Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00898-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00898-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2016-00898-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
12 de mayo de 2022
1
Radicado: 68001-23-33-000-2016-00898-01 (1758-2021)
Demandante: Isnardo Niño López
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2016-00898-01 (1758-2021)
Demandante: ISNARDO NIÑO LÓPEZ
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL1
Tema: Incompatibilidad entre pensión de jubilación y
salarios por reintegro decretado judicialmente. No
se reúnen los elementos esenciales para la
configuración del fenómeno de cosa juzgada. La
existencia de una deuda con la entidad de
previsión que reconoce la pensión no constituye
motivación válida para denegar la reliquidación de
la prestación.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011 (Modificada por la Ley 2080 de 2021)
O-091-2022
ASUNTO
Decide la Subsección los recursos de apelación formulados por las partes
demandante y demandada contra la sentencia proferida el 26 de marzo de
2021 por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Isnardo Niño López en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del
20112, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folio 87, C1)
1. Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 015445 del 12 de abril
de 2016 y RDP 021780 del 9 de junio de 2016, mediante las cuales la
1 En adelante UGPP.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
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Demandante: Isnardo Niño López
entidad demandada determinó que el libelista adeudaba al Sistema
General de Pensiones la suma de $58.314.688 por concepto de mayores
valores de mesadas pensionales recibidas, y que por lo tanto se
encontraba obligado a reembolsar aquel monto.
2. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 015975 del 15 de abril de
2016 y RDP 020733 del 26 de mayo de 2016, en virtud de las cuales la
UGPP negó la solicitud de reliquidación pensional formulada por el
demandante el 1.° de abril de 2016.
3. Como consecuencia de dichas declaraciones y a título de restablecimiento
del derecho, se determine que el señor Niño López no debe reintegrar la
suma recibida por concepto de pensión de jubilación durante el período
comprendido entre el 1.° de julio de 2012 y el 1.° de julio de 2015, y que
por lo tanto la autoridad demandada debe cesar todo proceso de cobro
coactivo contra el primero. Asimismo, se ordene a la UGPP reliquidar la
prestación del libelista por su retiro definitivo del servicio, y en tal sentido
pagar a su favor de manera actualizada las diferencias de las mesadas
abonadas, producto del mentado ajuste.
4. Que se condene a la parte pasiva al pago de las costas de conformidad
con el artículo 188 del CPACA, y a que esta dé cumplimiento al fallo según
el artículo 192 del CPACA.
Supuestos fácticos relevantes (Folios 85 a 87, C1)
1. La extinta Caja Nacional de Previsión Social expidió la Resolución PAP
21850 del 26 de octubre de 2010, con la que reconoció una pensión de
jubilación a favor del señor Isnardo Niño López, efectiva desde el 1.° de
enero de 2009.
2. Con motivo de aquel reconocimiento prestacional, la Registraduría
Nacional del Estado Civil retiró del servicio activo al libelista de conformidad
con la Resolución 010 del 6 de enero de 2011. No obstante, en virtud de
un fallo de tutela proferido a favor de este último, se ordenó suspender los
efectos de aquella decisión hasta tanto se demandara lo propio ante el juez
competente.
3. El demandante instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Registraduría Nacional del Estado Civil por la expedición
del referido acto, ello con el fin de que se ordenara su reintegro a la
institución. Dicho proceso fue tramitado en primera instancia ante el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de San Gil, quien resolvió
negar lo deprecado en sentencia del 27 de julio de 2014. Frente a esta
providencia se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto a través
del fallo emitido el 12 de febrero de 2015 por el Tribunal Administrativo de
Santander, en el sentido de revocar la decisión del a quo, y en
consecuencia, declarar la nulidad del acto administrativo censurado, así
como ordenar a la mentada autoridad reintegrar al señor Niño López al
cargo que desempeñaba junto con el pago de los salarios y prestaciones
dejados de percibir durante el período de su desvinculación.
4. La Registraduría Nacional del Estado Civil dio cumplimiento a la referida
decisión judicial por medio de la Resolución 185 del 16 de junio de 2015,
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en virtud de la cual reintegró al libelista al servicio de la entidad. Igualmente,
conforme a la Resolución 288 del 31 de agosto de 2015, aquella autoridad
reconoció y ordenó el pago de salarios y prestaciones adeudados a aquel,
sin descontar ningún monto por concepto de mesadas pensionales, no
obstante, informó de la situación a la UGPP y a FOPEP, a fin de que se
suspendiera temporalmente el pago de la pensión de vejez.
5. El señor Isnardo Niño López presentó renuncia al cargo al que había sido
reintegrado, ello con efectividad desde el 1.° de octubre de 2015. Por tal
razón, aquel nuevamente ingresó a la nómina de pensionados a partir del
1.° de diciembre de 2015 debido a su retiro definitivo del servicio.
6. El libelista formuló petición ante la UGPP el 1.° de abril de 2016 con el fin
de que le fuera reliquidada su prestación debido a la novedad de su
terminación del vínculo legal y reglamentario con la Registraduría Nacional
del Estado Civil.
7. La entidad demandada por su parte profirió la Resolución RDP 015445 del
12 de abril de 2016, conforme a la cual se determinó que el demandante,
adeudada la suma de $58.314.688 por concepto de mayores valores
recibidos a título de pensión. Igualmente, en respuesta a la aludida
reclamación, se expidió la Resolución RDP 015975 del 15 de abril de 2016
en el sentido de negar la solicitud de reliquidación hasta tanto se saldara la
deuda en comento.
8. Contra los actos administrativos en mención, el señor Niño López interpuso
sendos recursos de reposición el 5 de mayo de 2016, los cuales fueron
resueltos negativamente por medio de las Resoluciones RDP 020733 del
26 de mayo de 2016 y RDP 021780 del 9 de junio del mismo año
respectivamente, lo anterior en la medida en que se confirmaron
íntegramente las decisiones primigenias.
DEMANDA DE RECONVENCIÓN
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en ejercicio de la facultad
prevista en el artículo 177 del CPACA, formuló demanda de reconvención
contra el señor Isnardo Niño López, la cual fue admitida mediante auto del 18
de abril de 2017 (folio 195, C1). Dicha demanda se sustentó en las siguientes:
Pretensiones (Folio 166, C1)
1. Que se declare la nulidad de la Resolución RDP 23111 del 21 de mayo de
2013, por medio de la cual la UGPP reliquidó la pensión de vejez otorgada
al señor Niño López, por cuanto elevó la cuantía de la prestación a la suma
de $1.306.878, efectiva desde el 1.° de julio de 2012 con motivo del retiro
definitivo de este último.
2. Ordenar al reconvenido pagar de manera indexada la suma de $58.314.688
a favor de la entidad reconviniente por concepto de las mesadas
pensionales que aquel percibió entre el 1.° de julio de 2012 y el 31 de julio
de 2015, lapso durante el cual el primero también devengó salario en virtud
de la relación legal y reglamentaria sin solución de continuidad que detentó
con la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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3. Condenar al señor Isnardo Niño López al pago de las costas y agencias en
derecho a que haya lugar.
Sustento fáctico (Folios 166 vuelto a 167, C1): Corresponde al mismo
esbozado anteriormente para el caso de la demanda primigenia.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»3, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 5 de febrero de 2018.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«[…] En cuanto a la PRESCRIPCIÓN EN EL AGOTAMIENTO DE LA ACTUACIÓN
(VIA GUBERNATIVA), se debe aclarar que el derecho al reconocimiento pensional
por tratarse de una prestación periódica, no caduca la acción, ni prescribe el derecho,
por lo tanto, es procedente su reclamación en cualquier tiempo, de conformidad con
el Literal C de Numeral 1 del Artículo 134 del CPACA.
En cuanto a la FALTA DE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD POR NO ADELANTAR
EL REQUISITO PREVIO DE CONCILIACIÓN Y VIA GUBERNATIVA respecto de la
resolución N° RDP 015975 del 15 de abril de 2016, no es de recibo para el Despacho,
éste medio exceptivo por cuanto en este caso se trata de derechos laborales,
conforme al Artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, relacionados con el
reconocimiento de un derecho pensional.
En cuanto a las excepciones denominadas INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN
CARENCIA DEL DERECHO RECLAMADO, BUENA FE Y FALTA DE TÍTULO y
CAUSA se consideran de mérito o de fondo, por lo tanto, serán estudiadas en la
sentencia conjuntamente con el fondo la controversia, toda vez que por su naturaleza
constituyen excepciones de fondo.
En cuanto a la excepción de PRESCRIPCIÓN DE LAS MESADAS PENSIONALES,
el Despacho la postergará hasta tanto se resuelva el fondo de la controversia.
Adicionalmente, el Despacho advierte que de la revisión del expediente no encuentra
configurada ninguna otra excepción adicional de las que por su naturaleza deba ser
3 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
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estudiada, analizada y evacuada como previa. […]». (Mayúscula del texto original.
Folios 264 a 265 y CD obrante a folio 1 bis, C1).
Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] el Despacho propone la fijación del objeto del litigio en los siguientes términos:
Se debe declarar, o no, la nulidad de las Resoluciones No. RPD-015455 del 12 de
abril de 2016 y la Resolución N° RDP 021780 del 9 de junio de 2016 proferidas por la
UGPP.
En caso de declararse nulo los actos administrativos demandados, se resolverá si hay
lugar a ordenar a la demandada a reconocer y pagar al demandante la pensión de
vejez teniendo en cuenta el último año de servicio.
De igual manera, teniendo en cuenta que se presentó demanda de reconvención por
parte de la entidad demandada, se deberá resolver si hay lugar a declarar la nulidad
de la Resolución RDP N° 23111 del 21 de mayo de 2013, por la cual se reliquidó la
pensión de vejez reconocida al señor ISNARDO NIÑO LOPEZ, elevando la cuantía
de la misma a la suma de $1.306.878,00 mcte.
