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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2022-00198-01

Fecha
4 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2022-00198-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-33-000-2022-00198-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

4 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 680012333000202200198011
Recurso de apelación contra la sentencia de 21 de junio de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
Solicitante: GLORIA ALBA MANCIPE DE GÓMEZ

TESIS: LA PRESIDENTE DEL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA NO
INCURRIÓ EN INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS POR LA
CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS NÚMS. 279-21 DE 24 DE DICIEMBRE DE
2021 Y 280-21 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2021, CON EL OBJETO DE ADQUIRIR
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA DICHA
CORPORACIÓN PÚBLICA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la solicitante

contra la sentencia de 21 de junio de 2022, proferida por la Sala

Plena del Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual

se denegó la pérdida de investidura de la concejal del Distrito

Especial, Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso de

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo

que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2022 00198 01
Solicitante: GLORIA ALBA MANCIPE DE GÓMEZ

Barrancabermeja2, señora ERLIG DIANA JIMÉNEZ BECERRA, por

hechos ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La ciudadana GLORIA ALBA MANCIPE DE GÓMEZ, actuando

en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de la investidura de la

concejal del Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y

Biodiverso de Barrancabermeja, señora ERLIG DIANA JIMÉNEZ

BECERRA, por hechos ocurridos dentro del período constitucional

2020-2023, al considerar que incurrió en la causal de pérdida de

investidura establecida en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136

de 2 de junio de 19943, y 48, numeral 4, de la 617 de 6 de octubre

de 20004, esto es por indebida destinación de dineros públicos.

I.2.- En apoyo de su pretensión la solicitante adujo, en síntesis, los

siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de

pérdida de investidura invocada:

2 Acto Legislativo 01 de 11 de julio de 2019 “[…] Por el cual se otorga la categoría de Distrito

Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja en el
departamento de Santander […]”.
3 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento

de los municipios”.
4 “Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional”.

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Indicó que la señora ERLIG DIANA JIMÉNEZ BECERRA fue elegida

concejal del Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y

Biodiverso de Barrancabermeja, para el período constitucional 2020-

2023, del cual tomó posesión el 2 de enero de 2020 durante la

plenaria de esa corporación.

Señaló que la concejal fue elegida presidente del Concejo Distrital de

Barrancabermeja, -desde el 1o. de enero hasta el 31 de diciembre

de 2021-, fungiendo así como representante legal y ordenadora del

gasto al suscribir los siguientes dos contratos en modalidad de

mínima cuantía: (i) el contrato núm. 0279-2021 “[…] COMPRA DE

EQUIPOS DE CÓMPUTO, MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS

PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE

BARRANCABERMEJA […]”, aprobado el 27 de diciembre de 2021; y

(ii) el contrato 0280-2021 “[…] SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO

Y CAFETERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES

DEPENDENCIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

[…]”, aprobado el 28 de diciembre de 2021.

Manifestó que, a su juicio, con la suscripción de ambos contratos la

concejal incurrió en indebida destinación de dineros públicos como

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causal de pérdida de investidura, según lo prevé el numeral 4 del

artículo 48 de la ley 617, porque no fue demostrada la necesidad y

oportunidad para contratar en los últimos días del mes de diciembre

de 2021, ni se especificó que la entidad careciera de los equipos de

cómputo e informática necesarios para el cumplimiento de sus

funciones a la fecha del proceso de contratación, o que los mismos

fuesen insuficientes, o que los hubiese dado de baja en su condición

de presidenta, esto es que la corporación edilicia en realidad no

requería de equipos de informática, pues contaba con los mismos

utilizados por sus funcionarios.

Sostuvo que durante todo el año de período en que la concejal ejerció

como presidenta de la corporación, no se hizo necesaria la

adquisición de equipos de cómputo e informática para el

cumplimiento de las funciones del Concejo Distrital de

Barrancabermeja, pero que faltando tres días para terminar el año

2021 decidió adquirir bajo la modalidad de contratación de mínima

cuantía equipos de informática por valor de $24.985.400, cuya

motivación consistió en el agotamiento de presupuesto de la entidad

que presidía, por lo que, en consecuencia, utilizó la contratación

pública para darle una destinación indebida a los dineros del

presupuesto de esa corporación, al contratar bajo un objeto

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innecesario e injustificado a solo tres días de terminación de la

vigencia fiscal.

Relató que la concejal tampoco verificó en el proceso contractual su

conveniencia y oportunidad de manera previa, inobservando el

ordinal 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 28 de octubre de 19935,

vulnerando con ello el principio de planeación en la actividad

contractual y moralidad, al actuar sin consideraciones éticas y

pretender darle al contrato una apariencia de necesidad de su objeto,

sin ser la real, lo necesario o justificado para adquirir, sino que, como

se advirtió, su finalidad era el afán del gasto público a escasos tres

días de culminar su período como presidenta del Concejo Distrital de

Barrancabermeja.

I.3.- La concejal, a través de apoderada, presentó escrito de

contestación en el que se opuso a la pretensión de la solicitud, para

lo cual alegó que, en efecto, en diciembre de 2021 suscribió dos

contratos de mínima cuantía, luego de haber agotado todo el

procedimiento contractual dispuesto para el efecto, pues el 12 de

noviembre de 2021 se realizó la correspondiente publicación del

5 “[…] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

[…]”.

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proceso de selección de mínima cuantía, mediante invitación pública

núm. 004 de 2021, a través del sitio web SECOP II con el fin de que

los interesados presentaran su oferta, en cumplimiento de los

principios, procedimientos y la modalidad establecida en las leyes 80,

1150 de 16 de julio de 20076, 1474 de 12 de julio de 20117 y el

Decreto 1082 de 26 de mayo de 20158, convocatoria que finalizó con

la suscripción de los contratos núms. 0279 de 2021 con la Sociedad

Grenelco S.A.S. por el valor de $24.985.400, cuyo objeto era: “[…]

Compra De Equipos De Cómputo, Maquinaria De Informática Y Sus

Partes, Piezas Y Accesorios Para El Concejo Municipal De

Barrancabermeja […]”; y 0280 de 2021 con la Corporación Para La

Sostenibilidad Social Ambiental Y Económica, por el valor de

$20.000.000, cuyo objeto era: “[…] Suministro De Elementos De

Aseo Y Cafetería Para El Funcionamiento De Las Diferentes

Dependencias Del Concejo Municipal De Barrancabermeja […]”.

Indicó que no se configura la causal alegada, debido a que se

presentó la necesidad de adquirir equipos de cómputo y accesorios e

6 “[…] Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la

Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos
Públicos […]”.
7 “[…] Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública […]”.
8 “[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo

de Planeación Nacional […]”.

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implementos de aseo y cafetería, toda vez que, conforme al plan de

mejoramiento adoptado, se evidenció que algunos computadores de

la entidad no se encontraban funcionando de manera correcta y los

software estaban desactualizados, en especial el de pagaduría; y en

cuanto a los implementos de aseo y cafetería, esta obedeció a que

no se contaban con ellos.

Mencionó que con la suscripción de los contratos núms. 0279 y 0280

de 2021 por parte de la presidenta del Concejo Distrital de

Barrancabermeja, no se configura, per se, una causal de pérdida de

investidura por indebida destinación de dineros públicos, comoquiera

que, pese a existir una erogación presupuestal, el objeto para el cual

se destinaron esos dineros no se encontraba prohibido, pues se trató

del suministro de implementos de aseo y cafetería y la compra de

equipos de cómputo y accesorios que no representaron en ninguna

medida una contraprestación a causa propia, sino la ejecución de los

objetos contractuales y del plan anual de adquisiciones de la

Corporación, contratos que dieron prevalencia al interés general y a

la necesidad de la Corporación edilicia de contar con dichos insumos

y equipos de cómputo para el desarrollo de sus actividades.

