Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2022-00198-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2022-00198-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-33-000-2022-00198-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
4 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 680012333000202200198011
Recurso de apelación contra la sentencia de 21 de junio de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
Solicitante: GLORIA ALBA MANCIPE DE GÓMEZ
TESIS: LA PRESIDENTE DEL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA NO
INCURRIÓ EN INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS POR LA
CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS NÚMS. 279-21 DE 24 DE DICIEMBRE DE
2021 Y 280-21 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2021, CON EL OBJETO DE ADQUIRIR
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA DICHA
CORPORACIÓN PÚBLICA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la solicitante
contra la sentencia de 21 de junio de 2022, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual
se denegó la pérdida de investidura de la concejal del Distrito
Especial, Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso de
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo
que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.
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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2022 00198 01
Solicitante: GLORIA ALBA MANCIPE DE GÓMEZ
Barrancabermeja2, señora ERLIG DIANA JIMÉNEZ BECERRA, por
hechos ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La ciudadana GLORIA ALBA MANCIPE DE GÓMEZ, actuando
en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de la investidura de la
concejal del Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y
Biodiverso de Barrancabermeja, señora ERLIG DIANA JIMÉNEZ
BECERRA, por hechos ocurridos dentro del período constitucional
2020-2023, al considerar que incurrió en la causal de pérdida de
investidura establecida en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136
de 2 de junio de 19943, y 48, numeral 4, de la 617 de 6 de octubre
de 20004, esto es por indebida destinación de dineros públicos.
I.2.- En apoyo de su pretensión la solicitante adujo, en síntesis, los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de
pérdida de investidura invocada:
2 Acto Legislativo 01 de 11 de julio de 2019 “[…] Por el cual se otorga la categoría de Distrito
Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja en el
departamento de Santander […]”.
3 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios”.
4 “Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional”.
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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2022 00198 01
Solicitante: GLORIA ALBA MANCIPE DE GÓMEZ
Indicó que la señora ERLIG DIANA JIMÉNEZ BECERRA fue elegida
concejal del Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y
Biodiverso de Barrancabermeja, para el período constitucional 2020-
2023, del cual tomó posesión el 2 de enero de 2020 durante la
plenaria de esa corporación.
Señaló que la concejal fue elegida presidente del Concejo Distrital de
Barrancabermeja, -desde el 1o. de enero hasta el 31 de diciembre
de 2021-, fungiendo así como representante legal y ordenadora del
gasto al suscribir los siguientes dos contratos en modalidad de
mínima cuantía: (i) el contrato núm. 0279-2021 “[…] COMPRA DE
EQUIPOS DE CÓMPUTO, MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA […]”, aprobado el 27 de diciembre de 2021; y
(ii) el contrato 0280-2021 “[…] SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO
Y CAFETERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
[…]”, aprobado el 28 de diciembre de 2021.
Manifestó que, a su juicio, con la suscripción de ambos contratos la
concejal incurrió en indebida destinación de dineros públicos como
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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2022 00198 01
Solicitante: GLORIA ALBA MANCIPE DE GÓMEZ
causal de pérdida de investidura, según lo prevé el numeral 4 del
artículo 48 de la ley 617, porque no fue demostrada la necesidad y
oportunidad para contratar en los últimos días del mes de diciembre
de 2021, ni se especificó que la entidad careciera de los equipos de
cómputo e informática necesarios para el cumplimiento de sus
funciones a la fecha del proceso de contratación, o que los mismos
fuesen insuficientes, o que los hubiese dado de baja en su condición
de presidenta, esto es que la corporación edilicia en realidad no
requería de equipos de informática, pues contaba con los mismos
utilizados por sus funcionarios.
Sostuvo que durante todo el año de período en que la concejal ejerció
como presidenta de la corporación, no se hizo necesaria la
adquisición de equipos de cómputo e informática para el
cumplimiento de las funciones del Concejo Distrital de
Barrancabermeja, pero que faltando tres días para terminar el año
2021 decidió adquirir bajo la modalidad de contratación de mínima
cuantía equipos de informática por valor de $24.985.400, cuya
motivación consistió en el agotamiento de presupuesto de la entidad
que presidía, por lo que, en consecuencia, utilizó la contratación
pública para darle una destinación indebida a los dineros del
presupuesto de esa corporación, al contratar bajo un objeto
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Solicitante: GLORIA ALBA MANCIPE DE GÓMEZ
innecesario e injustificado a solo tres días de terminación de la
vigencia fiscal.
Relató que la concejal tampoco verificó en el proceso contractual su
conveniencia y oportunidad de manera previa, inobservando el
ordinal 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 28 de octubre de 19935,
vulnerando con ello el principio de planeación en la actividad
contractual y moralidad, al actuar sin consideraciones éticas y
pretender darle al contrato una apariencia de necesidad de su objeto,
sin ser la real, lo necesario o justificado para adquirir, sino que, como
se advirtió, su finalidad era el afán del gasto público a escasos tres
días de culminar su período como presidenta del Concejo Distrital de
Barrancabermeja.
I.3.- La concejal, a través de apoderada, presentó escrito de
contestación en el que se opuso a la pretensión de la solicitud, para
lo cual alegó que, en efecto, en diciembre de 2021 suscribió dos
contratos de mínima cuantía, luego de haber agotado todo el
procedimiento contractual dispuesto para el efecto, pues el 12 de
noviembre de 2021 se realizó la correspondiente publicación del
5 “[…] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
[…]”.
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Solicitante: GLORIA ALBA MANCIPE DE GÓMEZ
proceso de selección de mínima cuantía, mediante invitación pública
núm. 004 de 2021, a través del sitio web SECOP II con el fin de que
los interesados presentaran su oferta, en cumplimiento de los
principios, procedimientos y la modalidad establecida en las leyes 80,
1150 de 16 de julio de 20076, 1474 de 12 de julio de 20117 y el
Decreto 1082 de 26 de mayo de 20158, convocatoria que finalizó con
la suscripción de los contratos núms. 0279 de 2021 con la Sociedad
Grenelco S.A.S. por el valor de $24.985.400, cuyo objeto era: “[…]
Compra De Equipos De Cómputo, Maquinaria De Informática Y Sus
Partes, Piezas Y Accesorios Para El Concejo Municipal De
Barrancabermeja […]”; y 0280 de 2021 con la Corporación Para La
Sostenibilidad Social Ambiental Y Económica, por el valor de
$20.000.000, cuyo objeto era: “[…] Suministro De Elementos De
Aseo Y Cafetería Para El Funcionamiento De Las Diferentes
Dependencias Del Concejo Municipal De Barrancabermeja […]”.
Indicó que no se configura la causal alegada, debido a que se
presentó la necesidad de adquirir equipos de cómputo y accesorios e
6 “[…] Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos
Públicos […]”.
7 “[…] Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública […]”.
8 “[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo
de Planeación Nacional […]”.
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Solicitante: GLORIA ALBA MANCIPE DE GÓMEZ
implementos de aseo y cafetería, toda vez que, conforme al plan de
mejoramiento adoptado, se evidenció que algunos computadores de
la entidad no se encontraban funcionando de manera correcta y los
software estaban desactualizados, en especial el de pagaduría; y en
cuanto a los implementos de aseo y cafetería, esta obedeció a que
no se contaban con ellos.
