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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2014-00227-02

Fecha
24 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2014-00227-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 9 de mayo de 2019, por el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las súplicas de la demanda incoada por el señor Javier Humberto Jiménez Morillo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone: Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Resolución PAP 019239 del 13 de octubre de 2010, a través de la cual se reconoció una pensión de jubilación al actor, únicamente en lo relativo a la falta de inclusión de la prima de riesgo y la nulidad de las Resoluciones RDP 005243, RDP 007532 y RDP 008020 de 2014, mediante las cuales se negó la reliquidación de la prestación. Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP) a reliquidar la pensión de jubilación del actor, a partir del 1.° de noviembre de 2011, teniendo en cuenta el 75 % del promedio de lo cotizado en los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión, además de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, reconocidas previamente por la UGPP, de la prima de riesgo; esta última en los porcentajes señalados por el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003. No habrá lugar a efectuar descuento alguno a cargo del pensionado por concepto de los aportes no realizados por el empleador. A la UGPP le corresponde adelantar 23 Radicado: 52001 23 33 000 2014 00227 02 (5134-2018) Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo los procedimientos o acciones pertinentes para lograr el cobro y traslado de los aportes para pensión no efectuados respecto de la prima de riesgo por el Departamento Administrativo de Seguridad o de la entidad que haya asumido tales obligaciones, luego de su supresión. Cuarto. La entidad demandada efectuará la actualización sobre las diferencias […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2014-00227-02

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

24 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001 23 33 000 2014 00227 02 (5134-2018)
Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reliquidación pensión de jubilación, régimen especial de los
servidores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 9 de mayo de 2018, por el Tribunal Administrativo de
Nariño, Sala de Decisión del Sistema Oral, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Javier Humberto Jiménez Morillo, mediante
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes
Resoluciones: i) PAP 019239 del 13 de octubre de 2010 (nulidad parcial), emitida por
la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación, a través de la cual se reconoció
al actor una pensión de jubilación, en condición de beneficiario del régimen de
transición del Decreto 1835 de 1994, a partir del 1.° de abril de 2009, condicionada
al retiro definitivo del servicio ii) RDP 005243 del 14 de febrero de 2014, emitida por
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001 23 33 000 2014 00227 02 (5134-2018)
Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo

la UGPP, mediante la cual que se negó la solicitud de reliquidación de la prestación;
iii) RDP 007532 del 4 de marzo de 2014, por la cual resolvió un recurso de reposición
contra la anterior resolución, en el sentido de confirmar su contenido; y iv) RDP
008020 del 7 de marzo de 2014, a través de la cual se desató el recurso de
apelación contra la RDP 005243 del 14 de febrero de 2014, en el entendido de
confirmar su contenido.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) reliquidar la pensión de jubilación reconocida a su favor, con inclusión de todos
los factores salariales devengados en el último año de servicio comprendido entre
el 1.° de noviembre de 2010 y el 30 de octubre de 2011, a saber: indemnización por
vacaciones, indemnización compensación por vacaciones por retiro definitivo, prima
de riesgo, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad; efectiva a
partir del 1.° de abril de 2009, en cuantía de $ 1.907.103; ii) ordenar a la entidad
demandada pagar las diferencias que resulten de comparar la orden anterior con
las mesadas reconocidas; iii) ajustar los valores reconocidos conforme al Índice de
Precios al Consumidor certificado por el DANE; iv) ordenar a la entidad demandada
pagar los intereses moratorios causados, de conformidad con los artículos 195 del
CPACA; v) dar cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del

CPACA; y vi) condenar en costas.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) Desde el 29 de abril de 1988 hasta el 31 de octubre de 2011, el señor Javier
Humberto Jiménez Morillo laboró al servicio del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS), en el empleo de detective profesional, 207-10.

ii) El 27 de agosto de 2008, el señor Jiménez Morillo adquirió el estatus jurídico de
pensionado.

iii) El 13 de octubre de 2010, mediante la Resolución PAP 19239, CAJANAL ordenó el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación a favor del demandante, a partir

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Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo

del 1.º de abril de 2009, en cuantía de $ 904.007,97. Para tal efecto, la entidad tomó
una tasa de reemplazo del 75 % del promedio de lo devengado sobre el salario
promedio de los últimos 10 años de servicio, con fundamento en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993.

iv) De acuerdo con la certificación expedida por la Subdirección de Talento Humano
del DAS, el señor Jiménez Morillo percibió una prima especial de riesgo del 35 % de
su asignación básica mensual, según el Decreto 2646 de 1994.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 13, 25, 48, 53 y 58 de la Constitución Política;
21 del Código Sustantivo del Trabajo; 4 de la Ley 4ª de 1966; 36, 140 y 288 de la
Ley 100 de 1993; 1.° del Decreto 1047 de 1978; 10 del Decreto 1933 de 1989; las
Leyes 57 y 153 de 1887 y 33 y 62 de 1985; y los Decretos 1158 y 1835 de 1994 y
2527 de 2000.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:1
i) Los actos administrativos censurados desconocieron el derecho que le asiste al
actor, en su condición de detective al servicio del DAS y beneficiario de un régimen
especial de pensiones contenido en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, a
que la pensión de jubilación se reconozca en el equivalente al 75 % de conformidad
con los factores de salario que devengó en el último año de servicio; por esta razón
la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, en cuanto a la forma de liquidar la
prestación y a los factores a tener cuenta, no rigen el asunto en particular, como
equivocadamente lo determinó la entidad demandada. Lo anterior, en atención a lo
dispuesto en los Decretos 1933 de 1989, 3135 de 1968, 1848 de 1969 y en la Ley
33 de 1985.

