Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00988-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acto susceptible de control judicial: constituye la expresión de voluntad unilateral de la administración
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2014-00988-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2014-00988-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
8 de julio de 2021
ACTO SUSCEPTIBLE DE CONTROL JUDICIAL - Constituye la expresión de voluntad unilateral de la administración / ACTO DE EJECUCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO DE TUTELA - Se debe verificar si éste creó, modificó o extinguió una situación no debatida / ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE INCLUYE LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS EN UN CIEN POR CIENTO EN LA LIQUIDACIÓN PENSIONAL - Esta decisión era de competencia del juez natural únicamente / BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS - Inclusión en la liquidación pensional en una doceava parte / RELIQUIDACIÓN PENSIONAL - Procedente / REINTEGRO DE DINEROS - Presunción de buena fe no desvirtuada
Para resolver este interrogante es necesario recordar que el acto administrativo, constituye la expresión de voluntad unilateral de la administración destinada a producir efectos en el mundo jurídico, y que dependiendo del ámbito en que éstos se extienden, pueden ser de contenido general o particular. A efectos de establecer si es posible analizar la legalidad de un acto de ejecución proferido en virtud de una sentencia de tutela, se debe verificar si éste creó o, modificó o extinguió una situación no debatida en la acción constitucional; si la decisión de la administración desbordó las órdenes dadas por el funcionario judicial; si la decisión de tutela fue de carácter transitorio o definitivo; y si su asunto ha sido objeto o no de control de legalidad por parte de su juez natural. El citado acto demandado dispuso la inclusión de la bonificación por servicios en la liquidación pensional del señor Restrepo Escudero, en la totalidad de lo percibido por dicho concepto en el año 2003, cuando, debió hacerlo en una doceava parte, lo que generó un incremento injustificado de la mesada pensional, así como el pago de diferencias pensionales desde el 1.° de mayo de 2003 con lo cual se propició una afectación significativa del patrimonio público, situación que impone declarar su nulidad, tal como estimó el Tribunal Administrativo de Antioquia en la decisión de 6 de marzo de 2017. En atención a la falta de pruebas que respalden la tesis de la UGPP, según la cual el demandado actuó al margen del principio de la buena fe, no es posible ordenar la devolución de las sumas percibidas por efectos de la reliquidación pensional con la inclusión en la base liquidatoria del 100% de la bonificación por servicios toda vez que no se desvirtuó la presunción de buena fe que ampara el actuar del demandado, y por lo tanto, la parte demandada no está obligada a devolver lo que ya le fue cancelado por este concepto.
FUENTE FORMAL: DECRETO 247 DE 1997
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN "A"
Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 05001-23-33-000-2014-00988-01(2531-17)
Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Demandado: GUSTAVO DE JESÚS RESTREPO ESCUDERO
Referencia: TEMA: PENSIÓN DE JUBILACIÓN DECRETO 546 DE 1971 - LIQUIDACIÓN BONIFICACIÓN POR SERVICIOS - DEVOLUCIÓN DE SUMAS PAGADAS EN EXCESO. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / LEY 1437 DE 2011.
ASUNTO
1. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 6 de marzo de 2017, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. Pretensiones
2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante -UGPP-, por conducto de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, solicitó la nulidad de la Resolución RDP 046569 de 7 de octubre de 2013, que, en cumplimiento de un fallo de tutela, reliquidó la pensión que le fuera reconocida al señor Gustavo de Jesús Restrepo Escudero, de conformidad con el Decreto 546 de 1971, con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios prestados.
3. Igualmente requirió que se declare que el señor Gustavo de Jesús Restrepo Escudero no tenía derecho a la reliquidación de la pensión en los términos ordenados por el fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales el 13 de septiembre de 2007, y por lo tanto no hay lugar al pago de valor alguno en virtud de la resolución acusada.
4. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho pretendió que se le ordene al demandado reintegrar la totalidad de las sumas canceladas en virtud del acto que le reliquidó la pensión de jubilación incluyendo el 100% de la bonificación de servicios, sumas que deberán ser indexadas al momento del pago y que se condene en costas al accionado.
5. Subsidiariamente solicitó que, en caso de no acceder a la pretensión de reintegro total de las sumas percibidas por concepto de la reliquidación indicada, en su lugar, se le ordene al señor Restrepo Escudero realizar la devolución de aquellas percibidas con posterioridad a la presentación de la demanda.
