Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2016-00496-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2016-00496-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 63001-23-33-000-2016-00496-01
Consejero ponente: María Elizabeth García González
1 de febrero de 2018
ACCIÓN POPULAR - Ampara los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y la salubridad pública, a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas ordenadas / DERECHO A LA SALUBRIDAD PÚBLICA - Se vulnera debido a los problemas graves de saneamiento básico en relación con el tratamiento de aguas residuales / FUENTES HÍDRICAS - Su descontaminación está a cargo tanto de las autoridades ambientales como de las entidades territoriales / PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMENTOS - Se modifica la parte resolutiva de la sentencia, ordenando al Municipio de La Tebaida ejecutar el Plan y a la CRQ, efectuar el seguimiento y control en la ejecución del PSMV
[E]stá plenamente probada la violación de los derechos colectivos de los habitantes del Centro Poblado La Silvia del Municipio de La Tebaida (Quindío), ya que es evidente que dicha población tiene problemas graves de saneamiento básico en relación con el tratamiento de aguas residuales. (…). [N]o se advierte que la CRQ [Corporación Autónoma Regional Del Quindío] hubiese adelantado o prestado su colaboración al Municipio, para que este pueda de manera eficiente adelantar las actividades necesarias para la mitigación del saneamiento básico del centro poblado La Silvia, lo cual se encuentra dentro de las competencias asignadas en el artículo 31 de la Ley, por lo que resulta evidente que la CRQ vulneró los derechos colectivos invocados en la demanda y conforme a sus competencias debe, en coordinación con las demás entidades demandadas, realizar las labores que correspondan con el fin de solucionar el problema de aguas residuales del poblado La Silvia. (…). [E]xisten obligaciones conjuntas entre las autoridades ambientales y las entidades territoriales respecto de la protección de la fuente hídrica, y en relación con la misma, son responsables de adelantar de manera coordinada las acciones que correspondan para lograr su descontaminación. En consecuencia, la Sala encuentra que es acertada la orden del Tribunal, respecto de que la CQR en asocio con el Municipio de La Tebaida y el Departamento del Quindío, elaboren un plan de descontaminación de la quebrada aledaña al centro poblado La Silvia del Municipio del La Tebaida, en donde se vierten sin tratamiento las aguas residuales. (…). [L]a Sala colige que le asiste parcialmente la razón a la CRQ, en cuanto a que a la entidad que le corresponde ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos es la prestadora del servicio público de alcantarillado, que en este caso es el Municipio de La Tebaida, y a la CRQ le corresponderá el seguimiento y control a la ejecución del PSMV [Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos], por ser la autoridad ambiental competente; igualmente, los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de reducción individual establecida.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 8 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 58 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 79 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 80 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 88 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 95 / DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO HUMANO DE 1972 / CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES O PROTOCOLO DE SAN SALVADOR - ARTÍCULO 11 / DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE - PRINCIPIO 1 / DECLARACIÓN DE RÍO DE JANEIRO SOBRE EL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO - PRINCIPIO 1 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 7 / LEY 99 DE 1993 / DECRETO LEY 2811 DE 1974 - ARTÍCULO 1 / DECRETO LEY 2811 DE 1974 - ARTÍCULO 2 / LEY 60 DE 1993 - ARTÍCULO 2 / LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 23 / LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 30 / LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 31 / LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 65 / LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 3 / LEY 715 DE 2001 - ARTÍCULO 44 / LEY 23 DE 1973 / DECRETO 1541 DE 1978 - ARTÍCULO 211 / LEY 9 DE 1979 / DECRETO 1594 DE 1984 / DECRETO 3100 DE 2003 - ARTÍCULO 6 / DECRETO 3100 DE 2003 - ARTÍCULO 12
NOTA DE RELATORÍA: Con respecto a lo que se ha denominado constitución ecológica, ver: Corte Constitucional, sentencia de 1 de abril de 1998, exp. C-126, M.P. Alejandro Martínez Caballero y sentencia de 12 de abril de 2000, exp. C-431, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Sobre el alcance del derecho al ambiente, ver: Corte Constitucional, sentencia de 31 de agosto de 1998, exp. T-453, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Acerca del derecho colectivo a la seguridad y salubridad pública, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, providencia de 30 de junio de 2017, exp. 2013-00013-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., primero (1) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 63001-23-33-000-2016-00496-01(AP)
Actor: DEFENSORÍA DEL PUEBLO- DEFENSORIA REGIONAL DEL QUINDIO
Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO - CRQ, EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO VIVIENDA Y EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA - QUINDÍO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, contra la sentencia de 29 de junio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Quíndio, que accedió el amparo de los derechos colectivos invocados como vulnerados.
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda
La DEFENSORÍA DEL PUEBLO (en adelante la Defensoría), a través de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL QUINDIO presentó acción popular contra la Corporación Autónoma Regional del Quindío “CRQ” (en adelante CRQ), el Departamento del Quindío- Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento y Plan Departamental de Aguas (en adelante el Departamento), Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio- Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico Vivienda (en adelante del Ministerio) y el Municipio de la Tebaida (Quindío) (en adelante el Municipio), en defensa de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y que su prestación sea de manera eficiente y oportuna, a la seguridad y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
Por otra parte, el a quo vinculó al proceso a la Empresa Pública del Quindío- EPQ (en adelante la empresa).
I.2. Hechos
Manifestó que, en el Municipio, centro poblado La Silvia, se construyó el barrio La Silvia donde fueron reubicadas 132 familias damnificadas por el terremoto del año 1999.
Los habitantes de ese poblado, en la actualidad y desde hace más de 10 años cuentan con la instalación de dos pozos sépticos que están ubicados a pocos metros de sus viviendas, uno de ellos a cielo abierto a 2 metros de las mismas, y el otro a 10 metros de la quebrada La Moneda, lo que hace que se vea afectada la comunidad del centro Poblado, pues los olores que se sienten son nauseabundos para la salud de sus habitantes, en época de lluvias se colmata y se incrementa el nivel de sus aguas, lo que genera su inadecuado funcionamiento.
Afirmó que, al observar a simple vista el primer pozo séptico a cielo abierto que se encuentra a dos metros de las viviendas, se comprueba cómo las aguas salen de su interior por el estancamiento de aguas servidas que se mezclan con las aguas lluvias produciendo represamiento de aguas que sirve de proliferación de mosquitos y bacterias que contaminan el ambiente, vulnerando el derecho a la salubridad pública de los habitantes de este centro poblado.
Indicó que, como solución inmediata y planteada por los miembros de la CRQ, en visita realizada al sitio de ubicación del pozo séptico de La Silvia en el mes de mayo se indicó que lo mediato era realizar un mantenimiento al sistema séptico con el fin de resolver el problema de colmatación que registra el mismo, el cual se está rebozando, ya que el sistema de alcantarillado de este barrio tiene mezcladas las aguas negras con las lluvias.
