Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 52001-23-31-000-2010-00081-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acto de ejecución: en principio no es susceptible de control judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 52001-23-31-000-2010-00081-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 52001-23-31-000-2010-00081-01
Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro
26 de julio de 2018
ACTO DE EJECUCIÓN – En principio no es susceptible de control judicial / ACTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN - Eventos en que es enjuiciable / CONTROL JUDICIAL DE ACTO DE EJECUCIÓN – Procedencia porque la providencia habilitó a la entidad para realizar una operación de juicio
La Sala encuentra que si bien los actos acusados fueron expedidos en cumplimiento de una sentencia y, por ende, podría pensarse que escapan del control jurisdiccional, lo cierto es que son verdaderos actos administrativos en la medida en que dicha providencia habilitó a la entidad para realizar una operación de juicio, que resultaría en la configuración de decisiones respecto de una situación jurídica particular. (…) En este contexto, se observa que la Resolución 0048 de 2009, efectuó un análisis detallado de las licencias otorgadas a INPA LTDA., en virtud del cual determinó que existe un faltante en las áreas cedidas correspondiente a 1.761,64 m2, y que conforme al avalúo de la lonja de propiedad asciende a la suma de novecientos trece millones sesenta y un mil setecientos un pesos con cuarenta y cuatro pesos ($ 913.061.701,44). Así las cosas, la administración resolvió que la sociedad demandante adeuda a favor del municipio de Pasto por concepto de cesión de espacio público, la suma referida, decisión que posteriormente fue confirmada por el segundo acto acusado, eso es, la Resolución 0048 de 2009. En virtud de lo anterior, la Sala evidencia que las actuaciones de la administración convergen en la configuración de obligaciones a cargo del particular, lo cual constituye una manifestación clara de la voluntad administrativa encaminada a la producción de efectos jurídicos.
ÁREA DE CESIÓN OBLIGATORIA GRATUITA – Concepto / ÁREA DE CESIÓN OBLIGATORIA GRATUITA – Destinación
[L]a jurisprudencia del Consejo de Estado ha definido esta figura jurídica como el traslado de una parte del terreno privado para la construcción de bienes de uso público del ente territorial ante el cual, se adelanta la actuación de naturaleza urbanístico-administrativa.
ÁREA DE CESIÓN OBLIGATORIA GRATUITA / RÉGIMEN PROBATORIO DE LA CESIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS / INCORPORACIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS – Escritura pública
[L]a Sala advierte que la inscripción de la escritura pública ya sea de constitución de la urbanización o de cesión anticipada, obra como una solemnidad ab substantiam de la cesión, criterio bajo el cual, el juez al valorar la prueba se encuentra bajo un régimen de tarifa legal que no admite otro medio de prueba. Ahora bien, respecto a los proyectos a los cuales les era aplicable el procedimiento que establece el artículo 117 de la Ley 388 de 1997 “se incorporara con el solo procedimiento de registro de la escritura de constitución de la urbanización (…)”, se observa que no se aportaron al proceso las escrituras públicas y los respectivos certificados de libertad y tradición que permitan comprobar las afirmaciones del actor en cuanto al cumplimiento de las cesiones obligatorias. Así mismo, respecto a las licencias proferidas en vigor del Decreto 1600, verbigracia la Resolución 52001-LS-05-2-01709 de 15 de noviembre de 2005, no solo no se encuentra la escritura pública y el respectivo certificado de libertad y tradición, sino que tampoco hay evidencia de las actas de inspección, ni aun de su solicitud escrita, circunstancia por la cual no pueden ser de recibo las afirmaciones sobre este aspecto, que no cuenten con el soporte probatorio requerido por la norma.
DERECHOS ADQUIRIDOS – No son inmodificables cuando derivan de una autorización proferida por el Estado / DERECHOS ADQUIRIDOS – Cuando derivan de un acto condición subordinado al interés general y al bien común / LICENCIA URBANÍSTICA – Acto condición subordinado al régimen preestablecido no generador de derechos adquiridos
[É]sta Corporación ha señalado frente al alcance de los derechos adquiridos que confieren determinadas autorizaciones proferidas por el Estado, que estos, no derivan un derecho inmodificable, toda vez, que corresponden a actos de condición que nacen subordinados al interés general y el bien común. Sobre esas bases, la Sala concluye que a favor del recurrente no se encontraban situaciones jurídicas consolidadas, en virtud que el otorgamiento de la licencia urbanística concede derechos de construcción y desarrollo sujetos a normas de interés superior. (…) En orden de lo expuesto la Sala considera válidos los argumentos expuestos por el Tribunal, en la medida que: (i) la licencia no configura una situación jurídica inmutable, toda vez que es un acto condicionado al interés general; (ii) el municipio obró en cumplimiento de un mandato constitucional, como lo es el del deber de proteger el espacio público; (iii) la medida es proporcional en cuanto por los actos acusados no se revoca la licencia, toda vez, que la administración se limita a cumplir con el control urbano que le exige el ordenamiento jurídico, y por ende brinda la posibilidad al recurrente de cumplir con las cesiones adeudadas mediante una suma de dinero o con la cesión de un predio; (iv) la decisión adoptada mediante la Resolución 0048 de 2009, no cuenta con naturaleza sancionatoria, contrario a ello conforme se advierte del estudio antecedente, la administración obró bajo observancia de su deber constitucional; (v) el estudio técnico que ordena la Secretaría mediante la Resolución 0048, tiene validez toda vez que en virtud de la protección constitucional que se establece respecto al espacio público, la administración podía tomar las medidas para su recuperación de advertir inconsistencias, siempre y cuando estas decisiones no vayan en contravía con el ordenamiento jurídico, como se agotó en el análisis de la Sala.
FUENTE FORMAL: LEY 9 DE 1989 – ARTÍCULO 5 / LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 37 / LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 117 / DECRETO 1600 DE 2005 – ARTÍCULO 49 / DECRETO 1600 DE 2005 – ARTÍCULO 50 / DECRETO 564 DE 2006 – ARTÍCULO 53
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 52001-23-31-000-2010-00081-01
Actor: SOCIEDAD INVERSIONES PANDIACO LTDA
Demandado: MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Fallo de segunda instancia
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de 11 de mayo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño que negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
1. Demanda
La SOCIEDAD INVERSIONES PANDIACO LTDA, en adelante, INPA LTDA., actuando a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Nariño, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones (i) 0048 de 5 de junio de 2009 y (ii) 0220 de 7 de septiembre de 2009, y como consecuencia de lo anterior, se restablezcan sus derechos.
Formuló las siguientes pretensiones:
“1. Declarar la nulidad de la Resolución 0048 de 2009 del día 5 del mes de junio del año de 2009, expedida por la Secretaria de Planeación Municipal oficina jurídica, de la Alcaldía de Pasto, mediante la cual se declaró que la Sociedad INPA Ltda., adeuda por concepto de cesión de espacio público por aprovechamiento urbanístico a título gratuito al Municipio de Pasto un área de 1.507.18 metros cuadrados equivalente a la suma de NOVECIENTOS TRECE MILLONES SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 913.061.701,44) MONEDA LEGAL, los cuales podrán cancelarse en efectivo o con un predio ubicado en un sector de las mismas condiciones del inmueble ubicado en la Avenida Panamericana con Carrera 43 y 44 de esta ciudad. Forma parte integrante del presente acto administrativo cuadro de resumen de actuaciones y licencias de los predios de la firma INPA LTDA.
2. Declarar la Nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 220 del día 7 del mes de septiembre de año 2009, emitida por la Alcaldía Municipal de Pasto - Despacho del Alcalde - por medio de la cual confirma en su totalidad el contenido de la Resolución 048 de 2009, la que fuera objeto de apelación, por los argumentos expuestos en su parte motiva.
3.Que a título de restablecimiento de derecho, se dé cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto, el cual en su parte resolutiva ordena al Municipio de Pasto, que en el término perentorio de diez días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de este fallo, profiera los actos administrativo por medio de los cuales se determine, a la fecha, las obligaciones a cargo de la firma INPA LTDA, y descuente, en caso de que exista presupuesto contable para ello, el valor determinado por la Lonja de Propiedad Raíz de Nariño y Putumayo, del predio de propiedad de la firma cedido al municipio de manera anticipada, por concepto de compensación de espacio público. Dicho avalúo deberá ser actualizado a través de solicitud que deberá ser elevada por la entidad accionada y dentro del término ya referido, por cuanto el que obra en el expediente estuvo vigente hasta marzo de 2007.
4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene al Municipio de Pasto a reconocer y pagar al actor, o a quien represente su derecho, todas las sumas correspondientes a los intereses de mora que pudieron haber generado en contra del actor y a favor de la demandada como consecuencia del no pago de impuestos y demás obligaciones que la entidad que represento tenía con el Municipio de Pasto, desde la vigencia de la Resolución 154 de 2007 hasta que este fallo cobre ejecutoria.
5. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido por el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo”.
Del análisis de la demanda, así como los demás elementos obrantes en el expediente, la Sala puede extraer los siguientes hechos relevantes:
La Secretaría de Planeación del Municipio de Pasto expidió la Resolución 154 de 17 de julio de 2007, por medio de la cual se reconoció a favor de INPA LTDA, compensación por espacio público:
“SEGUNDO. Que la Avenida Panamericana con carrera 44 se proyecta sobre el predio No. 01030202001400001, distinguido con matricula inmobiliaria 240 – 192601, ubicado en la carrera 43 No. 19C – 25 Pandiaco, de propiedad de la Urbanización INPA LTDA.
Que mediante acta de compromiso de marzo 2 de 2007 el arquitecto Álvaro Toro Villota, en calidad de representante Legal de Inversiones Pandiaco Ltda., el arquitecto Marco Antonio Benavides, en calidad de Subdirector de Urbanismo de la Dirección de Planeación Municipal (…) acordaron realizar compensación por espacio público del proyecto 002901, sobre el área de terreno del predio 01-03-0202-0014-00001 en concordancia con las normas urbanísticas, la reglamentación de la vía y el POT; y a expedir por parte de Planeación Municipal los actos administrativos por medio de los cuales se determinan estas áreas y/o reconocer el valor del pago correspondiente al impuesto municipal por aprobación de planos, impuestos causados y/o por causarse. Teniendo en cuenta el área que resultare de conformidad al levantamiento topográfico, para cancelarse su valor de acuerdo al avalúo efectuado por la Lonja de Propiedad Raíz de Nariño y Putumayo”. (Subrayado fuera de texto).
En diversas oportunidades INPA LTDA., solicitó a la Secretaría de Hacienda Municipal de Pasto el cruce de los valores adeudados, sin embargo, se emitieron respuestas negativas por parte de la entidad.
Ante la negativa de la observancia de la Resolución 154 de 2007 INPA LTDA., demandó al municipio de Pasto ante la jurisdicción contencioso administrativa en acción de cumplimiento.
Por sentencia de 27 de abril de 2008 el Juzgado Quinto Administrativo de Pasto resolvió:
“SEGUNDO. Ordenar al Municipio de Pasto, que en el término perentorio de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de este fallo, profiera los actos administrativos por medio de los cuales se determine, a la fecha, las obligaciones a cargo de la firma INPA LTDA., y descuente, en caso de que exista presupuesto contable para ello, el valor determinado por la Lonja de Propiedad Raíz de Nariño y Putumayo, del predio de propiedad de la firma cedido al municipio de manera anticipada, por concepto de compensación de espacio público. (….)”
El 5 de junio de 2009 la Secretaría de Planeación Municipal expidió la Resolución 048 de 2009 “Por medio de la cual se da cumplimiento a una sentencia”, respecto de la que es necesario citar las siguientes consideraciones:
“5. En virtud de las normas expuestas, mediante comunicación con rad. Interna OPJM 318 de 6 de mayo de 2009, se ofició al representante legal de INPA LTDA en los siguientes términos:
Con el objeto de dar cumplimiento al proceso de liquidación y actos administrativos consiguientes ordenados por el Juzgado Quinto Administrativo, me permito solicitarle comedidamente se remita con destino a esta secretaría copia de las escrituras públicas mediante las cuales se efectuaron las cesiones obligatorias al municipio de Pasto con los certificados de tradición correspondientes (…)
6. El Dr. Javier Goyes (…) manifestó: “dando respuesta al referido estoy adjuntando una copia de la escritura pública 4779 de 20 de septiembre de 2008, corrida en la Notaria Cuarta de Pasto, en la que consta que por invasión de espacio que realizara el INVAP, se debió reformar las áreas del proyecto, excluyendo lo intervenido por el ente antes anotado”; clarificando que la escritura pública a que hizo referencia el profesional del derecho en su escrito y la cual adjunta, se encuentra relacionada únicamente con las actuaciones urbanísticas desarrolladas en el denominado por la sociedad constructora INPA III, sobre cuyas áreas nos referiremos más adelante, resaltando que no aportó los documentos solicitados por la administración para su verificación.
7. Mediante auto de 12 de mayo del año en curso, la Secretaría de Planeación Municipal planteó: (…) SEGUNDO: Teniendo en cuenta que es necesario adelantar un estudio técnico para establecer el área del predio en el cual la sociedad INPA LTDA., adelantó actuaciones de urbanismo y subdivisión mediante licencias concedidas por las curadurías urbanas y con base en ellas determinar las áreas de cesión obligatoria y gratuita del municipio y las áreas de cesión anticipada en virtud que la documentación aportada por el Dr. Goyes es insuficiente para proceder a dictar los actos administrativos de que trata la sentencia proferida dentro del proceso de acción de cumplimiento (...) la Secretaria de Planeación Municipal dispuso:
1) Delegar al Ingeniero Carlos Guerrero Benavides Subsecretario de Planificación Urbana, Espacio Público y Urbanismo para que adelante un estudio técnico mediante el cual se concluya: a). Área del Predio identificado con No. 01-03-0202-0014. B) Licencias de urbanismo y subdivisión concedida al susodicho predio con su respectiva cabida y con base en ellas determinar Áreas de cesión obligatoria y gratuita para espacio público efectivo, vías, equipamiento comunal efectivamente cedidas, (SIC) áreas de cesión anticipada efectivamente cedidas, áreas de cesión anticipada y áreas de cesión gratuita obligatoria que no se han efectuado. Cuantificación entre áreas y valor metro cuadrado para establecer el monto a cargo a favor del municipio. 2) Oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos con el objeto de que se expidan los certificados de tradición con números de matrículas (…) a fin verificar la tradición de las áreas de cesión obligatoria y gratuita a favor del municipio de Pasto establecidas en la Ley 388 de 1997 y demás normas que lo modifican y reglamentan (…)
10. Que se efectuó el estudio ordenado mediante auto del 12 de mayo del año en curso y revisada la documentación adjunta al proceso administrativo, se estableció:
(…)
Mediante Resolución U – 001128 de diciembre de 2004, se expidió licencia de subdivisión predial al lote identificado con número predial 010302020014 y matricula inmobiliaria 240177119, expedida por la Curaduría Urbana Segunda, en la cual se aduce su expedición para fines notariales y registrales, en ella se prevé que las cesiones deberán hacerse cuando se realicen actuaciones posteriores. No obstante, en el mismo acto administrativo se determina el área total objeto a dividir correspondiente a 15. 593 m2, el cual se divide en dos lotes de 6.992 y 2.263 metros cuadrados cuya área de cesión obligatoria gratuita se totaliza en 4. 505 m2. Sin embargo, realizados los cálculos específicos de índice de cesión y en aplicación de las normas establecidas en el Decreto 084 de 2003 que compiló los Acuerdos 007 y 004 de 2000 y 2003 y que conforman el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, se concluye que la cesión establecida en la Resolución 001128 del 20 de diciembre de 2004, debe corresponder a 6.237 m2, existiendo un faltante de 1.731,64 m2.
Posteriormente la misma Curaduría Urbana Segunda, expide Resolución S001709 del 16 de noviembre de 2005, mediante la cual se concede licencia de subdivisión al lote identificado con número predial 010302020014 y matricula inmobiliaria 240177119, que modifica la licencia U 001128 del 20 de diciembre de 2004. Revisado su contenido se encontró que se incrementa el área objeto de licencia U 001128 de 20 de diciembre de 2004 de 15. 593 m2 a 16.526 m2, y se divide en tres lotes así: INPA II, INPA III, INPA IV.
(…)
13. Finalmente el área faltante a ceder al municipio es de 1761,64 m2 a la cual debe restarse el área adicional de la intercesión ocupada por el INVAP, dando como resultado un saldo a favor del municipio un área de 1.507,18m.
(…)
Resuelve
(…)
Articulo Segundo: Declarar que la Sociedad INPA Ltda., adeuda por concepto de cesión de espacio público por aprovechamiento urbanístico a título gratuito al Municipio de Pasto un área de 1.507.18 metros cuadrados equivalente a la suma de NOVECIENTOS TRECE MILLONES SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 913.061.701,44) MONEDA LEGAL, los cuales podrán cancelarse en efectivo o con un predio (...)” (Subrayado fuera de texto).
El demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución 0048 de 2009 ante el despacho del alcalde, quien mediante la Resolución 220 de 2009, confirmó en todas sus partes el acto administrativo impugnado.