2.2. Hechos
6. Los fundamentos fácticos de la demanda son los siguientes:
El señor Gustavo de Jesús Restrepo Escudero, nació el 29 de enero de 1945 y prestó sus servicios en la Rama Judicial, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación desde el 1.° de agosto de 1965 hasta el 30 de abril de 2003,siendo su último cargo el de técnico judicial. Mediante la Resolución 0053217 de 8 de marzo de 2001 la Caja Nacional de Previsión Social, en adelante CAJANAL, le reconoció al señor Restrepo Escudero una pensión de jubilación de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con los factores señalados en el artículo 1.º del Decreto 1158 de 1994, en cuantía de $915.376.03, efectiva a partir del 1.° de mayo de 2000, condicionada al retiro definitivo del servicio. A través de la Resolución 004230 del 27 de agosto de 2001, CAJANAL resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión anterior, confirmándola. Mediante Resolución núm. 4555 del 13 de septiembre de 2001, se dio cumplimiento a un fallo de tutela proferido por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, de 16 de agosto de 2001, que ordenó reliquidar la pensión del señor Restrepo Escudero y en consecuencia se declaró sin efectos legales la Resolución 004230 del 27 de agosto de 2001 y se modificó el artículo 1.º de la Resolución 005317 del 8 de marzo de 2001 reconociendo la pensión de jubilación en cuantía de $1´139.418.12, es decir, con el 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, de acuerdo con el Decreto 546 de 1971. Nuevamente, mediante la Resolución 07989 del 22 de abril de 2003 CAJANAL le reliquidó la pensión al señor Gustavo de Jesús Restrepo Escudero, elevándose la cuantía de la misma a $1´506.621.06 pesos, efectiva a partir del 1.° de agosto de 2002, condicionada al retiro del servicio. Por Resolución 311175 del 23 de diciembre de 2004 CAJANAL le reliquidó la citada prestación por retiro definitivo del servicio, y en consecuencia se acrecentó la cuantía de la prestación a $1´710.936.93 pesos, efectiva a partir 1.° de mayo de 2003. Luego, a través de las Resoluciones 43676 del 28 de agosto de 2006 y 05559 del 18 de febrero de 2008, se le negó la reliquidación de la prestación con inclusión del 100% de la bonificación por servicios prestados solicitada por el pensionado. Mediante fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales de 13 de septiembre de 2007, radicado 2007-00127-00, se le ordenó a CAJANAL reliquidar al señor Restrepo Escudero la pensión de jubilación con inclusión del 100% de la bonificación por servicios, al considerar que no podía ser fraccionada. A través de la Resolución PAP 02767 del 29 de noviembre de 2010 proferida por CAJANAL en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, se negó la reliquidación de la pensión al interesado, teniendo en cuenta que la pensión ya reconocida era superior a la reliquidación ordenada por el fallo de tutela. La anterior resolución fue aclarada por la Resolución PAP 44809 del 23 de marzo de 2011. Por Resolución PAP 054191 del 19 de mayo de 2011 se resolvió, de forma negativa, una solicitud de revocatoria directa interpuesta en contra de la Resolución 27627 del 29 de noviembre de 2010 al encontrarla ajustada a derecho. Luego, mediante fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Penal, de 21 de octubre de 2011, radicado 2007-0024500, se concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia que fueron invocados por CAJANAL EICE en Liquidación y se declaró la nulidad del trámite de tutela núm. 2007-00127-00 adelantado en el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, a partir del auto de 31 de agosto de 2007, mediante el cual se admitió la demanda, a efectos de adelantar nuevamente el trámite garantizando el debido proceso y con ello, vinculando de manera efectiva a CAJANAL EICE en Liquidación.
A través de fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales el 16 de noviembre de 2011, radicado núm. 1700131040070012700, se negó la tutela de los derechos fundamentales del debido proceso, la igualdad, la seguridad social, y al mínimo vital, invocados por los allí accionantes, y se tuteló el derecho de petición invocado por el Dr. Hernando Laguna Rubio por lo que ordenó al gerente liquidador de CAJANAL EICE en Liquidación que, definiera de fondo la solicitud de pensión de jubilación
Mediante sentencia de 29 de octubre de 2012 proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, se concedió el amparo de los derechos al debido proceso de Luis Octavio Muñoz Montoya y Gustavo de Jesús Restrepo Escudero contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales y dejó sin efecto la sentencia de 20 de octubre de 2011 dictada por dicha autoridad judicial, dentro de la acción de tutela promovida por CAJANAL EICE en liquidación contra el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales a efectos de que la Corporación accionada culminara las gestiones necesarias para garantizar a los accionantes el ejercicio del derecho de defensa en la acción constitucional y emitiera la decisión correspondiente para resolver la referida solicitud de amparo, asimismo ordenó que «la Corporación tutelada deberá adoptar las medidas pertinentes para que cese todo efecto jurídico de cualquier providencia que se haya emitido en atención a lo resuelto en el fallo de tutela antes referido». El Tribunal Superior de Manizales, Sala de Decisión Penal, mediante fallo de 26 de noviembre de 2012 dictado dentro del proceso de acción de tutela 2012-00245-01, denegó por improcedente el amparo invocado por CAJANAL EICE en Liquidación y ordenó a dicha entidad «[…] que cese todo efecto jurídico que haya producido la sentencia pretenda por esta Sala de fecha octubre 20 de 2011, dentro del trámite tutelas radicado nº 20070012700 del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de esta ciudad y con relación a cada una de las personas que aparecen como demandantes en esta acción constitucional. Para tal fin, CAJANAL EICE en liquidación deberá presentar el correspondiente informe de cumplimiento en un término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de este fallo». Mediante sentencia de 30 de enero de 2013, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decidió confirmar la sentencia impugnada. Mediante Auto ADP 002305 del 13 de febrero de 2013 la UGPP ordenó el archivo de la solicitud presentada por el señor Gustavo de Jesús Restrepo Escudero el 4 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta que la Resolución 27627 del 29 de noviembre de 2010, perdió sus fundamentos de derecho y de hecho. Posteriormente, mediante Resolución RDP 046569 del 7 de octubre de 2013 la UGPP reliquidó la pensión de jubilación del señor Restrepo Escudero dando cumplimiento al fallo de tutela proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales del 13 de septiembre de 2007 y en consecuencia reliquidó la prestación elevando la cuantía a $2´058.047, efectiva a partir del 1.° de mayo de 2003. Así mismo ordenó pagar al interesado las diferencias de manera indexada.
2.3. Normas violadas y concepto de violación
7. En la demanda se invocaron como disposiciones vulneradas los artículos 48, 53, 128, 228 y 230 de la Constitución Política, 45 y 46 del Decreto 1042 de 1978, 6.°, 7.° y 8.° del Decreto 546 de 1971 y, los artículos 34 y 36 de la Ley 100 de 1993.
