Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 52001-23-33-000-2014-00003-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ausencia de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 52001-23-33-000-2014-00003-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 52001-23-33-000-2014-00003-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
12 de julio de 2018
AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO COLECTIVO A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICA / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS / LICENCIA DE INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN MUNICIPIO CON RIESGO SÍSMICO Y VOLCÁNICO
¿Se vulneran los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la seguridad y salubridad públicas, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y los derechos de los usuarios y consumidores (…) cuando se otorga una Licencia de Intervención de Espacio Público en la modalidad de construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones en el Municipio de Pasto a Alcanos de Colombia S.A. ESP (…) y la entidad territorial presenta riesgo sísmico y volcánico? (…) De acuerdo con la delimitación de los alcances de la moralidad administrativa como derecho colectivo (…) [l]a Sala desestima este cargo, puesto que quedó acreditado que (…) las obras ejecutadas por la empresa licenciada contaban con la debida autorización, sin que para el efecto se haya demostrado una actuación arbitraria o corrupta de parte de las autoridades encargadas de la expedición de la mencionada licencia (…) [e]n cuanto al derecho a la seguridad y salubridad pública] halla la Sala en el plenario que la sociedad Alcanos S.A ESP, aportó la documentación exigida para la expedición de las licencias, en este caso en la modalidad de intervención y ocupación del espacio público, las cuales no fueron controvertidas por los accionantes, descartándose entonces la presunta vulneración. (…) [Respecto del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente] concluye la Sala que no se probó desconocimiento alguno de las normas del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio y tampoco que exista amenaza o vulneración de este derecho colectivo, pues la sola afirmación de que el Municipio de Pasto se encuentre ubicado en zona de riesgo sísmico, no hace por sí misma que se impida la ejecución de obras de infraestructura en servicios públicos con las especificaciones técnicas necesarias para garantizar una eficiente prestación de dichos servicios. A ello se agrega que las pruebas que se acompañaron al proceso de la referencia dan cuenta de que la construcción de las redes urbanas de distribución de gas se realizó con base en las especificaciones de las Normas Técnicas Colombianas (…) [Por último] frente a la vulneración [de los derechos de los consumidores y usuarios, manifiestan los coadyuvantes en la apelación que las instalaciones de redes de gas se realizaron sin los estudios ni planeación debida, argumentos que encuentra desvirtuados la Sala con idénticas consideraciones a las [arriba] expuestas (…) no se halla ninguna prueba orientada a demostrar por ejemplo que los materiales utilizados en la instalación de las redes de gas no son los idóneos para terrenos inestables por sismicidad, o que no se haya efectuado un análisis de riesgo adaptado a las particulares condiciones del ente en el cual iban a ser construidas.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 52001-23-33-000-2014-00003-01(AP)
Actor: HAROLD ROBERTO RUÍZ MORENO Y OTROS
Demandado: MUNICIPIO DE PASTO Y OTROS
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación formulado por la parte actora y el apoderado de los coadyuvantes en contra de la sentencia del 24 de junio de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño que negó las pretensiones de la acción popular.
SÍNTESIS DEL CASO
Los señores Harold Roberto Ruíz Moreno, Lorena Delgado Ordoñez, Yoli Nancy Chamarro Huertas y Vianey Lida Inés González Villareal, habitantes del Municipio de Pasto, presentaron acción popular por considerar que la licencia de intevención y/o ocupación del espacio público otorgada a la empresa Alcanos de Colombia S.A. ESP. para extender redes de gas domiciliario desconoció el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, principalmente lo señalado en los artículos 127 a 130, que contemplan la existencia de amenazas antrópicas, de tipo socavones, los cuales se deben considerar como un grave riesgo, y que además dicha licencia no tuvo en cuenta el mapa de riesgo volcánico y el alto nivel de sismicidad de la ciudad.
En atención a lo dicho consideran que el Municipio de Pasto, la Empresa de Servicios Públicos Alcanos de Colombia S.A. ESP y la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), han vulnerado los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la seguridad y salubridad públicas, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y los derechos de los usuarios y consumidores contemplados en los literales b, g, l y n del artículo 4º de la Ley 472 de 1998.
TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La acción popular fue presentada el día 19 de diciembre de 2013 y admitida por auto del 4 de febrero del 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el cual se ordenó notificar a la Comisión Reguladora de Energía y Gas, al Municipio de Pasto, a la Empresa de Servicios Públicos Alcanos de Colombia S.A. ESP., a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación. Allí se negó la solicitud de medida cautelar de la parte actora.
2.2. La Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), luego de precisar la naturaleza jurídica de esa entidad, se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no es la entidad encargada de resolver los conflictos que surjan como consecuencia de las autorizaciones que para ocupar o intervenir el espacio público se otorguen a las empresas de servicios públicos domiciliarios por parte de las entidades territoriales, por tratarse de un asunto de su exclusiva competencia, sin perjuicio de las atribuciones que para resolver recursos de apelación le ha asignado la Ley 142 de 1994, respecto de temas que se relacionen con la construcción y operación de redes para la prestación de los servicios públicos que regula la precitada ley.
2.3. Por su parte, el Municipio de Pasto, luego de citar jurisprudencia de esta Corporación en relación con la prestación de servicios públicos domiciliarios y la competencia de las entidades territoriales respecto de la administración del espacio público, manifestó que en el trámite de la solicitud de obtención de licencia de intervención y/o ocupación presentada por la empresa Alcanos de Colombia S.A. ESP. observó la normatividad sobre la materia y realizó el estudio de factibilidad, técnico, ambiental y de impacto urbano, y verificó el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial y el Decreto 564 de 2006, vigente para la época, garantizando que no se vulneraron normas de prevención de desastres. Propuso como excepciones la inexistencia de vulneración a los derechos e intereses colectivos, hecho de un tercero e indebida escogencia de la acción.
2.4. La empresa Alcanos de Colombia S.A. ESP. se opuso a las pretensiones de los accionantes en tanto consideró que el trámite administrativo de expedición de la licencia de intervención y ocupación del espacio público que le fue concedida respetó el marco normativo que regula la materia, así como los requerimientos técnicos de construcción de las redes de distribución; y en consecuencia, propuso como excepciones la ausencia de violación de los derechos colectivos invocados, improcedencia de la acción popular, ineptitud de la demanda y falta de requisito de procedibilidad, indicando que la sociedad no ha vulnerado derecho colectivo alguno y que la licencia expedida a la empresa se realizó bajo criterios puramente técnicos, jurídicos, estructurales y arquitectónicos, los que corresponden a las normas urbanísticas de carácter municipal y nacional.
