Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2010-00545-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2010-00545-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 52001-23-31-000-2010-00545-02
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
21 de octubre de 2024
Radicado: 52001-23-31-000-2010-00545-02 (54920)
Demandantes: Jhon Jader Murillo Leiva y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de octubre dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Reparación directa
Radicación: 52001-23-31-000-2010-00545-02 (54920)
Demandantes: Jhon Jader Murillo Leiva y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional;
Departamento Administrativo de la Presidencia; Empleamos
S.A.
Tema: Sentencia de reemplazo por orden de tutela. Lesión sufrida por un
erradicador de cultivos ilícitos. Se revoca la decisión de primera
instancia que declaró la responsabilidad de la Policía Nacional
porque no se acreditó que el daño sufrido por la víctima fuera
imputable a una acción u omisión de la citada entidad.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Policía Nacional contra la
sentencia dictada el 20 de marzo de 2015 por el Tribunal Administrativo de Nariño
que decidió:
<<PRIMERO. DECLÁRASE que la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
POLICÍA NACIONAL son patrimonialmente responsables de los daños sufridos por
[los demandantes] por las lesiones sufridas por Jhon Jader Murillo Leiva en hechos
ocurridos en el municipio del Valle del Guamuez el 8 de agosto de 2008.
SEGUNDO. CONDÉNESE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL a pagar a los demandantes:
Perjuicios morales: 100 SMLMV para la víctima directa, 100 SMLMV para cada
uno de sus padres y 50 SMLMV para cada uno de sus hermanos.
Lucro cesante: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
($238.624.942) a favor de Jhon Jader Murillo Leiva.
Daño a la vida de relación: 100 SMLMV para la víctima directa
TERCERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda>>.
La sala es competente para proferir esta providencia porque resuelve un recurso
de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal
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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00545-02 (54920)
Demandantes: Jhon Jader Murillo Leiva y otros
administrativo. El Tribunal Administrativo de Nariño conoció el proceso en
primera instancia en razón de la cuantía estimada en la demanda.
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 3 de septiembre de 2015.
Dentro del traslado para alegar de conclusión, la parte demandante y la Policía
presentaron alegatos, y el Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia
porque la Policía omitió la protección y seguridad de la víctima en su condición
de erradicador de cultivos ilícitos.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1.- La demanda fue presentada el 21 de septiembre de 2010 por Jhon Jader
Murillo Leiva (víctima directa) y su grupo familiar. Se dirigió contra el
Departamento Administrativo de la Presidencia (en adelante, <<Dapre>>), la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (en
adelante, <<Acción Social>>), la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, y la empresa Empleamos S.A. con el fin de solicitar la indemnización
de perjuicios por las lesiones sufridas por el señor Murillo Leiva debido a la
explosión de una mina <<antipersona>> en hechos ocurridos el 8 de agosto de
2008 en zona rural del municipio de Valle del Guamuez (Putumayo).
2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
<<Primero: LA NACIÓN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – ACCIÓN SOCIAL FIP - MINISTERIO DE
DEFENSA – POLICÍA NACIONAL y la empresa EMPLEAMOS S.A. son
administrativa y solidariamente responsables dentro de la teoría de
responsabilidad objetiva con falla probada por las graves lesiones físicas
(cuadriplejia e incapacidad mental absoluta) que sufrió el señor Jhon Jader Murillo
Leiva por explosión de una mina <<antipersona>> en hechos ocurridos el 8 de
agosto de 2008 en las veredas las pavas del municipio de Valle de Guamuez
(Putumayo) cuando erradicaba cultivos ilícitos por orden, inspección y vigilancia
del extremo pasivo.
Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a LA
NACIÓN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA – ACCIÓN SOCIAL FIP - MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL y la empresa EMPLEAMOS S.A. a pagar solidariamente por concepto
de perjuicios morales subjetivos las siguientes cantidades: (…) doscientos (200)
SMLMV a favor de la víctima directa (Jhon Jader Murillo Leiva) y cada uno de sus
padres (Aura María Leiva Rivera, Jairo Murillo); (…) y cien (100) SMLMV para cada
uno de los hermanos (Jimmy Murillo Leiva, Carlos Ariel Leiva, Juan Fernando
Leiva, Héctor Jairo Murillo Leiva, Angie Julieth Murillo Leiva, Jesús Antonio Murillo
Leiva, Bellanid Leiva).
Tercero: Se condene LA NACIÓN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – ACCIÓN SOCIAL FIP - MINISTERIO DE
DEFENSA – POLICÍA NACIONAL y la empresa EMPLEAMOS S.A. a pagar
indemnización por lucro cesante consistente en los salarios que deja de percibir la
víctima directa según su expectativa de vida. (…)>>
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Demandantes: Jhon Jader Murillo Leiva y otros
Cuarto: Se condene LA NACIÓN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – ACCIÓN SOCIAL FIP - MINISTERIO DE
DEFENSA – POLICÍA NACIONAL y la empresa EMPLEAMOS S.A. a pagar
solidariamente doscientos (200) SMLMV a favor del lesionado Jhon Jader Murillo
Leiva por concepto de daño a la vida de relación por la afectación de su entorno
social (…) y cien (100) a favor de sus padres Aura María Leiva Rivera y Jairo Murillo
para cada uno, como perjuicios extrapatrimoniales a la vida de relación (…)>>
3.- Las pretensiones se basaron en las siguientes afirmaciones:
3.1.- <<Dentro de las diferentes funciones que cumple EL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA [y] ACCION
SOCIAL, está la erradicación manual de cultivos ilícitos, mediante el programa
de Grupos Móviles de Erradicación, actividad esta que se cumple desde el año
2003, misión que se desarrolla por intermedio de la empresa EMPLEAMOS
S.A.>>
3.2.- <<El pasado ocho (8) de agosto de 2008, cuando sufrió accidente de trabajo
el señor JHON JADER MURILLO LEIVA, se encontraba prestando sus servicios
como erradicador manual de la empresa EMPLEAMOS S.A. en la vereda Las
Pavas, inspección de Policía "El Tigre” del municipio del Valle del Guamuez
(Putumayo)>>.
3.3.- <<El señor JHON JADER MURILLO LEIVA estaba vinculado laboralmente
con EMPLEAMOS S.A., bajo la modalidad de trabajador en misión con el fin de
cumplir en las instalaciones de LA EMPRESA USUARIA ACCION SOCIAL, las
funciones necesarias para dar cumplimiento al contrato de prestación de servicio
369-2007 de conformidad al Art.77 de la Ley 50 de 1990>>.
3.4.- <<Previamente a que los erradicadores procedieran a su actividad que se
realiza de manera manual, miembros de la Policía Nacional realizaban la
actividad de inspección y verificación de la no existencia de explosivos dentro del
área de trabajo de erradicación>>.
3.5.- <<Siendo las once de la mañana el día 8 de agosto de 2008, en momentos
en que cumplía la actividad para lo que fue contratado, es decir, erradicaba
cultivos ilícitos, explotó un artefacto explosivo el cual estaba enterrado en una
mata de coca, que al explotar dejó varias personas muertas y heridas entre las
cuales quedó gravemente herido el señor JHON JADER MURILLO LEIVA>>.
3.6.- <<Mediante dictamen médico del 27 de julio de 2009 la ARP estableció que
el señor JHON JADER MURILLO, sufrió Trauma Craneoencefálico severo,
Hemorragia Gangleobasal, lesión axonal difusa, fractura 1/3 distal de radio.
Calificándolo con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral de un 85.75%
como origen: accidente de trabajo, declarado como inválido donde requiere el
auxilio de otra persona>>.
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Demandantes: Jhon Jader Murillo Leiva y otros
3.7.- <<Existe una relación de causalidad entre los perjuicios cuya indemnización
se reclama y los hechos constitutivos de la falla en el servicio, y/o de la falla
presunta, y/o del daño especial, y/o del riesgo excepcional o de la lesión o daño
antijurídico alegado como causa de las pretensiones solicitadas en este libelo>>.
