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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2017-00397-01

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2017-00397-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFÍRMASE la sentencia proferida el 7 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Risaralda que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDÉNASE en costas de segunda instancia a la parte actora en favor de la parte demandada, tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia. TERCERO. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 66001-23-33-000-2017-00397-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

17 de octubre de 2025

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00397-01 (65348)
Demandantes: David Armando Gutiérrez González y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control: Reparación directa
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00397-01 (65348)
Demandantes: Alejandro Antonio Vargas Mesa, Luis Guillermo Zamora
Duque y José Elder Giraldo Naranjo
Demandado: Instituto Colombiano Agropecuario

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la
sentencia dictada el 7 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Risaralda
que negó las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia, de acuerdo con los artículos
150 y 152, numeral 5, de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante “CPACA”, por
tratarse de un recurso de apelación contra una sentencia proferida por un tribunal
administrativo. A su vez, el tribunal conoció el proceso en primera instancia por la
cuantía estimada en la demanda1.

SÍNTESIS2

Los demandantes solicitan la reparación del daño causado por la extracción ilegal
por parte de terceros de 91.520,91 m3 de madera de eucalipto de dos fincas, e
imputan ese daño a la omisión del Instituto Colombiano Agropecuario en el ejercicio
de sus funciones de control. El tribunal negó las pretensiones porque no encontró
probado el daño y los demandantes apelaron esa decisión. La Sala confirma la
decisión de negar las pretensiones porque los reparos de la apelación versan sobre
perjuicios e imputaciones distintos a los formulados en la demanda, lo cual impide
su estudio.

I. ANTECEDENTES

A. La posición de la parte demandante

1. El 6 de julio de 2017 los señores Alejandro Antonio Vargas Mesa, Luis Guillermo
Zamora Duque y José Elder Giraldo Naranjo interpusieron demanda de reparación

1 El valor de la mayor pretensión se estableció como “dieciocho mil trescientos cuatro millones de pesos,

($18.304.000.000)” (folio 4 cuaderno principal).
2 Tema: recurso de apelación — causa petendi.

1

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00397-01 (65348)
Demandantes: David Armando Gutiérrez González y otros

directa contra el Instituto Colombiano Agropecuario (en adelante, el ICA)3, en la que
formularon las siguientes pretensiones:

1. Que el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA, representado por
su gerente, doctor LUIS HUMBERTO MARTÍNEZ LACOUTURE, o por quien haga
sus veces al momento de la sentencia es administrativamente responsable de los
perjuicios causados a los demandantes.

2. Que como consecuencia de la declaración anterior, se le condene al pago de
los siguientes perjuicios:

a. PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE
FUTURO: La suma de dieciocho mil trescientos cuatro millones de pesos,
($18.304.000.000), a costo de $200 m3 de madera en pie, y que corresponden a
91.520,91 m3 de madera eucalyptus faltante del vuelo forestal de mis
representados de las fincas Altagracia4 y Santa Elena.

b. PERJUICIOS MORALES: la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, para cada uno de los convocantes ALEJANDRO ANTONIO
VARGAS MESA, LUIS GUILLERMO ZAMORA DUQUE y JOSE ELDER GIRALDO
NARANJO, dada la angustia, dolor y congoja que han padecido mis representados
al saber que le extrajeron 91.520,91 m3 del material forestal de las fincas Altagracia
y Santa Elena sin su consentimiento de acuerdo con la existencia de 100.000 m3
de maderas certificados por la entidad demandada, madera que fue extraída y
movilizada sin el control de la entidad demandada encargada de la expedición de
las remisiones de movilización. (…)”

2. Las pretensiones se basaron en las siguientes afirmaciones de los demandantes:

2.1. El 14 de agosto de 1999, el señor Francisco Antonio Vargas Álvarez, padre del
demandante Alejandro Antonio Vargas Mesa, celebró un contrato de promesa de
compraventa con la señora Luz Marina Flórez de Ledesma para adquirir las fincas
“Alta Gracia” y “Santa Elena”, ubicadas en el municipio de Apía del departamento
de Risaralda (en adelante, las “fincas”). En virtud de ese contrato, el 16 de agosto
de 1999, la promitente vendedora hizo entrega material de las fincas al señor Vargas
Álvarez, quien a partir de ese momento ejerció su posesión.

2.2. El 18 de diciembre de 2000, el señor Francisco Antonio Vargas Álvarez y el
demandante José Elder Giraldo Naranjo celebraron un convenio para cultivar las
fincas.

2.3. El señor Francisco Antonio Vargas Álvarez fue asesinado el 4 de marzo de 2005.
Su hijo, el demandante Alejandro Antonio Vargas Mesa, continuó como poseedor
de las fincas.