Debe precisarse que, en el terreno afectado por la proyección de la Avenida Panamericana, identificado con número predial 010302020014, la sociedad demandante desarrolló los proyectos de construcción denominados Rincón del Valle de Atriz, Refugio del Valle de Atriz y Portal del Valle de Atriz.
1.3 La demandante alegó la vulneración de los artículos 9, 29, 83 de la Constitución Política, artículos 3 y 85 del Código Contencioso Administrativo, Ley 388 de 1997, Decreto 1052 de 1998 y Decreto 564 de 2006.
Los argumentos que soportan la violación de las normas referidas se resumen así:
a). Principio del respeto del acto propio. En el entendido que la Resolución 0048 de 2009 desconoció la Resolución 154 de 2007 “que es un acto administrativo válido vigente y con plenos efectos jurídicos”. Afirmó además, que el Resolución 0048 se expidió con base en estudios técnicos impertinentes, inconducentes y extemporáneos, “que generan juicios erróneos de la realidad y vulneran situaciones jurídicas individuales consolidadas”.
b). Principio de confianza legítima. La sociedad desarrolló el proceso de urbanización con plena confianza en los actos expedidos por la administración “como las resoluciones que permitían el levantamiento de todas y cada una de las construcciones advirtiendo que el área de cesión gratuita para el municipio es de 0.00”.
c). Principio de seguridad jurídica. Destacó que la sociedad actuó conforme a las licencias expedidas las cuales son actos administrativos ejecutoriados que no han sido debatidos ni en sede administrativa ni judicial, y que le otorgan un derecho particular y concreto.
Adujó que la Secretaría vulneró dicho principio, al expedir la Resolución 0048 de 2009 la cual tiene como fundamento un estudio técnico que valora situaciones jurídicas consolidadas.
En lo que respecta al principio de buena fe se limitó a definirlo.
Por otro lado, planteó que el ordenamiento territorial es una función pública que debe cumplir con los fines constitucionales y garantizar los derechos de los asociados, lo que en su criterio no se cumplió con la expedición de la Resolución 0048 de 2009, toda vez, que vulneró los derechos de la sociedad INPA Ltda., desconoció compromisos adquiridos e incurrió en una transgresión al sistema jurídico al controvertir actos administrativos.
Expresó que dentro de las competencias de la Secretaría de Planeación no está la revisión de licencias urbanísticas, y agregó que la Resolución 0048 de 2009 tomó como base el Decreto 564 de 2006, sin tener en cuenta que la norma vigente al momento de la expedición de las licencias era el Decreto 1052 de 1998.
Afirmó que las licencias urbanísticas expedidas por los curadores urbanos de Pasto integraban en su trámite y contenido actos de la administración municipal como las demarcaciones urbanísticas que garantizaban la validez del proyecto desarrollado.
Indicó que el estudio técnico ordenado por la Secretaría de Planeación, a fin de establecer el área del predio en que la sociedad adelantó actuaciones de urbanismo y las áreas de cesión correspondientes, no tenía fundamento, en la medida que, en su momento, los estudios técnicos fueron realizados por los curadores urbanos, quienes al verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas expidieron las licencias.
Relacionó las licencias urbanísticas otorgadas a la sociedad y señaló para cada una de ellas las normas aplicables, así como las áreas respectivas para construcción y cesión del espacio público.
Sostuvo frente a la licencia expedida por Resolución CU -1145 de 2005 lo siguiente: “Licencia expedida dentro del marco del Decreto 1052 de 1998 que concede autorización para urbanismo y construcción de un conjunto cerrado retomando las áreas de cesión para vías y zonas internas y parqueaderos, que son válidas toda vez que el P.O.T no hace distinción entre cesiones internas y externas”.
Advirtió que la Resolución 0048 de 2009 ignoró el levantamiento topográfico realizado por el Instituto de Valorización Municipal INVAP, el cual determinó el área de terreno propiedad de INPA LTDA que se afectó con ocasión del proyecto de la Avenida Panamericana, toda vez que, en las consideraciones del acto se hizo mención al área de 254. 46 m2, siendo el área correcta 1048.68 m2.
Expresó que la Resolución 0048 de 2009 incumplió la obligación contenida en la Resolución 154 de 2007 y la orden que impartió el juez administrativo, en la medida que “en lugar de honrar el cumplimiento de las obligaciones del municipio frente al administrado (…) se adopta una decisión administrativa viciada de fondo y de forma, asumiendo competencias que no le han sido asignadas y sustentada en un estudio técnico innecesario que no fue ordenado en la decisión que resolvió la acción de cumplimiento”.
Concluyó que los actos cuentan con argumentos jurídicos adaptados a las condiciones que benefician al municipio, y desvía su fin, por cuanto aprovechan para realizar cobros indebidos en aras de omitir el cumplimiento de una obligación.
Admisión de la demanda
Por auto de 24 de mayo de 2010, el Tribunal Administrativo de Nariño, admitió la demanda y ordenó las notificaciones de rigor.
Contestación de la demanda
El 22 de septiembre de 2010, el municipio de Nariño, contestó la demanda, y se opuso a las pretensiones.
Manifestó que el artículo 82 de la Constitución estableció que es deber del Estado velar por la protección del espacio público y su destinación al uso común, el cual, debe prevalecer sobre los intereses particulares; así mismo, que la administración debe participar de la plusvalía que genere la acción urbanística.
Indicó que el artículo 3 de la Ley 388 de 1997 consagró el ordenamiento territorial, como una función pública que se ejerce por la acción urbanística de las entidades municipales y distritales.
Sostuvo que, para dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto, la Secretaría de Planeación Municipal ofició al representante legal de la sociedad INPA LTDA, a fin de que remitiera las escrituras públicas por las cuales se efectuaron las cesiones obligatorias a favor del municipio de Pasto, y los certificados de tradición y libertad respectivos.
Destacó que la sociedad remitió copia de la escritura pública 4779 de septiembre de 2008, que hace mención a la afectación de los frentes norte y occidente del inmueble identificado con matricula inmobiliaria 240 0192753 por causa de la intervención del INVAP sobre la vía paralela de la Avenida Panamericana.
Aseguró que en la escritura pública que remitió INPA LTDA., no existe cesión de áreas al municipio de Pasto, motivo por el que no se abrió ningún folio de matrícula inmobiliaria al predio presuntamente cedido.
Argumentó que en ningún momento se cuestionaron las licencias concedidas al predio, sino que la Secretaría de Planeación Municipal necesitaba ciertos documentos para proceder con la liquidación de las obligaciones, verificando las áreas cedidas y los valores que hubiere a cargo del municipio.
Adujo que la Secretaría al no contar con la documentación necesaria para dar cumplimiento a la sentencia del juzgado, solicitó al Subsecretario de Planificación Urbana, Espacio Público y Urbanismo que de acuerdo con el área del predio identificado con la cédula catastral 01-03-0202-0014 determinara lo concerniente a la cesión obligatoria frente a dicho inmueble; estudio del cual se concluyeron las áreas y valores consignados en la resolución acusada.
A su vez, propuso excepción de inepta demanda por falta de requisitos sustanciales para demandar; interposición de acción distinta a la que se debió ejercer; falta de causa para demandar y excepción innominada.
Concepto del agente del Ministerio Público en primera instancia
El Ministerio Público no se pronunció en esta instancia.
Fundamentos de la sentencia recurrida
En sentencia de 11 de mayo de 2012, el Tribunal Administrativo de Nariño, negó las pretensiones de la demanda.
El Tribunal analizó en primer lugar las excepciones propuestas y encontró que no tenían vocación de prosperar.
Destacó que el espacio público es inajenable, imprescriptible, motivo por el cual el Estado, mediante el uso de las acciones jurídicas pertinentes, puede reclamar su protección en cualquier tiempo.
Explicó que conforme al Decreto 1600 de 2005 y la Ley 151 de 1998 las licencias urbanísticas otorgan a su titular derechos de construcción y desarrollo en los términos estipulados en el mismo acto, y con sujeción expresa al Plan de Ordenamiento Territorial.
Agregó que las normas referidas son enfáticas en disponer que la licencia no constituye título traslaticio del dominio y no genera derechos adquiridos relativos a la propiedad de la totalidad o de una parte del inmueble objeto de la intervención urbanística.
Afirmó que en el acervo probatorio no se encontraron ni las escrituras públicas ni los certificados de tradición y libertad en los que conste la cesión de espacio público en los distintos proyectos desarrollados por INPA LTDA.
Indicó que no se encontró dentro del proceso la escritura pública y el correspondiente certificado de tradición y libertad, que pruebe la entrega de los inmuebles de cesión anticipada en los términos del Decreto 564 de 2006.
Sostuvo que no se aportaron al proceso las solicitudes de inspección y las actas de entrega material de cesiones obligatorias de los proyectos.