En caso de declararse nulo los actos administrativos demandados, se resolverá si hay
lugar a ordenar al demandante a cancelar la suma de $58.314.688 a favor de la
entidad demandada, en los términos señalados en la demanda de reconvención.
[…]». (Mayúscula conforme a la transcripción. Folio 265 y CD que reposa a
folio 1 bis, C1).
SENTENCIA APELADA
(Folios 287 a 297, C1)
El a quo profirió sentencia escrita el 26 de marzo de 2021, por medio de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones del demandante con fundamento en
las siguientes consideraciones:
Inicialmente, el Tribunal de primera instancia manifestó que según la Corte
Constitucional en sentencia SU-354 de 2017, las sumas reconocidas en un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se ordena el
reintegro de un servidor público a determinada entidad, ostentan la calidad
efectiva de salarios y prestaciones dejados de percibir, con fundamento en que
la esencia de dicha orden es crear la ficción jurídica de que el servidor nunca
fue retirado del servicio.
Añadió que sin perjuicio de lo expuesto, al interior del Consejo de Estado esta
postura no ha sido uniforme, dado que se ha sostenido que las sumas
ordenadas con ocasión de la condena no tienen el carácter de salario, sino
que están dirigidas a resarcir el perjuicio que el acto ilegal causó sobre el
servidor. En tal sentido, inicialmente es comprensible que al no existir
incompatibilidad entre las sumas reconocidas a título de indemnización (los
salarios y prestaciones dejadas de percibir) y la pensión de jubilación, no se
debe ordenar el descuento de las sumas recibidas a este último título.
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Sin embargo, destacó que en casos con contornos similares al presente, los
más recientes pronunciamientos de la Sección Segunda de la mentada Alta
Corte han adoptado la tesis de diferenciar si para cada caso en particular, las
sumas ordenadas judicialmente ostentan la calidad de indemnización o, por el
contrario, si efectivamente son salarios y prestaciones, tal como se planteó en
sentencia del 7 de marzo de 2019 dictada en el proceso con número interno
1607-2018.
Sobre el punto precisó que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander en el proceso contra la Registraduría Nacional del
Estado Civil, en el que se pretendía el reintegro del libelista, fue emitida en una
actuación en la que no fue vinculada la UGPP. Acotó que en el mentado fallo
se ordenó el pago de salarios y prestaciones sin indicar si se hacía a título
indemnizatorio, no obstante, conforme a los criterios y parámetros definidos
por la reciente jurisprudencia del Consejo de Estado, concluyó que al
concretarse el reingreso del demandante lo que se materializó fue una ficción
jurídica en virtud de la cual se entiende que este nunca fue retirado del servicio.
Por lo anterior manifestó que la declaración de nulidad del acto administrativo
de retiro del señor Niño López de la institución retrotrajo las cosas a su estado
anterior, máxime si se tiene en cuenta que el reintegro se dispuso sin solución
de continuidad, situación que conlleva asumir que las sumas que recibió por
concepto de restablecimiento del derecho tienen el carácter de salario, al punto
de resultar incompatibles con las sumas que percibió por concepto de pensión
durante el tiempo que aquel estuvo desvinculado del servicio.
Con base en lo anterior concluyó que la Resolución RDP 015448 del 12 de
abril de 2016, por medio de la cual se determinó que el demandante adeudaba
al Sistema General de Pensiones la suma de $58.314.688 por concepto de las
mesadas pensionales reconocidas durante el tiempo en que estuvo
desvinculado del servicio público, debe mantener su presunción de legalidad
habida cuenta de que se ajusta a lo contemplado en el artículo 128 de la
Constitución Política.
De otra parte, sostuvo que la Resolución RDP 015975 del 15 de abril de 2016
carece de motivación toda vez que la negativa de la reliquidación pensional
por retiro del demandante bajo el pretexto de que este no había reembolsado
las sumas adeudadas, no cuenta con soporte normativo ni jurisprudencial que
avale tal justificación, más aún cuando el hecho que el señor Isnardo Niño
López adeude determinada suma a la UGPP no es razón suficiente que impida
la reliquidación a la que tiene derecho a fin de que se le incluya hasta la última
semana efectivamente cotizada conforme se desprende del artículo 13 del
Decreto 758 de 1990, por lo que procede la nulidad de aquella decisión
administrativa cuestionada.
En lo atinente a la pretensión de la demanda de reconvención que procuraba
la declaratoria de nulidad de la Resolución RDP 023111 del 21 de mayo de
2013, recalcó que mediante sentencia proferida el 21 de octubre de 2014 por
el Juzgado 751 Administrativo de Descongestión Oral del Circuito Judicial de
San Gil en el proceso con radicado 2014-00090-00 se resolvió: «[…]
“PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de las resolución RDP-001605, RDP013130
Y RDP 016420 de 2013 expedidas por la demandada mediante las cuales no se
liquidó la pensión del demandante, teniendo en cuenta la ley 33 de 1985.
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SEGUNDO: a título de restablecimiento del derecho ORDENAR a la UGPP reliquidar
la pensión de jubilación devengada por el señor Isnardo Niño López con cedula de
ciudadanía No. 13.827.178, incluyendo los factores salariales devengados en el
último año de servicios”». Además destacó que dicha decisión fue confirmada
por el Tribunal Administrativo de Santander mediante providencia definitiva
dictada el 14 de diciembre de 2016.
En virtud de lo anterior estimó que, la situación que regula el acto
administrativo cuya nulidad pretende la entidad reconviniente, ya fue objeto de
control judicial por parte de esta jurisdicción, al punto de constituir el fenómeno
de cosa juzgada, que en virtud del principio de seguridad jurídica torna
inmodificable aquella determinación, ello más aún cuando en la demanda de
reconvención no se invocó un sustento de vulneración o de ilegalidad de dicha
manifestación reprochada.
Seguidamente aseveró que del estudio de la pretensión de la demanda de
reconvención tendiente a que se ordene el reintegro de las mesadas
pensionales abonadas en mayor valor, esta resulta improcedente toda vez que
tiene una naturaleza ejecutiva que es incompatible con el presente medio de
control donde las pretensiones son de carácter declarativo. Igualmente
consideró que resulta inviable acceder a tal pedimento en atención a que la
UGPP cuenta con un procedimiento de carácter coactivo por medio del cual
puede hacer efectivo el cobro de las sumas solicitadas.
Por último, frente al restablecimiento del derecho en esta causa judicial, afirmó
que se debe ordenar a la entidad demandada realizar la reliquidación de la
pensión de jubilación del señor Niño López con ocasión del retiro definitivo del
servicio ocurrido el 1.° octubre de 2015, ello bajo los parámetros fijados por el
Consejo de Estado en la sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de
agosto de 2018 y bajo la advertencia de que en caso de resultar un monto
inferior al reajuste ordenado por el Juzgado 751 Administrativo de
Descongestión Oral del Circuito Judicial de San Gil mediante sentencia del 21
de octubre de 2014, se debe tener como valor definitivo este último.
Acorde con los anteriores razonamientos, el tribunal de primera instancia
profirió sentencia que en su parte resolutiva se resume de la siguiente forma:
i) declaró la nulidad de las Resoluciones RDP 015975 del 15 de abril de 2016
y RDP 020733 del 26 de mayo de 2016; ii) ordenó a la UGPP reliquidar la
pensión de jubilación del demandante con efectividad desde el 1.° de octubre
de 2015 por retiro definitivo del servicio; iii) denegó las demás pretensiones de
la demanda primigenia, así como los pedimentos de la demanda de
reconvención; y iv) condenó en costas a la parte pasiva.
RECURSOS DE APELACIÓN
Parte demandada (Folios 304 a 307, C1): formuló recurso de apelación
contra la decisión reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada en
punto a la orden de reliquidar la pensión de jubilación del libelista, pues
aseguró que aquel no ha consolidado el derecho al referido ajuste, hasta tanto
devuelva los dineros que por concepto de mesadas pensionales se
reconocieron sin que se hubiese retirado del servicio activo.
Para ello argumentó que la razón de las respuestas negativas de los actos
administrativos emitidos, consiste en que, en el expediente administrativo se
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encuentra la Resolución 185 del 16 de junio de 2015, mediante la cual la
Registraduría Nacional del Estado Civil reintegró al servicio al señor Isnardo
Niño López en cumplimiento a un fallo judicial proferido por el Tribunal
Administrativo de Santander el 12 de febrero de 2015, providencia que además
condenó a esa entidad a reconocer y pagar al demandante los salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha en la cual fue
separado del cargo hasta la fecha en la que se produzca su reingreso.
En virtud de lo anterior precisó que el demandante percibió en forma
simultánea salarios, prestaciones y mesadas pensionales entre el 1.° de julio
de 2012 y el 31 de julio de 2015, situación que contraviene el artículo 128 de
la Constitución Política, pues esta norma prohíbe desempeñar
simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación
que provenga del tesoro público.
En el presente caso aseveró que el libelista cobró los abonos por concepto de
pensión, tal como da cuenta el resumen de mayores valores pagados suscrito
por la Subdirección de Nómina de Pensionados de la UGPP, del que se
desprende que se realizaron transferencias en cuenta o por ventanilla, sin que
aquel hubiese tenido derecho a ello.
Resaltó que aquellas sumas adeudadas al sistema pensional, deben ser
recuperadas por la autoridad demandada en los términos del artículo 6,
numeral 10 del Decreto 575 de 2013, de suerte que no es posible acceder a la
reliquidación pretendida por el reclamante, sino hasta el momento en que
devuelva la suma de $58.314.688 que nunca debió recibir.
Parte demandante (Folios 309 a 310, C1): interpuso recurso de alzada contra
la sentencia de primera instancia con el fin de que se revoque el ordinal quinto
que denegó las demás pretensiones, específicamente las relacionadas con la
nulidad de los actos administrativos que determinaron una deuda a cargo del
libelista por concepto de mayor valor de mesadas pensionales reconocidas a
su favor durante el período en el que también le fueron pagados salarios.
