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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2012-00264-01

Fecha
9 de agosto de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-31-000-2012-00264-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 16 de noviembre de 2016 y, en su lugar, se dispone: SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en las consideraciones que anteceden. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 52001-23-31-000-2012-00264-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

9 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

Radicación número: 52001-23-31-000-2012-00264-01 (58.777)

Actor: LILIANA LUNAR NARVÁEZ RODRÍGUEZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – la
autoridad judicial debe verificar si la medida de aseguramiento se impuso bajo los criterios
de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad / RÉGIMEN DE
RESPONSABILIDAD APLICABLE – el desarrollo jurisprudencial permite aplicar el criterio
expuesto en la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la
Nación contra la sentencia del 16 de noviembre de 2016, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Nariño accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los demandantes pretenden obtener la indemnización de los perjuicios sufridos con
ocasión de la privación de la libertad que afrontó la señora Liliana Lunar Narváez
Rodríguez, en el marco de una investigación penal que se adelantó en su contra por
la supuesta comisión de los delitos de interés indebido en la celebración de
contratos, falsedad en documento público y peculado, la cual terminó con
preclusión.

II. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 19 de junio de 20121, Liliana Lunar Narváez Rodríguez y otros, por conducto de
apoderado judicial, presentaron demanda de reparación directa en contra de la
Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se declare su
responsabilidad patrimonial como consecuencia de los perjuicios derivados de la

1 Folio 55 vuelto del cuaderno principal.

Radicación: 52001-23-31-000-2012-00264-01 (58.777)
Actor: Liliana Lunar Narváez Rodríguez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

privación de la libertad que afrontó en una investigación penal por la supuesta
comisión de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado
y falsedad ideológica en documento público, la cual finalizó con decisión de
preclusión.

En síntesis, los hechos fueron los siguientes:

El 24 de octubre de 2008, la Fiscalía 37 Seccional de La Unión impuso a la aquí
demandante medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, por
considerar su posible participación en los delitos de interés indebido en la
celebración de contratos, peculado y falsedad ideológica en documento público, de
acuerdo con una denuncia que fue formulada en su contra y varias declaraciones
que la involucraron en su gestión como alcaldesa del municipio de San Lorenzo.

El 28 de abril de 2009, la mencionada autoridad judicial profirió resolución de
acusación en contra de la señora Liliana Lunar Narváez Rodríguez, decisión que
fue revocada por la Fiscalía Cuarta delegada ante el Tribunal Superior de Cúcuta,
a través de proveído del 10 de marzo de 2010, que dispuso la preclusión de la
investigación.

La parte actora sostuvo que la entidad demandada debía responder por los
perjuicios causados con la privación de la libertad que afrontó la señora Liliana
Lunar Narváez Rodríguez, dado que el proceso penal concluyó con decisión de
preclusión, circunstancia que, según se afirmó, denotó la arbitrariedad de esa
autoridad en su caso.

2. Contestación de la demanda

La Fiscalía General de la Nación no contestó la demanda2.

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 16 de noviembre de
2016, accedió parcialmente a las pretensiones, desde la óptica del régimen objetivo
de responsabilidad, para lo cual estimó que la imposición de la medida de
aseguramiento y la posterior preclusión en favor del procesado permitían predicar
una privación injusta de su libertad3.

2 Según se indicó en auto del 4 de febrero de 2013 (folio 71 del cuaderno No. 1).
3 Folios 155 a 165 del cuaderno del Consejo de Estado.

2

Radicación: 52001-23-31-000-2012-00264-01 (58.777)
Actor: Liliana Lunar Narváez Rodríguez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

El fundamento de la decisión del Tribunal será plasmado en la parte considerativa
de la presente providencia.

4. El recurso de apelación

La Fiscalía General de la Nación solicitó que se revoque la sentencia, por
considerar que la medida de aseguramiento impuesta a la demandante no fue
injusta, para lo cual agregó que se debía tener en cuenta el criterio fijado por la
Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, en relación con el régimen
aplicable para dirimir este tipo de controversias4.

Los argumentos específicos de la impugnación serán abordados en las
consideraciones de esta providencia.

5. El Ministerio Público rindió concepto en esta instancia, a través del cual solicitó
que se confirmara la sentencia apelada, en atención a que le asiste responsabilidad
a la entidad demandada, desde la perspectiva del régimen objetivo5.

III. CONSIDERACIONES

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, la Sala6 procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
entidad demandada contra la sentencia de primera instancia.

Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales de
demanda en tiempo, competencia y legitimación en la causa.

1. El objeto del recurso de apelación y el esquema que se propone para
resolver el asunto

De acuerdo con los reparos de la impugnación, a la Sala le corresponde examinar
si la controversia se debe examinar desde la óptica del régimen subjetivo de
responsabilidad, atendiendo al criterio fijado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-037 de 1996, y si ello implica analizar si la medida de aseguramiento
impuesta atendió a los principios de legalidad, proporcionalidad, racionalidad y
necesidad.

4 Folios 168 a 179 del cuaderno del Consejo de Estado.
5 Folios 274 a 282 del cuaderno del Consejo de Estado.
6 Mediante auto del 20 de enero de 2023, la ponente de esta providencia avocó el conocimiento del

asunto de la referencia con fines de descongestión, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena
de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el Acuerdo No. 303 de 12 de diciembre de 2022.

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Radicación: 52001-23-31-000-2012-00264-01 (58.777)
Actor: Liliana Lunar Narváez Rodríguez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

2. Caso concreto

En el fallo apelado el tribunal a quo sostuvo que la demandante sufrió un daño
antijurídico derivado de la privación injusta de su libertad, desde la perspectiva del
régimen objetivo, debido a que no se encontraba en el deber jurídico de soportar la
restricción de ese derecho, en la medida en que el proceso penal en el que se le
impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria terminó con
decisión de preclusión.

La Fiscalía General de la Nación expuso que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional precisó que la privación injusta de la libertad supone la existencia de
actuaciones desproporcionadas y arbitrarias por parte de la autoridad judicial, lo cual
no ocurrió en el caso bajo estudio. También afirmó que la mencionada Corporación
ha considerado que para el análisis de estas controversias no existe limitación a un
determinado régimen de responsabilidad, motivo por el cual se debía tener en
cuenta que la imposición de la medida de aseguramiento atendió al principio de
legalidad y se fundamentó en los elementos probatorios existentes al momento de
resolver la situación jurídica del procesado.

Lo anterior para concluir que la demandante no sufrió un daño antijurídico derivado
de la privación de su libertad, motivo por el cual se debía revocar la sentencia de
primera instancia y, como consecuencia, negar las pretensiones.

Con el fin de examinar este cargo del recurso de apelación, la Sala parte por señalar
que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-037 de 19967, analizó la
constitucionalidad, entre otros, del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia y manifestó que, en los casos de privación injusta de la
libertad, no era dable la reparación automática de los perjuicios, sino que el juez
debía examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva para determinar si
existían o no méritos para proferir una decisión en ese sentido.

A través de sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, la Sección Tercera
de esta Corporación8, con fundamento en los supuestos consagrados en el artículo
414 del Decreto 2700 de 1991, acogió un régimen de responsabilidad objetivo en

7
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, M.P: Vladimiro Naranjo
Mesa, exp: PE-008.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
de unificación del 17 de octubre de 2013. C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente: 23.354.

4

Radicación: 52001-23-31-000-2012-00264-01 (58.777)
Actor: Liliana Lunar Narváez Rodríguez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

los casos de privación de la libertad cuando el sindicado era absuelto porque (i) no
cometió el delito; (ii) el hecho no existió; (iii) la conducta por la cual fue detenido no
es típica, providencia en la que, además, se agregó el supuesto (iv) de aquellos
casos en los cuales se concedía la libertad por aplicación del principio in dubio pro
reo, pese a que este último evento no estaba previsto en la norma mencionada.

Posteriormente, la Corte Constitucional dictó la sentencia SU-072 de 20189, a través
de la cual precisó que ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo 90 de la
Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-037
de 1996- estableció un régimen de responsabilidad específico aplicable en los
eventos de privación de la libertad, por lo que al operador judicial le corresponde
determinar si la privación fue apropiada, razonable y proporcionada.

A su vez, mediante sentencia del 15 de agosto de 201810, la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio frente a este tipo de casos;
sin embargo, dicha providencia quedó sin efectos por vía de tutela11, por lo que el 6
de agosto de 2020 se profirió el correspondiente fallo de reemplazo 12, este último
que, si bien no se adoptó como determinación de unificación, recogió de manera
enunciativa la más reciente jurisprudencia sobre la materia, particularmente la
definida por la Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 199613, en la que se
sostuvo que en los casos de privación injusta de la libertad debía examinarse la
actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, pues,
en su criterio, no resulta viable la reparación automática de los perjuicios en dichos
eventos.