2.4. En febrero y marzo de 2010, el ICA inscribió al demandante Alejandro Antonio
Vargas Mesa en el Registro de Sistemas Agroforestales o Cultivos Forestales con
Fines Comerciales y le otorgó el registro 10032827-66-608 para explotar las fincas

3 Folios 3 a 18 cuaderno principal.
4 La Sala destaca que en las demás partes de la demanda este predio es identificado con el nombre “Alta
Gracia”.
2

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00397-01 (65348)
Demandantes: David Armando Gutiérrez González y otros

con fines comerciales. De acuerdo con ese registro, las fincas tenían un volumen
de cien mil metros cúbicos (100.000 m3) de madera de eucalipto.

2.5. El 25 de febrero de 2011, los demandantes Alejandro Antonio Vargas Mesa, Luis
Guillermo Zamora Duque y José Elder Giraldo Naranjo celebraron un contrato para
la explotación y comercialización del “vuelo forestal” de las fincas.

2.6.El ICA suspendió “sin justificación alguna” la autorización otorgada al
demandante Vargas Mesa para extraer y movilizar la madera de las fincas entre el
17 de junio de 2012 y el 28 de abril de 2015. Esto, a raíz de una reclamación
presentada por el señor Everardo Antonio Ledesma Flórez.

2.7. El ICA certificó había autorizado la movilización de mil cuatrocientos veinticinco
punto treinta metros cúbicos (1.425,30 m3) de madera de eucalipto de las fincas, en
el oficio del 5 de septiembre de 2016.

2.8. El 25 de abril de 2017, el ingeniero forestal Campo Elías Cruz Castañeda rindió
un “Informe Técnico de Inventario Forestal” de las fincas. Según el informe, en las
fincas solamente se hallaron siete mil cincuenta y tres punto setenta y nueve metros
cúbicos (7.053,79 m3) de madera de eucalipto.

2.9. El anterior informe se expidió a pesar de que el ICA Seccional Risaralda había
certificado “que en el predio Altagracia y Santa Elena de la vereda Potosí del
municipio de Apía, existían 100.000 m3 de madera eucaliptus y de los cuales se han
extraído 1.425,30 m3 del vuelo forestal”. Esto conllevó a que existiera un faltante de
91.520,91 m3 de madera eucaliptus (…)”5.

3. Según la parte actora, el ICA incurrió en una omisión en el ejercicio de sus
funciones de control, lo que permitió que terceros extrajeran ilegalmente noventa y
un mil quinientos veinte punto noventa y un metros cúbicos (91.520,91 m3) de
madera de eucalipto de las fincas.

B. Posición de la parte demandada

4. El ICA se opuso a las pretensiones de la demanda6. Alegó que no causó el daño
imputado por los demandantes debido a que las funciones de esa entidad se limitan
al registro de los cultivos forestales o de sistemas agroforestales con fines
comerciales; sin embargo, no ejerce funciones de inspección, vigilancia o control
del carácter de policía fitosanitaria. En consecuencia, sostuvo que no era función de
esa entidad vigilar o cuidar la extracción ilegal de madera de las fincas por parte de
terceros, actividad que reposaba exclusivamente en el propietario de los predios.

5 Hecho trigésimo tercero de la demanda. Folio 11 cuaderno principal.
6 Folios 179 a 194 cuaderno principal.

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Radicado: 66001-23-33-000-2017-00397-01 (65348)
Demandantes: David Armando Gutiérrez González y otros

C. Sentencia recurrida

5. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda en la sentencia del 7 de octubre
de 20197. Consideró que no encontró probada la existencia del daño reclamado por
los demandantes, por los siguientes motivos:

5.1. Los demandantes allegaron los siguientes medios de convicción para acreditar
que en las fincas “Alta Gracia” y “Santa Elena” estaban sembrados cien mil metros
cúbicos (100.000 m3) de madera de eucalipto y la extracción ilegal noventa y un mil
quinientos veinte punto noventa y un metros cúbicos (91.520,91 m 3) de esa madera:
(i) unas órdenes de insumos y de árboles del 15 de diciembre del 2000, y del 22 y
16 de marzo y del 7 de abril del 2001; (ii) un contrato de establecimiento y manejo
forestal celebrado entre Núcleos Agroforestales Campesinos y el señor Francisco
Antonio Vargas Álvarez; (iii) las “fichas de inscripción” 07094, 07095 y 07096
expedidas por Núcleos Agroforestales Campesinos; (iv) el registro de sistemas
agroforestales o cultivos forestales 10032827-66-608; (v) unos formatos de remisión
para la movilización de productos de transformación primaria provenientes de
cultivos forestales y/o sistemas agroforestales con fines comerciales registrados a
nombre del demandante Alejandro Antonio Vargas Mesa; (vi) el informe técnico de
inventario forestal elaborado el 25 de abril de 2017 por el ingeniero Campo Elías
Cruz Castañeda; y (vii) unas fotografías de plantaciones de eucaliptos. Asimismo,
se practicaron (viii) los testimonios de los señores Lix Mario Giraldo López y del
ingeniero Campo Elías Cruz Castañeda.

