Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-31-000-2010-00218-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-31-000-2010-00218-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 70001-23-31-000-2010-00218-02
Consejero ponente: Conjuez Miguel Arcángel Villalobos Chavarro
10 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SALA DE CONJUECES
CONJUEZ PONENTE: MIGUEL ARCÁNGEL VILLALOBOS CHAVARRO
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Expediente N° 70001-23-31-000-2010-00218-02
Número interno: 1932-2017
Demandante: Pedro Nel Coley Rojas
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN (Decreto 610 de 1998)
Procede la Sala de Conjueces a proferir sentencia de segunda instancia en la que
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia proferida el día 16 de septiembre de 2016, por el Tribunal Administrativo
de Sucre- Sala de Conjueces, en la cual se resolvió en forma favorable a las
pretensiones de la demanda.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por
Pedro Nel Coley Rojas en contra de la Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, presentada el día 28 de agosto de 20101, tendiente a (1)
se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones
Nos. 3610 de 22 de septiembre de 2009 y 4657 de 28 de diciembre de 2009 que
negaron lo pretendido por el actor; (2) se ordene a la Nación- Rama Judicial el
consecuente restablecimiento, el cual deberá efectuarse de la siguiente manera:
i) Si todavía no se ha promovido el proceso de cobro por jurisdicción
coactiva u otro de cualquier naturaleza, que la entidad se abstenga de
iniciarlo.
1 Folio 192.
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Sentencia de Segunda Instancia
Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral
Número Interno: 1932-2017
Demandante: Pedro Nel Coley Rojas
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
ii) Si dicho proceso ya se inició, que se ordene su terminación inmediata,
con la devolución de la suma de dinero que se hubiere embargado o
pagado, con sus respectivos intereses y corrección monetaria.
iii) En caso de que ya se hubiere terminado el proceso, se ordene la
devolución de la suma de dinero que se hubiere pagado, bien de manera
directa o por embargo, con sus respectivos intereses y corrección
monetaria2.
(3) que las sumas a las que se llegue a condenar sean indexadas y se de
cumplimiento al fallo según el artículo 177 del CCA y; (4) se condene en costas.
1.2. La contestación de la demanda
La entidad Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la misma. Fundamentó su
defensa en el argumento según el cual la sentencia de tutela de la que fue
beneficiario el recurrente en primera instancia, se definió la violación de un derecho
fundamental a la igualdad, más no se preciso la existencia de un pago debido por
la Rama Judicial. Es así que en fallo de segunda instancia, la sentencia fue
revocada, lo que automáticamente genera que los derechos protegidos por el fallo
de primera instancia vuelven al estado en que se encontraban antes del fallo,
obligando a la administración a solicitar los dineros debidos por no haberse
configurado el pago de lo debido, pues dicha situación no se encuentra probada,
toda vez que la administración simplemente dio cumplimiento a la normatividad
vigente que goza de presunción de legalidad.
Sostuvo que, frente a lo indicado por el actor de que la tutela que revocó el amparo
no ordenó la devolución de los dineros pagados, con base en el argumento que son
salarios debidos, manifestó que el director ejecutivo de Administración Judicial como
ordenador del gasto, dio cumplimiento a la providencia mediante la cual obtuvo el
reconocimiento de derechos mediante una acción de tutela, y se ordenó el pago de
los valores que le corresponden por concepto de bonificación por compensación en
forma permanente, conforme al decreto 610 del 26 de marzo de 1998, providencia
que posteriormente fue recovada por el superior, quedando sin protección el
derecho invocado, como es el pago efectuado y al no haberse configurado el pago
de lo no debido, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial debe procurar el
reintegro de los valores cancelados.
Finalmente, propuso la excepción de “innominada”3.
1.3. La sentencia de primera instancia
2 Folio 7.
3
Folios 234-239.
2
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Número Interno: 1932-2017
Demandante: Pedro Nel Coley Rojas
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
El Tribunal Administrativo de Sucre- Sala de Conjueces, a través de sentencia del
16 de septiembre de 2016, decidió declarar la nulidad de los actos administrativos
demandados, y a título de restablecimiento del derecho, ordenó condenar a la parte
demandada a lo siguiente4:
“(…)
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho ordenase A LA Nación-
Rama Judicial que: a) si no ha iniciado cobro por jurisdicción coactiva se
abstenga de realizarlo; b) si dicho proceso ya se inició, que se ordene su
terminación de manera inmediata, con la devolución de la suma de dinero que
se hubiere embargado o pagado, con sus respectivos intereses y corrección
monetaria, dentro de dicha actuación; c) En caso de que ya se hubiere
terminado el proceso, se ordene la devolución de la suma de dinero que se
hubiere pagado, bien de manera directa o por embargo, con sus respectivos
intereses, indexación y corrección monetaria, con ocasión de dicho proceso.
TERCERO: NIEGANSE las demás pretensiones de la demanda.