8. Como concepto de violación, la entidad demandante sostuvo que la liquidación forzada que se hizo en la Resolución RDP 046569 de 7 de octubre de 2013 es contraria a la ley, ya que en los Decretos 1042 de 1978, 10 de 1989 y 247 de 1997, se estableció que la bonificación por servicios es una «prima anual», por lo que se debe tener en cuenta en una doceava parte para efectos de la liquidación de la pensión, como se ha establecido en abundante jurisprudencia.
9. Además de lo expuesto, indicó que el Consejo de Estado ha señalado que cualquier acto de ejecución que contenga elementos sustanciales es demandable ante esta jurisdicción, y que, no existía competencia del juez constitucional para reconocer el emolumento de forma definitiva a través de una acción de tutela.
2.4. De la solicitud de suspensión provisional
10. La entidad demandante solicitó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución RDP 046569 de 7 de octubre de 2013 mediante la cual, en cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales del 13 de septiembre de 2007, reliquidó la pensión de vejez incluyendo el 100% de la bonificación por servicios como factor salarial.
11. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante providencia de 21 de julio de 2015, negó la solicitud de suspensión provisional.
12. Contra la anterior decisión la demandante interpuso recurso de reposición que fue desatado por esa Corporación a través de providencia de 18 de agosto de 2015, en la cual confirmó el auto adoptado inicialmente.
13. Dicha solicitud de suspensión provisional fue reiterada por la entidad el 29 de marzo de 2017 en el recurso de apelación formulado en contra de la sentencia de 6 de marzo de 2017 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Mediante proveído de 17 de enero de 2020 esta Subsección denegó la suspensión provisional del acto demandado.
2.5. Contestación a la demanda.
14. El señor Gustavo de Jesús Restrepo Escudero, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y explicó que la decisión del juez constitucional, por medio de la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de la bonificación judicial en un 100%, no fue impugnada ni revisada por la Corte Constitucional, por lo que se trata de un fallo judicial que se encuentra debidamente ejecutoriado y que no puede ser cuestionado a través de la presente acción.
15. Igualmente indicó que el accionado actuó de buena fe, por cuanto estimó que la liquidación de su pensión con la citada inclusión de la bonificación judicial se ajustó a derecho, tal como lo señaló el juez constitucional. Por tanto, solicitó que, en caso de ordenarse la nulidad del acto administrativo demandado, se le exonere de restituir el dinero percibido por dicho concepto comoquiera que actuó bajo los postulados del principio de la buena fe.
16. Propuso las excepciones de «falta de legitimación por activa», «cosa juzgada y seguridad jurídica» y «buena fe».
2.6. Decisiones relevantes en la audiencia inicial
17. Durante el trámite de la audiencia inicial, celebrada el 12 de mayo de 2016, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación por activa y «cosa juzgada y seguridad jurídica» para lo cual señaló que el acto administrativo sí es demandable y por ende le asiste legitimidad a la entidad para demandar su propio acto y además que los argumentos formulados frente a la excepción de cosa juzgada no tenían fundamento legal alguno.
18. Adicionalmente, fijó el litigio en los siguientes términos:
«[…] Corresponde a la Sala determinar la legalidad de la resolución demandada No. RDP 046569 del 7 de octubre de 2013, por medio de la cual se dio cumplimiento a un fallo de tutela del 13 de septiembre de 2013 proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, que ordena la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Gustavo de Jesús Restrepo Escudero incluyendo el 100% de lo devengado por concepto de bonificación por servicios, determinando la procedencia de esta acción para la revisión de actos expedidos con ocasión de un fallo de tutela y en caso afirmativo se decidirá sobre el porcentaje de dicha bonificación, en tanto considera la parte actora deben (sic) ser proporcional, esto es, por una doceava parte como lo venía recibiendo o como lo considera la demandada en un 100% tal como lo ordenó el fallo de tutela.»
2.7. La sentencia de primera instancia.
19. El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de sentencia de 6 de marzo de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas.
20. Para arribar a las anteriores determinaciones se refirió al régimen pensional de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y el Ministerio Público, así como al marco normativo de reconocimiento de la bonificación por servicios prestados y explicó que, de conformidad con lo señalado por el Consejo de Estado, ésta debe ser incluida únicamente en una doceava parte, pues se percibe por una única vez en el año.
21. Asimismo, indicó que la orden impartida por el Juez de tutela, referente a incluir la bonificación por servicios prestados en un 100%, no se ajustó a los parámetros establecidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que declaró la nulidad de la Resolución RDP 046569 de 7 de octubre de 2013.
22. Además, señaló que no había lugar a devolver las sumas percibidas por el señor Restrepo Escudero, de acuerdo con lo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues fueron percibidas de buena fe.
23. En consecuencia declaró lo siguiente:
La nulidad de la Resolución 046569 de 7 de octubre de 2013, por medio de la cual se reliquidó la pensión de jubilación del señor Gustavo de Restrepo Escudero con inclusión del 100% de la bonificación judicial.
Ordenó a la UGPP realizar una nueva liquidación de la pensión de jubilación al demandado en la que se liquide la bonificación por servicios, de acuerdo con las previsiones legales y jurisprudenciales, allí expuestas y en una doceava parte.
Negó las restantes pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas.
2.8. Recurso de apelación
2.8.1. El apoderado del señor Gustavo de Jesús Restrepo Escudero interpuso recurso de apelación en el cual indicó que debía revocarse la decisión de primera instancia.
