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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2013-00193-01

Sustitución pensional: pensión de jubilación

Fecha
12 de julio de 2018
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2013-00193-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Confirmar la sentencia del 18 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño que denegó las pretensiones de la demanda. Sin condena en costas. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2013-00193-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

12 de julio de 2018

SUSTITUCIÓN PENSIONAL – Pensión de jubilación / SUSTITUCIÓN PENSIÓN DE JUBILACIÓN – Cónyuge supérstite / CÓNYUGE SUPÉRSTITE – Divorcio en dos ocasiones / CÓNYUGE SUPÉRSTITE – No demostró los demostrar el tiempo de convivencia de 5 años exigido en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiaria de la sustitución pensional / TESTIMONIOS - Dejan serias dudas respecto del conocimiento que tenían de su relación con el pensionado / CONVIVENCIA COMO COMPAÑERA PERMANENTE O CÓNYUGE – No demostrada ni probada

[L]a Sala concluye que no se desvirtuó la legalidad de los actos acusados que negaron la prestación reclamada por la señora Gómez Ibarra, los cuales se motivaron precisamente en que esta no acreditó el requisito de convivencia mínima de 5 años con anterioridad a la fecha de muerte del pensionado. Debe recordarse que el criterio material de convivencia, es reconocido como uno de los factores determinantes por el legislador para tener derecho a la sustitución pensional por cuanto, se reitera, el objetivo que persigue la pensión de sobrevivientes es garantizarle a la cónyuge o a la compañera supérstite los recursos necesarios para mantener un nivel de vida similar al que tenía antes de la muerte del pensionado. Por tal razón, al momento de decidir acerca de una solicitud de sustitución pensional debe estudiarse la situación real de vida en común de dos personas. En ese orden, al no existir certeza de la convivencia mínima de 5 años entre la demandante y el causante, anteriores a la muerte de este, como lo exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para acceder al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, no procede el reconocimiento pretendido. En conclusión, la señora Irma Yolanda Gómez Ibarra no demostró que tuviera derecho a la sustitución de la pensión reclamada, por cuanto no logró acreditar la alegada convivencia en calidad de compañera permanente ni como cónyuge.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTICULO 47

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUB SECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 52001-23-33-000-2013-00193-01(1395-15)

Actor: IRMA YOLANDA GÓMEZ IBARRA

Demandado: DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Decide la sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño que denegó las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

La demanda
Pretensiones

La señora Irma Yolanda Gómez Ibarra, por conducto de apoderado y en ejercicio del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho, demandó la nulidad de las Resoluciones 422 del 12 de julio, 547 del 14 de agosto y 1240 del 17 de septiembre de 2012, expedidas por la Secretaría de Hacienda del departamento de Nariño, las dos primeras, y por el gobernador del departamento de Nariño, la última, por las cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, por el fallecimiento de su compañero permanente, señor Gonzalo Santamaría Torres, pensionado del departamento de Nariño; junto con el retroactivo correspondiente por concepto de las mesadas pensionales adeudadas, debidamente indexadas; y
los intereses comerciales y moratorios hasta que se dé cabal cumplimiento a la sentencia.

Hechos

Los hechos que fundamentan las pretensiones pueden resumirse así:

El Fondo Prestacional del departamento de Nariño mediante Resolución 0598 del 4 de julio de 1983 reconoció pensión de jubilación al señor Gonzalo Santamaría Torres.

La señora Irma Yolanda Gómez Ibarra convivió con el señor Gonzalo Santamaría Torres desde 1981; posteriormente, el 1 de julio de 1987 decidieron casarse; en el año 2001, después de 16 años de matrimonio, resolvieron divorciarse.

Pese al divorcio, después de unos meses de separación decidieron seguir conviviendo y en el año 2005 resolvieron nuevamente contraer nupcias.

Posteriormente, en el año 2006 se divorciaron nuevamente. Sin embargo, siguieron conviviendo hasta el 24 de abril de 2008, día en que el señor Santamaría Torres murió.