Por lo anterior, la Defensoría requirió al Municipio, el cual manifestó que viene realizando gestiones para solucionar de manera definitiva la problemática ambiental que genera el pozo séptico del Centro Poblado La Silvia y que en asocio con el Plan Departamental de Aguas está trabajando para la construcción de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales óptimo que solucione de manera definitiva los vertimientos domésticos producto de la actividad humana. Así mismo, indicó que pretende la construcción de un Sistema Integral de Saneamiento y Manejo de vertimientos para lograr la descontaminación de las fuentes hídricas del Departamento y realizar el tratamiento a las aguas residuales provenientes del sector, pero no cuenta con recursos para ello.
Por otro lado, señaló frente a la respuesta dada al requerimiento hecho a la CRQ, que esta indicó: “Que la situación presentada en el sector de la Silvia del Municipio de la Tebaida está generando impactos ambientales y sociales negativos”, sin que se evidencie una intervención efectiva por parte de la autoridad competente para la solución inmediata y definitiva de la problemática. Indicó, además, que es el ente territorial el que debe ejecutar labores que conlleven a una solución de la situación, y que el mismo debe ser respaldado por la Gobernación y la Nación.
Advirtió que, de las respuestas de las autoridades requeridas no evidencia la realización de obras con el propósito de proteger los derechos fundamentales a la salubridad de los habitantes del Centro Poblado La Silvia del Municipio de La Tebaida.
Así mismo, refirió que el 2 de noviembre de 2016 se llevó a cabo una mesa de trabajo en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en las cuales se enunciaron varios compromisos por parte de las autoridades requeridas.
Sostuvo que no obstante lo anterior, el día 8 de noviembre 2016 realizó una visita de campo con al acompañamiento del Procurador Ambiental y Agrario para el Departamento, la Alcaldesa del Municipio, un delegado de la Gobernación, el Director de la ESE Pío X del Municipio y un delegado de la CRQ, y que en la misma se evidenció el estado de colmatación de las aguas represadas, produciendo olores nauseabundos.
Así mismo, señaló que según información suministrada por la Alcaldía, existen 27 viviendas de invasión, de las cuales 5, son aledañas al pozo séptico, y que al parecer vierten sus aguas al interior del pozo sin control.
I.3. Pretensiones
La actora solicitó que se declare que las accionadas han vulnerado los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la seguridad y la salubridad pública, la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, previstos en la Ley 472 de 1998.
Por otro lado, indicó que se declare que la CRQ ha vulnerado los derechos colectivos en razón a la omisión que ha generado su falta de actuación como autoridad ambiental en la realización de control y seguimiento frente a la problemática que viven los habitantes del Centro Poblado La Silvia, por falta de intervención frente a la contaminación de las aguas de la quebrada La Moneda.
Así mismo, adujo respecto del Ministerio, que ha vulnerado los derechos colectivos al no dar respuesta al requerimiento hecho por la Defensoría y desde el ámbito de sus competencias tiene el deber de velar por promover el desarrollo sostenible a través de la formulación y adopción de las políticas, programas, proyectos y regulación para el acceso de la población a agua potable y saneamiento básico, además de apoyar financieramente cuando el municipio no pueda atender directamente la inversión.
Que, se declare que el Municipio y el Departamento vulneran los derechos colectivos, en razón a la omisión y falta de intervención frente a la problemática de salubridad pública y del medio ambiente que está ocasionando el mal funcionamiento de los pozos sépticos del centro poblado La Silvia y la contaminación de la fuente de agua de la quebrada La Moneda.
Que, se ordene a las accionadas realizar las obras necesarias de alcantarillado en el Centro Poblado La Silvia, para separar las aguas residuales de las aguas lluvias, y que estas a su vez se viertan a un sistema de tratamiento de aguas residuales para proteger los derechos colectivos de los habitantes de este centro poblado, así como la protección de las aguas de la quebrada La Moneda que desemboca en la quebrada La Jaramilla y esta a su vez en el Río Quindío, o en todo caso se realicen las obras que arroje el estudio técnico que se contrate sobre el particular.
I.4. Defensa
I.4.1. Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. ESP, se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que el servicio público que presta en el Municipio lo hace en el casco urbano, donde están ubicadas las redes que fueron entregadas para su operación, constituyéndose el área rural en una eventualidad, toda vez que para estos casos se tiene que el servicio es operado por Asociaciones Veredales, el Comité de Cafeteros o la entidad territorial.
Agregó que, si bien es cierto que la Empresa es la entidad que presta el servicio de alcantarillado en el Municipio, en la actualidad no tiene cobertura en la zona rural donde está ubicado el Centro Poblado La Silvia.
Así mismo, indicó que, al no haber sido entregado el servicio de alcantarillado a un tercero para su operación, administración y mantenimiento, es claro que dicha responsabilidad recae en la entidad territorial, al tenor del artículo 3° de la Ley 136 de 1994.
Finalmente formuló la excepción de la falta de legitimación en la causa por pasiva y argumentó que dicha entidad no ha conculcado ni vulnerado derecho colectivo alguno, como quiera que no es el operador del servicio público de alcantarillado en el Centro Poblado La Silvia.
I.4.2. El DEPARTAMENTO puso de presente que dentro del Plan de Desarrollo 2016-2019 “En defensa del Bien Común” se inscribió el proyecto en la Secretaría de Aguas e infraestructura denominado “construcción y mejoramiento de la infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento del Quindío”, el cual tiene como objetivo garantizar de forma adecuada la oportuna asistencia técnica y financiera a los Municipios y Departamentos con el propósito de optimizar la infraestructura y la gestión empresarial de los prestadores de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Así mismo, precisó que se identificó la necesidad de adelantar un proyecto de “Diseños de soluciones puntuales a problemas de saneamiento básico en los centros poblados de Boquía en el Municipio de Salento, La Silvia en el Municipio de La Tebaida y Centro Poblado La 18 del Municipio de Circasia”.
Por otro lado, manifestó que es competencia de los municipios asegurar que los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública, etc, sean prestados de manera eficiente por las empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto o por la administración central del respectivo municipio.
I.4.3. Frente a la CRQ el a quo mediante auto de 28 de marzo de 2017, tuvo por no contestada la demanda por falta de personería adjetiva.
I.4.4. El Ministerio guardó silencio.
I.4.5. El Municipio sostuvo que ha realizado el mantenimiento que se requiere para el funcionamiento de los pozos; ha gestionado con otras entidades recursos para dar una respuesta de fondo a la problemática del sector.
Señaló que, los pozos cuentan con un cerramiento realizado por la Secretaría de Infraestructura del Municipio.
Manifestó que, no cuenta con los recursos que se requieren para dicho proyecto, por lo que solicitó que se declare a todas las entidades vinculadas responsables de la afectación sufrida por los habitantes del centro poblado La Silvia, y ordenar a cada una de ellas, conforme a sus competencias, realizar las tareas necesarias para dar una solución de fondo.