24. Según lo indicó, la UGPP no interpuso recurso alguno frente a la providencia proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales donde se ordenó reconocer y pagar a favor del demandado el 100% de la bonificación por servicios, a efectos de que fuera objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional con lo cual no es procedente ahora cuestionar, a través de este proceso, los actos que debieron emitirse en cumplimiento de la citada decisión judicial pues ello atenta contra la seguridad jurídica y por cuanto allí se decidió que sí tenía derecho a la citada inclusión de la bonificación en su pensión.
25. Finalmente, solicitó que se mantenga la decisión de no condenar en costas al demandado, quien actuó de buena fe cuando solicitó su reliquidación pensional.
2.8.2. La apoderada de la UGPP solicitó que se revoque parcialmente la sentencia de 6 de marzo de 2017, en lo relacionado con la devolución de las sumas pagadas en exceso al señor Gustavo de Jesús Restrepo Escudero, pues consideró que existió una actitud dolosa y de mala fe de su parte, dado que la pensión se debió liquidar con la doceava parte de la bonificación por servicios, y debido a que la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su incumplimiento.
26. A ello agregó que la mala fe del señor Restrepo Escudero se puede advertir por el hecho de que haya accedido al derecho a través de una acción de tutela, cuando el mecanismo procedente era ante el juez natural, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho. Además, con la no prueba de la mala fe se ha defraudado a las entidades encargadas del reconocimiento y pago de pensiones afectando el sistema pensional.
2.9 Alegatos de conclusión
2.9.1. La apoderada de la entidad demandante en síntesis, reiteró sus planteamientos frente a que debe ordenarse la devolución de las sumas percibidas por el señor Restrepo Escudero toda vez que se obtuvo un beneficio de una decisión judicial que no proviene del juez natural de la materia, como es el fallo judicial de tutela que dio origen a la resolución acusada.
2.9.2. Tanto la parte accionada como el agente del Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
27. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia resolverá sin limitaciones cuando las partes hayan controvertido la totalidad de la sentencia, tal como sucede en el presente caso.
3.3. Problema jurídico
28. Con fundamento en lo anterior, en esta oportunidad la controversia se contrae a establecer:
(i) ¿La Resolución RDP 046569 de 7 de octubre de 2013, proferida por la UGPP, es un acto susceptible de control judicial?
(ii) ¿El señor Gustavo de Jesús Restrepo Escudero, tiene derecho a que se reliquide su pensión de jubilación con el cómputo del 100% de lo devengado por concepto bonificación por servicios prestados?
(ii) Si la respuesta al anterior interrogante es negativa deberá determinarse si ¿conforme con el principio de la buena fe, el señor Restrepo Escudero debe devolver a la demandante las sumas percibidas en exceso por la inclusión en su pensión de jubilación de la bonificación por servicios en el porcentaje total de lo percibido en el último año de servicios?
3.4. Fondo del asunto
3.4.1. Primer problema jurídico. ¿La Resolución RDP 046569 de 7 de octubre de 2013, proferida por la UGPP, es un acto susceptible de control judicial?
29. Para resolver este interrogante es necesario recordar que el acto administrativo, constituye la expresión de voluntad unilateral de la administración destinada a producir efectos en el mundo jurídico, y que dependiendo del ámbito en que éstos se extienden, pueden ser de contenido general o particular.
30. Ahora bien, el artículo 43 del CPACA dispone que «Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación», actos estos que son susceptibles de control judicial.
31. Por su parte, los actos de cumplimiento o ejecución, no contienen una expresión de voluntad sino que son aquellos a través de los cuales la administración materialmente cumple la orden dada por un funcionario judicial dentro de una providencia, razón por la cual se ha señalado que carece de control judicial y de discusión en vía administrativa como lo consagra el artículo 75 del CPACA. Esto a menos que al materializar la orden dada por el juez, la autoridad desborde las directrices establecidas en la sentencia, en cuyo caso, el perjudicado quedará habilitado para discutir en juicio aquello en que hubo incumplimiento por parte de la administración.
32. Específicamente frente a los actos de ejecución expedidos en cumplimiento de una acción de tutela, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación ha señalado que dicho mecanismo constitucional tiene por objeto la protección de derechos fundamentales, lo cual no impide que el juez natural conozca de las demandas contra actos administrativos de ejecución expedidos por virtud de dicha acción, en los siguientes términos:
«[…]
Es cierto que la resolución de reconocimiento de la pensión fue expedida en cumplimiento de la sentencia que definió una acción de tutela, en un proceso en que se encontró amenaza o vulneración de derechos fundamentales, no obstante, es importante recordar que la acción de tutela está dirigida a proteger derechos fundamentales, sin que nada obste que el juez competente conozca de las demandas en contra de actos administrativos y decida si estos se ajustan a la legalidad o no. De allí que si bien la resolución en cuestión tiene la connotación de acto de ejecución, al ser cumplimiento de una sentencia, lo cierto es que la orden fue impartida dentro de una acción de tutela que es de naturaleza distinta a la de la acción ordinaria, motivo por el cual es probable su estudio a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En esas condiciones, la Entidad solamente contaba con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad del acto que ella misma expidió, y al haber rechazado la demanda con el argumento de que el acto administrativo no es demandable, vulneró los derechos de la entidad demandante, cercenándole la oportunidad de controvertir en sede judicial la legalidad del acto que ella misma expidió.
[…]».