Mencionó que con la suscripción de los contratos núms. 0279 y 0280
de 2021 por parte de la presidenta del Concejo Distrital de
Barrancabermeja, no se configura, per se, una causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos, comoquiera
que, pese a existir una erogación presupuestal, el objeto para el cual
se destinaron esos dineros no se encontraba prohibido, pues se trató
del suministro de implementos de aseo y cafetería y la compra de
equipos de cómputo y accesorios que no representaron en ninguna
medida una contraprestación a causa propia, sino la ejecución de los
objetos contractuales y del plan anual de adquisiciones de la
Corporación, contratos que dieron prevalencia al interés general y a
la necesidad de la Corporación edilicia de contar con dichos insumos
y equipos de cómputo para el desarrollo de sus actividades.
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Resaltó que existiendo el rubro para ello en el presupuesto y
comoquiera que en el plan anual de adquisiciones, adoptado
mediante la Resolución núm. 003 de 2021, modificada por medio de
la Resolución núm. 021 de 2021, se consagró la compra de dichos
bienes e insumos, procediéndose a celebrar los contratos, no puede
predicarse una indebida destinación de recursos públicos, pues los
dos contratos estuvieron soportados en el estudio de mercado,
estudios previos, y estaban destinados a satisfacer una necesidad de
la Corporación contenida en el plan anual de adquisiciones y
atendiendo de manera precisa las reglas y principios de la
contratación pública.
Anotó, con relación al argumento según el cual la finalidad de la
contratación fue agotar el presupuesto anual del 2021, -teniendo en
cuenta que dicho dinero caducaba el 31 de diciembre del respectivo
año, conforme al artículo 14 del Decreto 111 de 1996-, que el
principio de la anualidad del presupuesto es un punto denominador
común entre diferentes ordenamientos jurídicos, en razón del cual la
estimación de ingresos y la autorización de gastos debe efectuarse
en períodos de un año, de conformidad con el artículo 346 Superior.
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Refirió que no se configura el ingrediente objetivo, como tampoco se
cumple el requisito subjetivo para la configuración de la causal, pues
no existe conducta dolosa o gravemente culposa que reprocharle al
haber actuado conforme a la normatividad vigente en su calidad de
presidenta del Concejo Distrital de Barrancabermeja, situación por la
que no cuentan con asidero jurídico las manifestaciones consignadas
en la solicitud de pérdida de investidura.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, a través de sentencia de 21 de junio de 2022, denegó la
pérdida de investidura de la accionada, para lo cual, luego de
relacionar el acervo probatorio allegado y de abordar el marco
jurídico de la causal de indebida destinación de dineros públicos,
manifestó que en relación con el contrato núm. 0279, obra en el
expediente certificado de existencia de 17 de diciembre de 2021 en
el Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2021, -Resolución núm. 021
de 12 de marzo de 2021-, de bienes, servicios u obras públicas,
gastos de funcionamiento, rubro presupuestal -descripción del
elemento “maquinaria de informática y sus partes, piezas y
accesorios, descripción presupuestal, veinticinco millones de pesos
(25.000.000)”-.
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Indicó que la contratación estuvo precedida de los estudios previos,
previendo el marco legal y la necesidad que la entidad pretendió
satisfacer con el proceso de contratación, de COMPRA DE EQUIPOS
DE CÓMPUTO, MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES,
PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA, “[…] garantizando de esta manera el normal
funcionamiento de la entidad, dotándola de elementos necesarios
para el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de cada una de
sus labores de los funcionarios de la corporación edilicia, ya que la
carencia de estos elementos puede provocar retardos y
traumatismos en el cumplimiento de los cometidos de la entidad
[…]”, lo que le permitió corroborar la destinación del rubro
presupuestal afectado -maquinaria informática-.
Mencionó que a igual conclusión arribó respecto del contrato núm.
0280 de 2021, ya que su objeto estaba apropiado en el respectivo
presupuesto con certificado de existencia de 17 de diciembre de 2021
en el Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2021, -Resolución núm.
021 de 12 de marzo de 2021-, cuyos estudios previos establecieron
la siguiente necesidad “[…] Así pues que el concejo municipal de
Barrancabermeja en aras de asegurar el cumplimiento de sus
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funciones se hace necesario contratar a una persona natural o
jurídica para que desarrolle el proceso de compra de elementos de
aseo y cafetería, garantizando de esta manera el normal
funcionamiento de la entidad, dotándola de elementos necesarios
para el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de cada una de
sus labores de los funcionarios de la corporación edilicia, ya que la
carencia de estos elementos pueden provocar retardos y
traumatismos en el cumplimiento de los cometidos de la entidad
[…]”. De manera que lo apropiado con una destinación específica, fue
efectivamente empleado en el objeto señalado.
Concluyó que para estructurar la causal de pérdida de investidura
comentada, en el marco de una interpretación restrictiva y
considerando que las causales no pueden ser de creación
jurisprudencial o analógica, sino que tienen que adecuarse de
manera precisa al supuesto de hecho que prevé la norma, es claro
que la imputación fáctica señalada en la solicitud no podía dar lugar
a la indebida destinación de dineros públicos. Ello, por cuanto su
finalidad es censurar cualquier utilización de los recursos públicos
para fines no previstos, distintos, prohibidos o no autorizados por la
Constitución o las leyes.
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Insistió en que al no demostrarse el elemento objetivo, no resultaba
necesario abordar el estudio del elemento subjetivo y se imponía
negar las pretensiones de la demanda. Que, finalmente, lo descrito
como violación al principio de transparencia, no necesidad del gasto,
incumplimiento de requisitos legales en el tema de la contratación,
eventuales delitos, debe dar lugar a otro tipo de investigación, -fiscal,
disciplinaria o penal-, pero no a la causal de pérdida de investidura.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La solicitante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia, en el que solicita revocar la decisión del a quo y, en su
lugar, decretar la pérdida de investidura, con fundamento en que el
Tribunal pasó por alto pronunciarse sobre los tópicos objeto de la
solicitud y que necesariamente delimitan la decisión del Juez de la
causa. Ello, debido a que en la solicitud se consideró que la concejal
debía perder su investidura bajo la causal de indebida destinación de
dineros públicos, en el entendido que lo único que buscó al celebrar
los contratos 0279-21 y 0280-21, en los últimos tres días del período
2021, cuando fungía como presidenta del Concejo Distrital de
Barrancabermeja, fue gastar aceleradamente el presupuesto en
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materias innecesarias e injustificadas, con una explicación racional y
sucinta sobre lo inoportuno de su contratación.
Sostiene que en el contrato 0279-21 está demostrada la inexistencia
de necesidad y oportunidad de contratar en los últimos días del mes
de diciembre de 2021, la adquisición de equipos de cómputo e
informática, porque la concejal anotó en los estudios previos, que
“[…] se hace necesario contratar a una persona natural o jurídica
para que desarrolle el proceso de compra de equipos de cómputo y
accesorios, garantizando de esta manera el normal funcionamiento
de la entidad […]”, pero no especifica que la entidad no cuente a la
fecha del proceso de contratación con los equipos de cómputo e
informática necesarios para el cumplimiento de las funciones de ese
Concejo Distrital de Barrancabermeja, o que contando con dichos
equipos los mismos sean insuficientes para el desarrollo de las
actividades, o que a los equipos existentes al período en que ejerció
como presidenta se haya procedido a darlos de baja, sea por el paso
del tiempo o hayan sufrido avería o deterioro que implique la
adquisición de más equipos para su reemplazo.