Al respecto adujo que, el a quo arribó a la conclusión errada de que la
sentencia que ordenó el pago de dineros adeudados lo hizo a título de salario
por haberse indicado que el reintegro se realizaba sin solución de continuidad,
pues lo cierto es que pasó por alto lo expuesto explícitamente por el tribunal
en la sentencia del 12 de febrero de 2015 cuando se señaló lo siguiente: «"De
otro lado, no se ordenará el descuento el valor recibido por el señor NIÑO JAIMES
(Nombre corregido mediante Auto del 29/05/2015) por concepto de pensión, teniendo
en cuenta que:
Los salarios y prestaciones reconocidas al demandante deben ser consideradas a
título indemnizatorio, pues resulta indudable que la remuneración que se cancela
en virtud de la condena hoy impuesta por esta jurisdicción se genera con ocasión de
unos servicios que, indiscutiblemente, el demandante no prestó -siendo claro que
para dicho periodo el mismo se encontraba desvinculado de la entidad-, pero que por
la ficción legal debe entenderse como si nunca hubiera quedado desvinculado del
servicio.
En este orden, como quiera que se trata de dos situaciones con origen diverso -la
relacionada con la pensión de vejez que deviene de cumplimiento de los requisitos
legales que han sido establecidos para tal fin-, de una parte, y -la de pago de salarios
y prestaciones que se deriva de una orden judicial que se concede con carácter
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resarcitorio, a título de restablecimiento del derecho-, de la otra, debe concluirse que
la decisión de anulación de que fue objeto el acto administrativo que retiró al actor del
servicio de la Registraduría, no tiene la capacidad de viciar la legalidad del
reconocimiento de la pensión efectuada por CAJANAL, pues tal y como se indicó,
este último reconocimiento se deriva del cumplimiento de los requisitos legales
impuestos por la normatividad legal, que le permitía hacerse acreedor de dicha
prestación.
Así las cosas, de lo anteriormente señalado, los dineros que le corresponden al actor
en virtud de la declaratoria de nulidad del acto que lo desvinculó -suma que se repite
debe entenderse a título indemnizatorio- y los que recibió por concepto de pensión de
vejez, no constituyen una doble erogación del erario público, por lo que, se reitera, no
habrá a realizar descuento alguno. […]». (Cursiva, negrilla y subrayado del texto
original).
Bajo tal entendido, destacó que al haber sido objeto de pronunciamiento el
tema relacionado con la devolución de los dineros que percibió el demandante
por pensión de vejez mediante la sentencia del 12 de febrero de 2015, ello
constituye cosa juzgada y en consecuencia en virtud del principio de seguridad
jurídica, dichas decisiones deben ser inmodificables, por lo que no es dable
que se ordene devolución de sumas de dinero alguno a la entidad demandada.
Adicionalmente sostuvo que si en gracia de discusión se aceptara que la
mentada providencia no puede extender sus efectos a la UGPP al no haber
sido parte del proceso que culminó con la declaratoria de nulidad de la
desvinculación del señor Niño López, debe tenerse en cuenta que, en todo
caso, dicho fallo fue puesto en conocimiento de la mentada autoridad mediante
correo electrónico del 7 de julio de 2015 y comunicación radicada el 8 de julio
de 2015, con el propósito de que se materializara la suspensión el pago de la
mesada pensional, ello sin que la demandada hubiese manifestado oposición
directa o por vía judicial a la falta de orden expresa de devolución de pagos
efectuados.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
En el asunto sub examine no se presentaron alegaciones finales ni concepto
del Ministerio Público, dado que tampoco fue necesario decretar ni practicar
pruebas de segunda instancia. La ausencia de un período probatorio en esta
oportunidad tornaba improcedente agotar el referido trámite, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 247, numeral 5.° del CPACA (modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, vigente para la época de interposición del recurso
de apelación objeto de estudio).
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado: Al margen de lo anterior,
se observa que en el índice 11 del sistema de registro SAMAI, obra memorial
allegado por la mentada entidad con el fin de intervenir directamente en el
asunto sub examine, sin que este sea suspendido. Para ello consideró que el
problema jurídico en el presente caso consiste en determinar si el ingreso base
de liquidación de la pensión del libelista se puede calcular con todos los
factores salariales devengados durante su último año de servicio, así aquel no
hubiese cotizado sobre tales conceptos.
En lo que respecta a la solución de dicho planteamiento señaló que, una vez
se verifique en el expediente que el demandante es beneficiario del régimen
de transición, que se pensionó con los requisitos de edad, tiempo y tasa de
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Radicado: 68001-23-33-000-2016-00898-01 (1758-2021)
Demandante: Isnardo Niño López
reemplazo del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985, y que cotizó
sobre determinados factores salariales, sería mandatorio aplicar la regla y las
subreglas jurisprudenciales fijadas por el Consejo de Estado en la Sentencia
de Unificación del 28 de agosto de 2018, esto en el sentido de no acceder a la
reliquidación de la mesada pensional con el promedio de lo devengado en el
último año de servicio, así como tampoco incluir emolumentos sobre los cuales
no realizó el respectivo aporte.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos. De igual
forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de
segunda instancia resolverá sin limitaciones cuando las partes hayan
controvertido la totalidad de la sentencia, tal como sucede en el presente caso.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
las siguientes preguntas:
¿Las sumas de dinero que percibió el señor Isnardo Niño López por concepto
de pensión de jubilación entre el 1.° de julio de 2012 y el 1.° de julio de 2015,
tiempo durante el cual aquel estuvo desvinculado de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, son compatibles con el pago efectuado como restablecimiento
del derecho por la anulación de la decisión de retiro de aquella entidad
declarada por sentencia judicial, en virtud de la cual se ordenó su reintegro a
dicha institución sin solución de continuidad, así como el reconocimiento de un
monto equivalente a los salarios y prestaciones dejadas de percibir?
En caso negativo,
¿El demandante adeuda a la UGPP los pagos efectuados a título de mesadas
pensionales durante el mentado período, y por lo tanto, la entidad demandada
se encontraba habilitada para denegar la reliquidación de la pensión de
jubilación del libelista con fundamento en su retiro definitivo del servicio?
Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: no es compatible el
pago de salarios y demás prestaciones derivadas del servicio reconocidas al
demandante en virtud de una orden judicial de reintegro, y a su vez, percibir la
pensión de vejez otorgada desde su desvinculación de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, pues desapareció la causa para su consolidación, y
por lo tanto, se configura la prohibición de doble erogación del erario prevista
en el artículo 128 constitucional.
Ahora, si bien lo anterior constituye causa válida para determinar al libelista
como deudor de la entidad y en consecuencia se torna procedente ordenar el
reembolso de las mesadas abonadas, lo cierto es que lo propio no es motivo
legal para negar la reliquidación prestacional por retiro definitivo del servicio,
tal como pasa a explicarse.
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Radicado: 68001-23-33-000-2016-00898-01 (1758-2021)
Demandante: Isnardo Niño López
Sobre la figura de cosa juzgada respecto de la compatibilidad entre
el pago por mesadas pensionales y el derivado de una condena
judicial con motivo de una orden de reintegro
En primer lugar se destaca que uno de los argumentos de impugnación de la
parte activa, radica en el hecho de que, bajo su intelección, el Tribunal
Administrativo de Descongestión de Santander en sentencia del 12 de febrero
de 2015, dictada en el proceso con radicado 2011-00205, promovido por aquel
en su momento contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, a fin de que
se declarara la nulidad de los actos administrativos que ordenaron su retiro del
servicio (ver folios 16 a 28, C1), se pronunció expresamente sobre la calidad
indemnizatoria que tendría el restablecimiento del derecho en el caso aludido,
y por lo tanto, avaló la compatibilidad de dicho abono con las mesadas
pensionales reconocidas durante el lapso que se encontraba desvinculado de
aquella autoridad.
Dicho planteamiento a juicio del libelista implica la configuración del fenómeno
de cosa juzgada, al cual el Consejo de Estado4 le ha dado el siguiente alcance
interpretativo:
«[…] De manera general y uniforme, la doctrina y la jurisprudencia han
considerado la cosa juzgada como una cualidad inherente a las sentencias
ejecutoriadas, que las hace inmutables, intangibles, inimpugnables y
obligatorias, por lo que el asunto decidido no puede variarse en el futuro,
constituyendo garantía de seguridad y estabilidad jurídica, pues de lo contrario
los conflictos serían interminables e irresolubles, en desmedro no sólo de los
mencionados principios y valores de todo ordenamiento jurídico, sino de los
derechos ciudadanos .
La doctrina distingue dos modalidades: i) cosa juzgada formal y ii) cosa juzgada
material. La primera, opera cuando la sentencia queda ejecutoriada, porque no
se hizo uso de los recursos dentro del término de ley, o porque interpuestos
estos, se resolvieron por parte de la autoridad correspondiente; aunque, cabe
la posibilidad del ejercicio de algunos de los llamados recursos extraordinarios
que se esgrimen contra las providencias ya ejecutoriadas. La segunda, tiene
lugar cuando contra la sentencia no existe posibilidad de recurso, bien porque
contra el fallo no procede recurso alguno, bien porque el término de los recursos
extraordinarios precluyó o porque éstos fueron decididos de manera
desfavorable. […]».
Pues bien, en lo que respecta a la previsión legal de aquella figura, se destaca
que el artículo 189 del CPACA lo contempla como un efecto propio de las
sentencias dictadas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
conforme a la siguiente previsión:
«Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de
un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga
omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes,
pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la
legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de
legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas
jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen. […]». (Líneas de
la Sala).
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia
del 26 de agosto de 2021. Radicado: 25000-23-42-000-2012-01128-01 (0124-14).
