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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2010-00545-02

Fecha
19 de octubre de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2010-00545-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: REVÓCASE la sentencia proferida el 20 de marzo de 2015 por el Tribunal Administrativo del Nariño, la cual quedará así: <<PRIMERO- DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL - ACCIÓN SOCIAL y la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL. SEGUNDO.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda>> SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 52001-23-31-000-2010-00545-02

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

19 de octubre de 2023

Radicado: 52001-23-31-000-2010-00545-02 (54920)
Demandantes: Jhon Murillo Leiva y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Reparación directa
Radicación: 52001-23-31-000-2010-00545-02 (54920)
Demandantes: Jhon Jader Murillo Leiva y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional;
Departamento Administrativo de la Presidencia; Empleamos
S.A.

Tema: Responsabilidad del Estado por lesión de erradicador de cultivos
ilícitos. Se revoca la decisión de primera instancia que declaró la
responsabilidad de la Policía Nacional porque la única legitimada
por pasiva era la empresa que contrató al trabajador; y esa empresa
pagó la indemnización por el accidente de trabajo que sufrió el
demandante.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Policía Nacional contra la
sentencia dictada el 20 de marzo de 2015 por el Tribunal Administrativo de Nariño
que decidió:

<<PRIMERA. DECLÁRASE que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
POLICÍA NACIONAL son patrimonialmente responsables de los daños sufridos por
[los demandantes] por las lesiones sufridas por Jhon Jader Murillo Leiva en hechos
ocurridos en el municipio del Valle del Guamuez el 8 de agosto de 2008.

SEGUNDO. CONDÉNESE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL a pagar a los demandantes:

Perjuicios morales: 100 SMLMV para la víctima directa, 100 SMLMV para cada
uno de sus padres y 50 SMLMV para cada uno de sus hermanos.

Lucro cesante: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
($238.624.942) a favor de Jhon Jader Murillo Leiva.

Daño a la vida de relación: 100 SMLMV para la víctima directa.

TERCERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda>>.

La Sala es competente para proferir esta providencia porque resuelve un recurso
de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal

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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00545-02 (54920)
Demandantes: Jhon Murillo Leiva y otros

administrativo. El Tribunal Administrativo de Nariño conoció el proceso en
primera instancia en razón de la cuantía estimada en la demanda.

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 3 de septiembre de 2015.
Dentro del traslado para alegar de conclusión, la parte demandante y el Ministerio
Público solicitaron la confirmación de la sentencia; la Policía Nacional solicitó su
revocatoria. Las demás partes guardaron silencio.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda fue presentada el 21 de septiembre de 2010 por Jhon Jader
Murillo Leiva (víctima directa) y su grupo familiar. Se dirigió contra el
Departamento Administrativo de la Presidencia, la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, Acción Social y la empresa Empleamos S.A. con el
fin de solicitar la indemnización de perjuicios por las lesiones sufridas por el señor
Murillo Leiva debido a la explosión de una mina <<antipersona>> en hechos
ocurridos el 8 de agosto de 2008 en zona rural del municipio de Valle del
Guamuez (Putumayo).

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<Primera: LA NACIÓN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – ACCIÓN SOCIAL FIP - MINISTERIO DE
DEFENSA – POLICÍA NACIONAL y la empresa EMPLEAMOS S.A. son
administrativa y solidariamente responsables dentro de la teoría de
responsabilidad objetiva con falla probada por las graves lesiones físicas
(cuadriplejia e incapacidad mental absoluta) que sufrió el señor Jhon Jader Murillo
Leiva por explosión de una mina <<antipersona>> en hechos ocurridos el 8 de
agosto de 2008 en las veredas las pavas del municipio de Valle de Guamuez
(Putumayo) cuando erradicaba cultivos ilícitos por orden, inspección y vigilancia
del extremo pasivo.

Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a las
demandadas a pagar por concepto de perjuicios morales doscientos (200) SMLMV
a favor de la víctima directa y cada uno de sus padres y cien (100) SMLMV para
cada uno de los hermanos

Tercero: se condene a las demandadas a pagar solidariamente doscientos (200)
SMLMV a favor del lesionado Jhon Jader Murillo Leiva por concepto de daño a la
vida de relación por la afectación de su entorno social (…).

Cuarto: se condene a las demandadas a pagar indemnización por lucro cesante
consistente en los salarios que deja de percibir la víctima directa hasta su
expectativa de vida. (…)>>

3.- Las pretensiones se basaron en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El señor Jhon Jader Murillo Leiva sufrió un accidente de trabajo el 8 de
agosto de 2008 cuando explotó una mina antipersona mientras efectuaba labores

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Demandantes: Jhon Murillo Leiva y otros

de erradicación de cultivos ilícitos. Por los hechos sufrió trauma craneoencefálico,
cuadriplejia y le fue dictaminado un 85.75% de pérdida de capacidad laboral.

