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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00314-01

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00314-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 1.º de diciembre de 2017, por el Tribunal Administrativo de Nariño, que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Álvaro Enrique Ruiz Pantoja contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en su lugar se dispone: Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones 06497 del 21 de marzo de 2003, 046439 del 30 de diciembre de 2005, RDP 0030723 del 8 de octubre de 2014, y RDP 039424 del 30 de diciembre de 2014, mediante las cuales se reconoció la pensión de jubilación del señor Álvaro Enrique Ruiz Pantoja en virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y se negó la reliquidación de la prestación con inclusión de la prima de riesgo. Tercero. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a título de restablecimiento del derecho, a reliquidar la pensión de jubilación del señor Álvaro Enrique Ruiz Pantoja, a partir del 1.º de marzo de 2004, teniendo en cuenta el 75 % del promedio de lo cotizado en los 7 años y 10 meses anteriores a su retiro definitivo del servicio, con la inclusión de los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994 y la prima de riesgo, esta última en los porcentajes señalados por el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003. Cuarto. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a título de 27 Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018) Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja restablecimiento del derecho, a pagar al señor Álvaro Enrique Ruiz Pantoja el retroactivo que surja como consecuencia de la reliquidación dispuesta en el ordinal anterior, en forma indexada, desde el 27 de junio de 2011, por prescripción trienal. Quinto. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a ajustar las sumas a reconocer, aplicando la fórmula señalada en la parte considerativa de esta sentencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2015-00314-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

17 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reliquidación pensión de jubilación, régimen especial de los
servidores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 1.º de diciembre de 2017, por el Tribunal Administrativo de
Nariño, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Álvaro Enrique Ruiz Pantoja, mediante
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes
Resoluciones: i) 06497 del 21 de marzo de 2003, expedida por la Caja Nacional de
Previsión Social EICE, por la cual le reconoció una pensión de jubilación; ii) 046439
del 30 de diciembre de 2005, mediante la que se reliquidó la prestación sin la

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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

inclusión de todos los factores de salario devengados en el último año de servicio; iii)
RDP 0030723 del 8 de octubre de 2014, que negó la solicitud de reliquidación; y iv)

RDP 039424 del 30 de diciembre de 2014, a través de la cual confirmó la decisión

anterior.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) reliquidar la pensión con inclusión de todos los factores salariales devengados en
el último año de servicio en calidad de servidor del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS), desde el 1.º de marzo de 2004; ii) pagar el retroactivo que resulte
de la orden anterior; iii) ajustar los valores conforme al índice de precios al
consumidor; iv) condenar al pago de intereses moratorios y costas; y v) dar
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El señor Álvaro Enrique Ruiz Pantoja prestó sus servicios al Estado por más de 20
años, en el municipio de Pasto y en el DAS.

ii) La Caja Nacional de Previsión Social EICE, mediante la Resolución 06497 del 21
de marzo de 2003, le reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez, efectiva a
partir del 1.º de junio de 2002, condicionada a demostrar el retiro definitivo del
servicio. Calculó el monto de la pensión con el 75 % del promedio de lo devengado,
conforme a lo establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, es decir, tuvo en
cuenta el promedio de los últimos 8 años y medio de cotización al sistema.

ii) Mediante la Resolución 0240 del 13 de febrero de 2004 expedida por el DAS, el
señor Álvaro Enrique Ruiz Pantoja se retiró del servicio a partir del 1.º de marzo de
2004.

iii) La Caja Nacional de Previsión Social EICE, mediante la Resolución 046439 del 30
de diciembre de 2005, reliquidó la pensión de vejez, de conformidad con la Ley 100

2

Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

de 1993, «sin incluir la totalidad de los factores de salario devengados y certificados
en el último año de servicios, es decir de febrero 28 de 2003 a febrero 29 de 2004».

iv) A través de la Resolución RDP 0030723 del 8 de octubre de 2014, la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP) denegó la solicitud de reliquidación de la pensión con la inclusión de
todos los factores de salario devengados en el último año de servicio.

v) El 30 de diciembre de 2014, la UGPP expidió la Resolución RDP 039424 del 30 de
diciembre de 2014, por la cual confirmó la decisión anterior.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 2, 13, 25 y 58 de la Constitución Política; 21
del Código Sustantivo del Trabajo; 36 y 288 de la Ley 100 de 1993; las Leyes 57 y
153 de 1887, 33 y 62 de 1985; los Decretos 1848 de 1969, 1045 de 1978, 1158 de
1994 y 2143 de 1995.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:1

i) El señor Álvaro Enrique Ruiz Pantoja laboró al servicio del Estado y, por lo tanto,
su pensión debe reconocerse teniendo en cuenta todos los factores de salario
devengados y certificados en el último año de servicio, es decir en el período
comprendido entre el 28 de febrero de 2003 y el 29 de febrero de 2004, con la
inclusión de la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la
bonificación por compensación, el subsidio de alimentación, los factores por
vacaciones y las primas de servicios, de vacaciones, de navidad y de riesgo, así
como cualquier otro valor devengado en dicho lapso, tal y como lo dispuso el
Consejo de Estado en la sentencia del 4 de agosto de 2010.

1 Folios 25 a 31.

3

Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

ii) Al 1.º de abril de 1994, el actor tenía una edad superior a los 35 años y más de 15
años de servicio, por lo tanto, es beneficiario del régimen de transición a que hace
referencia el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. La UGPP, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones,2 con fundamento en que la pensión del actor fue reconocida conforme
al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en virtud del cual se
respetó la edad, el tiempo de servicio y el monto del régimen anterior, esto fue, el
previsto en el Decreto 1933 de 1983. Empero, frente al IBL debe aplicarse la
normativa vigente al momento de la adquisición del estatus, esto es, la aludida Ley
100, tal y como lo dispuso la Corte Constitucional en las Sentencias C-258 de 2013 y
SU-230 de 2015. Aunado a lo anterior, no debe incluirse la prima de riesgo por
cuanto no está prevista como factor salarial para efectos pensionales en el Decreto
2646 de 1994.