I.5. Decreto de medidas cautelares
El a quo mediante auto de 16 de diciembre de 2016, decretó medidas cautelares previas en las cuales se impartieron órdenes concretas al Municipio y a la Empresa (folios 72-78).
I.6 Pacto de Cumplimiento
El 4 de abril de 2017, se llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento, la cual se declaró fallida por no comparecer la totalidad de las partes y sus representantes (folios 267-269).
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal en sentencia de 29 de junio de 2017, accedió a las súplicas de la demanda.
Para el efecto, hace un recuento probatorio extenso y pone de presente que estas dan cuenta de la problemática ambiental que afecta los derechos e intereses colectivos de los habitantes del centro poblado La Silvia y de sus alrededores, por la contaminación con aguas residuales producto de la falta de mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales con que cuenta dicho poblado que si bien fue construido a distancias permitidas y atendiendo la demanda de viviendas que existían en ese momento, no previó el crecimiento de la población en la zona rural, aún de forma ilegal, y la combinación de las aguas residuales con aguas lluvias que provoca que en época de lluvias se colmate.
Señaló que, con apoyo en los informes de la CRQ, es innegable la amenaza del derecho colectivo al goce de un ambiente sano, pues las descargas de aguas residuales sin tratamiento sobre el canal en concreto que se mezcla con las aguas lluvias producen malos olores que contaminan el aire y a su vez van a la quebrada La Jaramilla, lo que altera este caudal de agua, así como el suelo que se impregna con estas aguas residuales, produciendo alteraciones en el ambiente que repercute en la salud de los pobladores de la zona.
Precisó que, las accionadas han realizado mesas de trabajo y visitas al sector para conocer la problemática y que con este fin el municipio contrato los servicios de un ingeniero sanitario para diagnosticar el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del centro poblado; sin embargo, tanto estas acciones, como la elaboración de los estudios previos para adelantar el proceso de selección para contratar el diseño de soluciones puntuales al problema de saneamiento básico en el centro poblado La Silvia realizados por el Departamento, la priorización de este proyecto y el de construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales en el Plan General Estratégico y de Inversiones (PGEI 2016-2019), no han logrado a la fecha la solución a la problemática ambiental y social y que resuelva de manera inmediata el problema de colmatación.
Indicó que, es el municipio el primer responsable de la prestación de los servicios públicos; no obstante, las demás autoridades accionadas en virtud de la política de los Planes Departamentales de Agua potable y Saneamiento Básico resultan comprometidas en el orden técnico y financiero en el desarrollo de los proyectos eficientes de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
Sostuvo que, se encuentra demostrado que el servicio aludido es prestado en la zona en discusión directamente por el municipio; sin embargo, se hace necesario que en coordinación con las Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P., como prestadora del orden departamental, constituida por acciones, y mayor operadora de los servicios de acueducto y alcantarillado en varios municipios del departamento y en la zona urbana del Municipio de La Tebaida, realicen un estudio de pertinencia de prestación del servicio de alcantarillado en el sector rural La Silvia, de manera que se tomen decisiones e implementen acciones tendientes a mejorar de manera significativa la prestación del servicio.
Por otra parte, adujo que pese a que la CRQ se percató de la situación desde el año 2015, solo hasta el 25 de enero de 2017 inició el proceso sancionatorio contra el Municipio y solicitó la imposición de medidas correctivas a la comunidad del centro poblado La Silvia, por los vertimientos de aguas residuales en este centro poblado y al Inspector Municipal de Policía de La Tebaida, luego de que fueron solicitadas por el Procurador 34 Judicial I Ambiental y Agrario de Armenia Quindío.
Conforme a lo anterior el a-quo dispuso lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARESE que el MUNICPIO DE LA TEBAIDA, el DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, las EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO y el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO- VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, se encuentran vulnerando los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y la salubridad pública, a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, y al acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente y oportuna dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, consagrados en la Ley 472 de 1998, de los habitantes del centro poblado La Silvia del Municipio de La Tebaida Quindío.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNESE:
Al MUNICPIO DE LA TEBAIDA,
Adopte las medidas administrativas y presupuestales para que de manera INMEDIATA garantice el mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales del centro poblado La Silvia del Municipio de La Tebaida.
Activar de manera INMEDIATA el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, con el fin de mitigar los impactos y efectos negativos a los recursos naturales y al ambiente, o en caso de que no exista elaborarlo. Dicho plan deberá incluir campañas de sensibilización a la comunidad para el manejo de las aguas residuales.
Tramitar el permiso de vertimientos de aguas residuales, para el sector del centro poblado La Silvia.
Elaborar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, aguas residuales que cumplen con lo dispuesto en la normativa sobre la materia.
Adoptar las gestiones técnicas, administrativas, interadministrativas, presupuestales, financieras y demás que se requieran para garantizar en las condiciones legales de calidad, eficiencia y eficacia, el servicio de alcantarillado, a los habitantes del centro poblado La Silvia.
[…]
Al DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, adelante las gestiones técnicas, administrativas, interadministrativas, presupuestales, financieras y demás que se requieran para llevar a cabo el proceso de contratación con el objeto de obtener un estudio de soluciones puntuales al problema de saneamiento básico en el centro poblado de La Silvia en el Municipio de La Tebaida; para lo cual contará con el término de doce (12) meses.
A la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO,
Elabore un Plan de Descontaminación de la Quebrada aledaña al centro poblado La Silvia del Municipio de La Tebaida en donde se vierten sin tratamiento las aguas residuales, basado en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, en asocio con el Municipio de La Tebaida y el Departamento del Quindío.
Dicho plan deberá contener las medidas preventivas, correctivas y de seguimiento, buscando la minimización de los impactos producidos por la contaminación hídrica; así como, monitoreos ambientales periódicos, medidas de evaluación, control y seguimiento ambiental; el procedimiento sancionatorio; campañas de socialización del plan con los demás actores involucrados en la protección del medio ambiente y con la comunidad, entre otras que sean necesarias.
Ejecute el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de La Tebaida y a las metas de reducción de carga contaminante de manera anual fijada. Así mismo, deberá elaborar un programa de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de aguas receptoras.
Para el cumplimiento de las anteriores órdenes, la CRQ contará con el término de doce (12) meses y para la ejecución del plan un plazo de tres (3) meses contados desde la fecha de ejecutoria de la presente providencia.
Al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO- VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, prestar la asistencia técnica al departamento para la viabilización del proyecto que de solución definitiva al problema de saneamiento básico en el centro poblado de La Silvia en el Municipio de La Tebaida.
A las EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A. E.S.P. para que en asocio con el MUNICPIO DE LA TEBAIDA y el DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO realicen un estudio de pertinencia de prestación del servicio de alcantarillado en el sector rural La Silvia […].