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Radicado: 68001-23-33-000-2016-00898-01 (1758-2021)
Demandante: Isnardo Niño López
Es decir, en el caso particular de los medios de control de nulidad y de nulidad
y restablecimiento del derecho, claramente por norma expresa, el concepto de
cosa juzgada en comento debe verificarse en función del examen de legalidad
que se haya efectuado sobre los actos administrativos demandados. Esto es,
para considerar la inmutabilidad de una decisión judicial dictada en desarrollo
de alguno de los procesos en mención, necesariamente el litigio a comparar
sobre el cual se aduzca que existe identidad, debe versar sobre la misma
manifestación administrativa cuestionada, ello bajo un análisis relativo a si esta
ya había sido anulada o no.
Adicional a los postulados en cita, debe tenerse en cuenta que el artículo 303
del CGP (aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA), refiere sobre la
figura bajo estudio lo siguiente:
«ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en
proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el
anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. […]».
En suma, para hallar configurado el fenómeno de cosa juzgada, no solo se
debe verificar la correspondencia entre los actos administrativos censurados,
sino que también se requiere la acreditación de los postulados enunciados en
la normativa transcrita, tal como lo planteó este Juez Colegiado5 en el sentido
de que:
«[…] para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:
i. Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas
extremos procesales e intervinientes que resultaron vinculados y obligados por
la decisión que constituye cosa juzgada.
ii. Identidad de causa petendi, es decir, la demanda y la decisión que hizo
tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos de hecho y de
derecho como sustento.
iii. Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión sobre la cual se predica la cosa juzgada. […]». (Negrilla del texto
original).
En el asunto sub iudice se destaca que, al tratarse de un medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, imperiosamente debe validarse el
cumplimiento de las exigencias señaladas previamente, a fin de determinar la
estructuración o no de la figura jurídica de cosa juzgada.
i) Frente a la identidad de partes en los dos procesos contrastados, lo primero
que se observa sin mayor dubitación, es que en ambos casos los extremos
demandados son diferentes, e incluso no se encuentran relacionados entre sí
bajo ningún nexo legal inescindible.
Inicialmente, en la actuación con radicado 2011-00205 (folios 16 a 28, C1), se
identifica que la demanda interpuesta por el actual libelista, estaba dirigida
únicamente contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que por
su calidad de empleador del primero, era la llamada a responder por los
5 Idem.
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Radicado: 68001-23-33-000-2016-00898-01 (1758-2021)
Demandante: Isnardo Niño López
pedimentos de reintegro al servicio y pago de salarios y prestaciones dejadas
de percibir durante el período de retiro.
Por el contrario, en el sub examine la parte demandada es la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP), autoridad que además en ningún momento fue
vinculada a la primera causa judicial en comento, toda vez que con el primer
libelo, no se habían formulado pretensiones que pudieran recaer en la órbita
de su competencia, a fin de considerar que esta habría tenido que conformar
un litisconsorcio necesario en dicha oportunidad.
Ahora, si bien el señor Niño López aduce que el fallo del 12 de febrero de 2015
dictado por el Tribunal Administrativo de Descongestión de Santander en el
proceso 2011-00205, fue comunicado a la UGPP en orden de que suspendiera
el pago de la pensión de jubilación reconocida a favor de aquel, tal hecho de
ninguna manera es indicativo de que esa entidad hubiese sido parte procesal
en la aludida actuación, y mucho menos que se encontrara legitimada para
formular recursos extraordinarios o acciones de tutela como el demandante lo
asegura en su recurso.
Es decir, la actual demandada no intervino en desarrollo del litigio relacionado
con la orden de reintegro y pago de haberes laborales a la que fue condenada
la Registraduría Nacional del Estado Civil, razón por la cual no es posible
asentir que la primera tuvo la oportunidad de controvertir en aquel escenario
lo que ahora es objeto de controversia. Por consiguiente, la sentencia dictada
en ese momento no podría extender sus efectos ni ser exigible jurídicamente
para la UGPP, esto es, no habría hecho tránsito a cosa juzgada respecto de
las situaciones jurídicas derivadas de sus actos.
De este modo, la Sala no encuentra satisfecho el primer requerimiento para la
consolidación del fenómeno referido.
ii) Sobre la identidad de causa petendi, o de fundamentos fácticos y jurídicos
de la demanda y la decisión judicial adoptada previamente, se estima que
tampoco está satisfecho aquel presupuesto. Ello en la medida en que en los
dos procesos comparados, los sustentos de hecho y de derecho alegados
respectivamente, son disímiles al margen del relacionamiento indirecto que
hubiesen podido tener por los efectos del fallo adoptado.
Lo anterior se afirma por cuanto en el asunto radicado 2011-00205, el señor
Isnardo Niño López basó su demanda en que al ser titular de derechos de
carrera como funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y
además ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, podía
optar por laborar hasta el cumplimiento de la edad de retiro forzoso, sin que la
adquisición del estatus jurídico pensional fuese causa justa para dar por
terminado su vínculo legal y reglamentario. Este fundamento fue el aceptado
por el juez de segunda instancia en aquella oportunidad, por lo que su decisión
efectivamente se basó en tales argumentos y en consecuencia se limitó a
impartir las siguientes órdenes:
«[…] FALLA:
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia de primera instancia proferida veintisiete (27)
de junio de dos mil catorce (2014), proferida por el Juzgado Primero Administrativo
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Demandante: Isnardo Niño López
de Descongestión de San Gil, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones N° 010 de 6 de enero de
2011-y 102 de 30 de marzo de 2012 por medio de las cuales la Registraduría Nacional
del Estado Civil - Delegación Departamental de Santander retiró del servicio al señor.
ISNARDO NIÑO JAIMES, atendiendo lo considerado en la presente providencia.
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho:
ORDÉNASE el REINTEGRO del señor ISNARDO NIÑO JAIMES al cargo que
venía desempeñando en la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL, o en otro de igual categoría, hasta cuando cumpla la edad de retiro
forzoso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
DECLÁRASE que al señor ISNARDO NIÑO JAIMES, le asiste el derecho a
permanecer en el cargo que venía ocupando en la REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, hasta la edad de retiro de forzoso, esto es,
hasta el cumplimiento de los 65 años -21 de octubre de 2018-.
CONDÉNASE a la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL a
reconocer y pagar al demandante la suma que resulte de la liquidación a que
haya lugar por concepto de salarios y prestaciones sociales dejadas de
percibir desde la fecha en que fue retirado del servicio, hasta la fecha en que
se produzca el reintegro efectivo al cargo
DECLÁRASE para todos los efectos, que no ha existido solución de
continuidad en la prestación de los servicios, entre la fecha de retiro del
servicio y la fecha en que se produzca el reintegro al cargo.
CUARTO: La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos
previstos en los artículos 176 y s.s. del C. C. A. Para efectos de la actualización
económica o indexación de las sumas reconocidas, se aplicará la fórmula consignada
en la parte motiva de este proveído. Dicha liquidación deberá realizarla la entidad
demandada. Así mismo, la entidad accionada deberá efectuar las cotizaciones al
Sistema Pensional respectivo, dejadas de efectuar durante el lapso mencionado,
descontando el porcentaje que de ello le corresponde al actor. […]». (Mayúscula y
negrilla del texto original).
Como se aprecia a partir de la parte resolutiva de la sentencia del 12 de febrero
de 2015, en ningún momento dicha decisión judicial incluyó una orden expresa
a la UGPP, tendiente a prevenirla de no realizar cobro al demandante por
concepto de mesadas abonadas durante el período de desvinculación de
aquel, el cual debía entenderse sin solución de continuidad por el reintegro
determinado a título de restablecimiento del derecho. Ello claramente obedece
al hecho de que tal punto no fue objeto de litigio al no haberse demandado lo
propio, así como tampoco constituyó sustento fáctico de las pretensiones que
definieron el marco de competencia del tribunal en su momento.
Por lo expuesto, no halla respaldo la tesis del señor Niño López relativa a que
el carácter indemnizatorio de los pagos derivados de la orden de
restablecimiento del derecho, fue expresamente definido por aquel juez
colegiado en el sentido de ordenar la compatibilidad de aquel abono con el de
las mesadas percibidas por el libelista durante el período en que estuvo
desvinculado de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Si bien de la sentencia proferida en el proceso 2011-00205 se extrae que en
la parte considerativa, el Tribunal Administrativo de Descongestión de
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Radicado: 68001-23-33-000-2016-00898-01 (1758-2021)
Demandante: Isnardo Niño López
Santander hizo una expresa mención a la imposibilidad de descontar del valor
de la condena las sumas recibidas por el demandante por concepto de pensión
mientras este estuvo separado del cargo al que se ordenó reintegrar, ello al
haber estimado que el reconocimiento de salarios y prestaciones adeudadas
debía hacerse con naturaleza resarcitoria (ver folio 27, C1), lo cierto es que tal
pronunciamiento no constituía objeto de litigio, al punto de superar el marco
de competencia judicial en dicha actuación y por lo tanto impedir su extensión
y eficacia sobre una situación jurídica diferente como la creada por la UGPP.
En tal sentido, aquellas consideraciones a las que hace alusión la parte activa
como configurativas de cosa juzgada, no tendrían tal consecuencia en la
medida en que no se acompasaban con la causa petendi que dio origen al
referido proceso y por consiguiente tampoco hacen parte de la ratio decidendi
del fallo, pues este debía circunscribirse exclusivamente al examen de
legalidad sobre unos actos de retiro de servicio, cuya anulación solo
conllevaba el reingreso al servicio público y el reconocimiento de los haberes
dejados de percibir.
Ahora bien, en el asunto sub iudice se verifica que la base factual y jurídica de
las pretensiones de nulidad sobre las decisiones administrativas reprochadas,
corresponde exclusivamente a que para el demandante es ilegal la
determinación como deudor que hizo la UGPP en su contra, a fin de que se
ordenara el reembolso de los valores abonados por concepto de pensión
durante el lapso en que se desvirtuó la desvinculación del servicio.