2.5. Mediante escrito radicado en el Tribunal Administrativo de Nariño el 24 de mayo de 2014, los señores Fernando Mauricio Osorio Aguirre y Álvaro Quintero Gaitán presentaron solicitud de coadyuvancia, la cual fue admitida mediante Auto del Tribunal de fecha 11 de junio de 2014.
2.6. El 28 de julio de 2015, los señores Sergio Hugo Ibarra y Fanny Rubiela Ñañez, a través de apoderado, intervinieron en el proceso como coadyuvantes, calidad que les fue reconocida mediante Auto del 29 de julio de 2014.
2.7. El 29 de julio de 2014 se llevó a cabo la Audiencia de Pacto de cumplimiento, la cual se suspendió y fue reanudada el 29 de septiembre de 2014, declarándose fallida al no existir fórmula de arreglo.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante providencia del 24 de junio de 2016, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que los supuestos fácticos que sustentaban las pretensiones no fueron demostrados, y por el contrario se acreditó que las licencias y permisos se otorgaron en el marco de la ley.
Igualmente el Tribunal realizó un análisis de la posible vulneración de los derechos colectivos alegados basado en antecedentes jurisprudenciales, para concluir que en el caso objeto de análisis no se logró demostrar que los fundamentos fácticos expuestos por los actores vulneraran los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la seguridad y salubridad pública, al derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y tampoco el relacionado con los derechos de los usuarios y consumidores, en consideración a que no se probó que por la ubicación en zona de alto riesgo sísmico del Municipio de Pasto se impida el desarrollo del proyecto autorizado mediante Resolución 0438 de 13 de noviembre de 2012, al no encontrarse infracción del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pasto o de las normas técnicas y jurídicas relacionadas con las construcciones destinadas a la prestación de servicios básicos.
También se refirió a la improcedencia de analizar la legalidad de actos administrativos en procesos adelantados en ejercicio de la acción popular, sosteniendo que, para resolver los reparos constitucionales o legales sobre la concesión de las licencias, el demandante debió acudir a otro medio de control para controvertir dichas decisiones.
RECURSO DE APELACIÓN
4.1. El apoderado de los coadyuvantes Sergio Hugo Ibarra y Fanny Rubiela Ñañes interpuso recurso de apelación contra el fallo del 24 de junio de 2016, en el que solicitó revocar la sentencia impugnada y en su lugar reconocer la existencia de las vulneraciones de los derechos e intereses colectivos.
Los argumentos del recurrente se centran en manifestar que el fallo desconoció los principios y fundamentos de la acción popular, pues con el actuar de los demandados se vulneraron los derechos colectivos. Manifestó que la moralidad administrativa se vio conculcada con la expedición de la Resolución 438 de 2012, toda vez que a través de ésta se otorgó un permiso a la empresa Alcanos de Colombia S.A. ESP., para construir la infraestructura de las redes de gas domiciliario sin contar con los respectivos permisos de planeación, uso de espacio público y régimen tarifario, vulnerando con esta conducta los artículos 22 y 26 de la Ley 142 de 1994.
También expresó que el derecho a la seguridad y salubridad públicas se vulneraron porque la intervención en el espacio público se realizó sin la debida planeación y estudios, lo cual podría generar desastres antrópicos, es decir, aquellos atribuibles a causas humanas o accidentes industriales, conducta que, a su juicio, también representa una vulneración del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, en el entendido que se desconocieron normas del Plan de Ordenamiento Territorial en las cuales se contemplan zonas de alto riesgo por la existecia de socavones para la instalación de redes de gas domiciliario, circunstancia que debió tenerse en cuenta dado el mapa de riesgo volcánico de la ciudad.
En relación a la violación de los derechos de consumidores y usuarios afirmó que la implementación de las redes se hizo sin la debida planeación y estudios de intervención del espacio público, desconociendo que el Municipio de Pasto, según el Servicio Geológico Colombiano, tiene una clasificación de zonas de amenaza volcánica baja, media y alta, por la influencia del Volcán Galeras.
En el recurso también se argumentó que la decisión no tuvo en cuenta el carácter preventivo y restitutivo de la acción popular, por cuanto las pretensiones de la misma están orientadas a obtener el cese de la amenaza o vulneración, y al negar la existencia del peligro, como lo hizo el Tribunal de instancia, está permitiendo que el mismo continúe vigente.
Por último, se refirió al punto del estudio de legalidad de los actos administrativos que autorizaron a la empresa Alcanos de Colombia S.A. ESP. para la instalación de redes de gas, sosteniendo que no está de acuerdo con la posición del Tribunal cuando indicó que debió acudirse a otro medio de control, puesto que si bien es cierto los accionantes no señalaron de manera expresa en las pretensiones de la demanda que se inaplicaran los actos administrativos expedidos por el municipio, también es verdad que es procedente dentro del trámite de la acción popular cuestionar actos administrativos que ponen en riesgo derechos colectivos, como los que se pretenden proteger con esta actuación, cuando se desconocen las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial y el Mapa de Riesgo Volcánico que diseñó Ingeominas en el año 1997 para el Municipio de Pasto.
4.2. El señor Harold Roberto Ruíz Moreno también presentó recurso de apelación contra la sentencia del 24 de junio de 2016 solicitando su revocatoria, basando su argumentación en dos puntos: el primero, referente a que los hechos que respaldaron las pretensiones no fueron desvirtuados por los demandados; y el segundo, a que la expedición de la licencia de intervención y ocupación del espacio público se realizó sin contar con el estudio de reducción del riesgo y su adecuado plan, como lo exige el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012.
Reiteró los argumentos de la demanda, especialmente el referido a la ausencia de estudio técnico que determine el nivel de riesgo que representa la instalación de redes de gas en el Municipio de Pasto y que tenga en cuenta el mapa de riesgo volcánico y las normas de sismo resistencia para la expedición de la licencia de intervención del espacio público, todo lo cual redunda, en su sentir, en que no se cumplieron todos los requisitos contenidos en el Decreto 1469 de 2010 para tal efecto.
Agregó que la defensa de los demandados se limitó a justificar la calidad de los tubos utilizados en las instalaciones, sin que se acreditara el cumplimiento de los presupuestos necesarios para la expedición de la licencia de intervención y/o ocupación del espacio público, lo cual se constata de los testimonios rendidos en el marco del proceso, que dan cuenta que no se evaluó el riesgo sísmico, pese a la calidad y funcionalidad de los materiales.