5.2. A pesar de ello, el tribunal consideró que con los anteriores medios de convicción
no se probó el daño por los siguientes motivos:

Primero, las órdenes de insumos y de árboles del 15 de diciembre del 2000, y del
22 y 16 de marzo y del 7 de abril del 2001 no son suficientes para demostrar el
volumen del vuelo forestal existente en las fincas. Esto, porque en dichas órdenes
se menciona que los insumos estaban destinados para varias fincas, entre ellas la
finca “La Esperanza”, la cual no fue mencionada en la demanda. Además, los
insumos allí referidos tampoco eran exclusivos para el cultivo de eucaliptos.

Segundo, el contrato de establecimiento y manejo forestal celebrado entre Núcleos
Agroforestales Campesinos y el señor Francisco Antonio Vargas Álvarez, cuya
fecha de celebración se desconoce, debía ser desarrollado en la finca “La
Esperanza”, la cual no corresponde a las fincas mencionadas en la demanda.

Tercero, las “fichas de inscripción” 07094, 07095 y 07096 expedidas por Núcleos
Agroforestales Campesinos fueron solicitadas por personas distintas de los
demandantes y a partir de esas fichas tampoco es posible determinar la
identificación del predio respecto de los cuales se pidió la inscripción de proyectos
de establecimiento y manejo forestal.

7 Folios 304 a 321 cuaderno principal.

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Radicado: 66001-23-33-000-2017-00397-01 (65348)
Demandantes: David Armando Gutiérrez González y otros

Cuarto, en el registro de sistemas agroforestales o cultivos forestales 10032827-66-
608 consta que en el predio denominado “Alta Gracia – Santa Elena” ubicado en la
vereda Potosí del municipio de Pueblo Rico (Risaralda), identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria 2920003-131, existían cien mil metros cúbicos (100.000 m3)
de madera de eucalipto. Sin embargo, ese documento no permite demostrar el daño
porque no se corroboró que el predio denominado “Alta Gracia – Santa Elena”
corresponde a las mismas fincas mencionadas en la demanda8.

Quinto, en los formatos de remisión para la movilización de productos de
transformación primaria provenientes de cultivos forestales y/o sistemas
agroforestales con fines comerciales registrados a nombre del demandante
Alejandro Antonio Vargas Mesa, se señaló que la finca “Alta Gracia” tenía “un
estimado de madera a cosechar” de cien mil metros cúbicos (100.000 m3). No
obstante, se trataba de un estimado o mera expectativa y dichos documentos no
dan cuenta del volumen de madera efectivamente sembrada en ese predio.

Sexto, en el informe técnico de inventario forestal elaborado el 25 de abril de 2017
por el ingeniero Campo Elías Cruz Castañeda se concluye que las fincas tenían un
vuelo forestal de “7.053,79 metros cúbicos de madera comercial” y de “8.321,11
metros cúbicos de madera total en pie”, y que los predios habían sido objeto de
saqueos y de mal uso de la vegetación forestal productiva. A pesar de ello, ese
documento no permite acreditar el daño porque en el mismo informe se reconoce la
existencia de “un problema de muestreo débilmente atendido dentro del esquema
del inventario forestal tradicional” y señaló que “la unidad muestral debía ser
redefinida (…) [para] capturar información representativa de la masa forestal”.
Asimismo, a pesar de que en el informe se señala la existencia de saqueos en los
lotes, en el expediente no obra prueba de que los demandantes hayan puesto
denuncia alguna por estos hechos. Adicionalmente, a partir del informe se concluye
que hubo varios fenómenos que pudieron contribuir a la afectación de la plantación
de madera existente, entre ellos, los hurtos y el “poco crecimiento homogéneo de
los cultivos”.

Séptimo, en relación con las fotografías allegadas al expediente, no es posible
determinar si estas corresponden a las plantaciones de madera de las fincas.

8 En la sentencia se señala lo siguiente: “(…) no obra dentro del expediente ningún documento que permita

corroborar que el predio señalado en el mencionado registro como «Altagracia-Santa Elena», sea uno de los
cuales se solicita se declare la responsabilidad de la entidad demandada por la presunta extracción de material
forestal sin el debido control, toda vez que tanto en la demanda como en la promesa de compraventa aportada
por la parte demandante como prueba documental, se hace alusión a dos predios rurales distintos, esto es,
«Alta Gracia» y «Santa Elena», de los cuales se observa como matrícula inmobiliaria del predio ALTA GRACIA
la No. 292-0003.130 (fl. 19, cdno. 1) y del predio SANTA ELENA la matrícula inmobiliaria No. 292-0003.131,
empero del cual se dice en la promesa de compraventa que está ubicado «en el paraje "Potosí"; jurisdicción del
Municipio de Apía (sic), Rda (..)», de lo cual se advierte que si bien la matrícula inmobiliaria de este último predio
concuerda con la relacionada en el Registro de Sistemas Agroforestales o Cultivos Forestales con Fines
Comerciales No. 10032827-66-608, lo cierto es que se identifica el predio en el municipio de Pueblo Rico, sin
que repose dentro del expediente el certificado de tradición del predio en mención para poder determinar la
titularidad y ubicación exacta de este y así afirmar sin lugar a dudas, que el predio con el registro No. 10032827-
66-608 es el mismo del que se hace alusión en la demanda. (…)” (reverso folio 316 cuaderno principal).
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Demandantes: David Armando Gutiérrez González y otros