1.2.2. La Unidad Nacional de Protección (UNP),3 por intermedio de apoderado, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones,4 toda vez que dentro de las funciones
que asumió no se encuentra la de liquidar las pensiones de los servidores y por
cuanto no expidió los actos demandados.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia proferida el 1.º de
diciembre de 2017, denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al
actor. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:5

i) El señor Ruiz Pantoja nació el 1.º de febrero de 1947 y para la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con 47 años de edad lo que le permitió ser
beneficiario de su régimen de transición. Además, prestó sus servicios al DAS desde

2 Folios 191 a 204.
3 Mediante auto del 15 de octubre de 2015, se admitió el llamamiento en garantía del DAS en proceso de

sucesión o la entidad que hubiere asumido sus funciones. Folios 213 a 217.
4 Folios 249 a 253.
5 Folios 311 a 334.

4

Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

el 16 de febrero de 1973 hasta el 29 de febrero de 2004, y el último cargo
desempeñado fue el de conductor 317-05. Dada tal calidad, no es posible aplicar el
régimen especial de esa entidad, toda vez que el artículo 1 del Decreto 1047 de
1978 establece como requisito, entre otros, haberse desempeñado en funciones de
dactiloscopistas y, por virtud del Decreto 1933 de 1989 se hizo extensivo a los
detectives.

ii) A través de los actos demandados se reconoció la pensión al demandante en
consideración a que adquirió el estatus pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993,
por lo tanto, se respetó la edad, el tiempo de servicio y monto que estableció el
artículo 1 de la Ley 33 de 1985; sin embargo, el IBL está constituido por el promedio
de lo percibido en los «10 años últimos años de servicios» y con base en los factores
salariales previstos en los decretos reglamentarios de la Ley 100 de 1993 y, que se
entiende, sobre los cuales se efectuaron las cotizaciones por parte del empleador.
Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en las Sentencias C-258 de 2013, SU-230 de
2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017.

iii) En la liquidación de la prestación se incluyó la asignación básica y la bonificación
por servicios prestados; empero, no existe prueba de que sobre el subsidio de
alimentación, los factores por vacaciones, las primas de servicios, de vacaciones, de
navidad y de riesgo se hubiesen realizado aportes al sistema, pese a que, en virtud
de lo señalado en la jurisprudencia del Consejo de Estado,6 este último sí debe ser
considerado como factor salarial.

1.4. El recurso de apelación

El señor Álvaro Enrique Ruiz Pantoja, por conducto de apoderado, interpuso recurso
de apelación7 y lo sustentó así:

i) La pensión del demandante debió calcularse teniendo en cuenta el 75 % de los
factores salariales devengados en el último año de servicio y con base en el régimen
aplicable a los funcionarios del DAS, esto es, los Decretos 1933 de 1989 y 1835 de

6 Se refirió a la sentencia proferida el 8 de abril de 2010, radicado 1026-2008, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
7 Folios 339 a 341.

5

Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

1994, pues estuvo vinculado en los cargos de excepción, antes del 3 de agosto de
1994.

ii) El actor adquirió su estatus pensional antes de haber sido proferida la Sentencia
C-258 de 2013, esto es, el 1.º de febrero de 2002; en tal sentido, no puede darse
aplicación a esa decisión en forma retroactiva en razón a los derechos adquiridos de
que es beneficiario, tal y como lo dispuso la Corte Constitucional en la Sentencia T-
615 de 2016.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. El demandante

El señor Álvaro Enrique Ruiz Pantoja guardó silencio, tal y como se desprende de la
constancia secretarial del 24 de mayo de 2019.8

1.5.2. La demandada

La UGPP, por conducto de apoderado, solicitó que se confirme la sentencia apelada,
con fundamento en lo expuesto en la contestación de la demanda.9

1.6. El ministerio público

El agente delegado ante esta Sección no rindió concepto.10

1.7. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

El director de Defensa Jurídica Nacional de la Agencia intervino con fin de solicitar
que se nieguen las pretensiones de reliquidación, con fundamento en que el IBL es
un aspecto que se excluyó del régimen de transición contemplado en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, y que esta situación se desprende del análisis de la norma y
del criterio jurisprudencial de las altas cortes, en especial de la Sentencia de
Unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de
Estado, en cuyas reglas y subreglas se refirió al tiempo para calcular el IBL los

8 Folio 400.
9 Folios 396 a 399
10 Folio 400.

6

Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

factores salariales que se deben incluir, frente a lo cual especificó que serían
únicamente aquellos sobre los cuales se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al sistema de pensiones.11

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si el señor Álvaro Enrique Ruiz Pantoja tiene derecho a
la reliquidación de su pensión de vejez con inclusión de la totalidad de los factores
salariales devengados durante el último año de servicio, por haberse desempeñado
como servidor del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

2.2. Marco normativo

2.2.1. Régimen especial de pensiones para los servidores que ejercen
actividades de alto riesgo en el sector público en vigencia del Sistema General
de Seguridad Social

El artículo 14012 de la Ley 100 de 199313 previó, en un principio, lo siguiente:

Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De conformidad
con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores
públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad
de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se
consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas
que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional
Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a
cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad.

Posteriormente, se expidió el Decreto 691 de 1994, por el cual se incorporaron los
servidores públicos al Sistema General de Pensiones, y del que cabe resaltar su
artículo 5, pues a través de este, extendió el régimen general a los servidores que
laboren en actividades de alto riesgo para su salud.

11 Índice 18, aplicativo Samai.
12 Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-003 de 1996.
13 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».

7

Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

No obstante, en atención a esta preceptiva y bajo los parámetros de la Ley 4.ª de
1992, el Gobierno nacional profirió el Decreto 1835 del 3 de agosto de 1994, por
medio del cual reglamentó las actividades de alto riesgo de los servidores públicos,
que circunscribió a las siguientes:

Artículo 2º. Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de
1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:

1. En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS: Personal de detectives en
sus distintos grados y denominaciones de especializado, profesional y
agente. (Resaltado fuera del texto)

2. En la Rama Judicial.

Funcionarios de la jurisdicción penal:

Magistrados, Jueces Regionales, Jueces Penales del Circuito, Fiscales y empleados de
los Cuerpos de Seguridad de la Fiscalía General de la Nación y los siguientes
funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía: Profesionales judiciales
especiales, profesionales universitarios judiciales I y II, jefes de sección de criminalística,
investigadores judiciales I y II, técnicos judiciales I y II y escoltas I y II. […].