33. Igualmente, la Subsección B de esta Sección, en sentencia de 7 de febrero de 2019 señaló que, al definirse una situación concreta en un acto administrativo a partir de una sentencia de tutela, ello no enerva el control de su juez natural, que no es otro, al contencioso de legalidad:
«[…]
De esta manera, la acción de tutela tiene rasgos propios inspirados en la defensa de los derechos fundamentales de las personas, y sus decisiones de amparo, si bien permean la esfera del juez ordinario, lo hacen de manera excepcional, de modo que distingue el propósito de cada acción o medio de control como el mecanismo idóneo e inequívoco para definir desde el plano de la justicia la existencia de un derecho, como en el sub-lite, donde se discute la legalidad de un acto administrativo de contenido prestacional, asunto que es privativo de esta jurisdicción en virtud del artículo 238 superior. Así las cosas, se respeta el principio del juez natural de la controversia de legalidad.
[…]».
34. Se colige de lo anterior, que a efectos de establecer si es posible analizar la legalidad de un acto de ejecución proferido en virtud de una sentencia de tutela, se debe verificar si éste creó o, modificó o extinguió una situación no debatida en la acción constitucional; si la decisión de la administración desbordó las órdenes dadas por el funcionario judicial; si la decisión de tutela fue de carácter transitorio o definitivo; y si su asunto ha sido objeto o no de control de legalidad por parte de su juez natural.
35. En este caso, a través de la sentencia de 13 de septiembre de 2007 dictada dentro del proceso de acción de tutela 2007-00127-00, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales estimó que la Caja Nacional de Previsión Social debió «[…] tener en cuenta para el reconocimiento de la pensión de jubilación a cada uno de los actores, el salario mensual más alto devengado durante el último año de servicios prestados, una doceava (1/12). de los factores salariales, primas de navidad, servicios, vacaciones, alimentación, etc.); y la bonificación por servicios prestados que se venía devengando al momento del retiro definitivo del servicio; que debió incluirse en un cien por ciento (100%); y no en una doceava (1/12), como caprichosamente fue aplicada para desmejorar ostensiblemente el monto de la pensión, afectando su condición de vida, al quedar en desigualdad frente a otros pensionados que vienen recibiendo esta prestación con sujeción a las leyes que rigen el proceso de liquidación de la pensión». Con base en lo anterior dispuso (sic para toda la cita):
«PRIMERO: SE TUTELA de manera definitiva los derechos constitucionales fundamentales de petición, debido proceso, seguridad social en pensiones, la igualdad y el mínimo vital, invocados por los señores ANCIZAR RAMIREZ TORO y demás pensionados relacionados en esta acción de tutela, a través de Apoderado judicial.
SEGUNDO: ORDENA a la Entidad accionada representada por el Dr. RICARDO VILLA GONZALEZ, proceda en el término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de esta decisión, a RELIQUIDAR Y PAGAR la pensión de jubilación a los titulares del derecho […] GUSTAVO DE JESÚS RESTREPO ESCUDERO cc. 4.341.177, resolución 31175 de diciembre de 2004, […], con estricta sujeción a lo consignado en este fallo, siempre y cuando cumplan con los requisitos de Ley.
TERCERO: […].
CUARTO: SE RESPETARÁ POR PARTE DEL ENTE DEMANDADO LOS DERECHOS RECONOCIDOS A LOS ACCIONANTES A TRAVÉS DE TUTELAS ANTERIORES DEBIDAMENTE EJECUTORIADAS, MANTENIENDO INMODIFICABLE LA BASE PORCENTUAL SUPERIOR AL 75% DE LIQUIDACIÓN DE SUS PENSIONES AL MOMENTO DE PROCEDER A SU RELIQUIDACIÓN CONFORME A LO REGLADO EN ESTA SENTENCIA.
[…]».
36. Como se aprecia, el amparo concedido en providencia judicial en cita, se otorgó en forma definitiva, desconociendo que tal decisión era de competencia del juez natural como es lo es el contencioso administrativo, a quien le incumbe decidir si la citada bonificación por servicios prestados debía incluirse en un 100% en la liquidación pensional del señor Restrepo Escudero de acuerdo con el régimen que le corresponde, situación que impone analizar el acto administrativo demandado, Resolución RDP046569 de 07 de octubre de 2013, toda vez que se profirió en cumplimiento de la citada decisión judicial.
3.4.2. Segundo problema jurídico. ¿El señor Gustavo de Jesús Restrepo Escudero, tiene derecho a que se reliquide su pensión de jubilación con el cómputo del 100% de lo devengado por bonificación por servicios prestados?
37. En primer lugar, debe recordarse que la bonificación por servicios prestados fue creada a través del Decreto Ley 1042 de 1978 por medio del cual se fijó el régimen salarial de los empleados del orden nacional (Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas Especiales), esto con el siguiente tenor:
«[…]
Artículo 45. A partir de la expedición de este decreto créase una bonificación por servicios prestados para los funcionarios a que se refiere el artículo 1.º.
Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año continuo de labor en una misma entidad oficial. Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1.º de este decreto, el tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio. Se entenderá que hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.
La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación básica y no será acumulativa».
«Artículo 46. De la cuantía de la bonificación por servicios prestados. La bonificación por servicios prestados a que tienen derecho los empleados que trabajan en las entidades a que se refiere el artículo 1.º de este decreto, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la asignación básica, los incrementos por antigüedad y los gastos de representación que correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual por concepto de asignación básica y gastos de representación superior a cien mil setecientos cincuenta pesos ($100.750).
Para los demás empleados la bonificación por servicios prestados será equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los tres (3) factores de salario señalados en el inciso anterior.
Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de servicio. […]».