Alega que la concejal manifiesta en los estudios previos, que el
Concejo de Barrancabermeja “[…] cuenta con una sede
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administrativa distribuidas por áreas en las cuales están
debidamente instalados equipos computo e impresoras donde se
desarrolla todo el desarrollo administrativo del concejo distrital […]”,
es decir, que esa corporación sí cuenta con los equipos de cómputo
e informática necesarios para el desarrollo administrativo; y que al
“[…] interior del concejo en el Concejo municipal de Barrancabermeja
se ejercen actividades administrativas por los funcionarios de planta,
prestadores de servicios y unidades para lo cual se deben garantizar
herramientas informáticas; por eso es que se requiere la compra de
equipos de cómputo y accesorios […]”, indicando que aparte de los
funcionarios de planta de la entidad, debía suministrársele equipos
de informática a los contratistas, sean estos, prestadores de servicios
o unidades legislativas, que en todo caso son contratados por la
modalidad de contratos de prestación de servicios o apoyo a la
gestión, los cuales deben contar con independencia en el desarrollo
de sus actividades, utilizando las herramientas propias necesarias
para el cumplimiento del objeto contractual.
Manifiesta que de lo precedente puede concluirse que durante todo
el año de período en que ejerció la concejal demandada, como
presidenta de la corporación, no se hizo necesario la adquisición de
equipos de cómputo e informática para el cumplimiento de las
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funciones del Concejo Distrital de Barrancabermeja; sin embargo,
faltando escasos tres días para terminar el año 2021, y sin necesidad
alguna e injustificada, la concejal decidió adquirir equipos de
informática por valor de $24.985.400, bajo la modalidad de
contratación de mínima cuantía, cuyo único móvil fue el agotamiento
del presupuesto de la entidad que presidia y que corría el riesgo de
finalizar el 31 de diciembre de 2021 sin la utilización de dichos
dineros, caducando así las partidas presupuestales, conforme al
artículo 14 del Decreto 111 de 15 de enero de 19969.
Señala que la concejal, al desplegar la actividad contractual referida,
traicionó los fines del Estado contenidos en el artículo 209 de la Carta
Política, al no sobreponer los intereses generales, sobre los propios;
asimismo, traicionó los fines de la contratación pública contenidos en
el artículo 23 y 25, ordinal 7, de la Ley 80, y los previstos en el
artículo 3° del CPACA, incurriendo también en la ejecución del tipo
penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales establecidos
en el artículo 410 de la Ley 599 de 24 de julio de 200010 al contravenir
los principios señalados.
9 “[…] Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995
que conforman el estatuto orgánico del presupuesto […]”.
10 “[…] Por la cual se expide el Código Penal […]”.
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Respecto del contrato núm. 0280-21, anota que quedó demostrada
la inexistencia de la real necesidad y oportunidad de contratar la
adquisición de elementos de cafetería y aseo en los últimos días del
mes de diciembre de 2021, al establecerse en los estudios previos
del negocio jurídico que la necesidad que se pretende cubrir con la
compra de dichos elementos es la de la vigencia 2021, por valor de
$20.000.000, elementos que se tornan en innecesarios e injustificada
su adquisición para los tres últimos días de diciembre de 2021, en
inobservancia del principio de planeación, economía y moralidad
contenido en el artículo 209 de la Constitución Política y violación del
principio de economía.
Agrega que la concejal no verificó en el proceso contractual su
conveniencia y oportunidad de manera previa, inobservando el
ordinal 7 del artículo 25 de la Ley 80, sino que procedió a contratar
para suplir una necesidad irreal faltando solo tres días o menos de la
vigencia 2021, transgrediendo el principio de planeación en la
actividad contractual al darle al contrato una apariencia de necesidad
de su objeto, sin ser la real, necesario o justificada la adquisición,
sino que, como se advierte, su única finalidad era el afán del gasto
público a escasos tres días de culminar su período como presidenta
del Concejo Distrital de Barrancabermeja.
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Reitera que la concejal, al desplegar la actividad contractual referida,
traicionó los fines del Estado contenidos en el artículo 209 de la Carta
Política, al no sobreponer los intereses generales, sobre los propios;
así mismo, traicionó los fines de la contratación pública contenidos
en el artículo 23 y 25, ordinal 7, de la Ley 80 y los previstos en el
artículo 3° del CPACA, incurriendo también en la ejecución del tipo
penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales contenido el
artículo 410 de la Ley 599 al contravenir los principios señalados.
Acota que los dineros empleados dentro del contrato 0280-21, no se
encontraban en su totalidad destinados a la adquisición de elementos
de aseo y cafetería; y que aun así se comprometieron para dichas
compras, lo que permite advertir que el a quo no realizó un verdadero
análisis sobre los rubros presupuestales destinados para dicho
contrato, los cuales se pueden observar en el certificado de
disponibilidad y registro presupuestales bajo los siguientes
argumentos:
(i) Dentro del contrato 0280-21 se adquirieron “[…] Café molido y
tostado consumo nacional, sin descafeinar, en bolsa metalizada, Te
de hierbas y sabores surtidos, Vasos desechables en cartón o papel
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polyboard, Vasos desechables de 7 onzas, Vaso desechable de 12
onzas, Servilleta blanca para cafetería, Varsol multiusos con aroma,
desmanchador y Desengrasante, Limpiavidrios sin aroma
presentación, Bolsa de aseo plástica, Bolsa de cesta de baño, Toalla
de papel, Ambientador en aerosol fragancia surtida, Ambientador oíl
eléctrico con repuesto, Limpiador líquido para piso, desmanchador,
Mechas de trapero, Blanqueador desinfectante, Escoba con área de
barrido mayor a 30 cm y menos a 41 cm, Palo para trapero en
aluminio, Mezclador desechable, Esponja doble uso elaborado en
fibra abrasiva, Papel higiénico, Limpión de tela 100 % de algodón,
Toalla de tela para manos, Azúcar blanca extrafina […]”.
(ii) La concejal contrató utilizando cuatro rubros presupuestales,
entre ellos el que estaba destinado a PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,
el núm. 2.1.2.02.01.003.005.02., como se observa del certificado de
disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal de ese
contrato, por la suma de $2.000.000 identificado en el CDP 21-00342
y RP 21-00375 del contrato 0280-21; asimismo, con fuente de
financiación-gastos de funcionamiento, sección o unidad ejecutora
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Alega que si se observa con detenimiento el clasificador de bienes y
servicios en la solicitud del plan anual de adquisiciones suscrita por
la demandada, los códigos UNSPSC – 50201712 (Bebidas de Té),
50161814 (Azúcar o sustituto de azúcar), 47131820 (Limpiadores
derivados del petróleo), 47121701 (Bolsas de basura), 50201706
(Café), 47131604 (Escobas), 47131807 (Blanqueadores), 14111704
(Papel higiénico), 14111703 (Toallas de papel), 14111705
(Servilletas de papel), 52152102 (Vasos para beber para uso
doméstico), 47131801 (Limpiadores de piso), 4713824, 52121704
(Toallas de mano), 47131502 (Pañitos o toallas para limpiar),
47101512 (Mezcladores o agitadores), 47131603 (Esponjas),
47131706 (Dispensadores de ambientadores), 47131613
(Sujetadores de traperos y escobas), 47131618 8 Traperos
húmedos), utilizados dentro del contrato en mención, ninguno hace
referencia a la adquisición de PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, los
cuales tienen asignado código diferente en el clasificador de bienes y
servicios utilizado por Colombia Compra Eficiente, el que inicia con
los códigos 51000000 (Medicamentos y Productos Farmacéuticos),
distintos a los contratados dentro del contrato 0280-21.
