RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-33-000-2017-00007-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2017-00007-01

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2017-00007-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 19 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo de Nariño, conforme con las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 52001-23-33-000-2017-00007-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

27 de febrero de 2026

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00007-01 (64895)
Demandantes: Kimberlyn Carolyn Duarte Sanguino y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Reparación directa
Radicación: 52001-23-33-000-2017-00007-01 (64895)
Demandantes: Kimberlyn Carolyn Duarte Sanguino y Matías David Ribero
Demandados: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 19 de junio de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Nariño, mediante la cual se negaron las pretensiones.

La Sala es competente para proferir esta providencia porque decide la
apelación presentada contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño,
el cual conoció el proceso en primera instancia en razón de la cuantía, en los
términos del numeral 6 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, Código de
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (en adelante
“CPACA”)1.

SÍNTESIS2

Un agente de la Policía Nacional falleció por la detonación de una mina
antipersonal en un área designada para la erradicación de cultivos ilícitos. La
Sala confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de
la demanda porque los reparos relativos a la existencia de una falla del servicio
formulados en el recurso de apelación se refieren a una causa petendi diferente
de la aducida en la demanda.

I. ANTECEDENTES

A.- Posición de la parte demandante

1. El 3 de octubre de 2016, la señora Kimberlyn Carolyn Duarte Sanguino
(compañera permanente) y Matías David Ribero Duarte (hijo) presentaron
demanda de reparación directa en contra de la Nación — Ministerio de Defensa
— Policía Nacional, para obtener la indemnización de los perjuicios sufridos por

1 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 6. De los de reparación
directa (…) cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Al momento de presentación de la demanda, dichos salarios ascendían a trecientos cuarenta y cuatro
millones setecientos veintisiete mil quinientos pesos ($344.727.500). En este caso, la cuantía de la
demanda se estimó en ochocientos sesenta y tres millones doscientos ochenta y dos mil ochocientos
treinta pesos con ochenta centavos ($863.282.830,80). Folio 110, cuaderno 1.
2 Tema: Erradicación de cultivos – mina antipersonal – imposibilidad de modificar la causa petendi.

2

Radicación: 52001-23-33-000-2017-0007-01 (64895)
Demandante: Kimberlyn Carolyn Duarte Sanguino y otros

la muerte del patrullero Misael David Ribero Rosado (en adelante la “víctima
directa”), en cumplimiento de las “labores de seguridad para la erradicación
manual de cultivos ilícitos”3, debido a la explosión de una mina “antipersonal”4.
En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Que se declare administrativamente responsable a LA NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, por los perjuicios tanto
materiales y/o patrimoniales, como extra patrimoniales (perjuicios o daños
morales subjetivos y daños en la vida de relación), sufridos por los actores a
consecuencia de la muerte violenta de que fuera víctima el joven MISAEL
DAVID RIBERO ROSADO, quien falleció al accionar una mina antipersonal
mientras prestaba servicio como patrullero de la institución adscrito a la
Compañía de Seguridad para la Erradicación N°12 de la Dirección
Antinarcóticos, cuando se encontraba cumpliendo con la misión de labores de
seguridad para la erradicación manual de cultivos ilícitos.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior se dé a los
convocantes en partes iguales, la suma total de OCHOCIENTOS SESENTA Y
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
TREINTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/L ($863.282.830,80).
TERCERA: Que como consecuencia de la declaración del numeral primero en
cuanto a responsabilidad de LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE
DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, se condene a pagarle a los convocantes,
por concepto de perjuicios morales, las siguientes cantidades:
a) KIMBERLYN CAROLYN DUARTE SANGUINO, compañera, la suma
equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes,
correspondientes a daños morales para el núcleo familiar directo de la víctima
directa.
b) A MATIAS DAVID RIBERO DUARTE, hijo, la suma equivalente a cien (100)
salarios mínimos mensuales legales vigentes, correspondientes a daños
morales para el núcleo familiar directo de la víctima directa.
CUARTA: Que como consecuencia de la declaración del numeral primero en
cuanto a responsabilidad de LA NACIÓN COLOMBIANA – MINISTERIO DE
DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, se condene a pagarle a los convocantes,
por concepto de perjuicios en la vida de relación:
a) KIMBERLYN CAROLYN DUARTE SANGUINO, compañera, la suma
equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes,
correspondientes a daños morales para el núcleo familiar directo de la víctima
directa.
b) A MATIAS DAVID RIBERO DUARTE, hijo, la suma equivalente a cien (100)
salarios mínimos mensuales legales vigentes, correspondientes a daños
morales para el núcleo familiar directo de la víctima directa.
La liquidación de perjuicios inmateriales se hará con base en el salario mínimo
legal vigente al momento de ejecutoria de la sentencia y deberán ser
actualizados en su oportunidad procesal, de acuerdo con los precios al
consumidor certificado por el DANE, y con la fórmula que ha venido aplicando
el Honorable Consejo de Estado. La indemnización comprenderá igualmente
dos periodos a saber: el vencido o consolidado y el futuro.
(…) SEXTA: Condenar a la demandada al pago de costas y agencias en
derecho. (…)” (mayúsculas sostenidas y negrillas del original)5.

