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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2024-00176-01

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2024-00176-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-33-000-2024-00176-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

12 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 500012333000202400176011
Recurso de apelación contra la sentencia de 19 de septiembre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta
Solicitante: LINA MARITZA ORDÓÑEZ LEAL

TESIS: NO SE CONFIGURA CONFLICTO DE INTERÉS EN CABEZA DE CONCEJAL
MUNICIPAL DE ACACÍAS (META), POR LA SUSCRIPCIÓN DE UNA CARTA
DIRIGIDA A LA MESA DIRECTIVA DE ESE CONCEJO, CON EL OBJETO DE QUE
DIERA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE TUTELA E INCIDENTE DE
DESACATO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la solicitante
contra la sentencia de 19 de septiembre de 2024, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual
denegó la solicitud de pérdida de investidura del señor JUAN PABLO
AGUDELO DÍAZ, concejal del municipio de Acacías (Meta), por
hechos ocurridos dentro del período constitucional 2024-2027.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las

providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2024 00176 01
Solicitante: LINA MARITZA ORDÓÑEZ LEAL

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La ciudadana LINA MARITZA ORDÓÑEZ LEAL, actuando en
nombre propio, solicitó decretar la pérdida de la investidura del señor
JUAN PABLO AGUDELO DÍAZ, concejal del municipio de Acacías
(Meta), por hechos sucedidos dentro del período constitucional 2024-
2027, al considerar que incurrió en la causal prevista en el artículo
55, numeral 2, en concordancia con el artículo 70 de la Ley 136 de 2
de junio de 19942, y en el artículo 48, numeral 1, de la Ley 617 de 6
de octubre de 20003, en consonancia con el artículo 11, numerales
1, 8 y 15, de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114, esto es por
violación al régimen de conflicto de intereses.

I.2.- En apoyo de su pretensión la solicitante adujo, en síntesis, que
el concejal, en el marco de sus competencias constitucionales y
legales, y de conformidad con la Resolución núm. 043 de 1o. de
agosto de 2023, debía adelantar la entrevista, elección y posesión
del nuevo personero del municipio de Acacías (Meta), para el período
2024-2028. Y que, a pesar de ello, la Mesa Directiva del Concejo
Municipal de Acacías (Meta), a través de la Resolución núm. 001 de
4 de enero de 2024, revocó la Resolución núm. 043 de 1o. de agosto
de 2023, que establecía los parámetros del concurso de personero.

2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de

los municipios […]”.
3 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.
4 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo […]”.

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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2024 00176 01
Solicitante: LINA MARITZA ORDÓÑEZ LEAL

Manifestó que la candidata a personera, señora CLAUDIA MARCELA
REINA URZOLA, instauró acción de tutela contra esa última
decisión, por considerar lesionados sus derechos fundamentales al
ser la única candidata y virtual ganadora del concurso de personero
de Acacías (Meta), período 2024-2028, razón por la cual el Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Acacías (Meta) accedió a las
pretensiones y ordenó a la Mesa Directiva de ese Concejo dejar sin
efectos la Resolución núm. 001 de 4 de enero de 2024, dar
continuidad al concurso y realizar la entrevista y posesión de aquella
candidata, como ganadora del referido concurso.

Indicó que el 31 de enero de 2024, el señor GABRIEL HINCAPIÉ
GUZMÁN presentó escrito de recusación en contra del accionado por
considerar que estaba incurso en conflicto de interés para participar
en ese proceso de elección de personero, debido a que ostentaba una
amistad intima con la candidata CLAUDIA MARCELA REINA
URZOLA, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la
Ley 1437 de 18 de enero de 20115.

Mencionó que el recusante, para sustentar su escrito, presentó
registros fotográficos de la cuenta de Facebook del señor FIDEL
REINA, padre de la candidata a personera, así como de la señora
CLAUDIA MARCELA REINA URZOLA, en los que se evidencia un
apoyo en su campaña al Concejo del entonces candidato; así mismo,
presentó registro de interacciones de la candidata a personera
dándole ‘me encanta’ a publicaciones de su padre y del accionado,
donde cuestiona que no se haya dado cumplimiento al fallo de tutela.

5 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo […]”.

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Solicitante: LINA MARITZA ORDÓÑEZ LEAL

Señaló que, según Acta núm. 025 de 20 de febrero de 2024, durante
sesión plenaria se dio trámite a la recusación presentada contra el
concejal, la cual fue aceptada con 7 votos a favor y 5 en contra,
quedando así impedido e inhabilitado para participar, deliberar,
manifestarse, de cualquier modo, en lo pertinente al concurso de
personero municipal período 2024-2028.

Arguyó que el 21 de febrero de 2024, a las 19:34 horas, y pese a
estar inhabilitado por la aceptación de la citada recusación, el
accionado radicó escrito, junto con otros concejales, para que la Mesa
Directiva convocara de manera urgente a sesión ordinaria y diera
cumplimiento al fallo de tutela, memorial con el que desatendió esa
orden de la plenaria y se configuraron los presupuestos objetivo y
subjetivo, así como la conducta dolosa, clara y flagrante de la
violación de los artículos 11, numerales 1, 8 y 15 de la Ley 1437, y
48, numeral 1, de la Ley 617.

A su vez, a través de escrito posterior con el que se pronunció acerca
de las denominadas ‘excepciones de fondo’ invocadas por el
accionado, la solicitante agregó que si fuese cierto que aquel envió
ese memorial de 21 de febrero de 2024, inducido por una situación
de fuerza mayor, también hubiera tenido que votar y participar en
las posteriores sesiones plenarias de 28 y 29 de febrero de 2024, -
entrevista, votaciones y posesión de la personera en cumplimiento
del fallo de tutela-; sin embargo, lo que hizo fue retirarse de estas
como consta en las actas núms. 030 de 28 de febrero y 031 de 29
de febrero de 2024, lo que desvirtúa una causal de fuerza mayor en
el caso concreto.

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Solicitante: LINA MARITZA ORDÓÑEZ LEAL

I.3.- El concejal, por intermedio de apoderado judicial, contestó la
solicitud de pérdida de investidura con la que se opuso a su
pretensión, para lo cual propuso como excepciones de mérito las de
‘recusación temeraria y de mala fe’ pues la recusación presentada
por el señor GABRIEL HINCAPIÉ GUZMÁN, desconoció lo
establecido en el artículo 106 de la Ley 1952 de 28 de enero de
20196, al aportar pruebas irrelevantes y carentes de validez jurídica,
teniendo como única finalidad la de prescindir del voto del concejal y
asegurar una mayoría en la plenaria del Concejo Municipal de Acacías
(Meta), y así elegir un candidato a conveniencia de la coalición
opositora, por lo que, a su juicio, aquella no debió prosperar al no
constatarse una amistad entrañable entre el concejal y la
concursante CLAUDIA MARCELA REINA URZOLA, pues no hubo
interés económico o moral frente al referido concurso.

De igual manera, formuló la excepción que denominó ‘exclusión de
responsabilidad por fuerza mayor y cumplimiento de orden judicial’,
con fundamento en que la orden impartida en un proceso judicial
puede entenderse como una situación de fuerza mayor, debido a que
impone el cumplimiento de una obligación estricta por encima de
cualquier situación, so pena de verse involucrado en procesos de
responsabilidad disciplinaria o penal por su incumplimiento.

Indicó que para que opere el eximente de responsabilidad de fuerza
mayor por el cumplimiento de una orden judicial, evitando las
situaciones de impedimento o recusaciones, la orden debe ser
externa, es decir que el sujeto se vea afectado por un proceso judicial

6 “[…] Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y

algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario […]”.

