Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00329-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00329-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2015-00329-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
19 de enero de 2023
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Radicado: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: HÉCTOR ÓSCAR BENAVIDES RAMOS
Demandada: GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO
Temas: Declaratoria de vacancia de un cargo por abandono
injustificado del mismo. Traslado docente.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-03-2023
ASUNTO
La Subsección decide el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 14 de marzo de 2018 por el
Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del Sistema Oral, que
negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Héctor Óscar Benavides Ramos en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones2
1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por el
secretario de educación del departamento del Putumayo:
• Resolución 2571 del 14 de julio de 2014, por medio de la cual se inició
una actuación administrativa para declarar la vacancia de un cargo por
abandono injustificado por parte de un docente.
• Resolución 3436 del 25 de septiembre de 2014, que declaró la vacancia
de un cargo por abandono injustificado de un maestro.
• Resolución 4122 del 20 de noviembre de 2014, a través de la cual se
resolvió un recurso de reposición interpuesto contra la decisión del 25
de septiembre del mismo año.
1
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
2
Folios 2 a 3.
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Radicado: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
2. A título de restablecimiento del derecho, condenar al departamento del
Putumayo a reintegrar al señor Héctor Óscar Benavides Ramos a la planta
global de cargos de docentes financiados con los recursos del Sistema
General de Participaciones del ente territorial, cuya ubicación deberá
realizarse en la institución educativa Almirante Padilla del municipio de San
Francisco, junto con la entrega de su carga académica conforme al perfil.
3. Ordenar a la entidad demandada a reconocer y pagar a favor del libelista,
a título de lucro cesante, todos los salarios, prestaciones sociales,
cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, primas, bonificación por
servicios prestados, seguridad social integral, y demás derechos laborales
dejados de percibir desde la declaratoria de vacancia de su cargo y hasta
la fecha de su reintegro.
4. Condenar al departamento del Putumayo a abonar cien salarios mínimos
legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios derivados del daño
psicológico y moral, causado como consecuencia del menoscabo de su
integridad moral y afectiva.
5. Asimismo, condenar en costas y agencias en derecho al extremo pasivo
del litigio.
Supuestos fácticos relevantes de la demanda3
1. Mediante Resolución 1786 del 15 de abril de 2013, la Administración
Temporal del Servicio Educativo del departamento del Putumayo ordenó
trasladar al docente Héctor Óscar Benavides Ramos de la institución
educativa Almirante Padilla del municipio de San Francisco al
establecimiento Albania del municipio de Villagarzón, ello bajo el mismo
cargo.
2. A través de escrito radicado el 8 de mayo de 2013, el demandante presentó
recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra el anterior acto
administrativo. En consecuencia, fue expedida la Resolución 2315 del 21 de
mayo de 2013 que confirmó la decisión recurrida, en cuanto ordenó el
traslado del docente.
3. Manifestó que al libelista no le fue asignada carga académica en el centro
educativo rural Albania del municipio de Villagarzón, dado que el año lectivo
2013 ya se había iniciado.
4. El señor Benavides Ramos presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal
Administrativo de Nariño, con el fin de que se declarara la nulidad de las
Resoluciones 1786 del 15 de abril de 2013 y 2315 del 21 de mayo del mismo
año.
5. Por medio de oficio radicado el 13 de enero de 2014, el demandante solicitó
al secretario de educación del departamento del Putumayo, una licencia
ordinaria por 90 días, de conformidad con el artículo 63 del Decreto 2277
de 1979.
3
Folios 3 a 9.
3
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
6. Adujo que, vencido el término previsto en el artículo 14 del CPACA, la
Secretaría de Educación departamental guardó silencio respecto a la
petición del docente.
7. Indicó que una vez iniciado el año lectivo 2014 al demandante nunca le fue
notificado o comunicado el acto administrativo de asignación académica
por parte del rector de la institución educativa rural Albania.
8. La Resolución 0991 del 22 de abril de 2010 modificada por la Resolución
1248 del mismo año, previó en su artículo 4.° que son docentes en exceso
aquellos «a quienes no se les ha asignado carga académica de acuerdo al perfil».
9. Manifestó que la Secretaría de Educación ordenó el cese de pago de todos
los salarios y demás emolumentos laborales del libelista entre tanto se
asignara la carga académica o se trasladara a otra institución.
10. Afirmó que con ocasión de la anterior situación, el señor Benavides Ramos
optó por no trasladarse de domicilio.
11. Luego, el 26 de mayo de 2014, el director del Núcleo Educativo de San
Francisco, Putumayo comunicó al demandante el oficio suscrito por el
director del centro educativo rural de Albania, en el que requería al docente
la justificación por inasistencia a trabajar, después de haber cumplido con
la licencia no remunerada de acuerdo a la Resolución 0242 del 13 de enero
de 2014.
12. Con ocasión de ello, el señor Héctor Óscar Benavides Ramos se dirigió a
la Secretaría de Educación del departamento del Putumayo, con el fin de
que le fuera notificada personalmente la decisión del 13 de enero de 2014.
13. A través de escrito del 28 de mayo de 2014, el docente puso en
conocimiento del personero municipal de Mocoa la omisión del ente
territorial respecto a la notificación oportuna de la Resolución 0242 del 13
de enero de 2014, y en consecuencia, solicitó que esta actuación fuese
desplegada de conformidad.
14. Adujo que, pese al anterior requerimiento, no recibió respuesta alguna por
parte de la Personería Municipal de Mocoa ni de la Secretaría de
Educación del departamento de Putumayo.