Señaló que si bien la solicitud de licencia se presentó el 16 de septiembre de 2009, su otorgamiento definitivo a la empresa Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. se produjo con la expedición de la Resolución 080 de 13 de febrero de 2013, luego de ser modificadas las resoluciones Nº. 438 del 13 de noviembre de 2012 y 441 de 14 de noviembre de 2012, esto es, en vigencia de la Ley 1523 de 2012, desconociéndose así la obligación de todas las entidades públicas y privadas contenida en su artículo 38. Con fundamento en ello, planteó que el Municipio de Pasto actuó en contra de los intereses de la comunidad que se encuentra en una zona de alto riego, y sin considerar que para la fecha de otorgamiento de la licencia ya se encontraban vigentes las normas de sismoresistencia NSR 10 y NSR 98.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, así como los artículos 1º y 2º del Acuerdo 55 de 2003, Reglamento del Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos, en las acciones populares; por lo tanto, es procedente descender al estudio del recurso interpuesto.
Actuación en segunda instancia
5.2.1. Mediante auto del 3 de octubre de 2016 se admitió el recurso de apelación interpuesto por el actor y el apoderado de los coadyuvantes contra la sentencia del 24 de junio de 2016 dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño.
5.2.2. Por medio de auto calendado el 4 de noviembre de 2016 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.
5.2.3. Dentro del término para presentar alegatos de conclusión, se pronunció la Comisión de Regulación de Energía y Gas, reiterando la posición que expuso en la contestación de la demanda, resaltando que carece de competencia para intervenir en el trámite de expedición de licencias de intervención y/o ocupación del espacio público que se otorgan a favor de las empresas de servicios públicos, en este caso, para instalar las redes de gas domiciliario en el Municipio de Pasto.
5.2.4. La empresa Alcanos de Colombia S.A. ESP. presentó alegatos de conclusión. En el escrito indicó que no le asistía razón a los recurrentes cuando indicaron que el régimen tarifario del servicio vulneraba el derecho a la moralidad administrativa, porque la empresa prestadora del servicio cuenta con la aprobación de las tarifas por parte de la CREG (Resolución CREG 087 de 2010), y en lo que toca con los permisos para la instalación de redes, también tiene autorización expresa de la Resolución CREG 483 de 13 de noviembre de 2013.
En lo que se refiere a la ausencia de estudios, señaló que estos se realizaron por parte de la Secretaria de Planeación Municipal de Pasto y corresponden a los que se requieren en el trámite de licenciamiento, los cuales fueron evaluados por la administración junto con los presentados por la sociedad Alcanos de Colombia S.A. ESP.
Alegó que de acuerdo con las pruebas testimoniales obrantes en el expediente se acreditó que la empresa tiene claro cuáles son las zonas de alto riesgo en el municipio, y en las mismas no extenderán redes de gas domiciliario. Agregó que Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. realizó el proceso constructivo de las redes conforme la licencia de intervención y/o ocupación que le fue otorgada por la autoridad municipal, acatando las normas técnicas y utilizando materiales de la mejor calidad y última técnología.
Finalmente, manifestó que la parte actora no probó en debida forma los fundamentos fácticos de la demanda, por lo que está de acuerdo con la decisión del Tribunal.
Hechos
Según el Estudio General de Amenazas Sísmica de Colombia el Municipio de Pasto se encuentra en zona de amenaza sísmica y volcánica.
El 16 de septiembre de 2009 la empresa Alcanos de Colombia S.A. ESP solicitó ante la Secretaría de Planeación Municipal de Pasto le fuera otorgada licencia de intervención y ocupación del espacio público para la realización de las obras necesarias dirigidas a instalar redes de gasoducto urbano de ese municipio.
Mediante Resolución No. 438 de 13 de noviembre de 2012, la Secretaría de Planeación Municipal de Pasto concedió Licencia de Intervención de Espacio Público en la modalidad de construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones por el término de veinticuatro (24) meses a la empresa Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
A través de las Resolución No. 441 de 14 de noviembre de 2012 se corrigió la Resolución No. 438 de 13 de noviembre de 2012.
El 13 de febrero de 2013 el Alcalde (E) del Municipio de Pasto profirió la Resolución Nº. 080, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por un tercero interviniente contra la Resolución No. 438 de 13 de noviembe de 2012 y de la Resolución No. 441 de 14 de noviembre de 2012, en el sentido de ordenar que, previo el inicio de las obras, se presentara los planos de que trata el parágrafo segundo del artículo 23 del Decreto 564 de 2006, y además, diera cumplimieno a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 125 del Estatuto Tributario del Municipio de Pasto vigente para la época (Decreto Nº. 0265 de 29 de abril de 2011), consistente en efectuar un depósito en dinero equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de la obra de reposición de pavimento y garantizar el saldo mediante la constitución de una póliza de una compañía de seguros legalmente establecida o cualquier otra forma permitida legalmente.
Inconforme con la decisión de la Secretaría de Planeación Municipal de Pasto, los ciudadanos demandantes presentaron acción popular solicitando la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la seguridad y salubridad públicas, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y los derechos de los usuarios y consumidores contemplados en los literales b, g, l y n del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, por estimar que la decisión de la autoridad municipal se expidió incumpliendo los requisitos legales establecidos en el artículo 26 de la Ley 142 de 1994 y los artículos 127 a 130 del Plan de Ordenamiento Territorial adoptado mediante Acuerdo 007 de 2000, revisado y ajustado mediante Acuerdos 004 de 2003 y 026 de 2009.
Problemas jurídicos
Observa la Sala que los recurrentes aluden a aspectos tales como la ausencia de permisos de planeación y uso del espacio público, violación de régimen tarifario del servicio público de gas domiciliario, indebida planeación y falta de estudios de reducción de riesgos, desconocimiento de las normas del POT y de sismoresistencia aplicables, así como del carácter preventivo de la acción popular, los cuales serán abordados una vez se planteen los siguientes problemas jurídicos.
¿Es procedente cuestionar la legalidad de actos administrativos a través de la acción popular, y en caso afirmativo, cuál es la competencia del juez constitucional para resolver dicho asunto?