(…)
1.4. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
La entidad demandada presentó recurso de apelación5, en el que sostuvo que la
frente a la imposibilidad de recuperar dineros pagados de buena fe, se debe tener
presente que la buena fe no se configura cuando se dé un fraude a la ley o un abuso
del derecho, los cuales fueron definidos por la Corte Constitucional en la sentencia
C-258 de 2013.
Así las cosas, el recurrente afirmó que en el caso bajo estudio se configuró
inicialmente fraude a la ley, toda vez que el juez de conocimiento de la acción de
tutela realizó una interpretación aparentemente acorde con las normas que regulan
la procedencia de las acciones de tutela, pero sin embargo se dio un resultado
contrario a sus finalidades, como lo es el principio de subsidiariedad. Situación que
se derivó en un abuso del derecho por parte del demandante, quien se aprovechó
de la interpretación hecha por el a quo de la tutela, para obtener resultados
incompatibles con el ordenamiento jurídico, haciendo uso inapropiado de un
derecho que posteriormente fue revocado.
Afirmó que este tipo de actuaciones son la antítesis de la buena fe, pues no es lógico
que a una persona se le asigne por error unos recursos públicos, para que, luego
de demostrarse la irregularidad de dicha asignación, haga uso desproporcionado
del principio de buena fe, con el fin de abstenerse de reintegrarlos.
4
Folios 286-310.
5 Folios 314-317.
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Concluyó que no es posible que se interponga una tutela manifiestamente
improcedente de acuerdo a los principios que la regulan, se aproveche de un error
para recibir el pago de unos dineros y posteriormente a dicho fraude a la ley es
corregido, mantenga en la negativa de restituir los recursos, alegando derechos
inexistentes, sin que se evidencie una decisión definitiva en la jurisdicción
competente que así lo determine.
1.5 Alegatos de conclusión de segunda instancia
Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no conceptuó6.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA7
2.1. Nota preliminar
El Consejo de Estado, en calidad de superior funcional, es competente para resolver
los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.
Los Magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado expresaron su
impedimento para conocer de este proceso8, el cual fue aceptado9. Luego, agotado
el respectivo sorteo de Conjueces10, le ha correspondido a esta Sala conocer en
segunda instancia de este proceso. La Sala de Conjueces, al no encontrar causal
de nulidad que invalide lo actuado, procede de conformidad.
2.2. El problema jurídico
El problema jurídico que se debe resolver es el siguiente:
¿La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial estaba facultada para ordenar al
demandante reintegrar las sumas de dinero que le fueron pagadas en cumplimiento
de un fallo de tutela, en razón a que esta decisión fue revocada?
Así mismo, ¿es si procede la devolución de las sumas de dinero recibidas por el
demandante, con ocasión del cumplimiento a un fallo de tutela, o por el contrario,
están amparados por el principio de la buena fe?
6
Folio 396.
7
La metodología aquí empleada para presentar los argumentos de la Sala sigue las pautas contenidas en el libro
de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”: “Argumentación judicial: construcción, reconstrucción y
evaluación de argumentaciones orales y escritas”. Bogotá, 2008. Asimismo se tiene en cuenta el “Manual de
Escritura Jurídica”, publicado en agosto de 2018 por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
8
Folios 730-731.
9
Folios 740-743.
10
Folio 745.
4
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1.1.1. El marco normativo de la bonificación por compensación y la
jurisprudencia vigente
El Congreso de la República expidió la Ley 4 de 1992, por medio de la cual fijó el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de allí que en su artículo
15 estableció una prima especial de servicios para ciertos funcionarios, para igualar
sus ingresos a los ingresos anuales percibidos por los Congresistas, en otras
palabras, se buscó equiparar el salario tanto de los Magistrados de las Altas Cortes,
así como los demás funcionarios del primer nivel como Fiscal General, Procurador
General de la Nación, Registrador, etc.
En este orden de ideas, como la intensión del legislador fue la de crear una escala
salarial que guardara proporcionalidad entre los diferentes niveles jerárquicos de la
Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de este precepto,
el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 de 1998, a través de la cual se creó la
Bonificación por Compensación, cuyo tenor literal es el siguiente:
“ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del
presente decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter
permanente, que sumada a la prima especial de servicios y a los demás
ingresos laborales actuales iguale al sesenta por ciento (60%) de los
ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo
Superior de la Judicatura.
La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor salarial para
efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes,
en los mismos términos de la prima especial de servicios de los Magistrados
de las Altas Cortes.
…” (Subrayas y negrillas fuera de texto).
Las consideraciones que dieron lugar a esta decisión quedaron consignadas en el
mismo Decreto de la siguiente manera:
“Que el Gobierno Nacional acordó con los representantes de los funcionarios
mencionados en el considerando anterior, un esquema que gradualmente
permita superar la desigualdad económica entre los dos niveles mencionados,
así:
Para el año que corresponda a la vigencia fiscal para la cual se apruebe por
primera vez la apropiación presupuestal correspondiente, se aplicará un ajuste
a los ingresos laborales que iguale al sesenta por ciento (60%) de lo que por
todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado;
Para la vigencia fiscal siguiente, el ajuste igualará al setenta por ciento (70%)
de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior
de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y
del Consejo de Estado;
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A partir del año correspondiente a la tercera vigencia fiscal, los ingresos
laborales serán igual al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los Magistrados del Consejo Superior
de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado.
