Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00288-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00288-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2015-00288-02
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
19 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Radicación : 52001 2333 000 2015 00288 02 (1260-2019)
Demandante : MA RTHA CE CILIA PERLAZA HURTADO
Demandado: MUNICIPIO DE OLAYA
Tema: Contrato realidad -inexistencia de la relación
laboral- falta de pruebas.
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA / LEY 1437 DE 2011
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 7 de noviembre de 2018 , proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño q ue negó las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 1
La señora MARTHA CECILIA PERL AZA HURTADO , a través de
apoderad o, formuló demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 1 38
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo contra el municipio de Olaya.
Para lo cual formuló las siguientes pretensiones:
1 Fs. 1 a 9 cuaderno principal.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001 2333 000 2015 00288 02 (1260 -2019)
Demandante: MARTHA CECILIA PERLAZA HURTADO
La nulidad del Oficio sin número de 15 de abril de 2014 expedido
por el MUNICIPI O DE OLAYA , que le negó la solicitud de
reconocimiento de una relación laboral y el consecuente pago de
los derechos laborales generados en virtud de los servicios
prestados.
A título de restablecimiento del derecho solicitó que se (i) decla re
la existencia de una relación laboral entre las partes, sin solución
de continuidad por el período comprendido entre el 1 de enero de
1998 y el 15 de agosto de 2002 , en el cargo de docente y (ii) ordene
el reconocimiento de prestaciones sociale s.
1.2. Fundamentos fácticos
La señora MARTHA CECILIA PERLAZA HURTADO relató que
suscribió contrato s de prestación d e servicios por el interregno
comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 15 de agosto de 2002 ,
en el cargo de docente en el municipio de Olaya.
Refirió que en el período que laboró en el municipio de Olaya, le
fueron asignada las funciones pública s de carácter perm anente, los
deberes y obligaciones propias del docente oficial, pero le fueron
desconocidos los derechos mínimos laborales .
Cumplía un horario habitual , con idéntica intensidad laboral,
idénticas circunst ancias de subordinación constante, cantidad y
forma, sin que se pudiera instituir dife rencia entre lo que constituyó
su labor y las que eran desempeñadas por los propios de plant a.
En el tiempo que trabajó a órdenes del municipio de Olaya, no se
le cancelaron cesantías, intereses de cesantías, primas,
vacaciones, horas extras, festivos, dominicales, prestaciones
extralegales, aportes patronales a pensión y a salud.
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Demandante: MARTHA CECILIA PERLAZA HURTADO
1.3. Disposiciones violadas y concepto de violación.
La demandante invocó como normas violadas los artículos 1, 2, 4
25, 48, 53 y 209 de la Constitución Política ; los decretos 3135 de
1968, 3148 de 1968 y 1045 de 1978 ; y la Ley 6 de 1945 y demás
normas concordantes.
Al exponer el concepto de violación aseveró que la entidad
accionada desconoc ió la reiterada jurisprudencia d e la Corte
Constitucional 2 y de esta Corporación 3 y, con ello , la primacía de la
realidad sobre las formas, pues desdibujó una verdadera relación
laboral al pactar, mediante órdenes de prestación de servicios, la
ejecución permanente de funciones propias de un empleado de
planta.
2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
EL MUNICIPIO DE OLAYA 4 se opuso a las pretensiones de la
demanda con sustento en las siguientes razones de defensa :
Sostuvo que la demandante fue contratada bajo la modalidad de
contrato de prestación de servicios , dentro de los cuales, se
establece el objeto de estos, encontrándose supeditada al
cumplimiento de ciertas actividades propias del objeto de contrato,
situación que cla ramente vislumbra que la demandante no se
encontraba ejecutando funciones de servidor público, de bido a que
no ostenta dicha calidad.
2 Sentencia C-154 de 1997.
3 Sentencias de 25 de enero de 2001, expediente 1654 -2000, y 18 de noviembre
de 2009, expediente J0039, ambas del C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda; 7 de
septiembre de 2006, expediente 05001 -23-31-000-2000-04732-01 (7979-05),
C. P. Alberto Arango Mantilla; 16 de octubre de 2008, expediente 4085, C. P.
Alfonso Vargas Rincón; y 19 de febrero de 2009, expediente 73001 -23-31-000-
2000-03449-01 (3074-05), C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
4 Folio 332 a 347
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Demandante: MARTHA CECILIA PERLAZA HURTADO
El cumplimiento de las actividades realizadas por parte de la
demandante dentro del municipio de Olaya, deben ser coordin adas
por la entidad, sin que ello deba entenderse como subordinación.
Formuló como excepciones las de inexistencia del contrato de
trabajo y caducidad .
3. AUDIENCI A INI CIAL
El 18 de abril de 2 016, el Tribunal Administrativo d e Nariño celebró
audiencia inicial 5 en la que: declaró la prescripción, toda vez, que
las reclamaciones administrativas se hicieron con posterioridad a
los 3 años contados a partir de la finalización de la relación laboral.
La anterior decisión fue apelada, por la parte demandante y el 22
de mayo de 2017, este Despacho revocó dicha decisión y ordenó al
Tribunal seguir ad elante con el estudio de la relación laboral 6.