3.8.- Como <<fundamento de derecho>> de sus pretensiones, los demandantes
citaron varios artículos de la Constitución Política, del Código Contencioso
Administrativo, del Código Civil y leyes relacionadas con la Convención de
Ottawa. Igualmente citaron jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el fuero
de atracción, la responsabilidad de las entidades públicas respecto de las obras
públicas que contrata y por daños causados con minas antipersona.
3.9.- En la demanda se solicitó la declaración de tres testigos para que dijeran
<<lo que les conste de los hechos de la demanda y en especial de la afectación
moral de los demandantes>>. Los demandantes también solicitaron oficiar a: (i)
a la Fiscalía, juzgados penales del circuito, la Personería y la Defensoría del
Pueblo para que remitieran copias de las investigaciones penales o disciplinarias
adelantadas por los hechos; y (ii) a la Policía Nacional para que indicara si el día
de los hechos realizaron labores de detección de minas antes de la erradicación,
qué elementos utilizaban para la detección de minas y si se adelantó una
investigación disciplinaria por los hechos.
B. Posición de las demandadas
4.- Acción Social hizo una exposición general del Programa de Erradicación de
Cultivos Ilícitos; precisó que la logística del programa de los Grupos Móviles de
Erradicación estaba a su cargo, pero que quien fungía como empleador de los
erradicadores era la empresa Empleamos S.A., que contrataba al personal y se
hacía cargo de todas las prestaciones de ley. Dijo, además, que la seguridad de
estos estaba a cargo de la fuerza pública.
4.1.- Luego de lo anterior, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda
porque: (i) Empleamos S.A. era el empleador de la víctima y reconoció una
indemnización por incapacidad total de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS ($45.000.000) por cuenta de la Póliza Grupo de Vida que amparaba a
los erradicadores, y sabía que La Previsora, en calidad de ARP, reconoció
pensión a la víctima; (ii) las normas y decisiones del Consejo de Estado citadas
en la demanda no se relacionan con los supuestos de hecho y de derecho del
presente caso; (iii) el proceso de erradicación de cultivos ilícitos no desconoce la
Convención de Ottawa. Esta convención incluye una exclusión general de
<<civiles>> en zonas minadas, exclusión que no puede extenderse a los
erradicadores quienes asumen voluntariamente el riesgo; (iv) la seguridad de los
erradicadores y el desminado previo estaba a cargo de la fuerza pública, y la
concreción del riesgo de una explosión de una mina no identificada, pese a la
ejecución de un protocolo de seguridad exhaustivo, no implica la violación de
algún compromiso internacional ni mucho menos puede comprometer la
responsabilidad estatal; (v) la causa del daño fue un artefacto explosivo
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Demandantes: Jhon Jader Murillo Leiva y otros
implantado por un grupo terrorista, circunstancia que configuraba el <<hecho de
un tercero>>, (vi) no podía resultar condenada por <falla en el servicio>> porque
cumplió con todas sus obligaciones legales y dentro de estas no estaban las
atinentes a las de la verificación de la zona, pues ello correspondía a la fuerza
pública; tampoco por <<daño especial>> porque no desplegó ninguna actividad
que rompiera el principio de igualdad frente a las cargas públicas ni, mucho
menos, por <<riesgo excepcional>>, pues la vinculación de los erradicadores a
dicha labor es voluntaria.
4.2.- Por otro lado, allegó prueba documental sobre la indemnización pagada a
la víctima y solicitó oficiar a la Policía, al Ejército y a la Armada para que
remitieran información sobre la función que cumplen los Grupos Móviles de
Erradicación dentro de la estrategia y allegaran los protocolos de seguridad en
las labores de erradicación.
5.- El Departamento Administrativo de la Presidencia se opuso a las
pretensiones. Sostuvo que no le correspondía la coordinación del programa de
erradicación manual de cultivos ilícitos ni garantizar la seguridad de los
erradicadores.
6.- La Policía Nacional propuso la excepción de <<hecho de un tercero>>
porque el daño devino de actuaciones de un grupo al margen de la ley mientras
la víctima realizaba labores para las cuales fue contratada.
7.- Empleamos S.A. no contestó la demanda
C. Sentencia recurrida
8.- En sentencia del 20 de marzo de 2015, el Tribunal Administrativo de Nariño
decidió lo siguiente:
8.1.- Declaró la responsabilidad de la Policía Nacional porque estaba a cargo de
la seguridad de los erradicadores y no demostró que hubiera realizado
actividades de desminado previo. Señaló que la entidad contaba con detectores
de metales, pero que estos no eran capaces de detectar la mina que explotó, no
dejó constancia de las medidas adoptadas el día de los hechos y los protocolos
allegados eran de fecha posterior a la de los hechos, por lo que no contar con
protocolos era una omisión aún más grave. Agregó que la Policía tenía una
posición de garante al exponer a <<civiles>> a los riesgos derivados de la labor
de erradicación.
8.2.- Desechó la excepción de <<hecho de un tercero>> porque este no era
<<irresistible ni imprevisible>> y pudo ser evitado desplegando los
procedimientos previos de seguridad.
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Demandantes: Jhon Jader Murillo Leiva y otros
8.3.- Negó la responsabilidad de la empresa Empleamos S.A. porque esta
derivaba de un contrato laboral. Señaló que su responsabilidad era de tipo
<<contractual>> y no <<correspondía al estudio del caso>>.
8.4.- En cuanto a indemnización de perjuicios, reconoció las sumas señaladas al
inicio de esta providencia por concepto de: (i) perjuicios morales a favor de la
víctima directa y sus familiares; (ii) lucro cesante a favor de la víctima directa y
(iii) daño a la vida de relación.
8.5.- En la parte resolutiva decidió <<negar las demás pretensiones de la
demanda>>, es decir, negó las pretensiones frente al Dapre y Acción Social, pero
en la parte considerativa no se precisó por qué el daño no les era imputable a
estas entidades.
D. Recurso de apelación
9.- En su recurso, la Policía Nacional manifiesta que:
9.1.- Sí efectuó labores de reconocimiento y desminado de la zona en el mes de
agosto de 2008; sostuvo, además, que no podía presumirse su responsabilidad
en los casos de lesiones a erradicadores de cultivos ilícitos por el solo hecho de
tener a su cargo las funciones de seguridad de dichos erradicadores.
9.2.- Agregó que no podía excluirse la responsabilidad de las otras demandadas,
pues el Dapre, junto con Acción Social, eran los responsables de la ejecución y
coordinación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos en el país.
E. La sentencia proferida el 19 de octubre de 2023 por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado
10.- En sentencia del 19 de octubre de 2023, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia. En esa
decisión indicó que: (i) la única legitimada en la causa por pasiva era Empleamos
S.A., empresa que contrató al trabajador para ejercer labores de erradicación y
que pagó la indemnización por el accidente de trabajo; (ii) en consecuencia, la
revocatoria de la decisión sí era procedente porque la Policía Nacional, entidad
condenada en primera instancia, no estaba legitimada en la causa por pasiva;
(iii) agregó que, en cualquier caso, no podía declararse la responsabilidad de la
Policía porque los demandantes no demostraron las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las que sucedieron los hechos; y si bien se allegaron al proceso
instructivos y protocolos sobre erradicación manual de cultivos ilícitos, estos
eran de fecha posterior a los hechos, por lo que no podía deducirse la
responsabilidad de la Policía ni por acción ni por omisión. En la referida sentencia
se resolvió:
<<PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 20 de marzo de 2015 por el
Tribunal Administrativo del Nariño, la cual quedará así:
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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00545-02 (54920)
Demandantes: Jhon Jader Murillo Leiva y otros
<<PRIMERO. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA, AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL - ACCIÓN SOCIAL y la NACIÓN -
MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL.
SEGUNDO. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda>>.
11.- El consejero Fredy Ibarra Martínez acompañó la decisión con aclaración de
voto. Señaló que, a su juicio, la Policía Nacional y el Dapre sí estaban legitimados
en la causa por pasiva; sin embargo, no se probó el nexo causal ni una falla del
servicio por desatención a los protocolos de desminados pertinentes vigentes
para el momento de los hechos.