Al MUNICPIO DE LA TEBAIDA, el DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, las EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO y el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO- VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, para que adopten las gestiones técnicas, administrativas, interadministrativas, presupuestales, financieras y demás que se requieran para ejecutar de manera coordinada y de acuerdo a sus competencias las obras de saneamiento básico que de acuerdo a los estudios de diseño contratados resulte más viable a fin de dar solución puntual al problema de las aguas residuales en el centro poblado La Silvia del Municipio de La Tebaida Quindío
[…]”.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La CRQ, manifestó que ha hecho uso de todas y cada una de las herramientas brindadas por el legislador para el cumplimiento de los deberes legales y las garantías constitucionales, tales como la realización de labores de control y seguimiento ambiental, los requerimientos de información al Municipio y a la Empresa Prestadora del Servicio de Acueducto y Alcantarillado y el inicio del proceso sancionatorio ambiental, lo anterior según lo previsto en las Leyes 99 de 1993 y 1333 de 2009.
En lo referente al numeral 3.2. de la sentencia, indicó que el a quo no tuvo en cuenta las competencias y funciones en cabeza del Municipio, la Empresa Prestadora del Servicio de Acueducto de Alcantarillado y las CAR. Lo anterior, toda vez que le impone a la Corporación Autónoma Regional del Quindío una carga que no debe soportar, como lo es la de ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento del Municipio de La Tebaida, según lo señalado en la Resolución nro. 1433 de 2004.
Agregó que, respecto de que la CRQ debe ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio y las metas de reducción de carga contaminante de manera anual fijada, así como elaborar un programa de monitoreo de corrientes, tramos o cuerpos de aguas receptoras, es contrario a lo señalado en las normas y resoluciones que se encuentran vigentes para el momento, puesto que la CQR no es la empresa prestadora del servicio de alcantarillado y, por lo tanto, no le compete la ejecución del plan pluricitado.
Por otra parte, advirtió que, respecto del numeral sexto del fallo, el a quo no tomó en cuenta que la función de las CAR no es la prestación del servicio de acueducto y por ende la CRQ no dispone de los recursos financieros ni de la capacidad para cumplir con la orden referida.
Señaló que, desde el año 2009, hace parte del Plan Departamental de Agua PDA, en consonancia con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 1450 de 2011 y, por lo tanto, la inversión de los recursos provenientes de la tasa retributiva se hacen en el marco del PDA, espacio donde se concertan con la Gobernación del Quindío los proyectos formulados y viabilizados que puede financiar la CRQ, conforme al Acuerdo nro. 6 de 2013.
No obstante, afirmó que el Centro Poblado La Silvia no está incluido en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio, por lo que la CRQ no podría financiar la construcción del sistema de tratamiento ya que no se encuentra en el PSMV adoptado por el Municipio.
Finalmente, respecto del numeral 3.1. de la sentencia, consideró que se encuentra inmerso en el objetivo del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos elaborado para el Municipio, toda vez que el PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades encaminadas al saneamiento y tratamiento de los vertimientos realizados a las fuentes hídricas del Municipio.
Conforme a lo anterior, al realizarse un mejor tratamiento de las aguas residuales originarias del Centro Poblado la Silvia, se estará contribuyendo a minimizar los impactos ambientales sobre la quebrada aledaña al centro referido, y por lo tanto no será necesaria la creación de un nuevo plan con el mismo objetivo del PSMV. Agregó que, es necesaria la modificación del PSMV del Municipio para la inclusión del Centro Poblado La Silvia, tal y como lo ordenó la sentencia en el numeral 1 de la sentencia.
IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público fue notificado en debida forma y guardó silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo para la protección de sus derechos.
En consecuencia, corresponde a la Sala determinar si: i) la CRQ vulneró los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y a la salubridad pública, a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas ordenadas y, en consecuencia debe adelantar las gestiones técnicas, administrativas, interadministrativas, presupuestales, financieras de acuerdo con sus competencias para ejecutar las obras de saneamiento básico con el fin de dar solución al problema de aguas residuales del poblado del Municipio La Tebaida – Quindío; ii) la CRQ debe elaborar el Plan de Descontaminación de la Quebrada aledaña al centro poblado La Silvia, basado en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, en asocio con el Municipio y el Departamento; iii) la CRQ debe ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio y las metas de reducción de carga contaminante de manera anual fijadas. Así como elaborar un programa de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de aguas receptoras.
El derecho a la utilización y defensa del medio ambiente
El medio ambiente hace parte de lo que se ha denominado por la jurisprudencia como "Constitución Ecológica", conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.
En este sentido los artículos 8°, 58, 79, 80 y 95 Superiores, consagran, respectivamente, i) la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de estos fines; y iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, así como el de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Así mismo, la Ley 99 establece que la política ambiental colombiana seguirá, entre otros, los siguientes principios generales: i) el proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo; ii) en la utilización de los recursos hídricos donde el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso; iii) la formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución; iv) el Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables; v) el paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido; vi) la prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serían de obligatorio cumplimiento; y vii) los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial.
Por su parte, los artículos 1° y 2° del Decreto Ley 2811 de 1974, “por el cual se dictó el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”, disponen que el medio ambiente es un patrimonio común que debe preservarse:
“[…] Artículo 1°. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social.
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social.
Artículo 2°. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por objeto:
1°. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional.
2°. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos.
3°. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente […].”
De otro lado, el artículo 7° de la Ley 472 dispone que los derechos e intereses colectivos deben observarse y aplicarse de acuerdo a como están definidos y regulados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que vinculan al país.
Al respecto, vale la pena resaltar lo dispuesto en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, que consagró una serie de principios en relación con el medio ambiente, así:
“[…] Principio 1. El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y, tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras…
Principio 2. Los recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante cuidadosa planificación u ordenación, según convenga.
[...]
Principio 4. El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestres y su hábitat…
[…]
Principio 13. A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar así las condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo de modo que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su población.
[…]
Principio 15. Debe aplicarse la planificación a los asentamientos humanos y a la urbanización con miras a evitar repercusiones perjudiciales sobre el medio y a obtener los máximos beneficios sociales económicos y ambientales para todos […].”
El artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, afirma que:
“[…] 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.
2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”
“Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia […]”.
Así mismo, se encuentra estipulado en el principio I de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente:
“[…] El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras […]”.
De igual forma, el principio I de la Declaración de Río de Janeiro sobre el sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, prescribe:
“[…] Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza[…].”
De lo anterior se deduce que el derecho al ambiente busca la protección de “aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural”.
La seguridad y salubridad pública
Respecto al derecho colectivo a la seguridad y salubridad pública la Sala en providencia de 30 de junio de 2017, señaló lo siguiente:
“[…]
La Constitución de 1991 consignó en su artículo 366 el mejoramiento de la calidad de vida, como una de las finalidades sociales del Estado, para lo cual fija como un objetivo prioritario para las entidades del estado la solución de las necesidades insatisfechas en materia de salud.