1 Folios 41 al 47.

3

Radicado: 52001 23 33 000 2014 00227 02 (5134-2018)
Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo

ii) El concepto que entiende la entidad demandada sobre el «monto» es erróneo,
porque no es el porcentaje sino la suma de este la que determina la forma de liquidar
la prestación y la inclusión de los factores que constituyen salario.

iii) En cuanto a la prima de riesgo, esta es regulada por el artículo 1.° del Decreto
2646 de 1994, en el equivalente al 75 % de la asignación básica. En esa medida, se
acreditó que el demandante la percibió, conforme consta en la certificación expedida
por la subdirectora de Talento Humano del DAS.

iv) Debe tenerse en cuenta los pronunciamientos realizados por el Consejo de
Estado, y para el caso específico de los empleos como el desempeñado por el actor,
entre otras, en las sentencias del 7 de abril de 2011,2 del 10 de noviembre de 20103
y por el Tribunal Administrativo de Nariño en el expediente N.I. 4089, proceso
100212.

1.2. Contestación de la demanda

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por intermedio de apoderado, se opuso
a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a
continuación:4

i) Si bien es cierto el actor está amparado por el régimen pensional especial
contenido en el Decreto 1933 de 1989, también lo es que adquirió el estatus jurídico
de pensionado el 27 de agosto de 2008, esto es, en vigencia de la Ley 100 de 1993.
En ese orden, el ingreso base de liquidación, al no formar parte de la transición,
como lo señala la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013, debe
establecerse conforme a la Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio de los
factores devengados durante los últimos 10 años o los que hicieren falta,
taxativamente señalados en el Decreto 1158 de 1994, y para quienes les faltare más

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 7 de

abril de 2011, radicado 76001 23 31 000 2007 0024 01.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 10 de noviembre de 2010, radicado 25000 23 25 000 2005 00052 01 (0568-08)
4 Folios 106 al 118.

4

Radicado: 52001 23 33 000 2014 00227 02 (5134-2018)
Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo

de 10 años, el ingreso base de liquidación será el previsto en el artículo 21 de la
referida ley.

ii) La prima de riesgo no constituye factor salarial por lo que no es posible incluirla
en la reliquidación de la pensión de jubilación del demandante, conforme lo dispone
el Decreto 2646 de 1994, lo cual ha sido reiterado por el Consejo de Estado en la
sentencia del 19 de octubre de 2006.

iii) La UGPP no puede de oficio actualizar el valor monetario de los valores que
pretende el actor, pues de acuerdo con lo sostenido por el Consejo de Estado
corresponde a la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

iv) El pago de intereses regulados en la Ley 100 de 1993, procede únicamente
cuando existe «mora en el pago de mesadas pensionales y no para el
reconocimiento pensional que debe procederle para los funcionarios contemplados
en ella».

v) Los argumentos del demandante carecen de veracidad pues se encuentran
acreditadas las excepciones de inexistencia de vulneración de principios
constitucionales y legales, cobro de lo no debido y prescripción.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del Sistema Oral, mediante
sentencia proferida el 9 de mayo de 2018, negó las pretensiones de la demanda.
Para tal efecto, se pronunció en estos términos:5

i) Con fundamento en el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con la
Ley 4 de 1992, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1835 de 1994 a través del
cual se reglamentó las actividades de alto riesgo de los servidores públicos, dentro
de las cuales se ubicó a las desarrolladas por los detectives del DAS en sus distintos
grados y denominaciones como especializado, profesional y agente.

ii) Por su parte, el régimen especial aplicable a aquellos funcionarios, antes de la

5 Folios 226 al 232.

5

Radicado: 52001 23 33 000 2014 00227 02 (5134-2018)
Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo

vigencia de la Ley 100 de 1993, era el establecido en los Decretos 1047 de 1978 y
1933 de 1989.

iii) Es precedente vinculante y obligatorio el contenido en la Sentencia C-258 de
2013, pues pese a que se dirige, en concreto, a las pensiones percibidas por los
Congresistas de la República y Magistrados de altas corporaciones, esto no impide
que sus efectos se lleven a otros casos, en concordancia con el artículo 10 del
CPACA.

iv) Analizado el acervo probatorio se observa que el demandante nació el 8 de
septiembre de 1964 y que el último cargo que ocupó fue el de detective profesional
2074-10, en el DAS seccional Nariño, hasta el 31 de octubre de 2011. En razón a
ello, le es aplicable el régimen especial contenido en el Decreto 1933 de 1989,
aunado al hecho de que para efectos de realizar la liquidación de la prestación se
debe tomar el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para
cumplir el estatus jurídico pensional, los últimos 10 años o todo el tiempo si este
fuere superior, en virtud de lo consagrado en la Ley 100 de 1993.

v) Por lo tanto, se advierte que el actor adquirió el estatus jurídico pensional en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y que cotizó únicamente sobre los factores de
asignación básica y bonificación por servicios prestados, de los cuales para obtener
el ingreso base de liquidación se toma el resultado de la sumatoria de aquellos y se
le aplica el 75% de lo devengado sobre el salario promedio de los últimos 10 años
de servicio, como en efecto lo determinó la entidad demandada en los actos
reprochados. En consecuencia, se impone negar las pretensiones de la demanda.