3.2.- El daño es imputable a las demandadas porque: (i) el Departamento
Administrativo de la Presidencia y Acción Social eran las entidades que dirigían
y coordinaban la erradicación manual de cultivos ilícitos; (ii) la misión de las
anteriores entidades se desarrollaba a través de la empresa Empleamos S.A., a
la cual la víctima estaba vinculada laboralmente como <<trabajador en misión>>
y (iii) la Policía Nacional omitió efectuar labores de inspección y verificación de
los terrenos de forma previa a la erradicación de cultivos.

B. Posición de las demandadas

4.- Acción Social propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, pues el señor Murillo Leiva estaba vinculado laboralmente con la empresa
Empleamos S.A., la cual reconoció indemnización por los hechos.

5.- El Departamento Administrativo de la Presidencia se opuso a las
pretensiones porque no le correspondía la coordinación del programa de
erradicación manual de cultivos ilícitos ni garantizar la seguridad de los
erradicadores.

6.- La Policía Nacional propuso la excepción de hecho de un tercero porque el
daño devino de la explosión de una mina <<antipersona>> plantada por la
<<guerrilla>>.

7.- Empleamos S.A. no contestó la demanda

C. Sentencia recurrida

8.- En sentencia del 20 de marzo de 2015, el Tribunal Administrativo de Nariño
decidió lo siguiente:

8.1.- Declaró la responsabilidad de la Policía Nacional porque, a pesar de que
era la entidad encargada de velar por la seguridad de los erradicadores, incumplió
sus funciones porque no demostró que el día de los hechos hubiera efectuado
actividades de desminado; consideró, adicionalmente, que tenía una posición de
garante frente a aquellos. Negó la configuración del hecho del tercero porque el
hecho pudo ser evitado desplegando los procedimientos previos de seguridad.

8.2.- Negó la responsabilidad de la empresa Empleamos S.A. porque esta se
derivaba de un contrato laboral. Señaló que esta responsabilidad era de tipo
<<contractual>> y no <<correspondía al estudio del caso>>.

8.3.- En cuanto a indemnización de perjuicios, reconoció las sumas señaladas al
inicio de esta providencia por concepto de: (i) perjuicios morales a favor de la

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Demandantes: Jhon Murillo Leiva y otros

víctima directa y sus familiares; (ii) lucro cesante a favor de la víctima directa y
(iii) daño a la vida de relación.

D. Recurso de apelación

9.- En su recurso, la Policía Nacional manifiesta que:

9.1.- Sí efectuó labores de reconocimiento y desminado de la zona en el mes de
agosto de 2008; sostuvo, además, que no podía presumirse la responsabilidad
de la Policía en los casos de lesiones a erradicadores de cultivos ilícitos.

9.2.- No podía excluirse la responsabilidad de las otras demandadas, pues la
Presidencia era la responsable de la ejecución y coordinación del programa de
erradicación de cultivos ilícitos junto con Acción Social, entidad que vinculó a la
víctima directa como erradicador manual.

II.- CONSIDERACIONES

E. Aspectos procesales

10.- La Sala estudiará de fondo las pretensiones porque la demanda se presentó
dentro de los dos años contados desde el día siguiente de ocurrido el daño. El
hecho dañoso ocurrió el 8 de agosto de 2008 por lo que el término para presentar
la demanda fenecía inicialmente el 9 de agosto de 2010. No obstante, este
término se suspendió entre el 3 de agosto y el 20 de septiembre de 2010 con
ocasión del trámite de conciliación prejudicial1. En consecuencia, la demanda
presentada el 21 de septiembre de 2010 fue oportuna.

11.- Se advierte que el tribunal no señaló las razones por las cuales se abstuvo
de imputar responsabilidad a Acción Social y al Departamento Administrativo de
la Presidencia; además, la Policía Nacional, como apelante única, solicita que se
analice la responsabilidad de estas entidades2. No obstante, la Sala no se
pronunciará sobre el particular. El artículo 287 del CGP permite que el juez de
segunda instancia complemente la sentencia del inferior a condición de que <<la
parte perjudicada con la omisión haya apelado>> y, en este caso, los
demandantes no apelaron y solicitaron la <<confirmación de la sentencia>> en
alegatos de conclusión. Al respecto, esta Sala ha señalado que el interés de la
condena a los demandados que fueron absueltos en primera instancia es
únicamente de la parte actora3:

<<El estudio del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía debe limitarse a
la condena dictada contra esta entidad, por ser ésta la decisión <<desfavorable>>

1 Fls. 19-20 c.1.
2 En el recurso la Policía señaló que debía analizarse la responsabilidad de los demás demandados, entre

estos, Empleamos S.A.; no obstante, únicamente planteó argumentos de responsabilidad frente a Acción
Social y el DAPRE.
3 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 6 de diciembre de 2021. Exp. 49213