15. De manera posterior, al libelista le fue notificada personalmente la
Resolución 2571 del 14 de julio de 2014 por medio de la cual se inició una
actuación administrativa para adelantar la vacancia de un cargo por
abandono injustificado.
16. Con la ejecutoria de la anterior decisión, la Secretaría de Educación del
departamento de Putumayo ordenó el cese del pago de todos los salarios
y demás emolumentos laborales del demandante.
17. Por medio de oficio del 12 de septiembre de 2014 le fue comunicada al
demandante la citación para recepción de versión “verbal” en la Secretaría
de Educación departamental, fijada para el 17 de septiembre de la misma
anualidad.
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Radicado: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
18. El 4 de noviembre de 2014 el señor Benavides Ramos fue notificado de la
Resolución 3436 del 25 de septiembre de 2014 que declaró la vacancia de
un cargo por abandono injustificado.
19. La Resolución 4122 del 20 de noviembre de 2014 resolvió un recurso de
reposición interpuesto contra la anterior decisión administrativa, en el
sentido de confirmarla en todas sus partes.
20. Mediante escrito electrónico remitido el 17 de marzo de 2015 al director del
Núcleo Educativo del municipio de Villagarzón, el libelista solicitó copia de
los actos administrativos de asignación académica del centro educativo
rural Albania de los años correspondientes a 2013 y 2014.
21. La mentada autoridad expidió copia digital de las Resoluciones 01 del 28
de enero de 2013, 001 del 30 de enero de 2014 y 001 del 26 de enero de
2015, en las cuales consta que al demandante hasta la fecha de su retiro
por declaratoria de vacancia no le fue asignada carga académica alguna.
22. Indica el demandante que en oportunidad anterior, inició un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra del departamento del
Putumayo con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo que
ordenó su traslado como docente. El conocimiento del mismo le
correspondió al Tribunal Administrativo de Nariño quien mediante
sentencia el 20 de marzo de 2015 declaró la nulidad de las Resoluciones
1786 del 15 de abril y 2315 del 21 de mayo, ambas de 2013, y en
consecuencia, ordenó al ente territorial a reintegrar al señor Héctor Óscar
Benavides Ramos al cargo que desempeñaba en la institución educativa
Almirante Padilla del municipio de San Francisco.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»4, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más
legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 30 de marzo de 2016.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
4
Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
5
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
La autoridad demandada presentó de manera extemporánea la contestación
de la demanda, por lo que el a quo resolvió que no habría lugar a
pronunciamiento alguno sobre ellas.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«PRINCIPAL
¿Debe declararse la nulidad de las Resoluciones N.° 2571 de julio 14 de 2014, N.°
3436 de 25 de septiembre de 2014 y N.° 4122 de 20 de noviembre de 2014, por
medio de las cuales se inicia, se declara y se resuelve un recurso de reposición
respectivamente por la vacancia del cargo de docente por abandono injustificado
por parte del señor HECTOR OSCAR BENAVIDES RAMOS?
ASOCIADO
¿De ser positiva la respuesta al problema jurídico principal, debe de ordenarse: el
reintegro del señor HECTOR OSCAR BENAVIDES RAMOS a la planta global de
cargos docentes, ubicarlo en la Institución Educativa Almirante Padilla del
Municipio de San Francisco y la correspondiente entrega de carga académica
conforme a su perfil profesional?». (Folio 210 vuelto y en cd que reposa a folio
208).
Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.
SENTENCIA APELADA5
El a quo profirió sentencia escrita el 14 de marzo de 2018 por medio de la cual
denegó las pretensiones del demandante, ello con fundamento en las
siguientes consideraciones:
Inicialmente se remitió al artículo 47 del Decreto 2277 de 1979 en cuanto
reguló la situación relativa al abandono de cargo de docentes oficiales. En este
punto, resaltó que esta es una de las formas previstas por la ley para la
cesación de funciones del servicio público, lo cual ocurre, entre otros casos,
cuando el empleado sin justa causa deja de concurrir al trabajo por 3 días
consecutivos.
En el mismo sentido, agregó que la Corte Constitucional mediante sentencia
C-1189 de 2005 indicó que para la declaratoria de vacancia del empleo, en el
caso del abandono del mismo, es requisito indispensable que se dé
cumplimiento al artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, esto es,
que se permita al afectado el ejercicio de su derecho de defensa, previa la
expedición del acto administrativo que ordene el retiro del servicio.
En cuanto al caso de marras, refirió en primera medida que de acuerdo con el
material probatorio recaudado y practicado, el señor Benavides Ramos
mediante escrito del 13 de enero de 2014 solicitó licencia ordinaria por 90 días
(del 13 de enero de 2014 al 12 de abril del mismo año), la cual fue concedida
a través de la Resolución 0242 del 13 de enero de 2014. En consecuencia, el
hecho de que el demandante no hubiese sido notificado de los actos
administrativos de asignación académica, obedece al evento de la ausencia
del cargo del docente por el término que dispuso la ley para tal fin.
5
Folios 354 a 362.
6
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
Acto seguido, manifestó que la Sala no comparte el argumento esgrimido por
la parte activa consistente en la falta de notificación de la decisión
administrativa que concedió la licencia ordinaria, por cuanto fue el mismo
docente quien la instó, aunado el hecho de que su no comparecencia ante la
institución es muestra de que conocía de la concesión de la misma; hecho
anterior que se configura jurídicamente como una notificación por conducta
concluyente. Por consiguiente, arguyó que el actuar del señor Benavides
Ramos deviene de una actitud caprichosa que se aparta de los deberes que
como profesional de la educación estaba llamado a cumplir.