De acuerdo con lo anterior, la labor de los detectives del DAS también se clasificó
como de alto riesgo. Asimismo, la norma estableció un régimen de transición
especial14 para aquellos que a su entrada en vigencia, esto es, el 4 de agosto de
1994, laboraran en dicha actividad con el beneficio de acceder a la pensión en las
condiciones indicadas por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir, los
Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.

Ahora bien, el Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 200315 derogó el Decreto 1835 de
1994 y definió una vez más cuáles actividades son consideradas de alto riesgo, sin
incluir al DAS.

14 «Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las actividades

descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con
anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para
acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas cotizadas
y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100
de 1993.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo
relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
15 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan

las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas
actividades.»

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Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

Finalmente, la Ley 860 del 26 de diciembre de 200316 nuevamente se ocupó de
regular la materia pensional para los servidores que desempeñan labores de alto
riesgo en el DAS y, entre otras cosas, incluyó a la prima de riesgo en el ingreso base
de cotización.17 Además, estableció un régimen especial para el personal del DAS al
que se refieren los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, y uno de transición para
los detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994, quienes tendrían
derecho a pensionarse en las condiciones previstas en el Decreto 1835 de 1994.
Esto señala la norma:

Artículo 2. Definición y campo de aplicación. El régimen de pensiones para el
personal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, al que se refieren los
artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994 o normas que lo modifiquen o adicionen, será el
que a continuación se define.

Para el personal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que labore en las
demás áreas o cargos, se les aplicará en su integridad el Sistema General de Pensiones
establecido en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.

Parágrafo 1. Pensión de vejez por exposición a alto riesgo. Los Servidores Públicos
señalados en este artículo, dada su actividad de exposición a alto riesgo, que efectúen
la cotización especial señalada en el artículo 12 del Decreto 1835 de 1994 y la que se
define en la presente ley, durante por lo menos 650 semanas, sean estas continuas o
discontinuas, tendrán derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando reúnan los
requisitos establecidos en el artículo siguiente como servidores del Departamento
de Seguridad, DAS, en los cargos señalados en los artículos 1 y 2 del Decreto 2646
de 1994.

Parágrafo 2. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión de vejez por
exposición a alto riesgo (DAS). La pensión de vejez, se sujetará a los siguientes
requisitos:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones al que se refiere el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá un (1) año
por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas
requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a
cincuenta (50) años.

Parágrafo 3. Monto de la cotización especial. El monto de la cotización especial para el
personal del DAS del que trata la presente Ley, será el previsto en la Ley 100 de 1993,
modificado por la Ley 797 de 2003, más diez (10) puntos adicionales a cargo del

16 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de

1993 y se dictan otras disposiciones.».
17 Artículo 2.º, parágrafo 4.

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Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

empleador.

Parágrafo 4. Ingreso base de cotización. El ingreso base de cotización para los
servidores públicos a que se refiere este artículo, estará constituido por los factores
incluidos en el Decreto 1158 de 1994, adicionado en un 40% de la prima especial de
riesgo a la que se refieren los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994.

El porcentaje del cuarenta por ciento (40%) considerado para el Ingreso Base de
Cotización se incrementará al cincuenta por ciento (50%) a partir del 31 de diciembre del
2007.

Parágrafo 5. Régimen de transición. Los detectives vinculados con anterioridad al 3 de
agosto de 1994 que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hubieren
cotizado 500 semanas les serán reconocida la pensión de vejez en las mismas
condiciones del régimen de transición contenidas en el Decreto 1835 de 1994

Parágrafo 6. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible>18 Los servidores públicos de que
trata el campo de aplicación del presente artículo, que a la fecha de entrada en vigencia
de la misma se encuentren afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad,
deberán trasladarse al Régimen Prima Media con Prestación Definida en un plazo
máximo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de su publicación, para que les
sea aplicado el régimen previsto en la presente ley. En ese caso no será necesario que
hubieren cumplido el término de permanencia de que trata el literal e) del artículo 13 de la
Ley 100 de 1993.

A aquellos servidores públicos que decidan permanecer en el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad se les aplicará en su integralidad lo previsto para dicho
Régimen en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.

Parágrafo 7. Normas aplicables. En lo no previsto para la pensión de vejez establecida en
el presente artículo, se aplican las normas generales contenidas en la Ley 100 de 1993 y
la Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios. [Resalta la Sala].

Siendo ello así, debe concluirse que en virtud de lo dispuesto en la norma transcrita,
los beneficiarios del régimen de transición previsto en el parágrafo 5 de la Ley 860
de 2003 deben acreditar los requisitos contenidos en el Decreto 1047 de 1978, por
remisión del Decreto 1933 de 198919 al que se acude en virtud de lo dispuesto en el
artículo 4 del Decreto 1835 de 1994.20 Las siguientes son las exigencias:

18 Corte Constitucional, Sentencia C-030 de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
19 «Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas para los

empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad.
Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de Detective Agente, Profesional o
Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia de jubilación, por
el Decreto-ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de detectives en sus
distintos grados y denominaciones». [Resalta la Sala].
20 «Artículo 4. Régimen de transición. Los funcionarios de las entidades señaladas en este capítulo que

laboren en las actividades descritas en el numeral 1º del artículo 2º de este Decreto, que estuviesen
vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que
respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el

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Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

Artículo 1. Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o
discontinuos las funciones de las dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de
Seguridad, y que hayan aprobado el curso de formación en dactiloscopia impartido por el
instituto correspondiente de dicho Departamento, tendrán derecho a gozar de la pensión
de jubilación cualquiera sea su edad.