Contextualizado el panorama jurisprudencial, la Subsección considera pertinente
aclarar que, en cuanto a los efectos de las sentencias de unificación en el tiempo,
tanto el Consejo de Estado14 como la Corte Constitucional15 han indicado que, por

9
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando
Reyes Cuartas, exps: T-6.304.188 y T-6.390.556.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
de unificación del 15 de agosto de 2018, C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 46.947.
11
Mediante fallo de tutela dictado el 18 de noviembre de 2019, por la Subsección B de la Sección
Tercera de esta Corporación, exp: 2019-00169-01 (AC).
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
del 6 de agosto de 2020, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 46.947.
13
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
14
Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: i)
Subsección A, auto del 30 de julio de 2021, exp: 66.941 y ii) Sección Primera, sentencia de 29 de
abril de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2021-01372-00 (AC), entre otras.
15
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, M.P:
Paola Andrea Meneses Mosquera, exp: T-8.263.898.

5

Radicación: 52001-23-31-000-2012-00264-01 (58.777)
Actor: Liliana Lunar Narváez Rodríguez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

regla general, los cambios jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos, por ende,
se aplican a todos los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa.

Conviene agregar que, en múltiples fallos de tutela16, se ha señalado que los
operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento
de resolver el asunto sometido a su consideración, argumento que ha servido de
sustento para descartar la vulneración de derechos fundamentales en aquellas
controversias en las que se alega el desconocimiento del precedente por no tener
en cuenta la jurisprudencia imperante al momento de la presentación de la demanda
o del fallo de primera instancia17.

En las condiciones que se acaban de señalar, la Sala considera que le asiste razón
a la entidad demandada al proponer el estudio del caso desde la óptica del régimen
subjetivo, de ahí que este asunto debe examinarse teniendo en cuenta lo plasmado
en el fallo SU-072 de 2018, proferido por la Corte Constitucional, en cuyos
argumentos hizo mención a la sentencia C-037 de 1996 y precisó que no hay un
régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la
libertad, pues es el juez quien, en cada caso, debe realizar un análisis para
determinar si la medida restrictiva de ese derecho fundamental fue apropiada,
razonable y/o proporcionada, es decir, si devino o no en injusta18.

16 Ver, entre otros, los siguientes fallos de tutela: (i) sentencia del 1° de octubre de 2021, radicación

11001-03-15-000-2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección C; (ii)
sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-07060-00, Sección
Cuarta del Consejo de Estado; (iii) sentencia del 24 de mayo de 2021, radicación 11001-03-15-000-
2021-02039-00, Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B.
17 La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido: “Así las cosas, de

conformidad con lo expuesto, para la Sala la providencia del veinticuatro (24) de octubre de dos mil
diecinueve (2019) no incurrió en un desconocimiento de la jurisprudencia unificada de esta
Corporación. Por el contrario, el Tribunal aplicó la regla de unificación vigente y aplicable al momento
de resolver el asunto sometido a su consideración, analizando la antijuridicidad del daño para
encontrar acreditada la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Adicionalmente,
debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la parte actora dirigidos a afirmar que
debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013),
radicado 23.354, por ser esa la vigente al momento de presentar la demanda, pues, como lo ha
indicado el Consejo de Estado, por regla general y salvo que de manera expresa se disponga lo
contrario, los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de
resolver el asunto sometido a su consideración, a efectos de salvaguardar valores superiores como
la igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación uniforme e inmediata del derecho” (sentencia del 25
de agosto de 2022, expediente No. 66.535, M.P. Nicolás Yepes Corrales).
18 La Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, al decidir un recurso extraordinario de

unificación de jurisprudencia, consideró: “Recuérdese también que, en diversas providencias
proferidas por esta Corporación, incluso en sede de tutela, se ha destacado cómo la Corte
Constitucional, desde las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, se había referido a la
imposibilidad de darle prevalencia a algún régimen de responsabilidad. En ese sentido, la regla
imperante hoy en día parte de considerar que ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo
90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-037 de
1996- establece un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de
privación de la libertad; entonces, el juez es quien, en cada caso, debe realizar un análisis para
determinar si la privación de la libertad fue apropiada, razonable y/o proporcionada, o en otros

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Radicación: 52001-23-31-000-2012-00264-01 (58.777)
Actor: Liliana Lunar Narváez Rodríguez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

De acuerdo con lo anterior, y establecido que el análisis de la responsabilidad en
este tipo de casos no está limitado a un régimen en específico, la Sala se encargará
de establecer si la imposición de la medida de aseguramiento resultó racional, legal,
proporcional y necesaria, al margen de la decisión de fondo que se adoptó en el
proceso penal, para lo cual conviene precisar lo siguiente.