De otro lado, el a quo indicó que respecto a la alegada falta de ejecutoriedad
de los actos de asignación académica y licencia ordinaria, frente al primero no
había lugar a pronunciamiento alguno dado que este fue objeto de controversia
por parte del tribunal en sentencia del 20 de marzo de 2015 dentro de otro
proceso ordinario adelantando por el libelista. Asimismo, sobre la resolución
que otorgó la licencia al docente, quedó esclarecido que esta surtió efectos
frente al titular por el término que la ley previó, conforme se expuso en
precedencia.
Finalmente, concluyó que, contrario a lo manifestado por el libelista, en el
proceso no se advirtió que los actos administrativos cuya nulidad se pretenden
estuvieran viciados por desviación de poder, ello por cuanto la Secretaría de
Educación del departamento del Putumayo, como autoridad competente para
proferirlos, se ajustó a los lineamientos legales propios para adelantar el
procedimiento de declaratoria de vacancia por abandono injustificado del
cargo.
Bajo estas consideraciones, el tribunal de primera instancia negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas procesales a la parte activa
del litigio.
RECURSO DE APELACIÓN6
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de acceder a
sus pedimentos. Al respecto, indicó que la Resolución 0991 del 22 de abril de
2010 que estableció los criterios para organizar las plantas de personal
docente del departamento del Putumayo, en concordancia con los numerales
10.8 y 10.9 del artículo 10 de la Ley 715 de 2001, previeron como especial
obligación que el rector de la institución educativa deberá realizar un estudio
técnico previo que le permita la distribución idónea y efectiva de las
asignaciones académicas, así como la definición de la planta de personal
docente.
Sostuvo que al haber quedado ejecutoriada la Resolución 1796 del 15 de abril
de 2013, mediante la cual se resolvió trasladar por necesidad del servicio al
señor Héctor Óscar Benavides Ramos, esta debió haberse comunicado al
rector de la institución educativa rural Albania para que modificara la
asignación académica del docente, y en consecuencia, se hiciera efectivo el
traslado. Al respecto, citó la sentencia del 20 de septiembre de 2007 proferida
por la Sección Tercera del Consejo de Estado en punto a la inexigibilidad de
las decisiones administrativas que no son notificadas al destinatario.
6
Folios 368 a 382.
7
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
Seguidamente, puntualizó que el tribunal de primera instancia inadvirtió el
principio de legalidad al absolver a la entidad demandada del deber de
notificación de los actos de carácter particular y concreto, como lo es el de
asignación académica. Pues es evidente que al no haber sido este notificado
al demandante, no puede producir efectos legales tal decisión.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa procesal,
tal como se desprende de la constancia secretarial visible a folio 480 del
plenario.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso fue presentada únicamente por
la parte demandante.
Cuestión previa – objeto de pronunciamiento de la Sala
Antes de proceder a emitir un pronunciamiento de fondo por parte de esta
Subsección, se hace pertinente aclarar que el señor Héctor Óscar Benavides
Ramos ejerció el presente medio de control con el fin de obtener la nulidad de
las Resoluciones 2571 del 14 de julio, 3436 del 25 de septiembre y 4122 del
20 de noviembre, todas de 2014, por medio de las cuales se declaró la
vacancia de un cargo por abandono injustificado por parte del docente.
Asimismo, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a
la autoridad demandada a reintegrarlo a la planta global de cargos de docentes
financiados con los recursos del Sistema General de Participaciones del ente
territorial, cuya ubicación debería realizarse en la institución educativa
Almirante Padilla del municipio de San Francisco, junto con la entrega de su
carga académica conforme al perfil.
Pues bien, de los elementos probatorios arrimados al plenario se advierte la
sentencia del 20 de marzo de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño, Sala de Decisión Oral, dentro del proceso con radicación 2013-00406-
00, promovido por el señor Benavides Ramos contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, departamento del Putumayo (folios 143 a 168). En
aquella providencia se analizó la legalidad y validez del traslado del aquí
demandante, en su condición de docente, dentro de la planta global del
departamento del Putumayo, y en consecuencia, se accedió a las pretensiones
de la demanda, en cuanto resolvió:
i) declarar la nulidad de las Resoluciones 1786 del 15 de abril y 2315 del 21
de mayo, ambas de 2013, que trasladaron al señor Héctor Óscar Benavides
Ramos de la institución educativa Almirante Padilla del municipio de San
Francisco al establecimiento Albania del municipio de Villagarzón;
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Radicado: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
ii) a título de restablecimiento del derecho, ordenar a las autoridades
demandadas a reintegrar al docente a la institución educativa Almirante Padilla
del municipio de San Francisco, en el cargo que venía desempeñando antes
de que fuese trasladado de su lugar de trabajo;
iii) condenar a las entidades demandadas a pagar a favor del señor Benavides
Ramos la suma equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, a título de indemnización por perjuicios morales.
La anterior decisión fue notificada el 17 de abril de 2015 y quedó debidamente
ejecutoriada el 20 de abril del mismo año, tal como se desprende de los índices
40 y 41 del historial de actuaciones de SAMAI del Tribunal Administrativo de
Nariño.
En los términos expuestos, es evidente que la controversia que pudo subsistir
respecto al traslado del señor Benavides Ramos, quedó debidamente
superada en virtud de la sentencia proferida el 20 de marzo de 2015 por el
Tribunal Administrativo de Nariño, en cuanto en dicha oportunidad se resolvió
la irregularidad del cambio de institución del docente ordenada en los actos
administrativos acusados, y en consecuencia, se ordenó el respectivo
reintegro al cargo que ocupaba en el centro educativo Almirante Padilla del
municipio de San Francisco.