…” (Negrilla fuera de texto).
El fin de la expedición del Decreto 610 de 1998 adicionado por el Decreto 1239 de
1998, mediante el cual se estableció la bonificación por compensación, como ya se
dijo, fue la de crear el segundo nivel y así acabar la desigualdad salarial existente
entre magistrados de alta corte y demás funcionarios del sector judicial. Esta
bonificación consiste en un ajuste de carácter permanente que, sumado a la prima
especial de servicios y a los demás ingresos laborales, iguale el ochenta por ciento
(80%) (para el año 2001 y en adelante) de los ingresos que por todo concepto
laboral perciben los magistrados de alta corte.
La norma señala de manera taxativa que a partir del año correspondiente a la
tercera vigencia fiscal; (esto es, 1º de enero de 2001) los ingresos laborales serán
iguales al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; lo cual
indica que para obtener el porcentaje de la Bonificación por Compensación, se toma
el 80 % de todos los conceptos laborales que devenguen los magistrados de las
altas cortes, tal como quedó establecido en la Sentencia de Unificación dictada por
esta Sala de Conjueces11 incluida la cesantía de los Congresistas, en donde se
dijo:
“…
Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han
sido consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la
jurisprudencia del Consejo de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene
plena razón de ser pues se trata de una erogación que realiza el empleador
anualmente a favor de su trabajador y que se causa por cada día de trabajo del
empleado.
De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe
ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios
de los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes
tienen derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto
devengan los congresistas.
Este régimen tiene una clara incidencia en la determinación de la bonificación
por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos al
Decreto 610 de 1998 pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del
Decreto 10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo
que por todo concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la
11Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de Estado,
Exp. No. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente Doctor
Jorge Iván Acuña Arrieta.
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Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado” (subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000
y siguientes, respectivamente.
En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo
es un ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado
en atención a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del
6 de agosto de 2003, habría que señalarse que no existen razones para que se
haga abstracción de la misma, o de cualquiera de los factores que se tienen en
cuenta para su liquidación, al momento de fijar el monto a cancelar por
concepto de bonificación por compensación a favor de los servidores
mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998. Habiendo señalado
que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera
permanente por los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones,
es evidente que resultaría violatorio del principio de igualdad que surge del
artículo 13 de la Constitución Política de Colombia el señalar que esta
prestación social carece de tal naturaleza únicamente con el propósito de
disminuir la base de liquidación de la bonificación por compensación de la que
son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto 610
de 1998.
En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los
pagos que el Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de
cesantías puede calcularse la diferencia total entre lo que ellos perciben
y la asignación de los Magistrados de las Altas Cortes para, así, determinar
el valor de la prima especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos.
…” (Subraya y negrilla fuera de texto).
Posteriormente se expidió el Decreto 4040 de 3 de diciembre de 2004, por el cual
se creó la Bonificación de Gestión Judicial para los magistrados de tribunal y otros
funcionarios, con el siguiente tenor literal:
“…
La Bonificación de Gestión Judicial, pagadera mensualmente, solo
constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de
vejez, invalidez y sobrevivientes, y hará parte integral del ingreso base de
liquidación debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado, incluyendo
esta Bonificación.
…” (Se subraya y negrillas fuera de texto).
Luego, como consecuencia de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004
mediante sentencia ejecutoriada de 28 de enero de 2012, proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado; el Decreto 1102 de 24
de mayo de 201212, modificó la Bonificación por Compensación para los
magistrados de los tribunales y demás cargos homólogos, así:
“…
Artículo 1°.A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación
que vienen percibiendo con carácter permanente los Magistrados de Tribunal,
12 “Por el cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros
funcionarios”.
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Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados
Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado, Fiscales Delegados
ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de
Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial,
Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y
Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
y los funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación, en
empleos en los que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio
Público ante los Magistrados del Tribunal, antes señalados, equivaldrá a un
valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale al
ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.
La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo
constituye factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del
Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social
en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.
…” (Se subraya y negrillas fuera de texto).
De las normas transcritas se colige que, por mandato expreso de los Decretos 610
de 1998, 4040 de 2004 (cuando estuvo vigente), y el actual 1102 de 2012, la
Bonificación por Compensación que allí se regula, sólo constituye factor salarial
como parte del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del
Sistema General de Seguridad Social en Salud; disposiciones frente a las cuales
no se modifica el marco legal vigente que fija los factores que se deben tener en
cuenta para liquidar las diferentes prestaciones sociales, es decir, la Bonificación
por Compensación no constituye factor salarial para la liquidación y pago de dichos
emolumentos.