¿Se vulneran los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la seguridad y salubridad públicas, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y los derechos de los usuarios y consumidores contemplados en los literales b, g, l y n del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, cuando se otorga una Licencia de Intervención de Espacio Público en la modalidad de construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones en el Municipio de Pasto a Alcanos de Colombia S.A. ESP mediante Resolución Nº 438 de 13 de noviembre de 2013 para extender redes de gas, cuando la entidad territorial presenta riesgo sísmico y volcánico?
Análisis de la Sala
Generalidades de la acción popular
De acuerdo con su definición constitucional - artículo 88 de la Constitución Política- y legal -artículo 2, inciso 2 de la Ley 472 de 1998-, las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos consagrados por la Constitución y la ley, o para restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
Se trata, según lo dispuesto por el artículo 9 de la precitada ley, de acciones que proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. Por ende, a la luz de lo dispuesto por los artículos 2 y 9 ejusdem, la acción popular se ha calificado como un medio procesal de carácter preventivo, reparativo, correctivo o restitutorio, dependiendo de las particularidades del caso.
Caso concreto
De la lectura de la sentencia y los recursos de apelación propuestos se extrae que la discusión está centrada en determinar si la decisión del Municipio de Pasto, al otorgar mediante Resolución Nº. 438 de 13 de noviembre de 2012 la licencia de intervención de espacio público en la modalidad de construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones a la empresa Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. para la expansión de redes de gas domiciliario, vulnera o amenaza los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la seguridad y salubridad pública, la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y los derechos de usuarios y consumidores como consecuencia del riesgo sísmico y volcánico que existe en el municipio, la omisión de realizar estudios de reducción de riesgos, la ausencia de los permisos de planeación y uso del espacio público, y desconocer las normas del POT y de sismoresistencia aplicables.
No obstante, también constituye motivo de impugnación la procedencia de la acción impetrada para controvertir la legalidad de la citada resolución, circunstancia que lleva a la Sala a hacer un pronunciamiento previo sobre ese punto.
5.5.3. La procedencia del medio de control de protección de derechos colectivos para controvertir actos administrativos o contratos estatales.
Sobre este particular, el Tribunal de instancia consideró que los cuestionamientos constitucionales y legales de las actuaciones administrativas surtidas para la expedición de las licencias de intervención o de ocupación del espacio público a favor de Alcanos de Colombia S.A. E.S.P., debieron plantearse a través del medio de control idóneo para ese fin.
En ese mismo sentido, y a efectos de controvertir lo dicho por el a quo, los coadyuvantes que apelaron la sentencia trajeron a colación el fallo del 21 de febrero de 2007 proferido por la Sección Tercera de esta Corporación, según la cual era factible que el juez constitucional declarara la nulidad de actos administrativos o contratos, siempre que con tales actuaciones se demostrara la vulneración de derechos colectivos.
Para la Sala esta discusión podría tener relevancia si el proceso que nos ocupa hubiere iniciado al amparo de las reglas establecidas de manera supletiva para el trámite de las acciones populares en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), pues allí no existía previsión normativa alguna que definiera si en este escenario era procedente dejar sin efecto o declarar la nulidad de actos administrativos en escenarios propiciados por el ejercicio de las acciones populares. No obstante, la presente demanda se instauró en vigencia de la Ley 1437 de 2011, régimen en el cual se contempla expresamente la procedencia de la acción popular para controvertir actos y contratos estatales, siempre que con ellos se acredite la vulneración de derechos colectivos. La norma es del siguiente tenor:
“Artículo 144. Protección de los derechos e intereses colectivos. Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos.
Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda.” (Subrayas de la Sala).
Los recurrentes, al parecer, pudieron haber entendido de manera equivocada que era el Código Contencioso Administrativo el aplicable al caso, y por ello ventilaron la posibilidad de que por medio de la acción prevista en la Ley 472 de 1998 procediera la anulación de la licencia concedida a Alcanos de Colombia S.A. ESP., debido a que esa, como bien lo anotaron en la apelación, fue una de las posturas que había adoptado la Sección Tercera. Sin embargo, vale la pena aclarar que también sobre ese particular la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ya unificó criterio en el sentido de indicar que “En las acciones populares el juez no tiene la facultad de anular los actos administrativos, pero sí podrá adoptar las medidas materiales que garanticen el derecho colectivo afectado con el acto administrativo que sea la causa de la amenaza, vulneración o el agravio de derechos e intereses colectivos; para el efecto, tendrá múltiples alternativas al momento de proferir órdenes de hacer o no hacer que considere pertinentes, de conformidad con el caso concreto”.
Así las cosas, y al tener plena claridad sobre el punto analizado, es menester ahora estudiar si, como lo dijo el Tribunal, los aspectos que se debaten son inherentes a juicios de validez del acto que otorgó la licencia a Alcanos, o si por el contrario, con la expedición de esa decisión, se evidencia la vulneración de derechos colectivos.
Análisis de fondo
Solución de los cargos planteados por los coadyuvantes
Presunta vulneración del derecho colectivo a la Moralidad Administrativa.
En Sentencia de Unificación de 13 de febrero de 2018, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Magistrado William Hernández Gómez, tuvo la oportunidad de explicar los alcances del derecho colectivo a la moralidad administrativa, así:
“Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha considerado a la moralidad administrativa dentro de una doble dimensión: i) como principio de la función administrativa (artículo 209 CP) y ii) como derecho colectivo (artículo 88 ibidem).
«[…] como principio, la moralidad administrativa orienta la producción normativa infraconstitucional e infralegal a la vez que se configura como precepto interpretativo de obligatoria referencia para el operador jurídico; y como derecho o interés colectivo, alcanza una connotación subjetiva, toda vez que crea expectativas en la comunidad susceptibles de ser protegidas a través de la acción popular […]».
Respecto de la moralidad administrativa, se ha señalado que si bien es un concepto jurídico indeterminado, en todo caso, la actuación de la administración debe estar direccionada a la satisfacción del interés general y realizarse dentro del marco de los fines establecidos por la Constitución y la ley.
En ese sentido la Sección Tercera de esta Corporación señaló: «[…] en un Estado pluralista como el que se identifica en la Constitución de 1991 (art. 1), la moralidad tiene una textura abierta, en cuanto de ella pueden darse distintas definiciones. Sin embargo, si dicho concepto se adopta como principio que debe regir la actividad administrativa (art. 209 ibidem), la determinación de lo que debe entenderse por moralidad no puede depender de la concepción subjetiva de quien califica la actuación sino que debe referirse a la finalidad que inspira el acto de acuerdo con la ley».