12.- El Consejero Alberto Montaña Plata salvó el voto porque la decisión: (i) se
apartó sin justificación del precedente de la sala (expedientes 47628, 53399 y
54381); (ii) ignoró el problema estructural de involucrar civiles en la erradicación
forzada; (iii) utilizó el concepto de culpa patronal, el cual en este caso no es
sucedáneo de la falla del servicio porque el empleador estaba a cargo de las
funciones de erradicación, pero no tenía funciones de desminado, exclusivas de
la fuerza pública; (iv) agregó que era inadmisible que la Administración pudiera
liberarse de responsabilidad mediante la tercerización de funciones (la
erradicación) relacionadas con obligaciones (el desminado) que solo pueden ser
asumidas por ella.
F. La acción de tutela contra la sentencia del 19 de octubre de 2023
13.- Los demandantes presentaron acción de tutela y solicitaron que se revocara
la sentencia de segunda instancia en el proceso de reparación directa. Señalaron
que la decisión de segunda instancia incurrió en defecto fáctico y sustantivo por
desconocimiento del precedente horizontal fijado por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, punto en el que se hizo referencia a la sentencia del 10 de
febrero de 2021 proferida por la Subsección B dentro del expediente 54381.
14.- En la sentencia de tutela del 12 de septiembre de 2024, notificada a este
despacho el 18 de septiembre de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
decidió:
<<1.- Amparar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
de la señora Aura María Leiva Rivera, de conformidad con las razones expuestas
en esta providencia.
2. En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia del 19 de octubre de 2023,
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el
medio de control de reparación directa nro. 52001-23-31-000-2010-00545-02
(54920); y ordenar a esa autoridad judicial que en el término de veinte (20) días
contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión
en la que tenga en cuenta las precisiones sobre el precedente vigente y aplicable,
expuestas en este fallo de tutela>>.
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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00545-02 (54920)
Demandantes: Jhon Jader Murillo Leiva y otros
15.- El juez de tutela indicó que la sentencia del proceso de reparación directa
incurrió en incurrió en <<defecto por desconocimiento del precedente>>, así:
<<(…) la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en
desconocimiento de su propio precedente (horizontal), el cual había sido
desarrollado en, al menos, tres sentencias previas en las que analizó problemas
jurídicos similares al que ahora se estudia. (…)
Esta Sala observa que la Corte Constitucional, en la sentencia T-041 de 2023,
analizó la acción de tutela contra una providencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en la que se negaron las pretensiones de reparación
directa derivadas de la responsabilidad del Estado por las lesiones que sufrió un
erradicador de cultivos ilícitos por la activación de una mina antipersonal. En este
caso, el Tribunal Constitucional dijo que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado había fijado un precedente aplicable a estos eventos, el cual
estaba contenido en las siguientes tres sentencias:
a) La sentencia del 21 de noviembre de 2018 (47628) que estudió la demanda
de reparación de los familiares de seis erradicadores voluntarios de cultivos
ilícitos que fallecieron por la explosión de una mina antipersonal sembrada por
un grupo guerrillero. En el fallo se indicó que (i) «la labor de erradicación de
cultivos ilícitos –en este evento, en zona de alto riesgo- recae, con todos sus
peligros, en cabeza del Estado, razón por la cual se estima que en este caso el
título de imputación debe ser el de riesgo excepcional»; que (ii) la instalación de
minas antipersonal en el lugar donde ocurrieron los hechos buscaba afectar el
plan nacional de erradicación de cultivos ilícitos y por ello el daño es imputable al
Estado, pues se trata de la concreción de un riesgo derivado de una actividad
peligrosa; y que (iii) aunque las víctimas recibían un incentivo económico por la
labor de erradicación, «el colaborador benévolo no asume los riesgos en una
actividad peligrosa a cargo del Estado».
b) En la sentencia del 10 de febrero de 2021 (54381), la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación condenó al Estado por las lesiones que
padeció un erradicador de cultivos ilícitos con ocasión de la explosión de una
mina antipersonal y precisó que se probó que la Policía Nacional no adoptó las
medidas de seguridad necesarias para el desarrollo de la función riesgosa (falla
en el servicio). Al respecto, precisó que aun si no se hubiere acreditado la falla,
estaba comprometida la responsabilidad del Estado bajo el régimen objetivo de
responsabilidad porque «sometió a los erradicadores de cultivos ilícitos, y en este
caso a la víctima concreta, a un riesgo de carácter excepcional».
En este caso el doctor Martín Bermúdez Muñoz registró salvamento de voto
porque consideró que era el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social quien debía responder en el ámbito de la responsabilidad contractual en
virtud del contrato de trabajo. Como consecuencia de lo anterior consideró que
la Policía Nacional no estaba legitimada en la causa por pasiva.
c) Finalmente, recordó la ratio de la sentencia del 10 de febrero de 2021
(53399), en donde la Sala de decisión accionada estudió el caso de un
erradicador de cultivos ilícitos que sufrió lesiones por la explosión de una mina
antipersonal y quien adelantó estas labores en el marco de un contrato de trabajo
firmado con la empresa Empleamos SA. La Subsección B consideró que el daño
antijurídico era imputable a Acción Social y al Ministerio de Defensa a título de
falla en el servicio porque envió a personas sin preparación a cumplir una función
de alto riesgo que está en cabeza del Estado y porque no se inspeccionó el
terreno para identificar la existencia de minas antipersonal. Asimismo, recordó
que, aún si no se hubiera acreditado la falla, estaría comprometida la
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Demandantes: Jhon Jader Murillo Leiva y otros
responsabilidad de Acción Social y de la Fuerza Pública porque sometieron a la
víctima a un riesgo excepcional. En esta providencia se hizo la siguiente precisión
que es importante en el caso que ahora se analiza en tutela:
«ii) pese a que la víctima se vinculó voluntariamente al programa de erradicadores
no se puede afirmar que asumió de manera aislada los riesgos de la actividad, ya
que se demostró que las demandadas incurrieron en un falla del servicio y, aun en
su ausencia, sometieron a la víctima a un riesgo excepcional en la ejecución de la
política de erradicación de cultivos ilícitos; iii) se demostró que la Policía y el Ejército
Nacional estaban legitimados materialmente, ya que debían prestar seguridad a los
erradicadores conforme a sus obligaciones constitucionales y legales y a los
protocolos de seguridad; iv) si bien la obligación de seguridad es de carácter relativo,
es decir, de medio y no de resultado; ello no es admisible frente a la infracción de
obligaciones, protocolos o cuando se somete al administrado a un riesgo de carácter
excepcional (…)».
Esta sentencia registró salvamento de voto del magistrado Martín Bermúdez en
los mismos términos expuestos en el fallo anterior, solo agregó que la sociedad
Empleamos SA debía ser condenada solidariamente con la Presidencia de la
República.
En esta sentencia (T-041 de 2023), la Corte Constitucional declaró que la
autoridad accionada había incurrido en desconocimiento del precedente porque,
a pesar de la similitud fáctica, el Tribunal accionado no tomó en consideración el
precedente fijado por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado antes mencionada. En palabras de La Corte:
«(…) dada la similitud fáctica, esa autoridad judicial debió seguir el precedente fijado
por la Subsección B de esa misma Sección Tercera, específicamente respecto de
los daños sufridos por los erradicadores manuales de cultivos ilícitos. Las tres
sentencias de esa Subsección B, que además son posteriores a la sentencia de
unificación de la Sección Tercera, son precedentes en tanto el problema jurídico es
el mismo (si el Estado debe responder por los daños causados por minas
antipersonal instaladas por las FARC y sufridos por personas que voluntariamente -
tuvieran contrato laboral o no- se desempeñaban como erradicadores manuales de
cultivos ilícitos) y su ratio decidendi es relevante para analizar el caso (aunque puede
estudiarse el título de imputación de falla en el servicio, en todo caso la actividad de
erradicación de cultivos ilícitos constituye un riesgo de carácter excepcional para
quienes desempeñan esa labor).»
