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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-31-000-2008-00369-03

Fecha
8 de octubre de 2024
Consejero ponente
Conjuez Miguel Arcángel Villalobos Chavarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-31-000-2008-00369-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO.- ADICIÓNASE la sentencia apelada en el sentido de que si la Nación – Rama Judicial, acredita haber pagado sumas de dinero por concepto de reajuste o reliquidación de la bonificación por compensación a favor de los aquí demandantes, con base en transacción, conciliación, pago de la diferencia por orden de tutela o equivalentes, pueda legítimamente descontarlas de la liquidación que resulte por el cumplimiento de una providencia posterior que imponga dichos pagos. SEGUNDO.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 20 septiembre de 2013, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Nariño- Sala de Conjueces accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Franklyn Flórez Carvajal, Angela Osejo de Guerrero, Gloria Marly Oviedo Zambrano, Jaime Cabrera Jiménez, Fabio Raúl López Chaves, José Guillermo Coral Chaves, Carlos Javier Moncayo Calvache, Edgar Montenegro Espíndola, Álvaro Alfredo O´byrne Delgado, Gabriel Guillermo Ortiz Narváez y Jorge Arturo Unigarro Rosero en contra la Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones y con las precisiones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO.- NO CONDENAR en costas. CUARTO.- Ejecutoriada esta providencia, regístrese en la plataforma SAMAI y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-31-000-2008-00369-03

Consejero ponente: Conjuez Miguel Arcángel Villalobos Chavarro

8 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

SALA DE CONJUECES
CONJUEZ PONENTE: MIGUEL ARCÁNGEL VILLALOBOS CHAVARRO

Bogotá D. C. ocho (8) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Expediente N° 52001-23-31-000-2008-00369-03
Número interno: 0978-2014
Demandante: Franklin Alirio Florez Carvajal y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN (Decreto 610 de 1998)

Procede la Sala de Conjueces a proferir sentencia de segunda instancia en la que
resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público
contra la sentencia proferida el día 15 de julio de 2015, por el Tribunal Administrativo
de Nariño- Sala de Conjueces, en la cual se resolvió en forma favorable a las
pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por
Franklin Alirio Florez Carvajal y otros en contra de la Nación – Rama Judicial-
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, presentada el día 3 de septiembre
de 20081, tendiente a (1) “que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 2335
del 14 de mayo de 2008 y 3038 de 17 de julio del mismo año de Franklyn Flórez
Carvajal; 2469 de 27 de mayo de 2008 y 3071 de 23 de julio de 2008 de Angela
Antonia Osejo de Guerrero ; 2468 de 27 de mayo de 2008 y 3072 de 23 de julio de
2008 de Gloria Marly Oviedo Zambrano; 2461 de 27 de mayo de 2008 y 3035 de 17
de julio de 2008 de Jaime Augusto Cabrera Jiménez; 2464 de 27 de mayo de 2008
y 3033 de 17 de julio de 2008 de Fabio Raúl López Chaves; 2452 del 27 de mayo
de 2008 y 3036 del 17 de julio de 2008 de José Guillermo Coral Chaves; 2463 del
27 de mayo de 2008 y 3034 de 17 de julio de 2008 de Carlos Javier Moncayo

1 Folio 1.

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Sentencia de Segunda Instancia
Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral
Número Interno: 0978-2014
Demandante: Franklin Alirio Florez Carvajal y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calvache; 2466 de 27 de mayo de 2008 y 3039 de 17 de julio de 2008 de Edgar
Manuel Montenegro Espíndola; 2467 de 27 de mayo de 2008 y 3069 de 23 de julio
de 2008 de Gabriel Guillermo Ortiz Narváez; 2462 de 27 de mayo de 2008 y 3069
del 23 de julio de 2008 de Gabriel Guillermo Ortiz Narváez; 2462 del 27 de mayo de
2008 y 3037 de 17 de julio de 2008 de Jorge Arturo Unigarro Rosero y 2465 de 27
de mayo de 2008 y 3040 de 17 de julio de 2008 para Álvaro Alfredo O´byrne
Delgado, expedidas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; Y, a título
de restablecimiento del derecho, los demandantes solicitaron (2) se declare que la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se abstenga de exigir el reintegro de
las sumas de dinero consignadas a favor de los magistrados del Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Pasto2.

1.2. La contestación de la demanda

La entidad Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la misma. Fundamentó su
defensa en el argumento según el cual el Decreto 610 de 1998 no concedió a favor
de los demandantes bonificación por compensación del 70% para el año 2000 y del
80% para los años 2001 y siguientes, sino que se limitó a crear una bonificación por
compensación en cuantía del 60% como expresamente quedó establecido en el
artículo 1° del mismo decreto.

Advirtió que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4040 de 2004, en el que
estableció la concertación a la que se llegó con una comisión negociadora con el
ánimo de finiquitar dicha situación, permitiendo desistir o transar sus diferencias con
los nominadores para cancelar lo correspondiente en un 70% de lo que por todo
concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes, los funcionarios de la
Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa que a
partir de la misma fecha se vinculen al servicio en los empleos señalados en el
respectivo decreto.

Agregó que, se debe tener en cuenta que los pagos realizados y cuyo reintegro se
ordenó mediante los actos administrativos demandados, obedecieron al
cumplimiento de la decisión judicial de tutela de primera instancia, posteriormente
revocada, según la cual se había vulnerado el derecho a la igualdad, más no a un
reconocimiento por parte de la administración del derecho a la bonificación por
compensación en la cuantía del 80%, pues los demandantes decidieron acogerse
voluntariamente al Decreto 4040 de 2004, esto es, la bonificación por gestión
judicial.