Apunta que la concejal, al contratar productos de aseo y cafetería
utilizando el rubro de PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, ha destinado
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los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos autorizados
pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados,
toda vez que utilizó directamente el rubro de productos
farmacéuticos para comprometer dineros públicos a una compra
distinta a la que se encontraban destinados dichos dineros,
configurando la indebida destinación de dineros públicos.
Aclara que si se considerara que se contrataron productos
farmacéuticos dentro del contrato 0280-21, el único que puede
asimilarse sería el té de hierbas y sabores surtidos, lo que en la
realidad no es así, ya que está clasificado como bebidas en el
clasificador de bienes y servicios – alimentos; y que es cierto que el
valor de estos no corresponde a los $2.000.000 señalados en el
registro presupuestal del contrato, ya que su compra fue por valor
de $1.759.999.29 (factura del contrato), quedando comprometidos
para otro objeto distinto a productos farmacéuticos la suma de
$240.000.71 en el valor global de $20.000.000 del contrato, es decir,
aun así se comprometieron dineros públicos a objetos, actividades o
propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se
encuentran asignados.
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Argumenta que la concejal ha vulnerado el principio de planeación
en la actividad contractual, como manifestación del principio de
eficacia (principio constitucional), al contratar objetos de aseo y
cafetería bajo un rubro presupuestal destinado a la adquisición de
productos farmacéuticos, sin adecuar la contratación al rubro
presupuestal debido, lo que también vulnera el principio de
especialización presupuestal, -artículo 18 Decreto 111 de 1996-.
IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN
El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881, fue descorrido así:
IV.1.- La concejal, a través de memorial radicado el 7 de octubre de
2022, reitera sus argumentos de defensa en cuanto a lo debatido
desde el inicio del proceso pero manifiesta, en cuanto a aquel
argumento relativo a que a la indebida destinación de dineros a
objetos, actividades o propósitos autorizados pero diferentes a los
cuales esos recursos se encontraban asignados en rubros
presupuestales, que desborda el alcance del recurso de apelación
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pues se pretende ampliar el quid del presente asunto y desdibujan el
mecanismo procesal de la apelación.
Señala que lo que pretende la recurrente es que se amplié el litigio
más allá de los reparos concretos planteados y debatidos en el curso
de la primera instancia y de contera ampliar la órbita de decisión del
fallador de segunda instancia con aspectos que no fueron objeto de
señalamiento, pretendiendo con ello soslayar sus derechos de
defensa y contradicción, pues al no haber sido alegados no tuvo la
oportunidad de efectuar pronunciamiento al respecto.
Indica que, aun así, es importante señalar con relación a este nuevo
reparo, que la solicitante también instauró solicitud de pérdida de
investidura en contra de la concejal, la cual fue tramitada por el
Tribunal Administrativo Santander, magistrado ponente Milcíades
Rodríguez Quintero, bajo el radicado núm. 680012333-000-2022-
00351-00, al interior de la cual se profirió sentencia de primera
instancia el 28 de julio de 2022, negando las pretensiones de la
demanda, decisión que actualmente se encuentra en trámite de
segunda instancia ante el Consejo de Estado.
Solicita, por lo anterior, que se confirme la sentencia recurrida.
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IV.2.- El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta
instancia.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Cuestión previa
El cargo relativo a que el rubro presupuestal núm.
2.1.2.02.01.003.005.02, previsto para ‘productos
farmacéuticos’, fue indebidamente destinado en el contrato
núm. 0280-21 de 28 de diciembre de 2001 para adquirir
bienes distintos a los autorizados
Previo a analizar el fondo del asunto, la Sala advierte que en su
recurso de apelación la recurrente formuló un cargo nuevo, según el
cual el rubro presupuestal núm. 2.1.2.02.01.003.005.02, previsto
para ‘productos farmacéuticos’ e identificado en el CDP núm. 21-
00342 y RP núm. 21-00375, por valor de $2.000.000, fue
indebidamente destinado en el contrato núm. 0280-21 de 28 de
diciembre de 2001 para adquirir bienes distintos a los autorizados.
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Luego de revisar la solicitud de pérdida de investidura, así como la
contestación que de la misma efectuó la concejal, la providencia
apelada y, en general, el desarrollo de la contienda hasta esta
instancia, resulta palmario que aquella corresponde a una censura
que no solo no fue incorporada en el escrito inicial de la accionante
sino que frente a ésta no se ha surtido la debida contradicción ni
ejercida la respectiva defensa por parte de la accionada, menos aún
ello hizo parte de los reproches abordados en la sentencia de 21 de
junio de 2022, proferida por el Tribunal, es decir se trata de un cargo
que procura explicar la configuración de la causal de indebida
destinación de dineros públicos pero de forma inoportuna.
Cabe señalar que el artículo 281 del Código General del Proceso
destaca la congruencia como uno de los principios esenciales de la
sentencia, al señalar que: “[…] La sentencia deberá estar motivada
en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en
la demanda y en las demás oportunidades que este Código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren
sido alegadas si así lo exige la ley […]”. A renglón seguido señala que
“[…] no podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente
a la invocada en esta […]”. (Negrillas y subrayas fuera de texto).
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El principio de congruencia, conforme lo ha precisado la
jurisprudencia, encierra entonces “[…] dos acepciones: como
armonía entre las partes motiva y resolutiva del fallo (congruencia
interna), y como conformidad entre la decisión y lo pedido por las
partes en la demanda y en su contestación (congruencia externa). El
principio así concebido persigue la protección del derecho de las
partes a obtener una decisión judicial certera sobre el asunto
puesto a consideración del juez, al igual que la salvaguarda
del debido proceso y del derecho de defensa de las partes,
cuya actuación procesal se dirige a controvertir los
argumentos y hechos expuestos en la demanda, tratándose
del demandado, y en la contestación, si la posición procesal
es la del demandante11 […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Lo anterior cobra especial relevancia en el proceso de pérdida de
investidura, si se tiene en cuenta que es un juicio sancionatorio de
tipo ético que culmina con la imposición de la sanción más gravosa
que se equipara a la inhabilidad permanente para volver a ser elegido
miembro de una corporación pública, a perpetuidad, como resultado
de incurrir en algunas causales de rango constitucional y legal
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de
14 de agosto de 2013, número único de radicación 73001-23-31-000-2006-01785-
01(18580), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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contrarias al buen servicio, la transparencia, la rectitud y la probidad
que debe guiar el ejercicio y acceso a la función pública12; institución
que se encuentra gobernada por todas las garantías que integran el
debido proceso13.
La Sección al respecto ha determinado que “[…] en virtud de los
principios de lealtad procesal, debido proceso, contradicción y de
defensa y en atención a la congruencia que debe existir, por un lado,
entre la demanda -la pretensión y los argumentos que la
fundamentan-, su contestación y la sentencia proferida, en primera
instancia; y, por el otro, entre estos y el recurso de apelación, se
impone que al apelante le esté vedado exponer en su recurso hechos,
cargos y pretensiones nuevas que no hayan sido alegados en la
solicitud inicial o en su contestación. Si lo hiciere, el ad quem no
puede abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues es su
deber salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y
de defensa de la contraparte en el proceso […]”14.
12 Corte Constitucional, sentencia SU501 de 6 de agosto de 2015, magistrada ponente (e)
Myriam Ávila Roldán.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
17 de marzo de 2022, número único de radicación 47001-2333-000-2021-00403-01,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
11 de octubre de 2019, número único de radicación 05001-2333-000-2017-02599-01 (PI);
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
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Por tales razones, la Sala se abstendrá de estudiar este cargo relativo
a que el rubro presupuestal núm. 2.1.2.02.01.003.005.02, previsto
para ‘productos farmacéuticos’, supuestamente fue destinado de
forma indebida en el contrato núm. 0280-21 de 28 de diciembre de
2001 para adquirir bienes distintos a los autorizados, toda vez que
ante su aparición extemporánea emerge necesaria la protección de
las garantías al debido proceso, contradicción y doble instancia que
se predican en favor de la acusada, así como del principio de
congruencia que se exige de las providencias judiciales.