Lo anterior denota que aun ante la relación indirecta que podría predicarse de
los efectos colaterales que trae una orden de reintegro respecto de un servidor
que percibía pensión, los supuestos de hecho y de derecho esgrimidos en
cada proceso son diferentes y no pueden constituir causa petendi idénticas
para considerar la configuración del fenómeno de cosa juzgada.
iii) Acerca de la identidad de objeto, es decir, en lo que respecta a la
equivalencia de pretensiones en los dos procesos a analizar, la Subsección
advierte que tampoco se colma este presupuesto, toda vez que en cada asunto
se formularon pedimentos anulatorios contra actos administrativos diferentes,
con consecuencias de restablecimiento disímiles.
Sobre el particular es dable reiterar que, conforme al artículo 189 del CPACA,
en los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la figura
de cosa juzgada se estructura en cuanto a sus efectos, solo frente a la
manifestación administrativa que haya sido sometida a examen de legalidad,
y en atención a si esta fue o no retirada del ordenamiento jurídico.
Lo anterior implica que, de llegarse a concretar dicho fenómeno jurídico en
procesos como el presente, aquel solo surtiría efectos para el pronunciamiento
de la administración que hubiese sido censurado expresamente en la
respectiva causa judicial, no así respecto de otras decisiones que en su
momento no fueron reprochadas y que incluso se profirieron por autoridades
diferentes a la demandada en la correspondiente actuación. Ello se justifica en
la medida en que los actos que no son cuestionados, aún gozan de la
presunción de legalidad que les es inherente, la cual únicamente puede ser
enervada cuando sean demandados y prospere alguna o varias de las
causales de nulidad consagradas en el artículo 137 del CPACA.
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Radicado: 68001-23-33-000-2016-00898-01 (1758-2021)
Demandante: Isnardo Niño López
Particularmente, en el proceso con radicado 2011-00205, el señor Niño López
pretendía la anulación de las Resoluciones 010 del 6 de enero de 2011 y 206
del 24 de mayo del mismo año, por medio de las cuales la Registraduría
Nacional del Estado Civil en calidad de empleador, dio por terminado su
vínculo legal y reglamentario y a su vez lo retiró del servicio.
Contrario a ello, en la presente causa judicial, el mismo demandante instó la
nulidad de las Resoluciones RDP 015445 del 12 de abril de 2016 y RDP
021780 del 9 de junio de 2016, mediante las cuales la UGPP determinó que el
primero adeudaba al Sistema General de Pensiones la suma de $58.314.688
por concepto de mayores valores de mesadas pensionales recibidas, y que
por lo tanto se encontraba obligado a reembolsar aquel monto. Asimismo,
deprecó el retiro del tránsito jurídico de las Resoluciones RDP 015975 del 15
de abril de 2016 y RDP 020733 del 26 de mayo de 2016, en virtud de las cuales
aquella autoridad negó la solicitud de reliquidación pensional formulada por el
libelista el 1.° de abril de 2016.
Como se extrae de la precisión aludida, es palmario que los dos procesos
comparados se basaron en pretensiones dispares, habida cuenta de que se
instó en cada caso la nulidad de actos administrativos distintos, expedidos por
entidades independientes y con pedimentos de restablecimiento del derecho
no asimilables. Se destaca que en la actuación 2011-00205 se buscaba el
reintegro del señor Niño López al servicio de la Registraduría Nacional del
Estado Civil junto con el pago de los salarios y prestaciones dejadas de
percibir. Por otro lado, en el litigio actual se insta la declaratoria de ilegalidad
de una determinación del demandante como deudor de la UGPP, al igual que
ordenar a dicha entidad no realizar cobro alguno de la suma adeudada.
Asimismo, se reclama en esta oportunidad la reliquidación de una pensión de
jubilación por retiro definitivo del servicio. Bajo aquel contexto, evidentemente
no puede hablarse de una identidad de objeto entre los dos asuntos
examinados, lo cual refuerza la tesis de inexistencia del fenómeno de cosa
juzgada que impida resolver la controversia sub lite.
En todo caso, es adecuado precisar que en aplicación directa del mentado
artículo 189 del CPACA, la imposibilidad de modificar la decisión ejecutoriada
que fue adoptada en la sentencia del 12 de febrero de 2015 proferida por el
Tribunal Administrativo de Descongestión de Santander en el proceso con
radicado 2011-00205, únicamente recae en lo atinente a las Resoluciones 010
del 6 de enero de 2011 y 206 del 24 de mayo del mismo año, emanadas de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, pues efectivamente sobre su legalidad
se generó un pronunciamiento judicial que hizo tránsito a cosa juzgada
material con efectos erga omnes al haberse declarado su nulidad.
Empero, frente a los actos administrativos actualmente demandados, lo cierto
es que tal situación no se configuró por cuanto no habían sido censurados
judicialmente en aquella oportunidad, sino solo hasta el inicio de la actuación
sub examine. Por consiguiente, es patente que las Resoluciones RDP 015445
del 12 de abril de 2016, 021780 del 9 de junio de 2016, 015975 del 15 de abril
de 2016 y 020733 del 26 de mayo de 2016, aún se encuentran vigentes en el
ordenamiento jurídico, y bajo tal intelección, son pasibles de control de
legalidad de fondo con los consecuentes efectos de restablecimiento del
derecho que se deriven en cada caso al retrotraer la situación a su estado
inicial.
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Radicado: 68001-23-33-000-2016-00898-01 (1758-2021)
Demandante: Isnardo Niño López
En suma, de conformidad con lo desarrollado conceptualmente hasta este
punto, resulta necesario afirmar que, al margen de las consideraciones
esbozadas por el Tribunal Administrativo de Descongestión de Santander en
la sentencia del 12 de febrero de 2015, no puede predicarse la configuración
del fenómeno de cosa juzgada respecto de las decisiones contenidas en los
actos reprochados en esta oportunidad, por lo que se torna viable efectuar el
estudio de fondo sobre el problema jurídico planteado.
De la prohibición de percibir doble asignación del tesoro público
El artículo 128 de la Constitución Política señala la prohibición de percibir doble
asignación proveniente del tesoro público en los siguientes términos:
«[…]
ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo
ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo
los casos expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales
y el de las descentralizadas. […]».
De acuerdo con lo anterior, es claro que la prohibición constitucional de percibir
doble asignación proveniente del erario, impide que dos o más emolumentos
tengan como fuente u origen el ejercicio de empleos o cargos públicos. En este
sentido, la norma comprende dos prohibiciones: i) desempeñar dos empleos
de forma simultánea y ii) recibir más de una asignación del tesoro público.
Por otro lado el artículo 128 Constitucional fue desarrollado por el artículo 19
de la Ley 4ª de 19926, así:
«[…] Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un
empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro
público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria
el Estado.
Exceptúense las siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la Rama Legislativa.
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o
policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón
de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]».
Acorde con el precepto en cita, solo de manera excepcional se permite percibir
6«Por la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones
sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.»
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de manera simultánea dos emolumentos provenientes de recursos públicos,
sin embargo en este caso no se advierte que estén cobijados por tal salvedad
los servidores adscritos a la Registraduría Nacional del Estado Civil como lo
fue el libelista. En todo caso, en el sub lite se debate una situación que
definitivamente no está contemplada en el supuesto de la norma reseñada,
puesto que, las sumas que el demandante alega haber recibido a título de
indemnización, fueron ordenadas en la sentencia judicial que declaró la
nulidad del acto de retiro, bajo el entendido de que correspondían a la
compensación de salarios y prestaciones dejados de percibir durante el lapso
en el que se determinó la inexistencia de solución de continuidad en la relación
legal y reglamentaria que detentaba con aquella autoridad.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-133 del 1.° de abril de
19937, al estudiar la exequibilidad del citado artículo 19 de la Ley 4ª de 1992,
consideró:
«[…] Este mandato constitucional (el contenido en el artículo 128 de la
Constitución Política) consagra una incompatibilidad que consiste en la
prohibición de desempeñar simultáneamente dos o más cargos públicos y de
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas
o instituciones en que tenga parte principal el Estado, además de autorizar a
la ley para fijar los casos en que no opera dicha prohibición.
Tal incompatibilidad está redactada en los siguientes términos:
[...] Esta disposición apareció por primera vez en la Constitución Política de
1886 cuando el constituyente de esa época prescribió: «Nadie podrá recibir
dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinen
las leyes» (art. 64). Este precepto, como se lee en los antecedentes
legislativos obedeció al deseo del constituyente de evitar posibles abusos por
parte de los empleados públicos, al permitírseles la acumulación de cargos y
por ende de sueldos.
Como se puede apreciar, en la Constitución de 1991 se conserva el precepto
antes vigente en su integridad, agregándole la prohibición que tiene toda
persona de desempeñar mas (sic) de un cargo público, y adecuando su texto
a la nueva normatividad, al extenderse la definición de tesoro público, también
al patrimonio correspondiente a las entidades descentralizadas. […]»
Bajo dicho entendido, se reitera que incluso por vía jurisprudencial está
avalada la prohibición de percibir más de dos asignaciones por cualquier
concepto que provengan del erario, (dos empleos públicos en forma
simultánea o pensión de jubilación –proveniente de entidades de previsión del
Estado- y sueldo), ello sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley.
Ahora bien, al efectuarse el análisis del vocablo «asignación», se observa que
el Diccionario de la Real Academia Española8, lo define como:
«1. f. Acción y efecto de asignar.
2. f. Cantidad señalada por sueldo o por otro concepto.
3. f. Der. En el supuesto de pluralidad de deudas, imputación de pago a
una de ellas.
7
Referencia: Expediente D-153.
8 http://dle.rae.es/?id=3zj6xzB.
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4. f.P. Rico. deber (‖ ejercicio que se encarga al alumno).» (Subrayas fuera
de texto).
De esta forma, en el sub examine el citado término debe entenderse como el
monto percibido a título de sueldo o por cualquier otro concepto relacionado.