En consecuencia, esta Sala de conjueces, en distintas sentencias, ha precisado con
fundamento en el marco normativo reseñado que a los beneficiarios de la
bonificación por compensación se les debe otorgar el 80% por ciento de los ingresos
que devengan los magistrados de Alta Corte; estos ingresos deben incluir la prima
especial de servicios, la cual contiene todos los ingresos laborales percibidos por
los miembros del Congreso, dentro de los cuales se debe tener en cuenta las
cesantías percibidas por los mismos, de conformidad con la sentencia de unificación
de fecha 18 de mayo de 2016 dictada con ponencia del Conjuez Dr. Jorge Iván
Acuña Arrieta.13
2.2.1. Las competencias y funciones establecidas en cabeza de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial para el ejercicio de cobro coactivo y
del recobro de dineros reconocidos mediante actos administrativos
13 Sala de Conjueces, sentencia de 01 de diciembre de 2020, Rad. 050012310002009012352 (0685-2014)
Demandante Willian Enrique Santa y otros. Conjuez Ponente Henry Joya Pineda
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La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es el órgano técnico administrativo
que tiene a su cargo la ejecución de las actividades locativas y de apoyo. Le
corresponde, a las veinte (20) Direcciones Seccionales de Administración Judicial,
ejecutar los recursos asignados a la Rama Judicial, para atender los requerimientos
de las Altas Cortes, los tribunales, y Juzgados y Consejos Seccionales de la
Judicatura, los cuales se ejecutan a través de cincuenta y dos (52) unidades y sub
unidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación. Particularmente, el
artículo 99 de la Ley 270 de 1996 establece un listado taxativo de competencias
para el correcto desarrollo de sus funciones.
Por su parte, la Ley 6ª de 1992, en el artículo 136, prevé los lineamientos para el
cobro coactivo de la Dirección Nacional de Administración Judicial, dentro del cual
se indica que, de conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso
Administrativo, la entidad tiene jurisdicción coactiva para hacer exigibles todos los
créditos a su favor.
En concordancia con lo anterior, se tiene que el Consejo Superior de la Judicatura,
en Sala Administrativa expidió el Acuerdo PSAA07-3927 del 15 de febrero de 2007,
con el fin de adoptar el Reglamento Interno para el Recaudo de las obligaciones a
favor de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, el cual señala:
«ARTÍCULO SEGUNDO.- El cobro coactivo que adelantan las Direcciones
Ejecutiva y Seccionales del Administración Judicial, en virtud de la facultad
conferida por el Artículo 136 de la Ley 6ª de 1992 y según lo dispuesto por el
Acuerdo 875 de 2000, se regirá, de conformidad con lo ordenado por el Artículo
5º de la Ley 1066 de 2006 por el procedimiento establecido en el Título VIII
del Estatuto Tributario.
ARTICULO TERCERO. - FUNCIONARIO COMPETENTE. Según lo dispuesto
por los literales j) y k) del artículo Primero del Acuerdo 875 de 2000, los procesos
de cobro coactivo se tramitarán por los servidores competentes, así:
1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de la División de
Fondos Especiales y Cobro Coactivo, ejerce el cobro por jurisdicción coactiva
de obligaciones impuestas a su favor, contenidas en sus propios actos
administrativos y las impuestas a favor de la Nación - Consejo Superior de la
Judicatura o de la Rama Judicial proferidas por la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura, los Tribunales Superiores el Tribunal
Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Bogotá D.C. y la Sala
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
2. Igualmente, ejercerá el cobro coactivo de las sanciones pecuniarias impuestas
por cualquier autoridad a favor de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura
o la rama judicial, cuyo cobro no haya sido asignado […]» (Se subraya)
En suma, se tiene que, si bien la facultad de iniciar cobros de jurisdicción coactiva
en cabeza de la Dirección Nacional de Administración Judicial existe y se encuentra
regulada, la misma no llega sino hasta donde la ley lo establece y estos límites se
encuentran enmarcados expresamente en la ley.
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Igualmente, la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene que conforme
con el artículo 121 de la Constitución Política ninguna autoridad del Estado podrá
ejercer funciones distintas a las que le atribuye la Constitución y la Ley, de tal
manera que emitir un acto administrativo que haga de título por contener una
obligación clara, expresa y exigible para cobrar una suma de dinero o iniciar un
proceso de la jurisdicción coactiva a un particular desborda el ámbito funcional de
la entidad.
Es menester indicar, que si bien el acuerdo precitado otorga la facultad a la entidad
demandada de emitir actos administrativos con el fin de realizar el recaudo efectivo
de cartera, lo es también, que la emisión del acto debe surtir un proceso que cumpla
con los principios jurídicos y constitucionales, esto es el debido proceso,
garantizando al particular sobre el cual se emite un título de cobro (en el caso en
concreto) que las actuaciones se encuentran revestidas de legalidad y sobre todo
concediendo el traslado de las decisiones a los particulares para que los mismos
ejerzan el derecho a la defensa que les asiste.