2. Los demandantes basaron sus pretensiones en las siguientes afirmaciones:

3 Folio 111, cuaderno 1.
4
Folio 111, cuaderno 1.
5 Folios 110 y 111, cuaderno 1.

3

Radicación: 52001-23-33-000-2017-0007-01 (64895)
Demandante: Kimberlyn Carolyn Duarte Sanguino y otros

2.1. El 1º de diciembre de 2013, la víctima directa ingresó a la Policía Nacional
como patrullero adscrito a la Compañía de Seguridad para la Erradicación no.
doce (12) de la Dirección Antinarcóticos y ejecutaba sus labores en el área rural
del municipio de Tumaco (Nariño).

2.2. El 4 de julio de 2014, en cumplimiento de labores de seguridad para la
erradicación manual de cultivos ilícitos, la víctima directa pisó una mina
antipersonal que le ocasionó la muerte cuando tenía veintidós (22) años.

3. La parte actora pidió la indemnización a título de riesgo excepcional porque
en cumplimiento de sus funciones, la víctima directa falleció al accionar una
mina antipersonal. Asimismo, indicó que no era posible determinar una "falla
del servicio"6, ya que el hecho dañino no fue causado por una acción u omisión
de la parte demandada. Sin embargo, sí surgió de una actividad lícita en la que
el Estado expuso a los policías a un riesgo grave, que condujo a la muerte de
la víctima directa.

B.- Posición de la demandada

4. La Policía Nacional contestó la demanda y se opuso a las pretensiones por
los siguientes motivos: (i) la muerte de la víctima directa ocurrió como
consecuencia de un riesgo inherente a la actividad policial; (ii) en la misión se
adoptaron todas las medidas de seguridad, pues, los policiales contaban con
un perro que detectaba artefactos explosivos y los agentes tenían la
“preparación adecuada para afrontar tal situación”7; y (iii) se configuró el hecho
de un tercero como eximente de responsabilidad, en tanto, el daño fue
ocasionado por “militantes de las FARC”8. Así, propuso las excepciones “hecho
de un tercero” y “ausencia de responsabilidad”, pues la causa del daño no fue
la acción u omisión de la Policía Nacional, sino el actuar de grupos al margen
de la ley.

C.- Sentencia recurrida

5. En la sentencia de 19 de junio de 2019, el Tribunal Administrativo de Nariño
declaró probadas las excepciones de ausencia de responsabilidad y hecho de
un tercero, al establecer que el fallecimiento de la víctima directa fue
consecuencia de la materialización de un riesgo inherente a la actividad militar
voluntariamente asumida, toda vez que el occiso integraba la Compañía de
Seguridad de Erradicación número doce (12) de la Policía Nacional. Así, el juez
de primera instancia consideró lo siguiente:

5.1. De acuerdo con los medios de prueba obrantes en el expediente, se acreditó
que el canino que detectaba la existencia de minas antipersonales había

6
Folio 114, cuaderno 1.
7 Folio 160, cuaderno 1.
8 Folio 157, cuaderno 1.

4

Radicación: 52001-23-33-000-2017-0007-01 (64895)
Demandante: Kimberlyn Carolyn Duarte Sanguino y otros

muerto porque activó una. Ante esta situación, el comandante ordenó a la
compañía reiterarse, pero la víctima directa lamentablemente falleció tras
detonar accidentalmente una segunda mina antipersonal cuando cumplió la
orden de retiró de la zona de cultivo, junto con sus compañeros.

5.2. En consecuencia, el tribunal concluyó que el daño tuvo origen en el hecho
de un tercero, descartando la existencia de una falla en el servicio, pues no solo
consideró que había sido un riesgo propio del servicio sino también que se
probó que la misión se ejecutó conforme con “los protocolos establecidos con
este tipo de situaciones, contando con el personal idóneo para llevar a cabo
este tipo de actividades de alto riesgo, tal como lo estipula el Manual
Antinarcóticos para la Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos”9.

El tribunal condenó en costas a la parte vencida, esto es, a los
5.3.
demandantes.

D.- Recurso de apelación

6. Inconforme con la decisión, los demandantes interpusieron recurso de
apelación para que se revoque “en su integridad” la decisión de primera
instancia. En efecto, presentaron los siguientes argumentos:

6.1. La falla del servicio sí está acreditada con el Oficio S-2014-0507 ARECI-
CASEG-29 del 4 de julio de 2014, la versión libre del Patrullero Luis Arnulfo
Rubiano y el Informe de novedad del ST. Sebastián Olarte Vargas. Esas
pruebas evidencian que la autoridad demandada incurrió en diferentes
omisiones y no contaban con las condiciones adecuadas de seguridad ya que:
(i) la patrulla y el canino antiexplosivos presentaban agotamiento y era
previsible que el cansancio incrementara el riesgo de errores, además no
contaban con el apoyo de otro perro, lo cual dejaba sin respaldo la detección
de minas antipersonal; y (ii) cuando se dio la orden de retroceder, no disponían
de mecanismos detectores de metales como ayuda de respaldo, ni de apoyo
aéreo o “experto explosivista” para enfrentar posibles ataques con explosivos
improvisados.

