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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2023-00243-01

Fecha
31 de julio de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2023-00243-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Número único de radicación: 76001 23 33 000 2023 00243 01 Solicitante: PEDRO EMIGDIO ARBOLEDA CAICEDO

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 76001-23-33-000-2023-00243-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

31 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 760012333000202300243011
Recurso de apelación contra la sentencia de 24 de mayo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Solicitante: PEDRO EMIGDIO ARBOLEDA CAICEDO

TESIS: NO SE CONFIGURA EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS, INSUFICIENCIA
PROBATORIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el
solicitante contra la sentencia de 24 de mayo de 2023, proferida por
la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante la cual denegó la pérdida de investidura del señor
GERARDO ENRIQUE NARANJO SALAZAR, concejal municipal de
Cartago (Valle del Cauca), por hechos ocurridos dentro del período
constitucional 2020-2023.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano PEDRO EMIGDIO ARBOLEDA CAICEDO,
actuando en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo

que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Solicitante: PEDRO EMIGDIO ARBOLEDA CAICEDO

investidura del señor GERARDO ENRIQUE NARANJO SALAZAR,
concejal municipal de Cartago (Valle del Cauca), por hechos
sucedidos dentro del período constitucional 2020-2023, al considerar
que incurrió en la causal prevista en el artículo 48, numeral 5, de la
Ley 617 de 6 de octubre de 20002, esto es por tráfico de influencias
debidamente comprobado.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de
pérdida de investidura invocada:

Señaló que el 22 de enero de 2022, a través de la ventanilla única
del Concejo Municipal de Cartago (Valle del Cauca), un tercero, el
señor ‘Francisco Franco’, presentó denuncia contra el concejal en
la que narró que este le exigió y recibió la suma de $11.000.000, con
el fin de ayudarle con dos puestos más de venta de café en el parque
lineal de ese municipio, dinero que, aparentemente, iría para el
‘señor alcalde’.

Indicó que hasta la fecha el concejal no ha podido desmentir a este
ciudadano ni tampoco realizó denuncia por injuria o calumnia, pues
fue un escándalo en el municipio que al parecer sucede con
frecuencia con los propietarios de esos puestos de venta de café.

I.3.- El concejal, ante el traslado de la solicitud de desinvestidura,
guardó silencio.

2 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional […]”.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 24 de mayo de 2023, denegó la
pérdida de investidura del señor GERARDO ENRIQUE NARANJO
SALAZAR, concejal del municipio de Cartago (Valle del Cauca), para
lo cual inició señalando que, si bien fue decretada la prueba
testimonial del señor FRANCISCO CRISTÓBAL FRANCO ARIAS
mediante auto de 4 de mayo de 2023, lo cierto es que este manifestó
por escrito su voluntad expresa de no declarar en el proceso, razón
por la cual no se practicó.

Sostuvo que no existían los presupuestos necesarios para sancionar
al concejal con la pérdida de investidura por la causal de tráfico de
influencias, toda vez que el accionante solo aportó un documento
privado, presuntamente suscrito por el ciudadano ‘Francisco
Franco’, en el cual aduce que aquel le solicitó la $11.000.000 para
gestionarle dos permisos en el parque principal del municipio, donde
funciona la mayoría de los establecimientos de venta de café, dinero
que también iría para el alcalde municipal.

Manifestó que si bien dicha prueba documental fue decretada e
incorporada al expediente durante la audiencia de pruebas, sin que
se hubiera tachado de falsa, agregó que mediante memorial,
allegado con posterioridad, el señor FRANCISCO CRISTÓBAL
FRANCO ARIAS informó que no asistiría a la audiencia de testimonio
porque la citada denuncia no fue elaborada ni suscrita por él.

Concluyó que, independientemente del valor de la información
contenida en la supuesta denuncia aportada, con este no se probaba

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la conducta y causal atribuidas, por cuanto para ello se requiere
evidenciar que el concejal haya antepuesto su investidura frente a
un servidor público, -en este caso el alcalde municipal-, acerca de un
asunto que este último esté conociendo o haya de conocer, quien,
bajo tal influjo psicológico, realice una actividad que no adelantaría
de no ser por la calidad de quien se lo solicita, bajo la acción de
recibir dádiva o su promesa para sí o para un tercero por la gestión
del concejal, todo lo cual carecía de prueba alguna.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El solicitante interpuso recurso de apelación en el cual solicita revocar
la sentencia impugnada y, en su lugar, acceder a la pérdida de
investidura del señor GERARDO ENRIQUE NARANJO SALAZAR,
concejal del municipio de Cartago (Valle del Cauca), para lo cual
sostuvo que sí está demostrada la responsabilidad del concejal en el
tráfico de influencias pues, pese a semejante prueba documental,
prácticamente el Tribunal ‘lleva un trazo inalcanzable que no
pareciera sancionar a nadie’, siendo su conducta típica, antijurídica y
culpable por estar frente a un delito penal de cohecho, que la
providencia apelada reconoce y sostiene del referido documento que
demuestra su irregular proceder.