Ahora bien, en sentencia del 1.° de diciembre de 2015, la Sala Plena de esta Corporación se pronunció sobre el alcance de ese concepto así:
La moralidad administrativa está referida a la lealtad del funcionario con los fines de la función administrativa;
Para que se configure su trasgresión desde el punto de vista del interés colectivo tutelable a través de la acción popular, es necesario que se demuestre el elemento objetivo que alude al quebrantamiento del ordenamiento jurídico y el elemento subjetivo relacionado a la comprobación de conductas amañadas, corruptas, arbitrarias, alejadas de la correcta función pública; y
En cumplimiento del artículo 18 de la Ley 472 de 1998 y el 167 del Código General del Proceso, debe existir respecto de tal derecho colectivo una imputación y carga probatoria por parte del actor popular.
De manera que, de conformidad con la jurisprudencia actual de esta Corporación, para que se configure la vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa, prima facie, el análisis tiene un carácter eminentemente objetivo, sin embargo, en algunos casos, puede ser relevante la acreditación del elemento subjetivo. Todo dependerá de las circunstancias concretas”.
Manifiestan los coadyuvantes que en el presente caso se encuentra vulnerado el derecho colectivo a la moralidad administrativa como consecuencia de la construcción de redes de suministro de gas domiciliario sin contar con los debidos permisos, desconociéndose lo preceptuado en los artículos 22 y 26 de la Ley 142 de 1998.
De acuerdo con la delimitación de los alcances de la moralidad administrativa como derecho colectivo, el juez constitucional debe verificar en el caso concreto la conformidad de la conducta con los principios que orientan la función administrativa, y además, de forma concurrente, la existencia de pruebas que demuestren el quebrantamiento del ordenamiento jurídico derivado de actuaciones amañadas, corruptas, arbitrarias, esto es, alejados del correcto comportamiento que se espera de los funcionarios públicos.
La Sala desestima este cargo, puesto que quedó acreditado que el Municipio de Pasto, mediante Resolución No. 438 del 13 de noviembre de 2012, concedió licencia de intervención o de ocupación de espacios públicos en la modalidad de construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones a la empresa Alcanos de Colombia S.A., para la instalación de redes de gas domiciliario en ese municipio, por lo que puede afirmarse que las obras ejecutadas para tal fin por la empresa licenciada contaban con la debida autorización, sin que para el efecto se haya demostrado una actuación arbitraria o corrupta de parte de las autoridades encargadas de la expedición de la mencionada licencia, circunstancia que lleva a concluir que no se dio la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa en la forma en que lo plantean los coadyuvantes del demandante.
No procede, en manera alguna, adentrarse en el análisis de vulneración de los artículos 22 y 26 de la Ley 142 de 1994 como cargo para fundamentar la violación de este derecho colectivo, pues tal juicio coincidiría con un análisis de validez de la Resolución anotada y el escenario constitucional que nos ocupa no es el determinado legalmente para esos efectos, máxime si, como ya se vio, no se haya acreditada una conducta perversa encaminada a distorsionar el cumplimiento de las funciones públicas de las que está instituido el Municipio de Pasto al conceder el permiso objeto de reproche en la acción de la referencia.
Presunta vulneración del derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas.
Respecto al derecho colectivo a la seguridad y salubridad pública la Sala en providencia de 30 de junio de 2017, señaló lo siguiente:
“[…] La trascendencia social de los conceptos de seguridad y salubridad pública y del derecho colectivo que fundamentan ha llevado a esta Sala de Decisión a sostener que:
“[…] constituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su contenido general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria.”
Por ende, dada la amplitud de su radio de acción, como ha sido subrayado por esta Corporación, el derecho colectivo a la salubridad pública “se puede garantizar desde una perspectiva de abstención (negativa o de impedir una conducta) o de promoción (activa o de realización de un comportamiento) en aras de asegurar las condiciones esenciales de salud pública”. En consecuencia, es claro para la Sala que su vulneración también puede desprenderse tanto de una actitud activa (actuaciones, reglamentos, contratos, etc.), como pasiva (omisión administrativa) de parte de las autoridades responsables de su guarda y realización efectiva […]”
A juicio de los coadyuvantes, este derecho colectivo se vulneró como consecuencia de la intervención del espacio público en el Municipio de Pasto para la instalación de redes de gas sin contar con debida planeación y estudios, teniendo en cuenta el riesgo sísmico y volcánico que presenta, lo cual puede generar desastres antrópicos.
Para resolver, advierte la Sala que, si bien es cierto una de las características definitorias de la naturaleza jurídica de la acción popular es su carácter preventivo, como lo plantea el apoderado de las coadyuvantes, también lo es que para que en sede judicial se decreten medidas tendientes a conjurar la amenaza o riesgo debe tenerse plena certeza de los fundamentos de hecho con base en los cuales se alega la amenaza o vulneración de los intereses o derechos colectivos, como lo ordenan los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso y el artículo 30 de la Ley 472 de 1998; carga probatoria que no encuentra cumplida la Sala en el caso objeto de decisión, en la medida que el actor no aportó con su escrito de demanda, y tampoco se recaudó en el período probatorio, elementos que permitieran dar por cierta la vulneración de este derecho colectivo, ni que permitiera concluir que las actuaciones de las demandadas hayan creado un riesgo para la comunidad en el sentido de probar que la instalación de redes de gas vulnerara la seguridad de los habitantes del Municipio de Pasto dado el riesgo sísmico al que se encuentra sometido por su ubicación en cercanías al Volcán Galeras.
Por el contrario, lo que sí halla la Sala en el plenario es que la sociedad Alcanos S.A ESP, aportó la siguiente documentación exigida para la expedición de las licencias, en este caso en la modalidad de intervención y ocupación del espacio público, las cuales no fueron controvertidas por los accionantes, descartándose entonces la presunta vulneración de derechos colectivos alegados, dentro de las que destaca las siguientes:
Documento de especificaciones técnicas de construcción de redes urbanas de distribución de gas domiciliario basado en las Norma Técnicas Colombianas NTC 3728, 1746, 3949, 3838. Folios 220 a 257, cuaderno 1.
Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para los Sistemas de Distribución de Gas Natural y Emergencias Operativas que contiene el análisis de riesgo y el plan estratégico y operativo para situaciones de incendios, sismos o terremotos, inundaciones, explosiones, deslizamientos, atentados, emergencia de odorante, derrame de odorante, exceso de concentración de odorante, y manejo de residuos. Folios 258 a 343, cuaderno 1.