6.2. La causa eficiente de la muerte de la víctima directa fueron las omisiones
de la Policía Nacional antes aludidas, que aumentaron el riesgo de la función
de desminado. Además, el daño no puede atribuirse a un hecho exclusivo de
un tercero, cuando es claro que la responsabilidad de la autoridad demandada
se desprende de la forma en que fue llevada a cabo la misión. Esto es, sin un
análisis de inteligencia militar adecuado que permitiera tener otros mecanismos
de defensa diferentes a un único canino antiexplosivos.

6.3. La muerte de la víctima directa no ocurrió como consecuencia de un riesgo
inherente a la actividad militar, sino por la materialización de un “riesgo

9 Resolución 03298 del 15 de octubre de 2010, que no fue aportada al proceso.

5

Radicación: 52001-23-33-000-2017-0007-01 (64895)
Demandante: Kimberlyn Carolyn Duarte Sanguino y otros

excepcional”. El patrullero Ribero Rosado fue expuesto a un mayor riesgo al
que había asumido, “determinado por las omisiones de la entidad (…) que
evidencian que no cumplió con el estricto cuidado en la ejecución de la
misión”10.

E. Actuación surtida en segunda instancia

7. El 24 de octubre de 201911, se admitió el recurso de apelación y, el 5 de
diciembre de 201912, se corrió traslado para alegar de conclusión. En esa
oportunidad, las partes guardaron silencio y el Ministerio Público solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia porque la muerte de la víctima
directa ocurrió con ocasión de las funciones que tenía asignadas; no existen
elementos de juicio para estimar que la explosión ocurrió con ocasión de un
riesgo excepcional y, en todo caso, se configuró un hecho de un tercero pues
el artefacto explosivo no pertenecía a la Policía Nacional.

II. CONSIDERACIONES

F. Asuntos procesales

8. La Sala se pronunciará de fondo porque la demanda fue presentada dentro
del término de dos años contados desde la ocurrencia del hecho dañoso, de
conformidad con lo previsto en la letra i) del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA. En efecto: (i) la víctima directa falleció el 4 de julio de 201413; (ii) los
demandantes presentaron la solicitud de conciliación extrajudicial el 14 de junio
de 201614; (iii) los términos se suspendieron hasta el 13 de septiembre de 2016,
cuando la audiencia de conciliación se declaró fallida15; y (iv) la demanda fue
presentada oportunamente el 3 de octubre de 2016, cuando restaban dos (2)
días para que operara la caducidad16.

G. Sentido de la decisión

9. La Sala confirmará la decisión de negar las pretensiones porque los reparos
planteados por el recurrente se fundamentan en la existencia de omisiones por
parte de la autoridad demandada, lo cual es una modificación de la causa
petendi de la demanda, donde se atribuyó el daño al Estado con ocasión de la
actividad que el occiso ejercía como policía con funciones de erradicador de
cultivos ilícitos.

10 Folio 431 reverso, cuaderno principal.
11 Folio 441, cuaderno principal.
12 Folio 444, cuaderno principal.
13 Registro civil de Defunción de Misael David Ribero Rosado (Folio 4, cuaderno 1). Los términos de

caducidad comienzan a contar a partir del 7 de julio de 2014, toda vez que los días 5 y 6 de julio de 2014
corresponden a sábado y domingo.
14 Folio 108, cuaderno 1.
15 Folio 109 reverso, cuaderno 1.
16 Folio 119, cuaderno 1.

6

Radicación: 52001-23-33-000-2017-0007-01 (64895)
Demandante: Kimberlyn Carolyn Duarte Sanguino y otros

10. El artículo 187 del CPACA señala el contenido mínimo de la sentencia, de
la siguiente manera:
Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada.
En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un
análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y
doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen (negrillas propias).

10.1. Por su parte, el artículo 281 de la Ley 1564 de 2012, Código General del
Proceso, en adelante, el “CGP”, preceptúa que la “sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”17.

10.2. En concordancia con lo anterior, el artículo 320 del CGP señala que el
“recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión” (destacado
propio).

10.3. De acuerdo con la normativa citada, es claro que el juez contencioso debe
estar limitado a la causa petendi señalada en la demanda. Así, una parte o el
juez no podría modificarla en el recurso presentado contra la decisión de
primera instancia, pues la parte demandada no podría defenderse de
imputaciones que no se le realizaron. Esto, es evidente en el marco del recurso
de apelación, pues la norma establece que el superior puede examinar “la
cuestión decidida” en primera instancia.

11.La jurisprudencia también ha interpretado que no es viable modificar la
causa petendi en los procesos contencioso administrativos18. Las
Subsecciones de la Sección Tercera lo han hecho de manera uniforme. La
Subsección A ha señalado lo siguiente:

En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido
pacífica en considerar que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en
las actuaciones que conoce carece por completo de facultades para variar la
causa petendi que se narra en la demanda, es decir, que en procesos de esta
naturaleza la sentencia está irremediablemente abocada a resolver sobre si
hay o no lugar a declarar la responsabilidad de la administración con base en
a los antecedentes fácticos descritos en la demanda y a los medios de
convicción regular y oportunamente agregados al plenario.
Es así como cualquier variación o modificación del marco fáctico
implicaría un desconocimiento flagrante del principio relativo al debido

17 Esta norma es aplicable en virtud de la remisión del artículo 306 del CPACA, norma que establece lo

siguiente: “ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
18 Cabe indicar que las decisiones hacen referencia al Decreto Ley 2700 de 1971, Código de

Procedimiento Civil. Sin embargo, no hubo modificación en relación con la congruencia que deben tener
las providencias.

