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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2013-00124-01

Fecha
9 de mayo de 2019
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2013-00124-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 18 de diciembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor Jorge Enrique Rodríguez Garzón contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL. En su lugar: Segundo: Denegar las pretensiones de la demanda. Tercero: Ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares que en caso de que no se haya realizado la deducción por concepto de la asignación de retiro al momento de reintegrar al servicio activo al señor Jorge Enrique Rodríguez Garzón, efectuará el descuento de su salario mensual, con la preservación del mínimo vital del demandante atendiendo los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Igualmente, deberá tener en cuenta la entidad demandada que si ya realizó el descuento de la asignación de retiro al momento del reintegro del señor Jorge Enrique Rodríguez Garzón, no podrá descontar de su salario mensual como miembro activo dichos haberes, con el fin de evitar que el libelista cancele doblemente por concepto de dicha erogación. Cuarto: Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante y a favor de la demandada. La costas serán liquidadas por el a quo. Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «Justicia Siglo XXI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2013-00124-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

9 de mayo de 2019

SALARIO Y ASIGNACION DE RETIRO - Incompatibilidad / ASIGNACION DE RETIRO - Naturaleza jurídica / DOBLE ASIGNACION DEL TESORO PUBLICO EN UN MISMO MES - Prohibición

Es claro que la prohibición constitucional de percibir doble asignación proveniente del tesoro público impide que dos o más emolumentos que tengan como fuente u origen el ejercicio de empleos o cargos públicos, en este sentido, la norma comprende dos prohibiciones: i) desempeñar dos empleos de forma simultánea y ii) recibir más de una asignación del tesoro público. Se encuentra la prohibición de percibir más de dos asignaciones por cualquier concepto que provengan del erario, (dos empleos públicos en forma simultánea o pensión de jubilación -proveniente de entidades de previsión del Estado- y sueldo), cuyo pago o remuneración proceda del tesoro público o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Ello, sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley. al realizar el análisis de las pruebas allegadas al plenario, se observa que el actor fue retirado del servicio el 13 de septiembre de 2004 y, a partir del 13 de diciembre de la citada anualidad (transcurridos los 3 meses de alta), le fue reconocida la asignación de retiro al haber prestado sus servicios durante 22 años y 2 meses. De igual forma, se tiene que en virtud de la providencia proferida el 27 de mayo de 2010 por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar, le fueron canceladas las sumas que por concepto de restablecimiento del derecho se reconocieron en la citada sentencia judicial que anuló la decisión de retiro y ordenó su reincorporación al servicio, respecto de las cuales se concluye que no pierden el carácter de salario, de manera que resultan incompatibles con las sumas que percibió por concepto de asignación de retiro. Bajo dicho entendido, en el sub iudice es claro que existe incompatibilidad constitucional de percibir más de una erogación del erario público, pues es claro que ser beneficiario de salarios y prestaciones dejadas de percibir durante el tiempo en que se estuvo desvinculado del servicio con ocasión de una sentencia judicial, no constituye una excepción a dicha prohibición constitucional, toda vez que el aquí demandante percibió dos veces los mencionados emolumentos y durante el mismo periodo. Las sumas que percibió el actor por concepto de asignación de retiro durante el tiempo en que estuvo retirado del servicio activo de la Policía Nacional son incompatibles con el pago de salarios y demás prestaciones que recibió como restablecimiento del derecho por la anulación de la decisión de retiro del servicio, por tal motivo los descuentos ordenados en el acto cuya nulidad se depreca son ajustados a derecho y a la prohibición constitucional prevista en el artículo 128 Superior, contrario a lo declarado por el a quo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION "A"

Consejero ponente: WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 52001-23-33-000-2013-00124-01(1241-14)

Actor: JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ GARZON

Demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. INCOMPATIBILIDAD SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES CON OCASIÓN DEL REINTEGRO Y ASIGNACIÓN DE RETIRO. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA. LEY 1437 DE 2011.

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Jorge Enrique Rodríguez Garzón en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL.

Pretensiones

Declarar la nulidad de los artículos 2 a 7 de la Resolución 5176 del 20 de febrero de 2011, en los cuales se ordenó el reintegro la suma de $150.288.774, valor que fue cancelado al señor Jorge Enrique Rodríguez Garzón por concepto de asignación de retiro entre el 13 de diciembre de 2004 y el 31 de agosto de 2011, así mismo, ordenaron descontar dicho dinero del salario mensual percibido por el demandante.

Declarar la nulidad de la Resolución 631 del 27 de febrero de 2012, a través de la cual se confirmó en todas sus partes la Resolución 5176 del 20 de octubre de 2011.

A título de restablecimiento del derecho solicitó:

Declarar que el demandante no está obligado a reintegrar la suma de $150.288.744 la cual percibió entre el 13 de diciembre de 2004 y el 31 de agosto de 2011, por concepto de asignación de retiro.