Por considerar que reúne los requisitos legales, la señora Irma Yolanda Gómez Ibarra solicitó el 21 de marzo de 2012 ante la Gobernación de Nariño, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su compañero. Dicha petición fue negada por la entidad mediante los actos acusados, bajo la interpretación errada que ha hecho sobre la vida marital de la pareja, desconociendo que convivió con el señor Santamaría Torres desde el año de 1981 hasta el 24 de abril de 2008, fecha en que ocurrió su fallecimiento.

Normas violadas y concepto de la violación

Citó como normas violadas los artículos 1, 2, 29, 42 y 53 de la Constitución Política y 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.

Dijo que la administración, con la expedición de los actos demandados, vulnera su derecho a la igualdad, en tanto desconoce el tiempo que ella convivió con el señor Gonzalo Santamaría Torres, pues a pesar de haber vivido en unión marital de hecho, tiene el derecho a que se le reconozca la pensión solicitada, pues debe dársele el mismo trato que a aquellas personas que se han unido por vínculo matrimonial.

Agregó que la administración departamental con su decisión desconoce la protección de rango constitucional que se le ha dado a la familia, pues al no reconocer su derecho la está dejando en situación de desprotección; y que se le está vulnerando el derecho al debido proceso al desconocer un derecho adquirido, de conformidad a las previsiones de la Ley 100 de 1993.

Señaló que con los actos demandados vulneran su derecho a la seguridad social, pues pese a cumplir con todos los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, estos no son tenidos en cuenta por la mala interpretación táctica que se hace por parte de la demandada, la cual solo valora los dos matrimonios que la señora Gómez Ibarra tuvo con el señor Gonzalo Santamaría Torres dejando de lado todos los años de convivencia que tuvo con su pareja.

Contestación de la demanda

El departamento de Nariño se opuso a las pretensiones de la demanda.

Dijo que los documentos del señor Gonzalo Santamaría Torres que reposan en la entidad, demuestran que la señora Irma Yolanda Gómez Ibarra recibía por parte del precitado señor cuota alimentaria que fue fijada en la sentencia de divorcio proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Pasto. En este sentido, cuestiona por qué si hubo convivencia entre ellos, no se eliminó la mencionada cuota alimentaria.

Agregó que la misma demandante en el escrito de solicitud de reconocimiento de pensión solicitó que se diera aplicación a la sentencia de 29 de noviembre de 2011 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que se estableció que el cónyuge supérstite tiene derecho a la pensión de sobrevivientes así no haya vivido con el causante, lo cual evidencia que la demandante no convivió con el señor Gonzalo Santamaría Torres.

Advirtió que las pruebas aportadas son completamente contradictorias con las afirmaciones de la demandante y por esta razón no se les puede dar credibilidad, para efectos de reconocer la pensión que ella reclama.

Expresó que con la demanda de divorcio que interpuso el señor Gonzalo Santamaría Torres en contra de la señora Irma Yolanda Gómez Ibarra se demuestra que esta no convivía con él, pues en el hecho tercero de dicho libelo se menciona que la señora Gómez Ibarra «bajo diferentes pretextos se ha negado a convivir bajo el mismo techo con su esposo legítimo».

Manifestó que se debe tener en cuenta que la apoderada de la señora Irma Yolanda Gómez Ibarra frente a este hecho contestó que es parcialmente cierto, pues sostuvo que ella «no se negó a vivir con su esposo, sino que él manifestó que iba a conseguir donde ellos puedan vivir, pero nunca definió sitio para fijar su residencia; además (...) quiso que mi mandante no saliera de la casa ni tuviera comunicación con persona diferente a él y de su hijo a quien quería llevar a vivir con ellos para que mi representada los atendiera y sirviera, lo que conllevó a que mi mandante se NEGARA A CONVIVIR CON EL DEMANDADO».
Concluyó que de conformidad con las pruebas presentadas por la demandante, se establece que ella no cumple los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de sobreviviente, por cuanto no se demostró el requisito de convivencia.