Advirtió, en ese orden, que la demandante no probó el cumplimiento de sus obligaciones como urbanizador, ni pudo refutar el análisis del municipio que concluyó que en los proyectos adelantados existe un área de espacio público por ceder.
Señaló que las cesiones internas a las que aludió la demandante no eran de acogida por la Sala como cesiones de espacio público, toda vez, que solo contemplan el disfrute, uso y goce de los habitantes de la urbanización.
Indicó que, en esa medida el municipio de Pasto no era titular de las áreas de cesión que la demandante adujo haber entregado en los términos de las licencias urbanísticas.
Concluyó que la administración municipal no transgredió normas superiores al solicitar la compensación del espacio público dejado de entregar a favor del municipio de Pasto, con ocasión a las acciones urbanísticas de la demandante.
Lo anterior con base en las siguientes razones:
(i) Las licencias urbanísticas no otorgan derechos de propiedad y aún menos al tratarse de cesiones de espacio público, toda vez, que se tratan de bienes inembargables, imprescriptibles e inalienables; por tanto cuando el municipio reclama sus derechos sobre bienes públicos no está desconociendo los derechos de construcción y desarrollo que otorgan las licencias, simplemente reivindica la titularidad que le corresponde sobre los bienes de uso público.
(ii) En virtud de la facultad de vigilancia y control que se encuentra a cargo de las autoridades municipales, el alcalde o su delegado esta facultado para inspeccionar y revisar el cumplimiento efectivo de las normas urbanísticas, incluso respecto de obras ya finalizadas.
Fundamentos del recurso de apelación
Inconforme con la sentencia de 11 de mayo de 2012, la sociedad demandante presentó recurso de apelación en el cual solicitó que revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, con fundamento en argumentos que clasificó en tres acápites:
El cumplimiento cabal y demostrado de la urbanizadora frente a sus obligaciones con el municipio de Pasto.
Consideró que el Tribunal al darle credibilidad al análisis técnico realizado por Planeación Municipal, contradijo la realidad procesal, al existir plena demostración del cumplimiento de la urbanizadora frente a las obligaciones contraídas con ocasión de la construcción de los conjuntos El Refugio del Valle de Atriz, El Rincón del Valle de Atriz y el Portal del Valle de Atriz.
Afirmó que “el área de equipamiento de los tres conjuntos asciende a 1.879.64 ms, con un índice de cesión del 0.05, puesto que la norma acepta que en el área publica o privada el mismo tiene un peso específico en la determinación de las áreas cedidas y por lo mismo no fue tenido en cuenta en la resolución como era su deber hacerlo”.
Sostuvo que los fundamentos de la Resolución 048 de 2009 se encuentran en las áreas de cesión faltantes de las resoluciones U-001128 de 20 de diciembre de 2004 y 520001 LS 05-02-01709 de noviembre de 2005 de la Curaduría de Pasto, de las que se estableció el supuesto desfase de 1.761.64 m2.
Manifestó que en ningún aparte de la Resolución 001128 se hizo referencia a que el área bruta fuese de 15.593 m2, en dicho texto a su criterio se evidenció que el área bruta del terreno es de 11.087.41 m2.
Indicó que Planeación Municipal sostuvo con base en la resolución en referencia, que el área de cesión era de 4.505 m2, pese a que el acto no indica nada sobre esta.
Anotó que el área cedida en los proyectos Refugio y Portal del Valle de Atriz, de los cuales el municipio señaló que existió un área faltante de cesión, superó el 74%, es decir, que la demandante cedió un área mayor a la requerida por el municipio de Pasto.
Señaló que el municipio afirmó que por la Resolución 52001-LS-05-2- 01709 de 16 de noviembre de 2005, se establece una cesión de 5.880 m2, “lo que nunca acontece (mirar texto resolución), cuando en la misma simplemente se subdivide los dos lotes en tres, conservando el área bruta del predio en 11.087.41 m2”.
Anotó que la parte motiva del acto acusado, hace referencia a la Resolución 52001-2-LC-0702744 de 22 de junio de 2007, que aumentaría el total del lote objeto de licencia en 650m2 y “olvidan los funcionarios del ente planificador lo que ellos mismos realizaron en razón a que la calzada sobre la calle 19C solamente se había contabilizado hasta el eje vial siendo que la totalidad de la vía 19C fue construida y cedida al municipio por parte de INPA LTDA”.
Sostuvo que se desconoció el proceso administrativo para la obtención de la demarcación de la línea parametral, al igual, que una serie de actuaciones que involucran a la administración municipal y a la curaduría urbana:
“de allí que para la presente investigación del acto administrativo de demarcación 1106 de 8 de julio de 2004 y 52001-17909 de 15 de noviembre de 2005. El municipio determine las exigencias y el cumplimiento cabal de la reglamentación para que luego el señor curador estudie y emita respectiva resolución y construcción que aparece al pie de la demarcación con la firma del curador urbano en este caso el Curador Segundo de PASTO (…). Los valores se cancelaron por la urbanizadora el mismo día 20 de diciembre de 2004”.
“Ahora si bien en dicho documento se concluye que el área de cesión es cero (00-00) no es propiamente por otorgarse una concesión graciosa a favor de la urbanizadora o por alguna coyuntura sospechosa por parte de los funcionarios de la administración municipal, sino por haberse verificado y constatado las cesiones que independientemente los tres proyectos realizaron a favor del municipio de Pasto, de manera antelada, lo cual se apega estrictamente a lo dispuesto en los Decretos 490 de 1991 y 084 de 2003 (…). Resulta a todas luces inverosímil, que de otra parte, se hubiera concertado dolosamente tanto con el señor Guerrero que expide dicha demarcación, el mismo que luego cambia de parecer contra toda evidencia como por el funcionario de la curaduría urbana que expide las licencias de urbanismo mediante la Resolución U-001128 de 20 de diciembre de 2004 para subdivisión predial, previa la constatación del pago de las expensas, como también haber verificado que en los planos y documentos bajo radicado CU2-1252. Están en un todo de acuerdo a las normas urbanísticas y arquitectónicas del Plan de Ordenamiento Territorial de Pasto. En este acto administrativo se relaciona la información de cesiones que si bien no se totalizan, si demuestran su formalización y existencia en estas cifras: (…)”.
Aseguró que la Resolución 52001-LS-05-2-01709 de 2005, que otorgó licencia de subdivisión predial, para la cual se cancelaron las expensas respectivas como consta en el recibo 2871, con cabal cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas “es necesario aclarar que en este acto administrativo se relaciona toda la información sobre áreas cedidas que como se dijo en líneas arriba, no se totalizan pero si se formaliza su existencia”. (Subrayado fuera de texto).
Expresó que INPA LTDA., vendió a terceros un total de 6.300.25 m2 de área neta, sobre los cuales se afectan las áreas de cesión para espacio público aportadas por la sociedad para vías, zonas verdes, separadores, andenes que suman un total 3.099.19 m2, por lo que resta un área bruta de 25.758.43 m2, en la que fueron desarrollados los tres condominios del asunto.
Agregó que la sociedad no desconoció sus obligaciones frente al pago de impuestos, de allí que cada uno de los conceptos que implicaron pagos se realizaron debidamente como procedió a detallarlo.
De la potestad modificatoria de los actos administrativos luego de haber surtido efectos a través del tiempo y a partir de su ejecutoria
Señaló:
“El decreto 1502 de 1998 aplicable a la Resolución U-001128 de 2004 y el Decreto 1600 de 2005 aplicable a Resolución 52001-LS-05-2-01709 de noviembre de 2005 artículo 49 incorporación de áreas públicas y artículo 50 entrega material mediante acta. Este argumento se podría aceptar por la especial protección que demanda los bienes de carácter público, entre los que se cuenta el espacio público, pero no cuando se trata de proteger actos administrativos despojados de toda seriedad y buena fe, que se amparan en los postulados constitucionales y legales ya descritos cuando en el fondo simplemente tratan de modificar situaciones que gozan de firmeza para dar al traste con la pretensión legitima de hacer efectivo el pago de valores que el municipio se comprometió a cancelar por sus acciones invasivas (…) ante este tipo de actuaciones administrativas es un acierto que las reglas del ordenamiento jurídico ya citadas no tengan carácter absoluto, y que más bien de acuerdo al criterio de proporcionalidad se le dé mejor tratamiento”.
Planteó que el Tribunal se concentró exclusivamente en el aspecto referido al cumplimiento de las cesiones obligatorias del espacio público, y olvidó que el objetivo de los actos acusados era dar cumplimiento al fallo de juez administrativo.
