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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00943-01

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-00943-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de abril de 2026, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-00943-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 00943 01
Accionantes: Héctor Emilio Mosquera Mosquera y otros1
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 9 de abril de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el amparo solicitado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Héctor Emilio Mosquera Mosquera y otros, actuando por conducto de
apoderado, interpusieron acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, y para ello formularon las siguientes pretensiones2:

PRIMERO. – TUTELE los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad
material, confianza legitima, seguridad jurídica, debido proceso, reparación
integral y a la aplicación prevalente de la Constitución del señor HECTOR EMILIO
MOSQUERA y otros vulnerados por la autoridad accionada mediante providencia
judicial. En consecuencia;

SEGUNDO. – DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 26 de noviembre de 2025 del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la cual se confirmó la
sentencia de primer grado en el medio de control de reparación directa descrito
entre los numerales segundo y tercero del acápite de hechos.

TERCERO. – ORDENE a la autoridad accionada la promulgación de una nueva
sentencia en la cual acoja las reglas de decisión fijadas por la Corte Constitucional
mediante sentencia de unificación 072 de 2018, de acuerdo con lo señalado en el
acápite de fundamentos de derecho.

1 Luz Mery González, Leydi Yadira Mosquera Asprilla, Angie Marcela Delgado González, Luz Dary Moreno

Mosquera, José Mercedes Martínez Mosquera, Juan David Mosquera Cruz, Claudia Mosquera Ibargüen,
Marily Mosquera Ibargüen, Davinson Mosquera Ibargüen, Dency Amariles Mosquera Delgado, Luz Jael
Mosquera Andrade, Dancy Leiner Mosquera Delgado, Efrén Mosquera, Jesús Iver Mosquera Martínez y
Moisés Mosquera Martínez.
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00943 00.

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Accionantes: Héctor Emilio Mosquera y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

2. SITUACIÓN FÁCTICA

Los accionantes informaron que, el señor Héctor Emilio Mosquera fue vinculado a un
proceso penal derivado de hechos ocurridos el 5 de diciembre de 2017 en la ciudad de
Cali y que, en el marco de dicha actuación se le impuso medida de aseguramiento
privativa de la libertad, la cual permaneció vigente durante quince meses y dos días, entre
el 5 de diciembre de 2017 y el 13 de marzo de 2019.

Señalaron que, posteriormente, mediante sentencia del 7 de marzo de 2019, el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Cali resolvió absolverlo, al concluir que la conducta atribuida
no configuraba el tipo penal imputado comoquiera que los hechos obedecieron a un
forcejeo que ocasionó una lesión sin intención de causar daño al servidor público,
circunstancia que descartó la existencia de dolo y permitió concluir la atipicidad de la
conducta.

Con fundamento en dicha absolución, el señor Héctor Emilio Mosquera Mosquera y sus
familiares promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
contra el Estado, con el propósito de obtener el resarcimiento de los perjuicios
ocasionados por su privación de la libertad.

El asunto fue conocido por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cali, bajo el
radicado núm. 76001 33 33 010 2020 00018 00 y, mediante sentencia núm. 164 del 31
de julio de 2025, el despacho negó las pretensiones al considerar que no se acreditó la
antijuridicidad del daño.

Inconformes con dicha decisión se interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 26 de noviembre de 2025, la
confirmó al considerar que la medida de aseguramiento había sido adoptada conforme a
criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, con fundamento en elementos
suficientes que justificaban la inferencia razonable exigida por la ley al momento de su
imposición. Asimismo, concluyó que la absolución posterior no implicaba
automáticamente la responsabilidad patrimonial del Estado y descartó la configuración
de un daño especial, al estimar que la actuación penal tuvo origen en una situación de
flagrancia respaldada por elementos probatorios legalmente obtenidos.

Como fundamentos de la acción de tutela, la parte accionante alegó la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia, al considerar que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció el
precedente constitucional fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de
2018.

Manifestó que la autoridad judicial centró su análisis exclusivamente en la legalidad de la
medida de aseguramiento al momento de su imposición, sin valorar adecuadamente que
la absolución penal se fundamentó en la atipicidad de la conducta, derivada de la
ausencia de dolo y de la falta de configuración del tipo penal. A su juicio, ello impedía
descartar, de manera automática, la responsabilidad estatal por privación injusta de la
libertad.

Indicó que la acción de tutela cumplía los requisitos generales de procedencia contra
providencias judiciales, pues la controversia planteada tenía relevancia constitucional, no
existían mecanismos judiciales ordinarios para cuestionar la providencia y la solicitud fue
presentada dentro de un término razonable.