Artículo 2. Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el
artículo anterior y que permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de
Seguridad por un término no menor de 18 años continuos en el desempeño de
funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50
años de edad, siempre que para esta época fueren funcionarios de ese Departamento.
[Resalta la Sala]

Ahora bien, en cuanto al régimen especial aplicable al personal a que se refieren
los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, se advierte que la Ley 860 de 2003
permitió que los detectives, criminalísticos, conductores, los empleados que
desempeñen cargos del área operativa, los directores generales de inteligencia e
investigaciones, de protección y extranjería, el jefe de la oficina de interpol, los
directores y subdirectores seccionales, así como los jefes de división y unidad que
desempeñen funciones operativas y el delegado ante el Comité Permanente, se
beneficiarán de la pensión especial de jubilación al cumplimiento de unos requisitos
de edad y semanas mínimas de cotización. Para este grupo de servidores, las
siguientes son las condiciones para el reconocimiento pensional:21

i) 55 años de edad. La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se
disminuirá un (1) año por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales
a las mínimas requeridas en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda
ser inferior a cincuenta (50) años.

ii) Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones al que se refiere el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y
adicionalmente, la cotización especial señalada en el artículo 12 del Decreto 1835 de
1994 y la que se define en la Ley 860 de 2003, durante por lo menos 650 semanas, sean
estas continuas o discontinuas.

Valga precisar que cuando la norma alude a semanas de cotización especial, debe

número de semanas cotizadas, y el monto de esta pensión, a las existentes para ellos en las normas
vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.

Para los demás servidores, las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo
relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.» [Resalta la Sala].
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022, radicado

25000 23 42 000 2013 02380 01(2656-2014).

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Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

interpretarse según lo señalado por la Corte Constitucional, en la sentencia C-663-
2007, de que se trata de semanas en cualquier actividad catalogada como de alto
riesgo.

2.2.2. La liquidación de pensiones de los servidores del DAS y la sentencia de
unificación SUJ-028-CE-SE-2022 del 28 de julio de 2022

En cuanto al ingreso base de liquidación para el personal beneficiario de las normas
anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de
1989, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 30 de noviembre
de 2000,22 consideró que debía aplicarse en su integridad la normativa precedente.
Así las cosas, inicialmente estimó que debían atenderse aquellos factores salariales
que estuvieran previstos por el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989.

No obstante lo anterior, en lo relativo a las actividades de alto riesgo, el Decreto
1137 del 2 de junio de 199423 creó la prima mensual de riesgo equivalente al 30 %
de la asignación básica, entre otros servidores, para los detectives del DAS, con la
salvedad de que aquella no constituía factor salarial y no podría devengarse
simultáneamente con las primas de orden público, de clima y de riesgo de que tratan
los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 1933 de 1989 y la de riesgo señalada por el
Decreto 132 del 17 de enero de 1994. Luego, el Decreto 2646 del 29 de noviembre
de 199424 aumentó el porcentaje de dicho emolumento al 35 % y la hizo
incompatible solamente con las prestaciones con igual denominación previstas en
los Decretos 1933 de 1989 y 132 de 1994, pero reiteró su exclusión como factor
salarial.

En ese escenario, el Consejo de Estado, en un primer momento, se abstuvo de
ordenar su inclusión en atención a que el Decreto 2646 de 1994 precisó que aquella
prima de riesgo no constituye factor salarial.25 Sin embargo, más adelante consideró

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de

30 de noviembre de 2000. Radicación 2004-2000. C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
23 «Por el cual se crea una prima especial de riesgo con carácter permanente para algunos empleados del

Departamento Administrativo de Seguridad».
24 «Por el cual se establece la Prima Especial de Riesgos para los empleados del Departamento

Administrativo de Seguridad».
25 Entre otras se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de

marzo de 2006, radicación: 250002325000200103086 01(4096-04), demandante: Norma Constanza Castro

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Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

que debía acogerse el criterio de favorabilidad expuesto en la sentencia del 4 de
agosto de 2010,26 según el cual es válido tener en cuenta todas aquellas sumas que
el servidor percibe de manera habitual y periódica como contraprestación del
servicio, independientemente de su denominación.27 Lo anterior, en consideración a
que el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 dispuso que el valor de la pensión debe
ser equivalente al 75 % del promedio de los salarios y primas de toda especie,
recibidos durante el último año de servicio, lo cual sustentó la inclusión de la prima
de riesgo y otras prestaciones que no estaban previstas por el artículo 18 del
Decreto 1933 de 1989 en la pensión de los detectives del DAS.

Bajo esta nueva perspectiva, en la sentencia del 1.º de agosto de 2013, 28 la Sección
Segunda acogió esta última posición. Al respecto, precisó que como la prima de
riesgo se percibía en forma permanente y mensual, formaba parte de la
contraprestación directa que recibían los servidores del DAS, por lo que debía
integrarse en el ingreso de cotización y en la liquidación de la pensión.

Con base en el anterior recuento, la Sección Segunda del Consejo de Estado
advirtió29 que se habían emitido diversidad de pronunciamientos dentro de procesos
de nulidad y restablecimiento del derecho y acciones de tutela, en los cuales se
consideró que el cambio jurisprudencial que introdujo la sentencia del 28 de agosto
de 2018,30 que modificó el criterio interpretativo frente al IBL en el régimen de
transición y se alineó con el expuesto por la Corte Constitucional a partir de la
sentencia C-258 de 2013, conllevaba a considerar que las reglas aplicables a la
liquidación de las pensiones de los detectives del DAS se derivaban de la aplicación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores que se deben incluir son los
taxativamente previstos por el Decreto 1158 del 3 de junio de 1998.31

Quintero; sentencia del 4 de octubre de 2007, radicación: 25000232500020031688 01 (8439-2005),
demandante: Nelson Tiberio Ortiz Zárate.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23 25 000

2006 07509 01 (0112-09).
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2010, radicación

250002325000200500052 01(0568-2008), demandante: José Luis Martínez Arteaga.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación:
4400123310002008150 01(0070-2011); C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 23 de septiembre de 2021, radicado 25000 23 42 000 2013

02380 01 (2656-2014).
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,

radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
31 «Por el cual se modifica el artículo 6.º del Decreto 691 de 1994»

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Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

Aunado a que particularmente, en relación con la prima de riesgo, se había estimado
que para quienes laboraron como detectives, su inclusión era viable como
consecuencia de lo señalado por el artículo 3 de la Ley 860 del 26 de diciembre de
2003. Sin embargo, únicamente podía ser computada cuando se acrediten los
aportes que se efectuaron al sistema de seguridad social por dicho concepto. De lo
contrario, no debía ser tenida en cuenta en el cálculo de la prestación.32

Bajo tal panorama, en reciente sentencia de unificación, la Sección Segunda del
Consejo de Estado fijó las siguientes reglas:33

i) Los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS, cobijados por
los regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003
y la Ley 860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las condiciones de edad,
tiempo de servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa de retorno,
señalados por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, sin embargo, el ingreso
base de liquidación es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993,
este es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base
en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.

ii) Los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones
aquí referidas son los devengados por el servidor que, de acuerdo con el Decreto
1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base de cotización para

32 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021, radicación:

11001-03-15-000-2021-00342-00(AC); sentencia del 3 de junio de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2021-
02097-00(AC); Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de mayo de 2021, radicación: 11001-03-15-
000-2021-00342-01(AC).
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia SUJ-028-CE-SE-2022 del 28 de julio de 2022, radicado

25000 23 42 000 2013 02380 01 (2656-2014).