A su turno, la Corte Constitucional en la citada sentencia C-133 del 1.° de abril
de 1993, definió el alcance de dicha expresión como:
«[…]
El término "asignación" comprende toda clase de remuneración que
emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional,
etc. Siendo así, bien podía el legislador ordinario establecer dicha
incompatibilidad dentro de la citada Ley 4a. de 1992, sin contrariar mandato
constitucional alguno. Aún en el remoto caso de que se hubiere concluido que
el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los funcionarios públicos
debía ser regulado por medio de ley ordinaria, el artículo 19, objeto de
acusación, tampoco sería inconstitucional, por cuanto el legislador estaba
perfectamente facultado para hacerlo. […]» (Resalta la Subsección).
Colofón de lo anterior, dentro de este precepto prohibitivo ha de entenderse
no solo la percepción de más de un salario proveniente de varios empleos
públicos, sino la de otras remuneraciones que tengan la misma fuente, tales
como las pensiones y todo tipo de haberes, emolumentos y prestaciones
financiados con recursos públicos.
Bajo este entendido, la subsección analizará si tal y como lo expuso el a quo
en la sentencia recurrida, los rubros reconocidos al demandante como
consecuencia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que
ordenó su reintegro sin solución de continuidad al servicio de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, son incompatibles con la pensión de jubilación que
percibió durante el período de desvinculación.
Incompatibilidad del derecho pensional con el pago de salarios y
prestaciones recibidos por orden judicial
Inicialmente, resulta necesario precisar que los conceptos de pensión y salario
son diferentes. En efecto, el primero goza de una naturaleza prestacional que
tiene como objetivo principal garantizar un ingreso vitalicio para el servidor
que adquiere un estatus jurídico de jubilado, y que por su condición etaria y
de acumulación de tiempo de servicio, lo hace merecedor del retiro con una
remuneración que garantice su subsistencia y la de su familia bajo
características similares a las que tenía cuando laboraba. El segundo, es toda
remuneración ordinaria, habitual y permanente que reciba el trabajador como
contraprestación directa del servicio, conforme lo ha definido la jurisprudencia
de esta Alta Corte9.
Como se indicó anteriormente, la Constitución Política en el artículo 128
instituyó la prohibición de recibir más de una asignación proveniente de varios
empleos públicos y de otras remuneraciones que tengan la misma fuente,
situación que configura la incompatibilidad de salarios y pensiones reconocida
pacíficamente en el ordenamiento jurídico.
9
Ver, entre otras, la Sentencia del 9 de febrero de 2017. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
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Pues bien, con el fin de verificar la configuración o no del referido precepto en
el presente caso, resulta indispensable acudir al acervo probatorio practicado
en la actuación, conforme al cual se extraen los siguientes hechos
demostrados:
Conforme a la Resolución PAP 021850 del 26 de octubre de 2010, se advierte
que la extinta Caja Nacional de Previsión Social reconoció a favor del señor Isnardo
Niño López una pensión de jubilación en cuantía de $1.099.567 efectiva desde el
1.° de enero de 2009, pero condicionada en cuanto a su disfrute a la acreditación
del retiro definitivo del servicio. (Folios 4 a 8, C1).
La Registraduría Nacional del Estado Civil mediante Resolución 010 del 6 de
enero de 2011 retiró del servicio al demandante a partir del 31 de enero de 2011,
quien ocupaba el cargo de registrador municipal 4.35-05 de la Delegación
Departamental de Santander, lo anterior al considerar que se había configurado la
causal de desvinculación contenida en el artículo 25, literal d) del Decreto Ley 2400
de 1968, esto es, por haber accedido al derecho al pago de una pensión de vejez.
(Folios 10 a 12, C1).
Según el Oficio 1607 del 25 de mayo de 2011 emitido por el Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Bucaramanga, resulta claro que mediante sentencia de tutela
a favor del libelista, se ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil que lo
incluyera nuevamente en nómina y expidiera un acto administrativo que dejara sin
efectos la Resolución 010 del 6 de enero de 2011. (Folio 13, C1).
A través de la Resolución 102 del 30 de marzo de 2012, la autoridad
empleadora del señor Niño López determinó que la fecha efectiva de su retiro sería
a partir del 1.° de julio de 2012. (Folios 14 y 15, C1).
El demandante instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra las Resoluciones 010 del 6 de enero de 2011 y 102 del 30 de marzo
de 2012, por medio de las cuales la Registraduría Nacional del Estado Civil lo
había retirado del servicio. Este proceso bajo radicado 68081-3331-011-2011-
00205-00 fue tramitado en primera instancia por el Juzgado Primero Administrativo
de Descongestión de San Gil, quien había denegado dichas pretensiones. Por tal
motivo, el libelista formuló recurso de apelación contra la mentada providencia, la
cual fue revocada en virtud de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Descongestión de Santander el 12 de febrero de 2015, ello en el sentido de
declarar la nulidad de aquellos actos administrativos y ordenar a título de
restablecimiento del derecho reintegrar al señor Isnardo Niño López al servicio de
la referida institución y pagarle «[…] la suma que resulte de la liquidación a que haya
lugar por concepto de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha
en que fue retirado del servicio, hasta la fecha en que se produzca el reintegro efectivo al
cargo. […]». Asimismo, la mentada autoridad judicial declaró lo siguiente: «[…] para
todos los efectos, que no ha existido solución de continuidad en la prestación de los
servicios, entre la fecha de retiro del servicio y la fecha en que se produzca el reintegro al
cargo. […]». (Folios 16 a 28, C1).
La Registraduría Nacional del Estado Civil profirió la Resolución 288 del 31 de
agosto de 2015, a través de la cual se dio cumplimiento al fallo en comento, esto
en el sentido de reintegrar al demandante y ordenar el pago a su favor de la suma
de $124.426.704 por concepto de diferencia de salarios y demás emolumentos
dejados de percibir durante el período comprendido entre el 1.° de julio de 2012 y
el 30 de junio de 2015. (Folios 33 a 41, C1).
De conformidad con la Resolución RDP 015445 del 12 de abril de 2016, la
UGPP determinó que el señor Isnardo Niño López adeuda al Sistema General de
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Pensiones la suma de $58.314.688 por concepto de mesadas pensionales
recibidas durante el período comprendido entre el 1.° de julio de 2012 y el 31 de
julio de 2015 cuando se había materializado su retiro del servicio, pero que
posteriormente fue declarado judicialmente sin solución de continuidad al haberse
ordenado su reintegro a la Registraduría Nacional del Estado Civil junto con el
reconocimiento y pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir. (Folios 46 a
54, C1).
El demandante interpuso recurso de reposición contra el acto precitado el 5 de
mayo de 2016 (folios 58 a 61, C1), el cual fue resuelto negativamente por medio
de la Resolución RDP 021780 del 9 de junio del mismo año, en el sentido de
confirmar la decisión primigenia (folios 81 a 84, idem).
Según la Resolución RDP 015975 del 15 de abril de 2016, el libelista formuló
petición ante la UGPP el 1.° de abril de dicha anualidad con el fin de solicitar la
reliquidación de su pensión de vejez con motivo de su retiro definitivo del servicio.
No obstante, aquella reclamación fue denegada conforme al mentado acto
administrativo bajo el entendido de que el peticionario adeuda a la entidad la suma
de $58.314.178 por concepto de mayor valor de mesadas abonadas, las cuales
hasta tanto no sean reintegradas, hace imposible verificar la procedencia de la
petición de reajuste prestacional. (Folios 65 a 67, C1).
El demandante interpuso recurso de reposición contra el referido acto
administrativo el 5 de mayo de 2016 (Folios 68 a 70, C1), el cual fue resuelto
mediante la Resolución RDP 020733 del 26 de mayo de 2016 que confirmó la
decisión primigenia bajo la misma argumentación (Folios 75 a 77, idem).
En atención a la constancia emitida por el Fondo de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional (FOPEP) el 21 de julio de 2017, se observa que el señor Niño López
percibió mesadas pensionales desde el mes de julio de 2012 hasta el mes de junio
de 2015. (Folios 251 a 252, C1).
Conforme a la Resolución 0304 del 21 de septiembre de 2015, se verifica que
el libelista presentó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, renuncia al
cargo de registrador municipal 4035-05, la cual fue aceptada con efectividad desde
el 1.° de octubre de 2015. (Folios 273 a 274, C1).
Al respecto es necesario indicar que, una vez analizadas las especificidades
de este caso particular, se advierte que el reconocimiento de la pensión de
jubilación a favor del señor Isnardo Niño López obedeció al hecho de que este
había acreditado el cumplimiento de los requisitos normativos para consolidar
el estatus jurídico como pensionado desde el 1.° de enero de 2009, tal como
se observa de la motivación de la Resolución PAP 021850 del 26 de octubre
de 2010. No obstante, este mismo acto indicó expresamente que el goce
efectivo de la prestación estaría condicionado a la demostración del retiro
definitivo del servicio.
En efecto, inicialmente el demandante fue separado del servicio oficial desde
el 31 de enero de 2011 de conformidad con la Resolución 010 del 6 de enero
de dicha anualidad. Empero, debido a la interposición de una acción de tutela
y en razón del respectivo fallo adoptado por el Juzgado Tercero Penal del
Circuito de Bucaramanga, se ordenó suspender los efectos de esta decisión
administrativa. Aun así, lo cierto es que la Registraduría Nacional del Estado
Civil profirió la Resolución 102 del 30 de marzo de 2012, con la que determinó
finalmente la desvinculación del libelista a partir del 1.° de julio de 2012.
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Debido a la consolidación de esta situación jurídica y conforme a la constancia
emitida por FOPEP el 21 de julio de 2017, es claro que el señor Niño López
al haber demostrado el retiro del servicio, tuvo derecho en atención a la misma
Resolución PAP 021850 del 26 de octubre de 2010, a que la UGPP le pagara
la aludida pensión de jubilación desde el mismo 1.° de julio de 2012.