Propuso las excepciones de prescripción de las mesadas pensionales solicitadas por la demandante y la innominada.

La sentencia

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 18 de noviembre de 2014, denegó las pretensiones de la demanda.

De las pruebas obrantes en el plenario, el a quo estableció que si bien la señora Irma Yolanda Gómez Ibarra hizo vida marital con el señor Gonzalo Santamaría Torres, tal convivencia no resulta suficiente para acceder al derecho a percibir la sustitución pensional, toda vez que no se encuentra demostrado el requisito mínimo de convivencia de 5 años continuos con anterioridad a la muerte del pensionado.

Advirtió que en el escrito del 30 de agosto de 2006, por medio del cual se dio contestación a la demanda de divorcio propuesta por el señor Gonzalo Santamaría Torres en contra de la señora Irma Yolanda Gómez Ibarra, claramente se manifiesta que esta se negó a convivir con el demandante, circunstancia que constituye un indicio importante, mediante el cual se determina que la convivencia alegada por la actora, con anterioridad y continuidad de 5 años atrás a la muerte del pensionado, no se encuentra plenamente demostrada.

Explicó que si la muerte del señor Santamaría Torres ocurrió el día 24 de abril del 2008, los 5 años de convivencia continua con anterioridad a esta fecha debieron empezar a contarse mínimo desde el mes de abril del año 2003. Sin embargo, el proceso del segundo divorcio entre el matrimonio Santamaría Gómez se inició en el mes de julio del año 2006, fecha que se encuentra dentro de los 5 años de convivencia exigidos por la norma; que además, la manifestación de no convivencia que realizó la señora Gómez Ibarra en la contestación de la demanda de divorcio fue en el mes de agosto del año 2006, motivo por el cual se concluye que durante los 5 años en mención la convivencia de la pareja no fue continua.

Consideró que a pesar de las manifestaciones de las testigos, quienes sostuvieron que la señora Irma Yolanda Gómez Ibarra convivió con el señor Gonzalo Santamaría Torres por un periodo superior a 5 años antes del fallecimiento del precitado señor, debe tenerse en cuenta que aquellas incurrieron en contradicciones que causan dudas respecto a la veracidad de sus declaraciones.

Precisó que la discusión no se centra en la convivencia que se manifiesta tuvo la señora Irma Yolanda Gómez Ibarra con el señor Gonzalo Santamaría Torres, sino lo que está en discusión es el tiempo de convivencia continua que se dice haber tenido la pareja dentro de los 5 años anteriores a la muerte del señor Santamaría Torres, puesto que no hay certeza de la fecha en que se inició, en el entendido de que la pareja se casó y se divorció en dos oportunidades, registrando el primer divorcio en el mes de agosto de 2002 y el segundo en el mes de octubre de 2006.

El recurso de apelación

El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación que sustentó en extenso escrito del cual puede extractarse lo siguiente:

Alegó que está demostrado que la realidad fáctica en el caso concreto fue desconocida por la Secretaría de Hacienda del departamento de Nariño, por cuanto se interpretó de forma errada y amañada la historia familiar y la vida marital de la pareja Santamaría Gómez, basándose solamente en los matrimonios que tuvieron, pero desconociendo que pese a casarse dos veces, en conclusión vivieron juntos en calidad de compañeros permanentes haciendo vida marital desde 1981 hasta el 24 de abril del año 2008 fecha en que falleció el señor Gonzalo Santamaría Torres.

Afirmó que la unión de Irma Yolanda Gómez y Gonzalo Santamaría Torres duró veintisiete años de apoyo mutuo, de vida en común, siendo clara la real convivencia y comunidad familiar que sostuvieron desde 1981 con dos matrimonios, constituyendo su núcleo familiar, el cual es sustentado y protegido por la Constitución.

Reiteró que la Gobernación de Nariño desconoció el derecho a la pensión de sobrevivientes de Irma Yolanda Gómez, en calidad de compañera permanente de Gonzalo Santamaría Torres, interpretando la realidad fáctica a su antojo.