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Solicitante: LINA MARITZA ORDÓÑEZ LEAL

en que no era parte procesal, pero que la decisión tomada le afecte
directa o indirectamente generándole obligaciones de estricto
cumplimiento. Y que la solicitud de 21 de febrero de 2024,
presentada en conjunto con los concejales JUAN CARLOS BASTO
MORALES, ALIRIO ROJAS DELGADILLO, WILSON RENÉ ORTIZ
QUISHPE, JOHN ALEXANDER CASALLAS y GENARO
GUTIÉRREZ GARAVITO, la cual es la base del conflicto de intereses
pretendido en este proceso, carece de argumento y de toda validez
jurídica.

Manifestó que la mesa directiva del Concejo Municipal de Acacías
(Meta), conformada por las concejales NAYI NAJAIBY ROMERO
GAMBIA y LUCY FERNANDA TAMAYO FIERRO, se negó, por más
de un mes, a dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Acacías (Meta), mediante fallo de 22 de
enero de 2024, dentro del proceso de tutela identificado con número
único de radicación 50006-40-89-001-2024-00014-00, por lo que el
actuar negligente de aquellas hacía incurrir a todos los miembros de
la corporación, incluido el accionado, en los efectos del desacato
según lo establecido en el Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19917, responsabilidad de tipo penal por la comisión del delito de
‘Fraude a resolución judicial’, tipificado en el artículo 454 del Código
Penal, y responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento de los
deberes como servidores públicos, razones por las cuales, a pesar de
estar injustamente recusado para participar en el proceso de elección
del personero municipal, sí tenía la obligación como servidor público,

7 “[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política […]”.

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-determinada en el artículo 38, numeral 1, de la Ley 1952-, de velar
y hacer cumplir la citada sentencia.

Resaltó que, en ese sentido, su misiva de 21 de febrero de 2024 no
está afectada por ningún tipo de interés particular, económico o
moral, no tomó ninguna decisión ni conformó cuórum decisorio o
deliberativo alguno, sino que simplemente radicó una solicitud con la
finalidad de cumplir con sus obligaciones como servidor público; y
que si, en aras de discusión, desatendió la recusación ilegalmente
presentada y admitida se está frente a dos eximentes de
responsabilidad como fueron las situaciones de fuerza mayor y el
cumplimiento de orden legítima de autoridad competente, lo cual
descarta el elemento subjetivo de la causal alegada.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 19 de septiembre de 2024,
denegó la pérdida de investidura del señor JUAN PABLO AGUDELO
DÍAZ, concejal del municipio de Acacías (Meta), para lo cual sostuvo
que de las pruebas obrantes en el proceso no se puede concluir que
al accionado le asista un interés directo, particular y actual que
configure el conflicto de intereses, debido a que la actora no explicó
ni demostró, específica y claramente, los intereses personales que
tenía el concejal, su cónyuge o compañera permanente, o alguno de
sus parientes dentro del cuatro grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o sus socios de derecho o de hecho,
respecto de la elección de la señora CLAUDIA MARCELA REINA
URZOLA como personera municipal.

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Mencionó que si bien es cierto que al concejal se le aceptó la
recusación presentada en su contra por parte del Concejo Municipal
para participar en la elección del personero municipal, por amistad
íntima con dicha candidata, ello en sí mismo no configura la causal
de pérdida de investidura porque debe demostrarse el interés ya sea
de orden económico o moral, o advertir una razón subjetiva que
torne parcial al accionado y pueda, asimismo, comprobarse el
provecho o utilidad que se desprendan de la actuación, aspecto que
no quedó demostrado pues nada se dijo ni probó con relación a que
el accionado hubiese obtenido un provecho, utilidad, ventaja o
conveniencia propia, una vez presentó la referida solicitud.

Señaló que si bien el accionado pidió que se diera trámite a la
decisión del fallo de tutela que ordenó continuar con el proceso de la
elección de la personera municipal, no se observa que esto haya
ocurrido porque existiera un interés propio en medio de tal solicitud,
especialmente en el sentido de elegir a alguien en particular, porque
en este caso, para la elección de la personera municipal, si bien el
Concejo Municipal de Acacías (Meta) debía culminar las etapas que
faltaban para finalizar el proceso de elección, -entrevista, elección y
posesión-, estas debían surtirse únicamente con la participación de
la señora CLAUDIA MARCELA REINA URZOLA, al ser la única
aspirante que superó las pruebas de conocimiento, como se advierte
de lo analizado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Acacías (Meta) en la sentencia que amparó los derechos
fundamentales de la mencionada aspirante, lo que se confirma con
el Acta núm. 05, expedida por el Comité Evaluador de la Corporación
Autónoma de Nariño, es decir que el concejal, e incluso ese Concejo,

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no podían hacer algo diferente a lo ya dispuesto por orden judicial
que recaía obligatoriamente sobre una única participante.

Manifestó que revisado el Reglamento Interno del Concejo Municipal
de Acacías (Meta), -Acuerdo núm. 427 de 2016-, se observa que las
proposiciones son todas aquellas realizadas por los concejales dentro
de una sesión plenaria o de comisión, aspecto que no se encuadra
con lo sucedido para el caso del escrito de 21 de febrero de 2024,
porque esa petición de cumplimiento de una orden judicial se
presentó vía correo electrónico por fuera de las sesiones, motivo por
el que tampoco participó, propiamente, en la discusión o deliberación
de ese asunto.

Resaltó que con la solicitud de 21 de febrero de 2024, tampoco se
advierte que el concejal pretendiera dar un privilegio, obtener un
beneficio o dar trámite célere a la elección de la personera, pues
como se ha logrado establecer no quedaba a su arbitrio determinar
quién debía continuar en el trámite de entrevista y elección, de
manera que la referida petición, por el contrario, lo que demuestra
es la preocupación de varios concejales frente a la renuencia a dar
cumplimiento a una orden de tutela que para la fecha de presentación
de la solicitud ya contaba con aproximadamente un mes de haberse
expedido, -22 de enero de 2024-.

Agregó que del testimonio de la señora CLAUDIA MARCELA REINA
URZOLA se extrae que distinguía al accionado desde el año anterior,
porque era candidato al Concejo y resultó elegido, aclarando que si
bien lo tiene en sus redes sociales en ellas también tiene agregados
tanto a los concejales electos como a aquellos candidatos que no

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resultaron elegidos, precisando que no ha compartido aspectos
personales o reuniones íntimas. Y que si bien su padre, el señor
FIDEL REINA, realizó apoyo político al concejal, ello no trascendió
a una amistad íntima, sino que todo se limitó al apoyo de la
candidatura de JUAN PABLO AGUDELO REINA, ante el apoyo que
este mostró en campaña hacia el sector comercial, del cual hace
parte por tener un local comercial de repuestos para motos desde
hace aproximadamente veinte años.

Sostuvo que no hay evidencia de que el accionado hubiese
participado durante las etapas restantes, esto es, en la deliberación,
discusión, conformación de quorum o votación para la elección de la
personera municipal, tal como consta en las actas núms. 30 de 28
de febrero y 31 de 29 de febrero de 2024, en las que, por el contrario,
consta que se retiró del recinto.

Por último, adujo que no se pronunciaría acerca de la presunta
participación del concejal en la aprobación de las actas de los días
20, 28 y 29 de febrero de 2024, para efectos de verificar la
tipificación del supuesto de “[…] haber conformado el quorum o
participado el congresista en el debate o votación del asunto […]”,
porque, como bien lo señaló la Agente del Ministerio Público en su
intervención de alegatos de conclusión, ese es un argumento
adicional que no fue expuesto en el escrito de la solicitud inicial y de
analizarse se estaría vulnerando el derecho de defensa y
contradicción del accionado.