Concluyó que, la Administración no puede ignorar o dejar de cumplir la ley para su
defecto, entrar a aplicar criterios que no tienen el carácter obligante y vinculante de
la ley, como el expuesto por los hoy demandantes en esta acción, pues no existe
norma que establezca y ordene el reconocimiento y pago del 70% y 80% por los

2 Folio 7.

2

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Número Interno: 0978-2014
Demandante: Franklin Alirio Florez Carvajal y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

sucesivos años 2000, 2001, 2002 y en adelante. Bajo este entendido, no resulta
admisible el criterio aducido por la parte demandante, según el cual los derechos
reconocidos por el Decreto 610 de 1998 son derechos adquiridos y por tanto no
podían ser desconocidos o desmejorados, pues dicho decreto ordenó reconocer un
porcentaje del 60% que jamás fue inobservado y por el contrario mejorado a un 70%
con el Decreto 4040 de 2004, motivo por el cual no se vulnera la Ley 4 de 1992 ni
el Decreto 610 de 1998.

Indicó que, el pago realizado a los demandantes no devino de la aplicación del
Decreto 610 de 1998 sino de una orden judicial impartida en sede de tutela por el
fallador de primera instancia, quien ordenó pagar un valor determinado en un solo
pago, no periódicamente. Por otra parte, sostuvo que dicho valor reconocido y
pagado no fue fruto de un error de la administración, sino de una orden de juez de
tutela que fue recovada por la segunda instancia. Ahora, si bien el demandante
recibió de buena fe, también es cierto que la Administración pago de buena fe, no
por un error suyo, sino en estricto acatamiento a una orden de tutela.

Finalmente, propuso las excepciones de: “pago de lo no debido”, “falta de objeto
para demandar” e “innominada”3.

1.3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Nariño- Sala de Conjueces, a través de sentencia del
20 de septiembre de 2013, decidió declarar no probadas las excepciones
propuestas, la nulidad de los actos administrativos demandados, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenó condenar a la parte demandada a lo
siguiente4:

“(…)
TERCERA: A título de restablecimiento del derecho ORDENAR a la NACIÓN-
RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
que en lo sucesivo se abstenga de hacer requerimientos a los demandantes:
doctores Franklyn Flórez Carvajal,; Angela Osejo de Guerrero, Gloria
Marly Oviedo Zambrano, Jaime Cabrera Jiménez, Fabio Raúl López
Chaves, José Guillermo Coral Chaves, Carlos Javier Moncayo Calvache,
Edgar Montenegro Espíndola, Álvaro Alfredo O´byrne Delgado, Gabriel
Guillermo Ortiz Narváez y Jorge Arturo Unigarro Rosero, para la
devolución o reintegro de los valores que fueron cancelados a favor de
los magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en
virtud del cumplimiento de los fallos de tutela.
(…)

1.4. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia

3
Folios 405-413.
4
Folios 670-696.

3

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Demandante: Franklin Alirio Florez Carvajal y otros
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El Agente del Ministerio Público presentó recurso de apelación5, en el que sostuvo
que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Distrito de Pasto
había reconocido y ordenado el pago del equivalente al 80% de los salarios de los
magistrados de Alta Corte a favor de los demandantes, en su condición de
magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, pero dicho
reconocimiento se efectuó en cumplimiento de una orden judicial proferida por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño- Sala Jurisdiccional Disciplinaria
según sentencia de acción de tutela fechada el 13 de noviembre de 2007, la que
fue revocada por el Consejo Superior de la Judicatura- Sala Jurisdiccional
Disciplinaria mediante sentencia del 20 de febrero de 2008, que resolvió la
impugnación interpuesta contra el referido fallo de primera instancia, dejándolo sin
efectos en su integridad, por lo tanto, éste fue el fundamento legal de los actos
administrativos cuya legalidad se cuestiona en este proceso.

Resaltó que, la entidad demandada en acatamiento a la citada orden judicial de
tutela, ya había reconocido a favor de cada uno de los demandantes, en su
condición de magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, la
bonificación por gestión judicial, en el equivalente al 80% de lo que corresponde a
los magistrados de las Altas Cortes, y también les había pagado en forma efectiva
el excedente adeudado del 10% más; tal como se reconoce expresamente en los
hechos 3 y 4 del fallo objeto de impugnación.

Señaló que, se encuentra vigente el proceso ordinario de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho No. 2008-00125-02, propuesto por los mismos
demandantes en su condición de magistrados del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pasto, con el objeto de que la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo declare a su favor la bonificación por gestión judicial, en el
equivalente al 80% de lo que les corresponde a los magistrados de las Altas Cortes,
y se les reconozca el pago del excedente del 10% adeudado. Proceso éste que
curso en primera instancia en el Tribunal Administrativo de Nariño y ahora esta
pendiente de decisión el Consejo de Estado, por lo que al no existir el derecho
legítimamente declaro y reconocido por autoridad judicial natural, es claro que los
efectos de la acción de tutela son meramente transitorios y de carácter residual, por
lo que la tutela no procede para suplir las funciones de los jueces naturales,
especialmente cuando se trate del reconocimiento de obligaciones laborales de tipo
pecuniario que puedan afectar o modificar el presupuesto de las entidades públicas,
pues el principio de la buena fe solo opera para amparar derechos legítimamente
adquiridos.

En consecuencia, señaló que en aras de proteger el patrimonio público, hasta tanto
se pronuncie en segunda instancia el Consejo de Estado dentro del proceso
ordinario de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2008-00125-02, propuesto
por los mismos demandantes en su condición de magistrados del Tribunal Superior

5 Folios 705-710.

4

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del Distrito Judicial de Pasto, es viable adicionar el fallo impugnado, en el sentido
de disponer que ha operado la figura de la compensación, con lo cuales garantizaría
que no se tipifique el pago de lo no debido y se proteja el patrimonio del Estado.