Explicó que el propósito perseguido por la Ley 100 de 1993 al establecer la pensión de sobrevivientes fue ofrecer un marco de protección a los familiares del afiliado o del pensionado que fallece, frente a las contingencias económicas derivadas de su muerte, pero en este caso se está actuando en contravía de esta norma y en contra de los derechos de la señora Irma Yolanda Gómez, en su calidad de esposa y compañera del fallecido.

Reprochó que el departamento de Nariño hiciera caso omiso a las declaraciones extrajuicio rendidas por las señoras Emma Graciela Santamaría Cárdenas y Liliana Viveros Santamaría, hija y nieta, respectivamente, de Gonzalo Santamaría Torres, quienes manifestaron en declaración juramentada que les consta la unión por más de 27 años de Gonzalo Santamaría con Irma Yolanda Gómez y la reconocen como su compañera y única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por haber estado con él hasta el día de su muerte.

Finalmente, expresó que de manera insólita el tribunal argumenta que no está demostrada la convivencia de Gonzalo Santamaría Torres e Irma Yolanda Gómez durante cinco años continuos anteriores a la fecha del fallecimiento de aquel, pese a lo declarado por su propia hija Emma Santamaría, quien fue testigo del matrimonio y la vida marital de estos.

Alegatos de conclusión

Las partes, dentro del término concedido para presentar alegatos, guardaron silencio.

El Ministerio Público

No rindió concepto.

Consideraciones

Problema jurídico

De acuerdo con lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Por consiguiente, el problema jurídico en esta instancia se contrae a determinar si la demandante Irma Yolanda Gómez Ibarra, acreditó el requisito de tiempo de convivencia requerido con el señor Gonzalo Santamaría Torres para ser beneficiaria de la sustitución de la pensión que devengaba este.

Marco normativo y jurisprudencial

Por la fecha de fallecimiento del señor Gonzalo Santamaría Torres, 24 de abril de 2008, las normas que regulan la sustitución pensional son las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

La Ley 100 de 1993 regula en sus artículos 46 y 47 la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional, con el objeto garantizar la seguridad económica de los familiares del causante que encontrándose pensionado o afiliado al sistema y sin haber logrado el estatus pensional falleció. Se trata de una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.

El artículo 47 de la Ley 100, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 dispone:

Artículo 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
c) <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente.

Artículo 48. Monto de la pensión de sobrevivientes. El monto mensual de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquel disfrutaba.

El monto mensual de la Pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación.

En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente Ley.

No obstante lo previsto en este artículo, los afiliados podrán optar por una pensión de sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del ISS, vigente con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley equivalente al 65% del ingreso base de liquidación, siempre que se cumplan las mismas condiciones establecidas por dicho instituto.

De acuerdo con la anterior disposición, el cónyuge y la compañera o compañero supérstite son beneficiarios de la sustitución pensional cuando al momento de fallecimiento del causante: a) tenga al menos 30 años de edad; b) logre demostrar que estuvo haciendo vida marital con él hasta su muerte; y, finalmente c) que convivió con él no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.

Respecto del tiempo de convivencia con el causante, cuando el beneficiario del pensionado sea su cónyuge o compañero (a) permanente, la Corte Constitucional en sentencia C-1094 del 19 de noviembre de 2003 advirtió:

2.5. Constitucionalidad del artículo 13 de la Ley 797

Los literales a) y b) del artículo 13 en referencia consagran las condiciones para que el cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite sea beneficiario de la pensión de sobrevivientes. De ellas, los accionantes impugnan tres aspectos en particular: i) el requisito de convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos con anterioridad a su muerte; ii) el reconocimiento en forma vitalicia o en forma temporal del derecho a la pensión de sobrevivientes, en consideración a la edad del cónyuge o compañero supérstite; y iii) el reconocimiento en forma vitalicia o en forma temporal del derecho a la pensión de sobrevivientes, en consideración al hecho de haber tenido hijos o no con el causante.