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Precisó que el defecto atribuido a las decisiones acusadas consistía en el
desconocimiento del precedente constitucional al no haberse garantizado la aplicación
uniforme del precedente constitucional en materia de privación injusta de la libertad.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 9 de febrero de 20263 y correspondió por reparto a la Sección
Cuarta de esta Corporación que, por auto del 12 de febrero de 20264 la admitió y dispuso
notificar5 al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Cali como parte accionada; así como vincular a los
sucesores procesales de las señoras Luzmila Mosquera Martínez y Delfina Mosquera
Mosquera; a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y
a la Fiscalía General de la Nación; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado;
al Ministerio Público y a los demás demandantes, demandados y terceros que
participaron en el proceso 76001 33 33 010 2020 00018 00/01.

3.2. El magistrado ponente de la providencia de segunda instancia acusada allegó
informe6 en el que señaló que los accionantes pretendían reabrir un debate ya resuelto
por el juez natural, con el fin de convertir la acción de tutela en una tercera instancia.

Indicó que la decisión adoptada se sustentó en las pruebas allegadas al proceso, así
como en las normas y la jurisprudencia aplicables al caso concreto, en consecuencia,
solicitó que se declarara improcedente la acción.

3.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial7 presentó escrito en el que afirmó
que no se cumplían los requisitos de procedencia de la tutela contra providencia judicial,
además, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva y, por ello, solicitó su
desvinculación del proceso.

3.4. Las demás partes e intervinientes guardaron silencio.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de abril de 20268,
declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que no se cumplía el requisito
general de relevancia constitucional.

Al respecto, señaló que los accionantes pretendían reabrir el debate sobre la
responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, bajo un
régimen objetivo por daño especial. Sin embargo, advirtió que la decisión cuestionada no

3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00943 00.
4 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00943 00.
5 Esta orden se cumplió el 16 de febrero de 2026. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00943 00.
6 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00943 00.
7 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00943 00.
8 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00943 00.
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Accionantes: Héctor Emilio Mosquera y otros
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evidenciaba vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso
ni del principio de confianza legítima invocados en la tutela.

En ese contexto, recordó que, según la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela
contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo para confrontar
interpretaciones jurídicas ni para determinar cuáles argumentos son más acertados entre
los expuestos en la decisión impugnada y los del accionante. Por ello, la mera
discrepancia de criterios no configura, por sí sola, una afectación de derechos
fundamentales.

En el caso concreto, concluyó que la tutela se fundamentaba exclusivamente en el
desacuerdo de la parte actora con la decisión adoptada, lo cual no implica una violación
real del debido proceso. Asimismo, destacó que el cuestionamiento de providencias
judiciales mediante acción de tutela compromete principios como la cosa juzgada, la
independencia judicial, la autonomía funcional y el juez natural.

En consecuencia, subrayó la necesidad de un cumplimiento estricto de los requisitos
generales de procedencia, especialmente el de relevancia constitucional, para preservar
el equilibrio entre dichos principios y la eventual intervención del juez constitucional.

En conclusión, precisó que la falta de cumplimiento de los requisitos generales impide el
estudio de fondo del asunto. Solo cuando estos se satisfacen plenamente es posible
avanzar al análisis de los defectos alegados por la parte actora y determinar si
efectivamente se configuró una vulneración de derechos fundamentales.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante presentó impugnación y
solicitó su revocatoria, al considerar que dicha decisión incurrió en un defecto sustantivo
“al equiparar el desconocimiento de una sentencia de unificación de la Corte
Constitucional con una simple discrepancia de criterios”.

Expuso que la sentencia SU-072 de 2018 no constituye una pauta interpretativa opcional,
sino una norma de obligatorio acatamiento que integra el bloque de legalidad. Aseguró
que no se trata de una tercera instancia para revaluar pruebas, sino un juicio de validez
constitucional sobre la negativa del juez natural de aplicar el estándar de protección fijado
por la Corte Constitucional.

Señaló que existe una inconsistencia entre las decisiones de las jurisdicciones penal y
contencioso administrativo, dado que la primera calificó la conducta como atípica y
carente de dolo, mientras la segunda la valoró como culposa para exonerar al Estado. En
su criterio, esta disparidad resulta arbitraria, implica una indebida aplicación de causales
exonerativas y desconoce el principio de non bis in idem.

También cuestionó que el análisis se haya restringido a la legalidad inicial de la medida
de aseguramiento, sin considerar que, conforme a la Sentencia SU-072 de 2018, la
absolución por atipicidad configura un daño antijurídico que da lugar a la responsabilidad
objetiva del Estado.

Finalmente, afirmó que se vulneró su derecho a la igualdad, al exigírsele un estándar
probatorio más elevado que el aplicado en casos análogos, lo que afecta la confianza
legítima y el derecho a la reparación integral.

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5.2. Por auto proferido el 29 de abril de 2026 se concedió la impugnación9 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 13 de mayo de 202610.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 11, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201512, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201914, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:

6.2.1. El señor Héctor Emilio Mosquera y su núcleo familiar presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación,
con el propósito de que se declarara la responsabilidad patrimonial de dichas entidades
por los daños y perjuicios causados por la privación de la libertad del señor Mosquera
entre el 5 de diciembre de 2017 y el 13 de marzo de 2019, en cumplimiento de la medida
de aseguramiento impuesta dentro de un proceso penal.