El abono de esta prestación efectivamente se concretó a partir de aquella
data, sin embargo, ello tuvo lugar hasta el 30 de junio de 2015, pues desde el
día siguiente, el libelista fue reintegrado a la Registraduría Nacional del Estado
Civil por mandato de la Resolución 185 del 16 de junio de 2015, la cual se
expidió en cumplimiento del fallo judicial adoptado por el Tribunal
Administrativo de Descongestión de Santander el 12 de febrero de 2015 en el
proceso con radicado 2011-00205, providencia que además de ordenar la
reincorporación de aquel sin solución de continuidad, conminó a la entidad
empleadora a reconocer los salarios y prestaciones dejados de percibir a lo
largo del lapso de separación del cargo que ocupaba al interior de la
institución.
Por lo tanto, al haberse reintegrado el señor Niño López mediante orden
judicial con el consecuente pago de salarios y prestaciones por el mismo
tiempo que duró la supuesta desvinculación, debe entenderse bajo una ficción
legal propia de la anulación de los actos administrativos que, se retrotrajo a
su estado inicial la situación jurídica creada con el retiro. Ello al punto de que
durante dicho período, el demandante además de ostentar el estatus de
pensionado y recibir las correspondientes mesadas, también habría detentado
la calidad de funcionario público en servicio, esto es, con derecho al pago de
las acreencias laborales derivadas de la relación legal y reglamentaria que
jurídicamente se entendió sin solución de continuidad.
Pues bien, lo anterior contraviene abiertamente la finalidad y causa de la
prohibición constitucional prevista en el artículo 128 superior, pues acorde con
la intelección esbozada previamente, en el presente caso se consolida una
incompatibilidad entre las sumas de dinero que el libelista recibió como pago
de emolumentos dejados de devengar entre el 1.° de julio de 2012 y el 30 de
junio de 2015, y las mesadas que por concepto de pensión de jubilación, aquel
percibió durante ese mismo interregno.
En todo caso, también es necesario tener en cuenta que si eventualmente se
acogieran las pretensiones de la demanda, la sentencia confrontaría
directamente la norma constitucional al convalidar que el señor Niño López a
lo largo de un solo lapso pudiese percibir sueldo y pensión de vejez, pero ello,
no por encontrarse en alguno de los supuestos excepcionales de la Ley 4.ª de
1992 que habilita lo propio, sino en razón de una causa común que sería la
vigencia de un único vínculo legal y reglamentario con el Estado, cuya
consecuencia real es la retribución del servicio a través del salario y no el pago
de la prestación destinada a contener el riesgo del retiro de la institución.
Acerca de estas consideraciones que se comparten con las del a quo, la parte
apelante en su recurso manifestó que lo inobservado es que la orden de
restablecimiento del derecho en la sentencia que previó su reingreso a la
Registraduría Nacional del Estado Civil y el pago de salarios, fue concebida
como una indemnización por el daño causado y no propiamente como un pago
de los haberes adeudados en virtud del vínculo legal y reglamentario con dicha
autoridad, al punto de que no podría entenderse que aquel estuvo en servicio
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para el período comprendido entre el 1.° de julio de 2012 y el 30 de junio de
2015, cuando efectivamente estaba separado de su cargo.
Pues bien, sobre este punto la Subsección estima que tal argumentación no
tiene vocación de prosperidad por diferir de la verdadera intelección de una
orden como la impartida en su momento por el Tribunal Administrativo de
Descongestión de Santander. Al respecto, se recuerda que, en el marco de
un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la esencia de
este es desvirtuar la legalidad de un acto administrativo a fin de ser retirado
del tránsito jurídico, esto es, que sea eliminado y que por consiguiente se
realicen todas las acciones tendientes a retrotraer a su estado original la
situación jurídica que se había creado, modificado o extinguido por medio de
este, es decir, como si nunca se hubiese expedido.
Tal contexto relacionado con la finalidad del aludido medio de control, implica
que particularmente en este caso, el hecho de que la decisión del referido juez
plural se hubiese concretado en reintegrar al demandante y específicamente
en condenar a la entidad demandada, (como lo era la Registraduría Nacional
del Estado Civil en la actuación judicial aludida), a efectuar el pago de salarios
y prestaciones adeudadas por el tiempo que aquel estuvo desvinculado,
quiere decir que el fin del fallo judicial buscaba retornar la situación a su estado
primigenio, es decir, devolverle la calidad de funcionario en servicio de aquella
entidad, y por consiguiente, efectuarle el pago de la remuneración a que tenía
derecho por esa condición.
Aunado a lo anterior, es destacable que la postura de esta Subsección para
casos similares al presente, fue reiterada particularmente, entre otras, en
sentencia del 9 de mayo de 201910, donde se expuso con claridad la
imposibilidad de percibir el pago de los dos conceptos en litigio. Sobre el punto
se señaló lo siguiente en el referido proveído:
«[…] Bajo dicho entendido, en el sub iudice es claro que existe
incompatibilidad constitucional de percibir más de una erogación del erario
público, pues es claro que ser beneficiario de salarios y prestaciones dejadas
de percibir durante el tiempo en que se estuvo desvinculado del servicio con
ocasión de una sentencia judicial, no constituye una excepción a dicha
prohibición constitucional, toda vez que el aquí demandante percibió dos
veces los mencionados emolumentos y durante el mismo periodo. […]»
Asimismo, en sentencia del 19 de julio de 201811, la Subsección B de esta Alta
Corte indicó en un caso relacionado con una asignación de retiro (que para
estos efectos se asimila a una pensión de jubilación), que:
«[…] Además, es necesario tener en cuenta que al concretarse el reintegro
se restableció la condición inicial del demandante, es decir, la que ostentaba
antes del acto de retiro. En consecuencia, la declaración de nulidad del acto
administrativo retrotrajo las cosas a su estado anterior, máxime cuando el
reintegro se dispuso sin solución de continuidad, de manera que se tiene
como si el actor nunca se hubiera separado del servicio, razón por la cual las
sumas que recibió por concepto restablecimiento del derecho y las que
percibió por asignación de retiro devienen en incompatibles.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 9 de mayo de 2019. Radicado: 52001233300020130012401 (1241-2014).
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 19 de julio de 2018. Radicado: 52001-2331-000-2012-00174-01 (1869-2017).
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Así, en este caso se observa que el demandante obtuvo en sede judicial la
anulación del acto que lo retiró del servicio y el reconocimiento de pago de
salarios y prestaciones. Así, a manera de restablecimiento le fueron
reconocidos de forma retroactiva los emolumentos y prestaciones dejadas de
percibir y el reintegro efectivo al servicio sin solución de continuidad, de donde
se tiene la situación se retrotrajo hasta antes de la expedición de la decisión,
como si ella no hubiere existido, de forma tal que el tiempo que estuvo
desvinculado se le tuvo como efectivamente prestado para todos los efectos,
incluso para computar el tiempo necesario para el reconocimiento y
determinación de una cuantía superior de su asignación de retiro. […]».
Bajo dicho entendido, en el sub iudice es claro que existe incompatibilidad
constitucional de percibir más de una erogación del erario, pues resulta
evidente que el hecho de que el demandante sea titular de salarios y
prestaciones dejadas de percibir durante el tiempo en que estuvo
desvinculado del servicio, aun con ocasión de una sentencia judicial, no
constituye una excepción a dicha prohibición. Lo expuesto cobra sentido toda
vez que bajo ese entendido, el demandante finalmente devengó aquellos
conceptos remunerativos por cuanto jurídicamente nunca existió una
interrupción en la relación legal y reglamentaria que sostenía con la
Registraduría Nacional del Estado Civil, al punto de que mientras esta se
mantuviera, el goce efectivo del derecho a la pensión que había adquirido,
continuaba condicionado al retiro definitivo del servicio.
De hecho, al margen de que el libelista hubiese percibido material y
efectivamente las mesadas pensionales por un tiempo determinado, lo cierto
es que por mandato expreso del artículo 128 constitucional, una reactivación
de la condición prevista para la materialización de una prerrogativa como la
prestación bajo estudio, conlleva necesariamente la suspensión nuevamente
de los efectos de la decisión de reconocimiento y la devolución de las sumas
abonadas bajo un supuesto que jurídicamente nunca existió, tal como en este
caso fue la supuesta desvinculación del señor Niño López entre el 1.° de julio
de 2012 y el 30 de junio de 2015.
De la determinación como deudor del demandante y las
consecuencias en punto a la reliquidación de la prestación
Debido a la respuesta negativa del primer interrogante que conforma el
presente problema jurídico, la Sala considera pertinente absolver el segundo
cuestionamiento plantado de la siguiente manera:
¿el demandante adeuda a la UGPP los pagos efectuados a título de mesadas
pensionales durante el mentado período, y por lo tanto, la entidad demandada
se encontraba habilitada para denegar la reliquidación de la pensión de
jubilación del libelista, solicitada con fundamento en su retiro definitivo del
servicio?
Sobre el punto basta reiterar que: debido a la incompatibilidad demostrada
entre el pago recibido por el libelista como compensación de acreencias
remunerativas no devengadas, y las mesadas pensionales reconocidas a
pesar de la ausencia de consolidación jurídica de una verdadera situación de
desvinculación laboral, efectivamente el señor Isnardo Niño Rico habría
recibido un pago de lo no debido cuya consecuencia ante su consolidación,
es necesariamente la restitución de lo abonado.
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En este caso, la UGPP reconoció a favor del demandante sendas mesadas
por concepto de pensión de jubilación entre los meses de julio de 2012 y junio
de 2015, tal como se reporta en la constancia emitida por FOPEP el 21 de
julio de 2017 (folios 251 a 252, C1). Ahora, dicha autoridad al advertir que por
ese mismo interregno le fue pagado al reclamante un monto equivalente a los
salarios y prestaciones de las que es titular ante la declaratoria de ilegalidad
de la desvinculación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, estimó que
se configuraba la prohibición constitucional de percibir doble asignación del
tesoro público, y por consiguiente era viable realizar el cobro directo de los
valores girados sin respaldo legal, debido a la reactivación retroactiva de la
condición prevista para el goce efectivo de la prerrogativa otorgada.