Octavo, los testimonios practicados en el proceso tampoco son suficientes para
corroborar el daño: el señor Lix Mario Giraldo, quien había sido contratado por uno
de los demandantes para construir la carretera para sacar la madera de las fincas,
fue impreciso en su declaración y tampoco dio cuenta de la extensión de la
plantación de madera en las fincas. Por su parte, el ingeniero Campo Elías Cruz
Castañeda, quien elaboró el informe técnico de inventario forestal del 25 de abril de
2017, declaró que era “imposible” que en las fincas se hubieran sembrado cien mil
metros cúbicos (100.000 m3) de madera porque el espacio era muy pequeño.

D. Recurso de apelación

6. Los demandantes solicitan que se revoque integralmente la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se concedan las pretensiones9. Alegan que el tribunal
incurrió en una indebida valoración probatoria porque no tuvo como probado el
daño, a pesar de que los documentos allegados al expediente y los testimonios
practicados en el proceso sí lo demuestran. En específico, los demandantes aducen
lo siguiente:

6.1. Sostienen que sí se demostró la plantación de las fincas pertenecía a los
demandantes con (i) el registro de sistemas agroforestales o cultivos forestales con
radicado 10032827-66-608; (ii) los formatos de remisión para la movilización de
productos de transformación primaria provenientes de cultivos forestales y/o
sistemas agroforestales con fines comerciales; (iii) las peticiones elevadas por los
demandantes al ICA; y (iv) la Resolución 00010 del 2 de febrero de 2015, por medio
de la cual el ICA levantó la suspensión de la expedición de las remisiones.
Asimismo, con esos documentos se evidenció que el ICA, sin justificación alguna,
suspendió las remisiones entre el 17 de junio de 2012 y el 28 de abril de 2015, lo
que impidió que los demandantes pudieran extraer la madera de las fincas durante
ese período.

6.2. Con los anteriores documentos y la declaración del ingeniero Campo Elías Cruz
Castañeda, quien elaboró el informe técnico de inventario forestal del 25 de abril de
2017, se comprobó que:

[Los demandantes] no pudieron movilizar y por ende vender o comercializar 20.000
pulgadas de madera eucaliptus cortada y almacenada que se deterioró o pudrió,
por la falta de las órdenes de remisión de movilización y que equivalen a la fecha
de elaboración del dictamen o informe forestal obrante en el proceso, a
$110.000.000, sumadas a los 7.053 m3 en plantación que tampoco se pudo extraer
y que equivalen a $720.000.000 millones de pesos10

6.3. En consecuencia, el daño causado a los demandantes consistente en la
imposibilidad de movilizar la madera de eucalipto cultivada en las referidas fincas.
Ese daño es imputable al ICA porque esa entidad no cumplió oportunamente sus
funciones relativas a la expedición de los registros de cultivos forestales y sistemas
agroforestales con fines comerciales y de las remisiones que permitían la

9 Folios 325 a 341 cuaderno principal.
10 Folios 331 a 332 cuaderno principal.

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Demandantes: David Armando Gutiérrez González y otros

movilización de los productos de transformación primaria desde las plantaciones a
su sitio de acopio. Al respecto, los demandantes señalaron lo siguiente:

(…) Han declarado los testigos Francisco de la Cruz Moreno, Cesar Marín y el
Ingeniero Forestal Campo Elías Cruz Castañeda, entre otros, quienes manifiestan
que fue mucha la madera variedad eucalyptos, que se encontraba cortada y
almacenada en las fincas Altagracia y Santa Elena, para ser movilizada de la zona,
pero por la no expedición de las ordenes de remisiones por parte del ICA, la
madera cortada la cual fue medida por el ingeniero al punto que manifiesta que
existan 20.000 pulgadas cuyo valor a la fecha de la inspección al sitio tenía un
valor de $110.000.000, se pudrió y no pudo ser comercializada y que los 7.053 m3
en pie de madera también se pudrió o deterioro y que el costo de esa madera
asciende para la fecha de la inspección a $720.000.000 de pesos, para un total de
perjuicios causados de $830.000.000, sin contar con los dineros cancelados para
la apertura de la carretera que suman $97.000.000. (…)