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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La solicitante interpone recurso de apelación en el cual pretende que
se revoque la sentencia de 19 de septiembre de 2024 y, en su lugar,
se decrete la pérdida de investidura del concejal, para lo cual
menciona que dicha providencia omitió pronunciarse en torno a las
actas núms. 30 y 31, correspondientes al 28 y 29 de febrero de 2024,
respectivamente, por no haber sido expuestas y aportadas con el
escrito inicial.

Luego de analizar el contenido de dichas actas, aduce que está
probada la participación en el quórum y el voto positivo del concejal
JUAN PABLO AGUDELO DÍAZ en la aprobación del orden del día y
de las actas correspondientes a los días 20, 28 y 29 de febrero
estando impedido, ratificándose así que su único interés directo y
político era que se eligiera y posesionara la candidata CLAUDIA
MARCELA REINA URZOLA.

Manifiesta que la aprobación de las actas no es un hecho menor que
pueda ser considerado como aislado a la participación en la
deliberación y debate, pues, por el contrario, tiene relevancia legal.
Precisamente, la Ley 136 y el Acuerdo 427 de 2016, reglamento
interno del Concejo Municipal de Acacías (Meta), han establecido la
procedibilidad para que las actas de sesiones sean debidamente
expedidas, aprobadas y sancionadas, y así cobren validez jurídica las
decisiones tomadas en desarrollo de una sesión o de un debate.

Resalta que sin la aprobación de las actas por parte de la plenaria el
presidente y la secretaria general no podrían dar cumplimento al

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reglamento interno de refrendar con su firma la validez de las mismas
y no tendrían vida jurídica, por lo que se equivoca el a quo al desligar
la actuación del concejal de 20 de febrero, con las sesiones del 28 y
29 de febrero de 2024, pues lo aprobado por la mesa directiva y la
plenaria claramente obedeció no solo al cumplimiento de una orden
judicial, sino también al requerimiento de unos concejales, incluido
el accionado, quien estaba impedido por trámite de recusación.

Arguye que con la participación y el voto positivo del concejal para la
aprobación de las actas núms. 25, 30 y 31, en las que se tramitó su
recusación y se efectuó la entrevista, elección y posesión de la
personera, se demostró el nexo causal de los hechos, pues de no ser
aprobadas por parte de la plenaria las actas perdería toda validez lo
actuado y aprobado durante el desarrollo de las sesiones.

Indica que no le asiste razón al Tribunal porque bajo indicios y sin
prueba que demostrara una vulneración de derechos al concejal en
el trámite de la recusación, se pretende quebrantar el principio de
separación de poderes y deslegitimar una actuación constitucional y
legal que tienen las corporaciones de elección popular, -congreso,
asambleas y concejos-, cual es la de tramitar las recusaciones de sus
corporados y separarlos de actuaciones cuando la máxima instancia
de la corporación así lo determina.

Agrega que el reglamento interno del Concejo de Acacías (Meta) no
prevé esa limitante en cuanto a que la presentación de proposiciones
solo pueden serlo durante el desarrollo de una sesión o debate, tal
como lo estableció el Consejo de Estado en sentencia de 20 de enero
de 2023, -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

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número único de radicación 05001233300020220096801, consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés-, caso en el que la concejal
del municipio de Donmatías (Antioquia) radicó escrito dirigido a la
Alcaldía Municipal con copia a ese Concejo y otras autoridades, para
que se designara una comisión accidental que tratara un tema que le
era de su interés personal y directo.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20188, no fue descorrido
por el accionado, ni por el agente del Ministerio Público.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

V.1.1.- Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos
del recurso de apelación, en consonancia con la solicitud inicial, si el
concejal del municipio de Acacías (Meta), señor JUAN PABLO
AGUDELO DÍAZ, incurrió en la causal prevista en los artículos 55,
numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, en
concordancia con los artículos 70 de la Ley 136 y 11, numerales 1, 8
y 15, de la Ley 1437, esto es por violación del régimen de conflicto
de intereses, habida cuenta que a pesar de haberse aceptado la
recusación en su contra y haber sido separado del proceso de
elección de personero municipal, -período 2024-2028-, suscribió el

8 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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memorial de 21 de febrero de 2024, con destino a la Mesa Directiva
del Concejo Municipal de ese ente territorial, mediante el cual solicitó
convocar a sesiones ordinarias para el 22 de febrero de 2024, con el
fin de que se diera cumplimiento a la sentencia de tutela de 22 de
enero de 2024, proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal
de Acacías (Meta).

Al respecto, la Sala advierte que este fue el único asunto reprochado
por la actora, con fundamento en el cual sustentó la referida causal
de desinvestidura y, por lo tanto, a lo que se refirió el concejal en la
contestación de aquella y se desató la controversia.

V.1.2.- Ahora, cabe señalar que la solicitante se pronunció acerca de
las ‘excepciones de fondo’ propuestas por el accionado; sin embargo,
en escrito posterior aquella aportó al expediente las actas núms. 30
de 28 de febrero y 31 de 29 de febrero de 2024 del Concejo Municipal
de Acacías (Meta) con la única motivación de rebatir la situación de
fuerza mayor alegada por el concejal, en tanto que aquel se retiró
del recinto al momento de votar y participar en la entrevista,
votaciones y posesión de la personera municipal, trámite que se dio
en cumplimiento del fallo de tutela de 22 de enero de 2024, proferido
por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Acacías (Meta).

Bajo esta circunstancia no puede admitirse la formulación posterior,
desde los alegatos de conclusión de primera instancia ni desde el
recurso de apelación de la sentencia de 19 de septiembre de 2024,
de cargos novedosos y sobrevinientes que no fueron expuestos
oportunamente en la solicitud de desinvestidura ni controvertidos en
el curso del proceso, pues ello desencadenaría en la transgresión de

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los principios de defensa y debido proceso, derecho de audiencia y
de congruencia que gobiernan el proceso de pérdida de investidura9.
En ese sentido, y por las mismas razones, acertó el Tribunal al
abstenerse de analizar los argumentos de la actora relativos a
demostrar una presunta participación del concejal en la aprobación
posterior de las actas de los días 20, 28 y 29 de febrero de 2024,
para efectos de verificar la tipificación del supuesto de “[…] haber
conformado el quorum o participado el congresista en el debate o
votación del asunto […]”, porque, sin lugar a dudas, ese es un
reproche adicional que no fue expuesto en el escrito de la solicitud
inicial y, de analizarse, vulneraría el derecho de defensa y
contradicción del accionado.

Por lo tanto, la Sala se abstendrá de pronunciarse acerca de la
presunta participación en el quórum y el voto positivo del concejal
JUAN PABLO AGUDELO DÍAZ en la aprobación del orden del día
y de las actas correspondientes a las sesiones de 20, 28 y 29 de
febrero de 2024, estando impedido para ello, y de que su único
interés directo y político era, supuestamente, que se eligiera y diera
posesión a la candidata CLAUDIA MARCELA REINA URZOLA.

V.2.- De la violación del régimen de conflicto de intereses
como causal de pérdida de investidura de concejales10

9 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencias de 4 de noviembre de 2022, número único de radicación 68001-23-33-000-2022-00198-
01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón y 11 de octubre de 2019, número único de
radicación 05001-2333-000-2017-02599-01, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente

Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 2 de diciembre de 2021, número único de radicación
47001233300020200075601; 3 de octubre de 2019, número único de radicación
05001233300020170347301; y 25 de febrero de 2021, número único de radicación
25000231500020190021701.