Por consiguiente, en esta instancia únicamente se abordará el estudio de los
actos que declararon la vacancia del cargo del demandante por abandono
injustificado del mismo, sin que se haga pertinente mucho menos efectuar un
análisis de las decisiones que ordenaron su traslado como docente, pues estas
ya fueron susceptibles de control judicial en el proceso de la referencia.
Problema jurídico
¿El señor Héctor Óscar Benavides Ramos, en su calidad de docente de la
Secretaría de Educación del departamento del Putumayo, incurrió en la causal
de abandono del cargo, que dio lugar a la declaratoria de vacancia del mismo?
Al respecto la Sala sostendrá la siguiente tesis: el demandante al no haber
justificado su ausencia en el cargo de docente que ocupaba en la Secretaría
de Educación del departamento del Putumayo luego del vencimiento de la
licencia no remunerada, incurrió en la causal de abandono del cargo, por lo
que la declaratoria de vacancia del mismo era procedente, como se explica a
continuación:
Ø Del abandono del cargo como causal de retiro del servicio
El abandono del cargo es definido por la doctrina como «[…] el alejamiento
personal de la posición pública de manera indebida. Es la dejación irregular sin causa
justificada que hace el empleado público del empleo que venía ejerciendo»7. En otras
palabras, esta figura se consolida cuando el funcionario se ausenta o deja de
ejercer las funciones asignadas a su cargo sin razón alguna, pues en caso
contrario, es decir, debidamente comprobados los hechos que dan origen al
abandono o la falta de reincorporación la causal no se da.
7
OBANDO GARRIDO, José María. Tratado de Derecho Administrativo Laboral. Tercera edición.
Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Bogotá, Colombia 2010. Pág. 286.
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Radicado: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
Así pues, el Decreto Ley 2400 de 19688 en su artículo 25, modificado por el
Decreto 3074 de la misma anualidad, dispone que la cesación definitiva de
funciones se produce, entre otras, por abandono del cargo. Dicha causal es
reproducida por el artículo 105 del Decreto 1950 de 19739 que prevé que el
retiro del servicio se da por las siguientes causas: i) declaración de
insubsistencia del nombramiento; ii) renuncia regularmente aceptada; iii)
supresión del empleo; iv) invalidez absoluta; v) edad; vi) retiro con derecho a
pensión de jubilación; vii) destitución; viii) abandono del cargo; ix) revocatoria
del nombramiento y x) muerte.
Por su parte, el artículo 126 ibidem señala que el abandono del cargo se
produce cuando un empleado sin justa causa:
1. No reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, permiso,
vacaciones, comisión, o dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de
la prestación del servicio militar;
2. Deja de concurrir al trabajo por tres días consecutivos;
3. No concurre al trabajo antes de serle concedida autorización para separarse
del servicio o en caso de renuncia antes de vencerse el plazo de que trata el
artículo 11310 del mismo decreto o iv) Se abstiene de prestar el servicio antes
de que asuma el cargo quien ha de reemplazarlo. En esta hipótesis legal, no
se requiere adelantar proceso disciplinario para efectuar la declaratoria
respectiva.
A su vez, los artículos 127 y 128 ejusdem estipulan que, corroborada la
ocurrencia de alguna de las citadas hipótesis, la administración podrá declarar
la vacancia del empleo previo el procedimiento legal11, y en caso de que el
servicio se vea afectado será acreedor de las sanciones disciplinarias, penales
y civiles correspondientes.
En ese orden de ideas, la falta de asistencia a trabajar por parte de un
funcionario, sin justificación, durante determinado tiempo, faculta a la
administración para que declare la vacancia del cargo y el consecuente
abandono de este, por parte de su titular, previo al agotamiento de un
procedimiento sumario en el que se demuestre la intención del servidor de
dejar el empleo.
Ø Del abandono del cargo docente
El Decreto 2277 de 1979, por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de
la profesión docente, regula dicha situación en su artículo 47 como se trascribe
a continuación:
8
«Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se
dictan otras disposiciones.»
9
«Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre
administración del personal civil»
10
«Artículo 113. Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad competente se producirá por
escrito y en la providencia correspondiente deberá determinarse la fecha en que se hará efectiva, que
no podrá ser posterior a treinta (30) días de su presentación.
Vencido el término señalado en el presente artículo sin que se haya decidido sobre la renuncia, el
funcionario dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en abandono del empleo, o continuar en el
desempeño del mismo, caso en el cual la renuncia no producirá efecto alguno.»
11
No se especifica que tipo de procedimiento.
10
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
«Artículo 47. Abandono del cargo. El abandono del cargo se produce cuando el
docente sin justa causa no reasume sus funciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de una licencia, una comisión o de las vacaciones
reglamentarias; cuando deja de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos;
cuando en caso de renuncia, hace dejación del cargo antes de que se le autorice
para separarse del mismo o antes de transcurridos quince (15) días después de
presentada y cuando no asume el cargo dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha en que se le comunique un traslado. En estos casos la
autoridad nominadora sin concepto previo de la respectiva Junta de Escalafón,
presumirá el abandono de cargo y podrá decretar la suspensión provisional del
docente, mientras la Junta decide sobre la sanción definitiva de acuerdo con los
plazos establecidos en el artículo 53 del presente Decreto.». (Subrayas de la
Subsección).