Es claro y prístino honorables Consejeros de Estado, que no solo el informe de la
inspección que realiza el ingeniero forestal CAMPO ELIAS CRUZ CASTANEDA,
sino también su testimonio en precisar y evaluar los daños causados a los
demandantes como consecuencia de la no expedición de las remisiones de
movilización por parte del ICA, hasta el punto que hace medición de volúmenes de
madera que se pudrió en las fincas y el valor de las mismas para la época de la
inspección y que como lo hemos citado precedentemente tienen un costo total de
$830.000.000, sin incluir los montos o costos que generó la apertura de la carretera
cuyo monto ascendió a $97.000.000 de pesos, en consecuencia, se encuentra
debidamente acreditado la existencia del DAÑO causado a mis representados,
pues si bien en principio la entidad demandada certificó la existencia de 100.000
m3 de madera información que se ratifica según se aprecia del contenido del oficio
66.2.36 adiado al 05/09/2016, en virtud del cual se da respuesta al derecho de
petición del 27 de abril de 2016, lo cierto es que solo existían en el vuelo forestal
un total de 9.746,14 m3 de madera de los cuales solo se extrajo 1.425,3 m3,
deteriorándose o pudriéndose 8.321,11 correspondiente a la madera en pie que no
se pudo extraer por no haberse expedido las ordenes de remisión de movilización
por parte del ICA como era su obligación, madera que como se ha manifestado por
el testigo CAMPO ELIAS CRUZ CASTAÑEDA, tenía un valor comercial para la
fecha de la visita, esto es, para el día 25 de abril de 2017, de $720.000.000, y la
madera almacenada de $110.000.000, para un total de perjuicios de $830.000.000,
más la inversión de $97.000.000, de la construcción de la vía para gran total de
$927.000.000, dado que la inversión que se realizó en la construcción de la vía se
debe al monto del volumen de madera que según el ICA, existía en el vuelo
forestal, y en consecuencia, debe REVOCARSE la sentencia proferida y accederse
a la condena por los perjuicios causados y demostrados, toda vez que el resto del
volumen de madera existente en el vuelo forestal, fue extraído por extraños o
terceras personas, producto de la omisión y negligencia en la expedición de
remisiones de movilización multicitadas, de allí que se encuentre por lo mensos
demostrado la existencia de unos perjuicios equivalentes a la suma de
$927.000.000, al 25 de abril de 2017. (…)11

E. El concepto del Ministerio Público

7. El Ministerio Público no rindió concepto.

11 Folios 337 a 338 cuaderno principal.

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Radicado: 66001-23-33-000-2017-00397-01 (65348)
Demandantes: David Armando Gutiérrez González y otros

II. CONSIDERACIONES

D. No se puede cambiar la causa petendi en el recurso de apelación

8. La Sala confirmará la sentencia que negó las pretensiones porque los reparos del
recurso de apelación se refieren a perjuicios e imputaciones diferentes a los
formulados en la demanda.

9. Previamente, la Sala advierte que se pronuncia de fondo porque la demanda fue
presentada oportunamente. La parte actora afirma que tuvo conocimiento de la
pérdida de la madera del cultivo el 25 de abril de 2017, cuando el ingeniero forestal
Campo Elías Cruz Castañeda rindió el “Informe Técnico de Inventario Forestal”,
según el cual en la finca solo se encontraron siete mil cincuenta y tres punto setenta
y nueve metros cúbicos (7.053,79 m3). En ese sentido, la demanda fue presentada
oportunamente porque el término de caducidad se extendía hasta el 4 de junio de
201912 y esta fue radicada el 6 de julio de 2017.

10. El artículo 187 del CPACA señala el contenido mínimo de la sentencia, de la
siguiente manera:

ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser
motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación
y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y
doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen (negrillas propias).

11. Por su parte, el artículo 281 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso,
en adelante, el “CGP”, preceptúa que la “sentencia deberá estar en consonancia
con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”13.

12. En concordancia con lo anterior, el artículo 320 del CGP señala que el “recurso
de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión” (destacado propio).

13. De acuerdo con la normativa citada, es claro que el juez contencioso debe estar
limitado a la causa petendi señalada en la demanda. Así, una parte o el juez no
podría modificarla en el recurso presentada contra la decisión de segunda instancia,

12 Lo anterior, teniendo en cuenta que el término estuvo suspendido desde el 8 de mayo de 2018 hasta el 14 de

junio de 2017, por el agotamiento de requisito de procedibilidad (folio 159 cuaderno 1). Así, el término que
finalizaba inicialmente el 26 de abril de 2019 se extendió hasta el 1º de junio de 2019. Este día fue inhábil por
lo que el término máximo para presentar la demanda hubiera vencido el siguiente día hábil, esto es, el 4 de
junio.
13 Esta norma es aplicable en virtud de la remisión del artículo 306 del CPACA, norma que establece lo siguiente:

“ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
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Radicado: 66001-23-33-000-2017-00397-01 (65348)
Demandantes: David Armando Gutiérrez González y otros

pues la parte demandada no podría defenderse de imputaciones que no se le
realizaron. Esto, inclusive, es evidente en el marco del recurso de apelación, pues
la norma establece que el superior puede examinar “la cuestión decidida” en primera
instancia.

14. La jurisprudencia también ha interpretado que no es viable modificar la causa
petendi en los procesos contenciosos administrativos14. Las Subsecciones de la
Sección Tercera lo han hecho de manera uniforme. La Subsección A ha señalado
lo siguiente:

En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido
pacífica en considerar que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en las
actuaciones que conoce carece por completo de facultades para variar la causa
petendi que se narra en la demanda, es decir, que en procesos de esta naturaleza
la sentencia está irremediablemente abocada a resolver sobre si hay o no lugar a
declarar la responsabilidad de la administración con base en a los antecedentes
fácticos descritos en la demanda y a los medios de convicción regular y
oportunamente agregados al plenario.