De acuerdo con lo anterior, esta Sala reitera que la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado incurrió en desconocimiento del precedente
(horizontal) al proferir la sentencia del 19 de octubre de 2023 dentro del medio de
control de reparación directa nro. 520012331000-2010-00545-02, sin haberse
pronunciado sobre las reglas de decisión establecidas en las providencias antes
mencionadas que fueron creadas por esa misma Sala de Decisión. Es decir que,
la accionada desatendió el precedente aplicable sin siquiera cumplir con los
requisitos de transparencia y razón suficiente exigidos para los casos de
apartamiento. (…)
La autoridad judicial concentró el análisis del caso en el concepto de la culpa
patronal, tesis que había sido expuesta por el magistrado Martín Bermúdez Muñoz
en sus salvamentos de voto a las sentencias con radicación interna 54381 y 53399,
pero en su momento fue una postura disidente.
Entonces, si lo que pretendía la autoridad judicial con esta sentencia era cambiar
el precedente que venía aplicándose por posición mayoritaria en esa Sala de
decisión debió manifestarlo así de manera expresa en la sentencia y exponer la
argumentación necesaria para tal fin, lo cual requiere al menos: cumplir con el
requisito de transparencia invocando y explicando el precedente anterior, y con el
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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00545-02 (54920)
Demandantes: Jhon Jader Murillo Leiva y otros
de suficiencia exponiendo la argumentación que justifica el cambio de postura.>>
(destacado fuera de texto)
16.- El juez de tutela precisó que
<<… al prosperar el cargo de desconocimiento del precedente se relevará del
análisis del defecto fáctico, pues los supuestos de hecho, las exigencias
probatorias y la aplicación de los efectos del eventual incumplimiento de la carga
de la prueba dependen del marco jurídico y título de imputación bajo el cual se
analice el caso. Así las cosas, es necesario que la autoridad acusada estudie de
nuevo el caso particular, tomando en consideración el precedente vigente ya sea
para acogerlo o apartarse y definida esa premisa jurídica, le corresponde
determinar si está o no probada la responsabilidad del Estado en consideración a
los medios de convicción aportados y a la aplicación del fenómeno de la carga de
la prueba>>.
II. CONSIDERACIONES
17.- En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de tutela, la sala profiere
sentencia nuevamente, acatando lo dispuesto por el juez constitucional.
G. Aspectos procesales
18.- Tal y como se señaló en la sentencia del 19 de octubre de 2023, la sala
estudiará de fondo las pretensiones porque la demanda se presentó dentro de
los dos años contados desde el día siguiente de ocurrido el daño. El hecho
dañoso ocurrió el 8 de agosto de 2008, por lo que el término para presentar la
demanda fenecía inicialmente el 9 de agosto de 2010. No obstante, este término
se suspendió entre el 3 de agosto y el 20 de septiembre de 2010 con ocasión del
trámite de conciliación prejudicial1. En consecuencia, la demanda presentada el
21 de septiembre de 2010 fue oportuna.
19.- Igualmente, se advierte que el tribunal no señaló las razones por las cuales
se abstuvo de imputar responsabilidad a Acción Social y al Departamento
Administrativo de la Presidencia. La Policía Nacional, como apelante única,
solicita que se analice la responsabilidad de estas entidades2.
20.- La sala no se pronunciará sobre el particular, es decir, no se referirá a la
responsabilidad de Acción Social y del Departamento Administrativo de la
Presidencia porque los demandantes no apelaron la sentencia de primera
instancia. Por el contrario, en sus alegatos de conclusión solicitaron la
<<confirmación de la sentencia>>. Al respecto, esta sala ha señalado que el
interés de la condena a los demandados que fueron absueltos en primera
instancia es únicamente de la parte actora3:
1 Fls. 19-20 c.1.
2 En el recurso la Policía señaló que debía analizarse la responsabilidad de los demás demandados, entre
estos, Empleamos S.A.; no obstante, únicamente planteó argumentos de responsabilidad frente a Acción
Social y el DAPRE.
3 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B, sentencia del 6 de diciembre de 2021, expediente
49213.
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Demandantes: Jhon Jader Murillo Leiva y otros
<<El estudio del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía debe limitarse a
la condena dictada contra esta entidad, por ser ésta la decisión <<desfavorable>>
a sus intereses. En consecuencia, la Fiscalía carece de interés para apelar la
decisión de absolver a la Rama Judicial, debido a que ésta no fue
<<desfavorable>> a la única apelante. Por el contrario, aceptar que la Fiscalía tiene
interés para apelar la absolución de la Rama Judicial desnaturalizaría su rol en el
proceso y la convertiría en una co-demandante. (…) [e]n esa medida, al negarse
la condena contra una de las dos entidades demandadas, se le generó un agravio
a la parte actora que la habilitaba para recurrir en apelación y solicitarle al superior
que concediera las pretensiones respecto de ambas entidades. Sin embargo, la
parte demandante no ejerció esta facultad, ni interpuso una apelación adhesiva
para el efecto>>.
H. La decisión que se adopta y el plan de exposición
21.- El juez de tutela concluyó que en la sentencia dejada sin efectos se
desconoció el <<precedente horizontal>> de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, pues no se tuvieron en cuenta las <<reglas de
decisión>> que la subsección había adoptado en decisiones del 21 de noviembre
de 2018 (expediente 47628) y del 10 de febrero de 2021 (expedientes 54381 y
53399) que resultaban aplicables por ser situaciones fácticas similares al caso
concreto. En consecuencia, ordenó a la sala dictar sentencia de reemplazo
tomando en consideración el precedente vigente ya sea para acogerlo o para
apartarse del mismo, pero, en este último evento, cumpliendo con la carga
argumentativa que lo justifique.
22.- La sala advierte que el juez de tutela no especificó cuáles fueron las <<reglas
de decisión>> del precedente que no se tuvieron en cuenta en la sentencia del
19 de octubre de 2023; sin embargo, de las referidas sentencias y de los
fragmentos transcritos por el juez de tutela, se concluye que ellas se refieren a
los siguientes aspectos:
(i).- La legitimación en la causa por pasiva, punto en el cual el problema
jurídico que se plantea surge de que la erradicación de cultivos ilícitos es
una actividad en la que participan varias entidades públicas: Acción Social,
que es la que lo organiza y lo presta a través de un particular (Empleamos
S.A.) y la fuerza pública, que está encargada de proteger a los
erradicadores en su actividad.
(ii).- El régimen de responsabilidad aplicable, punto en el cual el problema
jurídico que se plantea es el de definir si para que se dé por probada la
responsabilidad del Estado en estos casos es suficiente demostrar la
ocurrencia de un daño como consecuencia de la explosión de una mina
antipersona (régimen objetivo) , o si es menester acreditar que el daño es
imputable porque se incurrió en una falla del servicio o porque el erradicador
fue sometido a un riesgo excepcional.
23.- Las visiones de los magistrados en la sala de subsección son distintas en
estos aspectos, como se infiere de los salvamentos de voto expuestos en las
sentencias de la subsección que se citan en la acción de tutela y como se advierte
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Demandantes: Jhon Jader Murillo Leiva y otros
tanto en el salvamento de voto del magistrado Alberto Montaña, como en la
aclaración de voto del magistrado Fredy Ibarra a la sentencia del 19 de octubre
de 2023. En la sentencia materia de tutela los dos votos mayoritarios que
determinaron el rechazo de las pretensiones de la demandada surgen de los
siguientes razonamientos:
23.1.- El ponente estima que, toda vez que la víctima del daño es una persona
vinculada por un contrato de trabajo, quien puede ser demandado es la empresa
privada que lo vinculó (Empleamos S.A.) o la entidad beneficiaria de la labor que
es la encargada de la logística de los erradicadores (Acción Social); y en la
medida en que el erradicador no es un tercero ajeno a la actividad que
desempeña, para demostrar la responsabilidad del Estado se requiere acreditar
que la víctima fue sometida a un riesgo excepcional o superior al que se previó
en el momento de la vinculación, lo que también puede considerarse como una
falla del servicio. En este contexto, la noción de riesgo excepcional usado por la
jurisprudencia corresponde al hecho de someter a un agente suyo que desde que
se vincula sabe que debe realizar una actividad peligrosa y por tanto asume los
riegos propios de la misma a circunstancias que aumentan dicho riesgo y se
generan como consecuencia de actuaciones negligentes de la entidad4.