1.5 Alegatos de conclusión de segunda instancia

Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no conceptuó6.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA7

2.1. Nota preliminar

El Consejo de Estado, en calidad de superior funcional, es competente para resolver
los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

Los Magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado expresaron su
impedimento para conocer de este proceso8, el cual fue aceptado9. Luego, agotado
el respectivo sorteo de Conjueces10, le ha correspondido a esta Sala conocer en
segunda instancia de este proceso. La Sala de Conjueces, al no encontrar causal
de nulidad que invalide lo actuado, procede de conformidad.

2.2. El problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver es el siguiente:
¿La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial estaba facultada para ordenar a
los demandantes reintegrar las sumas de dinero que le fueron pagadas en
cumplimiento de un fallo de tutela, en razón a que esta decisión fue revocada?
Así mismo, ¿es si procede la devolución de las sumas de dinero recibidas por los
demandantes, con ocasión del cumplimiento a un fallo de tutela, o por el contrario,
están amparados por el principio de la buena fe?

1.1.1. El marco normativo de la bonificación por compensación y la
jurisprudencia vigente

El Congreso de la República expidió la Ley 4 de 1992, por medio de la cual fijó el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de allí que en su artículo

6
Folio 754.
7
La metodología aquí empleada para presentar los argumentos de la Sala sigue las pautas contenidas en el libro
de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”: “Argumentación judicial: construcción, reconstrucción y
evaluación de argumentaciones orales y escritas”. Bogotá, 2008. Asimismo se tiene en cuenta el “Manual de
Escritura Jurídica”, publicado en agosto de 2018 por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
8
Folios 730-731.
9
Folios 740-743.
10
Folio 745.

5

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15 estableció una prima especial de servicios para ciertos funcionarios, para igualar
sus ingresos a los ingresos anuales percibidos por los Congresistas, en otras
palabras, se buscó equiparar el salario tanto de los Magistrados de las Altas Cortes,
así como los demás funcionarios del primer nivel como Fiscal General, Procurador
General de la Nación, Registrador, etc.

En este orden de ideas, como la intensión del legislador fue la de crear una escala
salarial que guardara proporcionalidad entre los diferentes niveles jerárquicos de la
Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de este precepto,
el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 de 1998, a través de la cual se creó la
Bonificación por Compensación, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del
presente decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter
permanente, que sumada a la prima especial de servicios y a los demás
ingresos laborales actuales iguale al sesenta por ciento (60%) de los
ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo
Superior de la Judicatura.

La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor salarial para
efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes,
en los mismos términos de la prima especial de servicios de los Magistrados
de las Altas Cortes.

…” (Subrayas y negrillas fuera de texto).

Las consideraciones que dieron lugar a esta decisión quedaron consignadas en el
mismo Decreto de la siguiente manera:

“Que el Gobierno Nacional acordó con los representantes de los funcionarios
mencionados en el considerando anterior, un esquema que gradualmente
permita superar la desigualdad económica entre los dos niveles mencionados,
así:

Para el año que corresponda a la vigencia fiscal para la cual se apruebe por
primera vez la apropiación presupuestal correspondiente, se aplicará un ajuste
a los ingresos laborales que iguale al sesenta por ciento (60%) de lo que por
todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado;

Para la vigencia fiscal siguiente, el ajuste igualará al setenta por ciento (70%)
de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior
de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y
del Consejo de Estado;

A partir del año correspondiente a la tercera vigencia fiscal, los ingresos
laborales serán igual al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los Magistrados del Consejo Superior
de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado.

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…” (Negrilla fuera de texto).

El fin de la expedición del Decreto 610 de 1998 adicionado por el Decreto 1239 de
1998, mediante el cual se estableció la bonificación por compensación, como ya se
dijo, fue la de crear el segundo nivel y así acabar la desigualdad salarial existente
entre magistrados de alta corte y demás funcionarios del sector judicial. Esta
bonificación consiste en un ajuste de carácter permanente que, sumado a la prima
especial de servicios y a los demás ingresos laborales, iguale el ochenta por ciento
(80%) (para el año 2001 y en adelante) de los ingresos que por todo concepto
laboral perciben los magistrados de alta corte.

La norma señala de manera taxativa que a partir del año correspondiente a la
tercera vigencia fiscal; (esto es, 1º de enero de 2001) los ingresos laborales serán
iguales al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; lo cual
indica que para obtener el porcentaje de la Bonificación por Compensación, se toma
el 80 % de todos los conceptos laborales que devenguen los magistrados de las
altas cortes, tal como quedó establecido en la Sentencia de Unificación dictada por
esta Sala de Conjueces11 incluida la cesantía de los Congresistas, en donde se
dijo:
“…
Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han
sido consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la
jurisprudencia del Consejo de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene
plena razón de ser pues se trata de una erogación que realiza el empleador
anualmente a favor de su trabajador y que se causa por cada día de trabajo del
empleado.

De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe
ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios
de los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes
tienen derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto
devengan los congresistas.

Este régimen tiene una clara incidencia en la determinación de la bonificación
por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos al
Decreto 610 de 1998 pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del
Decreto 10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo
que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado” (subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000
y siguientes, respectivamente.

En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo
es un ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado

11Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de Estado,

Exp. No. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente Doctor
Jorge Iván Acuña Arrieta.

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en atención a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del
6 de agosto de 2003, habría que señalarse que no existen razones para que se
haga abstracción de la misma, o de cualquiera de los factores que se tienen en
cuenta para su liquidación, al momento de fijar el monto a cancelar por
concepto de bonificación por compensación a favor de los servidores
mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998. Habiendo señalado
que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera
permanente por los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones,
es evidente que resultaría violatorio del principio de igualdad que surge del
artículo 13 de la Constitución Política de Colombia el señalar que esta
prestación social carece de tal naturaleza únicamente con el propósito de
disminuir la base de liquidación de la bonificación por compensación de la que
son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto 610
de 1998.

