Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00943-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00943-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00943-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-00943-00
Demandante HÉCTOR EMILIO MOSQUERA Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa. Defecto por desconocimiento del precedente.
Privación injusta de la libertad. Requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial: la relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por Héctor Emilio Mosquera y otros de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 9 de febrero de 20261, el señor Héctor Emilio Mosquera y otros interpusieron
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado
Décimo Administrativo de Cali por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y el principio de confianza legítima
con las sentencias de primera y segunda instancia del 26 de noviembre de 2025 y
del 31 de julio de 2025 respectivamente, en el medio de control de reparación directa
con radicado 76001-33-33-010-2020-00018-00/01.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
«PRIMERO. – TUTELE los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad material,
confianza legítima, seguridad jurídica, debido proceso, reparación integral y a la aplicación
prevalente de la Constitución del señor HECTOR EMILIO MOSQUERA y otros vulnerados por
la autoridad accionada mediante providencia judicial. En consecuencia;
SEGUNDO. – DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 26 de noviembre de 2025 del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca mediante la cual se confirmó la sentencia de primer grado
en el medio de control de reparación directa descrito entre los numerales segundo y tercero
del acápite de hechos.
TERCERO. – ORDENE a la autoridad accionada la promulgación de una nueva sentencia en
la cual acoja las reglas de decisión fijadas por la Corte Constitucional mediante sentencia de
unificación 072 de 2018, de acuerdo con lo señalado en el acápite de fundamentos de
derecho».
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
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Escrito de tutela radicado a través del correo electrónico de la Oficina de Reparto Judicial de Cali, Valle del Cauca.
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Demandante: Héctor Emilio Mosquera y otros
Hechos relacionados con el proceso penal (expediente
76001600019320174579500):
2.1. El 5 de diciembre de 2017 fue capturado en flagrancia el señor Héctor Emilio
Mosquera durante un operativo en el que, según el informe policial, estando
alterado el mencionado señor arremetió contra un funcionario de la alcaldía de
Cali con un arma blanca y tuvo un forcejeo con un uniformado del ESMAD
quien en ese momento intervino para contener la situación.
2.2. El señor Héctor Emilio Mosquera fue acusado del delito de violencia contra
servidor público y una vez capturado fue presentado ante el Juez Treinta Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali por solicitud de la
Fiscalía 19 Seccional, autoridad judicial que legalizó la captura y le impuso
medida de aseguramiento de privación de la libertad inicialmente en su lugar
de residencia, luego fue trasladado a la estación de policía donde estuvo unos
días y posteriormente fue recluido en establecimiento carcelario,
concretamente en la Cárcel Vistahermosa.
2.3. El 25 de mayo de 2018 el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento llevó a cabo la audiencia formal de acusación.
2.4. El 7 de marzo de 2019 el mencionado juzgado dictó sentencia absolutoria a
favor del procesado.
2.5. El 13 de marzo de 2019 se emitió la correspondiente boleta de libertad a favor
del actor Héctor Emilio Mosquera.
Hechos relacionados con el medio de control de reparación directa (expediente
76001-33-33-010-2020-00018-00/01)
2.6. Por lo anterior, Héctor Emilio Mosquera y otros en ejercicio del medio de
control de reparación directa demandaron a la Nación, Rama Judicial y a la
Fiscalía General de la Nación con el fin de que se declarara administrativa y
económicamente responsable por los daños ocasionados con la privación
injusta de la libertad del señor Mosquera y en consecuencia pidieron el
reconocimiento a su favor de los perjuicios materiales e inmateriales a favor
de cada uno de los demandantes.
Lo anterior, al considerar que el señor Héctor Emilio Mosquera fue absuelto de
responsabilidad penal mediante sentencia en la que juez estimó que los
hechos no tuvieron relevancia jurídica, que correspondían a un mero relato y
que la conducta estuvo exenta de dolo por lo que fue atípica, de allí que debía
darse aplicación al régimen objetivo de responsabilidad.