Condenar a la demandada a cancelar perjuicios materiales por valor de $30.000.000 y morales equivalentes a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ordenar a CREMIL a que dé cumplimiento a la sentencia dentro del término previsto en el CPACA.

Condenar a la entidad demandada al pago de costas y agencias en derecho.

Fundamentos fácticos relevantes:

El señor Jorge Enrique Rodríguez Garzón fue retirado del servicio activo como suboficial, a través de Resolución 0358 del 28 de junio de 2004, por llamamiento a calificar servicios, al haber estado vinculado a la Armada Nacional por más de 22 años y 2 meses.

Por reunir los requisitos legales, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le reconoció al demandante asignación de retiro por medio de Resolución 3876 del 1.° de diciembre de 2004.

En virtud de ello, el libelista instauró acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto administrativo que lo retiró del servicio.

En efecto, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena, asumió el conocimiento y mediante sentencia de fecha 19 de diciembre de 2008, resolvió denegar las pretensiones de la demanda.

Surtido el trámite de apelación ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de providencia del 27 de mayo de 2010, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad parcial de la Resolución 358 del 28 de junio de 2008. A título de restablecimiento del derecho, decretó el reintegro del señor Jorge Enrique Rodríguez Garzón en el cargo que desempeñaba al momento del retiro, así como el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación y hasta el momento en que fuera efectivamente reintegrado.

En cumplimiento de la anterior sentencia, el Ministerio de Defensa, Armada Nacional expidió la Resolución 338-2011 de fecha 10 de mayo de 2011 y ordenó el reintegro del demandante.

El Ministerio de Defensa por medio de Resolución 3900 del 11 de agosto de 2011, reconoció y ordenó el pago de la suma de $268.645.517,97, la cual fue efectivamente cancelada al señor Rodríguez Garzón, en lo atinente al pago de los salarios y demás prestaciones dejados de percibir durante el tiempo en que estuvo desvinculado del servicio.

No obstante lo anterior, el director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares profirió la Resolución 5176 del 20 de octubre de 2011 mediante la cual ordenó extinguir la asignación de retiro que había sido reconocida al libelista y el reintegro de la suma de $150.288.744, en caso negativo autorizó la jurisdicción coactiva en el evento de que no se cancelara dicho dinero.

Contra la anterior decisión, se interpuso el recurso de reposición, el cual fue resuelto de forma negativa por medio de Resolución 631 del 27 de febrero de 2012 y confirmó en todas sus partes el acto administrativo recurrido.

Agregó que conforme a sentencia 29 de enero de 2008, proferida por el Consejo de Estado, el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir en el tiempo en que se estuvo desvinculado del servicio, constituye en un mecanismo de carácter indemnizatorio que tiene por causa el daño causado por el retiro ilegal.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

En el marco de la parte oral del proceso bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de precisar el objeto del proceso y de la prueba.

En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.

En el presente caso de folio 221 vuelto y cd que obra a folio 224 del cuaderno principal, en la etapa de excepciones previas se indicó lo siguiente:

«[…] la parte demandada contestó la demanda extemporáneamente (fls. 185-188) y sin proponer excepciones, en consecuencia no hay lugar a resolver sobre las mismas. […]»

Se corrió traslado a las partes y no se interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última.

En el sub lite de folios 220 vuelto a 221 vuelto y cd que obra a folio 224 del cuaderno principal, se fijó el litigio respecto del problema jurídico de la siguiente forma:

Problema jurídico según la fijación del litigio

«[…] De la demanda y contestación se colige que el tema central del proceso es establecer si son nulos los siguientes actos administrativos:

Resolución N° 5176 del 20 de octubre de 2011, mediante el cual se ordena al señor Suboficial Jefe ® de la Armada Nacional el reintegro de la suma de ciento cincuenta millones doscientos ochenta y ochocientos setecientos cuarenta y cuatro pesos Mcte. (%150.288.744).

Resolución 631 del 27 de febrero de 2012, a través de la cual se confirma la Resolución N° 5176 de 2011.

AUTO

De lo anterior se tiene que el debate probatorio se contrae a determinar si el señor JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ GARZÓN se encuentra en la obligación de reintegrar a favor de la CAJA SUELDOS (SIC) DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, la suma de $150.288.774, valores recibidos por el demandante, pro concepto de asignación de retiro, como consecuencia de haber sido retirado del servicio por llamamiento a calificar servicios, y posteriormente reintegrado, en cumplimiento de la sentencia de fecha 27 de mayo de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. […]»

Se le concedió el uso de la palabra a las partes y no interpusieron recursos.

SENTENCIA APELADA

El a quo profirió sentencia escrita el 18 de diciembre de 2013, en la cual accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, señaló que la asignación de retiro es una modalidad de prestación social, que exige ciertos requisitos especiales para su reconocimiento y que resulta incompatible con otras pensiones militares, originada de la prohibición constitucional de conceder más de una asignación que provenga del tesoro público, cuya causa o fuente de reconocimiento sea la misma.