En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los
pagos que el Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de
cesantías puede calcularse la diferencia total entre lo que ellos perciben
y la asignación de los Magistrados de las Altas Cortes para, así, determinar
el valor de la prima especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos.

…” (Subraya y negrilla fuera de texto).

Posteriormente se expidió el Decreto 4040 de 3 de diciembre de 2004, por el cual
se creó la Bonificación de Gestión Judicial para los magistrados de tribunal y otros
funcionarios, con el siguiente tenor literal:
“…

La Bonificación de Gestión Judicial, pagadera mensualmente, solo
constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de
vejez, invalidez y sobrevivientes, y hará parte integral del ingreso base de
liquidación debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado, incluyendo
esta Bonificación.

…” (Se subraya y negrillas fuera de texto).

Luego, como consecuencia de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004
mediante sentencia ejecutoriada de 28 de enero de 2012, proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado; el Decreto 1102 de 24
de mayo de 201212, modificó la Bonificación por Compensación para los
magistrados de los tribunales y demás cargos homólogos, así:
“…

Artículo 1°.A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación
que vienen percibiendo con carácter permanente los Magistrados de Tribunal,
Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados
Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado, Fiscales Delegados
ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de
Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial,
Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y

12 “Por el cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros
funcionarios”.

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Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
y los funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en
empleos en los que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio
Público ante los Magistrados del Tribunal, antes señalados, equivaldrá a un
valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al
ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.

La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo
constituye factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del
Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social
en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.

…” (Se subraya y negrillas fuera de texto).

De las normas transcritas se colige que, por mandato expreso de los Decretos 610
de 1998, 4040 de 2004 (cuando estuvo vigente), y el actual 1102 de 2012, la
Bonificación por Compensación que allí se regula, sólo constituye factor salarial
como parte del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del
Sistema General de Seguridad Social en Salud; disposiciones frente a las cuales
no se modifica el marco legal vigente que fija los factores que se deben tener en
cuenta para liquidar las diferentes prestaciones sociales, es decir, la Bonificación
por Compensación no constituye factor salarial para la liquidación y pago de dichos
emolumentos.

En consecuencia, esta Sala de conjueces, en distintas sentencias, ha precisado con
fundamento en el marco normativo reseñado que a los beneficiarios de la
bonificación por compensación se les debe otorgar el 80% por ciento de los ingresos
que devengan los magistrados de Alta Corte; estos ingresos deben incluir la prima
especial de servicios, la cual contiene todos los ingresos laborales percibidos por
los miembros del Congreso, dentro de los cuales se debe tener en cuenta las
cesantías percibidas por los mismos, de conformidad con la sentencia de unificación
de fecha 18 de mayo de 2016 dictada con ponencia del Conjuez Dr. Jorge Iván
Acuña Arrieta.13

2.2.1. Las competencias y funciones establecidas en cabeza de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para el ejercicio de cobro
coactivo y del recobro de dineros reconocidos mediante actos
administrativos

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es el órgano técnico administrativo
que tiene a su cargo la ejecución de las actividades locativas y de apoyo. Le
corresponde, a las veinte (20) Direcciones Seccionales de Administración Judicial,
ejecutar los recursos asignados a la Rama Judicial, para atender los requerimientos

13 Sala de Conjueces, sentencia de 01 de diciembre de 2020, Rad. 050012310002009012352 (0685-2014)

Demandante Willian Enrique Santa y otros. Conjuez Ponente Henry Joya Pineda

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Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

de las Altas Cortes, los tribunales, y Juzgados y Consejos Seccionales de la
Judicatura, los cuales se ejecutan a través de cincuenta y dos (52) unidades y sub
unidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación. Particularmente, el
artículo 99 de la Ley 270 de 1996 establece un listado taxativo de competencias
para el correcto desarrollo de sus funciones.

Por su parte, la Ley 6ª de 1992, en el artículo 136, prevé los lineamientos para el
cobro coactivo de la Dirección Nacional de Administración Judicial, dentro del cual
se indica que, de conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso
Administrativo, la entidad tiene jurisdicción coactiva para hacer exigibles todos los
créditos a su favor.

En concordancia con lo anterior, se tiene que el Consejo Superior de la Judicatura,
en Sala Administrativa expidió el Acuerdo PSAA07-3927 del 15 de febrero de 2007,
con el fin de adoptar el Reglamento Interno para el Recaudo de las obligaciones a
favor de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, el cual señala:

«ARTÍCULO SEGUNDO.- El cobro coactivo que adelantan las Direcciones
Ejecutiva y Seccionales del Administración Judicial, en virtud de la facultad
conferida por el Artículo 136 de la Ley 6ª de 1992 y según lo dispuesto por el
Acuerdo 875 de 2000, se regirá, de conformidad con lo ordenado por el Artículo
5º de la Ley 1066 de 2006 por el procedimiento establecido en el Título VIII
del Estatuto Tributario.
ARTICULO TERCERO. - FUNCIONARIO COMPETENTE. Según lo dispuesto
por los literales j) y k) del artículo Primero del Acuerdo 875 de 2000, los procesos
de cobro coactivo se tramitarán por los servidores competentes, así:
1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de la
División de Fondos Especiales y Cobro Coactivo, ejerce el cobro por jurisdicción
coactiva de obligaciones impuestas a su favor, contenidas en sus propios actos
administrativos y las impuestas a favor de la Nación - Consejo Superior de la
Judicatura o de la Rama Judicial proferidas por la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura, los Tribunales Superiores el Tribunal
Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Bogotá D.C. y la Sala
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
2. Igualmente, ejercerá el cobro coactivo de las sanciones pecuniarias
impuestas por cualquier autoridad a favor de la Nación – Consejo Superior de
la Judicatura o la rama judicial, cuyo cobro no haya sido asignado […]» (Se
subraya)

En suma, se tiene que, si bien la facultad de iniciar cobros de jurisdicción coactiva
en cabeza de la Dirección Nacional de Administración Judicial existe y se encuentra
regulada, la misma no llega sino hasta donde la ley lo establece y estos límites se
encuentran enmarcados expresamente en la ley.