V.2.- Problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si la concejal del Distrito Especial,
Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso de Barrancabermeja,
señora ERLIG DIANA JIMÉNEZ BECERRA, durante el ejercicio de
su período constitucional 2020-2023, incurrió en la comisión de la
causal de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros
públicos, prevista en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 y 48,
numeral 4, de la Ley 617, a partir de la celebración de los contratos
núms. 279-21 de 24 de diciembre de 2021 y 280-21 de 28 de
diciembre de 2021, esto es por ausencia de necesidad y justificación
alguna para contratar sus objetos, así como por haberlo hecho en los
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últimos tres días del período en el que la accionada fungió como
presidente de esa corporación pública con la única motivación, en los
términos de la solicitud, de agotar el presupuesto de la entidad.
V.3.- De la indebida destinación de dineros públicos como
causal de pérdida de investidura de concejal15
Con relación a la controversia sometida al estudio de la Sala, se
advierte que la causal de pérdida de investidura que se invoca en la
presente solicitud es la prevista en los artículos 55, numeral 3, de la
Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, cuyo tenor es el siguiente:
“[…] Ley 136
Artículo 55. Pérdida de la investidura de Concejal. Los
concejales perderán su investidura por: (…)
3. Por indebida destinación de dineros públicos […]”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto).
“[…] Ley 617
Artículo 48. Pérdida de investidura de Diputados,
Concejales Municipales y Distritales y de Miembros de
Juntas Administradoras Locales. Los diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:
(…)
4. Por indebida destinación de dineros públicos […]”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto).
15Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 10 de diciembre de 2021, número único
de radicación 50001233300020200008001; 23 de julio de 2021, número único de radicación
50001233300020200002101; y de 29 de marzo de 2019, número único de radicación
66001233300020180024601.
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Como los elementos que estructuran esta causal no se encuentran
desarrollados en la Constitución ni en las normas legales que las
ordenan, resulta pertinente acudir al sentido y alcance con los que
esta Corporación la ha tratado de forma reiterada. En sentencia de 3
de octubre de 2000, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
con relación a los congresistas, pertinente también para los restantes
miembros de corporaciones públicas de elección popular, como los
concejales, precisó:
“[...] La causal de indebida destinación de dineros públicos se
configura cuando el congresista destina los dineros públicos
a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:
a. Cuando destina los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados;
b. Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos
autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se
encuentran asignados;
c. Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la Constitución,
la ley o el reglamento.
d. Cuando esa aplicación se da para materias
innecesarias o injustificadas.
f. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros.
g. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o en
el de terceros […]”16 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
De igual forma, ha explicado que:
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de octubre
de 2000, Expedientes AC-10529 y AC-10968, consejero ponente Darío Quiñones Pinilla.
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“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de
pérdida de investidura, tampoco describe la conducta. No
obstante, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado ha delimitado los presupuestos para que se configure.
En este sentido, como su denominación lo indica, se realiza
cuando un congresista destina los dineros públicos a
unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos a
actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos
que estando autorizados no correspondan a la finalidad
asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros.
En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de
2012, señaló que, aunque la causal no está definida en el
ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de
los dineros públicos no corresponde a los fines estatales
preestablecidos por la Constitución, la ley o el reglamento:
“[…] La causal de indebida destinación de dineros
públicos no está definida en la Constitución ni en las
normas legales que rigen el ejercicio de la acción de
pérdida de investidura. Es, entonces, pertinente
consignar el sentido y alcance con que esta Corporación
le ha definido. La causal de indebida destinación de
dineros públicos se configura cuando el concejal
destina los dineros públicos a unas finalidades y
cometidos estatales distintos a los establecidos en
la Constitución, en la ley o en los reglamentos
[…]”17 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Respecto a los elementos constitutivos de este tipo
disciplinario, la Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo de
200318 también señaló: “[…] Por consiguiente, el elemento
tipificador de la causal de pérdida de investidura en
referencia, está en el hecho de que el congresista, en su
condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la
Constitución), con su conducta funcional, al ejercer las
competencias de las que ha sido revestido, traiciona,
cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales
preestablecidos en la Constitución, la ley o el
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
7 de junio de 2012, número único de radicación 73001233100020100035201, consejera
ponente María Claudia Rojas Lasso.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia
de 6 de marzo de 2003, número único de radicación 2000123310002002100701, consejera
ponente Olga Inés Navarrete Barrero.
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reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas, etc. ‘En
los eventos como los antes indicados, la conducta del
congresista bien puede ser delictiva o no, ajustada o no a un
procedimiento legal de ordenación del gasto o de contratación,
pero, su finalidad es otra muy distinta a la señalada en la
Constitución, la ley o los reglamentos’ […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
De allí que, para que la causal se configure es necesario que el
Congresista, en su condición de servidor público, distorsione o
cambie el cometido estatal consagrado en la Constitución, la
Ley o el Reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o que estando
autorizados sean diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o haya destinado o utilizado los recursos
a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas; o perseguido la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros; o hubiere
pretendido derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas.
En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal
ostente la condición de nominador u ordenador del gasto, basta
con que deba respetar, defender y cuidar el patrimonio público,
toda vez que es imperativo cuidar los bienes del Estado para
evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha
señalado que la causal comporta dos elementos: i) la
conducta y ii) el fin. La Sentencia del 1 de noviembre de
200519 señaló: “[…] Para la configuración de la causal de
indebida destinación de dineros públicos prevista en el
num. 4º del artículo 183 de la Constitución Política
(reproducida en el numeral 4º del artículo 298 de la Ley
5ª de 1992) se destacan o requieren dos elementos
como son la conducta y el fin […]”
19Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de
noviembre de 2005, número único de radicación 11001031500020040167300, consejero
ponente Tarsicio Cáceres Toro.
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En el primero –como se exige para las demás causales por las
que se puede demandar la pérdida de investidura- es
necesario, que el sujeto activo que la agota ostente la calidad
de Congresista y precisamente que en esa condición ejerza
competencias para las que fue investido.
El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta,
es decir que al ejercer las competencias propias de su
investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento al destinar los recursos públicos a materias,
actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que
autorizados son diferentes a los que se encuentran
asignados; ii) aplique tales dineros a objetos prohibidos,
no necesarios o injustificados; iii) obtenga un
incremento patrimonial para sí o a favor de terceros, o
iv) pretenda derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o en el de terceras personas, etc.
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
A su turno, esta Sección, siguiendo los planteamientos de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha
expresado, frente a la configuración de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos que:
“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no
se encuentra definida en la Constitución ni en las normas
legales que regulan el ejercicio de la acción de pérdida de
investidura. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación
se ha referido en distintas oportunidades al sentido y alcance
que esta causal tiene.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, en sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente
núm. AC-9877, Consejero ponente doctor Germán Rodríguez
Villamizar), se pronunció sobre los alcances del concepto de
indebida destinación de dineros públicos, señalando que el
elemento tipificador de esta causal de pérdida de investidura
“[…] está en el hecho de que el Congresista, en su
condición de servidor público, con su conducta funcional
al ejercer las competencias de las que ha sido revestido,
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traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos
estatales, preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas […]”.
Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la
misma Sala Plena de lo Contencioso Administrativo20 y también
por la Sección Primera del Consejo de Estado, entre otras, en
sentencias de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-
00194, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), 9 de noviembre de 2006 (Expediente núm. 2005-
01133, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade),
16 de julio de 2009 (Expediente núm. 2008-00700, Consejera
ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón) 14 de diciembre de
2009 (Expediente núm. 2009-00012 (Expediente núm. 2009-
00012, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (Expediente núm. 2011-
00009, Consejera ponente María Elizabeth García González) y
1º de agosto de 2013 (Expediente núm. 2012-00151,
Consejera ponente María Elizabeth García González) […]”21
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Con fundamento en el marco normativo y en el desarrollo
jurisprudencial citado anteriormente, se tiene que los dineros
públicos son “[…] todos aquellos que provienen de una actividad
económica del Estado y se integran al ciclo presupuestal con el
20 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001
(Expediente núm. AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias
de 4 de septiembre de 2014, número único de radicación 63001233300020130014801 (PI),
consejero ponente Guillermo Vargas Ayala; de 6 de septiembre de 2018, número único de
radicación 70001233300020180001901(PI), consejera ponente María Elizabeth García
González; de 28 de julio de 2016, número único de radicación
15001233300020150073901(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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propósito de ser redistribuidos para la satisfacción de las
necesidades que demanda el interés general […]”22, por lo que, en
el mismo sentido, los eventos en que se puede configurar su indebida
destinación23 son aquellos en los que un miembro de la corporación
pública territorial de elección popular los asigna para:
i) Cubrir objetos, actividades o propósitos no autorizados.
ii) Costear objetos, actividades o propósitos que sí están
autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales
están previamente asignados.
iii) Sufragar objetos, actividades o propósitos expresamente
prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.
iv) Pagar por materias innecesarias o injustificadas.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de marzo
de 2017, número único de radicación 11001031500020150011100, consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
15 de marzo de 2018, número único de radicación 13001233300020160110701(PI),
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
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v) Cuando la destinación de los dineros públicos tiene la
finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de
terceros.
vi) Y, cuando la destinación de los dineros públicos tiene la
finalidad de derivar un beneficio, no necesariamente
económico, en su favor o en el de terceros.
Para tales efectos, no es indispensable que el miembro de la
corporación pública territorial de elección popular sea ordenador del
gasto, pues lo importante es que adelante actuaciones certeras o
utilice instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los
dineros públicos24.
V.4.- Del caso concreto
La Sala observa de las pruebas recaudadas en el expediente que la
señora ERLIG DIANA JIMÉNEZ BECERRA, fue elegida concejal del
Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso de
Barrancabermeja, para el período constitucional 2020-2023, en
representación del Grupo Significativo de Ciudadanos SUMEMOS,
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de abril
de 2018, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-01062-00, consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter.
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según consta en el Formulario E-26 CON de 12 de noviembre de
2019, cargo del cual tomó posesión el 2 de enero de 2020, como
aparece en Acta núm. 001 de 2020 de dicha Corporación, luego de
lo cual resultó elegida presidente para la vigencia 2021, como se
extrae del Acta núm. 107 de 10 de julio de 2020.
En ejercicio de la presidencia de esa corporación, la concejal celebró
dos contratos cuyos valores no excedían el 10% de la menor cuantía
del Concejo Distrital de Barrancabermeja, estos son los identificados
con los núms. 279-21 de 24 de diciembre de 2021 y 280-21 de 28
de diciembre de 2021.
V.4.1.- Dentro de los antecedentes del contrato 279-21 de 24 de
diciembre de 2021, se evidencia que la acusada suscribió los Estudios
Previos en los que describió, expresamente, la necesidad que la
entidad pretendió satisfacer con el proceso de contratación, así:
“[…] El ejercicio de la función administrativa permite distinguir
dentro de la dinámica de la administración, el cumplimiento de unas
funciones básicas cuyo contenido se determina por cada caso por la
materia de la cual debe ocuparse la institución administrativa de que
se trate y por las formas de actuación que aquella debe adelantar
para el logro de sus cometidos.
Así pues que el concejo municipal de Barrancabermeja en
aras de asegurar el cumplimiento de sus funciones se hace
necesario contratar a una persona natural o jurídica para
que desarrolle el proceso de compra de equipos de cómputo
y accesorios, garantizando de esta manera el normal
funcionamiento de la entidad, dotándola de elementos
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necesarios para el desarrollo de sus funciones y el
cumplimiento de cada una de sus labores de los funcionarios
de la corporación edilicia, ya que la carencia de estos
elementos pueden provocar retardos y traumatismos en el
cumplimiento de los cometidos de la entidad.
En ese orden de ideas corresponde al concejo municipal de
Barrancabermeja, direccionar sus funciones y actividades con el
propósito de desarrollar estrategias de comunicación e interactuar
permanentemente con la ciudadanía, una vez superada la
pandemia, para dar a conocer las acciones que sobrevienen como
el resultado del ejercicio político administrativo de la corporación,
por lo tanto, cuenta con una sede administrativa distribuidas por
áreas en las cuales están debidamente instalados equipos computo
e impresoras donde se desarrolla todo el desarrollo administrativo
del concejo distrital.
Así mismo en el interior del concejo en el concejo municipal de
Barrancabermeja se ejercen actividades administrativas por los
funcionarios de planta, prestadores de servicios y unidades para lo
cual se deben garantizar herramientas informáticas; por eso es que
se requiere la compra de equipos de cómputo y accesorios.
Por lo anterior, se deberá proceder al desarrollo del proceso
contractual cuyo objeto será COMPRA DE EQUIPOS DE
COMPUTO, MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES,
PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA.
Con lo anterior, queda sustentada la necesidad y
conveniencia de la contratación referida, así como la
existencia del presupuesto de la actual vigencia y que se
encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
El objeto para contratar lo definió como “[…] COMPRA DE EQUIPOS
DE COMPUTO, MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES,
PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA […]” y el plazo de ejecución “[…] es decir, el
tiempo durante el cual el CONTRATISTA se compromete a prestar a
entera satisfacción del CONTRATANTE el suministro objeto del
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presente proceso de contratación, será de TRES (03) DÍAS, contados
a partir de la suscripción del acta de inicio. La vigencia del contrato
será el mismo plazo de ejecución […]”.
En imputación presupuestal estableció: “[…] Para el cumplimiento del
objeto derivado del presente proceso de contratación, se cuenta
con el certificado de disponibilidad presupuestal Nº 21-00341
del 16 de DICIEMBRE de 2021, con cargo al rubro numeral
2.1.2.01.01.003.03.02 expedido por pagaduría del concejo
municipal de Barrancabermeja […]”.
La concejal solicitó el certificado de existencia de dichos bienes y
servicios en el Plan Anual de Adquisiciones, el cual le fue expedido
por el secretario general del Concejo Distrital de Barrancabermeja,
haciendo constar que en ese plan se encontraban registrados los
siguientes elementos: “[…] Rubro presupuestal
2.1.2.01.01.003.03.02. Código UNSPSC 43210000-44000000.
Descripción del elemento: Maquinaria de informática y sus partes,
piezas y accesorios. Cantidad: 1. Descripción presupuestal:
VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($25.000.000) […]”.