Reitera que la gestión del accionado fue gravemente culposa y dolosa
al ver cómo lleva al señor FRANCISCO CRISTÓBAL FRANCO
ARIAS al desespero de buscar ayuda, habida cuenta que le había
entregado el dinero exigido para los dos puestos de café, que,
posteriormente, solicitó ser devuelto, a través de razones y varias
llamadas, sin lograrlo, ante la preocupación del señor vendedor por

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los intereses que estaba pagando por los $11.000.000 que eran para
el alcalde del municipio.

Luego de citar una sentencia de la Sección Quinta relativa al tráfico
de influencias, anota que el concejal teniendo todas las garantías
para controvertir las pruebas no lo hizo; y que el Tribunal, siendo el
más interesado en el testimonio, no quiso hacer comparecer al señor
FRANCISCO CRISTÓBAL FRANCO ARIAS, por el temor y su
responsabilidad penal de inducir a un funcionario judicial a caer en
error, toda vez que sabe de las conductas corruptas del accionado.

Solicita analizar la confesión del concejal que hizo en sus alegatos,
en el que asegura que el señor FRANCISCO CRISTÓBAL FRANCO
ARIAS sí firmó la carta, pero que lo engañaron y se radicó en el
Concejo, documento que ahora su abogado pretende tachar de falso,
diciendo que no es la firma del señor, por lo que, a su juicio, se trata
de una estrategia jurídica del accionado, pues no contestó la solicitud
inicial y no aportó pruebas, ni las tachó de falsas; y que si bien existe
algún escrito del señor vendedor, que el a quo lo valoró a pesar de
ser extemporánea su introducción al proceso, se debe compulsar
copias penales para que en un escenario distinto se verifique por
grafología si es o no la firma del señor, situación que en nada afecta
este proceso que es independiente y taxativo respecto de estas
causales.

Finalmente, invoca los artículos 34 y 35 de la Ley 734 de 5 de febrero
de 20023, relativos a los deberes y prohibiciones de los servidores
públicos para mencionar que deben cumplir con diligencia, eficiencia

3 “[…] Por la cual se expide el Código Disciplinario Único […]”.

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e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación
injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido
del cargo o función, así como realizar personalmente las tareas que
le sean confiadas, entre otros, evitando así incumplir los deberes o
abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la
Constitución y en la ley.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20184, fue descorrido
por el accionado mediante escrito de 29 de junio de 2023, en el que
se opone a su interposición y solicita confirmar la sentencia
impugnada, para lo cual respalda las citadas conclusiones del
Tribunal.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Respecto del nuevo cargo incluido por el apelante en su recurso,
referente a que el accionado vulneró los artículos 34 y 35 de la Ley
734, relativos a los deberes y prohibiciones de los servidores públicos
para mencionar que deben cumplir con diligencia, eficiencia e
imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación

4 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.

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injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido
del cargo o función, así como realizar personalmente las tareas que
le sean confiadas, entre otros, evitando así incumplir los deberes o
abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la
Constitución y en la ley, la Sala resalta que se abstendrá de hacer
pronunciamiento alguno al respecto, toda vez que se trata de un
argumento no expuesto en la solicitud de desinvestidura inicial, por
lo que su formulación en el escrito de alzada resulta extemporáneo
e impide su oportuna discusión y debate probatorio, ello en garantía
de los principios del debido proceso, contradicción y congruencia5.

Sin perjuicio de lo anterior, debe reiterarse que la eventual
transgresión de normas previstas en el Código Disciplinario Único, no
constituyen causal de pérdida de investidura como lo ha reiterado la
jurisprudencia de esta Sección de forma pacífica6.

Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala establecer, en los
precisos términos del recurso de apelación interpuesto y en
consonancia con la solicitud inicial, si el concejal municipal de
Cartago (Valle del Cauca), señor GERARDO ENRIQUE NARANJO
SALAZAR, incurrió en la causal prevista en el artículo 48, numeral

5
Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencias de 4 de noviembre de 2022, número único de radicación 68001-23-33-
000-2022-00198-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón y 11 de octubre de
2019, número único de radicación 05001-2333-000-2017-02599-01, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.
6 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Primera, sentencia de 1o. de julio de 2022, número único de radicación
05001233300020220026201, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón. De igual
forma: sentencias de 7 de marzo de 2002, número único de radicación 50001-23-31-000-
2001-00346-01(7716) (PI), consejero ponente Manuel Santiago Urueta Ayola; de 14 de
marzo de 2002, número único de radicación 50001-23-31-000-2001-00368-01(7715) (PI),
consejero ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; y de 25 de marzo de 2022, número
único de radicación 44001-23-40-000-2021-00136-01, consejero ponente Hernando
Sánchez Sánchez.

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5, de la Ley 617, esto es tráfico de influencias debidamente
comprobado, al haber exigido y cobrado, presuntamente,
$11.000.000 al señor FRANCISCO CRISTÓBAL FRANCO ARIAS,
con el ánimo de ayudarle en la asignación de dos puntos más para la
venta de café en el parque de ese municipio, dinero que tendría como
destinatario al alcalde municipal.