Sobre el particular, es preciso indicar que las competencias asignadas a las
autoridades o servidores públicos son expresas, taxativas y delimitadas por la
Constitución Política y la Ley, sin que estas puedan extenderse por voluntad propia.
En diversos fallos, esta corporación ha definido el vicio de falta de competencia,
indicando que el mismo estaba contemplado en el artículo 84 del CCA como causal
de nulidad de los actos, de la siguiente manera: «Toda persona podrá solicitar por
sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos
administrativos. Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las
normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por
funcionarios u organismos incompetentes […]»14. En efecto, la «competencia es la
facultad o el poder jurídico que tiene una autoridad para ejercer determinada
función», razón por la cual la doctrina ha entendido que la incompetencia o falta de
competencia se materializa cuando el autor profiere un acto pese que no tenía el
poder legal para expedirlo, es decir, cuando la decisión se toma sin estar facultado
legalmente para ello.
En otras palabras, dicho reproche se configura cuando el acto es proferido por fuera
de las competencias legales y constitucionales atribuidas al servidor público o la
Corporación respectiva, esto es, por fuera de las atribuciones que el ordenamiento
jurídico ha otorgado.
Dentro del sub lite se observa que:
14 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta consejero ponente: Alberto Yepes
Barreiro, sentencia del 21 de junio de 2018. Radicación: 73001-23-31-000-2011-00512-01 Actor: Arturo
Perdomo Góngora, Demandado: Municipio de Ibagué.
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• El demandante se desempeñó como magistrado del Tribunal Superior de
Sincelejo, desde el 14 de septiembre de 1990 al 21 de marzo de 2005 15.
• El Tribunal Administrativo de Sucre mediante sentencia de tutela del 3 de
abril de 200816, amparó el derecho fundamental a la igualdad de los
derechos entre otros, del señor Pedro Nel Coley Rojas, ordenando lo
siguiente «SEGUNDO: Como consecuencia del amparo constitucional
concedido, y de conformidad a lo establecido en el artículo 27 del Decreto
2951 de 1991, se le ordena a las entidades accionada en este proceso, para
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, inicien las actuaciones
administrativas tendientes a reconocer y pagar a los accionantes las sumas
correspondientes a la bonificación por compensación establecida en los
Decretos 610 del 26 de marzo de 1998 y 1239 del 2 de julio de 1998, en el
sentido de que se realice dicho reconocimiento y pago en la misma
proporción del 80% de lo que devengan por todo concepto los señores
magistrados de las Altas Cortes, en forma permanente a los funcionarios que
se encuentran vinculados a la Rama Judicial desempeñando cualquiera de
los cargos relacionados en los actos administrativos citados […].»
• Mediante la Resolución No. 2528 del 4 de junio de 200817, la entidad
demandada dio cumplimiento al fallo de tutela.
• El Consejo de Estado- Sala de Conjueces18, revocó la decisión descrita en
el ítem anterior, y, en su lugar, profirió sentencia de segunda instancia de
fecha 25 de agosto de 2009, mediante la cual resolvió: «REVOCAR la
sentencia del 3 de abril de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de
Sucre- Sala de Conjueces. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la
acción de tutela instaurada por (…) Pedro Nel Coley Rojas. […]»
• Por Resolución No. 3610 del 22 de septiembre de 2009, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial ordenó el reintegro de las sumas
canceladas por la entidad, en cumplimiento al fallo de tutela de primera
instancia del 3 de abril de 200819.
• Mediante Resolución No. 4657 del 28 de diciembre de 2009 20, la entidad
demandada resolvió el recurso de reposición.
Conforme a lo anotado en precedencia, en primer lugar, es del caso señalar que el
Decreto 610 de 1998, del día 26 de marzo de 1998, creó una bonificación por
compensación de los magistrados de Tribunal y otros funcionarios. Luego, el 31 de
15 Fls. 14-27, 30 del expediente.
16
Fls. 91-126 del expediente.
17 Fls. 28-41 del expediente.
18
Fls 127-149 del expediente.
19 Folios 42-46 del expediente.
20 Folios 63-76 del expediente.
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Demandante: Pedro Nel Coley Rojas
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
diciembre de 1998, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2668 que dispuso
derogar los Decretos 610 y 123921 de 1998. Este acto administrativo fue objeto de
demanda ante la Sección Segunda del Consejo de Estado, quien a través de Sala
de Conjueces mediante sentencia de 25 de septiembre de 2001, declaró la nulidad.
Quedando debidamente ejecutoriada el 5 de octubre de 2001.
En consecuencia, la declaratoria de nulidad del Decreto 2668 de 1998, retrotrajo la
situación normativa al estado anterior, es decir, que los Decretos 610 y 1239 de
1998, retornaron a la vida jurídica.