El 9 de mayo de 2018, el Tribunal celebró la audiencia inicial y (ii)
delimitó el litigio , e n los siguientes términos :
«[ …] det erm inar si la vincu lació n qu e t uvo M ARTHA C ECI LI A
PERLA ZA H URT AD O con el M unici pi o de O laya , a t r avés de
cont r at os de pr est ación de ser vicios, f ue subor dinada o no y si se
gener ó una r elac ión labor al qu e dé lug a r a declar ar la nul id ad del
act o dem andado cont enido en el of icio sin núm er o de f ec ha del 15
de abr il de 2014. ( f l 170 a 174)
4. SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA 7
El Tribunal Administrativo de Nariño profirió fallo el 7 d e noviembre
de 2018, en el cual se declaró probada la excepción de prescripción
y negó las pretensiones de la demanda.
5 Folios 129 a 137
6Providencia del 22 de mayo de 2017, proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, visible a folio 144 a 149
Fs. 292 a 304 del expediente
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Demandante: MARTHA CECILIA PERLAZA HURTADO
Como fundamento de la decisión, aseguró que de los contratos de
prestación aportados al expediente no se logró demostrar la
existencia de la relación laboral, pues si bien se allegó una
certificación expedida por el coordinador de Educación Municipal
de Olaya Herrera, no se logra evidenciar lo concerniente a la
remuneración, pues no fue aportad a ninguna prueba en la que se
pueda determinar el valor mensual o total del servicio pagado a la
demandante, en vigen cia del vínculo con la entidad territorial
demandada .
De igual manera, precisó q ue el demandante terminó su relación
contractual con la entidad demandada el 15 de agosto de 2002 , por
lo que contaba hasta el día 15 de agosto de 2005, para presentar
la reclamación ante la entidad, y esta radicó su petición del
reconocimiento de prestaciones laborales el 25 de marzo de 2014 y
la entidad respondió de forma negativa mediante oficio sin número
de 15 de abril de 2015, por lo que se encuentra demo strado que
operó el fenómeno de la prescripción.
Por último, condenó en costas a la parte demandante.
5. RECURSO DE APELACIÓN .
5.1. La parte demandante 8 solicitó que se revoque la decisión de
primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la
demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Precisó que, al mu nicipio de Olaya le fueron solicitadas las pruebas
(los contratos de prestación de servicio entre la demandante y el
ente territorial) las cuales no fueron allegadas. Destacó que a esta
instancia procesal allega algunos contratos.
De otra parte, adujo que el a quo, desconoció que el ente territorial
8 Folio 204
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reconoció que éste y la demandante había celebrado algunos
contratos de prestación de servicios, los cuales por la naturaleza
de la función desarrollada permiten inferir que existió u na relación
laboral.
Finalmente , solicitó que se revoque la decisión de condena en
costas, por cuanto no actuó de mala fe.
6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA I NSTANCIA
6.1. Las partes guardaron silencio.
6.2 El ministerio público se abstuvo de presentar concepto , como
consta en el informe secretarial en folio 281 del expediente.
II. CONSIDERACI ONES
1. Competencia
Es competente esta Subsección para decidir dentro del proceso del
epígrafe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del
CPACA 9. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 328 10
9 CPACA, art. 150: «Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia
y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instanci a por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así
como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte
de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que cor responda, o
no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia […]».
10 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado
toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelac ión de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que en razón de la modificación fuera indispensable re formar puntos
íntimamente relacionados con ella.
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del Código General del Proceso, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por
la parte apelante.
2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, el problema jurídico se co ntrae a resolver los siguiente s
interrogante s:
➢ ¿Si a la señora Mart ha Cecilia Perlaza Hurtado le
correspondía demostrar la existencia de los elementos
constitutivos de relación laboral encubierta a través de
contratos u órdenes de prestación de servicios?
➢ ¿Se configuraron los elementos que la ley y la jurisp rudencia
exigen para que se declare la existencia de u na relación
laboral entre las partes?
➢ En caso afirmativo, será necesario establecer si operó o no
el fenómeno de la prescripción.
Para resolver lo a nterior, la Sala se referirá al marco jurídico y
jurisprudencial del contrato realidad , al caso concreto y a la
condena en costas.
3. Marco normativ o y jurisprudenci al
3.1 De relación laboral encubierta o subyacente
En primer lugar, debe señalarse que existe una clara línea
jurisprudencial de esta Corporación 11 en la que ha considerado que
el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
11 C o n s e j o de Estado, Sala de lo Contencioso Administra tivo, Sección
Segunda, sentencia de 25 de agosto de 2016, expediente 0088 -2015,
magistrado ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.
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comprueban los tres elementos constitutivos de una relación
laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la
remuneración y la continuada subordinación lab oral, de lo que
surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del
contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalid ades establecidas en las relaciones laborales,
consagrado en el artículo 53 de la Co nstit ución Política, con el que
se propende hacia la garantía de los derechos mínimos de las
personas, preceptuados en normas respecto de la materia.