Seguidamente, citó apartes de la sentencia proferida por esta Corporación en la cual se determinó que los pagos como consecuencia de la declaración de nulidad de un acto de retiro, ostentan un carácter indemnizatorio, por los perjuicios irrogados por el acto ilegal, por tanto, no tiene la connotación de asignación laboral o de remunerar el servicio prestado y por ende, no puede considerarse que tales dineros se encuentran previstos en la prohibición del artículo 128 de la Constitución. Tal criterio fue acogido por el tribunal de instancia.

Bajo dicho entendido, indicó que conforme a la posición del Consejo de Estado, era clara la compatibilidad existente entre las sumas percibidas a título de indemnización, a saber, salarios y prestaciones dejadas de percibir con ocasión de la expedición de un acto de retiro que posteriormente fue declarado nulo, con los dineros percibidos ante el reconocimiento de un acto de retiro, así entonces, no podía la entidad demandada exigir la devolución de dichas sumas.

De otro lado, afirmó que en criterio del tribunal de primera instancia sí se advertía un doble pago del tesoro público, toda vez que al declarar la nulidad del acto administrativo que retiró del servicio al libelista, ordenar su reintegro y reconocer el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, se hacía en el entendido de que el miembro militar laboró para el Estado, de manera que resultaba incompatible con la asignación de retiro, pues ambos emolumentos provenían del mismo empleador.

No obstante lo anterior, decidió dar aplicación al precedente vertical de esta Corporación y por ende acceder a declarar la nulidad deprecada, asimismo negó el reconocimiento y pago de los perjuicios morales solicitados, en tanto, a que no se había aportado prueba que permitiera determinar la causación del perjuicio deprecado.

Corolario, el tribunal de primera instancia: i) declaró la nulidad de los artículos 2, 3, 5, 6 y 7 de la Resolución 5176 del 20 de octubre de 2011 y parcialmente el artículo 1.° de la Resolución 631 del 27 de febrero de 2012; ii) declaró que el señor Jorge Enrique Rodríguez Garzón no está obligado a reintegrar a CREMIL la suma de $150.288.744, que percibió entre el 13 de diciembre de 2004 y el 31 de agosto de 2011, por concepto de la asignación de retiro; iii) denegó el reconocimiento y pago de los perjuicios morales y; iv) condenó en costas a las entidad demandada.

RECURSO DE APELACIÓN

La entidad demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar denegar las pretensiones, conforme los argumentos que a continuación se exponen.

Sostuvo que como consecuencia del cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le canceló al señor Jorge Enrique Rodríguez Garzón, la suma de $268.645.515,97, por tal motivo, cuando se tuvo conocimiento de que al suboficial en mención se le ordenó el reintegro al servicio activo, la entidad demandada a través de Resolución 5176 del 20 de octubre de 2011, extinguió su asignación de retiro y ordenó el reintegro de los valores pagados por dicho concepto entre el 13 de diciembre de 2004 y el 31 de agosto de 2011, periodo en el cual, según la providencia, debe devengar las prestaciones de servicio activo.

En este sentido, afirmó que no se puede ostentar una asignación de retiro encontrándose activo, tampoco se puede pretender devengar un sueldo de actividad y simultáneamente y, por el mismo tiempo, percibir un sueldo de retiro, toda vez que dicha circunstancia configura un doble pago prohibido expresamente por la Constitución en su artículo 128, por lo que es obligación de la demandada disponer el reintegro de dichos valores y de no hacerlo, sería una conducta sancionable disciplinariamente.

Reiteró que la declaratoria de nulidad del acto mediante el cual fue retirado del servicio activo el demandante, conlleva a que este nunca hubiese adquirido el estatus de militar en retiro, que es un requisito imprescindible para el reconocimiento de la asignación de retiro, pues dados los efectos retroactivos de la declaratoria de nulidad, se considera que siempre ostentó la calidad de militar activo, prueba de ello, es el reconocimiento de todos los sueldos y y prestaciones dejados de percibir durante ese tiempo.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandante: Insistió en que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares con violación de la Constitución, la ley y el precedente del Consejo de Estado, ordenó el reintegro de los dineros percibidos por el demandante, toda vez que existe compatibilidad entre el dinero cancelado por concepto de asignación de retiro y los salarios y demás prestaciones reconocidos en la sentencia judicial que ordenó su reintegro al servicio activo, pues ello fue a título de indemnización de los perjuicios causados con la orden de retiro como miembro de la Armada Nacional .

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en el desarrollo de esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

De igual forma, acorde con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolverse en esta instancia se circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales se resumen en la siguiente pregunta:

¿El señor Jorge Enrique Rodríguez Garzón tiene derecho a percibir los salarios y prestaciones dejadas de devengar con ocasión de su retiro del servicio y a la vez, la asignación de retiro reconocida y cancelada desde su desvinculación?

Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: el demandante no tiene derecho a percibir los salarios y prestaciones dejados de percibir, y a su vez, la asignación de retiro reconocida y cancelada desde su desvinculación del servicio activo de la Armada Nacional, por cuanto existe una incompatibilidad entre las dos prestaciones, tal como pasa a explicarse.

De la naturaleza jurídica de la asignación de retiro y de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

La asignación de retiro es un derecho prestacional con carácter periódico que surge de una relación laboral administrativa y con la cual se pretende cubrir un riesgo o una contingencia propia de la seguridad social, consagrada a favor del personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, que conforme a la jurisprudencia de esta Corporación se le ha reconocido el carácter de una pensión como la de vejez o de jubilación.

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, creada y reglamentada por los Decretos 0417 y 3075 de 1955, 782 de 1956, 2343 de 1971, 2003 de 1984 y 823 de 1995, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, que se encuentra integrada al sector descentralizado por servicios del orden nacional, a partir de lo regulado por el artículo 38, numeral 2, literal a) de la Ley 489 de 1998.

Según los artículos 5° y 6° del Acuerdo 008 del 31 de octubre de 2002, «por el cual se adoptan los estatutos internos de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares», su objetivo fundamental es reconocer y pagar las asignaciones de retiro al personal oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares que adquieran el derecho a tal prestación, así como la sustitución pensional a sus beneficiarios y desarrollar la política y los planes generales que en materia de servicios sociales de bienestar adopte el Gobierno Nacional respecto de dicho personal.

En igual sentido, se tiene que conforme al artículo 3.10 de la Ley 923 de 2004 las Cajas de Retiro de las Fuerzas Militares y de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional son las entidades responsables de las labores de administración de aportes, reconocimiento y pago de asignaciones de retiro y de sus sustituciones, así como de la inversión, manejo y control de los recursos correspondientes; aspectos absolutamente independientes del reconocimiento de las acreencias laborales causadas con ocasión de la prestación del servicio de los servidores de la entidad, que como empleadora tiene atribuida la Armada Nacional es decir, las propias de la relación de trabajo.

En este sentido, se recuerda que el Ministerio de Defensa, Armada Nacional es un organismo del sector central de la administración pública nacional que pertenece a la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional.

Verificada la naturaleza jurídica de las entidades involucradas en la actuación revisada, se colige que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y la Armada Nacional son integrantes del poder público del Estado Colombiano, conforme a la Ley 489 de 1998.

De la prohibición de percibir doble asignación del tesoro público

El artículo 128 de la Constitución Política señala la prohibición de percibir doble asignación proveniente del tesoro público, en los siguientes términos:

«[…]
ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas. […]».

De acuerdo con lo anterior, es claro que la prohibición constitucional de percibir doble asignación proveniente del tesoro público impide que dos o más emolumentos que tengan como fuente u origen el ejercicio de empleos o cargos públicos, en este sentido, la norma comprende dos prohibiciones: i) desempeñar dos empleos de forma simultánea y ii) recibir más de una asignación del tesoro público.

Por otro lado el artículo 128 Constitucional fue desarrollado por el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, así:

«[…]
Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.

Exceptúense las siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la Rama Legislativa.
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados. […]» (Subrayas fuera de texto).

Acorde con la disposición señalada, se permite percibir de manera simultánea dos asignaciones provenientes del erario e incluye, entre ellas las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública. Sin embargo, en el sub lite se debate una situación que no está contemplada en el supuesto de la norma reseñada en cuanto, las sumas que recibió el demandante fueron ordenadas en la sentencia judicial que declaró la nulidad del acto de retiro y dispuso su reintegro al servicio.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-133 del 1.° de abril de 1993, al estudiar la exequibilidad del citado artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, consideró:

«[…]
Este mandato constitucional (el contenido en el artículo 128 de la Constitución Política) consagra una incompatibilidad que consiste en la prohibición de desempeñar simultáneamente dos o más cargos públicos y de recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, además de autorizar a la ley para fijar los casos en que no opera dicha prohibición.

Tal incompatibilidad está redactada en los siguientes términos:
[...]

Esta disposición apareció por primera vez en la Constitución Política de 1886 cuando el constituyente de esa época prescribió: «Nadie podrá recibir dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes» (art. 64). Este precepto, como se lee en los antecedentes legislativos obedeció al deseo del constituyente de evitar posibles abusos por parte de los empleados públicos, al permitírseles la acumulación de cargos y por ende de sueldos.