Agregó que el a quo dio por ciertos y ajustados a derecho los considerandos de los actos administrativos y no interpretó las funciones de control y vigilancia sobre el espacio público de los entes territoriales, en suma, que no cuestionó la legalidad de los actos frente a las situaciones jurídicas consolidadas.
Indicó que los actos acusados debieron dirigirse a atender el fallo de la acción de cumplimiento y aplicar la Resolución 154 de 2007, no obstante, la administración “aprovecha la ocasión para imponer sanciones a la constructora sobre cesiones obligatorias del espacio público que debieron hacer en su momento, pero la misma administración avaló con la expedición de las respectivas licencias. Pero además, la administración municipal en la liquidación que realizó ni siquiera aplicó el área total de la cesión anticipada que había realizado INPA Ltda., y que había sido recibido por la administración en la RESOLUCION 154 DE 2007, si no que de manera arbitraria descontó un área mucho menor”.
Relató que, si bien el Estado puede controlar y vigilar el espacio público y las áreas de cesión obligatoria en cualquier momento por ser bienes con características de inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad, esto no significa arbitrariedad y desconocimiento de hechos consolidados, aún más cuando existe una decisión previa de la administración, que autoriza y reconoce derechos a particulares.
Argumentó que si el municipio de Pasto consideraba que los actos administrativos lesionaban intereses públicos, eran ilegales o iban en contravía del orden jurídico, debió ejercer la acción de lesividad.
Adujo que la administración no puede, mediante actos administrativos, revocar o modificar actos que crearon situaciones jurídicas particulares y concretas sin el consentimiento del afectado, lo cual, acontece en la Resolución 048 de 2009, al momento de establecer áreas de cesión obligatorias, que difieren de las resoluciones emitidas por las curadurías urbanas.
Manifestó: “Si el municipio de Pasto a través de la Secretaria de Planeación advirtió que habían faltantes de cesión de espacio público en las obras adelantadas por la constructora, esto es en la hipótesis de haber faltantes que en la realidad no existen, lo determinó por su propia torpeza al no realizar las inspecciones y levantamiento (…) no puede por un principio elemental y universal del derecho trasladarle ahora la culpa in vigilando al accionante y sancionarlo mediante un acto administrativo cuya finalidad, además, era otra diferente”.
Anotó que la Resolución 048 de 2009 no acató lo establecido en el Decreto 154 de 2007, toda vez que no liquidó las sumas que se debían por impuestos al municipio, y no tuvo en cuenta la cesión anticipada establecida en la resolución de 2007.
Afirmó que contrario a la administración reconocer un alivio tributario al accionante, impuso una sanción pecuniaria por supuestos faltantes en la cesión obligatoria de proyectos ya ejecutados.
Alegó falsa motivación en la resolución de 2009, en la medida que para dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado Quinto y aplicar la Resolución 154 de 2007, no era necesario verificar la incorporación del espacio público de todas las obras realizadas por INPA LTDA., y menos el estudio técnico adelantado por el Subsecretario de Planificación Urbana, Espacio Público y Urbanismo.
Sostuvo que el Tribunal señaló la importancia del espacio público, su restitución y preservación, pero, en el caso concreto, el municipio de Pasto no pretendía tal restitución, pues al tratarse de hechos consolidados y respaldados por su propia negligencia, lo que le interesaba al ente territorial era establecer una sanción pecuniaria.
Aludió al principio de confianza legítima y protección jurídica respecto de actuaciones estatales. Ello, para asegurar que es deber de la justicia, bajo una ponderación de proporcionalidad, corregir los actos irregulares emanados de la administración pública cuando afecten derechos fundamentales de los asociados.
Mencionó los principios de confianza legítima y protección jurídica del administrado respecto de las actuaciones estatales, y el principio de buena fe en las actuaciones oficiales consagrado en el artículo 83 constitucional, con el fin de indicar que la administración procedió de mala fe en la medida que el Subsecretario de Planificación, luego de establecer por resolución de demarcación y línea parametral que la sociedad inversora cumplió con las exigencias del POT vigente, posteriormente, contradijo su propio acto al realizar el estudio técnico que sirvió como fundamento de la Resolución 048 de 2009.
Aseveró que la administración al advertir que incurrió en un error, no podía trasladarle la carga al particular en virtud al principio “nemo propiam turpitudem allegans potest”
Sobre la obligación de formalizar la cesión en escritura pública
Citó los artículos 117 de la Ley 388 y el 49 del Decreto 1600 de 2005 lo cuales hacen mención a que el espacio público resultante de los procesos de urbanización debe incorporarse con el solo procedimiento de registro de la escritura de constitución de la urbanización en la oficina de instrumentos públicos, y señaló una serie de escrituras de las que afirma se observa el área interna y externa de cesión.
Informó que los datos expuestos existen en los anaqueles de la dependencia de Planeación Municipal y que no se tuvieron en cuenta para la valorización que esta realizó, desconociendo la prescripción legal de no exigir documentos que reposan en la entidad solicitante y que debieron servir para un estudio serio sobre el particular.
Insistió en que con base en el artículo 9 de la Ley 810 de 2003, las consecuencias jurídicas de las licencias no son solamente las de otorgar un derecho de construcción y desarrollo, sino que generan una presunción de legalidad y garantía al particular.
Trámite en segunda instancia
El recurso propuesto fue admitido por esta Corporación el 4 de febrero de 2013.
Alegatos de segunda instancia
8.1 Alegatos de conclusión de la parte demandante
Reiteró los argumentos planteados en el recurso de apelación y agregó que el a quo en su motivación pretende la aplicación de normas que por su expedición no tienen carácter retroactivo, en tanto los proyectos urbanísticos adelantados por la sociedad deben regularse por lo dispuesto en el Decreto 1052 de 1998, el cual no estableció la obligación de escriturar las cesiones ni de realizar su registro.
Afirmó que el Tribunal desconoció los actos administrativos expedidos años atrás, los cuales nunca fueron cuestionados por la administración.
Señaló que el a quo debió verificar las cifras y áreas sostenidas por Planeación Municipal, lo que le habría permitido tener claridad sobre lo juzgado.
Solicitó que, de no atenderse las razones esgrimidas, se tuviera en cuenta la especial circunstancia de reconocimiento por parte del municipio de Pasto de la intervención efectuada por valorización municipal en cuanto al área de intersección de la carrera 44 y Avenida de los Estudiantes y Panamericana, con el fin de que no se configure un enriquecimiento sin causa a favor de la administración y en detrimento de la demandante.
8.2 Alegatos de conclusión de la parte demandada
Dentro del término de traslado concedido para alegar de conclusión no hubo manifestación alguna por parte del municipio de Pasto.
El Ministerio Público no emitió concepto.
CONSIDERACIONES
Competencia
Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por la Sociedad Inversiones Pandiaco Ltda., contra la sentencia dictada el 11 de mayo de 2012, por el Tribunal Administrativo de Nariño, en los términos del artículo 129 del CCA, en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión No. 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta Corporación.
Acto demandado
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la Resolución 0048 de 2009 por medio de la cual se resuelve acatar y cumplir la providencia emitida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto y de la Resolución 220 de 2009 que confirma en todo el contenido de la Resolución 0048 de 2009.
Cuestión previa
La Sala encuentra que si bien los actos acusados fueron expedidos en cumplimiento de una sentencia y, por ende, podría pensarse que escapan del control jurisdiccional, lo cierto es que son verdaderos actos administrativos en la medida en que dicha providencia habilitó a la entidad para realizar una operación de juicio, que resultaría en la configuración de decisiones respecto de una situación jurídica particular.
A fin de evidenciar lo expuesto, esta Corporación considera necesario transcribir un aparte de los considerandos de la sentencia dictada por el juez de la acción de cumplimiento en cuestión:
“De otra parte debe advertirse también, que es perfectamente posible que se originen inconformidades frente al valor de las obligaciones del actor de las cuales deba hacerse el descuento por los terrenos cedidos, caso en el cual el accionante deberá ejercitar las acciones legales procedentes frente a las decisiones de la administración puesto que lo que se ampara a través de este fallo es el cumplimiento de la obligación del municipio de descontar lo recibido por cesión anticipada por compensación de espacio público, lo cual supone, obviamente, la existencia de una obligación a cargo del contratista de la cual pueda descontarse lo recibido y acuerdo frente a dicha suma, la cual no puede ser determinada por el Juez constitucional, puesto que trasciende sus facultades. Es decir, en caso tal que la parte actora este en desacuerdo con la liquidación hecha por el municipio, esta inconformidad deberá debatirse a través de la acción procedente.
Se hace claridad entonces, que la orden impartida se encaminará a que la entidad demandada profiera los actos administrativos a través de los cuales se determinen las obligaciones a cargo de la firma INPA LTDA, y conforme a lo anterior, se descuente, en caso de que contablemente sea posible, el valor recibido por concepto de cesión anticipada por compensación del espacio público”. (Subrayado fuera de texto).