Luego el 3 de diciembre de 2004, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4040, por
el cual creó una Bonificación de Gestión Judicial para los magistrados de Tribunal y
otros funcionarios, con carácter permanente, que sumada a la asignación básica y
demás ingresos laborales igualara al setenta (70%) de lo que por todo concepto
devengaban los Magistrados de las Altas Cortes. Este acto administrativo también
fue demandado en acción de simple nulidad ante el Consejo de Estado, demanda
que fue resuelta por Sala de Conjueces mediante sentencia de 14 de diciembre de
2011, por la cual declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, quedando
ejecutoriada el 27 de enero de 2012.
En consecuencia, esta Sala de conjueces, en distintas sentencias, ha precisado con
fundamento en el marco normativo reseñado que a los beneficiarios de la
bonificación por compensación se les debe otorgar el 80% por ciento de los ingresos
que devengan los magistrados de Alta Corte; estos ingresos deben incluir la prima
especial de servicios, la cual contiene todos los ingresos laborales percibidos por
los miembros del Congreso, dentro de los cuales se debe tener en cuenta las
cesantías percibidas por los mismos, de conformidad con la sentencia de unificación
de fecha 18 de mayo de 2016 dictada con ponencia del Conjuez Dr. Jorge Iván
Acuña Arrieta.22
-Del principio de la buena fe23 y su tratamiento jurisprudencial para devolución
de prestaciones periódicas
En relación con el principio de buena fe, es preciso tener en cuenta que fue
consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, en los siguientes términos:
«ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá
en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
21
Que dispuso incluir a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la
Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura.
22 Sala de Conjueces, sentencia de 01 de diciembre de 2020, Rad. 050012310002009012352 (0685-2014)
Demandante Willian Enrique Santa y otros. Conjuez Ponente Henry Joya Pineda
23
Se cita parte del análisis realizado sobre este principio en sentencia de 18 de noviembre de 2020 proferida
por esta Subsección dentro del proceso radicado 73001-23-33-000-2015-00071-01 (4079-2016) con ponencia
de quien se ocupa de esta providencia.
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Número Interno: 1932-2017
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Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
En la ponencia relativa al principio de buena fe en la Asamblea Nacional
Constituyente se señaló que este tiene dos elementos fundamentales:
El primer elemento lo constituye el deber genérico de obrar de buena fe, lo que
implica un límite a los derechos de los particulares, quienes no pueden abusar del
ejercicio de las prerrogativas que el ordenamiento les reconoce, y además, sirve de
barrera para evitar la desviación de poder de las autoridades.
El segundo elemento, se encuentra en la presunción de buena fe en la actuación de
los particulares, la cual se justificó en los siguientes términos:
«Este principio que parecería ser de la esencia del derecho en Colombia ha sido
sustituido por una general desconfianza hacia el particular. Esta concepción
negativa ha permeado todo el sistema burocrático colombiano, el cual, so pretexto
de defenderse del asalto siempre mal intencionado de los particulares, se ha
convertido en una fortaleza inexpugnable ante la cual sucumben las pretensiones
privadas, enredadas en una maraña de requisitos y procedimientos que terminan
por aniquilar los derechos sustanciales que las autoridades están obligadas a
proteger»24.
En relación con este principio Karl Larenz afirmó que «El ordenamiento jurídico
protege la confianza suscitada por el comportamiento de otro y no tiene más
remedio que protegerla, porque "...poder confiar, es condición fundamental para
una pacífica vida colectiva y una conducta de cooperación entre los hombres, y, por
tanto, de paz jurídica»25.
La Corte Constitucional ha definido el principio de la buena fe como aquel que exige
a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una
conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de
una «persona correcta (vir bonus)»26. En este contexto, la buena fe presupone la
existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la
«confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada»27.
Así mismo, en sentencia C- 840 de 2001 precisó aún más este principio y al respecto
señaló:
« […] bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el
Constituyente que sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo,
24
Cfr, Proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia Nro. 24. Título: Buena Fe.
Autores: Alvaro Gómez Hurtado y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Gaceta Constitucional 19, marzo 11 de
1991. p. 3.
25Karl Larenz. Derecho Justo. Fundamentos de ética jurídica. Monografías de Civitas. Madrid, Editorial Cívitas
S.A., 1.991. p. 91.
26
Ver Sentencia T-475 de 1992
27
Ibidem.
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mientras no obre prueba en contrario, la presunción de la buena fe que protege
las actuaciones de los particulares se mantiene incólume. En cuanto a los
servidores públicos no es que se presuma, ni mucho menos, la mala fe.
Sencillamente, que el margen de la presunción que favorece a los particulares,
las actuaciones de los funcionarios públicos deben atenerse al principio de
constitucionalidad que informa la ley y el principio de legalidad que nutre la
producción de los actos administrativos. Por consiguiente, podría decirse
entonces que la presunción de buena fe que milita a favor de los particulares, en
la balanza Estado-administración hace las veces de contrapeso institucional
de cara a los principios de constitucionalidad y legalidad que amparan en su
orden a la ley y a los actos administrativos»28.
De acuerdo con el anterior recuento normativo y jurisprudencial se tiene que (i) las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar
gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones
que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las
relaciones jurídico-administrativas, situación que admite prueba en contrario, como
lo señaló la Corte en sentencia C- 071 de 2004.