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En la presente solicitud se endilga la configuración de la causal de
pérdida de investidura prevista en los artículos 55, numeral 2, de la
Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, así:

“[…] Ley 136, artículo 55. Pérdida de la investidura de
concejal. Los concejales perderán su investidura por:
(...)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades
o de conflicto de intereses [...]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

“[...] Ley 617, artículo 48.- Pérdida de investidura de
diputados, concejales municipales y distritales y de
miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la
ciudadanía en general […]” (Resaltado fuera del texto original).

En este sentido, el artículo 70 de la Ley 136, previó, en cuanto al
conflicto de intereses de concejales, la siguiente definición
conceptual que instruye la aplicación de esa figura:

“[…] Artículo 70.- Conflicto de interés. Cuando para los
concejales exista interés directo en la decisión porque le
afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho,
deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los
concejales consignarán la información relacionada con su actividad
económica privada. Dicho registro será de público conocimiento.
Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de
impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la

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respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

A su vez, el artículo 11, numeral 1, de la Ley 1437, en cuanto al
conflictos de interés, determina lo siguiente:

“[...] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de
impedimento y recusación. Cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el interés
particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por:

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión,
control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge,
compañero o compañera permanente, o alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de
hecho o de derecho.
(…)
8. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación
administrativa, o amistad entrañable entre el servidor y
alguna de las personas interesadas en la actuación
administrativa, su representante o apoderado.
(…)
15. Haber sido recomendado por el interesado en la
actuación para llegar al cargo que ocupa el servidor
público o haber sido señalado por este como referencia
con el mismo fin [...]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La Sección ha establecido que el conflicto de intereses es un concepto
jurídico indeterminado y, debido a ello, es el juez quien decide, en
cada caso concreto, si existe o no fundamento suficiente para
acceder a la solicitud elevada. Por su parte, la jurisprudencia de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación se
ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al alcance y contenido
de la causal en comento y su incursión en sede judicial,

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consideraciones que, si bien son vertidas en el marco de
controversias de desinvestidura de congresistas de la República,
orientan su entendimiento, configuración y aplicación en los asuntos
que, como en el caso sub lite, examinan las conductas de concejales.

Así, en la sentencia de 12 de abril de 2011, de la Sala Plena, se
recogen en gran medida las diferentes providencias que abordan el
tema, de la cual se transcriben los apartes más significativos:

“[…] Ahora bien, no obstante, la generalidad del alcance que tienen
los arts. 182 y 183.1 de la C.P., poseen un contenido mínimo
clarificador, que es importante destacar a continuación antes de
abordar el caso concreto:

i) El conflicto de interés puede ser de orden económico o moral, de
manera que en estos dos conceptos se deben enmarcar todas las
circunstancias reprochables desde el punto de vista del interés en
su concreción. Sin embargo, la indeterminación de los mismos sigue
caracterizando la institución.

ii) La consecuencia inmediata de estar incurso en ellos es que se le
prohíbe al congresista participar de la deliberación y decisión del
tema puesto a consideración del Congreso.

En este sentido, la Sala Plena consideró en la sentencia del 11 de
mayo de 2009 –exp. P.I. 2009 00043-: “La Carta Política impone a
los congresistas el deber de poner en conocimiento de la respectiva
Cámara las situaciones de orden moral o económico que los inhiban
para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración. La Ley 5ª de 1992 -Sección IV-, reguló lo relativo a
la aplicación, declaración, comunicación y efectos del impedimento
y la recusación y el artículo 286 reitera el deber que tienen de
declararse impedidos ‘… de participar en los debates y votaciones
respectivas…’.”

iii) El conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda
clase de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar
el congresista, es decir, que está inhibido “para participar en el
trámite de los asuntos sometidos a su consideración.” Esto significa
que no puede intervenir en la deliberación ni en la votación de
proyectos de ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de
otras decisiones administrativas, electorales o políticas, siempre que
lo afecten.

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De este criterio ha sido la Sala Plena en muchas ocasiones. Entre
ellas lo ha aplicado a la elección de funcionarios a su cargo, en cuyo
caso ha analizado si en el evento concreto se presenta un conflicto
de intereses del congresista demandado que participó en la
correspondiente elección: “Para la Sala, la situación de conflicto de
interés que puede presentarse en un asunto o materia de
conocimiento de los congresistas, no se circunscribe únicamente a
los relacionados con su labor legislativa, pues como antes lo ha
precisado la Sala Plena11, los miembros del Congreso tienen otras
funciones de naturaleza administrativa, electoral, judicial, de control
político y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley. Por esta razón,
ha dicho la Sala12, que la situación de conflicto debe analizarse en
cada caso específico, para determinar si las particulares
circunstancias del congresista, su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o sus parientes, o socios, se contraponen
con el interés comprometido en el asunto o materia en el que
intervenga.” -sentencia del 10 de noviembre de 2009. Rad. 11001-
03-15-000-2008-01180-00(PI)-2008-01367. CP. Martha Teresa
Briceño-

En el mismo sentido manifestó: “Que el impedimento puede darse
por la participación o votación en una decisión o asunto de que
conozca el Congreso de la República, sea que se trate de
deliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de ley o
actos legislativos, o se trate de una decisión trascendental. En
efecto, es inequívoco el artículo 291 al señalar que el congresista
debe declararse impedido cuando observe que existe un conflicto de
intereses para conocer y participar ‘sobre determinado proyecto o
decisión trascendental’.

“Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando se trate del
ejercicio de las funciones puramente legislativas del Congreso sino
cuando se trate de las otras funciones de ese órgano como las
funciones de control político, las administrativas, las judiciales y las
electorales.

“La Sala no desconoce que el conflicto de intereses podría darse de
forma contundente cuando se trata de la intervención de los
congresistas en el proceso de formación de normas jurídicas que
luego vendrían a favorecerlos de forma particular y concreta, como
cuando se dictan normas relativas al régimen del derecho penal
estando el congresista sometido efectivamente a una investigación
penal, cosa que no sucede en este caso. Este tema fue tratado por

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre

de 2001, Expediente PI-0130, consejero ponente Germán Rodríguez Villamizar.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de17 de octubre de

2000, Expediente AC-11116, consejero ponente Mario Alario Méndez.

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la Sala de Consulta del Consejo de Estado en el concepto del 15 de
mayo de 200813, y así se concluyó en ese dictamen.” -sentencia del
23 marzo de 2010, rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP.
Hugo Fernando Bastidas-

En forma concluyente también ha expresado que “Para que se
estructure la violación del régimen del conflicto de intereses es
suficiente que el congresista participe en los debates14, así sea
simplemente integrando el quórum de la sesión donde se discuta el
tema respectivo15.” –Sala Plena. Sentencia del 27 de julio de 2010.
Rad. 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI). CP. Mauricio Fajardo
Gómez-

iv) Cuando se concreta alguna circunstancia que obliga al
congresista a separarse del tema que compete resolver al Congreso,
aquél debe ponerla en conocimiento de la Corporación, so pena de
ser recusado. En estos términos, tanto la institución del
impedimento como la recusación tienen apoyatura directa en el art.
182 de la CP.

v) Se le encomendó al legislador complementar la tarea que se
encuentra implícita en esta causal: identificar “lo relacionado con los
conflictos de intereses y las recusaciones”. Esta atribución para
ultimar los detalles de la materia, en lo no regulado en la
Constitución Política, constituye una típica reserva de ley.

vi) De lo expresado se deduce que los elementos que configuran el
conflicto de intereses son: a) la existencia de un interés particular
del congresista en la deliberación o decisión de un tema específico
a cargo del Congreso, b) que efectivamente participe de ello, c) que
ese interés sea directo, no eventual o hipotético, d) que además el

13 “[…] ¿Debe un congresista declararse impedido de participar en los debates y votaciones respecto

del proyecto de Acto Legislativo números 047 de 2007 Cámara y 014 de 2007 Senado, porque la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal le ha abierto una investigación preliminar por
actos relacionados con la llamada "parapolítica"? De acuerdo con los fundamentos normativos y los
hechos analizados en el presente concepto, la Sala considera recomendable que proceda a declarar
su impedimento ante la respectiva Corporación, para que sea ésta la que decida sobre el mismo. En
caso de hacerlo y de votar el congresista favorablemente el mencionado proyecto de Acto legislativo,
¿qué consecuencias podrían sobrevenirle en materia disciplinaria y pérdida de investidura? De
acuerdo con lo expuesto en este concepto, en caso de que el congresista no declare su impedimento
ante la Corporación y de alguna manera participe en el debate y votación del proyecto, además de
la posibilidad de que pueda ser recusado, dicha participación podría dar lugar a que se le iniciara una
investigación disciplinaria y se configurara una causal para un eventual proceso de pérdida de
investidura […]”.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de abril de 2003,

número único de radicación 11001-03-15-000-2002-1127-01(PI-058), consejero ponente Alejandro
Ordóñez Maldonado.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de

2003, número único de radicación 11001-03-15-000-2003-0587-01(PI), consejero ponente
Alejandro Ordóñez Maldonado.