38. Posteriormente, a través del Decreto 247 de 1997, se consagró la bonificación por servicios para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en los siguientes términos:
«Artículo 1. Créase la bonificación por servicios prestados para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Tribunales, Juzgados, Fiscalía General de la Nación, Direcciones Ejecutivas de la Administración Judicial, Consejos Seccionales de la Judicatura y empleados de las altas Corporaciones) y la Justicia Penal Militar, en los mismos términos establecidos en los artículos 45 y siguientes del Decreto-ley 1042 de 1978 y las demás normas que lo modifiquen o adicionen, la cual será exigible a partir del 1º de enero de 1997.
La Bonificación por Servicios Prestados constituirá factor salarial para efectos de determinar la prima de servicio, prima de navidad, vacaciones y prima de vacaciones, auxilio de cesantía y pensiones. […]».
39. Ahora bien, esta Corporación ha señalado que la bonificación por servicios prestados tiene carácter salarial y se incluye en la liquidación de la mesada pensional, en una doceava parte, tal como lo ha señalado reiteradamente esta Corporación, tal como lo indicó en sentencia del 15 de septiembre de 2016:
«[…]
Al hilo de lo anterior, para el cálculo de dicha bonificación y al tenor de lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978: «constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario y empleado como retribución por sus servicios», ha de entenderse que su inclusión en la liquidación de la pensión de jubilación no puede ser por el monto total de lo recibido en el año, el ciento por ciento (100%), sino por lo que corresponde a una mesada, o sea, una doceava (1/12) parte, ya que su pago se realiza anualmente, como lo ha dicho recientemente esta corporación en distintas decisiones […]».
40. Igualmente, en decisión de 9 de noviembre de 2017, se sostuvo:
«De acuerdo con lo anterior, es pacifica la jurisprudencia en el sentido de asociar la noción de factor de salario al ingreso base de liquidación pensional, contemplando además, que aquellos causados anualmente, o en periodos distintos al mensual, deben ser fraccionados para su respectiva inclusión; caso de la bonificación por servicios prestados, que corresponde a una prestación que remunera la acumulación del tiempo de servicio del empleado, y que se causa cada vez que cumple un año de labores».
41. Finalmente es de destacar la providencia de esta Subsección, de 20 de mayo de 2021, dictada dentro del proceso de radicado 73001-23-33-004-2016-00537-01(4451-18), donde se señalaron las siguientes pautas:
i). La bonificación por servicios prestados constituye factor salarial para efectos pensionales;
ii). Se causa cada vez que el servidor cumple un año continuo de labor en una misma entidad oficial;
iii). Pero ello no quiere decir que sea por el valor total porque el monto de la pensión se calcula en mesadas;
iv). Una vez se determinan los factores salariales devengados se calcula el valor mensual de cada uno (doceavas), a efectos de determinar la mesada pensional.
3.4.2.1. Caso concreto
42. Como ya se indicó, mediante sentencia de 13 de septiembre de 2007 dictada dentro del proceso de acción de tutela 2007-00127-00, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales consideró que la Caja Nacional de Previsión Social debió tener en cuenta para el reconocimiento pensional la bonificación por servicios prestados en un cien por ciento, para lo cual concedió el amparo solicitado, de forma definitiva y ordenó a la UGPP reliquidar y pagar la pensión de jubilación, entre otros, al señor Gustavo de Jesús Restrepo Escudero en los términos allí indicados.
43. Mediante Resolución RDP 046569 de 7 de octubre de 2013 suscrita por la subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP, en cumplimiento del precitado fallo de tutela, resolvió reliquidar la pensión del señor Restrepo Escudero con la inclusión total de la bonificación por servicios correspondiente a $794.800, percibida por el señor Restrepo Escudero en el año 2003, elevando la cuantía de la prestación a la suma $2´058.047 efectiva a partir del 1.° de mayo de 2003.
44. Como se aprecia, el citado acto administrativo demandado, pese a que se emitió en cumplimiento de una orden judicial, desconoció las normas que consagraron la bonificación por servicios, así como la pacífica posición jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado frente al tema, según la cual, debe ser incluida en una doceava parte y no sobre el 100% de la suma percibida por ese concepto, en consideración a que su pago se realiza de manera anual.
45. En ese sentido, el citado acto demandado dispuso la inclusión de la bonificación por servicios en la liquidación pensional del señor Restrepo Escudero, en la totalidad de lo percibido por dicho concepto en el año 2003, cuando, debió hacerlo en una doceava parte, lo que generó un incremento injustificado de la mesada pensional, así como el pago de diferencias pensionales desde el 1.° de mayo de 2003 con lo cual se propició una afectación significativa del patrimonio público, situación que impone declarar su nulidad, tal como estimó el Tribunal Administrativo de Antioquia en la decisión de 6 de marzo de 2017.
3.4.3. Tercer problema jurídico. ¿Conforme con el principio de la buena fe, el señor Restrepo Escudero debe devolver a la demandante las sumas percibidas en exceso por la inclusión en su pensión de jubilación de la bonificación por servicios en el porcentaje total de lo percibido en el último año de servicios?
46. La UGPP solicita que se ordene al demandado el reintegro de las sumas pagadas por concepto de la inclusión, en la pensión, de la bonificación por servicios prestados en un 100%, en virtud del acto administrativo demandado.
47. Como se advirtió, en el recurso se esgrimió que (i) no puede inferirse que el pensionado actuó con buena fe ya que si lo que se buscaba era la reliquidación por la inclusión en su totalidad del citado factor debió acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante el juez natural y no a la tutela, y que (ii) con la no prueba de la mala fe se ha defraudado a las entidades encargadas del reconocimiento y pago de pensiones con lo que se ha afectado el principio de sostenibilidad del sistema pensional y se ha ocasionado un daño patrimonial al Estado.