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Resaltó que existiendo el rubro para ello en el presupuesto y

comoquiera que en el plan anual de adquisiciones, adoptado

mediante la Resolución núm. 003 de 2021, modificada por medio de

la Resolución núm. 021 de 2021, se consagró la compra de dichos

bienes e insumos, procediéndose a celebrar los contratos, no puede

predicarse una indebida destinación de recursos públicos, pues los

dos contratos estuvieron soportados en el estudio de mercado,

estudios previos, y estaban destinados a satisfacer una necesidad de

la Corporación contenida en el plan anual de adquisiciones y

atendiendo de manera precisa las reglas y principios de la

contratación pública.

Anotó, con relación al argumento según el cual la finalidad de la

contratación fue agotar el presupuesto anual del 2021, -teniendo en

cuenta que dicho dinero caducaba el 31 de diciembre del respectivo

año, conforme al artículo 14 del Decreto 111 de 1996-, que el

principio de la anualidad del presupuesto es un punto denominador

común entre diferentes ordenamientos jurídicos, en razón del cual la

estimación de ingresos y la autorización de gastos debe efectuarse

en períodos de un año, de conformidad con el artículo 346 Superior.

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Refirió que no se configura el ingrediente objetivo, como tampoco se

cumple el requisito subjetivo para la configuración de la causal, pues

no existe conducta dolosa o gravemente culposa que reprocharle al

haber actuado conforme a la normatividad vigente en su calidad de

presidenta del Concejo Distrital de Barrancabermeja, situación por la

que no cuentan con asidero jurídico las manifestaciones consignadas

en la solicitud de pérdida de investidura.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, a través de sentencia de 21 de junio de 2022, denegó la

pérdida de investidura de la accionada, para lo cual, luego de

relacionar el acervo probatorio allegado y de abordar el marco

jurídico de la causal de indebida destinación de dineros públicos,

manifestó que en relación con el contrato núm. 0279, obra en el

expediente certificado de existencia de 17 de diciembre de 2021 en

el Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2021, -Resolución núm. 021

de 12 de marzo de 2021-, de bienes, servicios u obras públicas,

gastos de funcionamiento, rubro presupuestal -descripción del

elemento “maquinaria de informática y sus partes, piezas y

accesorios, descripción presupuestal, veinticinco millones de pesos

(25.000.000)”-.

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Indicó que la contratación estuvo precedida de los estudios previos,

previendo el marco legal y la necesidad que la entidad pretendió

satisfacer con el proceso de contratación, de COMPRA DE EQUIPOS

DE CÓMPUTO, MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES,

PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE

BARRANCABERMEJA, “[…] garantizando de esta manera el normal

funcionamiento de la entidad, dotándola de elementos necesarios

para el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de cada una de

sus labores de los funcionarios de la corporación edilicia, ya que la

carencia de estos elementos puede provocar retardos y

traumatismos en el cumplimiento de los cometidos de la entidad

[…]”, lo que le permitió corroborar la destinación del rubro

presupuestal afectado -maquinaria informática-.

Mencionó que a igual conclusión arribó respecto del contrato núm.

0280 de 2021, ya que su objeto estaba apropiado en el respectivo

presupuesto con certificado de existencia de 17 de diciembre de 2021

en el Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2021, -Resolución núm.

021 de 12 de marzo de 2021-, cuyos estudios previos establecieron

la siguiente necesidad “[…] Así pues que el concejo municipal de

Barrancabermeja en aras de asegurar el cumplimiento de sus

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funciones se hace necesario contratar a una persona natural o

jurídica para que desarrolle el proceso de compra de elementos de

aseo y cafetería, garantizando de esta manera el normal

funcionamiento de la entidad, dotándola de elementos necesarios

para el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de cada una de

sus labores de los funcionarios de la corporación edilicia, ya que la

carencia de estos elementos pueden provocar retardos y

traumatismos en el cumplimiento de los cometidos de la entidad

[…]”. De manera que lo apropiado con una destinación específica, fue

efectivamente empleado en el objeto señalado.

Concluyó que para estructurar la causal de pérdida de investidura

comentada, en el marco de una interpretación restrictiva y

considerando que las causales no pueden ser de creación

jurisprudencial o analógica, sino que tienen que adecuarse de

manera precisa al supuesto de hecho que prevé la norma, es claro

que la imputación fáctica señalada en la solicitud no podía dar lugar

a la indebida destinación de dineros públicos. Ello, por cuanto su

finalidad es censurar cualquier utilización de los recursos públicos

para fines no previstos, distintos, prohibidos o no autorizados por la

Constitución o las leyes.

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Insistió en que al no demostrarse el elemento objetivo, no resultaba

necesario abordar el estudio del elemento subjetivo y se imponía

negar las pretensiones de la demanda. Que, finalmente, lo descrito

como violación al principio de transparencia, no necesidad del gasto,

incumplimiento de requisitos legales en el tema de la contratación,

eventuales delitos, debe dar lugar a otro tipo de investigación, -fiscal,

disciplinaria o penal-, pero no a la causal de pérdida de investidura.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La solicitante interpuso recurso de apelación contra la referida

sentencia, en el que solicita revocar la decisión del a quo y, en su

lugar, decretar la pérdida de investidura, con fundamento en que el

Tribunal pasó por alto pronunciarse sobre los tópicos objeto de la

solicitud y que necesariamente delimitan la decisión del Juez de la

causa. Ello, debido a que en la solicitud se consideró que la concejal

debía perder su investidura bajo la causal de indebida destinación de

dineros públicos, en el entendido que lo único que buscó al celebrar

los contratos 0279-21 y 0280-21, en los últimos tres días del período

2021, cuando fungía como presidenta del Concejo Distrital de

Barrancabermeja, fue gastar aceleradamente el presupuesto en

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materias innecesarias e injustificadas, con una explicación racional y

sucinta sobre lo inoportuno de su contratación.

Sostiene que en el contrato 0279-21 está demostrada la inexistencia

de necesidad y oportunidad de contratar en los últimos días del mes

de diciembre de 2021, la adquisición de equipos de cómputo e

informática, porque la concejal anotó en los estudios previos, que

“[…] se hace necesario contratar a una persona natural o jurídica

para que desarrolle el proceso de compra de equipos de cómputo y

accesorios, garantizando de esta manera el normal funcionamiento

de la entidad […]”, pero no especifica que la entidad no cuente a la

fecha del proceso de contratación con los equipos de cómputo e

informática necesarios para el cumplimiento de las funciones de ese

Concejo Distrital de Barrancabermeja, o que contando con dichos

equipos los mismos sean insuficientes para el desarrollo de las

actividades, o que a los equipos existentes al período en que ejerció

como presidenta se haya procedido a darlos de baja, sea por el paso

del tiempo o hayan sufrido avería o deterioro que implique la

adquisición de más equipos para su reemplazo.