Cd con videos de las pruebas de tuberías de polietileno PE 100: Simulación sísmica, terremoto de Armenia, terremotos del mundo y pruebas de elongación y resistencia. Folio 317, cuaderno 1.
Testimonios de ingenieros expertos en el tema de intervenciones en terrenos que presentan características similares a los de la ciudad de Pasto, y de los cuales se concluye: (i) los riesgos se minimizan por la calidad de los materiales de las instalaciones, (ii) la empresa accionada Alcanos de Colombia S.A. demostró que utiliza los materiales adecuados en las instalaciones que cumplen dichas características.
Lo anterior permite afirmar que en el presente asunto no se respaldó probatoriamente que el permiso otorgado a la sociedad Alcanos de Colombia S.A. ESP., a través del acto administrativo, Resolución 438 de 2012, amenace o vulnere los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, teniendo en cuenta que la formulación de la demanda está orientada a cuestionar su validez a luz del marco normativo que regula este tipo de decisiones, y no en cuanto a la posible amenaza de derechos colectivos.
Presunta vulneración del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
En cuanto al derecho colectivo a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles técnicamente, la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de la noción de este derecho colectivo. Así, en sentencia de 26 de marzo de 2015, consideró:
“Tal como quedó establecido en el problema jurídico esbozado, el asunto sub examine involucra el derecho colectivo a la seguridad y a la prevención de desastres técnicamente previsibles. Proclamado por el literal l) del artículo 4 de la ley 472 de 1998, este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o humano, busca garantizar por vía de la reacción ex ante de las autoridades la efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no solo de reacción, como es habitual en las actuaciones de policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan advertibles y controlables bien por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública. De aquí que esta Sección haya destacado el carácter preventivo de este derecho y haya hecho énfasis en su vocación de “evitar la consumación de los distintos tipos de riesgo que asedian al hombre en la actualidad”, ya no solo naturales (v. gr. fuego, deslizamientos de tierra, inundaciones, sequías, tormentas, epidemias, etc.), sino también –cada vez más- de origen antropocéntrico (v.gr. pérdidas de vidas humanas o animales, contaminación del ambiente, intoxicaciones o afectaciones a la salud, destrucción o afectación de la propiedad privada o pública por accidentes, productos, actividades o instalaciones).
Pese al talante preventivo de este derecho colectivo, nada obsta para que su amparo pueda presentarse también ante situaciones que ya no solo constituyen riesgos sino vulneraciones concretas de los derechos e intereses reconocidos por la Constitución y la ley a la comunidad y a las personas que la conforman, y que por ende ameritan la intervención del Juez Constitucional. En últimas, tanto la prevención como la protección, corrección y restitución de estos derechos frente a situaciones que los afectan constituyen objetivos propios de las acciones populares; a las que, como se mencionó líneas arriba, es inherente una dimensión preventiva, protectora, reparadora y restitutoria de los derechos que amparan (artículo 2 de la Ley 472 de 1998).
En relación con la seguridad, en la sentencia en comento también se explicó lo siguiente:
“De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación el derecho a la seguridad pública ha sido definido como “parte del concepto de orden público (…) concretado en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad (…) Su contenido general, implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas”. Supone, entonces, una Administración Pública activa, técnica y comprometida con la asunción permanente de sus responsabilidades y con el monitoreo constante de aquellos ámbitos de la vida diaria que están bajo su cargo, como presupuesto de la actuación anticipada o preventiva (y también reactiva) que instaura como estándar de sus actuaciones. No se puede olvidar que es misión de las autoridades realizar las acciones y adoptar las medidas que resulten indispensables para garantizar la vida e integridad de los residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y, en general, el conjunto de derechos de los que son titulares; para lo cual es esencial su compromiso con la prevención de situaciones de amenaza o vulneración de esos derechos, en especial cuando ellas son susceptibles de ser anticipadas mediante la fiscalización permanente de la realidad y la adopción oportuna de las medidas pertinentes para asegurar la efectividad de los derechos, bienes e intereses de la comunidad y de sus miembros. Todo ello, lógicamente, en un marco de razonabilidad y de proporcionalidad, pues mal puede suponer la imposición a la Administración de obligaciones imposibles de cumplir por razones técnicas, jurídicas, económicas o sociales.”
Como se advierte en la jurisprudencia transcrita, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres se orienta a precaver calamidades de origen natural o humano, busca garantizar que de manera previa al suceso las autoridades actúen en procura de la efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de vida en un territorio. Es un derecho que reclama la actuación anticipada, preventiva y oportuna de las autoridades públicas en aras de conjurar un desastre.
En el caso sub examine, concluye la Sala que no se probó desconocimiento alguno de las normas del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio y tampoco que exista amenaza o vulneración de este derecho colectivo, pues la sola afirmación de que el Municipio de Pasto se encuentre ubicado en zona de riesgo sísmico, no hace por sí misma que se impida la ejecución de obras de infraestructura en servicios públicos con las especificaciones técnicas necesarias para garantizar una eficiente prestación de dichos servicios.
A ello se agrega que las pruebas que se acompañaron al proceso de la referencia dan cuenta de que la construcción de las redes urbanas de distribución de gas se realizó con base en las especificaciones de las Normas Técnicas Colombianas NTC 3728, 1746, 3949, 3838; además, que el Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para los Sistemas de Distribución de Gas Natural y Emergencias Operativas prevé el análisis de riesgo y el plan estratégico y operativo para situaciones de incendios, sismos o terremotos, inundaciones, explosiones, deslizamientos, atentados, emergencia de odorante, derrame de odorante, exceso de concentración de odorante, y manejo de residuos, los cuales se minimizan por la calidad de los materiales de las instalaciones que utiliza la empresa accionada Alcanos de Colombia S.A.
Presunta vulneración de los derechos de los consumidores y usuarios.
Sobre la protección jurídica de los derechos de los consumidores ha sostenido esta Sección lo siguiente:
“Los derechos de los consumidores tienen su fuente constitucional en el artículo 78:
“ARTICULO 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización.
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.
El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos.”
En el sentido de la redacción de la norma, los derechos de los consumidores son inherentes al derecho colectivo a la libre empresa, de modo que la protección constitucional de la libertad económica se hace no sólo a favor de los agentes económicos para que puedan acceder a un mercado en libre concurrencia, sino -principalmente- en favor del consumidor, quien se beneficia en últimas de la competencia, la cual le permite escoger libremente los bienes o servicios ofrecidos según sus preferencias de calidad y precio.