En esta contexto, se observa que la Resolución 0048 de 2009, efectuó un análisis detallado de las licencias otorgadas a INPA LTDA., en virtud del cual determinó que existe un faltante en las áreas cedidas correspondiente a 1.761,64 m2, y que conforme al avalúo de la lonja de propiedad asciende a la suma de novecientos trece millones sesenta y un mil setecientos un pesos con cuarenta y cuatro pesos ($ 913.061.701,44).
Así las cosas, la administración resolvió que la sociedad demandante adeuda a favor del municipio de Pasto por concepto de cesión de espacio público, la suma referida, decisión que posteriormente fue confirmada por el segundo acto acusado, eso es, la Resolución Resolución 0048 de 2009.
En virtud de lo anterior, la Sala evidencia que las actuaciones de la administración convergen en la configuración de obligaciones a cargo del particular, lo cual constituye una manifestación clara de la voluntad administrativa encaminada a la producción de efectos jurídicos.
Problema jurídico
En línea de lo expuesto, le corresponde a la Sala establecer si los motivos de inconformidad esgrimidos en el recurso de apelación interpuesto por la demandante tienen la vocación de revocar, modificar, o confirmar la sentencia de primera instancia, mediante la cual, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda.
Marco conceptual de las cesiones públicas
Desde una perspectiva general las cesiones públicas corresponden a las transferencias de terrenos que a título gratuito efectúan los urbanizadores como contraprestación de los beneficios de la actividad urbanística las cuales comprenden áreas de uso público, como vías parques, zonas verdes entre otros, sin que obre a favor del particular indemnización alguna, toda vez que se trata de una enajenación voluntaria que el Estado puede requerir dentro de su facultad para dictar normas en materia de planificación urbanística.
Ahora bien, el artículo 5 de la Ley 9 de 1989 define las áreas de cesión obligatoria gratuita como: “conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes” y adiciona en su inciso segundo, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas entre otras.
Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, lo siguiente:
“Se trata de bienes que se incorporan al patrimonio municipal, con ocasión de la actividad urbanística y que indudablemente contribuyen a la integración del espacio público. Están destinadas a regular, con fundamento en el art. 82 de la Constitución, la integración del espacio público y de los bienes colectivos de uso común. Por lo demás, dichas cesiones gratuitas, con ocasión de la actividad urbanística, comportan una carga a los propietarios que se enmarca en la función social de la propiedad y su inherente función ecológica, que requiere regulación legal en los términos del art. 58 de la Constitución”.
Las disposiciones constitucionales aludidas por la jurisprudencia en cita fueron objeto de desarrollo en la Ley 388 de 1997, que en su artículo 37 dispone:
“Espacio público en actuaciones urbanísticas. Las reglamentaciones distritales o municipales determinarán, para las diferentes actuaciones urbanísticas, las cesiones gratuitas que los propietarios de inmuebles deben hacer con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público en general, y señalarán el régimen de permisos y licencias a que se deben someter así como las sanciones aplicables a los infractores a fin de garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo XI de esta Ley.” (Subrayado fuera de texto).
En síntesis, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha definido esta figura jurídica como el traslado de una parte del terreno privado para la construcción de bienes de uso público del ente territorial ante el cual, se adelanta la actuación de naturaleza urbanístico-administrativa.
Este breve bosquejo permite abordar los diversos cuestionamientos propuestos por la parte actora en el recurso de apelación.
Caso Concreto
La Sala advierte que la apelante planteó los desacuerdos frente al fallo del Tribunal a partir de tres acápites, no obstante, estos desarrollan dos argumentos principales, desde los cuales se procede al estudio del recurso: (i) el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas a cargo de la demandante y (ii) que el municipio no podía desconocer las licencias expedidas en el marco de los proyectos desarrollados por INPA LTDA.
6.1. Frente al primer argumento la apelante expuso cómo el Tribunal dio credibilidad al análisis técnico realizado por Planeación Municipal de Pasto, por el cual se estimó que la sociedad demandante tiene una deuda a favor del municipio con fundamento en faltantes en la cesión obligatoria del espacio público.
Por lo tanto, a su juicio, el a quo obvió que en el proceso se demostró el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la urbanizadora, motivo por el que adujo una serie de planteamientos fácticos con los cuales pretende demostrar la cesión efectiva de las áreas públicas y los desaciertos en los que incurrió la administración.
En orden de lo expuesto, la Sala resalta que en cuanto los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, el recurrente tenía la carga de probar los hechos que le servían como sustento para señalar la nulidad del acto.
El Tribunal al no evidenciar el material probatorio pertinente y conducente dentro del proceso, concluyó que el urbanizador no probó el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
En virtud de lo anterior, esta Sala considera necesario retomar el análisis efectuado por el a quo con el propósito de determinar si están llamados a prosperar los reproches planteados en el recurso de apelación, para ello se analizarán los siguientes aspectos: i) el régimen probatorio de la cesión de áreas públicas y ii) si con base en el acervo probatorio que obra en el proceso, se encuentran probadas las razones de hecho expuestas por el recurrente y, que a su juicio, el Tribunal no tuvo en cuenta.
6.1.1. Del régimen probatorio de la cesión de áreas públicas
Los proyectos urbanísticos adelantados antes del 20 de mayo de 2005, se desarrollaban bajo el procedimiento dispuesto en el artículo 117 de la Ley 388 de 1997:
“Artículo 117. Incorporación de áreas públicas. El espacio público resultante de los procesos de urbanización y construcción se incorporará con el solo procedimiento de registro de la escritura de constitución de la urbanización en la Oficina de Instrumentos Públicos, en la cual se determinen las áreas públicas objeto de cesión y las áreas privadas, por su localización y linderos. La escritura correspondiente deberá otorgarse y registrarse antes de la iniciación de las ventas del proyecto respectivo." (Subrayado fuera de texto).
En cuanto a los proyectos que tuvieron lugar a partir del 20 de mayo de 2005, fecha que entró en vigor el Decreto 1600 de 2005, les era aplicable los siguientes artículos de dicha norma:
“Artículo 49. Incorporación de áreas públicas. El espacio público resultante de los procesos de urbanización, parcelación y construcción se incorporará con el solo procedimiento de registro de la escritura de constitución de la urbanización en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en la cual se determinen las áreas públicas objeto de cesión y las áreas privadas, por su localización y linderos. La escritura correspondiente deberá otorgarse y registrarse antes de la iniciación de las ventas del proyecto respectivo.
En la escritura pública de constitución de la urbanización se incluirá una cláusula en la cual se expresará que este acto implica cesión gratuita de las zonas públicas objeto de cesión obligatoria al municipio o distrito. El urbanizador tendrá la obligación de avisar a la entidad municipal o distrital responsable de la administración y mantenimiento del espacio público acerca del otorgamiento de la respectiva escritura. El Registrador de Instrumentos Públicos abrirá los folios de matrícula que correspondan a la cesión en los que figure el municipio o distrito como titular del dominio.
Corresponderá a los municipios y distritos determinar las demás condiciones y procedimientos para garantizar que las áreas de terreno determinadas como espacio público objeto de cesión obligatoria ingresen al inventario inmobiliario municipal o distrital a través de la correspondiente escritura pública.
Artículo 50. Entrega material de las áreas de cesión. La entrega material de las zonas objeto de cesión obligatoria, así como la ejecución de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador sobre dichas zonas, se verificará mediante inspección realizada por la entidad municipal o distrital responsable de la administración y mantenimiento del espacio público.
La diligencia de inspección se realizará en la fecha que fije la entidad municipal o distrital responsable de la administración y mantenimiento del espacio público, levantando un acta de la inspección suscrita por el urbanizador y la entidad municipal o distrital competente. La fecha será señalada y comunicada dentro de los cinco (5) días siguientes a partir de la fecha de radicación de la solicitud escrita que para el efecto haga el urbanizador, la cual en todo caso deberá presentarse dentro del término de vigencia de la licencia. En el acto que otorgue la licencia se dejará manifestación expresa de la obligación que tiene el titular de solicitar la diligencia de inspección de que trata este artículo.
El acta de inspección equivaldrá al recibo material de las zonas cedidas, y será el medio probatorio para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del urbanizador establecidas en la respectiva licencia. En el evento de verificarse un incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia, se deberá dejar constancia de tal hecho en el acta y se dará traslado a la entidad competente, dentro de los tres días hábiles siguientes, para iniciar las acciones tendientes a sancionar la infracción.” (Subrayado fuera de texto).