Es así como cualquier variación o modificación del marco fáctico implicaría un
desconocimiento flagrante del principio relativo al debido proceso, ya que, por una
parte, sorprendería a la entidad pública demandada cuya defensa y medios
exceptivos estarían enfocados a rebatir los hechos presentados en la demanda y,
por otra parte, en atención a que ésta jamás tendría opción de ejercer en ese caso
el legítimo derecho de controvertir y de aportar pruebas tendientes a rebatir los
elementos de juicio eventual base de la declaración de responsabilidad y
consecuencial condena al pago de los perjuicios, por lo que el juez debe resolver
sobre las pretensiones de la demanda, sus fundamentos fácticos y jurídicos con
base en la prueba regular y oportunamente aportada al proceso como lo dispone
el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.15

14. En el mismo sentido, la Subsección B ha sostenido que:

Conviene precisar que el recurso de apelación no puede ser utilizado con el objeto
de efectuar modificaciones u adiciones a las circunstancias fácticas planteadas en
la demanda, habida consideración que el artículo 350 del Código de Procedimiento
Civil16 prevé que su finalidad será analizar la cuestión decidida en la providencia
de primera instancia para que sea revocada o reformada según el caso, de lo
contrario, se estaría vulnerando el principio de congruencia.

La competencia del juez en segunda instancia se circunscribe a examinar lo
impugnado en el recurso, siempre y cuando implique abordar el análisis de las
circunstancias fácticas inicialmente fijadas en el litigio, so pena de vulnerar el
principio de congruencia consagrado en el artículo 305 del Código de
Procedimiento Civil, que exige consonancia entre la sentencia y lo invocado en los

14 Cabe indicar que las decisiones hacen referencia al Decreto Ley 2700 de 1971, Código de Procedimiento

Civil. Sin embargo, no hubo modificación en relación con la congruencia que deben tener las providencias.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2016, radicación: 25000-

23-26-000-2002-10128-01(34357), C.P. Hernán Andrade Rincón. Reiterada en Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2021, radicación: 68001-23-31-000-2009-00650-
01(54110), C.P. María Adriana Marín.
16 [Cita del original] “Artículo 350. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior estudie la cuestión

decidida en la providencia de primer grado y la revoque o reforme”.
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Demandantes: David Armando Gutiérrez González y otros

hechos y las pretensiones de la demanda, además de las excepciones que hubiere
planteado la contraparte17.

15. La Subsección C también ha reiterado la idea anterior en los siguientes términos:

Efectivamente, esta Subsección no puede pronunciarse sobre hechos distintos a
aquellos en los que el actor basó sus pretensiones, pues, se insiste, no es el
recurso de apelación la oportunidad procesal prevista por el ordenamiento jurídico
para modificar la causa petendi de la demanda, ni siquiera con base en la
aplicación del principio iura novit curia, por cuanto,

“la Sala precisa que sí es posible en materia de juicios de responsabilidad
extracontractual del Estado, la aplicación del principio iura novit curia, pero siempre
teniendo en cuenta que a través de él no se puede llegar a la modificación de los
fundamentos fácticos de la pretensión, expuesto en el libelo, los cuales constituyen
su causa petendi y son precisados por el actor, y no otros. Así en esta materia, lo
importante es la realidad y naturaleza de los hechos y no la calificación jurídica que
les puede dar el demandante, todo lo cual coincide con lo dispuesto por nuestra
legislación positiva, concretamente por el artículo 170 del Código Contencioso
Administrativo, según el cual, la sentencia debe analizar “Los hechos en que se
funda la controversia”. (…) Si se aceptare que el juez puede al final del proceso, en
la sentencia cambiar los hechos alegados en la demanda se estaría desconociendo
el derecho de defensa y contradicción del proceso que tiene la parte demandada, la
cual contestará la demanda enfrente de los hechos alegados por el demandante y
enfocará su actividad probatoria para desvirtuar esos hechos que se conocen desde
un comienzo. Pero si al final del proceso se cambia ya no podría cuestionarlos” 18
(subrayado fuera de texto).