Como se indicó, el legislador, de acuerdo con el ordenamiento constitucional, dispone de una amplia libertad de configuración frente a la pensión de sobrevivientes. Además, según lo tiene establecido esta Corporación, el señalamiento de exigencias de índole personal o temporal para que el cónyuge o compañero permanente del causante tengan acceso a la pensión de sobrevivientes “constituye una garantía de legitimidad y justicia en el otorgamiento de dicha prestación que favorece a los demás miembros del grupo familiar.

En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la norma persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del sistema. En primer lugar, el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de disposiciones lo que se pretende es evitar las convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes.

Además, según el desarrollo de la institución dado por el Congreso de la República, la pensión de sobrevivientes es asignada, en las condiciones que fija la ley, a diferentes beneficiarios (hijos, padres y hermanos inválidos). Por ello, al establecer este tipo de exigencias frente a la duración de la convivencia, la norma protege a otros posibles beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual está circunscrito dentro del ámbito de competencia del legislador al regular el derecho a la seguridad social. (...).

En ese sentido, quien pretenda acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y que convivió con este no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.

Hechos probados

Al plenario se aportaron los siguientes documentos:

Copia de la cédula de ciudadanía del señor Gonzalo Santamaría Torres, que da cuenta de su nacimiento el 10 de enero de 1916.

Copia del Registro Civil de Nacimiento de la señora Irma Yolanda Gómez Ibarra, en la que consta que nació el 4 de enero de 1963.

Copia auténtica de la Resolución 598 de 4 de julio de 1983, expedida por el Fondo Prestacional de Nariño, por la cual se reconoció pensión mensual vitalicia de jubilación al señor Gonzalo Santamaría Torres, por haber prestado sus servicios al Estado durante más de 21 años.

Copia del acta de matrimonio católico que contrajo Irma Yolanda Gómez Ibarra con Gonzalo Santamaría, el 1 de julio de 1989, expedida por el Ministerio Parroquial San José Obrero el 23 de julio de 2012.

Copia del acta de audiencia preliminar de divorcio celebrada el 15 de agosto de 2002 en el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Pasto, en la cual se resolvió decretar la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso contraído entre los señores Gonzalo Santamaría e Irma Yolanda Gómez Ibarra el 1 de julio de 1989. En dicha diligencia los cónyuges manifestaron que estaban separados de hecho desde hacía dos años.

Copia del Registro Civil de Matrimonio de la señora Irma Yolanda Gómez Ibarra con el señor Gonzalo Santamaría Torres, celebrado el 11 de agosto de 2005 en la Notaría Cuarta de Pasto.

Copia del expediente de divorcio con radicado 2006-251 de los señores Irma Gómez Ibarra y Gonzalo Santamaría Torres, tramitado ante el Juzgado Cuarto de Familia de Pasto en el año 2006, por demanda presentada el 18 de julio de dicha anualidad por el apoderado del señor Santamaría Torres, quien manifestó en los hechos de la demanda:

4- Desde la fecha del matrimonio la señora Irma Gómez, bajo diferentes pretextos, se ha negado a convivir bajo el mismo techo con su esposo legítimo y sus relaciones familiares y o personales se limitan a razones que la señora Gómez envía a través de terceras personas. Incurre, por tanto, en la causal segunda del artículo 154 del C.C. Quedando por lo mismo plenamente facultado mi mandante para exigir la cesación de los efectos civiles del antes dicho matrimonio.

Este hecho fue respondido así por el apoderado de la demandada Irma Gómez:

Parcialmente cierto. Mi mandante no se negó a vivir con su esposo, sino que él manifestó que iba a conseguir donde ellos pudieran vivir, pero nunca definió sitio para fijar su residencia; además pretendió coartarle derechos, haciendo imposición de obligaciones que no encuentran amparo legal atentan contra derechos de consagración constitucional. Quiso que mi mandante no saliera de la casa y ni tuviera comunicación con persona diferente de él y de su hijo a quien quería llevar a vivir con ellos para que mi representada los atendiera y sirviera, lo que conllevó a (sic) que mi poderdante se negara a convivir con el demandado (sic).