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De igual forma suscribió la Invitación Pública núm. 004-2021, en los
términos del Decreto 1082 de 26 de mayo de 201525, en la que dejó
las siguientes constancias:
“[…] Que, el presente proceso de selección, se realizará por
convocatoria pública, conforme lo establece el artículo 94 de
la Ley 1474 de 2011 que modifica el artículo 2° de la ley 1150
de 2007, contemplando una nueva modalidad de selección
denominada “mínima cuantía”, reglamentada por el Decreto
1082 de 2015, por tratarse de un contrato cuyo valor no
excede el 10% de la menor cuantía de la entidad
(…)
1. OBJETO
El Concejo Municipal de Barrancabermeja, requiere contratar el
siguiente objeto: “COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO,
MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y
ACCESORIOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA”.
(…)
5. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN
Para el cumplimiento del objeto derivado del presente proceso de
contratación, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No 21-00341 del 16 de diciembre de 2021,
expedido por Pagaduría del Concejo Municipal de Barrancabermeja.
(…)
7. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual el
CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfacción del
CONTRATANTE el suministro objeto del presente proceso de
contratación, será de TRES (03) DÍAS, contados a partir de la
suscripción del acta de inicio.
(…)
1. DESARROLLO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
1.1. ESTUDIOS PREVIOS: El Concejo Municipal de
Barrancabermeja en cumplimiento de lo dispuesto en los
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 elaboró
25“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector
administrativo de Planeación Nacional […]”
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los estudios previos de conformidad con los requerimientos
mínimos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, haciendo
parte integral de la presente invitación pública y del contrato
que llegue a celebrarse, y están puestos a disposición de los
interesados y podrán ser consultados en la página web
www.colombiacompra.gov.co (SECOPII) ÚNICAMENTE […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
El 24 de diciembre de 2021, la accionada firmó la comunicación de la
aceptación de oferta de la Invitación Pública núm. 004-21, en la que
resolvió:
“[…] Aceptar la oferta originada en la invitación pública
número 004-21 adelantada mediante la modalidad de
selección de mínima cuantía, cuyo objeto consiste en
COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, MAQUINARIA DE
INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA
EL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA,
presentado por el proponente GRENELCO SAS. con N.I.T. No.
901.132.991 y domicilio principal en Barrancabermeja,
representado legalmente en ese acto por Fabián Andrés Acevedo
Pico, hombre mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 91.512.951, por valor de VEINTICUATRO
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($24.985.400), IVA Incluido,
Impuestos, tasas y contribuciones que se causen por el hecho de su
celebración, ejecución y liquidación, por un plazo de ejecución de
tres (3) días, contados a partir de la suscripción de lata de inicio […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
El registro presupuestal correspondió al número 21-00374 de 28 de
diciembre de 2021, por el valor final de $24.985.400.00.
Posteriormente, el 28 de diciembre de 2021, fue suscrita el acta de
inicio del respectivo contrato, así como el Acta de Entrega de 29 de
diciembre de 2021 de los bienes adquiridos por el Concejo Distrital
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de Barrancabermeja, y, finalmente, el Acta de Liquidación y Acta
Final de 30 de diciembre de 2021, todo ello entre supervisor y
contratista.
V.4.2.- En cuanto a los antecedentes del contrato 280-21 de 28 de
diciembre de 2021, se encuentra que la acusada suscribió los
Estudios Previos en los que describió, expresamente, la necesidad
que la entidad pretendió satisfacer con el proceso de contratación,
así:
“[…] El ejercicio de la función administrativa permite distinguir
dentro de la dinámica de la administración, el cumplimiento de unas
funciones básicas cuyo contenido se determina por cada caso por la
materia de la cual debe ocuparse la institución administrativa de que
se trate y por las formas de actuación que aquella debe adelantar
para el logro de sus cometidos.
Acorde con lo anterior dentro de las funciones de la corporación,
está el direccionar acciones tendientes a cumplir con el principio
constitucional de eficiencia promoviendo e implementando los
procesos, procedimientos e instrumentos requeridos para el óptimo
desarrollo y visibilizar los avances de la entidad conforme a lo
contemplado en el artículo 209 de la constitución política de
Colombia, que establece que la función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamentos
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización,
la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado.
Así pues, que el concejo municipal de Barrancabermeja en
aras de asegurar el cumplimiento de sus funciones se hace
necesario contratar a una persona natural o jurídica para
que desarrolle el proceso de compra de elementos de aseo y
cafetería, garantizando de esta manera el normal
funcionamiento de la entidad, dotándola de elementos
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necesarios para el desarrollo de sus funciones y el
cumplimiento de cada una de sus labores de los funcionarios
de la corporación edilicia, ya que la carencia de estos
elementos pueden provocar retardos y traumatismos en el
cumplimiento de los cometidos de la entidad.
Lo anterior, como quiera que una vez revisada las
existencias de estos elementos, el concejo municipal de
Barrancabermeja no posee la cantidad de insumos y/o stop
de aseo y cafetería suficientes para cubrir las necesidades
que se requieren para la vigencia 2021, por lo que es visible,
conveniente y oportuno adelantar el proceso de contratación
respectivo para la obtención del suministro de aseo y
cafetería y así, asegurar la buena marcha administrativa y
misional de la entidad en desarrollo de sus funciones en
cumplimiento de sus cometidos
En ese orden de ideas corresponde al concejo municipal de
Barrancabermeja, contratar el suministro de elementos de
aseo y cafetería para cubrir la vigencia 2021, de modo que,
con esto se permita mantener en buen estado las
instalaciones del concejo municipal, en condiciones de
higiene y orden, libre contaminación, garantizando en ello el
bienestar del personal y contratistas que hacen parte de la
corporación edilicia.
Por lo anterior, se deberá proceder al desarrollo del proceso
contractual cuyo objeto será SUMINISTRO DE ELEMENTOS
ASEO Y CAFETERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA.
Con lo anterior, queda sustentada la necesidad y
conveniencia de la contratación referida, así como la
existencia del presupuesto de la actual vigencia y que se
encuentra registrada en el Plan Anual de Adquisiciones […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
El objeto para contratar lo definió como “[…] SUMINISTRO DE
ELEMENTOS ASEO Y CAFETERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA […]” y el plazo de ejecución
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“[…] es decir, el tiempo durante el cual el CONTRATISTA se
compromete a prestar a entera satisfacción del CONTRATANTE el
suministro objeto del presente proceso de contratación, será de DOS
(02) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. La
vigencia del contrato será el mismo plazo de ejecución […]”.
En imputación presupuestal estableció: “[…] Para el cumplimiento del
objeto derivado del presente proceso de contratación, se cuenta
con el certificado de disponibilidad presupuestal Nº 21-00342
del 16 de DICIEMBRE de 2021, con cargo al rubro numeral
2.1.2.02.01.003.005.05 - 2.1.2.02.01.003.005.03 -
2.1.2.02.01.002 - 2.1.2.02.01.003.005.02 expedido por
pagaduría del concejo municipal de Barrancabermeja […]”.
La concejal solicitó el certificado de existencia de dichos bienes y
servicios en el Plan Anual de Adquisiciones, el cual le fue expedido
por el secretario general del Concejo Distrital de Barrancabermeja,
haciendo constar que en ese plan se encontraban registrados los
siguientes elementos: “[…] Rubro presupuestal 2.1.2.02.01.002,
2.1.2.02.01.003.005.02, 2.1.2.02.01.003.005.05 y
2.1.2.02.01.003.005.03. Código UNSPSC 50201712, 50161814,
47131820, 47121701, 50201706, 47131604, 47131807, 14111704,
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14111703, 14111705, 52152102, 47131801, 4713824, 52121704,
47131502, 47101512, 47131603, 47131706, 47131613, 47131618.