De acuerdo con lo anterior, para a creditar la existen cia de una
relación laboral es necesario probar los tres elementos referidos,
especialmente que el contratista desempeñó una actividad de la
entidad en condiciones de subordinación y dependencia
continuada.
Contrario sensu , se constituye una relación contractual, que se rige
por la Ley 80 de 1993, cuando se pa cta la prestación de servicios
relacionados con la administración o funcionamiento de la entidad
pública, caso en el cual el contratista es autónomo en el
cumplimiento de la labor contratada, recibe el pago de honorarios
por los servicios p restados por una labor convenida que no puede
realizarse con personal de planta o requiere conocimientos
especializados.
Es de resaltar que en la sentencia C – 154 de 1997 12, la Corte
Constitucional declaró la const itucio nalidad pura y simple y no
condicionada de la exp resión «cuando no puedan realizarse con
personal de planta» del artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993, motivo
por el cual la diferencia entre una y otra forma de vinculación se
encontrará en la continuada dependencia del servidor p úblico, en
los términos del literal b del artículo 23 del Código Sustantivo del
– 154 de 19 de marzo de 1997, magistrado
12 C o r t e C o n s t i t u c i o n a l , s e n t e n c i a C
ponente: Hernando Herrera Vergara.
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Trabajo, pero lo anterior no quiere decir que las actividades
«relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad» no se puedan adelantar a través de contratistas puesto
que precisamente la suprema guardiana de la Constitución Política
declaró ajustada al ordenamiento la mencionada expresión.
En ese orden de ideas, cuando se logra desvirtuar el contrato de
prestación de servicios, inexorablemente se impone el
reconocimiento de las prestacio nes so ciales generadas, atendiendo
a la causa jurídica que sustenta verdaderamente dicho
restablecimiento, que no es otra que la relación laboral que se
ocultó bajo el ropaje de un contrato administrativo estatal.
Ello en aplicación de los principios de igualdad y de
irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, consagrados
respectivamente en los artículos 13 y 53 de la Carta Fundamental.
De tal manera se superó esa prolongada tesis que prohijaba la
figura indemnizatoria como resarcimien to de los derechos laborales
conculcados 13.
Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 25 de agosto de 2016, unificó su jurisprudencia y
señaló que el pago de las prestacio nes que se reconocen como
consecuencia de la nu lidad del acto administrativo que negó la
existencia de la relación laboral, procede a título de
restablecimiento del derecho y no como reparación integral del
daño. Al efecto, expresó lo siguiente:
«Fr ent e al ant er ior panor am a j ur ispr udencia l, r esult a im per ios o
unif icar e l pr ecedent e con el f i n últ im o d e acoger el cr it er i o qu e sea
m ás f avor able a los ciudadanos que acuden ant e la just icia
cont encioso - adm in is t r at iva en busca de obt ener el r econoci m ient o
de los der echos qu e er an inher ent es a una r elación la bor al per o
que la Adm inist r aci ón disf r azó con la suscr ipción de un cont r at o
13Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 17 de abril de 2008, expediente 2776 -05, magistrado
ponente: Jaime Moreno García.
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est at al, par a lo cual ha de adver t ir se que el r est ablecim ien t o del
der echo es una consecuencia lóg ica de la nulidad que se decr et a,
ya que una vez ej ecut or iada la sent enc i a que así lo declar a, el act o
adm inist r at ivo desa par ece del m undo j ur í dico, por lo que los
der echos y sit uacion es af ect ados deben volver a su est ado inicia l,
es decir , que en las cont r over sias de cont r at o r ealidad hay l ugar a
r econocer las pr est aciones que e l cont r a t ist a dej ó de deveng ar y el
t iem po de ser vicio s con f ines pens io nales, pues su s it uació n
j ur í dica f ue m ediant e un cont r at o est at al, per o que en su ej ecució n
se dier on l os elem e nt os const it ut ivos d e una r elac ión la bor al, que
en caso de hab er si do vincu lado com o em pleado púb l ico h ubiese
t enido der echo a las m ism as pr est acione s que deveng an l os dem ás
ser vidor es de plant a de la r espect iva ent idad.
Por consigu ient e, no resul t a proceden t e condenar a l a agenci a
est at al demandada al pago de l as pre st aci ones a l as qu e t ení a
derecho el cont rat ist a - t rabaj ador a tí tul o de reparaci ón int egral
de perj ui ci os, dado que est as se reconocen como ef ect o de l a
anul aci ón del act o que l as negó , pese a su der echo a ser tr at ado
en igua ldad de con dicio nes que a lo s dem ás em pleados p úblic os
vincul ados a t r avés de una r elación lega l y r eglam ent ar ia, est o es,
a pesar de t ener un a r em uner ación con st it uida por los hon or ar ios
pact ados, le f ue cer cenado su der echo a r ecibir las pr est acione s
que le hubier e cor r espondido si la Adm in ist r ación no hubiese usado
la m odalid ad de cont r at ación est at al para esconder en la pr áct ica
una r elación de t r ab aj o» 14.