Pues bien, tal como se ha precisado a lo largo de estas consideraciones, en
virtud de la orden de reintegro sin solución de continuidad con reconocimiento
de haberes laborales adeudados, es dable predicar la configuración de la
prohibición constitucional del artículo 128 de la Constitución Política, ello
cuando durante el tiempo de desvinculación laboral que resulta enervado por
vía judicial, el servidor también percibió otra asignación del tesoro público
como lo es una pensión de jubilación derivada del servicio prestado en el
sector público.
En tal sentido, el hecho de que se consolide esta situación, necesariamente
hace indispensable que, la autoridad administrativa que hubiese abonado
montos causados legalmente en su momento, pero cuyo fundamento jurídico
para su reconocimiento haya desaparecido por una razón ajustada a derecho,
como resulta ser una decisión judicial que retrotrae los efectos de la condición
que había generado el derecho económico, adelante las actuaciones
administrativas correspondientes para obtener el reembolso de tales valores.
Lo anterior conlleva, entre otras medidas, la determinación como deudor del
administrado que haya recibido el dinero bajo un sustento jurídico que se
disuelve con posterioridad, esto a fin de que en virtud de las facultades de
cobro persuasivo y coactivo de las entidades públicas, conforme a las
previsiones del CPACA y de la Ley 1066 de 2006, puedan recuperarse los
recursos del erario que son esenciales para la materialización de los principios
de estabilidad financiera del Estado y de la prevalencia del interés general
frente al particular.
Conforme a lo desarrollado previamente, la Sala advierte que, en efecto, el
señor Isnardo Niño López adeuda a la UGPP los pagos efectuados a título de
mesadas pensionales durante el período comprendido entre el 1.º de julio de
2012 y el 30 de junio de 2015, tal como lo previó aquella entidad mediante las
Resoluciones RDP 015445 del 12 de abril de 2016 y 021780 del 9 de junio del
mismo año.
Ahora bien, así como lo consideró el a quo, no es viable acceder en este
escenario judicial a la pretensión de la demanda de reconvención tendiente a
declarar al demandante como deudor de la entidad y ordenar mediante la
sentencia el pago de los referidos montos, toda vez que ello corresponde a un
pedimento de naturaleza ejecutiva que no podía tramitarse mediante esta
misma causa judicial.
Al respecto debe tenerse en cuenta que, los actos administrativos aludidos
constituyen verdaderos títulos ejecutivos que pueden ser objeto de cobro a
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través de los procedimientos persuasivo y coactivo de los que es titular la
UGPP, o bien en vía judicial, por lo que no se requiere ni es dable emitir un
pronunciamiento en tal sentido a través del presente proceso ordinario,
conforme al cual, el marco jurídico de competencia se limita a un control de
legalidad sobre las manifestaciones cuestionadas, no a su ejecutabilidad
material.
Por último, se verifica que la entidad demandada en esta oportunidad ha
reiterado que la calificación como deudor del libelista respecto de las mesadas
pensionales abonadas en vigencia de la prohibición constitucional de percibir
doble asignación del Estado, es un fundamento válido y legal para negar la
solicitud de reliquidación sobre la pensión de jubilación de la que es titular el
señor Niño López.
Empero, al verificar la motivación de las Resoluciones RDP 015975 del 15 de
abril de 2016 y 020733 del 26 de mayo de 2016, se observa con claridad que
el único sustento de la decisión de denegar el reajuste deprecado por el
demandante, es que este le adeuda a la entidad una suma equivalente a
$58.314.688 por concepto de mesadas pensionales reconocidas bajo una
prohibición constitucional. No obstante, lo cierto es que en ningún momento
la autoridad demandada esgrimió algún fundamento jurídico o legal que
respaldara la negativa en comento, pues no se hace mención a una sola
norma en específico o alguna determinación jurisprudencial que impida revisar
el cálculo de un derecho prestacional como la pensión cuando el jubilado sea
deudor de la entidad de previsión.
Acerca de este punto es imperioso precisar que la pensión de vejez concedida
al libelista se fundamentó en la aplicación de la Ley 33 de 1985 y el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, tal como se extrae de la motivación de la Resolución
PAP 21850 del 26 de octubre de 2010 (folios 4 a 8, C1). Por ello, el cálculo de
la prestación en comento se realizó con base en un 75% del promedio de
factores salariales objeto de cotización que aquel hubiese devengado durante
los últimos 10 años anteriores a la adquisición del estatus jurídico respectivo,
comprendido entre el 1.º de enero de 1999 y el 30 de diciembre de 2008, con
efectividad desde el 1.º de enero de 2009.
Sin embargo, en este caso debe tenerse en cuenta que, a pesar de que el
señor Niño López había adquirido la prerrogativa aludida en esta última data,
su goce efectivo fue condicionado a la demostración de su salida oficial. Por
tal motivo, era claro que aquel podía continuar en ejercicio de su cargo en la
Registraduría Nacional del Estado Civil, al menos hasta el cumplimiento de la
edad de retiro forzoso. Pues bien, efectivamente el apelante continuó
vinculado a la mentada institución, inicialmente hasta el 1.º de julio de 2012.
No obstante, debido al pluricitado reintegro que fue ordenado judicialmente,
ello sin solución de continuidad, debe entenderse que este mantuvo la referida
relación legal y reglamentaria hasta el 1.º de octubre de 2015 cuando
finalmente presentó renuncia a la plaza de registrador municipal 4035-05.
Como se aprecia, el libelista realizó aportes a pensión con motivo del mentado
nexo laboral con posterioridad al 1.º de enero de 2009 cuando había
acreditado los requisitos legales para consolidar el derecho en mención, ello
hasta la fecha referida anteriormente, esto es, por más de 6 años continuos.
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En tal sentido, las cotizaciones realizadas durante aquel lapso definitivamente
deben reflejarse en la liquidación de su prestación, pues no es jurídicamente
válido reconocer un concepto como el aludido, condicionado al retiro del
servicio y pagarlo con base en los factores y valores del momento en que se
adquirió el estatus, cuando la condición para su eficacia se cumple con
posterioridad.
Aceptar lo expuesto conlleva una pérdida del valor adquisitivo de la moneda y
afecta el goce real de la pensión al no tener en cuenta los montos aportados
legalmente por un tiempo relevante, pues lo propio busca necesariamente
incrementar el ingreso base de liquidación, o por lo menos ajustarlo a la
realidad del momento en que se retira el funcionario para disfrutar
materialmente de su derecho cuyo fin es precisamente cubrir la contingencia
de su desvinculación laboral.
De este modo, denegar el reajuste por retiro definitivo del servicio de una
prerrogativa como la otorgada al libelista sin mayor justificación que la
existencia de una deuda de este con la entidad de previsión encargada de la
prestación, se traduce en una verdadera falsa motivación del acto que
contiene dicha decisión, toda vez que esta no obedece al contexto fáctico y
jurídico del caso del reclamante, en el entendido de que el hecho de ser
deudor y los efectos de esa situación, son totalmente independientes respecto
de la calidad de pensionado, al punto de que no pueden ser condicionantes
uno del otro, pues no existe fundamento normativo ni jurisprudencial que avale
esa tesis.
Incluso, debe tenerse en cuenta que el goce pleno, efectivo, completo y
actualizado de la pensión, constituye uno de los elementos esenciales del
derecho fundamental a la seguridad social, por lo que limitarlo
injustificadamente y por causas totalmente ajenas a los requisitos y
características propias del pensionado para adquirir la prestación, o para que
esta sea ajustada a los postulados básicos de liquidación, genera una
afectación directa a la mentada garantía constitucional y por lo tanto no puede
ser avalada judicialmente en esta oportunidad.
En conclusión: las sumas que percibió el señor Isnardo Niño López por
concepto de pensión de jubilación durante el tiempo en que estuvo apartado
del servicio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, son incompatibles
con el pago de salarios y demás prestaciones que recibió como
restablecimiento del derecho por la nulidad de la decisión de desvinculación
de dicha entidad (declarada por sentencia judicial).
Por tal motivo, la determinación de aquel como deudor de la UGPP y la orden
de reembolso de las mesadas abonadas sin justificación legal posterior,
conforme a las Resoluciones RDP 015445 del 12 de abril de 2016 y 021780
del 9 de junio del mismo año, son ajustadas a derecho y a la prohibición
constitucional prevista en el artículo 128 Superior.
No obstante, lo cierto es que aquella condición de deudor, de ninguna manera
es justificación legal ni jurisprudencial para negar la reliquidación de la pensión
de vejez reconocida a favor del demandante, toda vez que lo propio afecta el
goce efectivo y completo de una prestación como la aludida, lo cual se traduce
en una vulneración directa del derecho fundamental a la seguridad social.
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Decisión de segunda instancia
Según lo expuesto, se impone confirmar la sentencia proferida el 26 de marzo
de 2021 por el Tribunal Administrativo Santander, la cual accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, ello habida cuenta de que no prosperan los
argumentos de los recursos de apelación formulados por ambas partes.
De la condena en costas de segunda instancia
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201612, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP13, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público14.
Ahora, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará
en costas a las partes, en la medida que a pesar de haber resultado vencidas
12 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
13 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
14 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
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en esta oportunidad, conforme el numeral 8.º del artículo 365 del CGP no es
posible la comprobación de dicha carga, en tanto no hubo intervención de
ambos extremos en segunda instancia ante la ausencia de un período
probatorio y el consecuente traslado de alegatos de conclusión según lo
previsto en el artículo 247, numeral 5.° del CPACA (modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021), tal como se indica en la constancia secretarial
visible en el folio 324 del cuaderno 1.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 26 de marzo de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Santander que accedió parcialmente las
pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Isnardo
Niño López contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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