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interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea general sino
particular […]”16.

A su vez, esta Sección ha acogido y reiterado, en múltiples
oportunidades, lo dicho en el concepto de 28 de abril de la Sala de
Consulta y Servicio Civil sobre la noción, finalidad, fundamento y
características que debe reunir el conflicto de interés, en el cual se
plasmaron las siguientes consideraciones17:

[…] 2. El conflicto de intereses. Es una institución de
transparencia democrática que por su alcance y fundamento debe
analizarse en forma concreta.

2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de
concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés
público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido
a quien deba tomarla.

2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de
impedir que prevalezca el interés privado del congresista [en este
caso entiéndase concejal] sobre los intereses públicos, el cual,
prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos
para sí o para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que
no sean los relativos al bien común o que la imparcialidad de sus
decisiones se comprometa y distorsione por motivos personales o
particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero interno del
congresista, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir
y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la
recusación.

2.3. Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento
radica en que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la
decisión -para el caso, la motivación del voto-. En efecto, en toda
decisión siempre debe haber, en forma inequívoca, un solo interés:

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de abril de

2011, número único de radicación 11001-03-15-000-2010-01325-00 (PI), consejero ponente
Enrique Gil Botero y 2 de julio de 2013, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-00-
00322-00(PI), consejero ponente María Elizabeth García Gonzalez. Ver también, en el mismo
sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 6 de junio
de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2016-02279-00(PI) consejero ponente
Jaime Orlando Santofimio Gamboa y de 1o. de febrero de 2018 número único de radicación 66001-
23-33-000-2017-00089-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18

de marzo de 2021, número único de radicación 85001233300020200001602, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.

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el interés general de la ley. Por tanto, en caso de conflicto se
mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda
cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que
la decisión sea determinada por el interés particular en detrimento
del interés público.

2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La Sala
estima conveniente advertir que el tema, de por sí complejo,
requiere para su tratamiento del análisis de cada caso concreto,
pues la conducta humana admite de manera necesaria matices y,
por tanto, el instituto del conflicto de intereses, al ser del resorte del
fuero interno, debe ser valorado con especial cuidado para no
vulnerar los derechos del congresista o hacer inanes los alcances de
la ley.

3. Requisitos para la configuración del conflicto de intereses
en el caso de los congresistas. Como quiera que dicho conflicto
se configura por la concurrencia de interés privado e interés público,
se hace indispensable tener en cuenta, entre otros, los siguientes
requisitos:

3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que
comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay
“exigencia para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo,
Tomo II, p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas
o provechos representados en derechos subjetivos, o en
ventajas de tipo reparativo positivo (como indemnización por daños
o detrimento de derechos) o negativo (reparación de gastos), o de
tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos,
derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de
desventajas (exoneración de obligaciones, cargas, etc.).

b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a
que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el
ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de éste (sic)
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando

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puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).

c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en
general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.

d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista [en este
caso entiéndase concejal] o en su cónyuge, compañero (a), pariente
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en
el caso bajo estudio.

3.2 El interés público concurrente en la decisión pertinente.
Para que este interés público concurrente pueda verse
menoscabado, también se hace indispensable tener en cuenta
aquellos aspectos que puedan afectar que sea el único determinante
de la decisión; lo cual implica que en la misma persona que tiene un
interés privado, también concurran estos requisitos:

a) Calidad de congresista.
b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.
c) Proyecto de decisión de interés público.
d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a votar
pueda afectar el interés directo del congresista, arriba mencionado.

3.3 Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los dos
intereses mencionados puede desprenderse inequívocamente la
existencia de un conflicto de interés como causal de impedimento o
recusación. En tanto que este fenómeno no se estructuraría, de una
parte, cuando no concurra alguno de los requisitos mencionados
para los referidos intereses, y, de otro, cuando simplemente se trata
de mera apreciación subjetiva de conflicto sin sustento en
elementos objetivos [...]”18.

A partir de estos precisos elementos de juicio la Sección19 ha
determinado que con dicha causal se procura castigar la posibilidad

18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de abril de 2004, radicación

núm. 1572, consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 30 de

mayo de 2019, número único de radicación 05001-23-31-000-2017-02538-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés y de 28 de noviembre de 2013, número único de radicación
50001-23-33-000-2013-00027-02(PI), consejera ponente María Elizabeth García González.

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de que los concejales pretendan, con determinadas decisiones,
lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales, en
detrimento de la comunidad, desconociendo precisamente el interés
general que debe guiar el ejercicio de sus funciones; esto es, cuando
el accionado tiene interés directo en el asunto que se encuentra
conociendo porque le afecta en forma personal, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o de alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o de su socio o socios de derecho o de hecho, ya sea
de orden moral o económico.

El asunto puesto en conocimiento del miembro de la corporación
pública le plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el
interés general o bien común que, se reitera, debe guiar el ejercicio
de sus funciones, lo que obliga a que aquél manifieste su
impedimento para efectos de que sea resuelto, so pena de incurrir
en la referida causal de desinvestidura.

La causal de violación al régimen de conflicto de intereses en cabeza
de un concejal, supone la omisión en que se incurre cuando, en un
asunto sometido a su intervención, no advierte ante el resto del
órgano político-administrativo al cual pertenece, la connivencia entre
sus intereses particulares, –ya sean de orden moral y/o económico-
, y los ineludibles intereses públicos que per se está obligado a
proteger en desarrollo de sus funciones públicas corporativas, en
tanto que de dicha concurrencia de intereses resulta afectado de
alguna manera u obtiene un provecho privado.

Siendo consecuente con los antecedentes jurisprudenciales

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referenciados y reiterados, la Sala hace hincapié en los presupuestos
cuya presencia debe quedar demostrada de forma suficiente y
concurrente dentro del proceso, en orden a verificar la configuración
de la causal de conflicto de intereses en concejales:

a) Que el accionado haya adelantado la actuación imputada en
ejercicio de su respectiva investidura;

b) Que exista un interés directo, particular y actual del concejal, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de
hecho, de orden moral o económico, en la deliberación o decisión de
un tema específico a cargo de la respectiva corporación pública, es
decir un asunto de conocimiento funcional del miembro de la
corporación pública, cualquiera sea su naturaleza, lo que no
circunscribe la causal, únicamente, a las cuestiones político-
administrativas, sino a toda materia que sea competencia del
órgano; y,

c) Que, a pesar de ello, dicho concejal conforme el quórum o
intervenga en el debate del referido asunto, o lo vote o participe
efectivamente del trámite, sin haber manifestado el impedimento
para actuar o sin haber sido recusado para los efectos20.