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Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

pensión. En el caso del personal del DAS de que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto
2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en este decreto debe incluirse para
liquidar la pensión a partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, en los
porcentajes señalados por el artículo 2 de la misma ley, es decir:

• En el 40 %, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2007.
• En el 50 %, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los
servidores del DAS a otras entidades, por disposición del Decreto 4057 de 2011.

iii) Si el empleador no cumplió la obligación de realizar los descuentos en el
porcentaje a su cargo y el del empleado destinados a las cotizaciones para el
sistema de pensión sobre los factores devengados que, de conformidad con el
Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003, debían ser base de cotización o si
omitió el traslado de la cotización especial por alto riesgo, sin que la entidad de
previsión social hubiera adelantado las gestiones pertinentes para su cobro, ello no
es oponible al interesado para que la pensión especial se reconozca y liquide de
acuerdo con los parámetros indicados en esta sentencia.

Como fundamento de la decisión, se consideró que el criterio expuesto en las
sentencias del 4 de agosto de 2010 y del 1.º de agosto de 2013, para el caso
particular del DAS, ha sido modificado con la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018, y que ese es el referente que ha llevado a esta Corporación a
replantear su posición en cuanto al IBL en diferentes regímenes especiales que
cobijan a los servidores públicos, cuyo planteamiento atiende la competencia legal y
constitucional tanto del legislador como del ejecutivo para definir el régimen
prestacional de los empleados públicos.

Además, dispuso que las reglas jurisprudenciales que en esa providencia se fijaron
se aplicarían a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como judicial, a través de acciones ordinarias, con la salvedad de aquellos en los
que haya operado la cosa juzgada, los cuales, en función del principio de seguridad
jurídica, son inmodificables.

2.3. Hechos probados

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Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:

2.3.1. Sobre la edad y la relación laboral del demandante

El 1.º de febrero de 1947, nació el señor Álvaro Enrique Ruiz Pantoja, según consta
en la copia de la cédula de ciudadanía.34

Entre el 16 de febrero de 1973 y el 2 de febrero de 1982, el actor prestó sus
servicios a la Alcaldía de Pasto, en el cargo de cadenero dependiente obras
públicas, según certificó el subsecretario de servicios generales de la Secretaría
General de la entidad territorial.35

Desde el 2 de febrero de 1982 hasta el 29 de febrero de 2004, el demandante
trabajó al servicio del DAS36 y desempeñó los cargos de auxiliar administrativo chofer
y conductor, según hizo constar el subdirector de Talento Humano de la entidad.37

A partir del 1.º de marzo de 2004, el demandante fue retirado del servicio en virtud
de lo dispuesto en la Resolución 0240 del 13 de febrero de ese año, expedida por el
DAS.38

De acuerdo con el certificado de factores devengados mes a mes entre los años
1994 y 2004,39 el demandante percibió asignación básica, subsidio de alimentación,
bonificaciones por servicios prestados y por compensación y primas de navidad, de
servicios, de vacaciones y de riesgo.

2.3.2. Sobre la reclamación de las prestaciones en litigio

El 21 de marzo de 2003, mediante la Resolución 06497, la Caja Nacional de
Previsión Social EICE reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez al señor

34 Folio 23.
35 Folio 206, cd. Documento denominado «7-Certificado de factores salariales-Causante.PDF».
36 Folio 118.
37 Folio 133.
38 Folio 24 vuelto.
39 Folios 110 a 115.

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Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

Ruiz Pantoja, efectiva a partir del 1.º de junio de 2002, condicionada a demostrar el
retiro definitivo del servicio. Tuvo en cuenta que laboró un total de 10545 días, esto
es, 1506 semanas; que nació el 1.º de febrero de 1947 y contaba con más de 56
años de edad; que adquirió el estatus de pensionado el 1.º de febrero de 2002. En
tal sentido, calculó el monto de la pensión con el 75 % del promedio de lo
devengado en los últimos 8 años y 2 meses, conforme a lo establecido en el artículo
36 de la ley 100 de 1993. Además, tuvo en cuenta la asignación básica y las
bonificaciones por compensación y por servicios prestados.40

El 27 de abril de 2005, el demandante solicitó la reliquidación de la prestación con la
inclusión de la prima de riesgo «y cualquier otro factor salarial consignado en el
certificado de salarios.41

El 30 de diciembre de 2005, la Caja Nacional de Previsión Social EICE expidió la
Resolución 046439, por la cual reliquidó la pensión de vejez, de conformidad con la
Ley 100 de 1993, en atención a que el demandante se retiró del servicio a partir del
1.º de marzo de 2004. Además, tuvo en cuenta el promedio de los últimos 10 años
de servicio, esto es, entre el 1.º de marzo de 1994 y el 29 de febrero de 2004 y los
factores previstos en el Decreto 1158 de 1994.42

El 27 de junio de 2014, el señor Ruiz Pantoja solicitó a la UGPP la reliquidación de la
pensión de vejez que le fue reconocida, con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio.43

El 8 de octubre de 2014, a través de la Resolución RDP 030723, la UGPP denegó la
solicitud de reliquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores de
salario devengados en el último año de servicio,44 con fundamento en que el
demandante es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 en virtud del cual se deben tener en cuenta únicamente los contemplados
en el Decreto 1158 de 1994.
40 Folios 2 a 4.
41 Folio 117.
42 Folios 5 a 7.
43 Folios 18 y 19.
44 Folios 9 y 10.