Por sentencia del 24 de octubre de 2006 dictada por el Juzgado Cuarto de Familia de Pasto, se decretó el divorcio del matrimonio civil contraído entre los señores Gonzalo Santamaría Torres e Irma Yolanda Gómez Ibarra con fundamento en la causal prevista en el numeral 9 del artículo 6 de la Ley 25 de 1992. Si bien la demanda de divorcio interpuesta por el señor Santamaría tuvo como fundamento inicial la causal 2 del citado precepto, en la etapa de conciliación las partes acordaron acudir a la causal 9.

Copia de la declaración extraproceso que rindió la señora Irma Yolanda Gómez Ibarra ante la Notaría Tercera del Círculo de Pasto, el 20 de marzo de 2012, en la cual manifiesta que fue la «esposa permanente» del señor Gonzalo Santamaría Torres desde el 1 de julio de 1987 hasta el 24 de abril de 2008, día de su muerte.

Copia de la declaración extraproceso rendida el 20 de marzo de 2012 por la señora María Yolanda Jiménez Cárdenas, ante la Notaría Tercera del Círculo de Pasto, en la cual expresa que conoce de vista, trato y comunicación a la señora Irma Yolanda Gómez Ibarra, quien fue la «esposa permanente» del señor Gonzalo Santamaría Torres desde el 1 de julio de 1987 hasta el día de su muerte, el 24 de abril de 2008.

Copia de la declaración extraproceso que rindió la señora Emma Graciela Santamaría Cárdenas, hija del causante, el 23 de julio de 2012 ante la Notaría Cuarta del Círculo de Pasto, respecto de la convivencia que hubo entre la señora Irma Yolanda Gómez Ibarra y su progenitor Gonzalo Santamaría.

Copia de la certificación de afiliación al sistema de salud del señor Gonzalo Santamaría Torres a la EPS Saludcoop, expedida el 7 de mayo de 2013, en donde consta que se desafilió el 2 de junio de 2008 y que tenía inscrita como beneficiaria a la señora Irma Yolanda Gómez, en calidad de cónyuge.

Copia auténtica del Registro Civil de Defunción del señor Gonzalo Santamaría Torres, expedido por la Notaría Tercera del Círculo de Pasto, que da cuenta de su fallecimiento el 24 de abril de 2008.

Dentro del proceso se recibieron los testimonios de las señoras Yolanda Jiménez Cárdenas y Emma Graciela Santamaría.

Yolanda Jiménez Cárdenas declaró:

(…) conocí a los esposos Irma Gómez y Gonzalo Santamaría 26 años atrás. Como toda pareja tuvieron sus dificultades. Supo que los que los cónyuges de divorciaron pero antes de que saliera la sentencia estaban nuevamente juntos, el disgusto duró 3 meses. Él siempre la presentaba como su esposa, ella también andaba con su esposo. Don Gonzalo siempre la acompañaba. Supe que en medio de su divorcio tuvieron una demanda de alimentos; ella lo acompañaba a cobrar la pensión y ella asistía a cobrar la cuota de alimentos. Después del divorcio no volvieron a casarse pero siempre estuvieron juntos. Se casaron como en el 83 y se separaron como en el 2005. Alcanzaron a estar separados unos cortos meses. Las diferencias se arreglaron y volvieron a convivir. Vivieron más o menos 27 años hasta el 2008 cuando el señor falleció. Durante los tres meses que duró el disgusto ella si acaso salió de la casa una o dos semanas. Ella no podía estar muy lejos porque él siempre dependía de ella. Don Gonzalo era una persona celosa. A él le interesaba el matrimonio el disgusto era por celos. Inicialmente vivieron en la carrera 10 por La Normal, por El Obrero bajando de La Normal. Después decidieron vivir en Los Álamos, por la 34, en donde residieron unos 5 o 6 años, en la misma casa vivía la hija de él, la señora Emma. La relación afectiva era excelente, él era muy amoroso con la señora, era muy cuidadoso, muy respetuoso. Era un caballero. Siempre estaban juntos. El señor Gonzalo proveía los dineros para la manutención del hogar. Los últimos cinco años el señor Gonzalo vivió en Los Álamos con la señora Yolanda y con la hija, doña Emma. Los gastos funerarios fueron asumidos por la señora Irma y la señora Emma.