Alega que la concejal manifiesta en los estudios previos, que el

Concejo de Barrancabermeja “[…] cuenta con una sede

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administrativa distribuidas por áreas en las cuales están

debidamente instalados equipos computo e impresoras donde se

desarrolla todo el desarrollo administrativo del concejo distrital […]”,

es decir, que esa corporación sí cuenta con los equipos de cómputo

e informática necesarios para el desarrollo administrativo; y que al

“[…] interior del concejo en el Concejo municipal de Barrancabermeja

se ejercen actividades administrativas por los funcionarios de planta,

prestadores de servicios y unidades para lo cual se deben garantizar

herramientas informáticas; por eso es que se requiere la compra de

equipos de cómputo y accesorios […]”, indicando que aparte de los

funcionarios de planta de la entidad, debía suministrársele equipos

de informática a los contratistas, sean estos, prestadores de servicios

o unidades legislativas, que en todo caso son contratados por la

modalidad de contratos de prestación de servicios o apoyo a la

gestión, los cuales deben contar con independencia en el desarrollo

de sus actividades, utilizando las herramientas propias necesarias

para el cumplimiento del objeto contractual.

Manifiesta que de lo precedente puede concluirse que durante todo

el año de período en que ejerció la concejal demandada, como

presidenta de la corporación, no se hizo necesario la adquisición de

equipos de cómputo e informática para el cumplimiento de las

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funciones del Concejo Distrital de Barrancabermeja; sin embargo,

faltando escasos tres días para terminar el año 2021, y sin necesidad

alguna e injustificada, la concejal decidió adquirir equipos de

informática por valor de $24.985.400, bajo la modalidad de

contratación de mínima cuantía, cuyo único móvil fue el agotamiento

del presupuesto de la entidad que presidia y que corría el riesgo de

finalizar el 31 de diciembre de 2021 sin la utilización de dichos

dineros, caducando así las partidas presupuestales, conforme al

artículo 14 del Decreto 111 de 15 de enero de 19969.

Señala que la concejal, al desplegar la actividad contractual referida,

traicionó los fines del Estado contenidos en el artículo 209 de la Carta

Política, al no sobreponer los intereses generales, sobre los propios;

asimismo, traicionó los fines de la contratación pública contenidos en

el artículo 23 y 25, ordinal 7, de la Ley 80, y los previstos en el

artículo 3° del CPACA, incurriendo también en la ejecución del tipo

penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales establecidos

en el artículo 410 de la Ley 599 de 24 de julio de 200010 al contravenir

los principios señalados.

9 “[…] Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995

que conforman el estatuto orgánico del presupuesto […]”.
10 “[…] Por la cual se expide el Código Penal […]”.

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Respecto del contrato núm. 0280-21, anota que quedó demostrada

la inexistencia de la real necesidad y oportunidad de contratar la

adquisición de elementos de cafetería y aseo en los últimos días del

mes de diciembre de 2021, al establecerse en los estudios previos

del negocio jurídico que la necesidad que se pretende cubrir con la

compra de dichos elementos es la de la vigencia 2021, por valor de

$20.000.000, elementos que se tornan en innecesarios e injustificada

su adquisición para los tres últimos días de diciembre de 2021, en

inobservancia del principio de planeación, economía y moralidad

contenido en el artículo 209 de la Constitución Política y violación del

principio de economía.

Agrega que la concejal no verificó en el proceso contractual su

conveniencia y oportunidad de manera previa, inobservando el

ordinal 7 del artículo 25 de la Ley 80, sino que procedió a contratar

para suplir una necesidad irreal faltando solo tres días o menos de la

vigencia 2021, transgrediendo el principio de planeación en la

actividad contractual al darle al contrato una apariencia de necesidad

de su objeto, sin ser la real, necesario o justificada la adquisición,

sino que, como se advierte, su única finalidad era el afán del gasto

público a escasos tres días de culminar su período como presidenta

del Concejo Distrital de Barrancabermeja.

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Reitera que la concejal, al desplegar la actividad contractual referida,

traicionó los fines del Estado contenidos en el artículo 209 de la Carta

Política, al no sobreponer los intereses generales, sobre los propios;

así mismo, traicionó los fines de la contratación pública contenidos

en el artículo 23 y 25, ordinal 7, de la Ley 80 y los previstos en el

artículo 3° del CPACA, incurriendo también en la ejecución del tipo

penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales contenido el

artículo 410 de la Ley 599 al contravenir los principios señalados.

Acota que los dineros empleados dentro del contrato 0280-21, no se

encontraban en su totalidad destinados a la adquisición de elementos

de aseo y cafetería; y que aun así se comprometieron para dichas

compras, lo que permite advertir que el a quo no realizó un verdadero

análisis sobre los rubros presupuestales destinados para dicho

contrato, los cuales se pueden observar en el certificado de

disponibilidad y registro presupuestales bajo los siguientes

argumentos:

(i) Dentro del contrato 0280-21 se adquirieron “[…] Café molido y

tostado consumo nacional, sin descafeinar, en bolsa metalizada, Te

de hierbas y sabores surtidos, Vasos desechables en cartón o papel

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polyboard, Vasos desechables de 7 onzas, Vaso desechable de 12

onzas, Servilleta blanca para cafetería, Varsol multiusos con aroma,

desmanchador y Desengrasante, Limpiavidrios sin aroma

presentación, Bolsa de aseo plástica, Bolsa de cesta de baño, Toalla

de papel, Ambientador en aerosol fragancia surtida, Ambientador oíl

eléctrico con repuesto, Limpiador líquido para piso, desmanchador,

Mechas de trapero, Blanqueador desinfectante, Escoba con área de

barrido mayor a 30 cm y menos a 41 cm, Palo para trapero en

aluminio, Mezclador desechable, Esponja doble uso elaborado en

fibra abrasiva, Papel higiénico, Limpión de tela 100 % de algodón,

Toalla de tela para manos, Azúcar blanca extrafina […]”.

(ii) La concejal contrató utilizando cuatro rubros presupuestales,

entre ellos el que estaba destinado a PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,

el núm. 2.1.2.02.01.003.005.02., como se observa del certificado de

disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal de ese

contrato, por la suma de $2.000.000 identificado en el CDP 21-00342

y RP 21-00375 del contrato 0280-21; asimismo, con fuente de

financiación-gastos de funcionamiento, sección o unidad ejecutora

Concejo Municipal de Barrancabermeja.

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Alega que si se observa con detenimiento el clasificador de bienes y

servicios en la solicitud del plan anual de adquisiciones suscrita por

la demandada, los códigos UNSPSC – 50201712 (Bebidas de Té),

50161814 (Azúcar o sustituto de azúcar), 47131820 (Limpiadores

derivados del petróleo), 47121701 (Bolsas de basura), 50201706

(Café), 47131604 (Escobas), 47131807 (Blanqueadores), 14111704

(Papel higiénico), 14111703 (Toallas de papel), 14111705

(Servilletas de papel), 52152102 (Vasos para beber para uso

doméstico), 47131801 (Limpiadores de piso), 4713824, 52121704

(Toallas de mano), 47131502 (Pañitos o toallas para limpiar),

47101512 (Mezcladores o agitadores), 47131603 (Esponjas),

47131706 (Dispensadores de ambientadores), 47131613

(Sujetadores de traperos y escobas), 47131618 8 Traperos

húmedos), utilizados dentro del contrato en mención, ninguno hace

referencia a la adquisición de PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, los

cuales tienen asignado código diferente en el clasificador de bienes y

servicios utilizado por Colombia Compra Eficiente, el que inicia con

los códigos 51000000 (Medicamentos y Productos Farmacéuticos),

distintos a los contratados dentro del contrato 0280-21.

Apunta que la concejal, al contratar productos de aseo y cafetería

utilizando el rubro de PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, ha destinado

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los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos autorizados

pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados,

toda vez que utilizó directamente el rubro de productos

farmacéuticos para comprometer dineros públicos a una compra

distinta a la que se encontraban destinados dichos dineros,

configurando la indebida destinación de dineros públicos.