Igualmente, la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene que conforme
con el artículo 121 de la Constitución Política ninguna autoridad del Estado podrá
ejercer funciones distintas a las que le atribuye la Constitución y la Ley, de tal
manera que emitir un acto administrativo que haga de título por contener una

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Número Interno: 0978-2014
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obligación clara, expresa y exigible para cobrar una suma de dinero o iniciar un
proceso de la jurisdicción coactiva a un particular desborda el ámbito funcional de
la entidad.

Es menester indicar, que si bien el acuerdo precitado otorga la facultad a la entidad
demandada de emitir actos administrativos con el fin de realizar el recaudo efectivo
de cartera, lo es también, que la emisión del acto debe surtir un proceso que cumpla
con los principios jurídicos y constitucionales, esto es el debido proceso,
garantizando al particular sobre el cual se emite un título de cobro (en el caso en
concreto) que las actuaciones se encuentran revestidas de legalidad y sobre todo
concediendo el traslado de las decisiones a los particulares para que los mismos
ejerzan el derecho a la defensa que les asiste.

Sobre el particular, es preciso indicar que las competencias asignadas a las
autoridades o servidores públicos son expresas, taxativas y delimitadas por la
Constitución Política y la Ley, sin que estas puedan extenderse por voluntad propia.

En diversos fallos, esta corporación ha definido el vicio de falta de competencia,
indicando que el mismo estaba contemplado en el artículo 84 del CCA como causal
de nulidad de los actos, de la siguiente manera: «Toda persona podrá solicitar por
sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos
administrativos. Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las
normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por
funcionarios u organismos incompetentes […]»14. En efecto, la «competencia es la
facultad o el poder jurídico que tiene una autoridad para ejercer determinada
función», razón por la cual la doctrina ha entendido que la incompetencia o falta de
competencia se materializa cuando el autor profiere un acto pese que no tenía el
poder legal para expedirlo, es decir, cuando la decisión se toma sin estar facultado
legalmente para ello.

En otras palabras, dicho reproche se configura cuando el acto es proferido por fuera
de las competencias legales y constitucionales atribuidas al servidor público o la
Corporación respectiva, esto es, por fuera de las atribuciones que el ordenamiento
jurídico ha otorgado.

Dentro del sub lite se observa que:

• El Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño- Sala Jurisdiccional
Disciplinaria mediante sentencia de tutela del 13 de noviembre de 200715, amparó
el derecho fundamental a la igualdad de los derechos de los magistrados del

14 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta consejero ponente: Alberto Yepes

Barreiro, sentencia del 21 de junio de 2018. Radicación: 73001-23-31-000-2011-00512-01 Actor: Arturo
Perdomo Góngora, Demandado: Municipio de Ibagué.
15
Fls. 382-394.

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Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, ordenando cancelar «[…] a los
magistrados del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto a partir
del mes de noviembre de 2007, por nómina y de manera periódica el valor que
corresponde a la bonificación por compensación de que trata el Decreto 610 del 26
de marzo de 1998, adicionado por el Decreto 1239 de 1998. […] se dé curso a las
acciones encaminadas a cancelar a […] magistrados del Honorable magistrados
del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto lo que por concepto
de bonificación por compensación de que trata el Decreto 610 del 26 de marzo de
1998 por el Decreto 1239 de 1998, corresponda desde noviembre 13 de 2004 a la
fecha […] sumas que se determinarán conforme al incremento legal determinado
para los magistrados de las Altas Cortes y que deberá ser debidamente indexado
conforme al índice de precios al consumidor del respectivo periodo, deduciendo de
tales sumas las cantidades que hubiesen percibido los actores por concepto de
bonificación por gestión judicial reconocida por el Decreto 4040 de 2004[…].»

• El Consejo Superior de la Judicatura- Sala Jurisdiccional Disciplinaria16,
revocó la decisión descrita en el ítem anterior, y, en su lugar, profirió sentencias de
segunda instancia de fecha 6 y 20 de febrero de 2008, mediante las cuales resolvió:
«[…] SEGUNDO: REVOCAR íntegramente la sentencia proferida el 13 de
noviembre de 2007 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura de Nariño que concedió la tutela solicitada, para- en su lugar-
declarar improcedente el amparo, conforme lo expuesto en la parte motiva de la
providencia decidida en Sala 23. […]»

• Mediante las Resoluciones Nos. 2335 del 14 de mayo de 2008 y 3038 de 17
de julio del mismo año de Franklyn Flórez Carvajal; 2469 de 27 de mayo de 2008 y
3071 de 23 de julio de 2008 de Angela Antonia Osejo de Guerrero; 2468 de 27 de
mayo de 2008 y 3072 de 23 de julio de 2008 de Gloria Marly Oviedo Zambrano;
2461 de 27 de mayo de 2008 y 3035 de 17 de julio de 2008 de Jaime Augusto
Cabrera Jiménez; 2464 de 27 de mayo de 2008 y 3033 de 17 de julio de 2008 de
Fabio Raúl López Chaves; 2452 del 27 de mayo de 2008 y 3036 del 17 de julio de
2008 de José Guillermo Coral Chaves; 2463 del 27 de mayo de 2008 y 3034 de 17
de julio de 2008 de Carlos Javier Moncayo Calvache; 2466 de 27 de mayo de 2008
y 3039 de 17 de julio de 2008 de Edgar Manuel Montenegro Espíndola; 2467 de 27
de mayo de 2008 y 3069 de 23 de julio de 2008 de Gabriel Guillermo Ortiz Narváez;
2462 de 27 de mayo de 2008 y 3069 del 23 de julio de 2008 de Gabriel Guillermo
Ortiz Narváez; 2462 del 27 de mayo de 2008 y 3037 de 17 de julio de 2008 de Jorge
Arturo Unigarro Rosero y 2465 de 27 de mayo de 2008 y 3040 de 17 de julio de
2008 para Álvaro Alfredo O´byrne Delgado, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial ordenó el reintegro de las sumas canceladas por la entidad, en
cumplimiento al fallo de tutela de primera instancia del 13 de noviembre de 201717.