Emma Graciela Santamaría Cárdenas manifestó:

Soy hija de Gonzalo Santamaría, Irma era mi madrastra. (…) Irma primero vivió con mi papá sin casarse, se casaron como en el 1987, vivieron 16 años, luego se divorciaron, luego se volvieron a casar, se volvieron a divorciar. Ella nunca se separó definitivamente de él. Mi papá vendió la casa que tenía porque tenía una deuda con el banco y se fueron a vivir a mi casa. La primera vez que se divorciaron Irma estuvo unos días separada de mi papá, pero ellos no podían vivir separados. Luego se volvieron a casar. Tenían sus diferencias. Mi papá era un viejito ya viejito para Irma que era tan joven, era muy exigente, malgeniado, entonces tenían sus diferencias pero siempre estaban juntos. Ella nunca lo abandonó, vivieron en mi casa hasta que él falleció. Irma y yo lo llevábamos al médico. El primer divorcio como que fue en el 87; ellos se casaron en el 81; vivieron 16 años; en el 2005 como que se divorciaron la primera vez; solo estuvieron separados 15 días, unas tres semanas. Mi papa ya vivía conmigo en ese tiempo. Irma se fue y luego regresó. Vivieron en mi casa más o menos 15 años.

En este punto el magistrado sustanciador le preguntó:

¿Se refiere a los últimos 15 años de su vida? Contestó: sí mi papa vendió la casa y luego se pasaron a vivir conmigo y vivieron por 5 o 6 años. Preguntado: ¿cuánto tiempo antes del fallecimiento del señor Gonzalo vivieron en su casa él y la señora Irma Gómez? Contestó: un unos 5 o 6 años. Preguntado: ¿cuándo fue la primera vez que se divorciaron? Contestó: no sé, no recuerdo en qué año, yo no vivía con ellos.

Al ser interrogada por el apoderado del departamento de Nariño, expresó:

Conocí a Irma desde que era la novia de mi papá, desde 1980. Preguntado: ¿luego de ocurrido del deceso de su padre la señora Irma siguió viviendo en su casa? Contestó: solo por unos días y no sé dónde vive ahora. Preguntado: ¿sabe qué hace ahora la señora Irma? Contestó: no sé, seguramente trabaja, ella vive en Popayán.

Análisis de la Sala

Analizado el conjunto de pruebas recaudado en el plenario, la Sala, al igual que el a quo, llega a la conclusión de que a la demandante no le asiste el derecho a la sustitución de la pensión que devengaba el señor Gonzalo Santamaría Torres, por las siguientes razones:

En el proceso quedó demostrado que los señores Irma Yolanda Gómez Ibarra y Gonzalo Santamaría estuvieron unidos por matrimonio en dos oportunidades. La primera relación matrimonial se constituyó el 1 de julio de 1989 y se disolvió 13 años después, el 15 de agosto de 2002. No obstante el divorcio se tramitó de mutuo acuerdo con fundamento en la causal prevista en el numeral 8 del artículo 6 de la Ley 25 de 1992, es decir que la pareja tuvo un tiempo de convivencia de 11 años.

Posteriormente, el 11 de agosto de 2005, la pareja volvió a contraer matrimonio; este vínculo se disolvió un año y dos meses después, mediante sentencia del 24 de octubre de 2006. Sin embargo, en esta ocasión los cónyuges nunca convivieron, tal como lo manifestó el señor Gonzalo Santamaría Torres demandante en dicho proceso y lo aceptó la señora Irma Yolanda Gómez.