2.7. En primera instancia conoció el Juzgado Décimo Administrativo de Cali
(expediente 76001-33-33-010-2020-00018-00) que, en sentencia del 31 de julio
de 2025 negó las pretensiones de la demanda.
Consideró el juzgado que pese a que el proceso penal adelantado en contra
del señor Mosquera culminó con una decisión absolutoria, las decisiones
proferidas tanto por la Fiscalía Seccional de Cali como por el Juez de Control
de Garantías estuvieron ajustadas a lo dispuesto en la normatividad penal
vigente para la época de los hechos, pues, indicó que al momento de resolver
sobre la legalización de la captura y la consecuente medida de aseguramiento
existían elementos materiales probatorios recaudados que permitían
evidenciar el cumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos necesarios
para tomar en su momento la decisión de privarlo de la libertad.
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Demandante: Héctor Emilio Mosquera y otros
Concluyó que a pesar de que el señor Héctor Emilio Mosquera fue privado de
su libertad por una medida de aseguramiento impuesta en su contra, el daño
no podía catalogarse como antijurídico toda vez que la misma había cumplido
con los criterios objetivos y subjetivos, de manera que al haber sido necesaria,
razonada y proporcionada no era fuente de responsabilidad patrimonial del
Estado.
2.8. La parte demandante, hoy accionante presentó recurso de apelación.
Argumentaron que debía darse aplicación al régimen objetivo de
responsabilidad al haber sido absuelto el señor Héctor Emilio Mosquera por
atipicidad de la conducta.
2.9. En segunda instancia el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en
sentencia del 26 de noviembre de 2025 (notificada por correo electrónico a las
partes el 28 de noviembre de 2025), confirmó la decisión del juzgado.
Dijo que verificado el material probatorio allegado al expediente, era posible
advertir que en la audiencia preliminar el juez de garantías contó con los
elementos objetivos que permitieron dictar la medida de aseguramiento y
agregó que existían elementos de convicción coherentes que daban cuenta de
la ocurrencia de los hechos y de la participación directa del entonces indiciado.
Advirtió que el procesado fue capturado en flagrancia durante el operativo del
Plan Jarillón en el que se evidenció la agresión contra un funcionario de la
alcaldía y un uniformado del ESMAD que intervenía para contener la situación,
sumado a la incautación del arma blanca que portaba y las declaraciones que
lo involucraban en el hecho.
Consideró que el juez penal de control de garantías no solo valoró
integralmente este acervo probatorio sino que además justificó de manera
concreta la necesidad de la medida atendiendo la modalidad del hecho, la
naturaleza del delito imputado y las circunstancias específicas en que se
produjo la confrontación con el servidor público y dijo que optó por una medida
modulada para ser cumplida en el lugar de residencia del investigado, lo cual
demostraba que ponderó la intensidad de la restricción y escogió la alternativa
menos gravosa.
A su juicio la medida impuesta satisfizo los criterios de razonabilidad, legalidad
y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia constitucional en materia de
privación preventiva de la libertad por lo que no podía considerarse injusta y
precisó que la absolución penal no podía determinar automáticamente la
responsabilidad patrimonial del Estado ya que el análisis debía centrarse en la
racionalidad de la medida al momento de su imposición.
Agregó que en el caso concreto, la sentencia absolutoria del 7 de marzo de
2019 no se fundamentó en la inexistencia de los hechos ni en la demostración
de que el procesado fuera totalmente ajeno a lo ocurrido sino que lo concluido
por el juez de conocimiento era que la conducta resultaba atípica por ausencia
de dolo, conclusión jurídica que se desprendió del análisis probatorio hecho
en el juicio y que no desvirtuaba por sí misma la razonabilidad de la medida
cautelar adoptada más de un año atrás.