En términos similares, el artículo 53 del Decreto 564 de 2006 vigente para el momento de la expedición de la Resolución 154 de 2007, señala como procedimiento para la entrega anticipada de cesiones el otorgamiento de escritura pública.
“Artículo 53. Entrega anticipada de cesiones. Los propietarios de predios sin urbanizar podrán proponer a los municipios o distritos, o estos a aquellos, la cesión de porción o porciones de dichos predios que se recibirán a título de zonas de cesión de desarrollos urbanísticos futuros, siempre y cuando, resulten convenientes para proyectos de interés general o utilidad pública contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen o complementen.
En este evento, la entidad municipal o distrital responsable de la administración y mantenimiento del espacio público efectuará el recibo del área o las áreas cedidas, indicando su destino, y procederá a efectuar, con el propietario, el otorgamiento de la escritura pública de cesión anticipada y su correspondiente inscripción en el registro” (Subrayado fuera de texto).
6.1.2. Con base en el acervo probatorio que obra en el proceso, no se encuentran probadas las cesiones obligatorias a las que adujo el recurrente.
Conforme a lo expuesto en el acápite anterior la Sala advierte que la inscripción de la escritura pública ya sea de constitución de la urbanización o de cesión anticipada, obra como una solemnidad ab substantiam de la cesión, criterio bajo el cual, el juez al valorar la prueba se encuentra bajo un régimen de tarifa legal que no admite otro medio de prueba.
Ahora bien, respecto a los proyectos a los cuales les era aplicable el procedimiento que establece el artículo 117 de la Ley 388 de 1997 “se incorporara con el solo procedimiento de registro de la escritura de constitución de la urbanización (…)”, se observa que no se aportaron al proceso las escrituras públicas y los respectivos certificados de libertad y tradición que permitan comprobar las afirmaciones del actor en cuanto al cumplimiento de las cesiones obligatorias.
Así mismo, respecto a las licencias proferidas en vigor del Decreto 1600, verbigracia la Resolución 52001-LS-05-2-01709 de 15 de noviembre de 2005, no solo no se encuentra la escritura pública y el respectivo certificado de libertad y tradición, sino que tampoco hay evidencia de las actas de inspección, ni aun de su solicitud escrita, circunstancia por la cual no pueden ser de recibo las afirmaciones sobre este aspecto, que no cuenten con el soporte probatorio requerido por la norma.
Situación similar acontece frente al señalamiento según el cual la administración mediante la Resolución 0048 de 2009 desconoció el área total de la cesión anticipada que realizó INPA LTDA., y que de manera arbitraria descuenta un área menor.
Toda vez, que como constató el a quo no se allegó al proceso, escritura pública que permita evidenciar el área cedida al municipio por este concepto, motivo por el cual, no es posible constatar la afirmación del recurrente.
Así las cosas, la Sala señala que, si bien el apelante hizo referencia a una serie de escrituras públicas, solo se allegó al proceso la escritura 4779 de 10 de septiembre de 2008, en la cual no se observa cesión de áreas obligatorias a favor del municipio, sino que permite evidenciar la aclaración de linderos del inmueble con ocasión a la intervención del INVAP, sobre la vía paralela a la Avenida Panamericana.
En este orden de ideas y en línea de lo establecido por el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos contencioso-administrativos por expresa remisión del artículo 168 CCA, el cual, dispone que toda decisión debe tener fundamento en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, la Sala resalta, que las afirmaciones del recurrente son de carácter subjetivo en cuanto carecen del soporte probatorio requerido, motivo por el cual no pueden tenerse en cuenta para desvirtuar la conclusión a la que llego el Tribunal con fundamento en la realidad procesal, que obra respecto a los proyectos urbanísticos Rincón del Valle de Atriz, Refugio del Valle de Atriz y Portal del Valle de Atriz.
6.2. De otra parte, la Sala evidencia que el recurrente mediante el recurso de apelación extiende los motivos de nulidad que presentó en la demanda y frente a los cuales el municipio no tuvo la oportunidad de defenderse, razón por la cual no se estudiaran de fondo los siguientes:
Las posibles inconsistencias en cuanto a la parte considerativa de la Resolución 0048 de 2009, en especial la alusión a la Resolución U – 001128 de 2004 y S0001709 de 2005, y la ampliación de licencia mediante Resolución 52001- 2 - LC – 0702744 de 2007 frente a la cual se argumentó que el municipio desconoció las actuaciones previas de sus funcionarios con relación a la calle 19C.
Igual anotación cabe con relación al índice de cesión del 0.05 respecto de los tres conjuntos, el área cedida por los terrenos vendidos a terceros, y la mención del detalle de los soportes de pago de impuestos, que en todo caso no desarrollan un reproche frente la sentencia del a quo.
Finalmente, la Sala advierte que tampoco son de recibo los argumentos relativos a la acción de lesividad y revocatoria directa, ya que no fueron alegados en primera instancia.
6.4. Con relación al segundo argumento, la Sala observa que la inconformidad del recurrente respecto al fallo del Tribunal radica en que no se tuvo en cuenta que la expedición de los actos acusados desconoce las licencias urbanísticas otorgadas a INPA LTDA, por ende, vulnera situaciones jurídicas consolidadas y desconoce sus propios actos, en contravía a los principios que rigen la actuación administrativa.
Lo anterior se propone por el apelante en cuestionamientos como el siguiente:
“Desde el inicio se observa una posición del Tribunal que se concentró exclusivamente en el aspecto del cumplimiento de las obligaciones del demandante en cuanto a las cesiones obligatorias de espacio público, dejando de lado el verdadero objetivo de los actos administrativos acusados que debía ser el dar cumplimiento al fallo del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto que resolvió favorablemente la acción de cumplimiento impetrada por INPA LTDA., para que se diera cumplimiento a la Resolución 154 de 2007 expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Pasto (…) A nuestro juicio, la decisión del Tribunal, es consecuencia de asumir una posición que cae en la trama de los argumentos y consideraciones de los actos administrativos acusados; los cuales no cumplen a cabalidad con lo señalado en el fallo y menos con lo establecido en la Resolución 154 de 2007.
Esta posición del Tribunal, da por ciertos y ajustados a derecho las consideraciones de los actos acusados, no interpreta en su justa medida las funciones de control y vigilancia sobre el espacio público que tienen los entes territoriales, no cuestiona la legalidad de los actos frente a las situaciones jurídicas consolidadas que INPA LTDA., había adquirido en razón de haber obtenido de las licencias de urbanismo y construcción por la propia administración, como bien se sostuvo en el proceso de primera instancia.
En tal sentido, del fallo en mención admite los siguientes cuestionamientos:
1). Si bien el Estado y los municipios pueden controlar y vigilar el espacio público y las áreas de cesión obligatoria en cualquier momento por ser bienes con características de inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad, esto no puede significar arbitrariedad y el desconocimiento de hechos consolidados proscritos en un Estado de Derecho, sobre todo cuando ya hubo una actuación o decisión previa de la propia administración que autorizo y reconoció derechos a los particulares.
(…)”
En vista de lo anterior, la Sala anota cómo en el fallo de primera instancia el Tribunal abordó el objeto de reproche a partir del concepto de espacio público y su defensa especial, para de manera acertada realizar algunas precisiones respecto a los derechos que conceden las licencias urbanísticas, lo cual, permitió inferir al a quo que el municipio puede recuperar las cesiones obligatorias en cualquier momento, y revisar las normas urbanísticas incluso en obras ya finalizadas, sin que ello signifique una afrenta al ordenamiento y a los derechos del particular.
Con la intención de determinar la validez de los cuestionamientos del recurrente ante la providencia de primera instancia, la Sala procede a analizar los criterios jurisprudenciales, respecto a la naturaleza y efectos de las licencias urbanísticas.
Sentencia de 12 de agosto de 1999:
“La Sala observa que las razones esgrimidas por el a quo en cuanto al derecho de propiedad se refiere, reclamado como violado en el tercero de los cargos consignados en la demanda, no son acertadas, puesto que la licencia de construcción aludida, si bien hace viable el ejercicio del mismo, lo cierto es que nada le agrega a sus elementos o atributos, y menos genera derecho adquirido en favor de sus beneficiarios, habida consideración de que se trata de un medio propio del poder de policía, como es el permiso o la autorización, que tiene fundamento en el mantenimiento o guarda del orden público.
Los actos administrativos que confieren permisos, licencias, autorizaciones y similares, son actos provisionales, subordinados al interés público y, por lo tanto, a los cambios que se presenten en el ordenamiento jurídico respectivo, cuyas disposiciones, por ser de índole policiva, revisten el mismo carácter, como ocurre con las normas pertinentes al caso, esto es, las relativas al uso del suelo y desarrollo urbanístico. Quiere decir ello que los derechos o situaciones jurídicas particulares nacidos de la aplicación del derecho policivo, no son definitivos y mucho menos absolutos, de allí que como lo ha sostenido la Sala, no generen derechos adquiridos.