En lo que se refiere a la aplicación del citado principio frente a pagos efectuados por
error de la administración, la Sección Segunda ha dicho29 que las entidades no
pueden pretender recuperar las sumas de dinero ordenadas por equivocación
cuando son recibidas de buena fe, debiendo para ello, probar en la vía
administrativa y/o judicial la mala fe del demandante. Así lo señaló en sentencia de
21 de junio de 2007 en los siguientes términos:
«[…]
Observa la Sala, que la Resolución No. 0405 de 7 de noviembre de 1991, creó a
favor del demandando una situación jurídica de carácter particular y concreto, en
la medida en que le reconoció el pago de una suma específica, por concepto de
pensión mensual vitalicia de jubilación, que por lo mismo, ingresó a su patrimonio,
y no obstante no corresponder a la legal, estando la Administración en la obligación
de demandar su propio acto ante la imposibilidad de obtener el consentimiento del
particular para revocarlo; lo cierto es, que la demandante incurrió en error al
reconocer la suma que debía pagar al pensionado, equívoco en el que no tuvo
participación el titular del derecho, lo que confirma, que si la Administración,
fundada en su propia negligencia, pretende la devolución de las sumas pagadas
en exceso, como en este caso, vulnera de manera franca el principio de la buena
fe del gobernado.
Lo anterior aunado al hecho, de que en el transcurso del proceso, no se afirmó ni se
demostró que el demandado hubiera incurrido en comportamientos deshonestos, en
actos dolosos y de mala fe, para obtener la pensión de jubilación.
[…]
Con lo anterior, los pagos efectuados por la Universidad tienen amparo legal, porque
fueron recibidos de buena fe por el jubilado y en ese orden, se considera que mal
puede ahora la demandante, alegar a su favor, su propia culpa, para tratar de
Corte Constitucional, sentencia C – 840 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Jaime Araújo Rentería.
28
29
Ver sentencias de 2 de marzo de 2000. Expediente No. 12.971. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda; de 17 de
mayo de 2007. Exp. 3287-05. M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado
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recuperar unos dineros, que como se advierte, fueron recibidos por una persona
amparada por el principio de la buena fe […]».30
De igual manera, en sentencia de 1.º de septiembre de 2014, la Subsección A de la
Sección Segunda de esta Corporación31, destacó lo siguiente:
«[…] el principio de la buena fe, que implica la convicción del ciudadano, en que el
acto emanado de la administración está sujeto a legalidad y por ende no tiene que
prever que sea susceptible de demanda judicial o revocatoria, pues existe una
legítima confianza en la actuación pública dada precisamente por la presunción de
legalidad de la que gozan los actos administrativos.
De acuerdo a lo anterior, tenemos que el principio de la buena fe señalado en el
inciso segundo del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de
menos, probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un
error de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos
legales, no puede la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de
recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe».
Sin embargo, en la citada providencia, al analizar un caso de reconocimiento de la
pensión gracia a un docente de carácter nacional a través de sentencia de tutela,
se precisó que en aquellos casos en que el reconocimiento prestacional no se
origina en un error de la administración, la discusión debía dirigirse a desvirtuar la
presunción legal que ampara la actuación del demandante, conforme con lo
señalado por el inciso 2.º del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, hoy establecido
en el literal c) numeral 1.º del artículo 164 del CPACA.
De acuerdo con lo anterior, la entidad estatal debe probar que el titular de la
prestación incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que
actuó de mala fe con el fin de obtener un beneficio al cual no tenía derecho.
En el sub lite, la única manifestación que al respecto realizó la entidad demandada
en el recurso de alzada, es que al haberse revocado el fallo de tutela, esto conlleva
a que hubo un fraude a la ley, pues la tutela en segunda instancia fue declarada
improcedente y los pagos ejecutados por la administración fueron de buena fe; sin
embargo, dicha manifestación, sin ningún respaldo probatorio, no permite colegir
que el demandante incurrió en comportamientos que comprometieran su lealtad,
rectitud y honestidad, pues de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, toda persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar ante los
jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, de ahí que no
resulte acertada la tesis esgrimida por el recurrente, que como se dijo, debe
acompañarse de los elementos probatorios que permitan inferir que se actuó de
forma ilegal, fraudulenta o engañosa, pues en el ordenamiento jurídico existen
diversas acciones para reclamar los derechos sin que el uso de ellas denote mala
30Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 0488-07. M.P: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
31
Proceso radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), con ponencia del Consejero dr. Gustavo
Gómez Aranguren.
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fe32, siendo deber de quien la alegue demostrar los hechos sobre los cuales se
fundamenta33.
Se observa entonces que, en atención a la falta de pruebas, no es procedente la
devolución de las sumas percibidas por efectos del reajuste de la bonificación por
compensación ordenado en la sentencia de tutela de primera instancia, toda vez
que no se desvirtuó la presunción de buena fe que ampara el actuar del
demandante, y por lo tanto, no está obligado a devolver lo que ya le fue cancelado
por este concepto, como equivocadamente lo aduce la entidad demandada34.
Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta además que el artículo136 del Código
Contencioso Administrativo, que es la norma aplicable al presente asunto, dispone:
Caducidad de las acciones:
«1. La acción de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la
expedición del acto.
2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación,
comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos
que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier
tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
3. La acción sobre los actos presuntos que resuelvan un recurso podrá
interponerse en cualquier tiempo.» (Subrayado fuera de texto)
Así mismo, la Sala resalta también que no se advierte que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial tuviera competencia para proferir un acto administrativo con
el fin de obtener el reintegro de un dinero que de buena fe recibió el demandante,
tomando en consideración que el fallo de tutela de segunda instancia de la Sala de
Conjueces del Consejo de Estado, no ordenó que el mismo se realizara, a
sabiendas que el accionante si le asistía un derecho laboral, conforme al Decreto
610 de 1998.
Tratándose de revertir los efectos de los actos propios, como lo era el acto que
ordenó el pago que dispuso el fallo de tutela de primera instancia, lo que debió hacer
la demandada fue iniciar las acciones a que hubiere lugar para obtener la
declaratoria de responsabilidad del funcionario judicial en reintegrar los dineros al
fisco en virtud de haber realizado un pago de lo debido y no una actuación
administrativa fundada en la supuesta existencia de facultades de cobro coactivo.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicación: 19001 23 31 000 2012 00251 01 (2036-
2015).
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de marzo de 2017, proceso con radicado
19001-23-31-000-2012-00251-01 (2036-2015).
34
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda- Subsección "A"- Consejero
Ponente: Gabriel Valbuena Hernández- sentencia del ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021)- radicación
número: 05001-23-33-000-2014-00988-01(2531-17).
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Ahora bien, es preciso recordar que la Sala de Conjueces de esta Corporación,
mediante sentencia del 14 de diciembre de 2011, con ponencia del Conjuez Dr.
Carlos Orjuela Góngora, decretó la Nulidad del Decreto 4040 del año 2004, por
contrariar garrafalmente los preceptos constitucionales laborales de los
trabajadores del poder público, invocados en la demanda de nulidad que se
adelantó, por lo que recobró vigencia el Decreto 610 de 1998, quedando indemnes
los derechos allí consagrados, en favor de todas las personas que en su sentir
tuvieran derecho al régimen de bonificación.
Conforme a lo anterior, se puede colegir que en efecto existía una prestación social
a favor de determinados funcionarios públicos, lo que constituía un derecho laboral
adquirido, por lo que la buena fe los actores está demostrada para esta Sala,
máxime cuando la entidad demandada no presentó ningún argumento para ser
desvirtuada, como ya se precisó.
Ahora bien, la Sala advierte que es procedente que si la Nación – Rama Judicial,
acredita haber pagado sumas de dinero por concepto de reajuste o reliquidación de
la bonificación por compensación a favor del demandante, con base en transacción,
conciliación, pago de la diferencia por orden de tutela o equivalentes, pueda
legítimamente descontarlas de la liquidación que resulte por el cumplimiento de una
providencia posterior que imponga dichos pagos, por lo que se adicionara la
sentencia en tal sentido.
Conclusión: La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tenía la facultad
para proferir un acto administrativo con el fin de obtener el reintegro de un dinero
que de buena fe que recibió e demandante, en primer lugar, porque el fallo de
segunda instancia de tutela no ordenó que el mismo se realizara; en segundo,
porque para la emisión del acto debió surtir un procedimiento previo dentro del cual
aquella hubiese podido ejercer su derecho de defensa y contracción; y tercero,
porque no se encuentra demostrado que el demandante hubieren actuado de mala
fe.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO.- ADICIÓNASE la sentencia apelada en el sentido de que si la Nación –
Rama Judicial, acredita haber pagado sumas de dinero por concepto de reajuste o
reliquidación de la bonificación por compensación a favor de los aquí demandantes,
con base en transacción, conciliación, pago de la diferencia por orden de tutela o
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Demandante: Pedro Nel Coley Rojas
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
equivalentes, pueda legítimamente descontarlas de la liquidación que resulte por el
cumplimiento de una providencia posterior que imponga dichos pagos.
SEGUNDO.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 16 de septiembre de 2016,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Sucre- Sala de Conjueces accedió
a las pretensiones de la demanda presentada por Pedro Nel Coley Rojas en contra
la Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las
razones y con las precisiones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO.- NO CONDENAR en costas.
CUARTO.- Ejecutoriada esta providencia, regístrese en la plataforma SAMAI y
devuélvase el expediente al tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
Firmado electrónicamente
MIGUEL ARCÁNGEL VILLALOBOS CHAVARRO
Conjuez Ponente
Firmado electrónicamente
HÉCTOR SANTAELLA QUINTERO
Conjuez
Firmado electrónicamente
CARLOS JOSÉ MANSILLA JAUREGUI
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
de Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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