1.4. El recurso de apelación

El señor Javier Humberto Jiménez Morillo, por conducto de apoderada, interpuso
recurso de apelación6 y lo sustentó así:

i) La Sentencia SU-230 de 2015, emitida por la Corte Constitucional, desconoce el
alcance y efecto de la Sentencia C-258 de 2013, comoquiera que el alto tribunal en

6 Folios 235 al 239.

6

Radicado: 52001 23 33 000 2014 00227 02 (5134-2018)
Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo

esta última decisión expresamente señaló que «cada régimen especial cuenta con
una filosofía, naturaleza y características específicas, sin que sea posible extender
de forma general lo aquí analizado en relación con el régimen especial de
Congresistas. En efecto, todos los regímenes especiales, precisamente al ser
especiales, son distintos entre sí y por tanto, ameritan cada uno un análisis diverso».

ii) Si bien es cierto el concepto de «monto» es abierto conforme lo regulado por el
legislador en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, también lo es que previamente a
la expedición de la Sentencia SU-230 de 2015, existía una línea jurisprudencial
reiterada en el sentido de aplicar el principio de integralidad a regímenes especiales,
incluido lo relacionado con el IBL, en virtud, además, del principio de favorabilidad,
consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política.

iii) El Consejo de Estado a través de la sentencia de unificación del 25 de febrero
de 2016 (N.I. 4683-2013) reiteró el precedente sentado en la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 2010 (N.I. 0112-2009) y se apartó del
pronunciamiento contenido en la Sentencia SU-230 de 2015.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. El demandante

Vencido el término para presentar alegatos de conclusión, concedido de
conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 247 de la Ley 1437 de
2011, el demandante guardó silencio.7

1.5.2. La entidad demandada

7
Constancia secretarial Folio 296.

7

Radicado: 52001 23 33 000 2014 00227 02 (5134-2018)
Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, a través de apoderada, solicitó confirmar lo
decidido en primera instancia, en atención a la contestación de la demanda.8

1.6. El ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.9

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer, de acuerdo a lo señalado en el recurso de apelación,
si el señor Jaime Humberto Jiménez Morillo, quien se desempeñó como detective
del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), tiene derecho a la
reliquidación de su pensión de jubilación con inclusión de la totalidad de los factores
salariales devengados durante el último año de servicio.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Régimen especial de pensiones de los detectives del DAS antes de la
entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 5.ª de 1978, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 1047 del 7 de junio de 1978,10 el cual en su
artículo 111 dispuso que los empleados que se desempeñaran como
dactiloscopistas en el DAS, por 20 años continuos o discontinuos y que hubieran
aprobado el curso de formación impartido por el instituto de dicho ente, tendrían
derecho a gozar de una pensión de jubilación a cualquier edad. Adicionalmente, en

8 Folios 289 al 295.
9 Constancia secretarial Folio 296.
10 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que

desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad»
11 «Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o discontinuos las funciones de

las dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad, y que hayan aprobado el curso
de formación en dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente de dicho Departamento,
tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación cualquiera sea su edad.»

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Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo

el artículo 2, ordenó que los servidores que hubieran aprobado el curso ya referido
y permanezcan al servicio de la entidad por un término no inferior a 18 años
continuos como dactiloscopistas, pueden acceder a la prestación al cumplir 50 años
de edad, siempre que para ese momento estuvieran vinculados.

Posteriormente, el Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1989 12 dispuso que los
empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones sociales previstas para
las entidades públicas del orden nacional, en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de
1969, 1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás reglas que los adicionen o
modifiquen13 y, en el artículo 10,14 previó que los empleados del referido
departamento se regirían por los cánones generales sobre pensión de jubilación, al
tiempo que quienes desarrollaran funciones de dactiloscopistas en los cargos de
detective agente, profesional o especializado, en sus diferentes grados y
denominaciones, se gobernarían por lo previsto en el Decreto Ley 1047 de 1978.15
2.2.2. De las actividades de riesgo en el sector público en vigencia del Sistema
General de Seguridad Social

El artículo 14016 de la Ley 100 de 199317 previó, en un principio, lo siguiente:

Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De conformidad
con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores
públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad

12 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento

Administrativo de Seguridad»
13 «Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad

tendrán derecho a las prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración pública
del orden nacional en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984, artículo
3º y en los que los adicionan, modifican, reforman o complementan y, además, a las que este decreto
establece.»
14 «Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas

para los empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad.
Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de Detective Agente,
Profesional o Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia
de jubilación, por el Decreto-ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al personal
de detectives en sus distintos grados y denominaciones.»
15 «Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior y que

permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor de
18 años continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión
de jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época fueren funcionarios de ese
Departamento.»
16 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-003 de 1996.
17 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».