En relación con los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico contempla para esta clase de derechos, el Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:
“Esa protección del usuario impone una defensa a la vez individual y colectiva, con mecanismos jurídicos de protección diversos, pero no excluyentes. En otras palabras, la existencia de instrumentos legales de tutela individual de los derechos del usuario en nada impide que éste acuda a instrumentos colectivos para su defensa, como son justamente las acciones populares”
Y esos instrumentos jurídicos de protección revisten dos modalidades, por una parte, aquellos enderezados a la defensa individual y, por otra, los creados para su tutela colectiva, dada la doble naturaleza (individual y colectiva) de dichos derechos. Es desde esta perspectiva, que en el mismo nivel constitucional se previeron las acciones populares y de grupo (art. 88 C.N.).”
Los derechos de los consumidores, como susceptibles de protección constitucional a través de la acción de popular, imponen al juez el deber de ordenar que se tomen las medidas necesarias para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio, cuando de la acción u omisión de la autoridad pública o del particular, en especial, del prestador del bien o servicio al usuario, tales derechos resulten vulnerados o hayan sido amenazados.”
Sobre el particular, debe precisarse que el ámbito de protección de este derecho colectivo está dirigido a garantizar, entre otras situaciones, las relacionadas con la calidad e idoneidad de bienes y servicios, a obtener información veraz, suficiente, precisa, oportuna e idónea respecto de los productos y/o servicios que se ofrezcan o se pongan en circulación, sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, así como sobre los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos, las referidas a la reparación integral, oportuna y adecuada de todos los daños sufridos, cuando quiera que las conductas de las autoridades o particulares atenten contra las garantías y derechos que el ordenamiento jurídico ha reconocido en favor de los consumidores y usuarios de forma colectiva.
Frente a la vulneración de este derecho colectivo, manifiestan los coadyuvantes en la apelación que las instalaciones de redes de gas se realizaron sin los estudios ni planeación debida, argumentos que encuentra desvirtuados la Sala con idénticas consideraciones a las expuestas para resolver el cargo No. 2, al hallar pruebas que demuestran que la situación de riesgo sísmico y volcánico que presenta el municipio fue prevista por la parte demandada, y en consecuencia se contemplaron las medidas técnicas procedentes para su mitigación, sin que de ello pueda derivarse, o al menos no se demostró en el proceso, vulneración de los derechos de los consumidores o usuarios, puesto que no se halla ninguna prueba orientada a demostrar por ejemplo que los materiales utilizados en la instalación de las redes de gas no son los idóneos para terrenos inestables por sismicidad, o que no se haya efectuado un análisis de riesgo adaptado a las particulares condiciones del ente en el cual iban a ser construidas.
Vistas así las cosas, y dado que no se logró evidenciar la vulneración de los derechos invocados por los coadyuvantes de la parte actora, preciso es analizar los reparos formulados por ésta frente a la sentencia de primera instancia.
Solución de los cargos planteados por los demandantes.
Los demandantes basan el recurso de apelación con base en los siguientes argumentos:
Los hechos de la demanda no fueron desvirtuados por los demandados.
Sobre el particular advierte la Sala que, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, tratándose de acciones populares, es el actor el titular del deber probatorio de las situaciones fácticas que expone para fundamentar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos respecto de los cuales solicita el amparo judicial, y no los demandados como erradamente lo hacen ver en su recurso. La disposición en cita es del siguiente tenor:
“ARTICULO 30. CARGA DE LA PRUEBA. La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de debate y con cargo a ella”.
En esa medida, correspondía a la parte accionante acreditar que la Licencia de Intervención de Espacio Público en la modalidad de construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y/o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones que el Municipio de Pasto otorgó a Alcanos de Colombia S.A. ESP mediante Resolución No. 438 de 13 de noviembre de 2013, para extender redes de gas, constituye vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la seguridad y salubridad públicas, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y los derechos de los usuarios y consumidores contemplados en los literales b, g, l y n del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, teniendo en cuenta que esa entidad territorial presenta riesgo sísmico y volcánico; deber con el cual no cumplió en el presente caso.
En relación con la carga probatoria en acciones populares, esta Sala ha dicho:
“Con respecto a la carga de la prueba en acciones populares el artículo 30 de la Ley 472, señala:
“[…] ARTICULO 30. CARGA DE LA PRUEBA. La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de debate y con cargo a ella. […]”.
Se evidencia, entonces, que el actor incumplió con la referida carga pues no probó los hechos ni las supuestas violaciones aducidas en la demanda; tampoco cooperó en la práctica de la prueba oficiosamente decretada.
Esta consecuencia del obrar omisivo de la parte demandante ya ha sido destacada por la jurisprudencia de esta Sala, como se expresó en sentencia de esta Sección el 13 de noviembre de 2014, en la cual señaló:
“[…] Se entiende que le corresponde al actor probar los hechos, acciones u omisiones que a su juicio constituyen la causa de la amenaza o la vulneración de los derechos e intereses colectivos cuya protección se pretende con la acción.
Es evidente que no basta con indicar que determinados hechos violan los derechos e intereses colectivos para que se tenga por cierta su afectación o vulneración; el demandante tiene la carga procesal de demostrar los supuestos fácticos de sus alegaciones.
Sobre la carga de la prueba en acciones populares, la jurisprudencia de esta Sección ha indicado:
“[...] la Sala considera importante anotar, que la acción popular no está diseñada para acudir a ella ante cualquier violación de la ley, irregularidad o disfunción que se presente ya sea en el ámbito público o privado. Por el contrario, como se indicó al inicio de estas consideraciones, la acción popular tiene un papel preventivo y/o remedial de protección de derechos e intereses colectivos, cuando quiera que éstos se ven amenazados o están siendo vulnerados, pero en uno y otro evento, tanto la amenaza como la vulneración, según el caso, deben ser reales y no hipotéticas, directas, inminentes, concretas y actuales, de manera tal que en realidad se perciba la potencialidad de violación del derecho colectivo o la verificación del mismo, aspectos todos que deben ser debidamente demostrados por el actor popular, quien conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, tiene la carga de la prueba. “Dado que los actores no demostraron de ninguna manera el supuesto hecho que generaba la violación de los derechos colectivos (...) confirmará la Sala la sentencia proferida por el tribunal de instancia.”