Como se puede apreciar, en la Constitución de 1991 se conserva el precepto antes vigente en su integridad, agregándole la prohibición que tiene toda persona de desempeñar mas (sic) de un cargo público, y adecuando su texto a la nueva normatividad, al extenderse la definición de tesoro público, también al patrimonio correspondiente a las entidades descentralizadas. […]»

Bajo dicho entendido, se encuentra la prohibición de percibir más de dos asignaciones por cualquier concepto que provengan del erario, (dos empleos públicos en forma simultánea o pensión de jubilación -proveniente de entidades de previsión del Estado- y sueldo), cuyo pago o remuneración proceda del tesoro público o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Ello, sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley.

Ahora bien, al efectuarse el análisis del vocablo «asignación», se observa que el Diccionario de la Real Academia Española, lo define como:

«1. f. Acción y efecto de asignar.
2. f. Cantidad señalada por sueldo o por otro concepto.
3. f. Der. En el supuesto de pluralidad de deudas, imputación de pago a una de ellas.
4. f.P. Rico. HYPERLINK "http://dle.rae.es/?id=Bu8i6DA" \l "5EKog3P" deber (‖ ejercicio que se encarga al alumno).» (Subrayas fuera de texto).

De esta forma, en el sub lite el citado término debe entenderse como el monto percibido con ocasión de sueldo o por otro concepto.

A su turno, la Corte Constitucional en la citada sentencia C-133 del 1.° de abril de 1993, definió el alcance de dicha expresión como:

«[…]
El término "asignación" comprende toda clase de remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc. Siendo así, bien podía el legislador ordinario establecer dicha incompatibilidad dentro de la citada Ley 4a. de 1992, sin contrariar mandato constitucional alguno. Aún en el remoto caso de que se hubiere concluido que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los funcionarios públicos debía ser regulado por medio de ley ordinaria, el artículo 19, objeto de acusación, tampoco sería inconstitucional, por cuanto el legislador estaba perfectamente facultado para hacerlo. […]» (Resalta la Subsección).

Colofón de lo anterior, dentro de esta prohibición ha de entenderse no solo la percepción de más de una asignación proveniente de varios empleos públicos, sino la de otras remuneraciones o asignaciones que tengan la misma fuente, tales como las pensiones o asignación de retiro en el caso de las Fuerzas Militares y de Policía.

Se resalta, que la prohibición de percibir doble asignación que provenga del tesoro, salvo las expresas excepciones de la Ley 4ª de 1992, según la jurisprudencia incluye todo tipo de haberes, emolumentos, remuneraciones, salarios y prestaciones originados en la misma fuente.

Bajo este entendido, la subsección analizará si tal y como lo expuso el a quo en la sentencia de recurrida, los rubros reconocidos al demandante como consecuencia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que ordenó su reintegro sin solución de continuidad, son compatibles con la asignación de retiro que percibió durante el mismo periodo.

Incompatibilidad de la asignación de retiro con el pago de salarios y prestaciones recibidos por orden judicial

Ahora bien, se observa que los fundamentos jurídicos expuestos en el libelo introductor por parte del demandante así como la decisión por parte del a quo para declarar la nulidad de los actos administrativos enjuiciados y la correspondiente compatibilidad entre asignación de retiro y salarios declarada, fue la sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 29 de enero de 2008 ya reseñada, no obstante, la situación que se analiza en el sub lite es diferente a la estudiada en la referida sentencia, por las siguientes razones:

En la sentencia de Sala Plena referida, la Corporación decidió la nulidad del acto de retiro por supresión del cargo de una servidora de carrera de la Contraloría General de República y dispuso que no se le descontaran las sumas de dinero que por concepto de salarios y prestaciones provenientes de un empleo público hubiese recibido la demandante durante el lapso transcurrido entre el retiro y el cumplimiento de la orden de reintegro.

En esa ocasión se determinó la compatibilidad frente al sueldo ordenado en la sentencia judicial a título de restablecimiento del derecho y los salarios que se hubiesen percibido por otra vinculación laboral, escenario en el que se desarrollaron relaciones entre entidad empleadora y servidor beneficiario; a diferencia de lo que aquí ocurre, en donde se verifica la incompatibilidad entre sueldo y asignación de retiro, donde concurren la entidad empleadora y la caja de retiro.

Así las cosas, resulta necesario precisar que los conceptos de asignación de retiro y salario son diferentes. En efecto, el primero goza de una naturaleza prestacional que tiene como objetivo principal beneficiar a los miembros de la Fuerza Pública, con un tratamiento diferencial que obedece a la ejecución de una función pública que envuelve un riesgo inminente para sus vidas y las de sus familiares, susceptible de reconocimiento por el retiro del servicio activo, al igual que la pensión de vejez que se le otorga a los trabajadores que se rigen bajo la normativa del Sistema General de Seguridad Social; mientras que el segundo, es toda remuneración ordinaria, habitual y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, conforme lo ha definido la jurisprudencia de ésta Corporación.

Como se indicó anteriormente, la Constitución Política instituyó la prohibición de recibir más de una asignación proveniente de varios empleos públicos y de otras remuneraciones o asignaciones que tengan la misma fuente, situación que configura la incompatibilidad de salarios y pensiones, reconocida pacíficamente en el ordenamiento jurídico.