9

Radicado: 52001 23 33 000 2014 00227 02 (5134-2018)
Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo

de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se
consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas
que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional
Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a
cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad.

Posteriormente, se expidió el Decreto 691 de 1994, por el cual se incorporaron los
servidores públicos al Sistema General de Pensiones, y del que cabe resaltar su
artículo 5, pues a través de este, extendió el régimen general a los servidores que
laboren en actividades de alto riesgo para su salud.

No obstante, en atención a esta preceptiva y bajo los parámetros de la Ley 4.ª de
1992, el Gobierno nacional profirió el Decreto 1835 del 3 de agosto de 1994, por
medio del cual reglamentó las actividades de alto riesgo de los servidores públicos,
que circunscribió a las siguientes:

Artículo 2º. Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100
de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:

1. En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS: Personal de detectives
en sus distintos grados y denominaciones de especializado, profesional y
agente. (Resaltado fuera del texto)

2. En la Rama Judicial.

Funcionarios de la jurisdicción penal:

Magistrados, Jueces Regionales, Jueces Penales del Circuito, Fiscales y empleados de
los Cuerpos de Seguridad de la Fiscalía General de la Nación y los siguientes
funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía: Profesionales judiciales
especiales, profesionales universitarios judiciales I y II, jefes de sección de criminalística,
investigadores judiciales I y II, técnicos judiciales I y II y escoltas I y II. […].

De acuerdo con lo anterior, la labor de los detectives del DAS también se clasificó
como de alto riesgo. Asimismo, la norma estableció un régimen de transición
especial18 para aquellos que a su entrada en vigencia, esto es, el 4 de agosto de

18 «Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las

actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen
vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo
que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido
o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en las
normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.

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Radicado: 52001 23 33 000 2014 00227 02 (5134-2018)
Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo

1994, laboraran en dicha actividad con el beneficio de acceder a la pensión en las
condiciones indicadas por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir, los
Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.

Ahora bien, el Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 200319 derogó el Decreto 1835
de 1994 y definió una vez más cuáles actividades son consideradas de alto riesgo,
sin incluir al DAS.

Finalmente, la Ley 860 del 26 de diciembre de 200320 nuevamente se ocupó de
regular la materia pensional para los servidores que desempeñan labores de alto
riesgo en el DAS y, entre otras cosas, incluyó a la prima de riesgo en el ingreso base
de cotización.21

2.2.3. La liquidación de pensiones de agentes del DAS cobijados por el régimen
de transición. Postura unificada de la Sección Segunda del Consejo de Estado

En cuanto al ingreso base de liquidación para el personal beneficiario de las normas
anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de
1989, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 30 de noviembre
de 2000,22 consideró que debía aplicarse en su integridad la normativa precedente.
Así las cosas, inicialmente estimó que debían atenderse aquellos factores salariales
que estuvieran previstos por el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989.

No obstante lo anterior, en lo relativo a las actividades de alto riesgo, el Decreto
1137 del 2 de junio de 199423 creó la prima mensual de riesgo equivalente al 30 %
de la asignación básica, entre otros servidores, para los detectives del DAS, con la

Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o
jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos,
particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
19 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y

señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades.»
20 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.».
21 Artículo 2.º, parágrafo 4.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

Sentencia de 30 de noviembre de 2000. Radicación 2004-2000. C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
23 «Por el cual se crea una prima especial de riesgo con carácter permanente para algunos

empleados del Departamento Administrativo de Seguridad».

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Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo

salvedad de que aquella no constituía factor salarial y no podría devengarse
simultáneamente con las primas de orden público, de clima y de riesgo de que tratan
los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 1933 de 1989 y la de riesgo señalada por el Decreto
132 del 17 de enero de 1994. Luego, el Decreto 2646 del 29 de noviembre de 199424
aumentó el porcentaje de dicho emolumento al 35 % y la hizo incompatible
solamente con las prestaciones con igual denominación previstas en los Decretos
1933 de 1989 y 132 de 1994, pero reiteró su exclusión como factor salarial.

En ese escenario, el Consejo de Estado, en un primer momento, se abstuvo de
ordenar su inclusión en atención a que el Decreto 2646 de 1994 precisó que aquella
prima de riesgo no constituye factor salarial.25 Sin embargo, más adelante consideró
que debía acogerse el criterio de favorabilidad expuesto en la sentencia del 4 de
agosto de 2010,26 según el cual es válido tener en cuenta todas aquellas sumas que
el servidor percibe de manera habitual y periódica como contraprestación del
servicio, independientemente de su denominación.27 Lo anterior, en consideración
a que el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 dispuso que el valor de la pensión
debe ser equivalente al 75 % del promedio de los salarios y primas de toda especie,
recibidos durante el último año de servicio, lo cual sustentó la inclusión de la prima
de riesgo y otras prestaciones que no estaban previstas por el artículo 18 del
Decreto 1933 de 1989 en la pensión de los detectives del DAS.