La norma en cita indica que el abandono del cargo se configura, entre otras
causales, cuando el docente sin causa justificada alguna no retorna al ejercicio
de su cargo dentro de los 3 días siguientes al vencimiento de una licencia,
entre otras. En este punto se hace pertinente recordar que el artículo 59 del
Decreto 1278 de 2002 previó lo siguiente respecto al derecho a una licencia
no remunerada a favor de los profesionales de la educación, a saber:
«ARTÍCULO 59. Licencia no remunerada. Los docentes y directivos docentes
estatales tienen derecho a licencia no remunerada hasta por tres (3) meses por
cada año calendario, en forma continua o discontinua, según lo solicite el
interesado. Esta licencia no es revocable ni prorrogable por quien la concede, pero
es renunciable por el beneficiario. El nominador la concederá teniendo en cuenta
las necesidades del servicio.
Durante el término de la licencia no se podrá desempeñar otro cargo público
retribuido, y el tiempo de servicio no se contabiliza para ningún efecto.».
En estos términos, en los casos en los que un docente oficial solicite la
concesión de una licencia no remunerada y este no retorne a su lugar de
trabajo luego del vencimiento de la misma, dicha conducta dará lugar a la
declaratoria de vacancia del empleo ocupado, pues la causa de aquella se
entenderá, luego de la comprobación correspondiente, como el abandono
injustificado del cargo. Situación anterior que se cataloga como una de las
formas autónomas previstas por la ley para la cesación de funciones o retiro
del servicio público.
Ø De la situación particular del libelista
De acuerdo con las consideraciones previamente planteadas, en el asunto sub
examine se observa lo siguiente:
• Resolución 0991 del 22 de abril de 2010 expedida por la Administración
Temporal para el sector educativo en el departamento del Putumayo, que
trazó los criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal
docente y directivo docente del servicio educativo estatal que prestan las
instituciones y centros educativos del ente territorial (folios 38 a 41).
• Resolución Rectoral 01 del 28 de enero de 2013 (folios 48 a 49), por medio
de la cual se realizó la asignación académica del personal docente para
dicha vigencia en el centro educativo Rural Albania.
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Radicado: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
• Resolución 1786 del 15 de abril de 2013 proferida por la Asunción
Temporal para el sector educativo de la Secretaría de Educación del
departamento del Putumayo (folios 50 a 52), por medio de la cual se ordenó
el traslado del señor Héctor Óscar Benavides Ramos, en atención de las
necesidades del servicio, de la institución educativa Almirante Padilla del
municipio de San Francisco al establecimiento Albania del municipio de
Villagarzón.
• Contra la anterior decisión administrativa fue interpuesto recurso de
reposición y en subsidio el de apelación (folios 54 a 63).
• En consecuencia, se expidió la Resolución 2315 del 21 de mayo de 2013
(folios 64 a 72), que desató de manera desfavorable el recurso de
reposición y denegó la alzada.
• Oficio del 13 de enero de 2014 signado por el demandante y con sello de
recibido de la Secretaría de Educación del departamento del Putumayo en
la misma calenda (folio 79), por medio del cual solicitó al secretario de la
referida entidad la concesión de una licencia ordinaria, así:
«[…] respetuosamente presento mediante el presente escrito solicitud de licencia
ordinaria por el término de 90 días a partir de la fecha, para que se me conceda
separarme temporalmente del cargo de docente de la Institución Educativa Rural
Albania, municipio de Villagarzón a partir del día de hoy 13 de enero de 2014,
hasta el día 13 de abril de 2014.
La presente es justificable toda vez que tengo que atender un tratamiento
psicológico en esta localidad, además por hacer uso de la licencia como un
derecho de los docentes consagrado en el artículo 59, 62 y 63 del Decreto 2277
de 1979 y el artículo 33 de la Ley 734 de 2002. […]».
• Resolución 0242 del 13 de enero de 2014 signada por el secretario de
educación del departamento del Putumayo (folio 333), por medio de la cual
se concedió una licencia no remunerada a favor del libelista, conforme se
indica:
«[…] Que el (la) funcionario (a) BENAVIDES RAMOS HECTOR OSCAR,
identificado (a) con C.C. 5349407, se encuentra en el cargo de Docente de aula
en el (la) IER ALBANIA del municipio de Villagarzón (Put).
Que mediante oficio SAC2014PQR419 de fecha 13 de enero, el (la) funcionario
(a) BENAVIDES RAMOS HECTOR OSCAR, identificado (a) con C.C. 5349407,
solicitó una licencia no remunerada por el término de 90 días, por el período
comprendido entre el 13/01/2014 al 12/04/2014.
Que los Decretos 2277 del 14 de septiembre de 1979 y 1278 del 2002, preceptúan
que los docentes y directivos docentes estatales tienen derecho a licencias no
remuneradas hasta por tres meses por cada año calendario, en forma continua y
discontinua, esta licencia no es revocable ni prorrogable, pero es renunciable por
el beneficiario, el nominador la concede teniendo en cuenta las necesidades del
servicio.
Que conforme lo expuesto en los considerandos anteriores se considera viable
dar trámite a la autorización de la licencia no remunerada por 90 días solicitada
por el señor (a) BENAVIDES RAMOS HECTOR OSCAR, por el periodo
comprendido entre el 13/01/2014 al 12/04/2014. […]».
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Radicado: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
• Oficio del 23 de mayo de 2014 emitido por el director del centro educativo
Rural Albania dirigido al señor Benavides Ramos (folio 80), a través del
cual requirió información respecto a la no comparecencia de este último a
su lugar de trabajo, en los siguientes términos: «[…] Como director del Centro
Educativo Rural Albania me permito solicitar me informe el motivo y me haga llegar
las respectivas justificaciones de no asistencia a trabajar, después de cumplir su
licencia no remunerada de acuerdo a la resolución N° 0242 del 13 de enero de
2014. […]».