Esta circunstancia pone en evidencia que la aquí demandante y el causante pensionado no convivieron el término de 5 años antes del fallecimiento de este -24 de abril de 2008-. En efecto, dicho plazo debe contabilizarse desde el mes de abril de 2003, fecha para la cual los cónyuges se encontraban divorciados y, como quedó establecido en la demanda de divorcio, estaban separados de hecho desde hacía dos años. Asimismo, el proceso del segundo divorcio se inició en el mes de julio del año 2006, y durante el nuevo vínculo no hubo convivencia.

Así las cosas, las declaraciones de las testigos, quienes coincidieron en afirmar que la señora Irma Yolanda Gómez Ibarra convivió con el señor Gonzalo Santamaría Torres por un periodo superior a 5 años antes del fallecimiento de este, no ofrecen credibilidad. Por lo contrario, como lo advirtió el a quo, en sus exposiciones incurren en contradicciones respecto de las fechas de inicio de la relación.

La señora Jiménez Cárdenas afirma que conoció a la pareja hace 26 años; que le consta que se casaron hace 27 y que ella asistió al matrimonio; que en el año 2005 se separaron y que dicha separación duró unos cortos meses; sostiene que el disgusto duró unos 3 meses y que la separación solo fue por una o dos semanas.

Por su parte, la declaración de la señora Emma Graciela Santamaría Cárdenas no es precisa sobre la real convivencia entre la pareja, por cuanto no recuerda con claridad las fechas de inicio de la convivencia, de los matrimonios ni las de los divorcios. Al preguntarle cuánto tiempo vivieron su padre y la señora Irma Gómez en su casa, respondió que más o menos 15 años; luego afirmó que la pareja vivió con ella 5 o 6 años; más adelante manifestó no recordar la fecha del primer divorcio porque no vivía con ellos.

Así las cosas, sin necesidad de más consideraciones, la Sala concluye que no se desvirtuó la legalidad de los actos acusados que negaron la prestación reclamada por la señora Gómez Ibarra, los cuales se motivaron precisamente en que esta no acreditó el requisito de convivencia mínima de 5 años con anterioridad a la fecha de muerte del pensionado.

Debe recordarse que el criterio material de convivencia, es reconocido como uno de los factores determinantes por el legislador para tener derecho a la sustitución pensional por cuanto, se reitera, el objetivo que persigue la pensión de sobrevivientes es garantizarle a la cónyuge o a la compañera supérstite los recursos necesarios para mantener un nivel de vida similar al que tenía antes de la muerte del pensionado. Por tal razón, al momento de decidir acerca de una solicitud de sustitución pensional debe estudiarse la situación real de vida en común de dos personas.

En ese orden, al no existir certeza de la convivencia mínima de 5 años entre la demandante y el causante, anteriores a la muerte de este, como lo exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para acceder al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, no procede el reconocimiento pretendido.

En conclusión, la señora Irma Yolanda Gómez Ibarra no demostró que tuviera derecho a la sustitución de la pensión reclamada, por cuanto no logró acreditar la alegada convivencia en calidad de compañera permanente ni como cónyuge.

De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso. Valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Atendiendo esa orientación, no se condenará en costas en esta instancia a la parte demandante, pese a que se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación, teniendo en cuenta que la entidad demandada no realizó ninguna gestión.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Confirmar la sentencia del 18 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño que denegó las pretensiones de la demanda.

Sin condena en costas.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Relatoria JORM
Folio 478
Folio 478
«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de mayo de 2018. Expediente 4160-16. Consejero ponente: William Hernández Gómez.
Folio 308
Según certificado de bautismo que obra a folio 311 expedido por el párroco de la Catedral San Pedro Mártir de Ipiales, el señor Santamaría Torres nació en el año 1910.
Folio 33
Según la copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 307 nació en el año 1962.
Folio 208
Folio 36
Folios 177-178
Folio 34
Folios 299 y ss.
Folio 302
Folio 330
Mutuo consentimiento
Folio 31
Folio 32
Folio 35
Folio 57
Folio 371
Cd. Folio 372
Artículo 6. El artículo 154 del Código Civil, modificado por la Ley Primera de 1976, quedará así: Son causales de divorcio: (…) 8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

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