El presupuesto “a)”, común a las causales de pérdida de investidura,
exige para este escenario la calidad cualificada del sujeto activo que

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de febrero de

2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera ponente
doctora María Claudia Rojas Lasso.

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incurrió en un conflicto de intereses mediante el ejercicio irregular de
su investidura, esto es que debe acreditarse su condición de concejal.
El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que deben
destacarse: el interés directo, particular y actual del accionado, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de
hecho; su esencia moral y/o económica; y los asuntos o temas que
son puestos a consideración e intervención del miembro de la
corporación.

El primer componente consiste en la presencia de una inclinación real
del miembro de la corporación pública hacia un tema, objeto o
aspecto cualquiera sometido a su estudio, decisión, debate, votación,
censura o participación en desarrollo de sus funciones como tal, con
el ánimo de materializar un provecho, utilidad, ventaja o
conveniencia propia, o de su cónyuge, familiares o socios, que se
aleja en todo caso de la intención inicial de obtener el bien general21
y afecta la transparencia y objetividad de dicha actuación.

La Sala Plena22 se ha pronunciado afirmando que el interés debe ser

21 Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010, proceso con núm. único de

radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas, la
Sala Plena indicó: “[…] No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que los
miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y que deberán actuar
consultando la justicia y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses privados
del congresista con el interés público inmerso en el debate, en la decisión o en el voto habría un caso
de conflicto de intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la
recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado
de la función para el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o
particular del congresista no subordine al interés público […]”.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 27 de julio de 2010,

número único de radicación 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI), consejero ponente Mauricio
Fajardo Gómez y cit. de 24 de febrero de 2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-
01139-00(PI), consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.

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entendido como “[…] una razón subjetiva que torna al funcionario y
que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones
con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma
moral y la norma legal exigen […]”23 y como “[…] el provecho,
conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían
el congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el
asunto […]”24.

La Corporación ha enfatizado, al respecto, en lo siguiente:

“[…] 3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que
comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay “exigencia
para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo, Tomo II,
p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas o provechos
representados en derechos subjetivos, o en ventajas de tipo
reparativo positivo (como indemnización por daños o detrimento de
derechos) o negativo (reparación de gastos), o de tipo enriquecedor
(como ganancias, utilidades, provechos, derechos, etc.), o cuando
se refieren a la simple exoneración de desventajas (exoneración de
obligaciones, cargas, etc.).

b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a
que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el
ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de este
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto, es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando
puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de marzo de

1996, Expediente núm. AC-3300, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de octubre de

2000, Expediente núm. AC-1116, consejero ponente Mario Alario Méndez.

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c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en
general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.

d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista o en su
cónyuge, compañero (a), pariente hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, en el caso bajo estudio
[…]”25.

El segundo componente atañe a la naturaleza económica o moral del
interés que procura reprimir esta causal, ante los cuales la Sala Plena
ha explicado los siguientes criterios que la Sección prohíja:

“[…] El conflicto de intereses de índole económico tiene un
perfil mucho más claro habida cuenta de que los artículos
287 y 288 de la Ley 5ª de 1992 prescriben el deber de
registrar los intereses privados y la participación accionaria
que tenga el respectivo congresista, todo para que haya
transparencia respecto de la vida económica del congresista
frente al interés público que se debate en el Congreso y de
cara al pueblo.

No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que
los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia
y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses
privados del congresista con el interés público inmerso en el debate,
en la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses,
conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la
recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación,
el congresista queda separado de la función para el caso específico,
con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o
particular del congresista no subordine al interés público.

El conflicto de intereses de índole moral, en cambio, no
aparece nítidamente definido ni tiene un perfil claro en las

25 Consejo de Estado, Sala de Servicio y Consulta Civil, Concepto de 28 de abril de 2004, consejero

ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez, Expediente núm. 1572; acogido y reiterado en Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 24 de agosto de 2006, Expediente
núm. 2006-0003, consejero ponente Camilo Arciniegas Andrade y de 22 de marzo de 2013,
Expediente núm. 2012-00054, consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.

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normas constitucionales y legales, como sí ocurre con el
conflicto de intereses de índole económico, lo que no
significa que no exista o que no pueda presentarse. Es más,
no se descarta que una determinada situación fáctica derive
simultáneamente tanto en un conflicto económico como en
un conflicto de tipo moral. Por un lado, es totalmente admisible
que el congresista, como cualquier ciudadano, ejerza o haya
ejercido derechos fundamentales y de ahí que tenga intereses
privados que deba cuidar. Por otro lado, la Constitución le ordena
que como congresista vote en pos del bien común y la justicia, vale
decir, en pos del interés general. En esa dinámica es factible el
enfrentamiento de intereses que debe evitarse, tal como se explicó.
Como no resulta conforme con los paradigmas de la ética pública
que en un momento dado se superpongan esos intereses, la
Constitución castiga el hecho de que el congresista omita denunciar
la existencia del conflicto de intereses, cuestión que queda en
evidencia cuando justamente el congresista vota, participa en un
debate o en una decisión trascendental estando de por medio
intereses personales de tipo económico o moral francamente
incompatibles con el interés público relacionado con esa votación,
ese debate o esa decisión […]”26 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

El tercer componente alude a los asuntos o temas que son sometidos
a consideración e intervención del concejal que, lejos de
circunscribirse de forma exclusiva a los legislativos, también cobija
los electorales, judiciales, de control político, administrativos a su
cargo o, en general, que correspondan a decisiones trascendentales,
en cuanto hacen parte de las distintas facetas en las que aquél
termina interfiriendo, inevitablemente, por mandato constitucional y
legal. Por tanto, el impedimento para intervenir, siempre que lo
afecten, no solo se concreta en el ejercicio de las funciones
puramente político-administrativas de la corporación pública sino

26 Cit. sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). consejero
ponente Doctor Hugo Fernando Bastidas. Ver también sentencias AC-1499 de 26 de julio de 1994,
consejero ponente Doctor Delio Gómez Leyva; AC-3300 de 19 de marzo de 1996, consejero ponente
Doctor Joaquín Barreto Ruiz; AC-3302 de 5 de marzo de 1996, consejero ponente Doctor Amado
Gutiérrez Velásquez; AC-12262 de 26 de febrero de 2001, consejero ponente Doctor Jesús María
Carrillo Ballesteros; de 14 de mayo de 2002, Expediente núm. 2001-0211 (PI-031), consejero
ponente Doctor Nicolás Pájaro Peñaranda; y de 20 de noviembre de 2007, Expediente núm. 2007-
00286 (PI), consejero ponente Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.

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cuando también se trate de las otras funciones de ese órgano como
son las de control político, judiciales y electorales, entre otras.

Por otra parte, el presupuesto “c” exige que, además de haberse
verificado la existencia del interés particular en cabeza del miembro
involucrado en el respectivo trámite, este participe efectivamente del
mismo, sin que hubiese manifestado su impedimento para actuar o
sin haber sido recusado para conseguir apartarlo del tema.

La participación efectiva en el trámite se materializa con el estudio,
decisión, debate, votación, censura y/o intervención en los asuntos
funcionales; en principio, el miembro de la corporación pública está
en la obligación de manifestar el impedimento cuando advierta la
existencia del eventual conflicto de intereses, de tal modo que le
permita al resto de sus compañeros definir o decidir el impedimento.
No se trata, como es obvio, de una decisión puramente discrecional
habida cuenta que, de todas las circunstancias de hecho que
pudieran configurar un interés privado de índole económico o moral,
surge la obligación de manifestar el consecuente impedimento27;
guardar silencio al respecto no impide la activación de la causal.