Del mismo escrito se evidencia recibido con fecha del 26 de mayo de 2014.
• Oficio que data del 26 de mayo de 2014 (folio 81), por medio del cual el
libelista se dirigió ante el personero municipal de Mocoa, con el fin de
exponer lo siguiente:
«[…] solicito al señor Personero Municipal de Mocoa, se sirva intermediar ante la
Secretaría de Educación y Cultura Departamental para que cumplan con los
deberes estipulados en el artículo 34 de la Ley 734 de 2013 y abstenerse de
incurrir en las prohibiciones consagradas en el artículo 35 de la misma ley.
Sobre el asunto Señor Personero me permito comunicarle que los funcionarios de
Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación en el día de ayer se
NEGARON a recibir derecho de petición presentado ante esa entidad para que se
proceda a una NOTIFICACIÓN PERSONAL, situación que no está permitida por
la Ley y da pie para que se inicien las acciones disciplinarias a que haya lugar.
[…]».
• Oficio con fecha del 26 de mayo de 2014 radicado el 28 de mayo del mismo
año por parte del libelista ante la Secretaría de Educación del
departamento del Putumayo (folios 82 a 83), mediante el cual solicitó la
notificación personal del contenido de la Resolución 0242 del 13 de enero
de 2014.
• Resolución 1874 del 21 de mayo de 2014 proferida por la Secretaría de
Educación del departamento del Putumayo (folios 86 a 91), a través de la
cual se adoptó un procedimiento administrativo para declaratoria de
vacancia de un empleo por abandono del cargo.
• Resolución 2571 del 14 de julio de 2014 emitida por el ente territorial en
mención (folios 92 a 94), que inició la actuación administrativa para declarar
la vacancia de un cargo por abandono injustificado por parte del señor
Héctor Óscar Benavides Ramos, conforme se transcribe:
«[…] Que mediante Resolución 1786 del 15 de abril de 2013, la Asunción
Temporal para el Sector Educativo – Secretaría de Educación Departamental
resuelve trasladar por necesidad del servicio al docente HECTOR OSCAR
BENAVIDES RAMOS, de la institución educativa Almirante Padilla del Municipio
de San Francisco a la IE Albania del Municipio de Villagarzón.
Que con fecha del 2 de mayo de 2013, el docente HECTOR OSCAR BENAVIDES
RAMOS, interpone recurso de reposición en contra de la Resolución No 1786 de
abril de 2013, siendo esta confirmada mediante Resolución No 2315 del 21 de
mayo de 2013 la cual fue notificada personalmente en la misma fecha.
Que con radicado SACPQR419 de fecha 13 de enero de 2014 el docente
HECTOR OSCAR BENAVIDES RAMOS solicita a la S.E.D. licencia no
remunerada por el término de 90 días para el periodo comprendido entre el
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Radicado: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
13/01/2014 al 12/04/2014, a la que se dio trámite mediante resolución No 0242
del 13 de enero de 2014 concediéndole la licencia no remunerada por el periodo
solicitada (sic), resolución que le fue comunicada mediante correo electrónico
enviado al director de Núcleo del municipio de Villagarzón Javier Melo Castillo,
por la funcionaria de la Secretaría de Educación del Putumayo […]
Que el docente HECTOR OSCAR BENAVIDES RAMOS una vez recibió el escrito
donde el Director de la CER ALBANIA le solicita la explicación de su inasistencia,
en el mismo escrito de recibido estipula que su inasistencia obedece a que hasta
la fecha no conoce la resolución donde le aceptan la licencia.
Que una vez vencido el periodo de la licencia no remunerada otorgada al docente
HECTOR OSCAR BENAVIDES RAMOS le asistía la obligación de reincorporarse
a su lugar de trabajo, hecho este que al parecer no se llevó a cabo, según lo
manifestado por el Director de la CER ALBANIA […]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar la actuación administrativa con el objeto de declarar
la vacancia de un cargo por el presunto abandono injustificado por parte del
docente HECTOR OSCAR BENAVIDES RAMOS identificado con C.C. 5.349.407,
al no reasumir sus funciones al vencimiento de una licencia no remunerada,
misma que fue concedida por este despacho mediante Resolución No 0242 del
13 de enero de 2014. […]».
• Acta de diligencia de versión libre y espontánea rendida por el demandante
ante la autoridad demandada el 17 de septiembre de 2014 (folios 96 a 99),
de la cual se efectúa un resumen:
«[…] NO entiende el suscrito cual es el motivo de la persecución de la
Administración Departamental en constreñirme ilegalmente a comparecer a la
institución Educativa Albania del Municipio de Villagarzón, si a la fecha no existe
un acto administrativo vigente y ejecutorio que así lo ordene. A propósito de las
numerosas licencias no remuneradas solicitadas, se advierte al Señor Profesional
Especializado que las mismas las solicite por cuanto soy consciente de la
afectación que se causa al erario cuando un docente no es asignado a ninguna
institución, sin embargo el suscrito no ha dado lugar al error cometido por el Señor
Rector de la Institución Educativa Almirante Padilla, y además tampoco soy
responsable de que la Administración Departamental nunca me haya notificado ni
personal, ni por aviso, ni electrónicamente, de la aprobación de licencia alguna,
situación contraria a la afirmada falsamente en la Resolución No. 2571 de Julio
14 de 2014, por medio de la cual se inicia el procedimiento de declaratoria de
vacancia y se decide compulsarme copias a la Oficina de Control Interno
Disciplinario del Departamento.