Aclara que si se considerara que se contrataron productos

farmacéuticos dentro del contrato 0280-21, el único que puede

asimilarse sería el té de hierbas y sabores surtidos, lo que en la

realidad no es así, ya que está clasificado como bebidas en el

clasificador de bienes y servicios – alimentos; y que es cierto que el

valor de estos no corresponde a los $2.000.000 señalados en el

registro presupuestal del contrato, ya que su compra fue por valor

de $1.759.999.29 (factura del contrato), quedando comprometidos

para otro objeto distinto a productos farmacéuticos la suma de

$240.000.71 en el valor global de $20.000.000 del contrato, es decir,

aun así se comprometieron dineros públicos a objetos, actividades o

propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se

encuentran asignados.

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Argumenta que la concejal ha vulnerado el principio de planeación

en la actividad contractual, como manifestación del principio de

eficacia (principio constitucional), al contratar objetos de aseo y

cafetería bajo un rubro presupuestal destinado a la adquisición de

productos farmacéuticos, sin adecuar la contratación al rubro

presupuestal debido, lo que también vulnera el principio de

especialización presupuestal, -artículo 18 Decreto 111 de 1996-.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,

numeral 3, de la Ley 1881, fue descorrido así:

IV.1.- La concejal, a través de memorial radicado el 7 de octubre de

2022, reitera sus argumentos de defensa en cuanto a lo debatido

desde el inicio del proceso pero manifiesta, en cuanto a aquel

argumento relativo a que a la indebida destinación de dineros a

objetos, actividades o propósitos autorizados pero diferentes a los

cuales esos recursos se encontraban asignados en rubros

presupuestales, que desborda el alcance del recurso de apelación

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pues se pretende ampliar el quid del presente asunto y desdibujan el

mecanismo procesal de la apelación.

Señala que lo que pretende la recurrente es que se amplié el litigio

más allá de los reparos concretos planteados y debatidos en el curso

de la primera instancia y de contera ampliar la órbita de decisión del

fallador de segunda instancia con aspectos que no fueron objeto de

señalamiento, pretendiendo con ello soslayar sus derechos de

defensa y contradicción, pues al no haber sido alegados no tuvo la

oportunidad de efectuar pronunciamiento al respecto.

Indica que, aun así, es importante señalar con relación a este nuevo

reparo, que la solicitante también instauró solicitud de pérdida de

investidura en contra de la concejal, la cual fue tramitada por el

Tribunal Administrativo Santander, magistrado ponente Milcíades

Rodríguez Quintero, bajo el radicado núm. 680012333-000-2022-

00351-00, al interior de la cual se profirió sentencia de primera

instancia el 28 de julio de 2022, negando las pretensiones de la

demanda, decisión que actualmente se encuentra en trámite de

segunda instancia ante el Consejo de Estado.

Solicita, por lo anterior, que se confirme la sentencia recurrida.

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IV.2.- El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta

instancia.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Cuestión previa

El cargo relativo a que el rubro presupuestal núm.

2.1.2.02.01.003.005.02, previsto para ‘productos

farmacéuticos’, fue indebidamente destinado en el contrato

núm. 0280-21 de 28 de diciembre de 2001 para adquirir

bienes distintos a los autorizados

Previo a analizar el fondo del asunto, la Sala advierte que en su

recurso de apelación la recurrente formuló un cargo nuevo, según el

cual el rubro presupuestal núm. 2.1.2.02.01.003.005.02, previsto

para ‘productos farmacéuticos’ e identificado en el CDP núm. 21-

00342 y RP núm. 21-00375, por valor de $2.000.000, fue

indebidamente destinado en el contrato núm. 0280-21 de 28 de

diciembre de 2001 para adquirir bienes distintos a los autorizados.

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Luego de revisar la solicitud de pérdida de investidura, así como la

contestación que de la misma efectuó la concejal, la providencia

apelada y, en general, el desarrollo de la contienda hasta esta

instancia, resulta palmario que aquella corresponde a una censura

que no solo no fue incorporada en el escrito inicial de la accionante

sino que frente a ésta no se ha surtido la debida contradicción ni

ejercida la respectiva defensa por parte de la accionada, menos aún

ello hizo parte de los reproches abordados en la sentencia de 21 de

junio de 2022, proferida por el Tribunal, es decir se trata de un cargo

que procura explicar la configuración de la causal de indebida

destinación de dineros públicos pero de forma inoportuna.

Cabe señalar que el artículo 281 del Código General del Proceso

destaca la congruencia como uno de los principios esenciales de la

sentencia, al señalar que: “[…] La sentencia deberá estar motivada

en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en

la demanda y en las demás oportunidades que este Código

contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren

sido alegadas si así lo exige la ley […]”. A renglón seguido señala que

“[…] no podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por

objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente

a la invocada en esta […]”. (Negrillas y subrayas fuera de texto).

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El principio de congruencia, conforme lo ha precisado la

jurisprudencia, encierra entonces “[…] dos acepciones: como

armonía entre las partes motiva y resolutiva del fallo (congruencia

interna), y como conformidad entre la decisión y lo pedido por las

partes en la demanda y en su contestación (congruencia externa). El

principio así concebido persigue la protección del derecho de las

partes a obtener una decisión judicial certera sobre el asunto

puesto a consideración del juez, al igual que la salvaguarda

del debido proceso y del derecho de defensa de las partes,

cuya actuación procesal se dirige a controvertir los

argumentos y hechos expuestos en la demanda, tratándose

del demandado, y en la contestación, si la posición procesal

es la del demandante11 […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Lo anterior cobra especial relevancia en el proceso de pérdida de

investidura, si se tiene en cuenta que es un juicio sancionatorio de

tipo ético que culmina con la imposición de la sanción más gravosa

que se equipara a la inhabilidad permanente para volver a ser elegido

miembro de una corporación pública, a perpetuidad, como resultado

de incurrir en algunas causales de rango constitucional y legal

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de

14 de agosto de 2013, número único de radicación 73001-23-31-000-2006-01785-
01(18580), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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contrarias al buen servicio, la transparencia, la rectitud y la probidad

que debe guiar el ejercicio y acceso a la función pública12; institución

que se encuentra gobernada por todas las garantías que integran el

debido proceso13.

La Sección al respecto ha determinado que “[…] en virtud de los

principios de lealtad procesal, debido proceso, contradicción y de

defensa y en atención a la congruencia que debe existir, por un lado,

entre la demanda -la pretensión y los argumentos que la

fundamentan-, su contestación y la sentencia proferida, en primera

instancia; y, por el otro, entre estos y el recurso de apelación, se

impone que al apelante le esté vedado exponer en su recurso hechos,

cargos y pretensiones nuevas que no hayan sido alegados en la

solicitud inicial o en su contestación. Si lo hiciere, el ad quem no

puede abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues es su

deber salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y

de defensa de la contraparte en el proceso […]”14.

12 Corte Constitucional, sentencia SU501 de 6 de agosto de 2015, magistrada ponente (e)

Myriam Ávila Roldán.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

17 de marzo de 2022, número único de radicación 47001-2333-000-2021-00403-01,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

11 de octubre de 2019, número único de radicación 05001-2333-000-2017-02599-01 (PI);
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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Por tales razones, la Sala se abstendrá de estudiar este cargo relativo

a que el rubro presupuestal núm. 2.1.2.02.01.003.005.02, previsto

para ‘productos farmacéuticos’, supuestamente fue destinado de

forma indebida en el contrato núm. 0280-21 de 28 de diciembre de

2001 para adquirir bienes distintos a los autorizados, toda vez que

ante su aparición extemporánea emerge necesaria la protección de

las garantías al debido proceso, contradicción y doble instancia que

se predican en favor de la acusada, así como del principio de

congruencia que se exige de las providencias judiciales.