Está demostrado que la demandante fue capturada por orden judicial y que la
Fiscalía 37 Seccional de La Unión le impuso medida de aseguramiento consistente
en detención preventiva, pues ello constituye un tema que no fue objeto de
apelación y que tiene respaldo probatorio en los documentos aportados con la
demanda, los cuales no fueron objetados ni tachados por la entidad demandada.

La medida restrictiva de la libertad tuvo como soporte las declaraciones rendidas
por varias personas que afirmaron que la demandante -alcaldesa de San Lorenzo
para la época de los hechos denunciados- incurrió en actuaciones irregulares para
la celebración de un contrato, con el fin de favorecer a concejales del municipio, y
los informes realizados por el CTI, que dieron cuenta de la intervención de la
funcionaria en la conducta endilgada”19.

La mencionada medida de aseguramiento fue apelada por la sindicada y confirmada
por la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Pasto, a través de proveído del
del 23 de diciembre de 2008, en el cual se ratificó la existencia de elementos
probatorios que la comprometían en la participación de las conductas delictivas 20.

términos, si devino o no en injusta” (se destaca). El citado razonamiento fue reiterado, entre otras
providencias, en la proferida el 3 de marzo de 2023, expediente 53.439.
19 Folios 349 a 366 del cuaderno No. 3. Entre las consideraciones expuestas por el ente investigador

se destacan las siguientes (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores): “(…) Resulta
supremamente curioso que la Dra. Narváez realice un contrato con el concuñado de su contradictor
político, el contratar con parientes del opositor refuerza más la tesis que la dra Liliana pretendía
congraciarse con los miembros del Concejo Eraso y Fajardo para obtener mayoría en el Concejo y
sacar avante sus proyectos pero no precisamente por el medio de la persuasión con las ideas. Este
evento resulta también compatible con el tráfico de influencias para conseguirles cargos a los
señores (…) en la Umata como lo relata de forma natural y espontánea Lizardo Yobany Eraso. Mírese
que en el municipio existen personas con más experiencia para realizar el contrato que el señor
Montilla como el mismo señor (…) conocido como Pando y los señores (…), sin embargo, se contrata
con aquel; incluso según informe 050 realizado por el CTI, tendiente a establecer si el señor Montilla
tenía equipo para la elaboración de tubos de cemento, donde figura que se dedica a labores de
agricultura y ganadería. (…) Es claro pues que José Montilla no fue el contratista, laboró como simple
obrero se lo utilizó para sacar dinero a favor de Lizardo Eraso y Víctor Fajardo y de esta forma
obtener su favor en lo político (…)”.
20 (folios 513 a 521 del cuaderno No. 3. Entre las consideraciones plasmadas en la providencia se

transcriben de forma literal las siguientes. “(…) En la otra orilla, aparecen las explicaciones de los
vinculados a la presente investigación las que se torna frágiles y débiles si las comparamos con las
referenciados en los párrafos anteriores, en la medida en que no logran controvertir las afirmaciones
esbozadas por Eraso y Montilla, puesto que tanto Liliana Lunar Narváez como Hernando Fajardo se
limitan a argumentar que estos personajes son enemigos políticos y que lo único que pretenden es
su derrota. (…) No son tales sindicaciones meras especulaciones alusivas a contiendas políticas

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Radicación: 52001-23-31-000-2012-00264-01 (58.777)
Actor: Liliana Lunar Narváez Rodríguez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

El 28 de abril de 2009, la Fiscalía 37 Seccional de La Unión formuló acusación en
contra de la aquí demandante21, decisión que fue revocada por la Fiscalía Cuarta
delegada ante el Tribunal Superior de Pasto el 10 de marzo de 2010, en aplicación
del principio in dubio pro reo, lo que dio lugar a la preclusión de la investigación22.

La aludida decisión tuvo en consideración que existían versiones encontradas
respecto de la ocurrencia de los hechos y la forma en que se celebró y pagó el
contrato que originó la controversia, dado que el denunciante y varios declarantes
afirmaron que hubo actuaciones irregulares por parte de la alcaldesa en favor de
concejales y los implicados manifestaron que se trataba de afirmaciones infundadas
con intereses netamente políticos, motivo por el cual existían dudas que debían
resolverse a favor de la procesada, en cumplimiento de esa garantía constitucional.