Ello tiene fundamento, entre otras disposiciones, en la segunda parte del primer inciso del artículo 58 de la Constitución, al establecer que "Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social". Y bien es sabido que las normas de contenido policivo, como las del ordenamiento urbano y uso del suelo, se expiden consultando el interés social.
(…)
Tampoco cabe asumir que los derechos derivados de una licencia de construcción escapen a las limitaciones o efectos que puedan surgir de la aplicación de normas policivas o de orden público.
(…)
La administración bien puede, con posterioridad al otorgamiento de la licencia, detectar o establecer la existencias de dichas condiciones y proceder, en consecuencia, con lo cual ha de entenderse que la situación jurídica del inmueble se modifica, de manera que puede ocasionar incluso, que la licencia de construcción decaiga por desaparición de sus fundamentos de derecho, sí esta implica su demolición, como en el presente evento, por la sencilla razón de que se estaría ante un inmueble que no es permitido demoler” (Subrayado fuera de texto).
Avanzando en este razonamiento, esta Corporación ha señalado frente al alcance de los derechos adquiridos que confieren determinadas autorizaciones proferidas por el Estado, que estos, no derivan un derecho inmodificable, toda vez, que corresponden a actos de condición que nacen subordinados al interés general y el bien común.
Sobre esas bases, la Sala concluye que a favor del recurrente no se encontraban situaciones jurídicas consolidadas, en virtud que el otorgamiento de la licencia urbanística concede derechos de construcción y desarrollo sujetos a normas de interés superior.
Por otro lado, como se precisó en el acápite respectivo, las cesiones obligatorias corresponden a áreas de terreno que cede el particular a título gratuito como retribución a la comunidad de la plusvalía que genera la actividad urbanística, lo cual les otorga el carácter de espacio público.
Con ocasión a ello, la jurisprudencia de la Corte Constitucional señaló en cuanto al deber estatal que consagra el artículo 82 de la de la norma superior, lo siguiente:
“la protección y preservación del espacio público atiende a claros imperativos constitucionales, entre ellos: (i) el de velar por su destinación al uso común, (ii) el de prevalencia del interés general sobre el particular, (iii) el proveniente de las atribuciones reconocidos a los concejos distritales y municipales para que, en ejercicio de la autonomía territorial, regulen el uso del suelo en defensa del interés colectivo”
En orden de lo expuesto la Sala considera válidos los argumentos expuestos por el Tribunal, en la medida que: (i) la licencia no configura una situación jurídica inmutable, toda vez que es un acto condicionado al interés general; (ii) el municipio obró en cumplimiento de un mandato constitucional, como lo es el del deber de proteger el espacio público; (iii) la medida es proporcional en cuanto por los actos acusados no se revoca la licencia, toda vez, que la administración se limita a cumplir con el control urbano que le exige el ordenamiento jurídico, y por ende brinda la posibilidad al recurrente de cumplir con las cesiones adeudadas mediante una suma de dinero o con la cesión de un predio; (iv) la decisión adoptada mediante la Resolución 0048 de 2009, no cuenta con naturaleza sancionatoria, contrario a ello conforme se advierte del estudio antecedente, la administración obró bajo observancia de su deber constitucional; (v) el estudio técnico que ordena la Secretaría mediante la Resolución 0048, tiene validez toda vez que en virtud de la protección constitucional que se establece respecto al espacio público, la administración podía tomar las medidas para su recuperación de advertir inconsistencias, siempre y cuando estas decisiones no vayan en contravía con el ordenamiento jurídico, como se agotó en el análisis de la Sala.
Finalmente, sobre el cuestionamiento propuesto por el demandante en lo relativo a que los actos acusados excedieron el fallo del juzgado 5° administrativo, ya que no era necesario acudir a la verificación de la
incorporación del espacio público de las obras realizadas por INPA LTDA., y al estudio técnico ordenado por la Secretaría, es pertinente hacer alusión a la parte motiva del fallo de la acción de cumplimiento a saber:
“De otra parte debe advertirse también, que es perfectamente posible que se origine inconformidades frente al valor de las obligaciones del actor de las cuales deba hacerse el descuento por los terrenos cedidos, caso en el cual el accionante deberá ejercitar las acciones legales procedentes frente a las decisiones de la administración”.
Además, se observa en la parte resolutiva del fallo, que el juez administrativo ordena al municipio de Pasto proferir los actos por medio de los cuales se determinen a la fecha, las obligaciones a cargo de INPA LTDA.
Lo anterior, permite evidenciar que la providencia en cuestión otorgó un amplio margen de decisión a la administración ya que hizo mención en un sentido genérico a las obligaciones a cargo del demandante, por lo que la resolución acusada al determinar las áreas de cesión faltante se encuentra en el marco de lo dispuesto por la decisión judicial, en suma que el municipio se encuentra avalado para adelantar las actuaciones tendientes a recuperar el espacio público, en el marco de lo expuesto este acápite y como lo evidenció el Tribunal en su providencia.
Así las cosas, se encuentra que la decisión adoptada por el a quo se encuentra ajustada a derecho.
En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: Confirmar la Sentencia de 11 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.
SEGUNDO: Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Oficio de 26 de marzo de 2008 expedido por el Subsecretario de Ingresos, Oficio de 10de abril de 2008 expedido por la Subdirección de Planificación Territorial, Espacio Público y Urbanismo. Ver, folios 309 a 327, cuaderno principal. Resolución demandada, toda vez que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 048 de 2009. Folios 149 a 150, cuaderno principal. Folio 159 a 175, cuaderno principal. Ley 810 de 2003 Artículo 9°. El artículo 101 de la Ley 388 de 1997 quedará así: “Artículo 101. Curadores urbanos. El curador urbano es un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, urbanismo, construcción o demolición, y para el loteo o subdivisión de predios, a petición del interesado en adelantar proyectos de parcelación, urbanización, edificación, demolición o de loteo o subdivisión de predios, en las zonas o áreas del municipio o distrito que la administración municipal o distrital le haya determinado como de su jurisdicción .La curaduría urbana implica el ejercicio de una función pública para la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipio, a través del otorgamiento de licencias de urbanización y de construcción (…)”
Folio 4, cuaderno de apelación. Juzgado Quinto Administrativo de Pasto, sentencia 27 de abril de 2009. Folio 57 a 65 Cuaderno principal. Corte Constitucional. T- 575 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 enero de 2011, C.P. Maria Claudia Rojas Lasso. Radicación Número: No. 15001-23-31-000-2002-02582-01.
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 22 de febrero de 2018, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Radicación Número: No. 25000-23-24-000-2011-00789-01. Decreto 564 de 2006. Artículo 53. Entrega anticipada de cesiones. Los propietarios de predios sin urbanizar podrán proponer a los municipios o distritos, o estos a aquellos, la cesión de porción o porciones de dichos predios que se recibirán a título de zonas de cesión de desarrollos urbanísticos futuros, siempre y cuando, resulten convenientes para proyectos de interés general o utilidad pública contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen o complementen .En este evento, la entidad municipal o distrital responsable de la administración y mantenimiento del espacio público efectuará el recibo del área o las áreas cedidas, indicando su destino, y procederá a efectuar, con el propietario, el otorgamiento de la escritura pública de cesión anticipada y su correspondiente inscripción en el registro”. (Subrayado fuera de texto). Verbigracia, Resolución U 001128 de 2004, expedida por la Curaduría Segunda Urbana de Pasto. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de agosto de 1999, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa. Radicación número: 5500. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de mayo de 2007, C.P. Ostau De Lafont Pianeta. Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00334-01. Decreto 1600 de 2005 “Artículo 1. Licencia urbanística. Es la autorización previa, expedida por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, para adelantar obras de urbanización, construcción, ampliación, adecuación, reforzamiento estructural, modificación, demolición de edificaciones; parcelación, loteo o subdivisión de predios, y para la intervención y ocupación del espacio público, en cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen o complementen y en las leyes y demás disposiciones que expida el Gobierno Nacional”. Decreto 1600 de 2005 “Artículo 28. Efectos de la licencia.
De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 5° del Decreto-ley 151 de 1998, el otorgamiento de la licencia determinará la adquisición de los derechos de construcción y desarrollo, ya sea parcelando, urbanizando o construyendo en los predios objeto de la misma en los términos y condiciones expresados en la respectiva licencia. La expedición de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella. Las licencias recaen sobre uno o más predios y/o inmuebles y producen todos sus efectos aun cuando sean enajenados”. Corte Constitucional, sentencia C 211 de 5 de abril de 2017, M.P Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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