Finalmente dijo que no era posible acudir al régimen objetivo del daño especial
ya que para que la privación de la libertad pudiera ser calificada como un
sacrificio anormal que excediera las cargas públicas que un ciudadano debía
soportar ya pues era necesario acreditar que la medida había derivado de una
actividad legítima del Estado que, aun siendo regular, produjo un daño
diferenciado e impuesto de manera excepcional a quien no estaba llamado a
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Demandante: Héctor Emilio Mosquera y otros
soportarlo, distinto a lo ocurrido en el caso objeto de estudio en el que la
medida de aseguramiento se había originado en situación de flagrancia,
sustentada en hechos concretos y en evidencias legalmente obtenidas.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora alegó que la sentencia de segunda instancia proferida el 26 de
noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el medio
de control de reparación directa 76001-33-33-010-2020-00018-00/01 incurrió en
defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Las razones fueron las
siguientes:
Para los actores el Tribunal accionado desconoció la sentencia SU-072 de 2018
proferida por la Corte Constitucional en la medida que el juez penal calificó la
conducta como exenta de dolo y por tanto sin relevancia jurídica al no tratarse de la
materialización del delito que le fue endilgado al señor Mosquera, esto es, violencia
contra servidor público, sino de un forcejeo que permitía excluir la responsabilidad
penal.
En ese sentido, dijeron que la regla general del precedente indicaba que cuando el
investigado penalmente era absuelto porque no se acreditó la atipicidad objetiva de
la conducta juzgada el daño antijurídico se demostraba sin mayor dificultad, lo que
había sido desconocido por el Tribunal al restringir la valoración sobre la
antijuridicidad del daño al momento de la privación de la libertad y dejar de valorar
la sentencia penal absolutoria que dejó al señor Héctor Emilio Mosquera en libertad
por atipicidad de la conducta que posibilitaba el estudio a partir de la responsabilidad
extracontractual del Estado.
Precisaron que de forma explícita la sentencia SU-072 de 2018 señala que se debe
analizar el hecho de la privación en concordancia con la sentencia C -037 de 1994 y
que no basta con que el juicio de responsabilidad se detenga en la legalidad de la
medida sino que como lo ha dicho la Corte Constitucional, la razón de la absolución
penal era relevante al momento de acreditar la antijuridicidad del daño y la
escogencia del título de imputación sin que esto estuviera sujeto exclusivamente al
arbitrio del juez.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En providencia del 12 de febrero de 2026 el despacho ponente: (i) admitió la
acción de tutela interpuesta por Héctor Emilio Mosquera y otros contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Décimo
Administrativo de Cali a quienes consideró parte demandada; (ii) ordenó la
notificación de las partes; (iii) como terceros con interés a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación
(autoridades que actuaron en calidad de demandadas en el proceso); a las señoras
Luzmila Mosquera Martínez y Delfina Mosquera Mosquera (quienes fueron parte
demandante pero que fallecieron, por lo que se dispuso fijar un aviso para surtir la
notificación respectiva) y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
y al Ministerio Público, vinculados al proceso
4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca intervino por conducto del
magistrado ponente de la decisión quien manifestó que lo pretendido por los
accionantes era reabrir el debate ya resuelto por el juez natural, pretendiendo
que la tutela se convirtiera en una tercera instancia.
Agregó que la decisión adoptada se fundamentó en las pruebas aportadas al
proceso, las normas y la jurisprudencia aplicables a la situación fáctica
concreta. Pidió que se declarara la improcedencia de la presente acción.
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Demandante: Héctor Emilio Mosquera y otros
4.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por conducto de
apoderado se pronunció e indicó que no se acreditaban los requisitos de
procedencia contra providencia judicial.
Adicionalmente, advirtió una falta de legitimación en la causa por pasiva por lo
que pidió ser desvinculado de la presente acción.
4.4. El Juzgado Décimo Administrativo de Cali, la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y el Ministerio Público, no se pronunciaron en esta
oportunidad, pese haber sido notificados de la existencia de la presente
acción.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991,2 fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Es por tal razón que la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se le atribuye a la sentencia judicial objeto
de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
2
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso 11001-03-15-000-2012-02201-
01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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3. Asunto previo
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pidió ser desvinculada de la
presente acción por carecer de legitimación en la causa por pasiva.