Resulta preciso indicar que, analizadas las especificidades de este caso particular, al retrotraer la situación al estado anterior en orden a concretar el restablecimiento del derecho pretendido, se tiene que en el hipotético caso en que se anulara el acto acusado por medio del cual se revocó el reconocimiento de la asignación de retiro, el demandante recobraría la condición de activo y habría ostentado la calidad de retirado al mismo tiempo.

Finalmente, también es necesario tener en cuenta que en un eventual caso en que se acogieran las pretensiones de la demanda, la sentencia conllevaría efectos posteriores, esto es, la permanencia de un statu quo que le permitiría al demandante en un mismo lapso percibir sueldo y asignación de retiro.

En aplicación de la sinopsis jurisprudencial y normativa relativa a la incompatibilidad entre asignación de retiro y pago de salarios y prestaciones sociales con ocasión del reintegro, en el presente caso, se tiene probado lo siguiente:

Conforme se desprende de la Resolución 358 del 28 de junio de 2004, visible a folio 13 anverso y reverso, el comandante de la Armada Nacional retiró del servicio activo, por llamamiento a calificar servicios, en forma temporal con pase a reserva, entre otros, al suboficial Jorge Enrique Rodríguez Garzón, a partir del 13 de septiembre de 2004.

En virtud a lo anterior, acorde con la Resolución 3876 del 1.° de diciembre de 2004 visible de folios 105 a 106, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares reconoció asignación de retiro a favor del aquí demandante, a partir del 13 de diciembre de 2004.

Dado su retiro, el 13 de enero de 2005, tal y como se advierte de folios 14 a 25, el señor Rodríguez Garzón interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho, a fin de que se le reintegrara al servicio activo.

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2008, denegó las pretensiones de la demanda, según se vislumbra de folios 26 a 35.

Acorde como se observa de folios 40 a 51, el Tribunal Administrativo de Bolívar al desatar el recurso de apelación, profirió providencia el 27 de mayo de 2010, a través de la cual revocó la anterior sentencia y ordenó:

«[…]
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución N° 358 DE 28 DE JUNIO DE 2004, emanada de la Comandante de la Armada Nacional, en lo que tiene que ver con el señor Jorge Enrique Rodríguez Garzón, mediante la cual se retiro (sic) del servicio activo antes mencionado por llamamiento a calificar servicios.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración anterior y a título del restablecimiento del derecho se ordena a la Armada Nacional, reintegrar al señor Jorge Enrique Rodríguez Garzón en el cargo de sub oficial (sic) jefe que desempeñaba al momento de su retiro, junto con el pago de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación y hasta el momento en que sea efectivamente reintegrado. […]» (Mayúsculas y negrillas del texto original).

Conforme se encuentra de folios 52 a 53, por medio de Resolución 338 del 10 de mayo de 2011, el comandante de la Armada Nacional, dio cumplimiento a dicha providencia:

«[…]
REINTEGRAR al servicio activo de la Armada Nacional, al señor RODRÍGUEZ GARZÓN JORGE ENRIQUE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.162.734, en el grado Suboficial Jefe Cuerpo de Mar Propulsión y Electricidad Refrigeración, ocupando el siguiente puesto en el escalafón de suboficiales, para efectos de antigüedad: se ubicará sucediendo al Suboficial jefe Cuerpo Logístico Mayordomía Cocina 73135013 ÁLVAREZ MIRANDA JAIME y antecediendo al Suboficial Jefe Cuerpo Mar Comunicaciones Electromagnéticas 72180762 VERANO JOYA CARLOS EDUARDO. […]» (Mayúsculas y negrillas del texto original).

Según se vislumbra de folios 54 a 58, mediante Resolución 3900 del 11 de agosto de 2011, expedida por el director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional, reconoció y ordenó el pago de la suma de $268.645.517,97, por concepto de sueldos, prestaciones y demás emolumentos dejados de devengar desde la fecha de retiro; a fin de dar cumplimiento a la sentencia del 27 de mayo de 2010.

Posteriormente, tal y como se advierte de folios 60 a 61, el subdirector subfinanciero encargado de la funciones de director general de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a través de Resolución 5176 del 20 de octubre de 2011, resolvió:

«[…]
ARTÍCULO 1°. Extinguir la asignación de retiro, reconocida al señor Suboficial Jefe (r) de la Armada Nacional JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ GARZÓN, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.162.734 de Ubate (sic) (Cund.), a partir del 13 de diciembre de 2004, por haberse reintegrado al servicio activo, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente acto y en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 4433 de 2004.