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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00545-02 (54920)
Demandantes: Jhon Murillo Leiva y otros

a sus intereses. En consecuencia, la Fiscalía carece de interés para apelar la
decisión de absolver a la Rama Judicial, debido a que ésta no fue
<<desfavorable>> a la única apelante. Por el contrario, aceptar que la Fiscalía tiene
interés para apelar la absolución de la Rama Judicial desnaturalizaría su rol en el
proceso y la convertiría en una co-demandante. (…) [e]n esa medida, al negarse
la condena contra una de las dos entidades demandadas, se le generó un agravio
a la parte actora que la habilitaba para recurrir en apelación y solicitarle al superior
que concediera las pretensiones respecto de ambas entidades. Sin embargo, la
parte demandante no ejerció esta facultad, ni interpuso una apelación adhesiva
para el efecto>>.

F.- Decisión a adoptar

12.- La Sala revocará la decisión de primera instancia que declaró la
responsabilidad de la Policía Nacional porque: (i) la legitimada por pasiva es la
empresa que contrató al trabajador para ejercer labores de erradicación y quien
pagó la indemnización por el accidente de trabajo4; (ii) según lo expuesto, la
Policía Nacional no está legitimada por pasiva y, en todo caso, no se evidencia
acción u omisión que permita imputarle el daño.

13.- Empleamos S.A., sociedad frente a la cual el tribunal negó pretensiones sin
que los demandantes controvirtieran dicha decisión, es la única llamada a
responder porque era quien tenía una relación laboral con la víctima directa y,
según lo probado en el proceso, ya indemnizó los perjuicios materiales y morales
derivados del accidente de trabajo en el que la víctima directa sufrió la lesión.

13.1.- Está probado que la víctima fue contratada por la empresa Empleamos
S.A.5 para que ejerciera labores de erradicación manual de cultivos ilícitos. Esto,
según el contrato de trabajo allegado al proceso, cuyo objeto era:

<<OBJETO: El trabajador se vincula laboralmente con EL EMPLEADOR, bajo la
modalidad de TRABAJADOR EN MISIÓN, con el fin de cumplir en las
instalaciones de la EMPRESA USUARIA ACCIÓN SOCIAL FIP, las funciones
necesarias para DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS 359-2007 de conformidad al art. 77 de la Ley 50 de 1990>>.

13.2.- También está probado que, como consecuencia de su actividad, el 8 de
agosto de 2008 la víctima directa sufrió múltiples lesiones por la explosión de una
mina <<antipersona>> ocurrida en municipio de Valle del Guamuez (Putumayo).
Esto está acreditado con la historia clínica allegada al proceso6 y el dictamen de
pérdida de capacidad laboral elaborado por Positiva ARP en la que calificó el
origen de la enfermedad como <<accidente de trabajo>>.7

4 <<con esta decisión no se está determinando quién es el causante del daño, sino quién debe indemnizarlo,

es decir, la empresa empleadora de la víctima directa>> tal y como señaló la Sala en sentencia del 7 de
septiembre de 2023. Exp. 60185 con aclaración de voto del magistrado Fredy Ibarra Martínez y salvamento
de voto del magistrado Alberto Montaña Plata.
5 Fl. 219 c.1.
6 Fls. 1-210 c.2.
7 Fls. 204-207 c.1.

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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00545-02 (54920)
Demandantes: Jhon Murillo Leiva y otros

13.3.- Las lesiones sufridas por la víctima se produjeron como consecuencia de
un accidente de trabajo. Este se presentó en el ámbito laboral y durante la
ejecución de la labor para la cual se contrató al trabajador, en los términos
señalados por la Corte Suprema de Justicia:

<<De este modo, no tiene sentido la diferencia que hace la recurrente entre el
riesgo creado o de la empresa y responsabilidad objetiva, porque, en esencia,
ambas son objetivas y hacen referencia al riesgo profesional, de modo que no se
trata de discutir cuál de tales teorías prevalece al momento de calificar el
accidente; lo realmente relevante, es que este se presente en el ámbito laboral.
Adviértase, además, que el accidente que ocurre con causa del trabajo, se refiere
a una relación directa derivada del desarrollo de la labor para la cual se contrató
al trabajador y las actividades relacionadas con la misma; mientras que con
ocasión del trabajo, plantea una causalidad indirecta, es decir, un vínculo de
oportunidad o de circunstancias, entre el hecho y las funciones que desempeña
el empleado>>8.