En cuanto a los derechos prestacionales derivados del contrato
realidad, otrora esta Sección concluyó que no prescriben, debi do a
que su exigibilida d es imposible antes de que se produzca la
sentencia, porque la decisión judicial al declarar la existencia de la
relación laboral t ie ne carácter constit utivo; es decir, que es a partir
del fallo que nace a la vida jurídica el derech o laboral reclamado y
por tanto no podía operar en estos casos el fenómeno procesal
extintivo 15.
Sin embargo, con el paso del tiempo se determinó que, aunque es
cierto que es desde la sentencia que se hacen exigibles las
14Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de unificación d e 25 de agosto de 2016, expediente 0088 -
2015, magistrado ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.
15 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , S e c c i ó n S e g u n d a ,
sentencia de 6 de abril de 2008, expediente 2152 -06, magistrado ponente:
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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prestaciones derivadas del contrato realidad, también lo es que el
particular debe reclamar el reconocimiento de su relación laboral
dentro de un término prudencial que no exceda el de la prescripción
de los derechos qu e pretende; lo que significa que debe solicita r la
declaratoria de la existencia de esa relación en un término no mayor
a tres años 16.
De igual manera, sobre este punt o referido a la prescripción del
derecho reclamado en el marco de un contrato realidad, la Sección
Segunda de esta Corporación, en la referida sentencia de
unificación de 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo t ant o, si qu ien pr et ende e l r econocim ient o de la r elaci ón
labor al con e l Est ad o, se excede de los t r es años, cont ados a par t ir
de la t er m inación de su ví nculo cont r act ual, par a r eclam ar los
der echos en apl icac i ón del pr inc ip io de l a “ …pr im ací a de la r ealid ad
sobr e las f or m alid ades est ableci das por los sujet os de las
r elacion es labor ales ” ( art í culo 53 constit uciona l) , se ext ingue el
der echo a solicit ar la s pr est aciones que se der iven de aquella, pues
dicha sit uació n se t r aducir í a en su desint er és, que no puede
sopor t ar el Est ado, en su condició n de em pl eador .
Per o en aquell os cont r at os de pr est ación de ser vicios, pact ados por
un int er r egno det er m inado y que la ej ecución ent r e uno y ot ro t iene
un lapso de int er r upción, f r ent e a cada uno de el los hab r á de
anal izar se la pr escr ipció n a par t ir de sus f echas de f inaliz ación,
puest o que uno de los f undam ent os de la exist encia de l c ont r at o
r ealida d es pr ecis am ent e la vocació n de per m anencia en el
ser vicio. Por consi guient e, le cor r esponder á al j uez ver if icar si
exist ió o no la cit ada int er r upción cont r act ual, qu e ser á exclui da de
r econocim ient o y exam inada en det alle en cada caso part icular , en
ar as de pr ot eger los der echos de los t r abaj ador es, que han sido
bur lados por las aut or idades adm i ni st r at ivas al encubr ir una
r elación labor al baj o cont r at os de pr est ación de ser vici os. »
Asimismo, dicha providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no
opera respecto de los aportes para pensión, teniendo en cuenta la
condición periódica del derecho pensional que lo hace
imprescriptible.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 9 de abril de 2014, expediente 131 -13, magistrado
ponente: Luis Rafael Vergara Quintero.
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Demandante: MARTHA CECILIA PERLAZA HURTADO
Finalmente, es de señalar que la Sección Segunda de esta
Corporación en sentencia SUJ -025-CE -S2-2021 de 9 de septiembre
de 2021 17 estableció las siguientes pautas de unificación frente a
varios aspectos de la relación laboral como son: i) el sentido y
alcance de la expresión «término estrictamente indispe nsable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993; ii) la delimitación del término de solución de
continuidad en los contratos estatales de prestación de servicios
que ocultaron la e xistencia de una re lación laboral que se declara,
a efectos de determinar la prescripción de derechos; y, iii)
improcedencia de la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista.
Al efecto señaló la Sección Segunda:
«( i ) La pri mera regl a def ine que el concept o de «t érm ino
est r ict am ent e indisp ensable» , a l que a l ude el num er al 3. º del
ar t í culo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los est udio s
pr evios y en el obj et o del cont r at o, el cual, de acuer do con el
pr incip io de plane ación, t iene que est ar j ust if icado en la
necesidad de l a pr est ación de l ser vicio a f avor de la
Adm inist r ació n, de for m a esencialm ent e t em por al y, de ninguna
m aner a, con ánim o de per m anencia.
( i i ) La segunda regl a est ablece un p er í odo de t r eint a ( 30) dí as
hábi les, ent r e la f i naliz ación de un c ont r at o y la ej ecuc ión de l
sigui ent e, com o t érm ino de la no so luc i ón de cont inu idad, el cual,
en los casos que se exceda, podr á f lexibil izar se en at enció n a las
especia les cir cunst ancias que el j uez encuent r e pr obadas dent r o
del exped ient e.
( i i i) La t ercera regl a det erm ina que frent e a la no af iliación a l
sist em a de la Se gur idad Soc ial e n salud, por par t e de la
Adm inist r ació n, es im pr ocedent e la devoluci ón de los valor es que
el cont r at ist a hub ie se asum ido de m ás, en t ant o se r ecaudar on
com o r ecur sos de nat ur aleza par af iscal ».