3.4.3.1. Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para devolución de prestaciones periódicas
48. En relación con el principio de buena fe, es preciso tener en cuenta que fue consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, en los siguientes términos:
«ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
49. En la ponencia relativa al principio de buena fe en la Asamblea Nacional Constituyente se señaló que este tiene dos elementos fundamentales:
50. El primer elemento lo constituye el deber genérico de obrar de buena fe, lo que implica un límite a los derechos de los particulares, quienes no pueden abusar del ejercicio de las prerrogativas que el ordenamiento les reconoce, y además, sirve de barrera para evitar la desviación de poder de las autoridades.
51. El segundo elemento, se encuentra en la presunción de buena fe en la actuación de los particulares, la cual se justificó en los siguientes términos:
«Este principio que parecería ser de la esencia del derecho en Colombia ha sido sustituido por una general desconfianza hacia el particular. Esta concepción negativa ha permeado todo el sistema burocrático colombiano, el cual, so pretexto de defenderse del asalto siempre mal intencionado de los particulares, se ha convertido en una fortaleza inexpugnable ante la cual sucumben las pretensiones privadas, enredadas en una maraña de requisitos y procedimientos que terminan por aniquilar los derechos sustanciales que las autoridades están obligadas a proteger».
52. En relación con este principio Karl Larenz afirmó que «El ordenamiento jurídico protege la confianza suscitada por el comportamiento de otro y no tiene más remedio que protegerla, porque "...poder confiar, es condición fundamental para una pacífica vida colectiva y una conducta de cooperación entre los hombres, y, por tanto, de paz jurídica».
53. La Corte Constitucional ha definido el principio de la buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una «persona correcta (vir bonus)». En este contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la «confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».
54. Así mismo en sentencia C- 840 de 2001 precisó aún más este principio y al respecto señaló:
« […] bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba en contrario, la presunción de la buena fe que protege las actuaciones de los particulares se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se presuma, ni mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que el margen de la presunción que favorece a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al principio de constitucionalidad que informa la ley y el principio de legalidad que nutre la producción de los actos administrativos. Por consiguiente, podría decirse entonces que la presunción de buena fe que milita a favor de los particulares, en la balanza Estado-administración hace las veces de contrapeso institucional de cara a los principios de constitucionalidad y legalidad que amparan en su orden a la ley y a los actos administrativos».
55. De acuerdo con el anterior recuento normativo y jurisprudencial se tiene que (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas, situación que admite prueba en contrario, como lo señaló la Corte en sentencia C- 071 de 2004.
56. En lo que se refiere a la aplicación del citado principio frente a pagos efectuados por error de la administración la Sección Segunda ha dicho que las entidades no pueden pretender recuperar las sumas de dinero ordenadas por equivocación cuando son recibidas de buena fe, debiendo para ello, probar en la vía administrativa y/o judicial la mala fe del demandante. Así lo señaló en sentencia de 21 de junio de 2007 en los siguientes términos:
«[…]
Observa la Sala, que la Resolución No. 0405 de 7 de noviembre de 1991, creó a favor del demandando una situación jurídica de carácter particular y concreto, en la medida en que le reconoció el pago de una suma específica, por concepto de pensión mensual vitalicia de jubilación, que por lo mismo, ingresó a su patrimonio, y no obstante no corresponder a la legal, estando la Administración en la obligación de demandar su propio acto ante la imposibilidad de obtener el consentimiento del particular para revocarlo; lo cierto es, que la demandante incurrió en error al reconocer la suma que debía pagar al pensionado, equívoco en el que no tuvo participación el titular del derecho, lo que confirma, que si la Administración, fundada en su propia negligencia, pretende la devolución de las sumas pagadas en exceso, como en este caso, vulnera de manera franca el principio de la buena fe del gobernado.
Lo anterior aunado al hecho, de que en el transcurso del proceso, no se afirmó ni se demostró que el demandado hubiera incurrido en comportamientos deshonestos, en actos dolosos y de mala fe, para obtener la pensión de jubilación.
[…]
Con lo anterior, los pagos efectuados por la Universidad tienen amparo legal, porque fueron recibidos de buena fe por el jubilado y en ese orden, se considera que mal puede ahora la demandante, alegar a su favor, su propia culpa, para tratar de recuperar unos dineros, que como se advierte, fueron recibidos por una persona amparada por el principio de la buena fe […]».
57. De igual manera, en sentencia de 1.º de septiembre de 2014, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, destacó lo siguiente:
«[…] el principio de la buena fe, que implica la convicción del ciudadano, en que el acto emanado de la administración está sujeto a legalidad y por ende no tiene que prever que sea susceptible de demanda judicial o revocatoria, pues existe una legítima confianza en la actuación pública dada precisamente por la presunción de legalidad de la que gozan los actos administrativos.
De acuerdo a lo anterior, tenemos que el principio de la buena fe señalado en el inciso segundo del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, incorpora una presunción legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos, probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales, no puede la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe».
58. Sin embargo, en la citada providencia, al analizar un caso de reconocimiento de la pensión gracia a un docente de carácter nacional a través de sentencia de tutela, se precisó que en aquellos casos en que el reconocimiento prestacional no se origina en un error de la administración, la discusión debía dirigirse a desvirtuar la presunción legal que ampara la actuación del demandante, conforme con lo señalado por el inciso 2.º del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, hoy establecido en el literal c) numeral 1.º del artículo 164 del CPACA.
59. De acuerdo con lo anterior, la entidad estatal debe probar que el titular de la prestación incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que actuó de mala fe con el fin de obtener un beneficio al cual no tenía derecho.