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Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

El 30 de diciembre de 2014, la UGPP expidió la Resolución RDP 039424 del 30 de
diciembre de 2014, por la cual confirmó la decisión anterior,45 con similares
argumentos a los expuestos en aquella decisión.

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario señalar
que el Tribunal Administrativo de Nariño denegó las pretensiones de la demanda con
fundamento en que el señor Álvaro Enrique Ruiz Pantoja se había desempeñado en
el cargo de conductor y, en consecuencia, no era beneficiario del régimen especial
de los servidores del DAS contenido en el Decreto 1047 de 1978 lo que impedía
acceder a la reliquidación de la prestación en la forma reclamada. Empero, advirtió
que en los actos acusados se respetó la edad, el tiempo de servicio y monto que
estableció el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, dada su calidad de beneficiario del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto, el recurrente sostuvo que su pensión debió calcularse teniendo en
cuenta el 75 % de los factores salariales devengados en el último año de servicio y
con base en el régimen aplicable a los funcionarios del DAS, esto es, los Decretos
1933 de 1989 y 1835 de 1994, pues estuvo vinculado en los cargos de excepción,
antes del 3 de agosto de 1994. Agregó que no puede darse aplicación a la Sentencia
C-258 de 2013, puesto que adquirió su estatus pensional antes de haber sido
proferida.

A continuación, y en atención a lo expuesto en precedencia, se estudiará si el
demandante cumple con las exigencias para acceder a la pensión especial de alto
riesgo por virtud del régimen especial del DAS previsto en el artículo 1, parágrafo 2
de la Ley 860 de 2003 o si correspondía reconocer la prestación en virtud del de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Al respecto se advierte que la Sala
analizará ambos regímenes y establecerá si hay lugar a aplicar un criterio de
favorabilidad.

45 Folios 12 y 13.

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Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

2.4.1. En torno al beneficio del régimen de transición de la Ley 100 de 1993

El señor Álvaro Enrique Ruiz Pantoja es beneficiario del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que al 1.º de abril de 1994 tenía más de
47 años de edad y más de 21 años de servicios.

Además, adquirió el derecho pensional el 1.º de febrero de 2002, por ser la fecha en
que colmó los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, esto es,
completó 21 años, 1 mes y 17 días de servicio y alcanzó 55 años de edad.

Por lo tanto, su pensión debía liquidarse con el 75 % del promedio de los últimos 7
años y 10 meses de servicio toda vez que con anterioridad al 1.º de abril de 1994
(entrada en vigencia de la Ley 100) satisfizo el requisito de 20 años de servicio y le
restaba ese periodo para alcanzar la edad.

Ahora bien, la prestación debía liquidarse con inclusión de los factores salariales
previstos en el Decreto 1158 de 1994, y la prima de riesgo a la que tenía derecho
desde el año 2003. Al respecto, si bien no se pudo constatar sobre qué factores se
le hicieron descuentos para pensión, lo cierto es que por virtud de lo dispuesto en la
aludida Sentencia de Unificación SUJ-028-CE-SE-2022 del 28 de julio de 2022, el
empleador estaba en la obligación de girar a la administradora de pensiones estas
cotizaciones y su omisión no puede ser oponible al pensionado para excluir de la
liquidación un emolumento al que tenía derecho ni corresponde imponer orden de
descuento alguna.

Valga precisar que en la UGPP recae la obligación de iniciar los mecanismos o
acciones pertinentes para lograr el efectivo traslado de los aportes no realizados por
concepto de la prima de riesgo, a cargo del empleador o de la entidad que haya
asumido tales obligaciones, luego de la supresión del DAS. Lo anterior, encuentra
sustento en las reglas de unificación fijadas por esta Corporación en la Sentencia
SUJ-028-CE-SE-2022 del 28 de julio de 2022.

2.4.2. Análisis del reconocimiento pensional en virtud del régimen previsto en

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Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

la Ley 860 de 2003

Del material probatorio allegado al proceso se advierte que el señor Ruiz Pantoja
laboró como conductor al servicio del DAS por más de 22 años (entre el 2 de febrero
de 1982 y el 29 de febrero de 2004). Esta situación no lo hace beneficiario del
régimen de transición del Decreto 1835 de 1994 toda vez que la pensión especial
estaba dirigida al personal de detectives.

Empero, la Ley 860 de 2003 contiene otro régimen especial (parágrafo 1 del artículo
2) que exige i) la cotización especial prevista en el artículo 12 del Decreto 1835 de
1994, durante por lo menos 650 semanas, y ii) que se desempeñen en los cargos
señalados en los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994. Esta norma indica lo
siguiente:

Artículo 1º. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad que
desempeñen cargos de Detective Especializado, Detective Profesional, Detective Agente,
Criminalístico Especializado, Criminalístico Profesional, Criminalístico Técnico y los
Conductores tendrán derecho a percibir mensualmente y con carácter permanente una
Prima Especial de Riesgo equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) de su asignación
básica mensual.

Artículo 2º. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad que
desempeñen cargos del área operativa no contemplados en el artículo anterior y los
Directores Generales de Inteligencia e Investigaciones, los Directores de Protección y
Extranjería, el Jefe de la Oficina de Interpol, los Directores y Subdirectores Seccionales,
así como los Jefes de División y Unidad que desempeñen funciones operativas y el
Delegado ante Comité Permanente tendrán derecho a percibir mensualmente y con
carácter permanente una Prima Especial de Riesgo equivalente al treinta por ciento
(30%) de su asignación básica mensual. [Resalta la Sala].

En consecuencia, el demandante se desempeñaba en uno de los cargos previstos
en la Ley 860 de 2003 que le permite beneficiarse, en principio, del régimen especial
del DAS. Asimismo, según se expuso, de conformidad con lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia C-663-2007, ese tiempo debe entenderse en la
actividad catalogada como de alto riesgo y, lo cierto es que, al efecto, acumuló 1135
semanas.