La importancia del derecho colectivo a la seguridad y salubridad pública, ha sido abordada por esta Sección entre otras en la sentencia de 15 de mayo de 2014, la cual determinó:
“La importancia del cuidado de las salud de las personas y de una adecuada gestión de su entorno, son aspectos esenciales para la efectividad del derecho a la vida y de otros postulados cardinales del Estado social de derecho como la dignidad humana o la libertad, ello se evidencia en lo previsto por el artículo 366 de la Carta, que además de señalar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida como fines sociales del Estado, define como objetivo fundamental de su actividad la solución de necesidades básicas insatisfechas en materia de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable. Su carácter primordial se plasma también en el artículo 49 Constitucional, que encomienda al Estado la responsabilidad de asegurar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, al tiempo que impone a todos el deber de “procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad”. Reflejo de esta última previsión es lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 95 de la Ley Fundamental, que erige en deber ciudadano, expresión del principio de solidaridad, responder con acciones humanitarias “ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”. Finalmente, debe también resaltarse el hecho que el artículo 78 de la Constitución haga reconocimiento expreso de la responsabilidad que deben afrontar los productores de bienes y servicios que, entre otras, atenten contra la salud y la seguridad de los consumidores o usuarios; la cual, por virtud de lo previsto en la parte final del artículo 88, podrá ser objetiva.
La trascendencia social de los conceptos de seguridad y salubridad pública y del derecho colectivo que fundamentan ha llevado a esta Sala de Decisión a sostener que:
“[…] constituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su contenido general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria.”
Por ende, dada la amplitud de su radio de acción, como ha sido subrayado por esta Corporación, el derecho colectivo a la salubridad pública “se puede garantizar desde una perspectiva de abstención (negativa o de impedir una conducta) o de promoción (activa o de realización de un comportamiento) en aras de asegurar las condiciones esenciales de salud pública”. En consecuencia, es claro para la Sala que su vulneración también puede desprenderse tanto de una actitud activa (actuaciones, reglamentos, contratos, etc.), como pasiva (omisión administrativa) de parte de las autoridades responsables de su guarda y realización efectiva […]”.
El derecho al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
En relación con el derecho al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, es del caso reiterar lo manifestado por la Sala, en lo siguiente:
“[…] La Carta Política consagró los servicios públicos como inherentes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, constituyéndose su prestación en una finalidad social del Estado y, en consecuencia, corresponde a éste su regulación, control y vigilancia, además de asegurar su ejecución eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, así como dar solución a las necesidades básicas insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y agua potable.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 de la Constitución Política y 5º, numeral 5.1 de la Ley 142 de 11 de junio 1994, el acceso a una infraestructura de servicios públicos es inherente a la finalidad social del Estado, razón por la cual debe garantizarse el acceso a una infraestructura de servicios adecuada para la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad, al respecto esta Sección se ha pronunciado de la siguiente manera:
“[…] De otra parte, el artículo 365 de la Constitución Política dispone que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, quien los podrá prestar, con sujeción al régimen fijado por la ley, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares, pero en todo caso conservando su regulación, control y vigilancia.
Ahora bien, el artículo 331 de la Carta Política, consagra que:
“Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.
De allí que tanto la Nación como las entidades territoriales, tengan el deber de garantizar a los ciudadanos una infraestructura de servicios, que proteja su derecho a la salud, de lo que se sigue que este derecho colectivo esta íntimamente relacionado con la vida en condiciones dignas, lo que tiene por consecuencia que el Estado debe realizar para su consecución acciones afirmativas, por medio de las cuales se otorguen a las personas los medios necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas relacionadas con la salubridad pública.
[…].”
Caso Concreto
En virtud de las consideraciones expuestas, y descendiendo al asunto sub examine, revisado el expediente respecto de la actuación adelantada por CRQ acerca del problema de saneamiento básico de aguas residuales en el centro poblado La Silvia, se extrae lo siguiente:
Según oficio 00010485 de 4 de octubre de 2016, suscrito por la CRQ, la problemática ambiental presentada en el centro poblado La Silvia, es la siguiente:
“[…] 1. Se trata de un asentamiento formal, que cuenta con servicio público de acueducto suministrado por las Empresas Públicas del Quindío (EPQ), y con una red de alcantarillado tipo combinando que conduce las Aguas Residuales hasta punto de tratamiento, en conjunto con las aguas lluvias.
Existencia de dos Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, teniendo que ambos se encuentran en funcionamiento, pero uno de ellos opera de manera deficiente y presenta falta de mantenimiento. El funcionamiento de esta unidad de tratamiento se ve afectado principalmente por el manejo inadecuado de aguas lluvias.
El Alcantarillado de este Centro Poblado no cuenta con un operador y por lo tanto los sistemas de tratamiento existentes tampoco son operados ni cuentan con un plan de mantenimiento regular y efectivo, lo que implica que con el ingreso de aguas lluvias la unidad de tratamiento se colmate, y por su localización las aguas de rebose se estancan, constituyéndose en un foco de generación de vectores infecciosos, fuente de olores ofensivos que afectan a toda la comunidad del sector, especialmente a las viviendas edificadas en la zona inmediatamente contigua al Sistema de Tratamiento colmatado.
Disposición de residuos líquidos al suelo, de manera superficial; lo que conlleva contaminación del recurso suelo y agua, generación de olores ofensivos, riesgos por generación de vectores y riesgos ambientales por posibles fenómenos de remoción de masas.
El actual manejo de los vertimientos del sector, constituye un claro incumplimiento normativo, ya que las aguas residuales generadas no son tratadas y dispuestas adecuadamente, ni cuentan con el respectivo permiso de vertimiento.
[…]
Durante parte del año dos mil quince se realizaron visitas de control y seguimiento, encontrando vertimiento de aguas residuales descargado de manera indirecta al cuerpo de agua, por lo que además se efectuó monitoreo de la fuente hídrica para verificar la calidad del cuerpo de agua.
En lo que va corrido del año dos mil dieciséis, se han efectuado visitas técnicas de verificación, control y seguimiento al Centro Poblado la Silvia, estas para brindar acompañamiento a la comunidad, a la Defensoría del pueblo, al Ente Territorial y en general para la Autoridad Ambiental, poder actuar de acuerdo con sus competencias y funciones.
[…]
e. La Corporación en su ejercicio diario de regulación, seguimiento y control a los vertimientos que se generan en el área de su jurisdicción, y teniendo que la disposición final del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del sector descarga de manera indirecta el agua, ha incluido estos dentro de la Red de monitoreo con que cuenta la entidad, con el fin de realizar mediciones de calidad de agua y el grado de afectación sobre la fuente hídrica, como producto de la descarga de estos. De igual forma vale advertir que las Cargas Contaminantes generadas en el centro poblado La Silvia, serán objeto de cobro de la Tasa Retributiva por contaminación de la fuente de agua.
[…]
g. Teniendo en cuenta que no se han satisfecho los requerimientos y que el impacto ambiental ha continuado, esta entidad, a partir de la información existente ha elaborado concepto técnico, el cual servirá de base para dar apertura a proceso de investigación sancionatoria ambiental de los establecidos en la ley 1333 de 2009.