V.2.- Problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si la concejal del Distrito Especial,

Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso de Barrancabermeja,

señora ERLIG DIANA JIMÉNEZ BECERRA, durante el ejercicio de

su período constitucional 2020-2023, incurrió en la comisión de la

causal de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros

públicos, prevista en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 y 48,

numeral 4, de la Ley 617, a partir de la celebración de los contratos

núms. 279-21 de 24 de diciembre de 2021 y 280-21 de 28 de

diciembre de 2021, esto es por ausencia de necesidad y justificación

alguna para contratar sus objetos, así como por haberlo hecho en los

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últimos tres días del período en el que la accionada fungió como

presidente de esa corporación pública con la única motivación, en los

términos de la solicitud, de agotar el presupuesto de la entidad.

V.3.- De la indebida destinación de dineros públicos como

causal de pérdida de investidura de concejal15

Con relación a la controversia sometida al estudio de la Sala, se

advierte que la causal de pérdida de investidura que se invoca en la

presente solicitud es la prevista en los artículos 55, numeral 3, de la

Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, cuyo tenor es el siguiente:

“[…] Ley 136

Artículo 55. Pérdida de la investidura de Concejal. Los
concejales perderán su investidura por: (…)

3. Por indebida destinación de dineros públicos […]”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto).

“[…] Ley 617

Artículo 48. Pérdida de investidura de Diputados,
Concejales Municipales y Distritales y de Miembros de
Juntas Administradoras Locales. Los diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:
(…)
4. Por indebida destinación de dineros públicos […]”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto).

15Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 10 de diciembre de 2021, número único
de radicación 50001233300020200008001; 23 de julio de 2021, número único de radicación
50001233300020200002101; y de 29 de marzo de 2019, número único de radicación
66001233300020180024601.

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Como los elementos que estructuran esta causal no se encuentran

desarrollados en la Constitución ni en las normas legales que las

ordenan, resulta pertinente acudir al sentido y alcance con los que

esta Corporación la ha tratado de forma reiterada. En sentencia de 3

de octubre de 2000, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

con relación a los congresistas, pertinente también para los restantes

miembros de corporaciones públicas de elección popular, como los

concejales, precisó:

“[...] La causal de indebida destinación de dineros públicos se
configura cuando el congresista destina los dineros públicos
a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:

a. Cuando destina los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados;
b. Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos
autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se
encuentran asignados;
c. Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la Constitución,
la ley o el reglamento.
d. Cuando esa aplicación se da para materias
innecesarias o injustificadas.
f. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros.
g. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o en
el de terceros […]”16 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De igual forma, ha explicado que:

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de octubre

de 2000, Expedientes AC-10529 y AC-10968, consejero ponente Darío Quiñones Pinilla.

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“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de
pérdida de investidura, tampoco describe la conducta. No
obstante, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado ha delimitado los presupuestos para que se configure.
En este sentido, como su denominación lo indica, se realiza
cuando un congresista destina los dineros públicos a
unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos a
actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos
que estando autorizados no correspondan a la finalidad
asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros.

En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de
2012, señaló que, aunque la causal no está definida en el
ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de
los dineros públicos no corresponde a los fines estatales
preestablecidos por la Constitución, la ley o el reglamento:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros
públicos no está definida en la Constitución ni en las
normas legales que rigen el ejercicio de la acción de
pérdida de investidura. Es, entonces, pertinente
consignar el sentido y alcance con que esta Corporación
le ha definido. La causal de indebida destinación de
dineros públicos se configura cuando el concejal
destina los dineros públicos a unas finalidades y
cometidos estatales distintos a los establecidos en
la Constitución, en la ley o en los reglamentos
[…]”17 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Respecto a los elementos constitutivos de este tipo
disciplinario, la Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo de
200318 también señaló: “[…] Por consiguiente, el elemento
tipificador de la causal de pérdida de investidura en
referencia, está en el hecho de que el congresista, en su
condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la
Constitución), con su conducta funcional, al ejercer las
competencias de las que ha sido revestido, traiciona,
cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales
preestablecidos en la Constitución, la ley o el

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

7 de junio de 2012, número único de radicación 73001233100020100035201, consejera
ponente María Claudia Rojas Lasso.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia

de 6 de marzo de 2003, número único de radicación 2000123310002002100701, consejera
ponente Olga Inés Navarrete Barrero.

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reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas, etc. ‘En
los eventos como los antes indicados, la conducta del
congresista bien puede ser delictiva o no, ajustada o no a un
procedimiento legal de ordenación del gasto o de contratación,
pero, su finalidad es otra muy distinta a la señalada en la
Constitución, la ley o los reglamentos’ […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

De allí que, para que la causal se configure es necesario que el
Congresista, en su condición de servidor público, distorsione o
cambie el cometido estatal consagrado en la Constitución, la
Ley o el Reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o que estando
autorizados sean diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o haya destinado o utilizado los recursos
a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas; o perseguido la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros; o hubiere
pretendido derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas.

En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal
ostente la condición de nominador u ordenador del gasto, basta
con que deba respetar, defender y cuidar el patrimonio público,
toda vez que es imperativo cuidar los bienes del Estado para
evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha
señalado que la causal comporta dos elementos: i) la
conducta y ii) el fin. La Sentencia del 1 de noviembre de
200519 señaló: “[…] Para la configuración de la causal de
indebida destinación de dineros públicos prevista en el
num. 4º del artículo 183 de la Constitución Política
(reproducida en el numeral 4º del artículo 298 de la Ley
5ª de 1992) se destacan o requieren dos elementos
como son la conducta y el fin […]”

19Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de
noviembre de 2005, número único de radicación 11001031500020040167300, consejero
ponente Tarsicio Cáceres Toro.

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En el primero –como se exige para las demás causales por las
que se puede demandar la pérdida de investidura- es
necesario, que el sujeto activo que la agota ostente la calidad
de Congresista y precisamente que en esa condición ejerza
competencias para las que fue investido.

El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta,
es decir que al ejercer las competencias propias de su
investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento al destinar los recursos públicos a materias,
actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que
autorizados son diferentes a los que se encuentran
asignados; ii) aplique tales dineros a objetos prohibidos,
no necesarios o injustificados; iii) obtenga un
incremento patrimonial para sí o a favor de terceros, o
iv) pretenda derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o en el de terceras personas, etc.
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

A su turno, esta Sección, siguiendo los planteamientos de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha

expresado, frente a la configuración de la causal de pérdida de

investidura por indebida destinación de dineros públicos que:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no
se encuentra definida en la Constitución ni en las normas
legales que regulan el ejercicio de la acción de pérdida de
investidura. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación
se ha referido en distintas oportunidades al sentido y alcance
que esta causal tiene.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, en sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente
núm. AC-9877, Consejero ponente doctor Germán Rodríguez
Villamizar), se pronunció sobre los alcances del concepto de
indebida destinación de dineros públicos, señalando que el
elemento tipificador de esta causal de pérdida de investidura
“[…] está en el hecho de que el Congresista, en su
condición de servidor público, con su conducta funcional
al ejercer las competencias de las que ha sido revestido,

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traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos
estatales, preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas […]”.

Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la
misma Sala Plena de lo Contencioso Administrativo20 y también
por la Sección Primera del Consejo de Estado, entre otras, en
sentencias de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-
00194, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), 9 de noviembre de 2006 (Expediente núm. 2005-
01133, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade),
16 de julio de 2009 (Expediente núm. 2008-00700, Consejera
ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón) 14 de diciembre de
2009 (Expediente núm. 2009-00012 (Expediente núm. 2009-
00012, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (Expediente núm. 2011-
00009, Consejera ponente María Elizabeth García González) y
1º de agosto de 2013 (Expediente núm. 2012-00151,
Consejera ponente María Elizabeth García González) […]”21
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Con fundamento en el marco normativo y en el desarrollo

jurisprudencial citado anteriormente, se tiene que los dineros

públicos son “[…] todos aquellos que provienen de una actividad

económica del Estado y se integran al ciclo presupuestal con el

20 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001

(Expediente núm. AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias

de 4 de septiembre de 2014, número único de radicación 63001233300020130014801 (PI),
consejero ponente Guillermo Vargas Ayala; de 6 de septiembre de 2018, número único de
radicación 70001233300020180001901(PI), consejera ponente María Elizabeth García
González; de 28 de julio de 2016, número único de radicación
15001233300020150073901(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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propósito de ser redistribuidos para la satisfacción de las

necesidades que demanda el interés general […]”22, por lo que, en

el mismo sentido, los eventos en que se puede configurar su indebida

destinación23 son aquellos en los que un miembro de la corporación

pública territorial de elección popular los asigna para:

i) Cubrir objetos, actividades o propósitos no autorizados.

ii) Costear objetos, actividades o propósitos que sí están

autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales

están previamente asignados.

iii) Sufragar objetos, actividades o propósitos expresamente

prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.

iv) Pagar por materias innecesarias o injustificadas.

22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de marzo

de 2017, número único de radicación 11001031500020150011100, consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

15 de marzo de 2018, número único de radicación 13001233300020160110701(PI),
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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v) Cuando la destinación de los dineros públicos tiene la

finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de

terceros.

vi) Y, cuando la destinación de los dineros públicos tiene la

finalidad de derivar un beneficio, no necesariamente

económico, en su favor o en el de terceros.

Para tales efectos, no es indispensable que el miembro de la

corporación pública territorial de elección popular sea ordenador del

gasto, pues lo importante es que adelante actuaciones certeras o

utilice instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los

dineros públicos24.

V.4.- Del caso concreto

La Sala observa de las pruebas recaudadas en el expediente que la

señora ERLIG DIANA JIMÉNEZ BECERRA, fue elegida concejal del

Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso de

Barrancabermeja, para el período constitucional 2020-2023, en

representación del Grupo Significativo de Ciudadanos SUMEMOS,

24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de abril

de 2018, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-01062-00, consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter.

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según consta en el Formulario E-26 CON de 12 de noviembre de

2019, cargo del cual tomó posesión el 2 de enero de 2020, como

aparece en Acta núm. 001 de 2020 de dicha Corporación, luego de

lo cual resultó elegida presidente para la vigencia 2021, como se

extrae del Acta núm. 107 de 10 de julio de 2020.

En ejercicio de la presidencia de esa corporación, la concejal celebró

dos contratos cuyos valores no excedían el 10% de la menor cuantía

del Concejo Distrital de Barrancabermeja, estos son los identificados

con los núms. 279-21 de 24 de diciembre de 2021 y 280-21 de 28

de diciembre de 2021.

V.4.1.- Dentro de los antecedentes del contrato 279-21 de 24 de

diciembre de 2021, se evidencia que la acusada suscribió los Estudios

Previos en los que describió, expresamente, la necesidad que la

entidad pretendió satisfacer con el proceso de contratación, así:

“[…] El ejercicio de la función administrativa permite distinguir
dentro de la dinámica de la administración, el cumplimiento de unas
funciones básicas cuyo contenido se determina por cada caso por la
materia de la cual debe ocuparse la institución administrativa de que
se trate y por las formas de actuación que aquella debe adelantar
para el logro de sus cometidos.

Así pues que el concejo municipal de Barrancabermeja en
aras de asegurar el cumplimiento de sus funciones se hace
necesario contratar a una persona natural o jurídica para
que desarrolle el proceso de compra de equipos de cómputo
y accesorios, garantizando de esta manera el normal
funcionamiento de la entidad, dotándola de elementos

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necesarios para el desarrollo de sus funciones y el
cumplimiento de cada una de sus labores de los funcionarios
de la corporación edilicia, ya que la carencia de estos
elementos pueden provocar retardos y traumatismos en el
cumplimiento de los cometidos de la entidad.

En ese orden de ideas corresponde al concejo municipal de
Barrancabermeja, direccionar sus funciones y actividades con el
propósito de desarrollar estrategias de comunicación e interactuar
permanentemente con la ciudadanía, una vez superada la
pandemia, para dar a conocer las acciones que sobrevienen como
el resultado del ejercicio político administrativo de la corporación,
por lo tanto, cuenta con una sede administrativa distribuidas por
áreas en las cuales están debidamente instalados equipos computo
e impresoras donde se desarrolla todo el desarrollo administrativo
del concejo distrital.

Así mismo en el interior del concejo en el concejo municipal de
Barrancabermeja se ejercen actividades administrativas por los
funcionarios de planta, prestadores de servicios y unidades para lo
cual se deben garantizar herramientas informáticas; por eso es que
se requiere la compra de equipos de cómputo y accesorios.

Por lo anterior, se deberá proceder al desarrollo del proceso
contractual cuyo objeto será COMPRA DE EQUIPOS DE
COMPUTO, MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES,
PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA.

Con lo anterior, queda sustentada la necesidad y
conveniencia de la contratación referida, así como la
existencia del presupuesto de la actual vigencia y que se
encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

El objeto para contratar lo definió como “[…] COMPRA DE EQUIPOS

DE COMPUTO, MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES,

PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE

BARRANCABERMEJA […]” y el plazo de ejecución “[…] es decir, el

tiempo durante el cual el CONTRATISTA se compromete a prestar a

entera satisfacción del CONTRATANTE el suministro objeto del

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presente proceso de contratación, será de TRES (03) DÍAS, contados

a partir de la suscripción del acta de inicio. La vigencia del contrato

será el mismo plazo de ejecución […]”.

En imputación presupuestal estableció: “[…] Para el cumplimiento del

objeto derivado del presente proceso de contratación, se cuenta

con el certificado de disponibilidad presupuestal Nº 21-00341

del 16 de DICIEMBRE de 2021, con cargo al rubro numeral

2.1.2.01.01.003.03.02 expedido por pagaduría del concejo

municipal de Barrancabermeja […]”.

La concejal solicitó el certificado de existencia de dichos bienes y

servicios en el Plan Anual de Adquisiciones, el cual le fue expedido

por el secretario general del Concejo Distrital de Barrancabermeja,

haciendo constar que en ese plan se encontraban registrados los

siguientes elementos: “[…] Rubro presupuestal

2.1.2.01.01.003.03.02. Código UNSPSC 43210000-44000000.

Descripción del elemento: Maquinaria de informática y sus partes,

piezas y accesorios. Cantidad: 1. Descripción presupuestal:

VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($25.000.000) […]”.