Con fundamento en lo anterior la procedencia de la acción popular se sujeta a que, de los hechos de la demanda se pueda deducir siquiera sumariamente una amenaza a los derechos colectivos, entendidos estos como intereses de representación difusa, en la medida en que su titular es un grupo indeterminado o indeterminable de personas, la obligación de que la acción se dirija contra persona natural o jurídica o autoridad pública cuya actuación u omisión se considere que amenaza o viola el interés colectivo, requisito este último que requiere que la acción u omisión sea probada por el actor, o que del acervo probatorio obrante en el expediente el juez pueda deducir la vulneración del o de los derechos colectivos pues de lo contrario no puede ni podrá dar orden alguna tendiente proteger y normalizar una situación con la expedición de la sentencia producto de la acción popular.” (Negrillas por fuera del texto). […]”.
Entendido entonces que la parte demandante no cumplió con el deber legal atrás anotado, y que no es procedente trasladarlo, como pretendía, a las autoridades acusadas de la vulneración de los derechos que invocó en su escrito introductorio, debe la Sala rechazar el cargo expuesto en el recurso de apelación y analizar los que siguen a continuación.
La licencia de intervención del especio público se expidió sin contar con el estudio de riesgo de que trata el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012. La Licencia de no cumple con las disposiciones del Decreto 1469 de 2010. La licencia no cumple con las normas técnicas NSR10 y NSR98.
Considera la Sala que estos argumentos constituyen típicos cargos de legalidad que escapan al objeto de la presente acción constitucional, en la medida que deben ser resueltos por el juez natural en ejercicio de otro medio de control, en el entendido que, si bien excepcionalmente se ha admitido el estudio de actos y contratos administrativos en sede de acción popular, el análisis del juez constitucional debe estar dirigido a confrontar el acto con los derechos colectivos presuntamente amenazados o vulnerados, y solo en el evento que encuentre acreditado que los efectos jurídicos de éste representan tal amenaza o vulneración, procederá a adoptar las medidas tendientes a conjurar esa situación, pudiéndolos dejar sin efectos, tal como lo definió la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia de unificación que ya fue citada.
Pese a lo dicho, cabe destacar que el recurrente también señaló que en el presente caso se está desconociendo lo ordenado por el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012.
Sin embargo, se observa que la legislación enunciada no resulta aplicable al caso concreto, en razón a que el artículo 38 ibídem, citado por el recurrente, se refiere a que todos los proyectos de inversión pública que tengan incidencia a nivel territorial, deben incorporar apropiadamente un análisis de riesgo de desastres cuyo nivel de detalle estará definido en función de la complejidad y naturaleza del proyecto en cuestión, lo que no sucede en el caso objeto de estudio, pues no estamos en presencia de un proyecto de tales características, sino que se trata de una autorización a un particular para la extensión de redes de un servicio público domiciliario, que sí contó con los estudios de riesgo exigidos por la normatividad vigente, esto es, la dispuesta en el Decreto 564 de 2006, tal como se acreditó en el trámite de primera instancia, y que se encuentra de manera detallada en las páginas 16 a la 20 de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, obrantes a folios 1050 a 1052 del cuaderno 2 del expediente.
Bajo las premisas anotadas, y visto que no se logró acreditar que con la expedición de la Resolución No. 438 de 13 de noviembre de 2013 se haya puesto en peligro o vulnerado los derechos e intereses colectivos aquí denunciados, la Sala confirma la decisión del Tribunal Administrativo de Nariño que negó las súplicas, por las razones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de junio de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de por el Tribunal Administrativo de Nariño, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, REMITIR copia auténtica de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
TERCERO: Ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 12 de julio de 2018.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Folios 1042 a 1052. C2.
Folios 1 a 7. C1
Folios 9 a 12. C1
Folios 15 a 19. C1
Folios 20 a 62. C1.
Folios 186 a 667. C1.
Folios 147 a 184. C1
Folios 670 a 673. C2
Folio 735. C2.
Folios 738 a 741. C2
Folios 795 a 799. C2
Folios 1055 a 1061.C2
Folios 1068 a 1073. C2
Folio 1080.C2
Folios 1083. C2
Folios 1094 a 1096.C2
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 13 de febrero de 2018, proferida en el proceso número 25000-23-15-000-2002-02704-01 (SU). Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 1º de febrero de 2018. Radicación No. 63001-23-33-000-2016-00496-01(AP). Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de marzo de 2015. Rad: 15001-23-31-000-2011-00031-01(AP). M.P. Guillermo Vargas Ayala.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de mayo de 2013, Rad. No. 15001 23 31 000 2010 01166 01. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de veinte (20) de mayo de dos mil diez (2010). Radicado No. 66001-23-31-000-2004-00850-01(AP). Consejeras Ponente (E): María Claudia Rojas Lasso.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Radicado No. 68001-23-31-000-2010-00835 01(AP). Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez.
“Artículo 38. Incorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública. Todos los proyectos de inversión pública que tengan incidencia en el territorio, bien sea a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, deben incorporar apropiadamente un análisis de riesgo de desastres cuyo nivel de detalle estará definido en función de la complejidad y naturaleza del proyecto en cuestión. Este análisis deberá ser considerado desde las etapas primeras de formulación, a efectos de prevenir la generación de futuras condiciones de riesgo asociadas con la instalación y operación de proyectos de inversión pública en el territorio nacional. Parágrafo. Todas las entidades públicas y privadas que financien estudios para la formulación y elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo regional y urbano, incluirán en los contratos respectivos la obligación de incorporar el componente de reducción del riesgo y deberá consultar los lineamientos del Plan aprobado de Gestión del Riesgo del municipio o el departamento en el cual se va ejecutar la inversión.”
El Decreto 1469 de 30 de abril de 2010 expresamente dispuso el su artículo 135 que “Las solicitudes de licencias, reconocimiento de edificaciones, otras actuaciones asociadas a la Licencia y prórrogas que hubieren sido radicadas en legal y debida forma antes de la publicación del presente decreto, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes al momento de su radicación.”, y como quedó acreditado en el curso del proceso, la empresa Alcanos de Colombia S.A. solicitó ante la Secretaría de Planeación Municipal de Pasto el otorgamiento de la licencia de intervención y ocupación del espacio público para la realización de las obras necesarias dirigidas a instalar redes de gasoducto urbano de ese municipio el 16 de septiembre de 2009, en vigencia del Decreto 564 de 2006.
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