En esta misma providencia expresamente se puso de presente que
«aun cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato
17Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 9 de septiembre de 2021, expediente: 1317-2016,
magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, por lo que, en ningún caso,
será posible darle la categoría de empleado público a quien prest ó
sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».
4. Análisis d el caso concreto.
4.1. Hechos demostrados .
Reclamación administrativa: Visible a folio 45 se encuentra el
derecho de petición del 18 de marzo de 2014 ante la entidad
demandada con el fin que se reconociera la relación laboral y las
prestaciones sociales.
Acto administra ti vo demandado : El 15 de abril de 2014, el ente
territorial, responde de manera negativa, el derecho d e petición
presentado por la parte demandante. (Fl 26)
4.2. Análisis sustancial
Para resolver el primer interrogante, esto es, en el caso de la
señora Mart ha Cecilia Perlaza Hurtado, a quién correspondía
demostrar la existencia de los elementos constitutivos de una
relación laboral encubierta a través de contratos u órdenes de
prestación de servicios.
Al respecto, es pertinente, precisar, que quien pretende la
declaratoria de la existencia de un contrato realidad tiene la carga
de demostrar los elementos constitutivos de la relació n laboral,
motivo por el cual a la parte demandante le correspondía.
Frente al particular, la Sección Segunda de esta Corporación ha
señalado lo siguiente:
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«La vinculac ión por cont r at os de pr est ación de ser vicios se r ige por
el num er al 3 del art í culo 32 de la Ley 80 de 1993 18. El artí culo
m encionado pr evé expr esam ent e que, en ningún caso, dicho t ipo
de cont r at os «[ …] gener an r elació n labor al ni pr est ac iones so ciale s
[ …] »
De acuer do con el a par t e t r anscr it o del ar t í culo 32 ejusdem , debe
ent ender se que el legis lador r eglam ent ó en dicha nor m a una
pr esunción segú n la cual, la ce lebr ació n de cont r at os de pr est ación
de ser vicios no gen er a en ningún caso una r elació n labor a l ent r e
cont r at ant e y cont rat ist a o el der echo al pago de pr est aciones
social es en f avor de est e últ im o.
En m a t er ia de pr esunciones, e l or dena m ient o j ur í dico colo m biano
per m it e dos t ipos de est a: la pr esunción iur e et de iur e o de pleno
der echo, y la pr esunción iur is t ant um o de ley.
La pr im er a es excepciona l, det er m inada expr esam ent e por la ley y
t iene com o pr i ncip al car act er í st ica que no adm it e pr ueba en
cont r ar io. Por su par t e, la segunda sí adm it e pr ueba en cont r a, es
decir , per m it e ser cont r over t ida y desvir tuada . » 19
A su turno, e l artículo 166 del Código General del Proceso,
aplicable por remisión expres a del artículo 211 de la Ley 1437 o
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, dispone:
«A rt í cul o 166. Presunci ones est abl eci das por l a l ey . Las
pr esunciones est ab l ecidas por la ley se r án pr ocedent es sie m pr e
que los hechos en q ue se f unden est én debidam ent e pr obad os.
El hecho lega lm ent e pr esum ido se t endrá por cier t o, per o adm it ir á
pr ueba en cont r ar io cuando la ley lo aut or ice. »
18 « A r t í c u l o
32. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores
de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente
estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a
título enunciativo, se definen a continuación:
[…]
3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. […]»
19 S e n t e n c i a
del 23 de agosto de 2018, proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado: rad, 2012-00401.
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En ese sentid o, debe entenderse que el numeral 3 del artículo 32
de la Ley 80 de 1993 contiene una presunción iuris tantum o de ley,
motivo por el cual el contrato de prestación de servicios puede ser
desvirtuado, así como la relación labo ral que se oculta a través de
este sí puede ser demostrada.
Ahora bien, es pertinente precisar qu e en la audiencia de pruebas
realizada el 9 de mayo de 2018, el Tribunal Admin istrativo de
Nariño, tuvo como pruebas allegadas las presentadas con la
demanda, entre las cuales, solo se obs erva en relación con lo
pertinente la certificación expedida por el coordinador de Educación
del municipio de Olaya, en el que informa que la demandante prestó
sus servicios como docente en el Centro Educativo San José
Calabazal desde el 1 de enero de 199 8 hasta el 30 de junio de
1998, desde el 1 de septiembre de 1998 hasta el 15 de diciembre
de 1998, desde el 15 de enero del 1999 hasta el 30 de junio de
1999, desde el 1 de septiembre de 1999 hasta el 15 de diciembre
de 1999, desde el 15 de enero de 2000 h asta el 15 de diciembre de
2000, desde el 1 de abril de 2001 hasta el 30 de junio de 2001,
desde el 1 de julio de 2001 hasta el 30 de julio de 2001 y desde el
1 de mayo del 2002 hasta el 15 de agosto de 2002 20.