En cuanto a la legitimación para responder, la posición del ponente se
fundamenta en la circunstancia de que en que el erradicador ha sido vinculado
mediante un contrato de trabajo y el daño que sufre corresponde a un
<<accidente de trabajo>>, en la medida en ocurre durante el desarrollo de sus
labores. Por esta razón tiene derecho a obtener las prestaciones sociales a que
haya lugar previstas legalmente como consecuencia del accidente. Y tiene
derecho a una indemnización plena de perjuicios a cargo de su empleador
siempre y cuando se acredite la culpa patronal en los términos del artículo 216
del CST5.
La legitimación para responder se extiende a Acción Social que es la entidad
beneficiaria del servicio, pero quien delega en un tercero la contratación,
capacitación de los erradicadores y el deber de advertirles los riesgos que
comporta la labor: dicha tercerización no puede excluir su responsabilidad, pues
dentro del contrato de trabajo suscrito por la víctima directa aparece Acción Social
como <<Empresa Usuaria>>, con la facultad de dar instrucciones del trabajo a
4 Para el ponente las nociones de culpa patronal, falla del servicio y <<riesgo excepcional>> son asimilables.
El <<riesgo excepcional>> es un criterio de imputación de responsabilidad aplicable a daños causados a
miembros profesionales de la fuerza pública o a personas vinculadas voluntariamente a oficios peligrosos
en los que el daño solo es imputable al Estado si se demuestra que sometió a la víctima a un <<riesgo
excepcional>>, esto es, un riesgo anormal, mayor y diferente al que debía asumir con ocasión de sus
funciones. En consecuencia, cuando se hace alusión a <<riesgo excepcional>>, ello supone la aplicación
de un régimen subjetivo de responsabilidad. Por ende, no se comparte la asimilación terminológica que se
hace en las sentencias citadas por el juez de tutela entre <<riesgo excepcional>> y <<actividad peligrosa>>
para fundamentar la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad
5 <<ARTICULO 216. CULPA DEL EMPLEADOR. Cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador
en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización
total y ordinaria por perjuicios pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero
pagadas en razón de las normas consagradas en este Capítulo>>.
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realizar por los erradicadores y de las condiciones generales del oficio de estos.
En consecuencia, Empleamos S.A. se entiende como un <<simple
intermediario>> laboral que debe responder solidariamente con Acción Social en
los términos del artículo 35 del CST, norma que señala:
«Artículo 35:
1. Son simples intermediarios, las personas que contraten servicios de otras para
ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador.
2. Se consideran como simples intermediarios, aun cuando aparezcan como
empresarios independientes, las personas que agrupan o coordinan los servicios
de determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen
locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un {empleador}
para el beneficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o conexas del
mismo.
3. El que celebrare contrato de trabajo obrando como simple intermediario
debe declarar esa calidad y manifestar el nombre del empleador. Si no lo
hiciere así, responde solidariamente con el empleador de las obligaciones
respectivas» (destacado fuera de texto).
El ponente considera que la fuerza pública (ejército o policía) no está llamada a
responder en estos eventos6. La falta de legitimación por pasiva se configura
cuando el demandado no es el titular de la relación sustancial debatida en el
proceso y es claro que el erradicador no sufre un daño extracontractual derivado
de la actividad de la fuerza pública, sino un daño que tiene su génesis en el
contrato laboral, por lo que solo puede llegar a responder el empleador directo o
quien terceriza la contratación. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha
indicado:
<<Aunado a ello, el artículo 216 del CST establece que dicha culpa debe provenir
del empleador, es decir, la responsabilidad del hecho generador del suceso debe
estar en cabeza de este o sus representantes, bien por acción, bien omisión, por
cuanto es a quien corresponde la obligación indemnizatoria por los perjuicios que
se ocasionen al trabajador. Por tal motivo es obligatorio que quien reclame la
indemnización de perjuicios con base en la mentada norma, tenga la calidad de
trabajador o sea causahabiente de este, mientras que el responsable de la
indemnización de dichos perjuicios, indefectiblemente, debe tener la condición de
empleador>>7.
La Subsección A de la Sección Tercera igualmente considera que en estos casos
las instituciones de la fuerza pública no están legitimadas en la causa por pasiva,
así:
<< 1.3. Legitimación en la causa por pasiva frente a accidentes de trabajo
ocurridos en ejercicio de funciones propias del empleo
6Se precisa que la tesis según la cual la fuerza pública no está legitimada en la causa por pasiva para
responder por daños causados a erradicadores manuales de cultivos ilícitos no es una posición exclusiva
del ponente, pues la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación ha proferido decisiones en
sentido similar. Al respecto, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 20 de junio de 2023, radicado 57297. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
7 Corte Suprema de Justicia. Sala Laboral, sentencia del 12 de febrero de 2019 expediente SL303-2019.
M.P. Cecilia Margarita Durán Ujueta.
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Con base en el anterior marco fáctico y jurídico, y atendiendo al ámbito al que se
circunscribió el recurso de apelación, resulta forzoso concluir que la Policía
Nacional no está legitimada materialmente por pasiva para ser demandada por vía
de reparación directa. En efecto, los hechos en los que el señor Escobar Arias
sufrió las lesiones por las que aquí demanda, ocurrieron cuando desarrollaba
actividades propias de su condición de empleado de la empresa Empleamos S.A.,
por lo que, como se dijo en precedencia, la controversia debió dirigirse en contra
del respectivo empleador en el trámite correspondiente en la jurisdicción ordinaria,
especialidad laboral.
En el presente caso, como se ha dejado asentado, la fuente jurídica del daño por
el que se pretende una indemnización, no es otra que el vínculo laboral nacido de
la suscripción de un contrato de trabajo entre el señor Jairo Escobar Arias y la
empresa contratista del Estado, que fungió, para todos los efectos, como
empleadora del aquí demandante; negocio jurídico que no involucra a la entidad
demandada [Policía Nacional] sobre la que procede el análisis de esta Corporación
en virtud del ámbito cerrado del recurso de apelación>>8.
23.2.- Por su parte, el magistrado Fredy Ibarra Martínez estima que, aunque la
Policía está legitimada para ser demandada por ser la entidad encargada de la
protección, dicha entidad solo responde si se acredita que la víctima fue sometida
a un riesgo excepcional o se acredita que la citada entidad incurrió en una falla
del servicio.
24.- De este modo, la posición mayoritaria de la sala que se expresó en la
sentencia tutelada consiste en considerar que, así se estime como legitimada la
Policía Nacional, ella solo responde si se acredita la existencia de una falla en el
servicio y dicha posición no se modifica en este caso. En este caso, en la medida
en que se estima que no está probada una falla del servicio a cargo de la Policía
Nacional, la sala revocará la sentencia de primera instancia y negará las
pretensiones de la demanda.
25.- Previo a lo anterior, se explicarán las razones en las que se fundamenta esta
posición en la que se estima que el Estado no debe responder de manera objetiva
o automática cada vez que, en desarrollo de una actividad de erradicación, se
cause un daño a un erradicador, sino que para que se comprometa su
responsabilidad es menester acreditar que –en este caso– la Policía Nacional
incurrió en una falla del servicio al no realizar las acciones que debía ejercer para
evitar que ocurriera el daño. Es indispensable acreditar la falla porque la Policía
no tiene una obligación de resultado y el erradicador no es un tercero que se
someta contra su voluntad a la realización de esta actividad.