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Cali que, mediante sentencia del 31 de julio de 2025, negó las pretensiones
al considerar que no se acreditó la antijuridicidad del daño.

6.2.3. Inconforme con la anterior decisión, los demandantes interpusieron recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 26 de
noviembre de 2025 la confirmó.

9 Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00943 00.
10 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 00943 01.
11 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
12 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
13 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
15 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 76001 33 33 010 2020 00018

00/01.
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6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 16. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.

16 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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6.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que17:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).

En la sentencia SU- 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. [Se
destaca].

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.

En el asunto bajo examen, al analizar tanto el escrito de tutela, como la impugnación, se
observa que el accionante contrae su inconformidad a lo resuelto por la autoridad judicial
accionada al negar la configuración de un daño antijurídico imputable a la Nación por la
privación injusta de la libertad del señor Mosquera Mosquera.

Ahora bien, revisada la providencia objeto de examen en esta sede constitucional, la Sala
observa que la autoridad judicial accionada efectuó una valoración expresa del material
probatorio allegado al proceso y explicó las razones por las cuales concluyó que no se
acreditó la antijuridicidad del daño invocado.

En particular, señaló lo siguiente18:

En criterio de esta Sala, la actuación del juez de control de garantías se mantuvo
dentro del margen de apreciación que la Constitución y la ley reconocen al operador

17 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
18 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

76001-33-33-010-2020-00018-01.
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judicial y satisfizo los criterios de razonabilidad, legalidad y proporcionalidad exigidos
por la jurisprudencia constitucional en materia de privación preventiva de la libertad.

Lo anterior impide afirmar que la privación de la libertad fue injusta. De acuerdo con
el precedente vigente, la absolución penal, independientemente de su fundamento,
no determina automáticamente la responsabilidad patrimonial del Estado, pues el
análisis debe centrarse en la racionalidad de la medida al momento de su imposición.

En este caso, la sentencia absolutoria del 7 de marzo de 2019 no se fundamentó en
la inexistencia de los hechos ni en la demostración de que el procesado fuera
totalmente ajeno a lo ocurrido; el juez de conocimiento concluyó que la conducta
resultaba atípica por ausencia de dolo, conclusión jurídica que se desprendió del
análisis probatorio efectuado en el juicio y que no desvirtúa, por sí misma, la
razonabilidad de la medida cautelar adoptada más de un año atrás.

[…]

Tampoco es posible acudir al régimen objetivo del daño especial. Para que la
privación de la libertad pueda ser calificada como un sacrificio anormal que excede
las cargas públicas que un ciudadano debe soportar, es necesario acreditar que la
medida derivó de una actividad legítima del Estado que, aun siendo regular, produjo
un daño diferenciado e impuesto de manera excepcional a quien no estaba llamado
a soportarlo. Pero, en el presente caso, la medida de aseguramiento se originó en
una situación de flagrancia, sustentada en hechos concretos y en evidencias
legalmente obtenidas, por lo cual no puede afirmarse que la carga impuesta al actor
haya sido anormal o extraordinaria.

La Sala advierte, además, que el comportamiento inicial del señor Mosquera
contribuyó directamente al desencadenamiento de la respuesta penal del Estado, lo
que refuerza la imposibilidad de imputar responsabilidad patrimonial. Incluso si la
conducta terminó siendo atípica, ello no borra el hecho de que la intervención policial
y la consecuente actuación judicial tuvieron origen en su propia participación en un
forcejeo con arma (machete) que produjo lesiones a un agente de policía. Esta
circunstancia resulta relevante al evaluar la culpa exclusiva de la víctima como causal
eximente, pues evidencia que la actuación estatal fue provocada por el propio actuar
del demandante y no por una intervención irrazonable o injustificada de las
autoridades […].

Bajo este contexto, la Sala considera que, en este evento, tal como lo indicó el a quo, no
se cumple el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que no se supera el tercer
elemento que lo integra, esto es, evitar que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir decisiones judiciales.

En efecto, la inconformidad de los accionantes no se dirige a evidenciar una actuación
arbitraria o caprichosa, sino a cuestionar la valoración jurídica y probatoria efectuada por
el juez ordinario respecto de la configuración del daño antijuridico imputable a la Nación.

En ese sentido, resulta claro que los accionantes pretenden que el juez de tutela
reexamine un asunto ya definido por el juez natural de la causa, con el propósito de
obtener una conclusión distinta y favorable a sus intereses, lo que desborda la naturaleza
excepcional de este mecanismo y desconoce la autonomía judicial.

En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, por lo que se confirmará
el fallo proferido el 9 de abril de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

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Accionantes: Héctor Emilio Mosquera y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de abril de 2026, proferida por la Sección
Cuarta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente de la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 18 de
junio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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