Prueba que no es suficiente en este caso para determinar que
existió una re lació n laboral encubiert a o subyacente entre la parte
demandante y el ente territorial, com o bien lo sostuvo el a quo.
Frente al particular, esta Subsección 21 ha sostenido en oportunidad
reciente que el cont rato estatal por regla general es solemne sobre
lo cual la doctrina ha afirmado lo siguiente:
«[ …] Ahor a bien, dada la nat ur aleza de l cont r at o del Est ado, est e
es esencialm ent e f or m alist a en at enci ón a m ot ivos de cer t eza,
20 V i s i b l e a folio 59
21Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 17 de
marzo de 2022. Expediente Rad. Núm. 08001-23-33-000-2015-00542-01 (5593-
2018).
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clar idad y se gur ida d, am én de la apl icació n ir r est r ict a de lo s
pr incip ios de la f unc ión adm in ist r at iva, ent r e ellos, la pub lic i da d y
la t r anspar encia ( ar t. 23 de la Ley 80 y 13 de la Ley 1150 de 2007) ,
de m odo que acá n o oper a el pr inci pio de la liber t ad de f or m a de
m anif est ación de l co nsent im ient o par a ef ect os de su celebr a ción y
conf igur ación. Por ello, su nac im ient o a la vida j ur í dica debe
r odear se del cum plim ent o de r equisit o s que, de no r eunir se a
cabal idad, t r aer í an com o consecuencia su inexist enc ia, dif er encia
básica con el r égim en pr ivado, en donde la aut onom í a de la
volunt ad en est e as pect o t iene t ot al ap licac ión, salvo q ue exist a
nor m a especial que exij a una f orm a deter m inada, cual es el caso
de la hip ot eca pr evist o en el ar t í culo 2434 C C, y m ás
especí f icam ent e lo que consagr a el inc iso 1. ° del ar t í culo 39110]
de la Ley 80 de 1993, que exige el es cr it o en los cont r atos que
im pliq uen m ut ación del dom in io o im posició n de gr avám e nes y
ser vidum br es sobr e bienes inm uebl es y, en gener a l, aquel lo s que
conf or m e a las leyes vigent es deban cu m plir con dicha f or m alid ad.
Com o consecuenci a de lo ant er ior , en consider ación a las
clasif ic a cion es leg ales y las elab or adas por la doct r ina
iuspr ivat ist a, se puede af ir m ar que el cont r at o est at al es de
car áct er i) bilat er al, por cuant o las par tes adquier en ob liga cione s
que se m ir an como r ecí pr ocas; ii) oner oso, en cuant o r epor t a
ut ili dad o be nef i ci o par a am bos cont r at ant es, gr avándose uno a
f avor del ot r o; iii) conm ut at ivo, com o regla gener a l, por que cada
una de las par t es se obliga a dar o hacer una cosa que se entiend e
com o equiva lent e a lo que la ot r a par t e debe dar o hac er a su vez,
y iv) pri n ci pal ment e, sol emne, ya que la m anif est aci ón de
volunt ad, si no se expr esa baj o la f orm a ad solem nit at em o ad
subst ant iam act us exigid a por la ley, es inexist ent e, es decir , se
ent iende q ue el co nt r at o j am ás ha sido cr eado par a e l m undo
j ur í dico. Así , el c ont r at o est at al es esencia lm ent e f or m alist a, a
dif er encia d e lo qu e acont ece en e l d er echo pr ivado en donde
im per a, por r egla gener al, la plena l ibe r t ad de f or m a conf or m e al
pr incip io solus cons ensus oblig at , en vir t ud del cual, con la m er a
acept ación de l a of er t a, nace el cont r at o a la vid a j ur í dica. Ell o
signif ica que en e l d er echo adm inist r at iv o la sol em nidad es l a r egla
gener al y absolut a par a poder hablar de cont r at o est at al, de t al
m aner a que acá oper a el br ocár dico r om ano f or m a dat esse r ei » 22.
Bajo ese contexto, el artículo 256 de la Ley 1564 de 2012 determinó
que la falta de documento que la ley exija como solemnidad para la
existencia o valide z de un acto o contrato no podrá suplirse por otra
prueba, en tal sentido, tratándose del sub examin e la parte
22Cit. de cit. «Juan Carlos Expósito Vélez, Forma, formalidades y contenido
del contrato estatal. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2020».
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demandante no podía suplir la falta de los contratos con la sola
constancia expedida por el coordinado r de educación del municipio
de Olaya visible a folio 59.
En orden a lo expuesto, le correspondía a la parte demandante,
allegar todas las pruebas necesarias tendientes a demostrar la
existencia de la relación laboral.
Ahora bien, el momento procesal oportuno para reclamar el decreto
y práctica de las pruebas, era en la audiencia inicial,
específicamente en la etapa regulada por el numeral 1 0 del artículo
180 del CPACA 23.
De tal manera, que, si la parte interesada en que se aportaran todos
elementos probatorios consideró que estos no fueron allegados,
debió exponer dicha situación ante el magistrado sustanciador con
el fin de que este tomara los correctivos necesario s para la
consecución integral de la prueba solicitada, a más tardar, a través
del recurso de reposición en contra del auto que ordenó correr el
traslado de alegatos en el sub examine , escenario que no ocurrió,
pues el deman dante guardó silencio.