26.- Particularmente se indicará que: el erradicador no es un tercero ajeno a la
Administración, sino que desempeña voluntariamente una actividad peligrosa
mediante un contrato, razón por la cual para imputar el daño al Estado debe
acreditarse una falla del servicio o que se le sometió a un riesgo excepcional: en
este caso no puede estudiarse la responsabilidad de Empleamos S.A. ni de
Acción Social, por lo cual solo se estudia la responsabilidad de la Policía Nacional
8 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 20 de junio de 2023, radicado 57297. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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y se rechazan las pretensiones de la demanda porque no está acreditada la falla
del servicio de esta entidad.
I. Primera parte: La responsabilidad del Estado en relación con el
erradicador
27.- En las sentencias citadas por el juez de tutela se estimó que la actividad de
erradicación de cultivos ilícitos era una <<actividad peligrosa>> y que era el
Estado quien sometía a los erradicadores al <<riesgo excepcional>> derivado de
dicha actividad, por lo que procedía la aplicación de un régimen objetivo de
responsabilidad. La sala se aparta de la anterior <<regla de decisión>> para
precisar que: los erradicadores manuales de cultivos ilícitos son personas que
voluntariamente se vinculan al oficio que realizan, por lo que los daños que se les
irroguen durante dicho oficio no pueden imputarse objetivamente al Estado y será
indispensable, para comprometer la responsabilidad estatal, que se acredite la
falla del servicio o que se le sometió a un riesgo excepcional de su labor.
28.- Se advierte en este punto que aunque en las sentencias invocadas por el
juez de tutela se hace referencia a colaboradores benévolos de la Administración
que son sometidos a un riesgo excepcional, en este caso la política pública
aplicada consistió en (i) celebrar un contrato mediante el pago de una
remuneración (no de un incentivo); (ii) exigir del tercero que los vincula la
realización de las advertencias previas acerca del tipo de labor y (iii) suministrar
la correspondiente capacitación dirigida a evitar que se realicen los graves
riesgos que evidentemente comporta esta actividad.
29.- El régimen objetivo de responsabilidad derivado de actividades peligrosas -
fundado por la jurisprudencia en el artículo 2.356 del Código Civil-, se basa en el
riesgo que dicha actividad peligrosa genera en los terceros ajenos a la misma.
Así, en caso de concretarse en un tercero un daño derivado de alguna actividad
peligrosa se configura una <<presunción de responsabilidad>> en contra del
guardián de esta, quien podrá exonerarse acreditando una causal que determine
la ruptura de la relación de causalidad (fuerza mayor, hecho exclusivo de un
tercero o hecho exclusivo de la víctima).
30.- Dicho régimen de responsabilidad se justifica por el riesgo que la actividad
implica frente a los <<terceros ajenos>> a la actividad peligrosa. Responde al
interés del legislador de darle prevalencia a la protección de la vida e integridad
de las personas sobre la necesidad de permitir que se desarrollen actividades
peligrosas que le sirven a quien las desarrolla, pero que ponen en riesgo a las
demás personas. Esa circunstancia le genera a quien desarrolla la actividad, y
es el creador del riesgo, una responsabilidad particular que le impone reparar los
perjuicios que cause en desarrollo de esta y no le permite exonerarse
demostrando que obró diligentemente o que no existió culpa o falla del servicio
en su actuación.
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31.- La erradicación manual de cultivos ilícitos es una actividad altamente
riesgosa que normalmente se desarrolla en lugares donde no se ha logrado un
acuerdo con la comunidad, con peligros derivados del contexto de orden público
nacional por la instalación de minas antipersonales o eventuales ataques a los
erradicadores por parte de grupos al margen de la ley. Sin embargo, tal y como
quedó planteado, el régimen de responsabilidad objetiva por actividades
peligrosas no solo opera por la naturaleza de la actividad.
32.- La sala estima que los daños causados a un erradicador no pueden ser
tratados del mismo modo que los daños causados a un tercero ajeno a dicha
actividad. Para efectos de la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad
por <<actividades peligrosas>>, los beneficiarios de la presunción de
responsabilidad son los particulares o cualquier persona ajena a la labor de
erradicación. Los erradicadores no son <<terceros ajenos>> a la actividad que
realizan, pues ellos son precisamente quienes realizan la actividad y quienes
asumen voluntariamente los riesgos derivados de esta9.
33.- No puede concluirse que el Estado impone forzosamente la actividad a los
erradicadores y, por ende, el riesgo que de ella se deriva. La responsabilidad
estatal por los daños causados a un erradicador vinculado voluntariamente solo
se estructura cuando se demuestra una falla del servicio o se acredita que fue
sometido a un riesgo excepcional, esto es, un riesgo anormal, mayor y diferente
al que debía asumir con ocasión de sus funciones.
34.- En sentencia del 7 de marzo de 2018 esta sección unificó su postura
respecto de la responsabilidad estatal en casos de daños causados a <<civiles>>
por minas antipersona y otros artefactos explosivos instalados por miembros de
grupos al margen de la ley10. En dicha decisión se indicó que no existe una
responsabilidad automática a cargo del Estado, que el evento no implica per se
una infracción a los compromisos internacionales en materia de desminado, que
no puede asumirse de forma genérica una posición de garante a cargo del Estado
y que para valorar la falla del servicio se debe analizar el alcance de la obligación
incumplida. Además, se indicó que:
<<… habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado por los daños causados
con MAP/MUSE/AEI en casos en los que la proximidad evidente a un órgano
representativo del Estado, permita afirmar que el artefacto explosivo iba dirigido
contra agentes de esa entidad, o suceda en una base militar con artefactos
instalados por el mismo Ejército Nacional>>.
9 Al respecto en el contrato laboral allegado al proceso se indica: <<DECIMA SEXTA CAPACITACIÓN: Los
trabajadores en misión de este contrato fueron capacitados por EMPLEAMOS S.A. sobre las funciones y las
medidas de seguridad que deben guardar mientras desempeñan la labor como erradicadores. De igual
manera conoce y es consciente de todos los riesgos existentes en el momento de ejecutar la labor
encomendada>>.
10 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia del 7 de marzo de 2018, expediente 34359.
C.P. Danilo Rojas Betancourth
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35.- La jurisprudencia unificada eliminó la posibilidad de imputar objetiva y
automáticamente al Estado los daños causados a <<particulares>> con minas
antipersona u otros artefactos explosivos. Menos puede entonces aplicarse un
estándar de responsabilidad más estricto a los erradicadores, esto es, personas
vinculadas voluntariamente al oficio.
36.- La responsabilidad estatal por la explosión de minas no se compromete por
la sola circunstancia de que una persona resulte lesionada o muerta como
consecuencia de la explosión; así, las expresiones judiciales según las cuales el
Estado responde por falla del servicio, pero también lo haría si dicha falla no
hubiera existido, no pueden acogerse. Sobre el particular, en un caso en el que
se discutía la responsabilidad estatal por las lesiones a un agente del policía
vinculado en labores de erradicación de cultivos (profesional que
voluntariamente se vinculó en una actividad peligrosa), esta sala señaló11:
<<[n]o hay ninguna prueba tendiente a demostrar la falla del servicio, la cual no
puede deducirse del simple hecho de la explosión de la mina antipersona, como
al parecer lo hizo el a quo, por el contrario, está probado que el riesgo fue asumido
por la víctima en tanto estaba preparada para la misión encomendada, sobre la
premisa de su incorporación voluntaria y consciente al servicio de la institución y
que por lo tanto conocía y asumió, libre y espontáneamente, el riesgo profesional
de la actividad>>
37.- La decisión del Estado de adelantar estas operaciones de erradicación
manual es propia de una política pública que no ha sido considerada ilícita; los
actos en los que se fundamenta no han sido anulados ni esta política ha sido
prohibida. La vinculación del erradicador es voluntaria y se realiza mediante la
suscripción de un contrato por lo que la responsabilidad en estos casos solo se
le puede imponer al Estado si incurre en falla del servicio, caso en el cual el
erradicador tiene derecho a indemnización plena. Si se trata de un riesgo
previsto, ese riesgo está regulado en la legislación laboral que establece el pago
de las prestaciones por accidente de trabajo. El Estado debe realizar muchas
actividades que implican riesgos y su deber es establecer la forma de evitarlos o
de mitigarlos, lo que no elimina su responsabilidad patrimonial cuando obra
negligentemente o incurre en falla del servicio.