Con esto tenemos que la situación presentada en el sector La Silvia del municipio de La Tebaida, está generando impactos ambientales y sociales negativos, sin que se evidencie una intervención efectiva por parte de la Autoridad Competente para la solución inmediata y definitiva de la problemática […]”.
2. Actas de visita de 21 de abril de 2015, 5 y 6 de agosto de 2015, 15 de octubre de 2015, 2 de noviembre de 2016, realizadas por la CRQ al centro poblado La Silvia, en las que se dejó constancia en resumen de: i) la falta de mantenimiento al sistema de tratamiento por parte de la administración municipal y la realizada por la comunidad no se hace adecuadamente; ii) la afectación de la quebrada La Jaramilla con las cargas finales de agua, para lo cual tomaron muestras; iii) rebosamiento de las aguas residuales domésticas por las tapas de los tanques y por medio de escorrentía superficial; iv) sistema de tratamiento colmatado, por lo cual parte de las aguas residuales escurren superficialmente hasta el cuerpo de agua cercano; v) olores altamente ofensivos en conjunto con la generación de vectores (mosquitos).
3. Mediante Oficio 8552 de 12 de agosto de 2016, el Subdirector de Regulación y control ambiental de la CRQ, requiere a la Alcaldía con el fin de que presente un cronograma de trabajo que lleve al avance del mejoramiento del mantenimiento al sistema séptico, al manejo de aguas lluvias y al manejo de aguas residuales.
4. Por Oficio OAP -2016-0652 de 23 de agosto de 2016, la Oficina Asesora de Planeación del Municipio da respuesta al requerimiento realizado por la CRQ, en la que le señala, entre otros, que en las mesas conjuntas se le manifestó a dicha entidad la necesidad de apoyo y acompañamiento como autoridad ambiental, conforme a sus competencias, sin que se haya evidenciado el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la CRQ. Así mismo, indicó que se encontraba en el proceso de contratación para el mantenimiento del sistema séptico y de proyectos de construcción de un sistema integral de saneamiento y manejo de vertimientos.
5. Por Oficio 9122 de 2 de septiembre de 2016, la CRQ realizó un nuevo requerimiento al Municipio en el cual indicó: i) no da certeza de las gestiones adelantadas con el fin de solucionar de manera definitiva la problemática presentada en el centro poblado La Silvia; ii) los interrogantes respecto de la participación de la CQR fueron resueltos en las mesas de trabajo y no hubo compromisos por parte de la entidad; iii) a la fecha no existe un proyecto radicado ante esa autoridad para ser evaluado; y iv) no se ha generado por parte del ente territorial la mitigación a ese impacto socio- ambiental.
Por Oficio OAP 2016-0692 de 6 de septiembre de 2016 el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Municipio da respuesta al requerimiento de la CRQ, en la que señaló que dispuso de un rubro de $19.000.000 para dar mantenimiento de manera inmediata al sistema séptico del centro poblado La Silvia y de los oficios remitidos a la Dirección de Agua y Saneamiento Básico PAP-PDA Quindío para el proyecto de saneamiento de las aguas residuales y a las Empresas Públicas de Armenia- EPA para realizar el mantenimiento.
7. Informe Técnico de Seguimiento, Vigilancia y Control de Vertimientos de la CRQ de 3 de noviembre de 2016, del cual se desprende lo siguiente:
“[…]
CONCLUSIONES
El manejo inadecuado de las aguas lluvias y residuales generadas en el Centro Poblado La Silvia y la falta de operación del Sistema de tratamientos de aguas residuales existente para la Zona 1, genera impactos Ambientales principalmente sobre los recursos suelo, agua y aire, y afectaciones sociales significativas.
La Alcaldía Municipal de La Tebaida- Quindío , de acuerdo con el mandato constitucional y legal, es la garante de la prestación de los servicios públicos, entre los que se encuentra, el servicio público de alcantarillado, y al no haber dispuesto un operador de este servicio para el Centro Poblado La Silvia, asume la responsabilidad total frente al servicio de alcantarillado, entendiéndose entonces que se encarga de la recolección, transporte y tratamiento de los residuos líquidos generados en este centro poblado, teniendo así que la correcta operación del Sistema de Tratamiento y de las demás etapas está en cabeza del ente territorial, por lo cual el alcalde como responsable debe ponerse enfrente de cualquier problema que se genere como producto de estos residuos; teniendo en cuenta esto es necesario indicar que una vez generada la problemática y puesta en conocimiento de la Alcaldía del Municipio de La Tebaida, no ha sido atendida de manera efectiva, lo que ha generado que los impactos ambientales y sociales se prolonguen en el tiempo y a la fecha, persistan. Además de esto el Ente Territorial ha incumplido con los requerimientos hechos por la Autoridad Ambiental, en el sentido de realizar mantenimientos al sistema de tratamiento de aguas residuales como medida de mitigación, y elaborar e implementar medidas para la solución definitiva del problema de aguas residuales registrado en la zona.
Las aguas residuales generadas en el Centro Poblado La Silvia del Municipio de la Tebaida Quindío NO cuentan con el correspondiente permiso de vertimientos por parte de la Autoridad Ambiental (CRQ), incumpliendo de esta manera con la normatividad ambiental vigente, principalmente lo dispuesto por el Decreto 1076 de 2015.
RECOMENDACIONES
Dar traslado a la Oficina Asesora de Procesos Sancionatorios Ambientales y Disciplinarios de la CRQ, con el fin de que se verifique la pertinencia de dar inicio a proceso de investigación sancionatoria ambiental […].
Que la Oficina de Procesos Sancionatorios de acuerdo con el artículo cuarto y el capítulo III de la Ley 1333 de 2009, imponga Medida Preventiva a la Alcaldía de La Tebaida Quindío, la cual debe consistir en el Mantenimiento regular al Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales existente […] hasta que se cumpla con las siguientes condicionantes:
Que se presente una propuesta para el manejo de aguas lluvias en el sector, lo que implique que el sistema séptico no va a recibir estos caudales de aguas que vienen alterando el funcionamiento del sistema.
Que se presente una propuesta definitiva para el manejo de las aguas residuales del Centro Poblado, que contemple sistemas adecuados de recolección, conducción, tratamiento y disposición final de los vertimientos.
[…].”
8. Oficio nro. PAA-101-02-0171 de 9 de diciembre de 2016, en el que el Procurador 34 Judicial I Ambiental y Agrario de Armenia- Quindío requirió al Director General de la CRQ para que considerara la posibilidad de imponer medidas preventivas necesarias, en aras de prevenir o impedir los impactos ambientales por el mal manejo de las aguas residuales en el centro poblado La Silvia y realice las visitas de control y seguimiento de las actividades que generan la problemática ambiental.
9. Mediante auto de 25 de enero de 2010 la Jefe de la Oficina Asesora de Procesos Sancionatorios y Procesos Disciplinarios da apertura a la investigación ambiental contra el Municipio.