Descripción del elemento: Productos alimenticios, bebidas y tabacos;
textiles, prendas de vestir y productos de cuero. Productos
farmacéuticos. Fibras textiles manufacturadas. Jabón, preparados
para limpieza, perfumes y preparados de tocador. Cantidad: 1, 1, 1,
1. Descripción presupuestal: VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE.
($20.000.000) […]”.
De igual forma suscribió la Invitación Pública núm. 005-2021, en los
términos del Decreto 1082 de 2015, en la que dejó las siguientes
constancias:
“[…] Que, el presente proceso de selección, se realizará por
convocatoria pública, conforme lo establece el artículo 94 de
la Ley 1474 de 2011 que modifica el artículo 2° de la ley 1150
de 2007, contemplando una nueva modalidad de selección
denominada “mínima cuantía”, reglamentada por el Decreto
1082 de 2015, por tratarse de un contrato cuyo valor no
excede el 10% de la menor cuantía de la entidad
(…)
1. OBJETO
El Concejo Municipal de Barrancabermeja, requiere contratar el
siguiente objeto: “SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO Y
CAFETERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA”.
(…)
5. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN
Para el cumplimiento del objeto derivado del presente proceso de
contratación, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad
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Presupuestal No 21-00342 del 17 de diciembre de 2021,
expedido por Pagaduría del Concejo Municipal de Barrancabermeja.
(…)
7. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual el
CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfacción del
CONTRATANTE el suministro objeto del presente proceso de
contratación, será de TRES (3) DÍAS, contados a partir de la
suscripción del acta de inicio.
(…)
1. DESARROLLO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
1.1. ESTUDIOS PREVIOS: El Concejo Municipal de
Barrancabermeja en cumplimiento de lo dispuesto en los
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 elaboró
los estudios previos de conformidad con los requerimientos
mínimos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, haciendo
parte integral de la presente invitación pública y del contrato
que llegue a celebrarse, y están puestos a disposición de los
interesados y podrán ser consultados en la página web
www.colombiacompra.gov.co (SECOPII) ÚNICAMENTE […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
El 28 de diciembre de 2021, la accionada firmó la comunicación de la
aceptación de oferta de la Invitación Pública núm. 005-21, en la que
resolvió:
“[…] Aceptar la oferta originada en la invitación pública
número 005-21 adelantada mediante la modalidad de
selección de mínima cuantía, cuyo objeto consiste en
SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO Y CAFETERÍA PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA,
presentado por el proponente CORPORACIÓN PARA LA
SOSTENIBILIDAD SOCIAL AMBIENTAL Y ECONÓMICA con
N.I.T. No. 900.586.029 y domicilio principal en Barrancabermeja,
representado legalmente en ese acto por Sildana Milena Rosado
Arce, mujer mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 1096.200.665, por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS
MCTE ($20.000.000), Impuestos, tasas y contribuciones que
se causen por el hecho de su celebración, ejecución y
liquidación, por un plazo de ejecución de dos (2) días, contados a
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partir de la suscripción de lata de inicio […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
El registro presupuestal correspondió al número 21-00375 de 28 de
diciembre de 2021, por el valor final de $20.000.000.
Posteriormente, el 29 de diciembre de 2021, fue suscrita el acta de
inicio del respectivo contrato, así como el Acta de Liquidación de 28
de diciembre de 2021, Acta de Desembolso Final de 30 de diciembre
de 2021 de los bienes adquiridos por el Concejo Distrital de
Barrancabermeja y, finalmente, Acta Final de 30 de diciembre de
2021, todo ello entre supervisor y contratista.
V.4.3.- Con fundamento en el acervo probatorio recogido en el
expediente y analizado, la Sala pudo constatar que si bien la
accionada tenía la condición de concejal para la época de los hechos
y los involucrados fueron recursos de naturaleza pública, lo cierto es
que no reposan elementos de prueba tendientes a demostrar que con
la celebración de los contratos núms. 279-21 de 24 de diciembre de
2021 y 280-21 de 28 de diciembre de 2021 se hubiese generado una
distorsión de las finalidades del gasto público, toda vez que:
(i) Los recursos del erario se destinaron a reconocer y pagar el
suministro de bienes y servicios contractualmente pactados,
ejecutados, entregados, recibidos y liquidados a satisfacción, además
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de que su contratación estaba prevista para la vigencia 2021 en el
Plan Anual de Adquisiciones.
(ii) Las dos contrataciones estuvieron precedidas de la explicación
de su necesidad y sustentación de su justificación material, en aras
de satisfacer los requerimientos de la entidad, sin que obre en el
proceso prueba alguna que desvirtúe lo manifestado por la concejal
en los Estudios Previos, -todo lo cual permanece respaldado en los
respectivos Estudios de Mercado-, piezas que además evidenciaron
coherencia y correspondencia entre lo planeado, contratado y
finalmente ejecutado, en cumplimiento de la normatividad legal y
reglamentaria que así se lo exigía, -artículo 94 de la Ley 1474,
modificatorio del artículo 2° de la Ley 1150, modalidad de selección
de ‘mínima cuantía’, reglamentada por el Decreto 1082 de 2015-.
Más allá de las afirmaciones de la solicitante, plasmadas desde su
perspectiva particular, la Sala no encontró probada la alegada
omisión de la necesidad o justificación en la compra de los equipos
de cómputo y elementos de cafetería y aseo con destino al Concejo
Distrital de Barrancabermeja, sino que, por el contrario, permanece
intacta la presunción de veracidad que recae sobre todo aquello
descrito por la presidente del cabildo distrital. Verbigracia, no existe
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evidencia de una eventual duplicidad en la adquisición de los bienes
adquiridos o de un escenario similar que contradijera la invocada
necesidad.
(iii) Y el hecho señalado por la solicitante, según el cual las dos
contrataciones tuvieron como único móvil el de agotar el presupuesto
de esa entidad, por haberse efectuado a tan solo “[…] tres días […]”
de la terminación de su período como presidenta del Concejo Distrital
de Barrancabermeja, no solo carece de soporte probatorio alguno
porque la elaboración de los estudios de mercado, estudios previos e
invitaciones públicas datan de mediados del mes de diciembre, sino
porque la necesidad y justificación de comprar los equipos de
cómputo y elementos de cafetería y aseo no se desvirtúa con la sola
circunstancia de que haya tenido lugar al final del año en que la
cabildante ejerció como presidente, pues no había, en el caso
concreto, una limitante espacial o temporal que impidiera satisfacer
dichos requerimientos en cualquier momento.
Por tales razones, la Sala no observa configurada una indebida
destinación de dineros públicos, en la medida en que con la
celebración de los contratos núms. 279-21 de 24 de diciembre de
2021 y 280-21 de 28 de diciembre de 2021, la concejal no dispuso
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de los recursos del erario para cubrir objetos, actividades o
propósitos no autorizados, o que sí estaban autorizados pero que
fueron diferentes a aquellos para los cuales están previamente
asignados, o expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el
reglamento, ni pagó por materias innecesarias o injustificadas, así
como tampoco lo hizo con la finalidad de obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros ni derivar un beneficio, no
necesariamente económico, en su favor o en el de terceros.
A partir de lo expuesto, se procederá a confirmar la sentencia de 21
de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que denegó la solicitud de pérdida de investidura de la
concejal del Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y
Biodiverso de Barrancabermeja, señora ERLIG DIANA JIMÉNEZ
BECERRA, por los hechos ocurridos dentro del período constitucional
2020-2023.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de junio de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 4 de noviembre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Ausente en comisión
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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