En el sub lite, se insiste, los actores pretenden que se endilgue responsabilidad en
la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Hospital Militar, con base en
hechos distintos a los esgrimidos en su demanda los cuales sirvieron de
fundamento para la defensa de la entidad demandada, pues en el libelo
demandatorio explicó que los daños fueron ocasionados por una falla en la
prestación del servicio médico, mientras que en la sustentación del recurso de
apelación expresaron que fueron consecuencia del desequilibrio de las cargas
públicas, razón por la cual, se impone confirmar la sentencia apelada, pues “el juez
de la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para
dicho recurrente único –y con ello para el resto de las partes del proceso–, los
demás aspectos de ese fallo que no hubieren sido desfavorables para el
impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento
alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por sí misma, que el propio
interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos,
las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera
voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por encontrarse conforme con
ellos”19.20

16. En el presente caso es claro que, justamente, lo que ocurrió es que la
demandante pretendió variar la causa petendi. En efecto, en la demanda, la parte
actora solicitó la indemnización de los perjuicios materiales (pérdidas económicas)
y morales que sufrieron los demandantes por no haber podido comercializar noventa
y un mil quinientos veinte punto noventa y un metros cúbicos (91.520,91 m 3) de

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 14 de junio de 2018, radicación 05001-

23-31-000-2006-02589-01(37646), C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
18 [Cita del original] Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 14 de febrero de 1995; Rad. S-123
19 [cita del original] Consejo de Estado; Sala Plena de Sección Tercera; Sentencia de Unificación del 9 de febrero

de 2012; Exp. 21060
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 24 de julio de 2013, radicación 25000-23-

26-000-1999-02553-01(28866), C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.
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Demandantes: David Armando Gutiérrez González y otros

madera de eucalipto que habían sembrado en las fincas “Alta Gracia” y “Santa
Elena”.

16.1. Ese daño lo imputaron al ICA por haber incurrido en una falla del servicio
consistente en la omisión en el ejercicio de sus funciones de control, puesto que la
autoridad demandada permitió que terceros extrajeran ilegalmente ese volumen de
madera de los predios mencionados.En las pretensiones de la demanda, se solicitó
la reparación de los siguientes perjuicios:

a. PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE
FUTURO: La suma de dieciocho mil trescientos cuatro millones de pesos,
($18.304.000.000), a costo de $200 m3 de madera en pie, y que corresponden a
91.520,91 m3 de madera Eucalyptus faltante del vuelo forestal de mis
representados de las fincas Altagracia y Santa Elena.

b. PERJUICIOS MORALES: la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, para cada uno de los convocantes ALEJANDRO ANTONIO
VARGAS MESA, LUIS GUILLERMO ZAMORA DUQUE y JOSE ELDER GIRALDO
NARANJO, dada la angustia, dolor y congojo que han padecido mis representados
al saber que le extrajeron 91.520,91 m3 del material forestal de las fincas
Altagracia y Santa Elena sin su consentimiento de acuerdo con la existencia de
100.000 M3 de maderas certificados por la entidad demandada, madera que fue
extraída y movilizada sin el control de la entidad demandada encargada de la
expedición de las remisiones de movilización21 (negrillas fuera del texto).

16.2. En los fundamentos fácticos de la demanda se afirmó que los perjuicios se
ocasionaron por la extracción ilegal del referido volumen de madera, la cual fue
ocasionada por la omisión en el ejercicio de las funciones de control por parte del
ICA. En concreto, en los hechos trigésimo tercero y trigésimo séptimo de la
demanda se afirma lo siguiente:

TRIGÉSIMO TERCERO: No obstante a que se certificó por parte del ICA Seccional
Risaralda, que en el predio Altagracia y Santa Elena de la vereda potosí del
municipio de Apia, existían 100.000 m3 de madera Eucaliptus y de los cuales se
han extraído 1.425,30 m3 del vuelo forestal, el Informe Técnico de Inventario
Forestal en Plantación de Eucaliptus Grandis, concluido el día 25 de abril de 2017,
por el Ingeniero Forestal CAMPO ELIAS CRUZ CASTAÑEDA (…) registra la
existencia de tan solo 7.053,79 m3 de madera con lo cual hay un faltante de
91.520,91 m3 de madera eucaliptus, cuyo valor asciende a la suma de dieciocho
mil trescientos cuatro millones de pesos ($18.304.000), a costo de $200 m 3 de
madera en pie. (…)

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Si el Instituto Colombiano Agropecuario, tal como lo
expresa la Gerente Seccional de la entidad, cumplía las funciones descritas en el
pluricitado oficio, en virtud de la delegación del Ministerio de Agricultura, resulta
imposible que dicha entidad no se enterara de la movilización de más de
noventa mil metros cúbicos de madera (90.000 m3), de las fincas Altagracia y
Santa Elena, durante el tiempo que no les permitió a los demandantes la
extracción de la madera existente en el vuelo forestal registrado con el No.
10032827-66-608, máxime cuando es la entidad encargada de la expedición de
las remisiones de movilización, sumado la existencia del RETEN DE CONTROL

21 Folio 4 cuaderno principal.

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Demandantes: David Armando Gutiérrez González y otros

FORESTAL, ubicado en el sector de la MARINA, vía Apia - La Virginia, lo cual sin
lugar a dudas, constituye una falla del servicio.22

17. Ahora bien, en la sentencia recurrida, el tribunal negó las pretensiones porque
no encontró probado el daño reclamado por los demandantes dado que no
demostraron que en las fincas habían cultivado cien mil metros cúbicos (100.000
m3) de madera de eucalipto ni que eran propietarios o poseedores de los predios en
los que se afirma que se cultivó la madera.