Ahora bien, en cuanto al régimen especial aplicable al personal al que se refieren los
artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, se recuerda que la Ley 860 de 2003

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Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

permitió que los conductores del DAS se beneficiaran de la pensión especial de
jubilación al cumplimiento de unos requisitos de edad y semanas mínimas de
cotización.46 Entonces, para este grupo de servidores, las siguientes son las
condiciones para el reconocimiento pensional:

i) 55 años de edad. La edad para el reconocimiento de la pensión especial de
vejez se disminuirá un (1) año por cada sesenta (60) semanas de cotización
especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de
Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años.

ii) Haber cotizado el número mínimo de semanas (1000) establecido para el
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones al que se refiere el artículo 33
de la Ley 100 de 1993 como servidor del DAS y adicionalmente, la cotización
especial señalada en el artículo 12 del Decreto 1835 de 1994 y la que se define
en la Ley 860 de 2003, durante por lo menos 650 semanas, sean estas continuas
o discontinuas.

Al respecto, del acervo probatorio se advierte que el señor Ruiz Pantoja cumplió los
55 años de edad el 1.º de febrero de 2002; y alcanzó el mínimo de semanas
establecido para el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones al que se
refiere el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, pues como se dijo, acumuló 1135. Por
consiguiente, también es beneficiario del régimen especial contenido en el parágrafo
1 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003. Sin embargo, en torno a la forma en que debe
liquidarse la prestación, este régimen establece lo siguiente:

Parágrafo 4°. Ingreso base de cotización. El ingreso base de cotización para los
servidores públicos a que se refiere este artículo, estará constituido por los factores
incluidos en el Decreto 1158 de 1994, adicionado en un 40% de la prima especial de

46 Parágrafo 1°. Pensión de vejez por exposición a alto riesgo. Los Servidores Públicos señalados en este

artículo, dada su actividad de exposición a alto riesgo, que efectúen la cotización especial señalada en el
artículo 12 del Decreto 1835 de 1994 y la que se define en la presente ley, durante por lo menos 650
semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando
reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente como servidores del Departamento de
Seguridad, das, en los cargos señalados en los artículos 1º y 2° del Decreto 2646 de 1994.

Parágrafo 2°. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión de vejez por exposición a alto
riesgo (das). La pensión de vejez, se sujetará a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones al que se refiere el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá un (1) año por cada sesenta
(60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema General de
Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años. [Resalta la Sala].

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Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

riesgo a la que se refieren los artículos 1º y 2° del Decreto 2646 de 1994.

El porcentaje del cuarenta por ciento (40%) considerado para el Ingreso Base de
Cotización se incrementará al cincuenta por ciento (50%) a partir del 31 de diciembre del
2007.

[…]

Parágrafo 7°. Normas aplicables. En lo no previsto para la pensión de vejez establecida
en el presente artículo, se aplican las normas generales contenidas en la Ley 100 de
1993 y la Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios.

La norma transcrita permite advertir que la Ley 860 de 2003 no se ocupó de
establecer las condiciones en que sería reconocida la prestación que aquella reguló
y se limitó a señalar que en lo no previsto se aplicarían las reglas contenidas en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios. En consecuencia,
para liquidar la prestación debieron atenderse los siguientes parámetros:

i) El ingreso base de liquidación y el monto es el previsto por los artículos 21 y 34
de la Ley 100 de 1993, esto es, el promedio corresponde a los últimos 10 años de
servicio y la tasa de reemplazo al 65 % del IBL que puede incrementar en atención
a las semanas adicionales; y

ii) Los factores salariales que se deben tener en cuenta son los devengados por el
servidor que, de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994 y demás normas
aplicables, constituyen la base de cotización para pensión. En el caso del
personal del DAS de que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, la
prima de riesgo prevista en este decreto debe incluirse para liquidar la pensión a
partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, en los porcentajes señalados
por el artículo 2 de esa ley.

Así, el señor Ruiz Pantoja i) alcanzó el mínimo de semanas (1000) establecido para
el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones al que se refiere el artículo 33
de la Ley 100 de 1993 el 12 de julio de 2001;47 y ii) comoquiera que acumuló 1135,
por virtud de lo dispuesto en el último inciso del parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley
860 de 2003 tiene derecho a que se le disminuyan 2 años de edad. En

47 En atención a que 1000 semanas corresponden a 19 años, 5 meses y 10 días.

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Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

consecuencia, el requisito de edad lo colmó el 1.º de febrero de 2000.

Lo anterior, toda vez que la aludida norma señala lo siguiente: «La edad para el
reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá un (1) año por cada
sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas
en el Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a
cincuenta (50) años», y comoquiera que el demandante acreditó 135 semanas
adicionales, tiene derecho a que se disminuya en 2 años el requisito de la edad. En
virtud de lo expuesto, el demandante adquirió el estatus pensional el 1.º de febrero
de 2000.

En consecuencia, la prestación debía liquidarse con el 69 % del promedio de los
últimos 10 años de servicio toda vez que acreditó 1135 semanas, lo que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, le permitiría
incrementar el porcentaje en un 2 % por cada 50 semanas adicionales. Además, los
factores a incluir serían aquellos previstos en el Decreto 1158 de 1994 y la prima de
riesgo desde el año 2003, por las razones expuestas en precedencia.

2.4.3. Aplicación del principio de favorabilidad

Como corolario la Sala encuentra que a la situación pensional del demandante debe
aplicársele un criterio de favorabilidad toda vez que es beneficiario de dos
regímenes: el de transición de la Ley 100 de 1993 y el especial del DAS de la Ley 860
de 2003. Sin embargo, tal y como se decantó en el análisis anterior, el
reconocimiento prestacional resulta más favorable con la aplicación del artículo 36
de la primera norma citada, pues le permite liquidarla con el 75 % del promedio de
los últimos 7 años y 10 meses de servicio, en tanto que con la segunda, implicaría
calcular el IBL con el 69 % del promedio de los últimos 10 años de servicio.

En ello radican las diferencias entre los regímenes, pues debe recordarse que la
prima de riesgo se integró en el Ingreso Base de Cotización, a partir de la entrada en
vigencia de la Ley 860 de 2003, de forma que con independencia del régimen que se
elija, debe ser incluida en la pensión. Sobre el particular, conviene señalar que esta

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Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

norma sólo es más favorable que la Ley 33 de 1985 en cuanto a la edad, pues
autoriza a disminuir un año por cada 60 semanas de cotización especial. Empero,
esa situación no representa un beneficio para el actor, quien se retiró del servicio a
partir del 1.º de marzo de 2004, de manera que las mesadas las recibiría
efectivamente después de esta data.