La Sala precisa que, según lo dispuesto en el auto admisorio de la acción de tutela,
la mencionada entidad fue vinculada al proceso constitucional en calidad de tercero
con interés y no como parte demandada, considerando que hizo parte del extremo
pasivo del medio de control de reparación directa en el que se emitió la providencia
de cierre por parte de la autoridad judicial accionada.
De acuerdo con lo anterior, y al tenor de lo establecido en el artículo 13 del Decreto
2591 de 19916, a la mencionada entidad le asiste interés legítimo en el resultado de
este proceso constitucional, dada su calidad de sujeto procesal en el proceso objeto
de análisis, y por tal motivo debe permanecer vinculada a éste en la calidad de
tercero que le fue reconocida en el auto admisorio de la tutela. Así las cosas, la Sala
negará la solicitud de desvinculación propuesta.
4. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta que se trata de una tutela contra providencia judicial deberá
verificarse previamente el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad,
concretamente el de la relevancia constitucional.
De estar acreditado el mencionado requisito junto con los demás requisitos de
procedencia, corresponderá a la Sala determinar si al emitir la providencia del 26 de
noviembre de 2025 en el proceso de reparación directa 76001-33-33-010-2020-00018-
00/01 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente jurisprudencial en los términos propuestos por la
parte actora.
5. Alcance del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional y análisis en el caso concreto
5.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
6
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o
el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado
en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se
entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
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Demandante: Héctor Emilio Mosquera y otros
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
La Corte Constitucional ha considerado que la relevancia constitucional es el
primer presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos de rango
fundamental.
En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en
que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de
tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.
5.2. En el caso propuesto, encuentra la Sala que no se acredita este requisito de
procedibilidad, pues al verificar los argumentos presentados en el recurso de
apelación contra la decisión del Juzgado Décimo Administrativo de Cali se
evidencia que coinciden con los argumentos propuestos al juez natural de la
causa, ahora a través de la interposición de la presente acción y al amparo de
un presunto defecto por desconocimiento del precedente.
Las razones de inconformidad presentadas por los demandantes en el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 31 de julio de 2025
proferida en primera instancia por el Juzgado Décimo Administrativo de Cali
se hicieron consistir en lo siguiente:
(i) Dijeron que la absolución penal a favor del señor Mosquera fue porque
la conducta resultó ser atípica y exenta de dolo por lo que de acuerdo
con el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia SU-072 de
2018 debía darse aplicación al régimen objetivo de responsabilidad para
resarcir los perjuicios cuando ocurriera tal supuesto de hecho.
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Demandante: Héctor Emilio Mosquera y otros
(ii) Indicaron que dados los presupuestos acreditados en el caso, era posible
que se diera aplicación al título de imputación del daño especial e
insistieron en que la decisión absolutoria sostuvo que los hechos no
tuvieron relevancia jurídica sino que habían sido un simple relato y que
la conducta estuvo exenta de dolo y por tanto fue atípica, razón por la
que consideraron que debió darse aplicación al citado precedente
jurisprudencial.
La providencia del 26 de noviembre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca resolvió el problema jurídico de la siguiente
manera:
«En criterio de esta Sala, la actuación del juez de control de garantías se mantuvo dentro del
margen de apreciación que la Constitución y la ley reconocen al operador judicial y satisfizo
los criterios de razonabilidad, legalidad y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia
constitucional en materia de privación preventiva de la libertad.
Lo anterior impide afirmar que la privación de la libertad fue injusta. De acuerdo con el
precedente vigente, la absolución penal, independientemente de su fundamento, no determina
automáticamente la responsabilidad patrimonial del Estado, pues el análisis debe centrarse
en la racionalidad de la medida al momento de su imposición.
En este caso, la sentencia absolutoria del 7 de marzo de 2019 no se fundamentó en la
inexistencia de los hechos ni en la demostración de que el procesado fuera totalmente ajeno
a lo ocurrido; el juez de conocimiento concluyó que la conducta resultaba atípica por ausencia
de dolo, conclusión jurídica que se desprendió del análisis probatorio efectuado en el juicio y
que no desvirtúa, por sí misma, la razonabilidad de la medida cautelar adoptada más de un
año atrás.