10. Comunicación 0000954 de 13 de febrero de 2017, mediante la cual el Jefe de la Oficina Asesora de Procesos Sancionatorios Ambientales y Procesos Disciplinarios, solicitó al Inspector Municipal de Policía la imposición de la segunda medida correctiva, la cual consiste en dirigir charlas respecto del adecuado manejo de residuos sólidos, el manejo de líquidos y el uso adecuado de las redes sanitarias, para lo cual se podría apoyar en la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ.
11. Por Acuerdo nro. 006 de 9 de agosto de 2013 “Por medio del cual se reglamenta la inversión de los recursos recaudados por concepto de tasa retributiva y se deroga el Fondo Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica del Departamento del Quindío”, el Consejo Directivo de la CRQ estableció, conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 15 del Decreto 2246 de 31 de octubre de 2012, la destinación de los recursos provenientes del recaudo de la tasa retributiva, los porcentajes de distribución y las condiciones de los proyectos a financiar.
12. Obra informe técnico de 24 de abril de 2016, rendido por la CRQ, del cual se destaca lo siguiente:
“[…]
Localización del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
[…]
El sistema de tratamiento de aguas residuales que ha registrado dificultades de funcionamiento se encuentra ubicado en la parte posterior del Centro Poblado en zona próxima a la franja de protección de la quebrada que circunda el área; lo destacable de su ubicación es la proximidad a las viviendas existentes, ya que cualquier inconveniente en el funcionamiento del mismo, afecta de manera directa a las familias del sector, quienes tiene que padecer principalmente la emanación de olores ofensivos y de manera colateral, sufrir el riesgo de generación de vectores infecciosos, entre otras por el estancamiento de aguas derivado del rebose del sistema de tratamiento […].
Contaminación de fuentes hídricas
Las deficiencias en el tratamiento de las aguas residuales genera contaminación del recurso suelo, pero principalmente de la fuente hídrica receptora final del vertimiento; el estancamiento de aguas residuales constituye un foco de generación de vectores, lo que conlleva riesgos altos para la salud de los miembros de la comunidad del Centro Poblado La Silvia; la situación general es ideal para la generación de olores fuertemente ofensivos que además de implicar contaminación del aire, representa molestias significativas para la misma comunidad, afectando su bienestar y violando el derecho que tiene la misma a gozar de un ambiente sano.
[…].”
13. Copia del acta de visita llevada a cabo por la CRQ, el 28 de junio de 2017, en el centro poblado La Silvia.
14. Formato para reporte de resultados de 20 de junio de 2017, realizado por la CRQ, de muestras tomadas en el punto de salida de la planta de tratamiento de aguas residuales del centro poblado de La Tebaida.
De la responsabilidad de la CQR respecto del saneamiento ambiental
La CRQ manifiesta que no es la entidad responsable de la vulneración de los derechos colectivos de los habitantes del centro poblado La Silvia, ya que la competencia del saneamiento básico recae sobre el Municipio. Además, señaló que cumplió con las funciones de control y seguimiento ambiental y realizó los respectivos requerimientos de información al Municipio y a la Empresa Prestadora del Servicio de Acueducto.
Ahora bien, los artículos 2° de la Ley 60, 65 de la Ley 99, 3º de la Ley 136 y 44 de la Ley 715, prevén las competencias de los municipios, así:
Ley 60 de 1993
«Artículo 2°.- Competencias de los municipios. Corresponde a los Municipios, a través de las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas municipales competentes, en su carácter de entidades ejecutoras principales de las acciones en materia social, dirigir, prestar o participar en la prestación de los servicios directamente, conforme a la ley, a las normas técnicas de carácter nacional, a las ordenanzas y a los respectivos acuerdos municipales así:
[...]
3. Ejercer la vigilancia y control del saneamiento ambiental, y de los factores de riesgo del consumo, las cuales podrán realizarse en coordinación con otros municipios y con el departamento.
Ley 99 de 1993
Artículo 65.- Funciones de los Municipios, de los Distritos y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá.
Corresponde en materia ambiental a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones que les sean delegadas por la ley o de las que se deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales:
Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados a los planes, programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales;
Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio;
Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la presente ley;
Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel departamental.»
Ley 136 de 1994
«Artículo 3º. Funciones. Corresponde al municipio:
[...]
Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos, domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y, en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley»
Ley 715 de 2001
«Artículo 44.- Competencias de los municipios. Corresponde a los municipios dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual cumplirán las siguientes funciones, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones:
[...]
44.3.3.3. Vigilar en su jurisdicción, la calidad del agua para consumo humano; la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos; manejo y disposición final de radiaciones ionizantes, excretas, residuos líquidos y aguas servidas; así como la calidad del aire. Para tal efecto, coordinará con las autoridades competentes las acciones de control a que haya lugar».
Por otra parte, el artículo 31 de la Ley 99, establece el objeto y las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, de las cuales se destacan las siguientes:
“[…] Artículo 23º.- Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.
[…]
Artículo 30º.- Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. Artículo 31º.- Funciones. Adicionado por el art. 9, Decreto Nacional 141 de 2011. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción; Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente; Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables; Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales; Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten;
[…]
Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la política nacional; Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental.
Estos límites restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente.
[…]
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;
[…]
Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados;
[…]
Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables;
[…]
Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y a los consejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de planificación que les otorga la Constitución Nacional;
[…].”
La Sala encuentra, conforme al recuento normativo que se hizo en precedencia, que, en principio, le corresponde a los municipios garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de su jurisdicción.
Por otra parte, las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de las funciones que la Ley 99 les asigna, están encargadas por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables (artículo 23). Igualmente, el artículo 30 preceptúa que dichas entidades tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
La Sala considera que está plenamente probada la violación de los derechos colectivos de los habitantes del Centro Poblado La Silvia del Municipio de La Tebaida (Quindío), ya que es evidente que dicha población tiene problemas graves de saneamiento básico en relación con el tratamiento de aguas residuales.
Por otra parte, como se desprende del Oficio nro. 00010485 de 4 de octubre de 2016, se encuentra que la CRQ en el año 2015 se percató de la situación que se presentaba en el centro poblado La Silvia, por lo que realizó visitas de control y seguimiento, así como hizo varios requerimientos al Municipio respecto del cumplimiento de los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo realizadas en el año 2016, sobre la mitigación de la contaminación por olores ofensivos y la problemática del manejo de vertimientos que aquejaba a la población.
Se encuentra además que la CRQ en el año 2017, inició proceso sancionatorio contra el Municipio y solicitó al Inspector de Policía la imposición de medida correctiva a la comunidad del centro poblado La Silvia, previa solicitud del Procurador 34 Judicial I Ambiental y Agrario de Armenia Quindío.
No obstante lo anterior, cabe señalar que la problemática de saneamiento ambiental de la población La Silvia se venía presentando desde hace varios años, sin que la CRQ hubiese tomado las respectivas medidas de seguimiento y control sino solo hasta el año 2015.