38.- No puede admitirse –como se indica en la sentencia T-041-23 de la Corte
Constitucional– que la suscripción de un contrato no implique la asunción del
riesgo de la detonación de una mina antipersonal. Este riesgo es evidente en
esta actividad: por tal razón, en este caso al erradicador se le explica ese riesgo
al momento de su vinculación, se le otorga capacitación para esta actividad, y se
obliga al tercero a la contratación de una póliza de seguro. Y aquí no se trata de
interpretar inadecuadamente un medio probatorio. No hay duda de la existencia
11 Consejo de Estado. Sección Tercera Subsección B. Sentencia del 4 de mayo de 2022,expediente 55667
C.P. Fredy Ibarra Martínez con aclaración de Martín Bermúdez Muñoz y salvamento de Alberto Montaña
Plata.
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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00545-02 (54920)
Demandantes: Jhon Jader Murillo Leiva y otros
de un contrato de trabajo y de las circunstancias antes señaladas, por lo que la
responsabilidad a partir del mismo está regulada en la ley.
39.- El régimen subjetivo de responsabilidad que opera en estos casos aplica
respecto de Empleamos S.A. y Acción Social, pero igualmente es el régimen de
responsabilidad bajo el cual debe estudiarse la responsabilidad de la fuerza
pública (Ejército, Policía y Armada), entidades legitimadas por pasiva según la
posición mayoritaria de la sala. No se puede considerar que la Policía y el Ejército
tengan aquí una obligación de resultado: les incumbe el deber de proteger a los
erradicadores para que puedan desarrollar sus labores, sin que la jurisprudencia
haya considerado que esta es una obligación de resultado.
40.- Nadie discute que se trate de actividades donde el riesgo es previsible, lo
que implica –como lo indica la Corte Constitucional– un nivel de exigencia más
alto en la capacitación y cuidado de los erradicadores. Pero ello no conlleva la
responsabilidad de la Policía y del Ejército sin demostrar negligencia de su parte.
41.- Los daños causados a los erradicadores manuales de cultivos ilícitos se
derivan normalmente de la instalación de minas antipersonales por parte de
miembros de grupos al margen de la ley o ataques por parte de estos. En dichos
supuestos, los daños constituyen un <<hecho de un tercero>> que impide imputar
la responsabilidad al Estado. El Estado solo vería comprometida su
responsabilidad si se acredita que incurrió en omisión de seguridad y protección,
pues en ese caso es esa conducta negligente la que se considera como
determinante del daño.
42.- Sin embargo, la responsabilidad no puede fundamentarse en la imputación
de una de una falla en el servicio –general y abstracta– estructurada a partir de
la simple enunciación de las funciones legales y constitucionales de la fuerza
pública. Para estructurar la responsabilidad es necesario especificar y demostrar
que el daño se derivó de una acción u omisión específica y puntual de la entidad
demandada; es necesario demostrar, como lo dispone el artículo 90 de la CP, la
existencia de un daño antijurídico imputable al Estado y <<causado por la acción
o la omisión de las autoridades públicas>>.
43.- Tampoco puede considerarse que la obligación de seguridad a cargo de
dichas autoridades, las cuales acuerdo con el artículo 2 de la CP están instituidas
para proteger a las personas residentes en Colombia, sea una obligación de
resultado. Mucho menos puede asimilarse el erradicador manual de cultivos
ilícitos con una persona que esté <<bajo cuidado y control>> de la fuerza pública.
Es de dicha condición de la cual se deriva una obligación de resultado a cargo de
las autoridades y, por ende, la aplicación de un régimen de responsabilidad
objetiva en los casos de daños a reclusos o a conscriptos, lo cual no sucede en
los casos de los erradicadores manuales de cultivos ilícitos.
44.- Las instituciones de la fuerza pública (Ejército, Policía y Armada) no pueden
ser declaradas responsables por el simple hecho de que ocurra un daño durante
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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00545-02 (54920)
Demandantes: Jhon Jader Murillo Leiva y otros
la actividad de erradicación. La imputación por omisión de protección solo puede
estructurarse si se demuestra que las autoridades públicas no realizaron las
acciones que debían y podían cumplir en el caso específico. Una vez probada
esta omisión de manera precisa, puede imputarse responsabilidad al Estado.
Según la jurisprudencia, en tales situaciones la responsabilidad se atribuye al
Estado por causar un daño al incurrir en una <<falla del servicio>>.
J. Segunda parte: La prueba de los hechos y la ausencia de falla en el
servicio
(i).- Las pruebas que acreditan que la lesión del trabajador ocurrió por un
accidente laboral y el pago de la indemnización por parte del empleador
45.- Según lo probado en el proceso, Empleamos S.A., -sociedad frente a la cual
el tribunal negó pretensiones sin que los demandantes controvirtieran dicha
decisión-, ya indemnizó los perjuicios materiales y morales derivados del
accidente de trabajo en el que la víctima directa sufrió la lesión.
45.1.- Está probado que la víctima fue contratada por la empresa Empleamos
S.A.12 para que ejerciera labores de erradicación manual de cultivos ilícitos. Esto,
según el contrato de trabajo allegado al proceso, cuyo objeto era:
<<OBJETO: El trabajador se vincula laboralmente con EL EMPLEADOR, bajo la
modalidad de TRABAJADOR EN MISIÓN, con el fin de cumplir en las
instalaciones de la EMPRESA USUARIA ACCIÓN SOCIAL FIP, las funciones
necesarias para DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS 359-2007 de conformidad al art. 77 de la Ley 50 de 1990>>.
45.2.- También está probado que, como consecuencia de su actividad, el 8 de
agosto de 2008 la víctima directa sufrió múltiples lesiones por la explosión de una
mina <<antipersona>> ocurrida en municipio de Valle del Guamuez (Putumayo).
Esto está acreditado con la historia clínica allegada al proceso13 y el dictamen de
pérdida de capacidad laboral elaborado por Positiva ARP, en la que calificó el
origen de la enfermedad como <<accidente de trabajo>>.14
45.3.- Adicionalmente, se acreditó que el accidente de trabajo fue indemnizado
por Empleamos S.A. En el expediente obra el documento denominado <<Acta de
pago de indemnización por accidente de trabajo>>, en la que Empleamos S.A. y
Aura María Leiva Rivera, madre de la víctima directa, acordaron15:
<<Estando laborando para Empleamos S.A. el señor JHON JADER MURILLO
LEIVA sufrió accidente de trabajo el día 8 de agosto de 2008.
12 Fl. 219 c.1.
13 Fls. 1-210 c.2.
14 Fls. 204-207 c.1.
15 Fls. 366-367.
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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00545-02 (54920)
Demandantes: Jhon Jader Murillo Leiva y otros
La empresa pagará la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
(…) como pago total y ordinario por perjuicios materiales y morales que se
causaron con relación al accidente de trabajo.
El pago de esta indemnización no es aceptación de Empleamos SA de que existió
culpa patronal
Este acuerdo presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada>>.
45.4.- También obra en el expediente el documento denominado <<Recibo de
finiquito de indemnización - póliza de seguro de vida en grupo (incapacidad total
y permanente)>>. En este, la señora Aura María Leiva Rivera, actuando en
representación de la víctima directa, señaló:
<<Acepto y recibo a entera satisfacción la suma de cuarenta y cinco millones de
pesos por concepto de indemnización total e integral con afectación de la póliza
de vida en grupo derivada del accidente por explosión de mina antipersona del
señor JHON JADER MURILLO LEIVA.
Que con la aceptación y recibo de la precitada indemnización exonero de toda
responsabilidad de Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda.>>
45.5.- La Corte Suprema de Justicia ha establecido que pueden existir
transacciones entre empleadores y empleados o sus representantes en virtud de
un accidente de trabajo, las cuales hacen tránsito a cosa juzgada, así 16:
<<El acta transaccional plasmada en el documento (...) establece en su cláusula
séptima: Que MIRIAM DEL SOCORRO MUÑETÓN MORENO solicita el
reconocimiento de la indemnización plena de perjuicios por culpa patronal en el
accidente, a pesar de que admite que el empleador no tuvo culpa en la ocurrencia
del mismo y el seguro de vida obligatorio.