V.3.- Del caso concreto

V.3.1.- La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso28, y que guarda estrecha relación con el asunto a resolver
en esta instancia, pudo verificar que:

27 Cit. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 marzo de

2010, número único de radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo
Fernando Bastidas.
28 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso

reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI.

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El señor JUAN PABLO AGUDELO DÍAZ fue elegido concejal del
municipio de Acacías (Meta), por el Partido Liberal Colombiano, para
el período constitucional 2024-2027, según se desprende del
Formulario E-26 CON de 4 de noviembre de 2023, expedido por los
miembros de la Comisión Escrutadora de la Registraduría Nacional
del Estado Civil. Posteriormente, tomó posesión de su cargo el 2 de
enero de 2024, según Acta núm. 1, en sesión ordinaria.

Luego de surtida la convocatoria para la elección del personero
municipal, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Acacías (Meta),
expidió la Resolución núm. 001 de 4 de enero de 2024, a través de
la cual revocó íntegramente la Resolución núm. 043 de 1o. de agosto
de 2023, “[…] Por medio de la cual la Mesa Directiva del Concejo
Municipal reglamenta y convoca a los ciudadanos interesados en
participar en el concurso público de méritos abiertos para proveer el
cargo de personero municipal de Acacías-departamento del Meta
[…]”, que había sido expedida por la Mesa Directiva del período
inmediatamente anterior y, como consecuencia de ello, dejó sin
efectos todas las actuaciones administrativas que se derivaron del
precitado acto administrativo, ante la ocurrencia de presuntos que
dejaban en entredicho la selección objetiva y los principios de libre
concurrencia e igualdad, transparencia, imparcialidad, legalidad,
moralidad y confiabilidad que rigen la función administrativa y en
particular la selección de personero municipal de Acacías (Meta).

Fue entonces que la candidata a personera municipal, señora
CLAUDIA MARCELA REINA URZOLA, presentó acción de tutela
para que se le ampararan sus derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo y al acceso a un cargo público de méritos, en

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razón a que existía lista de elegibles y, como consecuencia, se
declarara la suspensión de los efectos administrativos de la
Resolución núm. 01 de 4 de enero de 2024, expedida por la nueva
Mesa Directiva del Concejo Municipal de Acacías (Meta), y se
ordenara agotar las etapas subsiguientes de la convocatoria
dispuesta en la Resolución núm. 043 de 1o. de agosto de 2023, esto
es, convocatoria a entrevista, elección y posesión como ganadora del
concurso de méritos para proveer el cargo de personero municipal
de Acacías (Meta), período 2024-2028.

El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Acacías (Meta), en el
marco del proceso de tutela identificado con número único de
radicación 50006408900120240001400, profirió la sentencia de 22
de enero de 2024, mediante la cual concedió de manera transitoria
a la señora CLAUDIA MARCELA REINA URZOLA, la tutela de los
derechos fundamentales invocados, esto es, al debido proceso
administrativo, acceso a ejercer un cargo público y trabajo, lo cual
rige hasta que la jurisdicción ordinaria resuelva la acción que la
accionante constitucional debe formular o, si no la instaura, hasta
que transcurran cuatro (4) meses contados a partir de la notificación
de la sentencia.

De igual forma, se ordenó al Concejo Municipal de Acacías (Meta),
declarar la suspensión de los efectos administrativos de la Resolución
núm. 01 de 4 de enero de 2024, proferida por la Mesa Directiva del
Concejo Municipal de Acacías (Meta), así como agotar las etapas
subsiguientes de la convocatoria dispuestas en la Resolución núm.
043 de 1o. de agosto de 2023, esto es, convocar a la señora
CLAUDIA MARCELA REINA URZOLA a entrevista, elección y

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posesión como ganadora del concurso de méritos para proveer el
cargo de personera municipal de Acacías (Meta), período 2024-
202829.

Esta decisión fue notificada al Concejo Municipal de Acacías el 23 de
enero de 2024, razón por la cual ese mismo día la corporación
impugnó correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Primero Civil
del Circuito de Acacías (Meta) que, en sentencia de 27 de febrero de
2024, confirmó el fallo de primera instancia.

Por su parte, el 25 de enero de 2024, la señora CLAUDIA MARCELA
REINA URZOLA presentó incidente de desacato contra el Concejo
Municipal de Acacías (Meta) ante el desconocimiento del fallo que
amparó sus derechos fundamentales, incidente que fue resuelto a
través de providencia de 21 de febrero de 2024, en la que se declaró
que las concejales LUCY FERNANDA TAMAYO FIERRO y NAYI
NAJAIBY ROMERO GAMBOA, integrantes de la Mesa Directiva del
Concejo Municipal de Acacías (Meta), habían incurrido en desacato
por no dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de tutela de
22 de enero de 2024 y, como consecuencia de ello, se les sancionó
con arresto por cinco días y multa equivalente a cinco smlmv.

29 Lo anterior, al considerar que la revocatoria de la Resolución por la cual se convocó el concurso de

méritos para proveer el cargo de personero municipal de Acacías (Meta), vulneraba el principio de
confianza legítima al haberse expedido un acto administrativo de manera irregular, con motivación
no veraz, posterior a la lista de elegibles, en donde se le otorgó a la accionante un derecho propio
adquirido, vulnerando así de manera flagrante su derecho fundamental al acceso a un cargo público,
por cuanto ya no le asistía la mera expectativa de ocupar el cargo de personero de Acacías (Meta),
sino que en efecto, ese derecho lo adquirió al ser la única ganadora del concurso de mérito. Y,
adicionalmente, porque a su juicio la Mesa Directiva tenía la obligación de someter a votación, si
suspendía o revocaba de manera directa el concurso de méritos para proveer el cargo de personero
municipal, siendo un factor determinante para señalar que se expidió la Resolución núm. 01 de 4 de
enero de 2024, sin respeto al debido proceso administrativo, en razón a que no es cierto que la
plenaria haya entregado dicha facultad de suspender y revocar el concurso de méritos de personero
municipal y porque del contenido existen varias afirmaciones que eran falsas.

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Al surtirse el grado de consulta de ese desacato, el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Acacías (Meta) decretó la nulidad de la actuación
procesal surtida a partir del auto de 1o. de febrero de 2024, inclusive,
por medio del cual se efectuó el requerimiento previo dentro del
trámite del incidente de desacato, razón por la que el 11 de marzo
de 2024, luego de haberse realizado nuevamente el trámite
incidental, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal declaró la
ocurrencia de hecho superado y ordenó el archivo del proceso.

A su vez, el 31 de enero de 2024, el señor GABRIEL HINCAPIÉ
GUZMÁN presentó ante la Mesa Directiva del Concejo Municipal de
Acacías (Meta), escrito de recusación contra el accionado, con
fundamento en que le asistía un interés en el nombramiento de la
señora CLAUDIA MARCELA REINA URZOLA al observarse una
amistad entre la concursante y el concejal en las interacciones de la
publicaciones en redes sociales, sumado al respaldo en la campaña
para lograr su curul en la Corporación, precisando que “[…] la
aspiración de JUAN PABLO AGUDELO al concejo Municipal de Acacías-
Meta 2024-2028, estuvo respaldada por la concursante CLAUDIA
REINA supuesta ganadora del concurso amañado de Personería
Municipal de Acacías 2024-2028 y su familia, especialmente por su
padre el señor FIDEL REINA, tal como se evidencia en las
publicaciones efectuadas por el señor FIDEL REINA en las que se
comparte y promueve el voto hacia el hoy concejal JUAN PABLO
AGUDELO, compartiendo las publicaciones efectuadas a través del
perfil JuanPa Concejal, donde abiertamente se indica el respaldo a su
candidatura a través de su perfil en esta red social […]”.