Así mismo, no se advierte que la CRQ hubiese adelantado o prestado su colaboración al Municipio, para que este pueda de manera eficiente adelantar las actividades necesarias para la mitigación del saneamiento básico del centro poblado La Silvia, lo cual se encuentra dentro de las competencias asignadas en el artículo 31 de la Ley, por lo que resulta evidente que la CRQ vulneró los derechos colectivos invocados en la demanda y conforme a sus competencias debe, en coordinación con las demás entidades demandadas, realizar las labores que correspondan con el fin de solucionar el problema de aguas residuales del poblado La Silvia.
De la Responsabilidad de elaborar un plan de descontaminación de la quebrada aledaña al centro poblado La Silvia del Municipio de la Tebaida por parte de la CRQ
Respecto a lo señalado por la CRQ, acerca de que no le corresponde elaborar el plan de descontaminación de la quebrada aledaña al centro poblado La Silvia, se encuentra que dentro de las funciones asignadas a las Corporaciones Autónomas Regionales por la Ley 99 está la de “Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.
Por consiguiente, la CRQ debe dentro del ejercicio general de sus competencias, garantizar la protección de los recursos naturales en la zona bajo su responsabilidad, función que se encuentra determinada en la Ley y que a dicha entidad no solo le corresponde ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las demás entidades territoriales las actividades necesarias para la protección, defensa y descontaminación del medio ambiente, sino frente a cualquier obra que pueda tener implicaciones medioambientales.
Igualmente, dentro del Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales (PMAR) de junio de 2004 propuesto por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el capítulo 2º, se establece la estructura institucional para la gestión de aguas residuales, en tres niveles, nacional, regional y municipal.
Así pues, en el nivel regional están las autoridades ambientales regionales (Corporaciones Autónomas Regionales, Corporaciones para el Desarrollo Sostenible y Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos) y los Departamentos, entidades encargadas de participar en procesos de planificación, y brindar asistencia financiera, técnica y administrativa a los municipios para la implementación de las políticas nacionales de descontaminación.
El nivel local está a cargo de los municipios, por lo que señala que es necesario fortalecer este componente en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), y la elaboración de estudios técnicos de preinversión.
De modo que, existen obligaciones conjuntas entre las autoridades ambientales y las entidades territoriales respecto de la protección de la fuente hídrica, y en relación con la misma, son responsables de adelantar de manera coordinada las acciones que correspondan para lograr su descontaminación.
En consecuencia, la Sala encuentra que es acertada la orden del Tribunal, respecto de que la CQR en asocio con el Municipio de La Tebaida y el Departamento del Quindío, elaboren un plan de descontaminación de la quebrada aledaña al centro poblado La Silvia del Municipio del La Tebaida, en donde se vierten sin tratamiento las aguas residuales.
Regulación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos
La CRQ estima que no le corresponde ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, conforme a lo dispuesto en la Resolución nro. 1433 de 2004.
Al respecto, se encuentra que el artículo 211 del Decreto 1541 de 1978 (28 de julio), reglamentario de la Ley 23 de 1973, prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos y que el grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.
El Decreto 1594 de 1984 (21 de junio), reglamentario de la Ley 9ª de 1979, gobierna el uso del agua y los residuos líquidos, y en su Capítulo VI estableció la prohibición de verter residuos líquidos a un acuífero. A esos efectos, establece que los sedimientos, lodos, y sustancias sólidos provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos que causen contaminación ambiental, y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo, no podrán disponerse en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, estuarinas o sistemas de alcantarillado, y para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos sólidos.
El artículo 12 del Decreto 3100 de 2003 establece que los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al pago de la tasa retributiva deberán presentar a la autoridad ambiental competente el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual deberá contener las actividades e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos. Dicho, plan contendrá la meta, individual de reducción de carga contaminante de los usuarios mencionados que se fijará por la autoridad ambiental competente, cuyo cumplimiento se evaluará de acuerdo con los compromisos establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
Por su parte, el artículo 1° de la Resolución 1433 de 2004 (13 de diciembre) establece que el PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua, el cual será aprobado por la autoridad ambiental competente.
Así mismo, la norma refiere que de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al pago de la tasa retributiva deberán presentar a la autoridad ambiental competente el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual deberá contener las actividades e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos.
El artículo 6° ibídem prevé que el seguimiento y control a la ejecución del PSMV se realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes correspondientes.
De lo anterior, la Sala colige que le asiste parcialmente la razón a la CRQ, en cuanto a que a la entidad que le corresponde ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos es la prestadora del servicio público de alcantarillado, que en este caso es el Municipio de La Tebaida, y a la CRQ le corresponderá el seguimiento y control a la ejecución del PSMV, por ser la autoridad ambiental competente; igualmente, los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de reducción individual establecida.
Así pues, la Sala encuentra procedente modificar la orden dada por el a-quo, en el numeral 3.2. de la sentencia, en el sentido de ordenar que el Municipio de La Tebaida debe ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos; y que como autoridad ambiental le corresponderá a la CRQ efectuar el seguimiento y control en la ejecución del PSMV, y realizar los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto a los cuales se haya establecido el PSMV, en función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A
PRIMERO: MODIFÍCAR el numeral 3.2. de la parte resolutiva de la sentencia, en el sentido de ordenar al Municipio de La Tebaida que debe ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos; y a la CRQ, que le corresponde efectuar el seguimiento y control en la ejecución del PSMV y realizar los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto a los cuales se haya establecido el PSMV, en función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso.
SEGUNDO: CONFÍRMASE en todo lo demás la sentencia apelada.
TERCERO: REMITIR copia auténtica de ésta decisión a la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriado este proveído.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 1o. de febrero de 2018.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.
Folios 521 del expediente.
Corte Constitucional. Sentencias T-411 de 1992, Actor: José Felipe Tello Varón, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-523 de 1994, Actores: María de Jesús Medina Pérez y Otros M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-126 de 1998, Actores: Luis Fernando Macías Gómez y Luis Roberto Wiesner Morales M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-431 de 2000, Actor: Julio César Rodas Monsalve, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 1998
Radicación nro: 2013-00013-01(AP), Consejero ponente: Doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 5 de octubre de 2009, Rad. No. 19001-23-31-000-2005-00067-01.C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 26 de noviembre de 2013, Rad. No. 25000-23-24-000-2011-00227-01(AP). C.P.: Enrique Gil Botero.
Consejo de Estado Sala de o Contencioso Administrativo Seccion Primera Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala, quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014) Radicación Número: 25000 23 24 000 2010 00609 01(Ap) Actor: Hermann Gustavo Garrido Prada Y Otros Demandado: Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos – Invima, Red Bull Colombia Sas Y Ministerio De Salud
Ibídem.
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 4 de febrero de 2010, Consejero ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Radicación número: 76001233100020040021201(AP)
«Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones.»
«Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y se adoptan otras determinaciones.»
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