ARTÍCULO 2°. Ordenar al señor Suboficial Jefe (r) de la Armada Nacional JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ GARZÓN, el reintegro de la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($150.288.744.oo) M/CTE, valores que le fueron pagados por concepto de asignación de retiro en el periodo comprendido del 13 de diciembre de 2004 al 31 de agosto de 2011, suma que el militar deberá cancelar a esta Entidad, de conformidad con la liquidación expedida por el Grupo de Nómina Embargos y Acreedores (Memorando No. 341-3535 del 07 de octubre de 2011) que forma parte del presente acto administrativo de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO 3°. Disponer que la Armada Nacional deberá descontar de las sumas reconocidas al Suboficial Jefe (r) de la Armada Nacional JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ GARZÓN, el valor correspondiente a CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($150.288.744.oo) M/CTE, valores que le fueron pagados por concepto de asignación de retiro en el periodo comprendido del 13 de diciembre de 2004 al 31 de agosto de 2011, a favor de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. […]» (Mayúsculas del texto).

Ante el anterior acto administrativo, el aquí demandante interpuso recurso de reposición el día 30 de noviembre de 2011, tal y como se observa de folios 62 a 70, a fin de que se dejara sin efectos la citada resolución.

La entidad demandada resolvió en forma negativa el recurso interpuesto mediante Resolución 631 del 27 de febrero de 2012 y confirmó en todas sus partes el acto administrativo recurrido, según se encuentra de folios 72 a 74.

Acorde con lo anterior, al realizar el análisis de las pruebas allegadas al plenario, se observa que el señor Jorge Enrique Rodríguez Garzón fue retirado del servicio el 13 de septiembre de 2004 y, a partir del 13 de diciembre de la citada anualidad (transcurridos los 3 meses de alta), le fue reconocida la asignación de retiro al haber prestado sus servicios durante 22 años y 2 meses.

De igual forma, se tiene que en virtud de la providencia proferida el 27 de mayo de 2010 por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar, le fueron canceladas las sumas que por concepto de restablecimiento del derecho se reconocieron en la citada sentencia judicial que anuló la decisión de retiro y ordenó su reincorporación al servicio, respecto de las cuales se concluye que no pierden el carácter de salario, de manera que resultan incompatibles con las sumas que percibió por concepto de asignación de retiro.

Bajo dicho entendido, en el sub iudice es claro que existe incompatibilidad constitucional de percibir más de una erogación del erario público, pues es claro que ser beneficiario de salarios y prestaciones dejadas de percibir durante el tiempo en que se estuvo desvinculado del servicio con ocasión de una sentencia judicial, no constituye una excepción a dicha prohibición constitucional, toda vez que el aquí demandante percibió dos veces los mencionados emolumentos y durante el mismo periodo.

La subsección precisa que en el caso estudiado no se trata de una doble asignación a título de salarios por varias vinculaciones laborales sino de sueldos y de asignación de retiro, pagada esta última por un ente previsional que está sujeto en su actuación a ley y a la Constitución Política, de manera que debe efectuar un manejo adecuado a los recursos que administra, en orden a mantener la sostenibilidad del sistema.

Así, en atención a las diferentes naturalezas jurídicas de las relaciones que ostentó el demandante, la primera laboral con la Armada Nacional y la segunda, la de retirado con asignación de retiro a cargo de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se considera que al recuperar la situación administrativa de servicio activo por restablecerse su derecho, no resultaba posible que el libelista también percibiera asignación de retiro porque por ese lapso fue retribuido con los salarios y prestaciones que se le reconocieron en las sentencias judiciales que ordenaron el reintegro.

En igual sentido se ha pronunciado esta Corporación al analizar una situación con similares situaciones fácticas y jurídicas al sub examine y consideró que existe la deprecada incompatibilidad, así:

«[…]
Además, es necesario tener en cuenta que al momento de proferir las sentencias que anularon la decisión de retiro, el Juzgado de Descongestión del Circuito de Girardot no tenía conocimiento que al demandante se le había reconocido asignación de retiro. En consecuencia, al disponer el restablecimiento, se dijo Así (sic), al momento de disponer el restablecimiento, dijo que sin que se efectuara descuento alguno por concepto de salarios percibidos por haber desempeñado otro cargo público, no de lo percibido por asignación de retiro, pues ni siquiera se sabía de este hecho.

En el caso estudiado aplica la incompatibilidad constitucional de percibir más de una erogación del erario porque la situación descrita, es decir, el pago por concepto de una orden judicial no configura una excepción a la referida prohibición. […]» (Negrillas y subrayas del texto).

Aunado a ello, se debe tener en cuenta que al concretarse el reintegro se restableció la condición inicial del demandante, es decir, la que ostentaba antes del acto de retiro. En consecuencia, la declaración de nulidad del acto administrativo retrotrajo las cosas a su estado anterior, de manera que se tiene como si el libelista nunca se hubiera separado del servicio, razón por la cual las sumas que recibió por concepto restablecimiento del derecho y las que percibió por asignación de retiro devienen en incompatibles.