7

Radicación: 52001-23-33-000-2017-0007-01 (64895)
Demandante: Kimberlyn Carolyn Duarte Sanguino y otros

proceso, ya que, por una parte, sorprendería a la entidad pública
demandada cuya defensa y medios exceptivos estarían enfocados a
rebatir los hechos presentados en la demanda y, por otra parte, en
atención a que ésta jamás tendría opción de ejercer en ese caso el
legítimo derecho de controvertir y de aportar pruebas tendientes a
rebatir los elementos de juicio eventual base de la declaración de
responsabilidad y consecuencial condena al pago de los perjuicios, por
lo que el juez debe resolver sobre las pretensiones de la demanda, sus
fundamentos fácticos y jurídicos con base en la prueba regular y
oportunamente aportada al proceso como lo dispone el artículo 305 del
Código de Procedimiento Civil.19

11.1. En sentido similar, esta Subsección ha sostenido que:

Conviene precisar que el recurso de apelación no puede ser utilizado
con el objeto de efectuar modificaciones o adiciones a las
circunstancias fácticas planteadas en la demanda, habida consideración
que el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil prevé que su finalidad
será analizar la cuestión decidida en la providencia de primera instancia para
que sea revocada o reformada según el caso, de lo contrario, se estaría
vulnerando el principio de congruencia. La competencia del juez en
segunda instancia se circunscribe a examinar lo impugnado en el
recurso, siempre y cuando implique abordar el análisis de las
circunstancias fácticas inicialmente fijadas en el litigio, so pena de
vulnerar el principio de congruencia consagrado en el artículo 305 del
Código de Procedimiento Civil, que exige consonancia entre la sentencia y lo
invocado en los hechos y las pretensiones de la demanda, además de las
excepciones que hubiere planteado la contraparte20.

11.2. La Subsección C también ha reiterado la idea anterior en los siguientes
términos:

Efectivamente, esta Subsección no puede pronunciarse sobre hechos
distintos a aquellos en los que el actor basó sus pretensiones, pues, se insiste,
no es el recurso de apelación la oportunidad procesal prevista por el
ordenamiento jurídico para modificar la causa petendi de la demanda, ni
siquiera con base en la aplicación del principio iura novit curia, por
cuanto,
“la Sala precisa que sí es posible en materia de juicios de responsabilidad
extracontractual del Estado, la aplicación del principio iura novit curia, pero
siempre teniendo en cuenta que a través de él no se puede llegar a la
modificación de los fundamentos fácticos de la pretensión, expuesto en el
libelo, los cuales constituyen su causa petendi y son precisados por el actor, y
no otros. Así en esta materia, lo importante es la realidad y naturaleza de los
hechos y no la calificación jurídica que les puede dar el demandante, todo lo
cual coincide con lo dispuesto por nuestra legislación positiva, concretamente
por el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, la
sentencia debe analizar “Los hechos en que se funda la controversia”. (…) Si
se aceptare que el juez puede al final del proceso, en la sentencia cambiar los
hechos alegados en la demanda se estaría desconociendo el derecho de

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2016, radicación:

25000-23-26-000-2002-10128-01(34357), C.P. Hernán Andrade Rincón. Reiterada en Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2021, radicación: 68001-23-31-000-2009-
00650-01(54110), C.P. María Adriana Marín.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 14 de junio de 2018, radicación

05001-23-31-000-2006-02589-01(37646), C.P. Ramiro Pazos Guerrero. En igual sentido esta subsección
consideró que el recurso de apelación no puede ser utilizado para modificar la causa petendi: Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 17 de octubre de 2025, radicación 66001-23-33-
000-2017-00397-01 (65348), C.P. Diego Enrique Franco Víctoria.

8

Radicación: 52001-23-33-000-2017-0007-01 (64895)
Demandante: Kimberlyn Carolyn Duarte Sanguino y otros

defensa y contradicción del proceso que tiene la parte demandada, la cual
contestará la demanda enfrente de los hechos alegados por el demandante y
enfocará su actividad probatoria para desvirtuar esos hechos que se conocen
desde un comienzo. Pero si al final del proceso se cambia ya no podría
cuestionarlos”21 (subrayado fuera de texto).

12. En el caso bajo estudio es claro que, justamente, los demandantes
pretendieron variar la causa petendi en la apelación, en la medida en que la
parte actora solicitó en la demanda la indemnización de los perjuicios derivados
de una actividad lícita en la que el Estado expuso a los policías a un riesgo
grave, que condujo a la muerte de la víctima directa. Adicionalmente, manifestó
que el daño ocurrió en ejercicio de sus funciones y definió expresamente que
no hubo una acción u omisión por parte de la Policía Nacional. Al respecto
señaló:

En el presente caso (…)no emergió en el análisis probatorio acción u
omisión por parte de la demandada que conllevara a los fatales
resultados; empero, de la lícita actividad ocurrieron unos daños contra
su propio personal: la muerte de Misael David Ribero Rosado (…). La teoría
de la responsabilidad del Estado ha construido tanto el régimen subjetivo (falla
en el servicio), como el objetivo (riesgo excepcional y daño especial), de
manera que aún ante el ejercicio de la actividad de la administración sin fallas
en el mismo, la constatación de la existencia de un daño antijurídico imputable
a una autoridad pública, hace procedente el establecimiento de
responsabilidad. (…) el desminado corresponde a una obligación
internacional del Estado colombiano. Pero lo relevante es, que si en
cumplimiento de esa obligación, el Estado expone a un riesgo grave y se
materializan los perjuicios o daño del mismo, incurre en responsabilidad y
debe indemnizar a quien haya salido perjudicado22 (Destacado de la Sala).