Finalmente teniendo en cuenta que de conformidad con lo establecido en el
Artículo 126 del Decreto 1950 de 1976, la declaratoria de vacancia procede por
abandono injustificado del cargo, en el presente caso no existe tal abandono
injustificado, por cuando (sic) a la fecha no existe acto administrativo ejecutorio
que haya ordenado mi trasladado y/o me halla asignado a una Institución
Educativa o Centro Educativo Rural, por lo anterior solicitó respetuosamente al
Señor Secretario de Educación Departamental como delegatario del Señor
Gobernador, disponga del archivo inmediato de las presentes diligencias y cese
todo acto de persecución o investigación por los mismos hechos, y en
consecuencia ordene la entrega de mi asignación académica en la Institución
Educativa Almirante Padilla […]».
• Resolución 3436 del 25 de septiembre de 2014 proferida por la autoridad
demandada (folios 101 a 109), mediante la cual se declaró la vacancia de
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Radicado: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
un cargo por abandono injustificado del mismo por parte del señor
Benavides Ramos, así:
«[…] Por otra parte, con fecha 13 de enero de 2014 el docente HECTOR OSCAR
BENAVIDES RAMOS, solicita a la S.E.D licencia no remunerada por el término
de 90 días para el periodo comprendido entre el 13/01/2014 al 12/04/2014, a la
que se dio trámite mediante resolución No 0242 del 13 de enero de 2014
concediéndole la licencia no remunerada por el termino solicitado; no obstante lo
anterior, y pese a que el citado Docente afirma no haber sido notificado
personalmente de la aceptación de la licencia, tampoco justifica no haber acudido
a su lugar de trabajo los días que comprendían la licencia solicitada, esto es del
13/01/2014 al 12/04/2014, ni los días posteriores a ella, por lo que no son válidos
los argumentos expuestos para justificar su inasistencia a su lugar de trabajo, en
el hecho de que no haya sido notificado de manera personal de la aceptación de
la licencia, por cuanto de no tener conocimiento de la aceptación de la misma, con
mayor razón, debía presentarse a laborar sin excusa alguna, hecho este que no
fue justificado por el investigado, en consecuencia, el docente HECTOR OSCAR
BENAVIDES RAMOS tampoco justifica su inasistencia al trabajo luego de vencido
el plazo de la licencia no remunerada.
Que tanto el Decreto 2277 de 1979 como el Decreto 1278 de 2002 estipulan que
los docentes y directivos docentes estatales tienen derecho a licencia no
remunerada hasta por tres (3) meses (90 días) por cada año calendario, en forma
continua o discontinua, según lo solicite el interesado. Esta licencia no es
revocable ni prorrogable por quien la concede, pero es renunciable por el
beneficiario. El nominador la concederá teniendo en cuenta las necesidades del
servicio.
Que es obligación de todo funcionario reasumir sus funciones al vencimiento de
una licencia no remunerada, so pena de declararse la vacancia del empleo por
abandono injustificado.
[…]
Que este despacho considera que el docente HECTOR OSCAR BENAVIDES
RAMOS, omitió su deber legal como funcionario público, de dar estricto
cumplimiento a los actos administrativos que ordenaron su traslado al Centro
Educativo Albania del Municipio de Villagarzón, por lo que se concluye que no se
encuentra debidamente justificada la inasistencia a su lugar trabajo, por parte del
docente HECTOR OSCAR BENAVIDES RAMOS, durante los días posteriores a
la ejecutoria del acto administrativo que ordenó su traslado al Centro Educativo
Albania del Municipio de Villagarzón, ni los días posteriores al vencimiento de la
licencia no remunerada.
Que según formato de novedades aportado a esta investigación por parte del
Director de la CER ALBANIA señor LUIS ANTIDIO CABRERA a la Secretaria de
Educación del Putumayo y oficio de fecha 2 de septiembre de 2014, suscrito por
el mismo funcionario, se evidencia que el señor HECTOR OSCAR BENAVIDES
RAMOS, No acudió a su lugar de trabajo una vez el acto administrativo que ordenó
su traslado (Resolución No 1786 del 15 de abril de 2013 confirmada mediante
Resolución No 2315 del 21 de mayo de 2013) quedó en firme y debidamente
ejecutoriado, esto es desde el día 5 de junio de 2013, ni después de vencido el
plazo de la licencia no remunerada (13 de abril de 2014) evidenciándose con ello
un abandono injustificado de su cargo por más de tres (3) días consecutivos, sin
que se haya preocupado por justificar su inasistencia, afectando con ello el normal
desarrollo del proceso de aprendizaje de los grados que tenía a su cargo.
[…]
RESUELVE
15
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la vacancia del cargo de docente de aula básica
primaria de la IE Albania del Municipio de Villagarzón perteneciente a la planta
global de cargos de la Secretaría de Educación departamental de Putumayo, por
abandono injustificado del cargo por parte del docente HECTOR OSCAR
BENAVIDES RAMOS identificado con C.C. 5.349.407, de conformidad con la
parte motiva de la presente resolución. […]».
• El demandante presentó recurso de reposición contra el anterior acto
administrativo (folios 111 a 128).
• A su turno, la Resolución 4122 del 20 de noviembre de 2014 (folios 130 a
136) resolvió de manera negativa el anterior recurso, en el sentido de
confirmar en todas sus partes la decisión que declaró la vacancia del cargo
ocupado por el demandante en la institución educativa Albania.
• Resolución Rectoral 001 del 30 de enero de 2014 (folios 84 a 85), a través
de la cual se efectuó la asignación académica del personal docente para el
referido año en el centro educativo Rural Albania, de la cual se desprende
que el señor Héctor Óscar Benavides Ramos se encontraba en licencia.