13.4.- Adicionalmente, se acreditó que el accidente de trabajo fue indemnizado
por Empleamos S.A. En el expediente obra el documento denominado <<Acta de
pago de indemnización por accidente de trabajo>>, en la que Empleamos S.A. y
Aura María Leiva Rivera, madre de la víctima directa, acordaron9:

<<Estando laborando para Empleamos S.A. el señor JHON JADER MURILLO
LEIVA sufrió accidente de trabajo el día 8 de agosto de 2008.
La empresa pagará la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
(…) como pago total y ordinario por perjuicios materiales y morales que se
causaron con relación al accidente de trabajo.
El pago de esta indemnización no es aceptación de Empleamos SA de que existió
culpa patronal.
Este acuerdo presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada>>.

13.5.- También consta en el expediente el documento denominado <<Recibo de
finiquito de indemnización-póliza de seguro de vida en grupo (incapacidad total y
permanente)>>. En este, la señora Aura María Leiva Rivera, actuando en
representación de la víctima directa, señaló:

<<Acepto y recibo a entera satisfacción la suma de cuarenta y cinco millones de
pesos por concepto de indemnización total e integral con afectación de la póliza
de vida en grupo derivada del accidente por explosión de mina antipersona del
señor JHON JADER MURILLO LEIVA.

Que con la aceptación y recibo de la precitada indemnización exonero de toda
responsabilidad de Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda.>>

13.6.- La Corte Suprema de Justicia ha establecido que pueden existir
transacciones entre empleadores y empleados o sus representantes por razón
de un accidente de trabajo, las cuales hacen tránsito a cosa juzgada, así10:

8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 22 de septiembre de 2021.
9 Fls. 366-367.
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 11 de febrero de 1998. M.P. Fernando

Vásquez Botero. Rad. 12033

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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00545-02 (54920)
Demandantes: Jhon Murillo Leiva y otros

<<El acta transaccional plasmada en el documento (...) establece en su cláusula
séptima: Que MIRIAM DEL SOCORRO MUÑETÓN MORENO solicita el
reconocimiento de la indemnización plena de perjuicios por culpa patronal en el
accidente, a pesar de que admite que el empleador no tuvo culpa en la ocurrencia
del mismo y el seguro de vida obligatorio.

El empleador a su vez manifiesta no estar obligado a realizar dicho
reconocimiento, pero como se trata de un derecho incierto y discutible, conviene
en transigir cualquier diferencia en relación con la existencia de la culpa patronal,
su correspondiente indemnización y el seguro de vida en la suma de (...) los
cuales le son entregados a la señora citada en la calidad que aquí comparece al
momento de la firma de este documento (...)

Resulta plenamente acertado darle validez al acuerdo transaccional celebrado
entre las partes y hacerle producir los efectos de cosa juzgada en relación con
los pedimentos de la demanda (...)>>.

13.7.- Empleamos S.A. tiene la posibilidad de repetir contra el causante del daño,
si este es un tercero, en virtud del artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, que
dispone:

<<ARTÍCULO 12.- Subrogación. La entidad administradora de riesgos
profesionales podrá repetir, con sujeción a las normas pertinentes, contra el
tercero responsable de la contingencia profesional, hasta por el monto calculado
de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeción en
todo caso al límite de responsabilidad del tercero.

<<Lo dispuesto en el inciso anterior no excluye que la víctima, o sus
causahabientes, instauren las acciones pertinentes para obtener la
indemnización total y ordinaria por perjuicio, de cuyo monto deberá descontarse
el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos
profesionales>>.

14.- En cualquier caso, el daño no es imputable a la Policía Nacional. Al proceso
no se allegó prueba respecto de las circunstancias en las que sucedieron los
hechos, pues los testigos dieron cuenta de las relaciones familiares de la víctima
y manifestaron que las lesiones ocurrieron cuando cumplía funciones de
erradicación (aspecto no discutido)11. Tampoco existe prueba que permita
imputarle a la Policía el daño por acción u omisión. Sobre la actuación de esta se
allegó oficio 018 de enero de 2011 en el cual el comandante del Departamento
de Policía de Putumayo señaló que los Escuadrones Móviles de Carabineros
contaban con detectores de metales para cumplir fases de erradicación; además
se allegaron instructivos, protocolos y documentos Conpes sobre lineamientos
de erradicación manual de cultivos ilícitos, pero que fueron expedidos con
posterioridad a los hechos12.

G.- Costas

11 Declaraciones de Julieth Cuéllar Ruiz y Elizabeth Canducho Chilatra (Fls. 750-755 c.1.)
12 Cd. Fl. 706 c.1.

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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00545-02 (54920)
Demandantes: Jhon Murillo Leiva y otros

15.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVÓCASE la sentencia proferida el 20 de marzo de 2015 por el Tribunal
Administrativo del Nariño, la cual quedará así:

<<PRIMERO- DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA, AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL - ACCIÓN SOCIAL y la NACIÓN -
MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL.

SEGUNDO.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda>>

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con salvamento de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

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