena en costas, el a quo señaló:
“En el presente asunto, de conformidad con el numeral 1 del artículo 365 del C.G.P habrá de
condenarse en constas a la demandante, teniendo en cuenta que fue la parte vencida dentro
del proceso, al encontrarse acreditado con las actuaciones en esta instancia que la entidad
enjuiciada incurrió en gastos durante el ejercicio de la defensa técnica al presentar alegaciones
de conclusión”.
4. El recurso de apelación6
4.1. La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia, pero únicamente en relación con la condena en costas.
Adujo que la demanda fue presentada sobre fundamentos de hecho y de derecho, razón
por la cual es deber del juez elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la
conducta procesal asumida por las partes, antes de imponer la condena en costas.
3 SAMAI, índice 02 archivo 010.
4 SAMAI del Tribunal, índice 10, Archivo «5AutoDecreta».
5 SAMAI del Tribunal, índice 35.
6 SAMAI del Tribunal, índice 38.
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Número Interno: 2779-2023
Demandante: Isabel Gallo Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG
Sostuvo que dicha valoración supone que el reproche hacía la parte vencida se encuentre
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las
diferentes etapas del procedimiento, lo que no ocurría en el presente asunto.
A lo anterior agregó que a la luz de los artículos 79 del C.G.P. y 47 de la Ley 2080 de
2021, mediante el cual se adicionó el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en un proceso
se podía condenar en costas a la parte vencida, siempre y cuando la demanda se hubiera
presentado con “manifiesta carencia de fundamento legal; situación que, si es de
observancia dentro del proceso, da lugar al simple desarrollo del ejercicio de derecho de
mi representada. A su turno, el numeral 8º del artículo 365 del C.G.P., establece que solo
habrá lugar a condena en costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación”.
5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021
Con auto de 21 de noviembre de 20237, se admitió el recurso de apelación conforme a
lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no
existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para que las
partes alegaran de conclusión.
Ninguna de las partes presentó alegaciones. Tampoco hay pronunciamiento del Ministerio
Público.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 25 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, es
competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
7 Índice 005 SAMAI.
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Número Interno: 2779-2023
Demandante: Isabel Gallo Rodríguez
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2.2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
corresponde a la Sala establecer si en el presente asunto resulta procedente la condena
en costas a la parte vencida en el proceso.
Cabe anotar que el único argumento de la apelación se circunscribió a la condena en
costas, razón por la cual la competencia del superior se encuentra restringida a dicha
consideración, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, a cuyo tenor: “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”.
2.3. Caso concreto
El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia proferida el 16 de febrero de
2023, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte vencida, en
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del Código General del
Proceso.
Al respecto, la Sala considera que no hay lugar a la condena en costas, en la medida en
que no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA.
Sobre el particular, la posición mayoritaria de la Sala ha sostenido de manera reiterada
que, si bien dicha norma otorga al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas,
ello implica examinar la actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su
causación y constatar que la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es
suficiente el simple resultado adverso del proceso8.
En relación con la condena en costas, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)
dispuso:
8 Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, sentencia de 27 de enero de 2017. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter;
Radicado: 13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16), reiterada por el mismo ponente en el radicado 05001-23-33-000-
2014-00767-01(2227-16). Sentencia del 2 de octubre de 2019; Radicado: 13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16), de
8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
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Número Interno: 2779-2023
Demandante: Isabel Gallo Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG
“Artículo 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
Como se señala en la norma transcrita, la condena en costas integra la sentencia que
define la litis, la cual se constituye en un orden judicial que obliga a una de las partes de
un juicio a pagar los gastos generados por el proceso. Las costas incluyen las expensas
generadas en el curso de la controversia y las agencias del derecho.
Ahora bien, en cuanto a la interpretación de la palabra “dispondrá” prevista en la norma
trascrita, la Sala9 ha señalado que tiene una segunda acepción en el diccionario de la
Real Academia Española que significa: «2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de
hacerse». Ello se traduce y así se ha entendido, que el enunciado según el cual «la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas» no presupone su causación per se
contra la parte que pierda el litigio, “sino que exige un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida,
que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable
de la norma”.
De igual forma, cuando la ley prevé que la liquidación y ejecución se regirá por las normas
del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso no implica entender
que deberá atenderse a las reglas allí señaladas para los eventos en que procede la
condena en costas, sino que, en caso de acreditar su causación, la liquidación y ejecución
seguirá esas disposiciones. Así, la remisión a las normas del procedimiento civil está
precedida de una coma, que permite entender que toda sentencia debe emitir un
pronunciamiento sobre la condena en costas, y que solo en caso de encontrar acreditada
su causación para efectos de su liquidación y ejecución debe acudirse al Código General
del Proceso10.
Esta disposición fue adicionada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en los
siguientes términos:
“En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1° de diciembre de 2016, radicado 70001-23-
33-000-2013-00065-01 (1908-2014), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter
10 Así se dijo en la sentencia proferida por esta Subsección el 11 de julio de 2024, en el proceso con radicado 50001-
23-33-000-2019-00438-01 (0280-2023)
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Número Interno: 2779-2023
Demandante: Isabel Gallo Rodríguez
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A su vez, el artículo 79 del Código General del Proceso (C.G.P.) prevé:
“Artículo 79. TEMERIDAD O MALA FE. Se presume que ha existido temeridad o mala fe en
los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso,
oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.
2. Cuando se aduzcan calidades inexistentes.
3. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con
propósitos dolosos o fraudulentos.
4. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas.
5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso.
6. Cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas”.
El artículo 365 ibidem, por su parte, consagra las reglas que deben tenerse en cuenta
para la condena en costas, como se observa a continuación:
“Artículo 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente,
la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin
perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar
en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará
en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán
distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se
les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin
embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o
transacción” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
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Número Interno: 2779-2023
Demandante: Isabel Gallo Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG
De conformidad con las normas en cita, la condena en costas es una facultad del Juez
que no opera de forma automática en forma objetiva, entendida de una manera restrictiva,
sino que está sujeta a la valoración que se haga de la conducta de la parte vencida, que
permita calificarla como temeraria o constitutiva de abuso de sus atribuciones y derechos
procesales.
De ahí que una interpretación que resulta acorde con la finalidad de la norma, vista de un
modo integral con el resto del ordenamiento jurídico, permite establecer que solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación y cuando se establezca que alguna de las partes obró con temeridad o
mala fe.
La jurisprudencia de la Sala11 en dicha temática ha precisado que, si bien el ordenamiento
jurídico habilita al juez para condenar en costas, también le exige realizar juicio de
ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma, lo cual debe resultar de analizar diversos
aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que
principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el
contenido del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012.
De ahí que, en el presente asunto, la Sala estime que el a quo aplicó de manera restrictiva
lo dispuesto en el artículo 365 del C.G.P., por remisión expresa del artículo 188 del
CPACA, a la parte vencida, pues no estudió aspectos como la temeridad o mala fe en la
que esta pudo incurrir, sino que adoptó la decisión con el único fundamento en una visión
objetiva y restringida de la norma en mención.
En cuanto a la facultad que tiene el juez para aplicar el criterio subjetivo en la condena
en costas, la Sala12 ha señalado:
“[De]be reiterar la Sala lo expuesto por esta sección sobre el particular,13 en la medida que el
11 Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren;
Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Reiteración en sentencia del 2 de julio de 2022. Exp. 4134-2016. M.P. Sandra Lisset Ibarra.
12 Sentencia del 8 de septiembre de 2017. Exp. 1327-16. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
13 Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren;
Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Número Interno: 2779-2023
Demandante: Isabel Gallo Rodríguez
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artículo 188 del CPACA14 entrega al juez la facultad de disponer sobre la condena en costas,
lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como
la conducta de las partes, y que principalmente deben aparecer causadas y comprobadas,
siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del CGP15; descartándose así una
apreciación solamente objetiva sobre el particular, que simplemente consulte quien resulte
vencido para que le sean impuestas, pues se exige una valoración de la conducta.
En el caso concreto, observa la Sala que el juez de primera instancia no hizo un análisis sobre
la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya
definidos por la jurisprudencia, no encontrándose además ninguna causación de expensas
que justifiquen su imposición a la parte demandante, quien dentro de sus facultades hizo uso
mesurado de su derecho de acción. Por ello, se revocará el ordinal tercero de la sentencia
apelada”.
En oportunidad posterior, la Sección Segunda también ha sostenido:
“La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial gira en torno al
significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es entendida por la Real Academia
Española como «2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que
disponer en la sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra
la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (Artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil, comercial, de familia
y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas siempre es objetiva (Artículo 365 del
CGP), corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma. Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte
vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las
diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de
fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se
aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el
proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o
fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente
inexactas (Artículo 79 CGP). Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del derecho
que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el ordenamiento que la rige y
los lineamientos jurisprudenciales en la materia, así lo consideró. Por lo tanto, esta Sala
considera que la referida normativa deja a disposición del juez la procedencia o no de la
14 Condena es Costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
15 Condena en Costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena
en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se
le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de
excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la
temeridad o mala fe. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.3.
En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en
las costas de la segunda.4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda,
el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su
decisión. 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a
su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos. 7. Si
fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos
que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas
se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o
transacción.
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Número Interno: 2779-2023
Demandante: Isabel Gallo Rodríguez
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condena en costas, puesto que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte
vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le
fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza
de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, actuación que, se
reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandante,
no se impondrá condena en costas”16.
En este orden de ideas, la Sala no encuentra que, en el caso concreto, tras revisar la
actuación de la parte actora a lo largo del proceso, se evidencie temeridad ni mala fe. No
se realizaron acciones temerarias o dilatorias que dificultaran el transcurso normal de las
etapas procesales.
Se considera que, a la luz de las normas que consagran la facultad del juez para imponer
costas, junto con los aportes jurisprudenciales sobre la materia, es dable concluir que,
para que haya lugar a las mismas se debe examinar la actuación procesal de la parte
vencida y comprobar su causación y no el simple hecho que las resultas del proceso le
fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, actuación
que, se reitera, no puede predicarse de la parte actora en el caso sub exámine.
De conformidad con lo expuesto, la Sala habrá de confirmar la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones, en la medida en que esta decisión no fue materia
de impugnación y, al tiempo, se revocará la condena en costas, por las razones
expuestas.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
IV. FALLA
PRIMERO. CONFIRMA parcialmente la sentencia del 16 de febrero de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo del Meta, en cuanto negó las pretensiones de la demanda.
16Sentencia del 2 de octubre de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-00767-01(2227-16). M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
12
Número Interno: 2779-2023
Demandante: Isabel Gallo Rodríguez
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG
SEGUNDO. REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 16
de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones a que hubiere lugar en la plataforma SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto Cfr. Rad. Rad AV
05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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