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De igual forma suscribió la Invitación Pública núm. 004-2021, en los

términos del Decreto 1082 de 26 de mayo de 201525, en la que dejó

las siguientes constancias:

“[…] Que, el presente proceso de selección, se realizará por
convocatoria pública, conforme lo establece el artículo 94 de
la Ley 1474 de 2011 que modifica el artículo 2° de la ley 1150
de 2007, contemplando una nueva modalidad de selección
denominada “mínima cuantía”, reglamentada por el Decreto
1082 de 2015, por tratarse de un contrato cuyo valor no
excede el 10% de la menor cuantía de la entidad
(…)

1. OBJETO
El Concejo Municipal de Barrancabermeja, requiere contratar el
siguiente objeto: “COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO,
MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y
ACCESORIOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA”.
(…)

5. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN
Para el cumplimiento del objeto derivado del presente proceso de
contratación, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No 21-00341 del 16 de diciembre de 2021,
expedido por Pagaduría del Concejo Municipal de Barrancabermeja.
(…)

7. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual el
CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfacción del
CONTRATANTE el suministro objeto del presente proceso de
contratación, será de TRES (03) DÍAS, contados a partir de la
suscripción del acta de inicio.
(…)

1. DESARROLLO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

1.1. ESTUDIOS PREVIOS: El Concejo Municipal de
Barrancabermeja en cumplimiento de lo dispuesto en los
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 elaboró

25“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector
administrativo de Planeación Nacional […]”

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los estudios previos de conformidad con los requerimientos
mínimos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, haciendo
parte integral de la presente invitación pública y del contrato
que llegue a celebrarse, y están puestos a disposición de los
interesados y podrán ser consultados en la página web
www.colombiacompra.gov.co (SECOPII) ÚNICAMENTE […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

El 24 de diciembre de 2021, la accionada firmó la comunicación de la

aceptación de oferta de la Invitación Pública núm. 004-21, en la que

resolvió:

“[…] Aceptar la oferta originada en la invitación pública
número 004-21 adelantada mediante la modalidad de
selección de mínima cuantía, cuyo objeto consiste en
COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, MAQUINARIA DE
INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA
EL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA,
presentado por el proponente GRENELCO SAS. con N.I.T. No.
901.132.991 y domicilio principal en Barrancabermeja,
representado legalmente en ese acto por Fabián Andrés Acevedo
Pico, hombre mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 91.512.951, por valor de VEINTICUATRO
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($24.985.400), IVA Incluido,
Impuestos, tasas y contribuciones que se causen por el hecho de su
celebración, ejecución y liquidación, por un plazo de ejecución de
tres (3) días, contados a partir de la suscripción de lata de inicio […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

El registro presupuestal correspondió al número 21-00374 de 28 de

diciembre de 2021, por el valor final de $24.985.400.00.

Posteriormente, el 28 de diciembre de 2021, fue suscrita el acta de

inicio del respectivo contrato, así como el Acta de Entrega de 29 de

diciembre de 2021 de los bienes adquiridos por el Concejo Distrital

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de Barrancabermeja, y, finalmente, el Acta de Liquidación y Acta

Final de 30 de diciembre de 2021, todo ello entre supervisor y

contratista.

V.4.2.- En cuanto a los antecedentes del contrato 280-21 de 28 de

diciembre de 2021, se encuentra que la acusada suscribió los

Estudios Previos en los que describió, expresamente, la necesidad

que la entidad pretendió satisfacer con el proceso de contratación,

así:

“[…] El ejercicio de la función administrativa permite distinguir
dentro de la dinámica de la administración, el cumplimiento de unas
funciones básicas cuyo contenido se determina por cada caso por la
materia de la cual debe ocuparse la institución administrativa de que
se trate y por las formas de actuación que aquella debe adelantar
para el logro de sus cometidos.

Acorde con lo anterior dentro de las funciones de la corporación,
está el direccionar acciones tendientes a cumplir con el principio
constitucional de eficiencia promoviendo e implementando los
procesos, procedimientos e instrumentos requeridos para el óptimo
desarrollo y visibilizar los avances de la entidad conforme a lo
contemplado en el artículo 209 de la constitución política de
Colombia, que establece que la función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamentos
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización,
la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado.

Así pues, que el concejo municipal de Barrancabermeja en
aras de asegurar el cumplimiento de sus funciones se hace
necesario contratar a una persona natural o jurídica para
que desarrolle el proceso de compra de elementos de aseo y
cafetería, garantizando de esta manera el normal
funcionamiento de la entidad, dotándola de elementos

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necesarios para el desarrollo de sus funciones y el
cumplimiento de cada una de sus labores de los funcionarios
de la corporación edilicia, ya que la carencia de estos
elementos pueden provocar retardos y traumatismos en el
cumplimiento de los cometidos de la entidad.

Lo anterior, como quiera que una vez revisada las
existencias de estos elementos, el concejo municipal de
Barrancabermeja no posee la cantidad de insumos y/o stop
de aseo y cafetería suficientes para cubrir las necesidades
que se requieren para la vigencia 2021, por lo que es visible,
conveniente y oportuno adelantar el proceso de contratación
respectivo para la obtención del suministro de aseo y
cafetería y así, asegurar la buena marcha administrativa y
misional de la entidad en desarrollo de sus funciones en
cumplimiento de sus cometidos

En ese orden de ideas corresponde al concejo municipal de
Barrancabermeja, contratar el suministro de elementos de
aseo y cafetería para cubrir la vigencia 2021, de modo que,
con esto se permita mantener en buen estado las
instalaciones del concejo municipal, en condiciones de
higiene y orden, libre contaminación, garantizando en ello el
bienestar del personal y contratistas que hacen parte de la
corporación edilicia.

Por lo anterior, se deberá proceder al desarrollo del proceso
contractual cuyo objeto será SUMINISTRO DE ELEMENTOS
ASEO Y CAFETERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA.

Con lo anterior, queda sustentada la necesidad y
conveniencia de la contratación referida, así como la
existencia del presupuesto de la actual vigencia y que se
encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

El objeto para contratar lo definió como “[…] SUMINISTRO DE

ELEMENTOS ASEO Y CAFETERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO

DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONCEJO

MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA […]” y el plazo de ejecución

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“[…] es decir, el tiempo durante el cual el CONTRATISTA se

compromete a prestar a entera satisfacción del CONTRATANTE el

suministro objeto del presente proceso de contratación, será de DOS

(02) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. La

vigencia del contrato será el mismo plazo de ejecución […]”.

En imputación presupuestal estableció: “[…] Para el cumplimiento del

objeto derivado del presente proceso de contratación, se cuenta

con el certificado de disponibilidad presupuestal Nº 21-00342

del 16 de DICIEMBRE de 2021, con cargo al rubro numeral

2.1.2.02.01.003.005.05 - 2.1.2.02.01.003.005.03 -

2.1.2.02.01.002 - 2.1.2.02.01.003.005.02 expedido por

pagaduría del concejo municipal de Barrancabermeja […]”.

La concejal solicitó el certificado de existencia de dichos bienes y

servicios en el Plan Anual de Adquisiciones, el cual le fue expedido

por el secretario general del Concejo Distrital de Barrancabermeja,

haciendo constar que en ese plan se encontraban registrados los

siguientes elementos: “[…] Rubro presupuestal 2.1.2.02.01.002,

2.1.2.02.01.003.005.02, 2.1.2.02.01.003.005.05 y

2.1.2.02.01.003.005.03. Código UNSPSC 50201712, 50161814,

47131820, 47121701, 50201706, 47131604, 47131807, 14111704,

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14111703, 14111705, 52152102, 47131801, 4713824, 52121704,

47131502, 47101512, 47131603, 47131706, 47131613, 47131618.