16
Fl. 395 del expediente.
17 Folios 13-268 del expediente.

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Conforme a lo anotado en precedencia, en primer lugar, es del caso señalar que el
Decreto 610 de 1998, del día 26 de marzo de 1998, creó una bonificación por
compensación de los magistrados de Tribunal y otros funcionarios. Luego, el 31 de
diciembre de 1998, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2668 que dispuso
derogar los Decretos 610 y 123918 de 1998. Este acto administrativo fue objeto de
demanda ante la Sección Segunda del Consejo de Estado, quien a través de Sala
de Conjueces mediante sentencia de 25 de septiembre de 2001, declaró la nulidad.
Quedando debidamente ejecutoriada el 5 de octubre de 2001.

En consecuencia, la declaratoria de nulidad del Decreto 2668 de 1998, retrotrajo la
situación normativa al estado anterior, es decir, que los Decretos 610 y 1239 de
1998, retornaron a la vida jurídica.

Luego el 3 de diciembre de 2004, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4040, por
el cual creó una Bonificación de Gestión Judicial para los magistrados de Tribunal y
otros funcionarios, con carácter permanente, que sumada a la asignación básica y
demás ingresos laborales igualara al setenta (70%) de lo que por todo concepto
devengaban los Magistrados de las Altas Cortes. Este acto administrativo también
fue demandado en acción de simple nulidad ante el Consejo de Estado, demanda
que fue resuelta por Sala de Conjueces mediante sentencia de 14 de diciembre de
2011, por la cual declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, quedando
ejecutoriada el 27 de enero de 2012.

En consecuencia, esta Sala de conjueces, en distintas sentencias, ha precisado con
fundamento en el marco normativo reseñado que a los beneficiarios de la
bonificación por compensación se les debe otorgar el 80% por ciento de los ingresos
que devengan los magistrados de Alta Corte; estos ingresos deben incluir la prima
especial de servicios, la cual contiene todos los ingresos laborales percibidos por
los miembros del Congreso, dentro de los cuales se debe tener en cuenta las
cesantías percibidas por los mismos, de conformidad con la sentencia de unificación
de fecha 18 de mayo de 2016 dictada con ponencia del Conjuez Dr. Jorge Iván
Acuña Arrieta.19

-Del principio de la buena fe20 y su tratamiento jurisprudencial para devolución
de prestaciones periódicas

En relación con el principio de buena fe, es preciso tener en cuenta que fue
consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, en los siguientes términos:

18
Que dispuso incluir a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la
Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura.
19 Sala de Conjueces, sentencia de 01 de diciembre de 2020, Rad. 050012310002009012352 (0685-2014)

Demandante Willian Enrique Santa y otros. Conjuez Ponente Henry Joya Pineda
20
Se cita parte del análisis realizado sobre este principio en sentencia de 18 de noviembre de 2020 proferida
por esta Subsección dentro del proceso radicado 73001-23-33-000-2015-00071-01 (4079-2016) con ponencia
de quien se ocupa de esta providencia.

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«ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá
en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

En la ponencia relativa al principio de buena fe en la Asamblea Nacional
Constituyente se señaló que este tiene dos elementos fundamentales:

El primer elemento lo constituye el deber genérico de obrar de buena fe, lo que
implica un límite a los derechos de los particulares, quienes no pueden abusar del
ejercicio de las prerrogativas que el ordenamiento les reconoce, y además, sirve de
barrera para evitar la desviación de poder de las autoridades.

El segundo elemento, se encuentra en la presunción de buena fe en la actuación de
los particulares, la cual se justificó en los siguientes términos:

«Este principio que parecería ser de la esencia del derecho en Colombia ha sido
sustituido por una general desconfianza hacia el particular. Esta concepción
negativa ha permeado todo el sistema burocrático colombiano, el cual, so pretexto
de defenderse del asalto siempre mal intencionado de los particulares, se ha
convertido en una fortaleza inexpugnable ante la cual sucumben las pretensiones
privadas, enredadas en una maraña de requisitos y procedimientos que terminan
por aniquilar los derechos sustanciales que las autoridades están obligadas a
proteger»21.

En relación con este principio Karl Larenz afirmó que «El ordenamiento jurídico
protege la confianza suscitada por el comportamiento de otro y no tiene más
remedio que protegerla, porque "...poder confiar, es condición fundamental para
una pacífica vida colectiva y una conducta de cooperación entre los hombres, y, por
tanto, de paz jurídica»22.

La Corte Constitucional ha definido el principio de la buena fe como aquel que exige
a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una
conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de
una «persona correcta (vir bonus)»23. En este contexto, la buena fe presupone la
existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la
«confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada»24.

Así mismo, en sentencia C- 840 de 2001 precisó aún más este principio y al respecto
señaló:

21
Cfr, Proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia Nro. 24. Título: Buena Fe. Autores:
Alvaro Gómez Hurtado y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Gaceta Constitucional 19, marzo 11 de 1991. p.
3.
22Karl Larenz. Derecho Justo. Fundamentos de ética jurídica. Monografías de Civitas. Madrid, Editorial Cívitas

S.A., 1.991. p. 91.
23
Ver Sentencia T-475 de 1992
24
Ibidem.