Así las cosas, se concluye que la prestación cuya reliquidación se reclama resulta
más beneficiosa al haber sido otorgada en virtud del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. No obstante, se precisa que mediante la Resolución 046439 del 30 de
diciembre de 2005, la Caja Nacional de Previsión Social EICE reliquidó la pensión de
vejez reconocida al señor Ruiz Pantoja y la calculó con el 75 % del promedio de lo
devengado en los últimos 10 años de servicio, esto es, entre el 1.º de marzo de 1994
y el 29 de febrero de 2004 y los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, es
decir, tuvo en cuenta la asignación básica y las bonificaciones por compensación y
por servicios prestados.

En consecuencia, se considera que no es procedente la reliquidación de la pensión
de jubilación de la demandante con el promedio de todo lo devengado en el último
año de servicio; empero, el señor Álvaro Enrique Ruiz Pantoja sí es beneficiario del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, su
prestación debe ser reliquidada a efectos de que se calcule con el promedio de los
últimos 7 años y 10 meses de servicio y que se le incluya la prima de riesgo en los
porcentajes señalados por el artículo 2 de la Ley 860 de 2003.

Finalmente, la Sala advierte que el actor se retiró del servicio a partir del 1.º de
marzo de 2004, el 27 de abril de 2005 presentó la primera solicitud de reliquidación y
la reiteró el 27 de junio de 2014, y el 10 de febrero de 2015 radicó la demanda, 48 de
modo que se configuró el fenómeno prescriptivo del reajuste de las mesadas
causadas con anterioridad al 27 de junio de 2011, toda vez que transcurrieron más
de 3 años entre la primera reclamación administrativa y la fecha en que la reiteró.

2.5. De la condena en costas

48 Folio 32.

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Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,49 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en
derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso,50 la Sala se abstendrá de condenar en
costas de segunda instancia en atención a que si bien el recurso de apelación será
despachado desfavorablemente, la entidad no presentó alegatos de conclusión. la
decisión obedece a un cambio jurisprudencial que se produjo en el trámite del
proceso.

3. Conclusión

49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-

2014), M.P. William Hernández Gómez.
50 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el

expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

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Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, y en el acervo probatorio,
la Sala considera que el demandante tiene derecho a la reliquidación de la pensión
de jubilación toda vez que es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de
1993 y, por lo tanto, su pensión debía liquidarse con el 75 % del promedio de los
últimos 7 años y 10 meses de servicio y en ella debía incluirse la prima de riesgo, en
los porcentajes señalados por el parágrafo 4 del artículo 2 de la Ley 860 de 2003.

En consecuencia, se impone revocar la sentencia apelada y, en su lugar, declarar la
nulidad de los actos demandados. A título de restablecimiento de derecho se
ordenará a la UGPP que reconozca la prestación en cuantía del 75 % del promedio de
lo cotizado durante los últimos 7 años y 10 meses, de acuerdo con el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, a partir del 1.º de marzo de 2004, con la inclusión de los factores
previstos en el Decreto 1158 de 1994 y la prima de riesgo a partir del año 2003, y
con los reajustes legales correspondientes. Sin embargo, se declararán prescritas
las mesadas anteriores al 27 de junio de 2011.

Las sumas que resulten a favor del demandante deberán actualizarse por razones
de equidad, tal como lo ha sostenido esta Corporación, en los términos del artículo
187 del CPACA, en aplicación de la siguiente fórmula:

R = Rh Índice Final
Índice Inicial

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que
es lo dejado de percibir por la parte demandante desde la fecha en que adquirió el
derecho, hasta la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el número que resulta
de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE, vigente a la
fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial, vigente para la fecha en
que debió hacerse el pago, según se dispuso en la parte motiva de este proveído.

La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en el término de treinta
(30) días contados desde la fecha de su comunicación (artículo 192 CPACA). De no
hacerse así, las sumas reconocidas en favor del demandante, devengarán intereses

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Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

moratorios, los que serán reconocidos en la forma señalada en el inciso 3.º del
artículo 192 en mención y el numeral 4.º del artículo 195 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 1.º de diciembre de 2017, por el Tribunal
Administrativo de Nariño, que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso
promovido por el señor Álvaro Enrique Ruiz Pantoja contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), en su lugar se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones 06497 del 21 de marzo de 2003,
046439 del 30 de diciembre de 2005, RDP 0030723 del 8 de octubre de 2014, y RDP
039424 del 30 de diciembre de 2014, mediante las cuales se reconoció la pensión
de jubilación del señor Álvaro Enrique Ruiz Pantoja en virtud del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y se negó la reliquidación de la
prestación con inclusión de la prima de riesgo.

Tercero. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a título de
restablecimiento del derecho, a reliquidar la pensión de jubilación del señor Álvaro
Enrique Ruiz Pantoja, a partir del 1.º de marzo de 2004, teniendo en cuenta el 75 %
del promedio de lo cotizado en los 7 años y 10 meses anteriores a su retiro definitivo
del servicio, con la inclusión de los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994 y
la prima de riesgo, esta última en los porcentajes señalados por el parágrafo 4 del
artículo 2 de la Ley 860 de 2003.

Cuarto. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a título de

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Radicado: 52001 23 33 000 2015 00314 01 (1633-2018)
Demandante: Álvaro Enrique Ruiz Pantoja

restablecimiento del derecho, a pagar al señor Álvaro Enrique Ruiz Pantoja el
retroactivo que surja como consecuencia de la reliquidación dispuesta en el ordinal
anterior, en forma indexada, desde el 27 de junio de 2011, por prescripción trienal.

Quinto. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a ajustar las sumas a
reconocer, aplicando la fórmula señalada en la parte considerativa de esta
sentencia.

Sexto. Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) a dar cumplimiento a la
presente sentencia, en los términos previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de
2011.

Séptimo. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Octavo. Sin costas en esta instancia.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

(SLVA)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

28

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