V.2.- Del caso concreto

La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso7, pudo verificar lo siguiente:

El señor GERARDO ENRIQUE NARANJO SALAZAR fue elegido
concejal municipal de Cartago (Valle del Cauca), por el Partido Liberal
Colombiano, para el período constitucional 2020-2023, según se
desprende del formulario E26CON de 30 de octubre de 20198 y
credencial E-27 de 30 de octubre de 2019.

La única prueba aportada con la solicitud, consiste en el memorial
recibido el 27 de enero de 2022, a las 2:45PM, en la Unidad de
Correspondencia del Concejo Municipal de Cartago (Valle del Cauca),
mediante el cual una persona que firma como ‘Fernando Franco’,
denuncia a un concejal que distingue como ‘KIKE NARANJO’, por
haberle exigido y cobrado $11.000.000 para ayudarlo con la
asignación de dos puntos más para la venta de café en el parque de

7 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el

proceso reposan en el sistema para la gestión judicial SAMAI, específicamente en el índice
2, con descripción del documento: “PROCESO DESCARGADO APLICATIVO SAMAI(.rar) Nro
Actual 2”.
8 Disponible [en línea]: [https://elecciones2019.registraduria.gov.co/].

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ese municipio, dinero que tendría como destinatario al alcalde
municipal, así:

Siendo este el único soporte probatorio del accionante para sustentar
la pretensión de desinvestidura, la Sala debe advertir que con la sola

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denuncia de un tercero no se puede tener por probados los aparentes
hechos que allí se describen, menos aún se encuentra demostrado el
supuesto tráfico de influencia que se endilga en la solicitud de
desinvestidura.

No se probó que el concejal hubiese invocado su calidad ante un
servidor público, esto es que haya ejercido un influjo síquico en este
para anteponer o prevaler su investidura con el propósito de recibir,
dar o hacerse prometer para sí, o para un tercero, dádiva o dinero9,
con el fin de obtener un beneficio de ese servidor público, en un
asunto que se encuentre conociendo o hubiese de conocer10.

Como si lo anterior no fuese suficiente para desechar la solicitud de
pérdida de investidura, la Sala observa que a través de escrito
remitido con correo electrónico de 12 de mayo de 2023, con destino
al expediente, el señor FRANCISCO CRISTÓBAL FRANCO ARIAS
manifiesta que: (i) no conoce al accionante, señor PEDRO EMIGDIO
ARBOLEDA CAICEDO; (ii) no es el autor de la denuncia de 27 de
enero de 2022 que aparece con su firma ni sabe cómo llegó a manos
del actor; (iii) no es cierto lo que se relata en la citada denuncia
puesto que el concejal ‘KIKE NARANJO’ en ningún momento le hizo
exigencias de dinero ni ofrecimiento alguno a cambio; (iv) no tendría
motivo alguno, ni personal ni político, para lanzar las acusaciones
que se mencionan en el citado documento pues, al contrario, siempre
ha distinguido al concejal como una persona honorable y servidora

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de junio

de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2016-02279-00, consejero ponente
Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

10 de diciembre de 2021, número único de radicación 81001-23-39-000-2020-00127-01,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.

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de la comunidad; (v) no sabe a quién le está haciendo un favor
político el accionante pero que lo tiene seriamente perjudicado, toda
vez que la gente le pregunta permanentemente por este asunto, en
el que, insiste, nada tiene que ver; (vi) es importante que el Tribunal
investigue cómo una persona que no distingue, radique este
documento con la solicitud de desinvestidura, haciendo acusaciones
muy graves en contra del concejal; y que (vii) no es su voluntad
declarar o rendir testimonio en este proceso. Así:

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Además, no es cierto que el concejal haya confesado nada ‘en sus
alegatos’, por el hecho de asegurar que el señor FRANCISCO
CRISTÓBAL FRANCO ARIAS sí firmó la carta, pero que lo
engañaron y se radicó en el Concejo, y que ahora su abogado
pretende tachar de falso el documento diciendo que no es la firma
del señor, habida cuenta que el accionado se limita a describir lo
expresado en la ‘carta de aclaración’ sin que nada de ello resulte
relevante para alterar las resultas del proceso.

Ahora, la Sala se abstendrá de compulsar copias a las autoridades de
investigación penal en la forma solicitada por el apelante, al no
encontrar mérito alguno de las circunstancias fácticas en el caso
concreto que así lo justifiquen.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia
impugnada mediante la cual se denegó la pérdida de investidura del
señor GERARDO ENRIQUE NARANJO SALAZAR, concejal del
municipio de Cartago (Valle del Cauca).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 31 de julio de 2023.

OSWALDOGIRALDOLÓPEZ NUBIAMARGOTHPEÑAGARZÓN
Presidente
Salvavoto

HERNANDOSÁNCHEZSÁNCHEZ ROBERTOAUGUSTOSERRATOVALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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