12.1. En la sentencia recurrida, el tribunal negó las pretensiones porque el
fallecimiento de la víctima directa tuvo origen en el hecho de un tercero y, en
todo caso, fue consecuencia de la materialización de un riesgo inherente a la
actividad militar voluntariamente asumida.

12.2. Contrario a lo sostenido por el tribunal y, especialmente, a lo alegado en
la demanda, los demandantes manifestaron en la apelación que la causa del
daño fueron las omisiones en que la autoridad demandada incurrió al no
garantizar las condiciones mínimas de seguridad a los policiales. Así, es claro
que alegar circunstancias nuevas correspondió a una modificación de las
imputaciones realizadas contra la Policía Nacional en el libelo introductorio, al
tiempo que constituyó una alteración del análisis sobre los hechos expuestos
en la primera instancia.

12.3.En efecto, en la apelación, los demandantes imputaron el daño a la Policía
Nacional porque no existió un análisis de inteligencia militar adecuado al
permitir que la misión continuara a pesar de que la patrulla, así como el canino
antiexplosivos, presentaban agotamiento, y era previsible que el cansancio

21 [Cita del original] Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 14 de febrero de 1995; Rad. S-

123
22 Folio 114, cuaderno 1.

9

Radicación: 52001-23-33-000-2017-0007-01 (64895)
Demandante: Kimberlyn Carolyn Duarte Sanguino y otros

incrementara el riesgo de cometer errores. Además, para el momento de los
hechos no contaban con todos los elementos de seguridad pertinentes para la
labor, ya que solo disponían de un perro y no tenían mecanismo alterno alguno
de respaldo:

De manera que en una zona con presencia de insurgentes o del enemigo, con
conocimiento de sembrado de minas, y con previo hostigamiento con
artefactos explosivos, la Policía Nacional dejó a los agentes de su Compañía
de Seguridad para los erradicadores, sin seguridad: i) No tenían apoyo aéreo
justo en el momento de la detonación; tanto era el riesgo de ser nuevamente
hostigados, que ninguno tuvo claridad en el momento si la segunda
detonación había sido un artefacto explosivo improvisado... con los que
minutos antes habían sido hostigados; ii) El canino CLAN estaba cansado y
no tenía apoyo canino en una misión de desminado larga y extenuante; así lo
hizo saber el PT ROBINSON ANCIZAR ENRIQUEZ (sic) BARCO, y solo tuvo
unos minutos de descanso; ii) Dicho canino, era el único mecanismo de
detección que tenían, tan así es, que a la muerte del mismo deciden
retroceder porque se observa el riesgo de seguir así: a ciegas, sin el único
canino guía que tenían; no tenían un detector de metales como ayuda de
respaldo, no se evidencia que contaran con un miembro de EXDE (explosivos
y demoliciones), si bien tenían un binomio soldado/canino; o de un MARTE
(Manejo de Artefactos Explosivos), especializados en la detección,
localización, destrucción y desactivación de artefactos explosivos, por demás
son los únicos capacitados en el desarme de minas. La orden de retroceder
se cumplió entonces sin ningún mecanismo para detectar minas y sin el apoyo
aéreo para repeler otro posible hostigamiento con AEl23.

12.4. La Sala observa que las imputaciones transcritas no coinciden con
aquella que fue formulada en la demanda y pretenden radicar hechos y
omisiones sobre la titularidad de la entidad demandada que no habían sido
puestos de presente desde el principio del litigio; de esta forma, la variación de
la causa petendi no puede ser estudiada en segunda instancia, porque, en la
contestación de la demanda, la Policía Nacional no pudo defenderse de las
nuevas imputaciones.

13. Ahora bien, es importante indicar que junto con la novedad de imputar
responsabilidad por nuevos hechos, en el recurso de apelación la parte actora
reitera que el demandante murió como consecuencia de la concreción de un
riesgo inherente a la actividad militar, de acuerdo con la siguiente exposición
confusa del recurrente:

El riesgo excepcional como sub-especie de la responsabilidad objetiva
descrita en el artículo 90 de la Constitución, conlleva a que a Misael David
Ribero Rosado, Q.E.P.D., sufrió un daño antijuridico del cual se desprende la
responsabilidad objetiva del Estado, en el que, dada su particular gravedad,
excede notoriamente las cargas que normalmente él debía como
contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la
prestación del servicio, en cabeza del Estado. Tal exceso es el que configura
la falla del servicio. (…) En atención a los argumentos que interpretan nuestra
posición procesal, cabe mencionar que lo pretendido y condenado por el a
quo en la sentencia del 19 de junio de 2019 no es procedente, porque los
hechos dañosos son imputables a la demandada y son la causa eficiente