60. En el sub lite, la única manifestación que al respecto realizó la UGPP es que fue reprochable que el accionado acudiera a la acción de tutela para obtener la reliquidación pensional con la inclusión en la base liquidatoria del 100% de la bonificación por servicios prestados devengada durante el último año de servicio de aquel, sin embargo, dicha manifestación, sin ningún respaldo probatorio, no permite colegir que el señor Gustavo de Jesús Restrepo Escudero incurrió en comportamientos que comprometieran su lealtad, rectitud y honestidad, pues de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, de ahí que no resulte acertada la tesis esgrimida por la UGPP, que como se dijo, debe acompañarse de los elementos probatorios que permitan inferir que se actuó de forma ilegal, fraudulenta o engañosa, pues en el ordenamiento jurídico existen diversas acciones para reclamar los derechos sin que el uso de ellas denote mala fe, siendo deber de quien la alegue demostrar los hechos sobre los cuales se fundamenta.
61. Se observa entonces que, en atención a la falta de pruebas que respalden la tesis de la UGPP, según la cual el demandado actuó al margen del principio de la buena fe, no es posible ordenar la devolución de las sumas percibidas por efectos de la reliquidación pensional con la inclusión en la base liquidatoria del 100% de la bonificación por servicios toda vez que no se desvirtuó la presunción de buena fe que ampara el actuar del señor Gustavo de Jesús Restrepo Escudero, y por lo tanto, la parte demandada no está obligada a devolver lo que ya le fue cancelado por este concepto.
3.7. De la condena en costas
62. Las costas procesales, entendidas como los gastos necesarios en los que las partes tuvieron que incurrir para ejercer una correcta defensa de sus intereses dentro del proceso judicial, comprenden de un lado, las expensas o gastos ordinarios del proceso y de otra, las agencias en derecho.
63. Su reconocimiento está regulado por el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el cual dispone que: «Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código Procedimiento Civil». (Negrilla de la Sala).
64. De acuerdo con lo anterior no se impondrá condena en costas de segunda instancia toda vez que en este caso el recurso de apelación fue formulado por ambas partes, sin vocación de prosperidad y además, la entidad accionante promovió la demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de «lesividad» con el fin de obtener la nulidad del acto de reajuste pensional, asunto en el que se ventila un interés público, como lo es la salvaguarda del patrimonio estatal.
65. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- en contra del señor Gustavo de Jesús Restrepo Escudero, por las razones consignadas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: SIN condena en costas.
TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa SAMAI y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
Con ponencia de la Magistrada Yolanda Obando Montes.
Folios 1 y s.s. del cuaderno principal del expediente.
Folios 3 y s.s. del cuaderno principal del expediente.
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares».
Folios 8 y s.s. del cuaderno principal del expediente.
Folio 19 y siguientes ibidem.
Folios 635 a 637 del cuaderno principal.
Folios 648 y s.s. Ibidem.
Folios 654 y s.s. Ibidem.
Folios 702 y s.s. Ibidem.
Folios 6 y ss. Cuaderno de medidas cautelares.
Folios 643 y s.s. Ibidem.
Folios 667 y s.s. del cuaderno principal.
Folios 690 y s.s. cuaderno principal.
Folios 699 y s.s. cuaderno principal.
Folios 702 y s.s.
Folios 722 y s.s.
Archivo 107 del Cd aportado a folio 62 del cuaderno principal.
Negrilla de la Sala.
Modificado por el Decreto 10 de 1989 en el sentido de suprimir el último inciso para desarrollarlo en un artículo denominado «Del cómputo del tiempo para la bonificación por servicios prestados»
«por el cual se crea la Bonificación por servicios prestados para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar».
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente Carmelo Perdomo Cuéter, sentencia del 15 de septiembre de 2016, proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00121-01 (4402-13).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia del 9 de noviembre de 2017, proceso con radicado 05001-23-33-000-2012-00816-02 (0371-17).
En este sentido, recientemente la Sala en las sentencias del 2 de marzo de 2017, exp. 1170-2016 y 2407-2016, del 16 de marzo de 2017, exp. 0620-2016; y del 18 de mayo de 2017, exp. 4274-2016, todas con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Ver Decreto 1042 de 1978 y Decreto 247 de 1997.
Con ponencia del consejero dr. William Hernández Gómez.
Archivo 107 del Cd aportado a folio 62 del cuaderno principal.
Folios 441 a 443 del cuaderno principal.
Se cita parte del análisis realizado sobre este principio en sentencia de 18 de noviembre de 2020 proferida por esta Subsección dentro del proceso radicado 73001-23-33-000-2015-00071-01 (4079-2016) con ponencia de quien se ocupa de esta providencia.
Cfr, Proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia Nro. 24. Título: Buena Fe. Autores: Alvaro Gómez Hurtado y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Gaceta Constitucional 19, marzo 11 de 1991. p. 3.
Karl Larenz. Derecho Justo. Fundamentos de ética jurídica. Monografías de Civitas. Madrid, Editorial Cívitas S.A., 1.991. p. 91.
Ver Sentencia T-475 de 1992
Ibidem.
Corte Constitucional, sentencia C – 840 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Jaime Araújo Rentería.
Ver sentencias de 2 de marzo de 2000. Expediente No. 12.971. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda; de 17 de mayo de 2007. Exp. 3287-05. M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado
Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 0488-07. M.P: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
Proceso radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), con ponencia del Consejero dr. Gustavo Gómez Aranguren.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicación: 19001 23 31 000 2012 00251 01 (2036-2015).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de marzo de 2017, proceso con radicado 19001-23-31-000-2012-00251-01 (2036-2015).
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