Bajo esta nueva perspectiva, en la sentencia del 1.º de agosto de 2013,28 la Sección
Segunda acogió esta última posición. Al respecto, precisó que como la prima de
riesgo se percibía en forma permanente y mensual, formaba parte de la

24 «Por el cual se establece la Prima Especial de Riesgos para los empleados del Departamento

Administrativo de Seguridad».
25 Entre otras se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

del 16 de marzo de 2006, radicación: 250002325000200103086 01(4096-04), demandante: Norma
Constanza Castro Quintero; sentencia del 4 de octubre de 2007, radicación:
25000232500020031688 01 (8439-2005), demandante: Nelson Tiberio Ortiz Zárate.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23

25 000 2006 07509 01 (0112-09).
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2010, radicación

250002325000200500052 01(0568-2008), demandante: José Luis Martínez Arteaga.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación:

4400123310002008150 01(0070-2011); C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

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Radicado: 52001 23 33 000 2014 00227 02 (5134-2018)
Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo

contraprestación directa que recibían los servidores del DAS, por lo que debía
integrarse en el ingreso de cotización y en la liquidación de la pensión.

Con base en el anterior recuento, la Sección Segunda del Consejo de Estado
advirtió29 que se habían emitido diversidad de pronunciamientos dentro de procesos
de nulidad y restablecimiento del derecho y acciones de tutela, en los cuales se
consideró que el cambio jurisprudencial que introdujo la sentencia del 28 de agosto
de 2018,30 que modificó el criterio interpretativo frente al IBL en el régimen de
transición y se alineó con el expuesto por la Corte Constitucional a partir de la
sentencia C-258 de 2013, conllevaba a considerar que las reglas aplicables a la
liquidación de las pensiones de los detectives del DAS se derivaban de la aplicación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores que se deben incluir son los
taxativamente previstos por el Decreto 1158 del 3 de junio de 1998.31

Aunado a que particularmente, en relación con la prima de riesgo, se había estimado
que para quienes laboraron como detectives, su inclusión era viable como
consecuencia de lo señalado por el artículo 3 de la Ley 860 del 26 de diciembre de
2003. Sin embargo, únicamente podía ser computada cuando se acrediten los
aportes que se efectuaron al sistema de seguridad social por dicho concepto. De lo
contrario, no debía ser tenida en cuenta en el cálculo de la prestación.32
Bajo tal panorama, en reciente sentencia de unificación SUJ-028-CE-SE-2022 del 28
de julio de 2022, la Sección Segunda del Consejo de Estado fijó las siguientes
reglas:33

i) Los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS, cobijados por
los regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 23 de septiembre de 2021, radicado 25000 23 42

000 2013 02380 01 (2656-2014).
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de

2018, radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
31 «Por el cual se modifica el artículo 6.º del Decreto 691 de 1994»
32 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021,

radicación: 11001-03-15-000-2021-00342-00(AC); sentencia del 3 de junio de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2021-02097-00(AC); Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de mayo de
2021, radicación: 11001-03-15-000-2021-00342-01(AC).
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia SUJ-028-

CE-SE-2022 del 28 de julio de 2022, radicado 25000 23 42 000 2013 02380 01 (2656-2014).

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y la Ley 860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las condiciones de edad,
tiempo de servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa de retorno,
señalados por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989; sin embargo, el ingreso
base de liquidación es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993,
este es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumido
r, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base
en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida
el DANE.

ii) Los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones
aquí referidas son los devengados por el servidor que, de acuerdo con el Decreto
1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base de cotización para
pensión. En el caso del personal del DAS de que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto
2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en este decreto debe incluirse para liquidar
la pensión a partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, en los porcentajes
señalados por el artículo 2 de la misma ley, es decir:

• En el 40 %, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de
2007.
• En el 50 %, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los
servidores del DAS a otras entidades, por disposición del Decreto 4057 de
2011.
iii) Si el empleador no cumplió la obligación de realizar los descuentos en el
porcentaje a su cargo y el del empleado destinados a las cotizaciones para el
sistema de pensión sobre los factores devengados que, de conformidad con el
Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003, debían ser base de cotización o si
omitió el traslado de la cotización especial por alto riesgo, sin que la entidad de
previsión social hubiera adelantado las gestiones pertinentes para su cobro, ello no
es oponible al interesado para que la pensión especial se reconozca y liquide de
acuerdo con los parámetros indicados en esta sentencia.

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Radicado: 52001 23 33 000 2014 00227 02 (5134-2018)
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Como fundamento de la decisión, se consideró que el criterio expuesto en las
sentencias del 4 de agosto de 2010 y del 1.º de agosto de 2013, para el caso
particular del DAS, ha sido modificado con la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018, y que ese es el referente que ha llevado a esta Corporación a
replantear su posición en cuanto al IBL en diferentes regímenes especiales que
cobijan a los servidores públicos, cuyo planteamiento atiende la competencia legal
y constitucional tanto del legislador como del ejecutivo para definir el régimen
prestacional de los empleados públicos.