Como lo ha precisado el Consejo de Estado (2023) 7, los estándares probatorios exigidos para
la definición de la situación jurídica son distintos y menos rigurosos que los requeridos para
proferir sentencia, de modo que el hecho de que las pruebas no alcanzaran para demostrar la
culpabilidad no significa que carecieran de aptitud para justificar la medida cautelar. Al
respecto ha dicho:
“En este punto conviene reiterar que los requisitos en materia probatoria para la imposición de la medida
de aseguramiento son diferentes a los exigidos por el legislador para determinar la responsabilidad penal
del procesado a través de la acusación y la eventual condena, puesto que en este último caso las
evidencias deben estar ligadas a la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, a efectos de determinar con
certeza su participación en el delito, a diferencia del manejo indiciario que permite la definición de la
situación jurídica (…)”.
Esta regla ha sido constante en la jurisprudencia, en cuanto reconoce que la medida de
aseguramiento cumple una función preventiva y se adopta con base en un estándar de
inferencia razonable, distinto del que rige para la responsabilidad penal.
Tampoco es posible acudir al régimen objetivo del daño especial. Para que la privación de la
libertad pueda ser calificada como un sacrificio anormal que excede las cargas públicas que
un ciudadano debe soportar, es necesario acreditar que la medida derivó de una actividad
legítima del Estado que, aun siendo regular, produjo un daño diferenciado e impuesto de
manera excepcional a quien no estaba llamado a soportarlo.
Pero, en el presente caso, la medida de aseguramiento se originó en una situación de
flagrancia, sustentada en hechos concretos y en evidencias legalmente obtenidas, por lo cual
no puede afirmarse que la carga impuesta al actor haya sido anormal o extraordinaria.
La Sala advierte, además, que el comportamiento inicial del señor Mosquera contribuyó
directamente al desencadenamiento de la respuesta penal del Estado, lo que refuerza la
imposibilidad de imputar responsabilidad patrimonial. Incluso si la conducta terminó siendo
atípica, ello no borra el hecho de que la intervención policial y la consecuente actuación judicial
tuvieron origen en su propia participación en un forcejeo con arma (machete) que produjo
lesiones a un agente de policía.
Esta circunstancia resulta relevante al evaluar la culpa exclusiva de la víctima como causal
eximente, pues evidencia que la actuación estatal fue provocada por el propio actuar del
demandante y no por una intervención irrazonable o injustificada de las autoridades».
7
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de agosto de 2023, Rad. 52001-23-31-000-2012-00264-01 (58.777),
C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00943-00
Demandante: Héctor Emilio Mosquera y otros
Ahora, en el escrito de tutela, la parte actora insistió en los mismos argumentos
al amparo del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial con
los siguientes argumentos:
(i) Para los actores el Tribunal accionado desconoció la sentencia SU-072
de 2018 proferida por la Corte Constitucional en la medida que el juez
penal calificó la conducta como exenta de dolo y por tanto sin relevancia
jurídica al no tratarse de la materialización del delito que le fue endilgado
al señor Mosquera, esto es, violencia contra servidor público, sino de un
forcejeo que permitía excluir la responsabilidad penal.
(ii) Precisaron que la regla general del precedente indicaba que cuando el
investigado penalmente era absuelto porque no se acreditó la atipicidad
objetiva de la conducta juzgada el daño antijurídico se demostraba sin
mayor dificultad, lo que había sido desconocido por el Tribunal al
restringir la valoración sobre la antijuridicidad del daño al momento de la
privación de la libertad y dejar de valorar la sentencia penal absolutoria
que dejó al señor Héctor Emilio Mosquera en libertad por atipicidad de la
conducta que posibilitaba el estudio a partir de la responsabilidad
extracontractual del Estado.