23 Folio 428, cuaderno principal.

10

Radicación: 52001-23-33-000-2017-0007-01 (64895)
Demandante: Kimberlyn Carolyn Duarte Sanguino y otros

del daño acreditado, por las omisiones que evidencian que no cumplió
con el estricto cuidado en la ejecución de la misión policial, siendo
conscientes de la peligrosidad de la actividad de desminado manual.
Entonces, dentro de la realidad discutida, encontramos claramente la
configuración de la responsabilidad del hecho dañoso en la demandada,
demostrado probatoriamente con los testimoniales que encuentra
corroboración en las documentales, desestimando las excepciones de
ausencia de responsabilidad y hecho de un tercero; debe valorar el ad quem
que la causa eficiente del daño es la actuación omisiva, ligera
imprevisiva de la Policía Nacional. (Destacado de la Sala)24.

13.1. Como se puede observar, una lectura integral del reparo permite constatar
que, aunque formalmente la parte actora sostiene que habría responsabilidad
objetiva porque el daño se deriva de la actividad militar que realizaba el occiso,
lo cierto es que, al momento de desarrollar el reparo insiste en que la Policía
Nacional expuso a la víctima a un riesgo mayor al inherente del servicio, pues
incurrió en omisiones y equivocaciones, siendo estos argumentos diferentes a
los planteados en la demanda.

14. Ahora bien, si en gracia de discusión se interpretara que en el recurso de
apelación sí se alegó un reparó frente a la responsabilidad del Estado por la
concreción de un riesgo inherente a la actividad militar, la Sala advierte que,
sobre el particular la jurisprudencia ha indicado que los daños causados como
consecuencia del ejercicio de actividades peligrosas deben ser analizados bajo
el régimen objetivo, cuando la imputación deriva de los efectos contra terceros
con ocasión de una actividad que supone peligro25. No obstante, cuando el
daño sufrido deviene como consecuencia de una actividad peligrosa que es
ejercida directamente por la víctima, no resulta aplicable dicho régimen, sino el
de falla probada del servicio. En efecto, esta Corporación ha expuesto lo
siguiente:

(…) la Sala ha tenido la oportunidad de precisar que la calificación de una
actividad como "peligrosa" tiene incidencia para establecer el criterio de
imputación aplicable en relación con los daños que se deriven de la misma,
distinguiendo entre quienes ejercen la actividad directamente y los terceros
ajenos a ésta. En el primer caso, cuando quien ejerce una actividad peligrosa
sufre un daño, la decisión sobre la responsabilidad debe erigirse con
fundamento en la tesis de la falla probada del servicio y no del régimen de
responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, pues este último sería
aplicable al segundo de los casos mencionados, es decir, cuando se trata de
terceros ajenos a la actividad riesgosa26.

15. En ese sentido, cuando se trata de una actividad peligrosa como la
erradicación de cultivos, el Estado no debe responder de manera objetiva cada
vez que, en desarrollo de dicha actividad se cause un daño a un erradicador,

24 Folio 431 reverso, cuaderno principal.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2020, radicación:

50001233100020011049401 (41379). C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, en igual sentido Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2017, radicación:
63001233100020040014901 (36856), C.P. Marta Nubia Velázquez Rico.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de septiembre de 2022,

radicación: 730012331000201000618 01 (44064), C.P. Nicolás Yepes Corrales.

11

Radicación: 52001-23-33-000-2017-0007-01 (64895)
Demandante: Kimberlyn Carolyn Duarte Sanguino y otros

sino que para que se comprometa su responsabilidad es menester acreditar
que la Policía Nacional incurrió en una falla del servicio al no realizar las
acciones que debía ejercer para evitar que ocurriera el daño. Es indispensable
acreditar la falla porque la Policía no tiene una obligación de resultado y el
erradicador no es un tercero que se someta contra su voluntad a la realización
de esta actividad.

16. El erradicador desempeñaba voluntariamente una actividad peligrosa como
patrullero de la Policía Nacional, razón por la cual frente a él no puede aplicarse
la teoría del riesgo para presumir la responsabilidad del Estado. Debe
acreditarse que el daño ocurrió por una omisión de la entidad responsable. En
efecto, esta Subsección ha expuesto lo siguiente:

El régimen objetivo de responsabilidad derivado de actividades peligrosas -
fundado por la jurisprudencia en el artículo 2.356 del Código Civil-, se basa
en el riesgo que dicha actividad peligrosa genera en los terceros ajenos a la
misma. Así, en caso de concretarse en un tercero un daño derivado de alguna
actividad peligrosa se configura una <<presunción de responsabilidad>> en
contra del guardián de esta, quien podrá exonerarse acreditando una causal
que determine la ruptura de la relación de causalidad (fuerza mayor, hecho
exclusivo de un tercero o hecho exclusivo de la víctima). Dicho régimen de
responsabilidad se justifica por el riesgo que la actividad implica frente a los
<<terceros ajenos>> a la actividad peligrosa. Responde al interés del
legislador de darle prevalencia a la protección de la vida e integridad de las
personas sobre la necesidad de permitir que se desarrollen actividades
peligrosas que le sirven a quien las desarrolla, pero que ponen en riesgo a las
demás personas. Esa circunstancia le genera a quien desarrolla la actividad,
y es el creador del riesgo, una responsabilidad particular que le impone
reparar los perjuicios que cause en desarrollo de esta y no le permite
exonerarse demostrando que obró diligentemente o que no existió culpa o
falla del servicio en su actuación. (…) La sala estima que los daños
causados a un erradicador no pueden ser tratados del mismo modo que
los daños causados a un tercero ajeno a dicha actividad. Para efectos
de la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por
<<actividades peligrosas>>, los beneficiarios de la presunción de
responsabilidad son los particulares o cualquier persona ajena a la labor
de erradicación. Los erradicadores no son <<terceros ajenos>> a la
actividad que realizan, pues ellos son precisamente quienes realizan la
actividad y quienes asumen voluntariamente los riesgos derivados de
esta27 (Destacado de la Sala).