Sumado a lo anterior, se resalta que tampoco sería procedente el
decreto de la prueba en segunda instancia por no advertirse, en el
presente caso, que se hubiese configurado alguna de las cinco
causales reguladas por el artículo 212 del CPACA. 24
23 « A r t i c u l o 180. Audiencia inicial. […]
10. Decreto de pruebas. Solo se decretarán las pruebas pedidas por las partes
y los terceros, siempre y cuando sean necesarias para demostrar los hechos
sobre los cuales exista disconformidad, en tanto no esté prohibida su
demostración por confesión o las de oficio que el Juez o Magistrado Ponente
considere indispensables para el esclarecimiento de la verdad.
En todo caso, el juez, antes de finalizar la audiencia, fijará fecha y hora para
la audiencia de pruebas, la cual se llevará a cabo dentro de los cuarenta (40)
días siguientes.»
24 « A r t í c u l o 212. Oportunidades probatorias. […]
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el térm ino
de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas,
que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
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Finalmente, el artículo 167 del Código General del Proceso es claro
en señalar que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
[…]», es decir, en estos casos la carga de la prueba re cae sobre la
parte que pretende el reconocimiento del contrato realidad.
En ese sentido, si bien es cierto, los documentos anunciados por la
parte apelante en su recurso podrían demostrar la subordinación o
dependencia continuada, lo cierto e s que era re sponsabilidad de
éste acreditar dicha situación, en la oportunidad correspondiente,
es decir, él demandante no puede desplazar esa carga procesal en
la contraparte. Luego, toda vez que la parte interesada no objetó la
ausencia de las pruebas reclamadas, en la debida oportunidad, para
la Corporación no hay lugar a confirmar la existencia d el elemento
de la relación laboral sin la prueba que efectivamente demostraba
su ocurrencia.
En consecuencia, correspondía a la demandante demostrar la
configuración de l os tres elementos que definen la existencia de
una relación laboral, a través de los medios probatorios pertinentes
y conducentes que estaban a su disposición.
Colofón de lo anterior, para la Corporación, las razones expuestas
en el recurso de apelación no tienen la virtualidad de desvirtuar la
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan
terceros diferentes al simple coadyuvante o imp ugnante se requerirá su
anuencia.
2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa
de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir
requisitos que les falten para su perfeccionamiento.
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para
demostrar o desvirtuar estos hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera
instancia por fuerz a mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los
numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria
del auto que las decreta.»
PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren
procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá exceder
de diez (10) días hábiles.»
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decisión de primera instancia y, menos aún, de probar los
elementos de la relación laboral invocada por la parte demandante
a raíz de los contratos suscritos entre est a y el municipio de Olaya .
De otra parte, ant e la solicitud de revocatoria de la condena en
costas de primera instancia, es pertinente precisar que esta
Sección 25 ha señalado que el concepto de las costas del proceso
está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de
una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados
gastos o expensas del proceso llamados en el Código de
Procedimiento Adm inistrativo y de lo Contencioso Administrativo
gastos ordinarios del proceso y otros como son los necesarios para
traslado de testigos y para la p ráct ica de la prueba pericial, los
honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres,
transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas,
copias, etc.
Igualmente, el concepto de costas incluye las agencias del derecho
que corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento
dentro del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor
de la parte vencedora atendiendo a los crite rios sent ados en los
ordinales 3.° y 4.º del artículo 366 del Código General del Proceso,
y que no necesariamente deben corresponder al mismo monto de
los honorarios pag ados por dicha pa rte a su abogado los cuales
deberán ser fijados contractualmente entre éstos conforme los
criterios previstos en el artículo 28 ordinal 8.º de la le y 1123 de
2007 26.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 2 de junio de 2018, C.P. William
Hernández Gómez, número de radicado: 13-001-23-33-000-2013-00100-01
(3515-2015)
26 R e g u l a
la norma como deber de los abogados, el de “…fijar sus honorarios
con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servici o prestado o
de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos
cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto”
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En materia de lo contencioso administrativo, la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo 10554
de 2016, fijó las agencias en derecho de la siguiente manera:
«PRO CESO S DEC L ARATI VO S EN G ENERAL. En única inst ancia. a.
Cuando en la dem anda se f or m ulen pr et ensiones de cont enido
pecuniar io, ent r e el 5% y el 15 % de lo pedido. b. En aquell os
asunt os que car ezcan de cuant í a o de pr et ensiones pecuniar ias,
ent r e 1 y 8 S.M .M . L.V.
En pr im er a inst ancia. a. Por la cuant í a. Cuando en la dem anda se
f or m ulen pr et ensiones de cont enido pecuniar io: ( i) De m enor
cuant í a, ent r e el 4% y el 10% de lo pedi do. ( ii) De m ayor cuant í a,
ent r e el 3% y el 7. 5% de lo pedido. b. Por la nat ur aleza del asunt o.
En aquel los asunt os que car ezcan de cuant í a o de pr et ensiones
pecuniar ias, ent r e 1 y 10 S. M .M . L. V.