De esta forma, en virtud a la providencia judicial de reintegro le fueron reconocidos de forma retroactiva los emolumentos y prestaciones dejados de percibir y el reintegro efectivo al servicio sin solución de continuidad, circunstancia que permite advertir que el tiempo durante el cual estuvo desvinculado del servicio se asumió como si efectivamente lo hubiese prestado para todos los efectos, incluso para computar el tiempo necesario para el reconocimiento y determinación de una cuantía superior de su asignación de retiro.

Corolario, se encuentra que en la situación descrita, no existe en el ordenamiento jurídico colombiano norma general, ni especial que consagre la posibilidad de que una persona ostente, a la vez, la calidad de retirado y en servicio activo, de manera que pueda beneficiarse de dobles emolumentos a cargo del tesoro público, como se pretende en el sub lite.

En conclusión: las sumas que percibió el señor Jorge Enrique Rodríguez Garzón por concepto de asignación de retiro durante el tiempo en que estuvo retirado del servicio activo de la Policía Nacional son incompatibles con el pago de salarios y demás prestaciones que recibió como restablecimiento del derecho por la anulación de la decisión de retiro del servicio, por tal motivo los descuentos ordenados en el acto cuya nulidad se depreca son ajustados a derecho y a la prohibición constitucional prevista en el artículo 128 Superior, contrario a lo declarado por el a quo.

Finalmente, la Subsección advierte que dentro del plenario no se demostró si al demandante se le descontó o ya se le dedujo de sus salarios y prestaciones el valor de la asignación de retiro, motivo por el cual esta Corporación ordenará que en caso de que no se hayan descontado dichos emolumentos, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares efectuará el descuento con la preservación del mínimo vital del demandante atendiendo los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

Igualmente, deberá tener en cuenta la entidad demandada que si ya realizó el descuento de la asignación de retiro al momento del reintegro del señor Jorge Enrique Rodríguez Garzón, no podrá descontar de su salario mensual como miembro activo dichos haberes, con el fin de evitar que el libelista cancele doblemente por concepto de dicha erogación.

Decisión de segunda instancia

Por lo anterior, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se denegarán las pretensiones de la demanda, toda vez que prosperan los argumentos del recurso de apelación.

De la condena en costas

Esta Subsección sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo siguiente:

El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» -CCA- a uno «objetivo valorativo» -CPACA-.

Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.

La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en costas a la parte demandante en ambas instancias y a favor de la parte demandada, en la medida que conforme el ordinal 4.º del artículo 365 del CPACA, resulta vencida en el proceso y se revoca en forma total la sentencia de primera instancia. Las costas serán liquidadas por el a quo de conformidad con el artículo 366 del citado código.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 18 de diciembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor Jorge Enrique Rodríguez Garzón contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL. En su lugar:

Segundo: Denegar las pretensiones de la demanda.

Tercero: Ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares que en caso de que no se haya realizado la deducción por concepto de la asignación de retiro al momento de reintegrar al servicio activo al señor Jorge Enrique Rodríguez Garzón, efectuará el descuento de su salario mensual, con la preservación del mínimo vital del demandante atendiendo los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

Igualmente, deberá tener en cuenta la entidad demandada que si ya realizó el descuento de la asignación de retiro al momento del reintegro del señor Jorge Enrique Rodríguez Garzón, no podrá descontar de su salario mensual como miembro activo dichos haberes, con el fin de evitar que el libelista cancele doblemente por concepto de dicha erogación.

Cuarto: Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante y a favor de la demandada. La costas serán liquidadas por el a quo.

Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «Justicia Siglo XXI».

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
En adelante CASUR
Folios 4 y 5.
Folios 1 a 4.
Folios 217 a 223 vuelto.
Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015) EJRLB.
Ramírez Jorge Octavio, consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB.
Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB
Folios 239 a 255 del expediente.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de marzo de 2008, radicado: 25000232500020030897501 (8239-05) y Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 29 de enero de 2008, radicado: 7600123310002000204602.
Folios 259 a 265 vuelto.
Folios 305 a 313.
Ver constancia secretarial obrante a folio 314.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
Ver entre otras las sentencias proferidas dentro del expediente 250002342000201306374-01 de 28 de septiembre de 2017 y de 7 de marzo de 2013, referencia 1796-2012.
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons_p91_pr004.html" \l "150" 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.»
«Por la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.»
Referencia: Expediente D-153.
http://dle.rae.es/?id=3zj6xzB.
Radicado interno: 1153-2004.
Ver, entre otras, la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: César Palomino Cortés de 9 de febrero de 2017.
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 3 de mayo de 2018. Radicación número: 08001-23-33-000-2014-00016-01(0727-16).
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»

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Radicado: 52000-23-33-000-2013-00124-01 (1241-2014)
Demandante: Jorge Enrique Rodríguez Garzón
Demandada: CREMIL

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