18. Contrariamente a lo sostenido por el tribunal, los demandantes sostuvieron en la
apelación que sí acreditaron el daño. Sin embargo, en su argumentación
modificaron tanto los perjuicios reclamados en la demanda como la imputación
realizada contra la entidad demandada:

18.1. Los demandantes alegaron perjuicios no pedidos en la demanda. Señalaron
que sí demostraron los perjuicios de haber sufrido pérdidas económicas por no
haber podido comercializar “20.000 pulgadas” de madera de eucalipto durante el
tiempo que el ICA suspendió la expedición de las remisiones de movilización de
madera durante el período comprendido entre el 17 de junio de 2012 y el 28 de abril
de 2015, lo que ocasionó que esta se pudriera. Asimismo, alegaron que
demostraron haber incurrido en gastos porque construyeron en las fincas una vía
para poder extraer la madera.

18.2. De igual manera, modificaron la imputación. En la apelación, los demandantes
imputaron dichos perjuicios al hecho de que el ICA suspendió arbitrariamente la
expedición de las remisiones de movilización requeridas. No obstante, esa
imputación no coincide con aquella formulada en la demanda, pues en esta se
reclamó una omisión de control que permitió que terceros extrajeran ilegalmente la
madera de las fincas.

19. Ahora bien, la Sala advierte que en el recurso de apelación se incluyó el siguiente
apartado:

(…) debe REVOCARSE la sentencia proferida y accederse a la condena por los
perjuicios causados y demostrados, toda vez que el resto del volumen de madera
existente en el vuelo forestal, fue extraído por extraños o terceras personas,
producto de la omisión y negligencia en la expedición de remisiones de
movilización multicitadas, de allí que se encuentre por lo menos (sic) demostrado
la existencia de unos perjuicios equivalentes a la suma de $927.000.000, al 25 de
abril de 2017.

19.1. El apartado citado, a diferencia del texto principal del recurso de apelación, no
comporta una variación de la causa petendi promovida en la demanda. Aunque el
texto citado no es coherente con lo alegado en el recurso de apelación, en él se
insiste en que la entidad demandada debe responder por la madera “extraída” por
terceros o extraños.

22 Folios 11 a 12 cuaderno principal.

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Demandantes: David Armando Gutiérrez González y otros

19.2. A pesar de lo anterior, es claro que esa frase no comporta un reparo concreto
a la decisión del juez de primera instancia. Al respecto, la Corte Constitucional ha
señalado que, en vigencia del CGP, la parte recurrente tiene la carga de formular
de manera concreta los reparos contra la sentencia apelada y que el incumplimiento
de esa carga conlleva la indebida sustentación del recurso:

De lo anterior se tiene que, en realidad, no fue propuesto ningún reparo concreto
contra la sentencia de primera instancia, sino que se hizo alusión a la falta de
valoración de pruebas y alegatos obrantes en el plenario, lo cual de ninguna
manera informa acerca de las eventuales falencias que el recurrente encuentra en
la decisión y que, por su trascendencia, dan lugar a que la misma sea revocada
(…).

A juicio de esta Sala, la decisión del tribunal demandado fue razonable, en tanto el
demandante no cuestionó de manera concreta y clara las razones por las que el
juzgado de primera instancia denegó las pretensiones (…).

Como se puede apreciar, la parte actora no cumplió la carga de identificar
concretamente las razones de inconformidad frente a la sentencia apelada, pues
si bien afirmó que se desconocieron «normas particulares» y las pruebas
recaudadas en el proceso, lo cierto es que no señaló a qué normas o pruebas se
refería (…)”23.

19.3. Lo anterior, justamente, ocurre en el presente caso: el demandante no informó
cuáles eran las falencias de la sentencia fallada. Simplemente indicó, de manera
genérica, que la sentencia debía ser revocada pero no cuestionó de manera
concreta las razones del juez de primera instancia para negar sus pretensiones.

20. En conclusión, debido a que los reparos formulados en la apelación se basan en
perjuicios e imputaciones distintos a los formulados en la demanda, la Sala no los
estudiará y confirmará la decisión de negar las pretensiones.

E. Costas

20. El artículo 18824 del CPACA y el numeral 1 del artículo 365 del CGP25 establece
que se debe condenar en costas a la parte vencida en el recurso de apelación. Por
esto, en este caso, se condenará a la parte demandante. En todo caso, las costas
procesales deberán ser liquidadas de manera concentrada por la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Risaralda, según dispone el artículo 366 del CGP26.

23 Corte Constitucional, sentencia SU-419 de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

24 “ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil”.
25 “ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código”.
26 “ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada

en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada
la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior
(…)”
13

Radicado: 66001-23-33-000-2017-00397-01 (65348)
Demandantes: David Armando Gutiérrez González y otros

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFÍRMASE la sentencia proferida el 7 de octubre de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. CONDÉNASE en costas de segunda instancia a la parte actora en
favor de la parte demandada, tásense de manera concentrada por el tribunal de
primera instancia.

TERCERO. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de
origen, previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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