En segunda inst anc i a. Ent r e 1 y 6 S. M. M. L. V ».
Ahora bien, a raíz de la expedición de la Ley 1437 de 2011, por la
cual se adoptó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la Subsección A, en un principio,
sostuvo que el artículo 188 ibidem, en materia de costas, no
implicaba la condena de manera «automática» u «objetiva» frente
a aquel que resultara vencido en el litigio.
Ello, en consideración a que debían observarse una serie de
factores, tales como la temeridad, la mala fe y la existencia de
pruebas en el proces o sobre los gastos y costas en el curso de la
actuación, en donde el juez debía ponderar dichas circun stancias y
sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en
el que el juez evaluara las circunstan cias para imponerla, o no.
Sin embargo , a través de la sentenc ia de 7 de abril de 2016 , la
Subsección A dentro del proceso radicado bajo el número 15001-
23-33-000-2012-00162-01, número interno 4492 de 2013, varió
aquella posición y acogió el criterio objetivo para la imposición de
costas, al concluir que no se debe evaluar la conducta de las partes
(temeridad o mala fe), sino los aspectos objetivos respecto de la
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causación de las costas, tal como lo prevé el Código G eneral del
Proceso, con el fin de darle plena aplicación a su artículo 365.
Por lo anterior, se colige que la condena en costas implica una
valoración objetiva valorativa que excluye como criterio de
decisión la mala fe o la temeridad de las partes.
En el presente caso, se advierte por la Sala que en la sentencia de
primera insta ncia, el Tribunal con denó en costas a la parte
demandante por resultar vencida en el proceso,
La parte demandante adujo como motivos de apelación que no debió
imponerse condena en costas por cuanto (i) actuó de buena fe, en
uso de su facultad discrecional para realizar los t raslados conforme
a las necesidades del servicio y (ii) n o se demostró su causación.
Al respecto, siguiendo la línea argumentativa, la Sala observa que
el razonamiento realizado por el a qu o para condenar en costas y
fijar las agencias en derecho fue objetivo y valorativo, toda vez que
se encuentra dentro de los parámetros señalados por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo
10554 de 2016, que estableció como agencias en derecho en
asuntos contenciosos administrativo s con cuantía en segunda
instancia la suma equivalente hasta seis (6) salario s mínimos
legales m ensuales vigentes, y se acompasa con la posición de la
sala de subsección sobre condena en costas, fijada en la citada
sentencia del 7 de abril de 2016, en la que se acogió un criterio
objetivo valorativo para tal efecto, según el cual, no es factible
acudir a argumentos de orden subjetivo como la conducta de las
partes, tal y como lo pretende el apoderado recurrente, sino a los
aspectos objetivos respecto de la causación, conforme lo previsto
en el artículo 365 del CGP, lo cual o currió en e l presen te caso , en
el que se condenó a la entidad demanda nte por ser la parte vencida
en el proceso, además, contrario a lo afirmado por la apelante, se
demostró su causación a favor de entidad demandada , con el mero
ejercicio del medio de control.
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Por las consideraciones expuestas, la Sala confirmará la sentencia
en cuanto condenó en costas a la parte demandante .
En conclusión: La carga de demostrar que una relación laboral se
escondió a través de co ntratos de prestación de servicio s
corresponde a la p arte demandante. En ese orden de ideas, como
el apelante no discutió la valoración probatoria efectuada por el
tribunal respecto a los medios de convicción allegados al proceso
para analizar si se config uraron o no los elementos de una relación
laboral, sino que la alzada se circunscribió a invoca r la omisión de
la entidad territorial de allegar las pruebas solicitadas por el
demandante, la decisión de primera instancia debe confirmarse.
Ante la conclusión anterior, la Corporación se abstendrá de analizar
los demás problemas jurídicos referenciados y confirmará la
providencia objeto del recurso de alzada.
5. De la condena en costas
En lo que se refie re a las costas, esta Subsección e n sentencia del
7 de abril de 2016 27, concluyó que en vigencia del CPACA l a
legislación avanzó de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
En el presente caso no hay lugar a imponer condena en costas a la
parte demandada conforme al numeral 8 del artículo 365 del Código
General del Proceso, toda vez que si bien el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante no prosperó, la entidad
demandada no presentó alegatos de conclusión.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley.
27Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco
Guerrero Bardi, Consejero ponente: Wil liam Hernández Gómez.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001 2333 000 2015 00288 02 (1260 -2019)
Demandante: MARTHA CECILIA PERLAZA HURTADO
FALLA
PRIMERO: CO NFI RMAR, la sentencia de 7 de noviembre de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño , que negó las
pretensiones de la demanda incoada por la señora MARTHA
CECILIA PERLAZA HURTADO contra el MUNICIPIO DE OLAYA por
las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas a la parte demandante, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.
TERCERO: Efectúense las anotaciones correspondientes en el
sistema de gestión judicial SA MAI y una vez en firme esta
providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de
la fecha.
GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCIS CO SUÁREZ VARGAS
En comisión Firmado electrónicamente
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