Además, dispuso que las reglas jurisprudenciales que en esa providencia se fijaron
se aplicarían a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como judicial, a través de acciones ordinarias, con la salvedad de aquellos en los
que haya operado la cosa juzgada, los cuales, en función del principio de seguridad
jurídica, son inmodificables.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

El 8 de septiembre de 1964, nació el señor Javier Humberto Jiménez Morillo, según
consta en su cédula de ciudadanía.34
Desde el 29 de abril de 1988 hasta el 31 de octubre de 2011, el señor Javier
Humberto Jiménez Morillo trabajó al servicio del DAS y desempeñó los cargos de
detective urbano alumno y profesional 207-10, esto es, por 22 años, 6 meses y 11
días (sin descontar licencias no remuneradas) según hizo constar la subdirectora
de Talento Humano de la entidad35 y se advierte de la Resolución 1077 del 18 de
agosto de 2011.36 En el primer documento aludido, se indicó que desde el 29 de

34 Tal como consta en el CD de los antecedentes administrativos del demandante, visible a folio 147.
35 Folio 20.
36 Por la cual el director administrativo del Departamento Administrativo de Seguridad aceptó al

demandante la renuncia al empleo de detective profesional 207-10, dependiente de la Seccional
Nariño. Folio 21.

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Radicado: 52001 23 33 000 2014 00227 02 (5134-2018)
Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo

noviembre de 1994, aquel devengó una prima de riesgo del 35 % sobre la
asignación básica mensual, según el Decreto 2646 de 1994.37

El 13 de octubre de 2010, el liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social EICE,
en liquidación expidió la Resolución PAP 019239,38 mediante la cual reconoció al
señor Javier Humberto Jiménez Morillo una pensión de jubilación, en condición de
beneficiario del régimen de transición contenido en el numeral 1.° del artículo 2 del
Decreto 1835 de 1994, a partir del 1.º de abril de 2009, condicionada a la
acreditación del retiro definitivo del servicio. Para tal efecto, se liquidó la prestación
en el equivalente al 75 % del promedio de la asignación básica y la bonificación por
servicios devengadas por aquel en los años 1999 a 2009, conforme lo señalado en
la Ley 100 de 1993 y los Decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989 y 1158 de 1994.

El 17 de enero de 2013, el subdirector de Talento Humano del DAS certificó los
factores salariales devengados por el demandante en 2010 y 2011, a saber:
asignación básica, auxilio de alimentación, bonificación por servicios, factores por
vacaciones, indemnización vacaciones, indemnización compensación por
vacaciones y primas de navidad, de servicios, de vacaciones y de riesgo.39

El 6 de febrero de 2014, el demandante solicitó a la UGPP la reliquidación de su
pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último
año de servicio.40
El 14 de febrero de 2014, mediante la Resolución RDP 005243,41 la UGPP negó la
solicitud referida en el entendido de que el actor se encuentra cobijado por el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual se advirtió que el Sistema General de
Pensiones no hizo ninguna excepción en relación con los factores base de
liquidación de la pensión ni la forma de liquidarla. En consecuencia, ambos aspectos
se determinan de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, pues adquirió
el estatus jurídico pensional en vigencia de aquella norma; aunado al hecho de que

37 Folio 20.
38 Folios 2 al 6.
39 Folios 18 y 19.
40 Consta en la parte motiva de la Resolución RDP 005243 de 2014, folio 7 y 8.
41 Folios 7 y 8.

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Radicado: 52001 23 33 000 2014 00227 02 (5134-2018)
Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo

el Decreto 1158 de 1994 no consagra los factores salariales que el actor pretende
sean incluidos en la liquidación de la prestación.

El 4 de marzo de 2014, la UGPP confirmó la anterior decisión a través de la
Resolución RDP 007532,42 con fundamento en similares consideraciones a las
expuestas en el acto recurrido.

El 7 de marzo de 2014, la UGPP expidió la Resolución RDP 008020,43 a través de la
cual desató el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución RDP 005243 de
2014, en el sentido de confirmar su contenido. Para tal efecto, reiteró que el actor
adquirió el estatus jurídico pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el
27 de agosto de 2008, lo cual conlleva a que el IBL y los factores salariales se rijan
por su contenido y por el Decreto 1158 de 1994 y demás normas que los modifiquen
o adicionen.

Por su parte, en los certificados de mes a mes desde enero de 1999 hasta el año
2010, se describen los factores devengados por el señor Jiménez Morillo.44

Finalmente, de acuerdo con la constancia suscrita por la subdirectora de Talento
Humano del DAS, la entidad «envió cotización a cargo del Patrono correspondiente
al 8.5 % por Actividad de Alto Riesgo a la Caja Nacional de Previsión Social, desde
el 01 de enero de 1996 al 31 de julio de 2003».45

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario señalar
que en el sub lite no está en discusión la condición de beneficiario del régimen de
transición previsto en el Decreto 1835 de 1994 que ostenta el señor Jiménez Morillo,
y en esa medida de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, debido a que no ha
sido controvertido por ninguna de las partes.

42 Folios 10 al 12.
43 Folios 14 al 16.
44 CD de los antecedentes administrativos del demandante, visible a folio 147.
45 Folio 20.