El empleador a su vez manifiesta no estar obligado a realizar dicho
reconocimiento, pero como se trata de un derecho incierto y discutible, conviene
en transigir cualquier diferencia en relación con la existencia de la culpa patronal,
su correspondiente indemnización y el seguro de vida en la suma de (...) los
cuales le son entregados a la señora citada en la calidad que aquí comparece al
momento de la firma de este documento (...)
Resulta plenamente acertado darle validez al acuerdo transaccional celebrado
entre las partes y hacerle producir los efectos de cosa juzgada en relación con
los pedimentos de la demanda (...)>>.
45.6.- El pago efectuado tiene carácter de transacción y es válido porque versa
sobre un derecho patrimonial que es renunciable y tiene efectos de cosa juzgada
de acuerdo con la ley17.
(ii).- La inexistencia de falla del servicio a cargo de la Policía Nacional
16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 11 de febrero de 1998. M.P. Fernando
Vásquez Botero. Rad. 12033
17 Artículos 2469 y 2483 del Código Civil.
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Radicado: 52001-23-31-000-2010-00545-02 (54920)
Demandantes: Jhon Jader Murillo Leiva y otros
46.- Los demandantes no efectuaron una imputación de responsabilidad
específica en contra de la Policía Nacional y tampoco acreditaron alguna
circunstancia que permita imputarle el hecho por acción u omisión, razón por la
cual la revocatoria de la decisión apelada sí es procedente.
47.- Como se indicó, la Policía no puede ser declarada responsable por el solo
hecho de una explosión ocurrida durante una actividad de erradicación. A los
demandantes les correspondía alegar y demostrar que aquella incurrió en una
acción u omisión específica que se considere concausa del daño, lo cual no
ocurrió.
48. En la demanda manifestaron que, antes de la labor de erradicación, agentes
de dicha entidad efectuaron la inspección y verificación para determinar que no
había explosivos dentro del área de trabajo de erradicación; sin embargo, no
precisaron la razón de imputación de responsabilidad a dicha entidad, pues de
forma general solo indicaron que:
<<Existe una relación de causalidad entre los perjuicios cuya indemnización se
reclama y los hechos constitutivos de la falla en el servicio, y/o de la falla presunta,
y/o del daño especial, y/o del riesgo excepcional o de la lesión o daño antijurídico
alegado como causa de las pretensiones solicitadas en este libelo>>.
49.- En los <<fundamentos de derecho>> de la demanda citaron varias normas
y jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el fuero de atracción, la
responsabilidad de las entidades públicas respecto de las obras públicas que
contrata y por daños causados con minas antipersona; sin embargo, tampoco
concretaron la razón de imputación del daño a la Policía Nacional.
50.- Además, de los medios de prueba obrantes en el proceso no es posible
deducir que las lesiones sufridas por Jhon Jader Murillo Leiva sean imputables a
la Policía Nacional por acción o por omisión:
50.1.- De los tres testigos solicitados por los demandantes, solo rindieron
declaración las señoras Julieth Cuéllar Ruiz y Elizabeth Canducho Chilatra,
quienes hicieron alusión a las relaciones familiares de la víctima directa; al
preguntárseles sobre las circunstancias como resultó lesionada, respondieron lo
que les comentaron de lo sucedido18.
50.2.- Los demandantes solicitaron oficiar a varias entidades para que
trasladaran los procesos penales y disciplinarios adelantados por los hechos: (i)
la Personería, la Defensoría y el Juzgado Promiscuo Municipal Valle del
Guamuez negaron la existencia de investigaciones o amenazas en contra de la
víctima19; (ii) la Dirección de Fiscalía de Mocoa señaló en oficio del 12 de
septiembre de 2012 que la investigación obraba en la Fiscalía 2 Especializada de
Puerto Asís, a quien trasladó la solicitud probatoria. No obstante, se advierte que
18 Declaraciones de Julieth Cuéllar Ruiz y Elizabeth Canducho Chilatra (Fls. 750-755 c.1.)
19 Folios 674 -678 C.1-3.
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Demandantes: Jhon Jader Murillo Leiva y otros
el proceso penal no se trasladó, y los demandantes no insistieron en el recaudo
de dicha prueba20.
50.3.- Los demandantes solicitaron oficiar a la Policía Nacional para que indicara
si el día de los hechos se realizaron labores de detección de minas antes de
iniciar las labores de erradicación y los elementos que se utilizaron para la
detección. La Policía dio respuesta en el oficio del 29 de octubre de 2012. En
esta allegó un oficio del 12 de enero de 2011, en el que indicó que por el hecho
murieron tres personas (un agente y dos erradicadores) y otro erradicador quedó
lesionado; en el oficio allegado se lee21:
<<Para el año 2008 el personal de EMCAR estaba dotados de detectores de metal
y personal tácticos en operaciones en desminados y explosivos, para cumplir las
fases de erradicación, como se puede observar en el oficio en el que se pone en
conocimiento la novedad presentada el 08-08-2008, sino que en este caso
particular los artefactos explosivos utilizados por el frente 48 de las FARC, eran
fabricados clandestinamente en fibra de vidrio y el sistema de ignición era
introducido con una mezcla de brea que evitaba ser detectado por los sistemas de
los detectores de metal >>22.
50.4.- Acción Social solicitó al Ejército, a la Armada y a la Policía Nacional
información sobre la función que cumplen dentro de la estrategia de los Grupos
Móviles de Erradicación y sobre los protocolos de seguridad en las labores de
erradicación: (i) el Ejército y la Armada respondieron en oficios del 18 de marzo
y 10 de mayo del 2103, respectivamente23, en los que hicieron alusión al
acompañamiento de seguridad en las labores de erradicación; (ii) la Policía
Nacional dio respuesta en oficio del 26 de octubre de 2012, en el cual allegó
instructivos, protocolos y documentos Conpes sobre los lineamientos de
erradicación manual de cultivos ilícitos vigentes al momento en que respondió el
oficio, pero elaborados en una fecha posterior a la de los hechos24.
51.- Del anterior material probatorio no es posible determinar las circunstancias
como sucedieron los hechos: no hay certeza si la explosión de la mina
antipersona ocurrió en la zona del cultivo, fuera de este o si fue con posterioridad
a que se hubiese autorizado el ingreso de los erradicadores a la zona respectiva.
52.- Se evidencia que la Policía contaba con elementos de detección de minas,
pero, al parecer, el artefacto que detonó estaba diseñado de tal forma que no
fuera detectado, y los demandantes no demostraron que esta entidad tuviera
conocimiento de la fabricación de este tipo de artefactos con anterioridad.
Además, los protocolos y estrategias de erradicación (allegados a solicitud de
Acción Social), son posteriores a la fecha de los hechos. De igual manera la sala
precisa que tampoco se demostró que se expuso a la víctima a un riesgo mayor
o diferente al de los demás erradicadores, circunstancia necesaria para
20 Folio 681 C.1-3.
21 Folios 682-683 C.1-3.
22 Se advierte que el informe de novedad al que se hace alusión no obra en el proceso, y no fue parte de la
solicitud probatoria.
23 Folios 707-708 y 720 C.1-3.
24 Folios 684-685 C.1-3.
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Demandantes: Jhon Jader Murillo Leiva y otros
eventualmente considerar que se le sometió a un <<riesgo excepcional>> de su
labor.
53.- Por el contrario, del material probatorio se deduce que los erradicadores
estaban protegidos y acompañados por la Policía Nacional, pues por el hecho
falleció igualmente un agente, prueba que demuestra la imprevisibilidad de lo
ocurrido.
K. Costas
54.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 20 de marzo de 2015 por el
Tribunal Administrativo del Nariño, y en su lugar NIÉGANSE las pretensiones de
la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con salvamento de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
23
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