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Según lo consignado en el Acta núm. 25 de 20 de febrero de 2024, -
sesión que transcurrió entre las 8:25 am y las 9:45 am-, esa
corporación decidió sobre la recusación, poniéndose en consideración
de la plenaria para su votación, obteniendo siete votos positivos y
cinco votos negativos, por lo que se aceptó la recusación en contra
del concejal JUAN PABLO AGUDELO DÍAZ, sin que este, por
demás, participara en dicho trámite pues aparece constancia de su
retiro del recinto. De conformidad con el certificado de 19 de julio de
2024, expedido por la Secretaría General del Concejo Municipal de
Acacías (Meta), el contenido del Acta núm. 25 de 20 de febrero de
2024 fue aprobado en sesión de 28 de febrero de 2024, según consta
en Acta núm. 030.

Ese mismo día, el Concejo Municipal de Acacías (Meta) expidió la
Resolución núm. 18 de 20 de febrero de 2024, “[…] Por medio de la
cual se da cumplimiento a orden judicial dentro de la acción
constitucional de tutela N° 2024-00014-00 […]”, suscrita por la
presidente y la segunda vicepresidente de la corporación, a través de
la cual se fijó el cronograma para dar cumplimiento a la sentencia de
tutela de 22 de enero de 2024, así: “[…] Entrevista: 28 de febrero
de 2024, 6:00 p.m.-Elección y posesión como ganadora del concurso
de méritos: 29 de febrero de 2024, 5:00 p.m. […]”; ello, previo a
considerar que en dos oportunidades el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Acacías (Meta) ya había requerido a esa corporación el
cumplimiento de esa orden judicial, abierto el incidente de desacato
y ordenado al CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, CTI que
identificara el representante legal de ese Concejo.

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No obstante, al día siguiente, esto es el 21 de febrero de 2024, el
accionado, señor JUAN PABLO AGUDELO DÍAZ, en compañía de
los concejales JUAN CARLOS BASTOS, ALIRIO ROJAS
DELGADILLO, WILSON RENE ORTÍZ, JOHN ALEXANDER
CASALLAS y GENARO GUTIÉRREZ GARAVITO, presentaron
solicitud ante la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Acacías
(Meta), -remitida al correo electrónico [concejo@acacias.gov.co], a
las 19:34 horas-, para que se convocara a sesiones ordinarias el 22
de febrero de 2024, con el fin de dar cumplimiento al “[…] fallo
de tutela y desacato emitido por el Juez Promiscuo Municipal
de Acacías, donde solicita dar cumplimiento de manera
inmediata a los siguientes pasos en la elección del personero
municipal (entrevista y posesión), sabiendo que el presidente
YAN CARLOS CHAVARRO MUNEVAR se encuentra RECUSADO para
cualquier acción referente a este tema, se hace la solicitud de
CITAR SESIONES Y EN PLENARIA TOMAR NUEVAS
DECISIONES DE MANERA INMEDIATA para cumplir el fallo
ordenado por el JUEZ de cumplimiento INMEDIATO […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

V.3.2.- De las pruebas obrantes en este proceso, y tal como lo
determinó el Tribunal, para la Sala tampoco es posible concluir,
fehacientemente, que sobre el concejal JUAN PABLO AGUDELO
DÍAZ recaiga la materialización de un interés directo, particular y
actual que configure el conflicto de intereses alegado, debido a que
si bien le había sido aceptada la recusación formulada en su contra,
lo que le impedía participar, conformar quorum, votar, ni decidir
ninguno de los aspectos que restaban del proceso de elección de
personero municipal, -período 2024-2027-, lo cierto es que la misiva

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de 21 de febrero de 2024 no constituye, bajo circunstancia alguna,
el incumplimiento de la decisión adoptada en el seno del Concejo
Municipal de Acacías (Meta), que lo apartaba del final de dicho
trámite administrativo-electoral, ni mucho menos la colisión de los
intereses privados del accionado con los públicos que juró defender.

No se puede llegar al extremo de considerar, como lo propone la
solicitante, que una carta suscrita por el accionado, en ejercicio de
sus funciones públicas, pueda llegar a constituir prueba en su contra,
sin con ella aquel advirtió los evidentes retrasos en el cumplimiento
de la sentencia de tutela de 22 de enero de 2024, que incluso para
ese momento contaba con incidente de desacato proferido ese mismo
día de su misiva, -21 de febrero de 2024, por el Juzgado Primero
Promiscuo Municipal-, en contra de dos concejales de la Mesa
Directiva, señoras LUCY FERNANDA TAMAYO FIERRO y NAYI
NAJAIBY ROMERO GAMBOA, las que alcanzaron a ser sancionadas
con arresto por cinco días y multa de cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes a favor del Consejo Superior de la Judicatura, así
como compulsa de copias a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
por el supuesto delito de fraude a resolución judicial, establecido en
el artículo 454 de la Ley 599 de 24 de julio de 2000 30; tampoco lo
constituyó el hecho de haber propuesto la realización de una sesión
en la que se desatara el referido trámite electoral, en el marco de lo
decidido por el juez de tutela y del incidente de desacato, pues ello
no implicó desobedecimiento alguno a la admisión de la recusación
por la plenaria de la corporación.

30 “[…] Por la cual se expide el Código Penal […]”.

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Solicitante: LINA MARITZA ORDÓÑEZ LEAL

Adicionalmente, la Sala observa que para el 21 de febrero de 2024,
fecha de la solicitud remitida por el accionado y sus compañeros, ya
había sido expedida la Resolución núm. 18 de 20 de febrero de 2024,
por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Acacías (Meta), cuya
copia fue radicada el 20 de febrero de 2024 a las 4:40 pm ante el
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Acacías (Meta), dando
cumplimiento a la sentencia de tutela de 22 de enero de 2024,
mediante la fijación del cronograma de entrevista -28 de febrero de
2024, a las 6:00 pm-, y elección y posesión del ganador del concurso
de méritos, -29 de febrero de 2024, a las 5:00 pm-, todo lo cual pone
en evidencia, claramente, que la petición del concejal JUAN PABLO
AGUDELO DÍAZ, nunca tuvo la capacidad real y efectiva de incidir,
de manera actual, particular y directa, en el proceso de escogencia
de la nueva personera municipal, luego de haber sido separado de
dicho trámite.

Tales circunstancias no pusieron al accionado en una situación
conflictiva entre intereses privados y públicos, a quien, por demás,
no se le demostró, luego de haber sido apartado del proceso de
elección con la admisión de la recusación formulada en su contra,
conformación de quorum, participación, votación o decisión alguna
en torno a los trámites de entrevista, elección y posesión de la señora
CLAUDIA MARCELA REINA URZOLA, como ganadora del concurso
de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Acacías
(Meta), período 2024-2028, toda vez que, según consta en las actas
núms. 030 de 28 de febrero y 031 de 29 de febrero de 2024, el
concejal también se retiró del recinto de la sesión plenaria al
momento de adelantarse dichas gestiones.

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Solicitante: LINA MARITZA ORDÓÑEZ LEAL

Con fundamento en lo considerado, al descartarse la configuración
del elemento objetivo de la causal de violación del régimen de
conflicto de intereses, prevista en los artículos 55, numeral 2, y 70
de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, en consonancia con el
artículo 11, numerales 1, 8 y 15, de la Ley 1437, lo que, por demás,
impide proseguir con el examen del elemento subjetivo, la Sala
confirmará la sentencia de 19 de septiembre de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Meta, que denegó la pérdida de
investidura del concejal del municipio de Acacías (Meta), señor JUAN
PABLO AGUDELO DÍAZ.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 12 de diciembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

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Solicitante: LINA MARITZA ORDÓÑEZ LEAL

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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