17. Asimismo, mediante sentencia proferida el 7 de marzo de 2018, esta
Sección unificó su criterio respecto de la responsabilidad estatal en relación con
los daños ocasionados por minas antipersonal y otros artefactos explosivos
instalados por integrantes de grupos al margen de la ley y, en efecto, eliminó la
posibilidad de imputar objetiva y automáticamente al Estado dichos daños. En
esa decisión se precisó que:

(…) En cuanto al régimen de responsabilidad por riesgo creado, el fallo ha
recogido dos eventos en los que habría lugar a condenar, (…); se trata de los

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 21 de octubre de 2024, radicación:

52001-23-31-000-2010-00545-02 (54920). C.P. Martín Bermúdez Muñoz. Con salvamento de voto del
Consejero Alberto Montaña Plata.

12

Radicación: 52001-23-33-000-2017-0007-01 (64895)
Demandante: Kimberlyn Carolyn Duarte Sanguino y otros

accidentes con [mina antipersonal; municiones sin explotar y artefactos
explosivos improvisados] ocurridos en las bases militares que fueron minadas
por el mismo Ejército Nacional, se trate de una víctima militar o civil, y casos
de accidentes con estos artefactos explosivos en una proximidad evidente a
un órgano representativo del Estado, que permita afirmar que el artefacto
explosivo iba dirigido contra agentes de esa entidad28.

18. En este caso, ninguno de los dos eventos previstos por la sentencia de
unificación es aplicable y, por tanto, la Policía Nacional no puede ser declarada
responsable automáticamente por la explosión de una mina durante la
realización de actividades de erradicación. La imputación por la exposición de
un riesgo mayor al de sus compañeros policiales solo puede estructurarse si se
demuestra que las autoridades públicas no realizaron las acciones que debían
y podían cumplir en el caso específico.

19. En relación a este asunto, en un caso que implicaba la responsabilidad del
Estado por lesiones sufridas por un agente de policía asignado a labores de
erradicación de cultivos —profesional que participó voluntariamente en una
actividad considerada peligrosa— esta Subsección señaló lo siguiente:

[n]o hay ninguna prueba tendiente a demostrar la falla del servicio, la cual
no puede deducirse del simple hecho de la explosión de la mina
antipersonal, como al parecer lo hizo el a quo, por el contrario, está probado
que el riesgo fue asumido por la víctima en tanto estaba preparada para la
misión encomendada, sobre la premisa de su incorporación voluntaria y
consciente al servicio de la institución y que por lo tanto conocía y asumió,
libre y espontáneamente, el riesgo profesional de la actividad29 (Destacado de
la Sala).

20. Ahora bien, en el caso bajo estudio, está acreditado que el señor Misael
David Ribero Rosado falleció el 4 de julio de 201430 en el municipio de Tumaco-
Nariño, como consecuencia de la detonación de una mina antipersonal
localizada en un área destinada a la erradicación de cultivos ilícitos y que, el
occiso se encontraba en dicha zona en virtud de sus funciones como patrullero
adscrito a la Compañía de Seguridad para la Erradicación 12 de la Policía
Nacional, habiéndosele asignado la labor de erradicación de cultivos ilícitos 31.
Además, no existe oposición alguna a que la víctima directa falleció como
consecuencia de “actos especiales del servicio”32. Lo anterior se encuentra
acreditado con las siguientes pruebas:

20.1. El “informe pericial de Necropsia” del 5 de julio de 2014, elaborado por el
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que “joven de 38 años
de edad aparente y documental, quien fallece a consecuencia de hipovolemia

28 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia del 7 de marzo de 2018. Radicación:

25000-23-26-000-2005-00320-01 (34359). C.P. Danilo Rojas Betancourth.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022, radicación:

55667. C.P. Fredy Ibarra Martínez. Con salvamento de voto del consejero Alberto Montaña Plata.
30 Registro civil de defunción de Misael David Ribero Rosado (folio 256, cuaderno 2).
31 Certificado expedido por Tesorería General de la Policía Nacional en el que establece que para el mes

de junio la víctima directa se encontraba vinculado a la Dirección Antinarcóticos.
32 Folio 226, cuaderno 2. Resolución 01851 del 18 de noviembre de 2014, “por las cual se reconoce parte

de pensión de sobrevivientes, de compensación por muerte”.