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Radicado: 52001 23 33 000 2014 00227 02 (5134-2018)
Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo

Ahora, el motivo de inconformidad de la recurrente radica en que, en su concepto,
el tribunal indebidamente atendió el precedente sentado por la Corte Constitucional,
en las Sentencias SU-230 de 2015 y C-258 de 2013. Por el contrario, debió atender
la línea jurisprudencial reiterada por el Consejo de Estado, a través de las sentencia
de unificación del 25 de febrero de 2016 (N.I. 4683-2013) y del 4 de agosto de 2010
(N.I. 0112-2009) en el sentido de aplicar el principio de integralidad a regímenes
especiales, incluido lo relacionado con el IBL, en virtud, además, del principio de
favorabilidad, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Nariño negó las pretensiones de la
demanda, pues consideró que en las pensiones de los beneficiarios del régimen de
transición solo se mantienen las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto
de las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, y en este caso, al Decreto 1835 de
1994, por lo tanto, el IBL y los factores salariales que se deben computar, son los
previstos en esta última ley y en el Decreto 1158 de 1994.

Pues bien, corresponde a la Sala dar aplicación a las reglas jurisprudenciales
establecidas en la sentencia de unificación SUJ-028-CE-SE-2022 del 28 de julio de
2022, que constituye el precedente vigente. Lo anterior, en consideración a que esta
corporación en aquella oportunidad señaló que todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial, eran susceptibles de ser
destinatarios de sus efectos; salvo aquellos en los que ha operado la cosa juzgada
que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

De ahí que el sub lite se circunscribe a los supuestos dados por la providencia
referida, pues sobre la pretensión del demandante, consistente en obtener la
reliquidación de su pensión de jubilación, no ha operado el fenómeno jurídico de la
cosa juzgada, en la medida en que esta Subsección está resolviendo el recurso de
apelación interpuesto contra la decisión del a quo.

Así las cosas, en consideración a que el señor Javier Humberto Jiménez Morillo se
desempeñó como detective desde su vinculación al DAS, puede beneficiarse del
régimen especial de pensiones, tal y como lo ha reconocido la entidad demandada.

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Radicado: 52001 23 33 000 2014 00227 02 (5134-2018)
Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo

En estas condiciones, comoquiera que adquirió el estatus pensional en vigencia de
la Ley 100 de 1993, su pensión de jubilación debe liquidarse conforme a la primera
de las subreglas señaladas por la sentencia de unificación del 28 de julio de 2022,
esto es, con una tasa de reemplazo del 75 % y, en aplicación del artículo 21 de la
Ley 100 de 1993, es decir que «[…] Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base
de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado
el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE». De tal manera, procedió la
entidad demandada, conforme consta en la Resolución PAP 019239 del 13 de
octubre de 2010.

Por su parte, en cuanto a los factores salariales que han de tenerse en cuenta, tal y
como se expuso en el marco normativo de esta decisión, estos corresponden a los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 y a la prima de riesgo en los porcentajes
señalados por el artículo 2 de la Ley 860 de 2003. De este modo, de aquellos que
el demandante percibió solo tiene derecho a que sean incluidos en el IBL, la
asignación básica, la bonificación por servicios prestados y la prima de riesgo.

Al respecto, si bien los actos administrativos demandados no son claros al indicar
sobre qué factores salariales se le hicieron al actor descuentos para pensión, las
consideraciones de las resoluciones allegadas indican, expresamente, que el IBL se
conformó en atención a la Ley 100 de 1993 y al Decreto 1158 de 1994, de manera
tal que solo se incluyeron los factores de asignación básica y bonificación por
servicios prestados.

Por tanto, pese a que no es procedente la reliquidación pensional con la inclusión
de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, sí le asiste
el derecho al actor a que sea incluida la prima de riesgo en la liquidación de su
pensión de jubilación, pues por un lado, como quedó acreditado en el acápite
denominado «hechos probados», el señor Jiménez Morillo sí la percibió y por el otro,
aquella tiene vocación para integrar el IBL pensional de acuerdo con lo establecido
en subregla fijada en la mencionada sentencia de unificación.

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Radicado: 52001 23 33 000 2014 00227 02 (5134-2018)
Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo

Finalmente, en cuanto a la prescripción trienal de mesadas, es necesario tener en
cuenta que, por un lado, el demandante adquirió el estatus jurídico pensional el 27
de agosto de 2008, y por el otro que la fecha de exigibilidad del derecho en el sub
lite data el 31 de octubre de 2011, cuando fue retirado del servicio, según consta en
la Resolución 1077 de 2011,46 y por consiguiente, consolidó la prerrogativa a percibir
la prestación en litigio.

En ese orden, entre la fecha de exigibilidad del derecho y la radicación de la
demanda, esto es, el 22 de mayo de 2014,47 no transcurrieron más de 3 años,
término que establece el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968. Por consiguiente, no
se configura el fenómeno jurídico de prescripción.

Por los argumentos anteriormente expuestos, se revocará la sentencia emitida por
el a quo, en el sentido de declarar la nulidad parcial de la Resolución PAP 019239
del 13 de octubre de 2010, únicamente en lo relativo a la falta de inclusión de la
prima de riesgo en la liquidación de la pensión de jubilación reconocida al
actor y la nulidad de las Resoluciones RDP 005243, RDP 007532 y RDP 008020 de
2014.