Es importante destacar que a esta jurisdicción no le corresponde calificar o examinar
las determinaciones adoptadas por la justicia penal, a efectos de determinar si
fueron acertadas o no; sin embargo, la Sala observa que la decisión de preclusión
tuvo como sustento la existencia de pruebas a favor y en contra de la procesada,
sin que existiera una que demostrara con certeza la comisión de los delitos que le
fueron atribuidos, lo cual se puede explicar desde la óptica del rigor probatorio en
cada etapa de la investigación y del proceso penal en general.

Lo anterior resulta relevante para afirmar que la medida de aseguramiento que
impuso la Fiscalía partió de una situación fáctica racional, contaba con elementos
probatorios que involucraban a la sindicada y permitían considerar su posible
participación en los delitos endilgados, al margen de que el asunto no hubiese
trascendido a la etapa de juicio.

Para el análisis de los criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad de la
medida, cabe señalar que el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 –norma aplicada en
el proceso penal- establecía que la imposición de la medida de aseguramiento era
procedente cuando aparecían, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad
con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.

como lo pretenden hacer aparecer los ilustres defensores; por el contrario, del acervo probatorio
reinante hasta este estadio procesal que emerge sólido y fuerte se halla demostrada la comisión de
las conductas que atentan contra la Administración y la Fe Públicas, como así lo expuso la señora
instructora, de manera por demás acertada en la providencia recurrida.
21 Folios 811 a 832 del cuaderno No. 4.
22 Folios 84 a 101 del cuaderno principal.

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Radicación: 52001-23-31-000-2012-00264-01 (58.777)
Actor: Liliana Lunar Narváez Rodríguez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

Los elementos con los que contaba la Fiscalía, frente a los cuales ya se ha
efectuado el razonamiento correspondiente, permitían la imposición de la medida
de aseguramiento, desde el punto de vista de los requisitos legales, pues existían
indicios que comprometían su participación como posible responsable de los delitos
denunciados, entre otras razones, porque se expusieron circunstancias
sospechosas frente a la celebración de un contrato y la forma en que se pagó,
supuestamente a favor de otras personas, en situaciones que posiblemente
vinculaban a algunos concejales del municipio de San Lorenzo.

En este punto conviene reiterar que los requisitos en materia probatoria para la
imposición de la medida de aseguramiento son diferentes a los exigidos por el
legislador para determinar la responsabilidad penal del procesado a través de la
acusación y la eventual condena, puesto que en este último caso las evidencias
deben estar ligadas a la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, a efectos de
determinar con certeza su participación en el delito, a diferencia del manejo
indiciario que permite la definición de la situación jurídica, según se ha explicado.

Frente a los demás elementos, basta con señalar que la naturaleza de los delitos
investigados justificaba la restricción de su libertad, no solamente porque se trata
de delitos que atentan contra la Administración Pública y en su momento se contaba
con elementos para establecer la posible participación de una funcionaria de
elección popular, sino porque la pena establecida para ese tipo de conductas
permitía al fiscal actuar de la forma en que lo hizo 23, lo que denota que la
investigación no fue caprichosa ni irracional.

Lo hasta aquí expuesto permite afirmar, además, que la detención domiciliaria que
debió afrontar la demandante tenía justificación por la gravedad de los hechos
denunciados y su influencia en el entorno político, aunado al hecho de que se
investigaban irregularidades en la contratación del municipio, al celebrarse negocios
por interpuesta persona o en favor de funcionarios del concejo municipal,
circunstancia que denota el cumplimiento del requisito de necesidad.

Como consecuencia de lo anterior, la Sala concluye que le asiste razón a la Fiscalía
General de la Nación en los argumentos expuestos en el recurso de apelación, por

23 De acuerdo con lo previsto en el artículo 357 de la Ley 600 de 2000, la medida de aseguramiento

procede, entre otros eventos, cuando la pena prevista para el delito excede los 4 años, como ocurre
con el concurso de celebración indebida de contratos, falsedad en documento público y peculado.

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Radicación: 52001-23-31-000-2012-00264-01 (58.777)
Actor: Liliana Lunar Narváez Rodríguez y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

lo que se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negarán las
pretensiones de la demanda.

3. Costas

Dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá
de condenar en costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del CCA,
subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño el 16 de noviembre de 2016 y, en su lugar, se dispone:

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en las consideraciones que anteceden.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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