(iii) Precisaron que de forma explícita la sentencia SU-072 de 2018 señalaba
que se debía analizar el hecho de la privación en concordancia con la
sentencia C-037 de 1994 y que no era suficiente con que el juicio de
responsabilidad se detuviera en la legalidad de la medida sino que como
lo ha dicho la Corte Constitucional, la razón de la absolución penal era
relevante al momento de acreditar la antijuridicidad del daño y la
escogencia del título de imputación sin que esto estuviera sujeto
exclusivamente al arbitrio del juez
5.3. De acuerdo con lo resuelto en la decisión de cierre, se advierte que la
autoridad judicial realizó el análisis del caso a partir de los elementos con los
que contó al interior del proceso y encontró, en síntesis, que la medida de
aseguramiento impuesta luego de la captura del señor Héctor Emilio
Mosquera había sido razonable y proporcional en atención a las circunstancias
particulares del caso con las que la Fiscalía contó en ese momento pese a que
el proceso penal hubiera terminado por absolución por considerar que la
conducta resultaba atípica.
Justamente en relación con la atipicidad de la conducta, sostuvo que lo que
desencadenó la respuesta penal del Estado fue el comportamiento inicial del
señor Mosquera, incluso pese a que la conducta hubiera terminado siendo
atípica, pues que esto no borraba el hecho de la intervención policial ni la
consecuente actuación judicial al haberse originado la situación en un forcejeo
por parte del señor Mosquera con arma, concretamente un machete, que
había producido lesiones a un agente de policía.
Además explicó la sentencia que no era posible dar aplicación al régimen
objetivo de responsabilidad por daño especial dado que la medida de
aseguramiento en su momento se originó en una situación de flagrancia
sustentada en hechos concretos y en evidencias que fueron obtenidas
legalmente por lo que no podía entenderse que la carga impuesta al actor
hubiera sido anormal o extraordinaria.
En ese sentido, las inconformidades propuestas por la parte demandante
fueron razonablemente resueltas por el juez natural de la causa, a partir de los
supuestos fácticos expuestos, los medios de prueba legal y válidamente
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allegados al respectivo medio de control y con fundamento en los requisitos
exigidos por la norma que consagra el derecho reclamado.
Se observa, entonces, que los reparos expuestos en el medio de control son
una reproducción de los argumentos desarrollados en el escrito de tutela. De
manera que la parte actora está empleando la acción como si fuera una
instancia adicional, pues los mismos cargos mencionados ya fueron resueltos
por parte del juez natural. Así se desprende del contenido de la sentencia de
cuestionada, en la cual tales cargos fueron resueltos.
Por consiguiente, dado que en el caso se corrobora la identidad de los cargos
expuestos, la Sala considera que la tutela se está utilizando como si fuera un
recurso más propio del debate ante el juez de la causa. De ahí que la acción
interpuesta carece de la relevancia constitucional necesaria, pues se está
empleando como si esta fuera una instancia adicional del medio de control.
5.4. En este orden de ideas, la acción de tutela no supera el requisito de relevancia
constitucional pues lo que busca la parte actora es reabrir el debate en relación
con la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la
libertad a partir de un régimen objetivo por daño especial, sin que con la
decisión de cierre se evidencie la trasgresión de los derechos fundamentales
a la igualdad, al debido proceso y al principio de confianza legítima a los que
alude en el escrito de tutela.
Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye
en sí misma una vulneración de derechos fundamentales. Justamente, lo
advertido en el caso es que la parte actora presentó tutela por no estar de
acuerdo con la decisión de las autoridades accionadas. Sin embargo, tal
discrepancia de criterios no implica una vulneración real a su derecho al debido
proceso.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural.
Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.
En consecuencia, si los requisitos generales de procedibilidad no se cumplen,
no hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los presupuestos
generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente, proseguir al
segundo estadio de análisis consistente en determinar si las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos planteados por el tutelante.
6. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la presente
acción al no cumplirse con el requisito de procedencia de la relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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FALLA
1. NEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.
2. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Héctor Emilio
Mosquera y otros, de conformidad con las consideraciones hechas en esta
providencia.
3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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