En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la entidad
demandada reliquidar la pensión de jubilación del actor, a partir del 1.° de noviembre
de 2011, teniendo en cuenta el 75 % del promedio de lo cotizado en los 10 años
anteriores al reconocimiento de la pensión, de conformidad con el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993, con la inclusión, además de la asignación básica y la bonificación
por servicios prestados reconocidas previamente por la UGPP, de la prima de riesgo,
esta última en los porcentajes señalados por el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley
860 de 2003, con los reajustes legales correspondientes.

Finalmente, en el caso de que al demandante no se le hayan realizado descuentos
para pensión por el factor de la prima de riesgo, por virtud de lo dispuesto en la
aludida Sentencia de Unificación SUJ-028-CE-SE-2022 del 28 de julio de 2022, el

46 Folio 21.
47 Folio 36 reverso.

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Radicado: 52001 23 33 000 2014 00227 02 (5134-2018)
Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo

empleador estaba en la obligación de girar a la administradora de pensiones estas
cotizaciones y su omisión no puede ser oponible a la pensionada para excluir de la
liquidación un emolumento al que tenía derecho ni corresponde imponer orden de
descuento alguna. En otras palabras, en la UGPP recae la obligación de iniciar los
mecanismos o acciones pertinentes para lograr el efectivo traslado de los aportes
no realizados por concepto de la prima de riesgo, a cargo del empleador o de la
entidad que haya asumido tales obligaciones, luego de la supresión del DAS.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,48 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador y la complejidad e intensidad de la
participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se
tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en
derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

21

Radicado: 52001 23 33 000 2014 00227 02 (5134-2018)
Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso,49 la Sala se abstendrá de condenar en
costas de segunda instancia en atención a que la decisión obedece a un cambio
jurisprudencial que se produjo en el trámite del proceso.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala considera que no es procedente la reliquidación de la
pensión de jubilación del demandante con el promedio de todo lo devengado en el
último año de servicio. Lo anterior, comoquiera que la liquidación de la prestación
debe efectuarse sobre el 75 %, del promedio de los salarios o rentas que debían ser
base de cotización durante los 10 años anteriores al disfrute efectivo de la pensión.

No obstante, en lo relacionado con los factores salariales que deben incluirse en la
liquidación de la prestación, la Sala observa que el a quo erró al no tener en cuenta
la prima de riesgo devengado por el demandante. Por consiguiente, se impone
revocar la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el sentido
de declarar la nulidad parcial de la Resolución PAP 019239 del 13 de octubre de
2010, únicamente en lo relativo a la falta de inclusión de la prima de riesgo en
la liquidación de la pensión de jubilación reconocida al actor y la nulidad de las
Resoluciones RDP 005243, RDP 007532 y RDP 008020 de 2014.

En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la entidad
demandada reliquidar la pensión de jubilación del actor, a partir del 1.° de noviembre
de 2011, teniendo en cuenta el 75 % del promedio de lo cotizado en los 10 años
anteriores al reconocimiento de la pensión, de conformidad con el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993, con la inclusión, además de la asignación básica y la bonificación
por servicios prestados reconocidas previamente por la UGPP, de la prima de riesgo,
esta última en los porcentajes señalados por el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley

49 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas

cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

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Radicado: 52001 23 33 000 2014 00227 02 (5134-2018)
Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo

860 de 2003, con los reajustes legales correspondientes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 9 de mayo de 2019, por el Tribunal
Administrativo de Nariño, que negó las súplicas de la demanda incoada por el señor
Javier Humberto Jiménez Morillo contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

En su lugar, se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Resolución PAP 019239 del 13 de octubre
de 2010, a través de la cual se reconoció una pensión de jubilación al actor,
únicamente en lo relativo a la falta de inclusión de la prima de riesgo y la
nulidad de las Resoluciones RDP 005243, RDP 007532 y RDP 008020 de 2014,
mediante las cuales se negó la reliquidación de la prestación.

Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, condenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP) a
reliquidar la pensión de jubilación del actor, a partir del 1.° de noviembre de 2011,
teniendo en cuenta el 75 % del promedio de lo cotizado en los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, con la inclusión, además de la asignación básica y la bonificación por servicios
prestados, reconocidas previamente por la UGPP, de la prima de riesgo; esta última
en los porcentajes señalados por el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003.

No habrá lugar a efectuar descuento alguno a cargo del pensionado por concepto
de los aportes no realizados por el empleador. A la UGPP le corresponde adelantar

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Radicado: 52001 23 33 000 2014 00227 02 (5134-2018)
Demandante: Javier Humberto Jiménez Morillo

los procedimientos o acciones pertinentes para lograr el cobro y traslado de los
aportes para pensión no efectuados respecto de la prima de riesgo por el
Departamento Administrativo de Seguridad o de la entidad que haya asumido tales
obligaciones, luego de su supresión.

Cuarto. La entidad demandada efectuará la actualización sobre las diferencias
adeudadas, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y
mediante la aplicación de la siguiente fórmula matemática adoptada por esta
corporación:

R = Rh. índice final
índice inicial

Adicionalmente dará cumplimiento al presente fallo en atención a lo previsto en el
artículo 192 del CPACA.

Quinto. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Sexto. Sin condena en costas en segunda instancia.

Séptimo. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen y háganse las anotaciones pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
SBZ

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