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« […] bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el
Constituyente que sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo,
mientras no obre prueba en contrario, la presunción de la buena fe que protege
las actuaciones de los particulares se mantiene incólume. En cuanto a los
servidores públicos no es que se presuma, ni mucho menos, la mala fe.
Sencillamente, que el margen de la presunción que favorece a los particulares,
las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al principio de
constitucionalidad que informa la ley y el principio de legalidad que nutre la
producción de los actos administrativos. Por consiguiente, podría decirse
entonces que la presunción de buena fe que milita a favor de los particulares, en
la balanza Estado-administración hace las veces de contrapeso institucional
de cara a los principios de constitucionalidad y legalidad que amparan en su
orden a la ley y a los actos administrativos»25.

De acuerdo con el anterior recuento normativo y jurisprudencial se tiene que (i) las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar
gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones
que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las
relaciones jurídico-administrativas, situación que admite prueba en contrario, como
lo señaló la Corte en sentencia C- 071 de 2004.

En lo que se refiere a la aplicación del citado principio frente a pagos efectuados por
error de la administración, la Sección Segunda ha dicho26 que las entidades no
pueden pretender recuperar las sumas de dinero ordenadas por equivocación
cuando son recibidas de buena fe, debiendo para ello, probar en la vía
administrativa y/o judicial la mala fe del demandante. Así lo señaló en sentencia de
21 de junio de 2007 en los siguientes términos:

«[…]
Observa la Sala, que la Resolución No. 0405 de 7 de noviembre de 1991, creó a
favor del demandando una situación jurídica de carácter particular y concreto, en
la medida en que le reconoció el pago de una suma específica, por concepto de
pensión mensual vitalicia de jubilación, que por lo mismo, ingresó a su patrimonio,
y no obstante no corresponder a la legal, estando la Administración en la obligación
de demandar su propio acto ante la imposibilidad de obtener el consentimiento del
particular para revocarlo; lo cierto es, que la demandante incurrió en error al
reconocer la suma que debía pagar al pensionado, equívoco en el que no tuvo
participación el titular del derecho, lo que confirma, que si la Administración,
fundada en su propia negligencia, pretende la devolución de las sumas pagadas
en exceso, como en este caso, vulnera de manera franca el principio de la buena
fe del gobernado.

Lo anterior aunado al hecho, de que en el transcurso del proceso, no se afirmó ni se
demostró que el demandado hubiera incurrido en comportamientos deshonestos, en
actos dolosos y de mala fe, para obtener la pensión de jubilación.

Corte Constitucional, sentencia C – 840 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Jaime Araújo Rentería.
25
26
Ver sentencias de 2 de marzo de 2000. Expediente No. 12.971. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda; de 17 de
mayo de 2007. Exp. 3287-05. M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado

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[…]
Con lo anterior, los pagos efectuados por la Universidad tienen amparo legal, porque
fueron recibidos de buena fe por el jubilado y en ese orden, se considera que mal
puede ahora la demandante, alegar a su favor, su propia culpa, para tratar de
recuperar unos dineros, que como se advierte, fueron recibidos por una persona
amparada por el principio de la buena fe […]».27

De igual manera, en sentencia de 1.º de septiembre de 2014, la Subsección A de la
Sección Segunda de esta Corporación28, destacó lo siguiente:

«[…] el principio de la buena fe, que implica la convicción del ciudadano, en que el
acto emanado de la administración está sujeto a legalidad y por ende no tiene que
prever que sea susceptible de demanda judicial o revocatoria, pues existe una
legítima confianza en la actuación pública dada precisamente por la presunción de
legalidad de la que gozan los actos administrativos.

De acuerdo a lo anterior, tenemos que el principio de la buena fe señalado en el
inciso segundo del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de
menos, probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un
error de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos
legales, no puede la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de
recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe».

Sin embargo, en la citada providencia, al analizar un caso de reconocimiento de la
pensión gracia a un docente de carácter nacional a través de sentencia de tutela,
se precisó que en aquellos casos en que el reconocimiento prestacional no se
origina en un error de la administración, la discusión debía dirigirse a desvirtuar la
presunción legal que ampara la actuación del demandante, conforme con lo
señalado por el inciso 2.º del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, hoy establecido
en el literal c) numeral 1.º del artículo 164 del CPACA.

De acuerdo con lo anterior, la entidad estatal debe probar que el titular de la
prestación incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que
actuó de mala fe con el fin de obtener un beneficio al cual no tenía derecho.

En el sub lite, la única manifestación que al respecto realizó la entidad demandada
en la contestación de la demanda, es que al haberse revocado el fallo de tutela, esto
conlleva a que las cosas deben retrotraerse al momento previo a la emisión de dicho
fallo, lo cual abarca los pagos ejecutados en cumplimiento del mismo, pues los
pagos ejecutados por la administración fueron de buena fe; sin embargo, dicha
manifestación, sin ningún respaldo probatorio, no permite colegir que los
demandantes incurrieron en comportamientos que comprometieran su lealtad,
rectitud y honestidad, pues de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, toda persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar ante los

27Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 0488-07. M.P: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
28
Proceso radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), con ponencia del Consejero dr. Gustavo
Gómez Aranguren.

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jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, de ahí que no
resulte acertada la tesis esgrimida por el Agente del Ministerio Público, que como
se dijo, debe acompañarse de los elementos probatorios que permitan inferir que
se actuó de forma ilegal, fraudulenta o engañosa, pues en el ordenamiento jurídico
existen diversas acciones para reclamar los derechos sin que el uso de ellas denote
mala fe29, siendo deber de quien la alegue demostrar los hechos sobre los cuales
se fundamenta30.