13

Radicación: 52001-23-33-000-2017-0007-01 (64895)
Demandante: Kimberlyn Carolyn Duarte Sanguino y otros

debido a trauma vascular de miembros inferiores por artetacto explosivo. Causa
básica de muerte: Trauma vascular de miembros inferiores por artefacto
explosivo” 33.

20.2.En el oficio no. S/N COMAN-ASJUR-38-10 elaborado por Comandante de
la Compañía Antinarcóticos de Seguridad de la Erradicación, Alexander Amaya
Olmos, se establece que para el 4 de julio de 2014, el Patrullero Misael David
Ribero Rosado “pertenecía a la Dirección de Antinarcóticos Área de
Erradicación de cultivos Ilícitos y conformaba la Compañía de Seguridad No.
12 para el 04/07/2014 y su comandante directo era el señor Subteniente
Sebastián Olarte Vargas”.

20.3. En el “Informe Administrativo Prestacional por Muerte No. 135/14” el
Director Antinarcóticos, con base en los “informes de novedad” elaborados por
el T.C. José James Roa Castañeda34, el S.M. Erwin Edwin Carreño Rodríguez;
el S.T. Sebastián Olarte Vargas y el Polígrama no. 0470 CASEG DIRAN, se
determinó que la muerte del Patrullero Ribero Rosado ocurrió “en actos
especiales del servicio”, así:

Del análisis del recaudo probatorio en la presente Investigación Administrativa
Prestacional por muerte, se identifica en los antecedentes allegados, que el
señor Patrullero Ribero Rosado Misael David, identificado con cedula de
ciudadania No. 1.065.636.033, el dia 04/07/2014, se encontraba en labores
de seguridad de la Erradicación Manual de Cultivos Ilicitos, en zona rural de
municipio de Tumaco, donde fue víctima de artefacto explosivo lo que provoca
el fallecimiento casi inmediato del Policial. Motivo por el cual el suscrito
Director Antinarcóticos, enmarca la Muerte del citado: Patrullero, dentro del
contenido del decreto 1091 del 27 de junio de 1995, Articulo 70, muerte en
actos especiales del servicio35.

20.4. En la Resolución 01851 del 18 de noviembre de 2014, el Ministerio de
Defensa – Policía Nacional reconoció y ordenó pagar parte de la pensión de
sobreviviente y una “compensación por muerte” a los beneficiarios de la víctima
directa. Como fundamento de dicha resolución se indicó:

(…) la muerte del uniformado se produjo dentro de los parámetros
establecidos en el artículo 70 del Decreto 1091 de 1995, concordante con el
artículo 27 del Decreto 4433 de 2004, es decir, en actos especiales del
servicio, según informe administrativo por muerte No. 135 del 18 de julio de
2014, adelantado por el Director de Antinarcóticos36.

33 Folios 15 a 19, cuaderno 1. En igual sentido, los informes de novedad del 4 de julio de 2014 (folios 28

a 34, cuaderno 1).
34 (…) los grupos móviles de Erradicación, se disponían a realizar la erradicación manual de un cultivo de

coca, al momento de efectuar la revisión del cultivo por parte del señor Patrullero Enríquez Barco, guía
canino con su binomio "CLAN" el canino ubicó al parecer una mina antipersonal y activó la misma
causándole la muerte de manera inmediata y como consecuencia resultó afectado el señor Patrullero
Enríquez (Guía canino), aproximadamente un minuto después es activada una segunda carga
desconociendo si se trata de una mina antipersonal, dejando como consecuencia el fallecimiento del señor
Patrullero Misael David Ribero Rosado.
35 Folios 175 y 176, cuaderno 1.
36 Folio 236 y 237, cuaderno 2.

14

Radicación: 52001-23-33-000-2017-0007-01 (64895)
Demandante: Kimberlyn Carolyn Duarte Sanguino y otros

21. De las anteriores pruebas se acredita que la víctima directa estaba
vinculada voluntariamente al servicio de la Policía Nacional y, ejercía labores
de erradicación de cultivos ilícitos al momento de su deceso. Por lo tanto, para
estructurar la responsabilidad era necesario especificar y demostrar que el
daño se derivó de una acción u omisión específica y puntual de la entidad
demandada. No obstante, como en los argumentos de la demanda no
contemplaron las omisiones atribuidas a la Policía Nacional y, solo pretendieron
exponer esos reparos en la apelación, con base en imputaciones diferentes a
las formuladas en el líbelo introductorio, la Sala no las estudiará y confirmará la
decisión de negar las pretensiones.

J. Condena en costas

22. De acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, y
considerando la sentencia de la Corte Constitucional SU- 241 de 2024, no
corresponde imponer condena en costas a la parte demandante al resultar
vencida37. Por esta razón, se niega la condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 19 de junio de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Nariño, conforme con las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al
tribunal de origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Salva voto

37Corte Constitucional, sentencia SU-241 de 20 de junio de 2024. Con aclaración de voto de los
magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Jorge Enrique Ibáñez Najar. En igual sentido: Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de diciembre de 2024, radicado: 5000-23-36-000-
2013-01229-01 (56855). Con salvamento parcial de voto del magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez.

15

Radicación: 52001-23-33-000-2017-0007-01 (64895)
Demandante: Kimberlyn Carolyn Duarte Sanguino y otros

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.