Descripción del elemento: Productos alimenticios, bebidas y tabacos;

textiles, prendas de vestir y productos de cuero. Productos

farmacéuticos. Fibras textiles manufacturadas. Jabón, preparados

para limpieza, perfumes y preparados de tocador. Cantidad: 1, 1, 1,

1. Descripción presupuestal: VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE.

($20.000.000) […]”.

De igual forma suscribió la Invitación Pública núm. 005-2021, en los

términos del Decreto 1082 de 2015, en la que dejó las siguientes

constancias:

“[…] Que, el presente proceso de selección, se realizará por
convocatoria pública, conforme lo establece el artículo 94 de
la Ley 1474 de 2011 que modifica el artículo 2° de la ley 1150
de 2007, contemplando una nueva modalidad de selección
denominada “mínima cuantía”, reglamentada por el Decreto
1082 de 2015, por tratarse de un contrato cuyo valor no
excede el 10% de la menor cuantía de la entidad
(…)

1. OBJETO
El Concejo Municipal de Barrancabermeja, requiere contratar el
siguiente objeto: “SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO Y
CAFETERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA”.
(…)

5. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN
Para el cumplimiento del objeto derivado del presente proceso de
contratación, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad

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Presupuestal No 21-00342 del 17 de diciembre de 2021,
expedido por Pagaduría del Concejo Municipal de Barrancabermeja.
(…)

7. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual el
CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfacción del
CONTRATANTE el suministro objeto del presente proceso de
contratación, será de TRES (3) DÍAS, contados a partir de la
suscripción del acta de inicio.
(…)

1. DESARROLLO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

1.1. ESTUDIOS PREVIOS: El Concejo Municipal de
Barrancabermeja en cumplimiento de lo dispuesto en los
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 elaboró
los estudios previos de conformidad con los requerimientos
mínimos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, haciendo
parte integral de la presente invitación pública y del contrato
que llegue a celebrarse, y están puestos a disposición de los
interesados y podrán ser consultados en la página web
www.colombiacompra.gov.co (SECOPII) ÚNICAMENTE […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

El 28 de diciembre de 2021, la accionada firmó la comunicación de la

aceptación de oferta de la Invitación Pública núm. 005-21, en la que

resolvió:

“[…] Aceptar la oferta originada en la invitación pública
número 005-21 adelantada mediante la modalidad de
selección de mínima cuantía, cuyo objeto consiste en
SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO Y CAFETERÍA PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA,
presentado por el proponente CORPORACIÓN PARA LA
SOSTENIBILIDAD SOCIAL AMBIENTAL Y ECONÓMICA con
N.I.T. No. 900.586.029 y domicilio principal en Barrancabermeja,
representado legalmente en ese acto por Sildana Milena Rosado
Arce, mujer mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 1096.200.665, por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS
MCTE ($20.000.000), Impuestos, tasas y contribuciones que
se causen por el hecho de su celebración, ejecución y
liquidación, por un plazo de ejecución de dos (2) días, contados a

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partir de la suscripción de lata de inicio […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

El registro presupuestal correspondió al número 21-00375 de 28 de

diciembre de 2021, por el valor final de $20.000.000.

Posteriormente, el 29 de diciembre de 2021, fue suscrita el acta de

inicio del respectivo contrato, así como el Acta de Liquidación de 28

de diciembre de 2021, Acta de Desembolso Final de 30 de diciembre

de 2021 de los bienes adquiridos por el Concejo Distrital de

Barrancabermeja y, finalmente, Acta Final de 30 de diciembre de

2021, todo ello entre supervisor y contratista.

V.4.3.- Con fundamento en el acervo probatorio recogido en el

expediente y analizado, la Sala pudo constatar que si bien la

accionada tenía la condición de concejal para la época de los hechos

y los involucrados fueron recursos de naturaleza pública, lo cierto es

que no reposan elementos de prueba tendientes a demostrar que con

la celebración de los contratos núms. 279-21 de 24 de diciembre de

2021 y 280-21 de 28 de diciembre de 2021 se hubiese generado una

distorsión de las finalidades del gasto público, toda vez que:

(i) Los recursos del erario se destinaron a reconocer y pagar el

suministro de bienes y servicios contractualmente pactados,

ejecutados, entregados, recibidos y liquidados a satisfacción, además

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de que su contratación estaba prevista para la vigencia 2021 en el

Plan Anual de Adquisiciones.

(ii) Las dos contrataciones estuvieron precedidas de la explicación

de su necesidad y sustentación de su justificación material, en aras

de satisfacer los requerimientos de la entidad, sin que obre en el

proceso prueba alguna que desvirtúe lo manifestado por la concejal

en los Estudios Previos, -todo lo cual permanece respaldado en los

respectivos Estudios de Mercado-, piezas que además evidenciaron

coherencia y correspondencia entre lo planeado, contratado y

finalmente ejecutado, en cumplimiento de la normatividad legal y

reglamentaria que así se lo exigía, -artículo 94 de la Ley 1474,

modificatorio del artículo 2° de la Ley 1150, modalidad de selección

de ‘mínima cuantía’, reglamentada por el Decreto 1082 de 2015-.

Más allá de las afirmaciones de la solicitante, plasmadas desde su

perspectiva particular, la Sala no encontró probada la alegada

omisión de la necesidad o justificación en la compra de los equipos

de cómputo y elementos de cafetería y aseo con destino al Concejo

Distrital de Barrancabermeja, sino que, por el contrario, permanece

intacta la presunción de veracidad que recae sobre todo aquello

descrito por la presidente del cabildo distrital. Verbigracia, no existe

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evidencia de una eventual duplicidad en la adquisición de los bienes

adquiridos o de un escenario similar que contradijera la invocada

necesidad.

(iii) Y el hecho señalado por la solicitante, según el cual las dos

contrataciones tuvieron como único móvil el de agotar el presupuesto

de esa entidad, por haberse efectuado a tan solo “[…] tres días […]”

de la terminación de su período como presidenta del Concejo Distrital

de Barrancabermeja, no solo carece de soporte probatorio alguno

porque la elaboración de los estudios de mercado, estudios previos e

invitaciones públicas datan de mediados del mes de diciembre, sino

porque la necesidad y justificación de comprar los equipos de

cómputo y elementos de cafetería y aseo no se desvirtúa con la sola

circunstancia de que haya tenido lugar al final del año en que la

cabildante ejerció como presidente, pues no había, en el caso

concreto, una limitante espacial o temporal que impidiera satisfacer

dichos requerimientos en cualquier momento.

Por tales razones, la Sala no observa configurada una indebida

destinación de dineros públicos, en la medida en que con la

celebración de los contratos núms. 279-21 de 24 de diciembre de

2021 y 280-21 de 28 de diciembre de 2021, la concejal no dispuso

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de los recursos del erario para cubrir objetos, actividades o

propósitos no autorizados, o que sí estaban autorizados pero que

fueron diferentes a aquellos para los cuales están previamente

asignados, o expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el

reglamento, ni pagó por materias innecesarias o injustificadas, así

como tampoco lo hizo con la finalidad de obtener un incremento

patrimonial personal o de terceros ni derivar un beneficio, no

necesariamente económico, en su favor o en el de terceros.

A partir de lo expuesto, se procederá a confirmar la sentencia de 21

de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de

Santander, que denegó la solicitud de pérdida de investidura de la

concejal del Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y

Biodiverso de Barrancabermeja, señora ERLIG DIANA JIMÉNEZ

BECERRA, por los hechos ocurridos dentro del período constitucional

2020-2023.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de junio de 2022,

proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el

expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión de 4 de noviembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Ausente en comisión

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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