Se observa entonces que, en atención a la falta de pruebas, no es procedente la
devolución de las sumas percibidas por efectos del reajuste de la bonificación por
compensación ordenado en la sentencia de tutela de primera instancia, toda vez
que no se desvirtuó la presunción de buena fe que ampara el actuar de los
demandantes, y por lo tanto, no están obligados a devolver lo que ya les fue
cancelado por este concepto, como equivocadamente lo sugiere el Agente del
Ministerio Público31.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta además que el artículo136 del Código
Contencioso Administrativo, que es la norma aplicable al presente asunto, dispone:
Caducidad de las acciones:

«1. La acción de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la
expedición del acto.
2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación,
comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos
que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier
tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
3. La acción sobre los actos presuntos que resuelvan un recurso podrá
interponerse en cualquier tiempo.» (Subrayado fuera de texto)

Así mismo, la Sala resalta también que no se advierte que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial tuviera competencia para proferir un acto administrativo con
el fin de obtener el reintegro de un dinero que de buena fe recibieron los
demandantes, tomando en consideración que el fallo de tutela de segunda instancia
de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de La Judicatura, no
ordenó que el mismo se realizara, a sabiendas que los accionantes si le asistía un
derecho laboral, conforme al Decreto 610 de 1998.

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicación: 19001 23 31 000 2012 00251 01 (2036-

2015).
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de marzo de 2017, proceso con radicado
19001-23-31-000-2012-00251-01 (2036-2015).
31
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda- Subsección "A"- Consejero
Ponente: Gabriel Valbuena Hernández- sentencia del ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021)- radicación
número: 05001-23-33-000-2014-00988-01(2531-17).

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Tratándose de revertir los efectos de los actos propios, como lo era el acto que
ordenó el pago que dispuso el fallo de tutela de primera instancia, lo que debió hacer
la demandada fue iniciar las acciones a que hubiere lugar para obtener la
declaratoria de responsabilidad del funcionario judicial en reintegrar los dineros al
fisco en virtud de haber realizado un pago de lo debido y no una actuación
administrativa fundada en la supuesta existencia de facultades de cobro coactivo.

Ahora bien, es preciso recordar que la Sala de Conjueces de esta Corporación,
mediante sentencia del 14 de diciembre de 2011, con ponencia del Conjuez Dr.
Carlos Orjuela Góngora, decretó la Nulidad del Decreto 4040 del año 2004, por
contrariar garrafalmente los preceptos constitucionales laborales de los
trabajadores del poder público, invocados en la demanda de nulidad que se
adelantó, por lo que recobró vigencia el Decreto 610 de 1998, quedando indemnes
los derechos allí consagrados, en favor de todas las personas que en su sentir
tuvieran derecho al régimen de bonificación.

Conforme a lo anterior, se puede colegir que en efecto existía una prestación social
a favor de determinados funcionarios públicos, lo que constituía un derecho laboral
adquirido, por lo que la buena fe los actores está demostrada para esta Sala,
máxime cuando la entidad demandada no presentó ningún argumento para ser
desvirtuada, como ya se precisó.

Ahora bien, frente a o solicitado por el Agente del Ministerio Público en el recurso
de alzada de que se adicione el fallo impugnado en el sentido de que operó la figura
de la compensación.

Al respecto, la Sala advierte que es procedente que si la Nación – Rama Judicial,
acredita haber pagado sumas de dinero por concepto de reajuste o reliquidación de
la bonificación por compensación a favor del demandante, con base en transacción,
conciliación, pago de la diferencia por orden de tutela o equivalentes, pueda
legítimamente descontarlas de la liquidación que resulte por el cumplimiento de una
providencia posterior que imponga dichos pagos, por lo que se adicionara la
sentencia en tal sentido.

Conclusión: La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tenía la facultad
para proferir un acto administrativo con el fin de obtener el reintegro de un dinero
que de buena fe recibieron los demandantes, en primer lugar, porque el fallo de
segunda instancia de tutela no ordenó que el mismo se realizara; en segundo,
porque para la emisión del acto debió surtir un procedimiento previo dentro del cual
aquella hubiese podido ejercer su derecho de defensa y contracción; y tercero,
porque no se encuentra demostrados que los demandantes hubieren actuado de
mala fe.

3. DECISIÓN

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Sentencia de Segunda Instancia
Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral
Número Interno: 0978-2014
Demandante: Franklin Alirio Florez Carvajal y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO.- ADICIÓNASE la sentencia apelada en el sentido de que si la Nación –
Rama Judicial, acredita haber pagado sumas de dinero por concepto de reajuste o
reliquidación de la bonificación por compensación a favor de los aquí demandantes,
con base en transacción, conciliación, pago de la diferencia por orden de tutela o
equivalentes, pueda legítimamente descontarlas de la liquidación que resulte por el
cumplimiento de una providencia posterior que imponga dichos pagos.

SEGUNDO.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 20 septiembre de 2013, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo de Nariño- Sala de Conjueces accedió a
las pretensiones de la demanda presentada por Franklyn Flórez Carvajal, Angela
Osejo de Guerrero, Gloria Marly Oviedo Zambrano, Jaime Cabrera Jiménez, Fabio
Raúl López Chaves, José Guillermo Coral Chaves, Carlos Javier Moncayo
Calvache, Edgar Montenegro Espíndola, Álvaro Alfredo O´byrne Delgado, Gabriel
Guillermo Ortiz Narváez y Jorge Arturo Unigarro Rosero en contra la Nación – Rama
Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones y con las
precisiones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO.- NO CONDENAR en costas.

CUARTO.- Ejecutoriada esta providencia, regístrese en la plataforma SAMAI y
devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Firmado electrónicamente
MIGUEL ARCANGEL VILLALOBOS CHAVARRO
Conjuez Ponente

Firmado electrónicamente
CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS
Conjuez

Firmado electrónicamente

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Sentencia de Segunda Instancia
Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral
Número Interno: 0978-2014
Demandante: Franklin Alirio Florez Carvajal y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

NESTRO RAÚL CORREA HENAO
Conjuez

Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA
Conjuez

SALVA DE VOTO
Firmado electrónicamente
HÈCTOR SANTAELLA QUINTERO
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
de Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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