• De otro lado, se practicaron los testimonios del señor Harold Hernando
Romo Yela y de la señora Jesús Eulalia Vela Arias dentro de la celebración
de la audiencia de pruebas, quienes manifestaron haber sido compañeros
de trabajo del demandante en la institución educativa Almirante Padilla.
Agregaron en su dicho que el director del establecimiento no asignó carga
académica al señor Benavides Ramos al momento de aquel haber sido
trasladado centro educativo Rural Albania, motivo por el cual aquel no se
presentó para la iniciación de las clases.
Asimismo, sostuvieron que luego de la declaratoria de nulidad por parte del
Tribunal Administrativo de Nariño de los actos administrativos de ordenaron
el traslado del docente, la Secretaría de Educación del Putumayo ha
omitido el acatamiento de la orden judicial de reintegrarlo a la planta global
de la entidad. Por estos motivos, afirmaron que el libelista cuenta con gran
deterioro de salud mental y física, dado los presuntos perjuicios morales y
económicos que le fueron causados con ocasión de dicha situación.
(Minuto 10:00 a 1:13:00 del CD obrante a folio 307).
Pues bien, tal como se indicó en precedencia y en atención al material
probatorio referenciado, en esta oportunidad se analizará la legalidad de las
decisiones administrativas contenidas en las Resoluciones 2571 del 14 de
julio, 3436 del 25 de septiembre y 4122 del 20 de noviembre, todas de 2014,
que declararon la vacancia del cargo ocupado por el señor Héctor Óscar
Benavides Ramos bajo la causal de abandono injustificado del mismo, en
virtud de los cargos formulados por el apelante en el recurso de alzada.
Ø De la notificación por conducta concluyente del acto que concedió
la licencia no remunerada
En ese sentido, quedó demostrado que el demandante mediante escrito del
13 de enero de 2014, recibido por la Secretaría de Educación del
departamento del Putumayo en la misma calenda, instó la concesión de una
licencia ordinaria de 90 días, en virtud de las previsiones normativas del
Decreto 2277 de 1979 y de la Ley 734 de 2002. En consecuencia, fue expedida
la Resolución 0242 del 13 de enero de 2014 signada por el secretario de
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Radicado: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
educación del ente territorial, que resolvió otorgar al peticionario la licencia
solicitada.
Ahora, el apelante afirma que el contenido de dicho acto administrativo no le
fue notificado personalmente, motivo por el cual esta licencia no remunerada
no gozó de ninguna validez y, en consecuencia, la declaratoria de vacancia
del cargo con ocasión del abandono injustificado del mismo no se hizo
oponible hacia él.
Respecto a ello, se torna necesario recordar que la publicidad del acto
administrativo consiste en dar a conocer a sus destinatarios la decisión
contenida en el mismo, con el objeto de determinar su oponibilidad para hacer
posible su aplicación o cumplimiento y permitir que los interesados puedan
controvertirlos o impugnarlos. De conformidad con el CPACA, las formas en
que esta puede surtirse son a través de la publicación12, notificación13,
citación14 y comunicación15.
Por su parte, el artículo 72 ejusdem previó lo siguiente respecto de los actos
administrativos que no se hubieran comunicado al recipiendario:
«ARTÍCULO 72. FALTA O IRREGULARIDAD DE LAS NOTIFICACIONES Y
NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. Sin el lleno de los anteriores
requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales la
decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la
decisión o interponga los recursos legales.».
Análogamente, el Código General del Proceso en su artículo 301 consagró lo
siguiente sobre la notificación por conducta concluyente:
«ARTÍCULO 301. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. La
notificación por conducta concluyente surte los mismos efectos de la notificación
personal. Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada
providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una
audiencia o diligencia, si queda registro de ello, se considerará notificada por
conducta concluyente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito
o de la manifestación verbal. […]».
En estos términos, es claro que el legislador previó la posibilidad de que los
actos administrativos se notificaran bajo la modalidad de conducta
concluyente, la cual consiste en una forma igualmente válida para poner en
conocimiento del recipiendario las decisiones de la administración. Esta a su
vez se erige en un mecanismo tendiente a subsanar las omisiones o
irregularidades que se hayan presentado al intentar la comunicación por el
método principal
Al respecto, la Corte Constitucional16 sostuvo que, para la procedencia de la
notificación bajo esta modalidad, se deben acreditar unos requisitos
especiales, los cuales se traducen en que i) exista un comportamiento del
12
Artículo 65.
13
Artículo 67.
14
Artículo 68.
15
Artículo 69.
16
T-210 de 2010.
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Radicado: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
sujeto afectado por el acto; ii) que se surta al interior del proceso y; iii) que se
pueda deducir inequívocamente el conocimiento del acto17.
Con base en ello, puede concluirse lo siguiente sobre la situación particular del
señor Benavides Ramos respecto al acto que concedió la licencia no
remunerada:
• El docente recurrió personalmente ante la Secretaría de Educación
departamental del Putumayo el 13 de enero de 2014, con el fin de
requerir el otorgamiento de una licencia no remunerada durante el
término de 90 días, con ocasión de un tratamiento psicológico que debía
atender y en concordancia con el Decreto 2277 de 1979 y de la Ley 734
de 2002 que consagraron dicho beneficio a favor de este personal
oficial.
• El ente territorial mediante Resolución 0242 del 13 de enero de 2014
concedió la licencia no remunerada durante el término instado por el
libelista.
• Si bien en el plenario no obra constancia de la notificación personal de
dicha decisión al demandante, y la autoridad demandada únicamente
se limitó a afirmar que esta le fue enviada a través de correo electrónico,
lo cierto es que puede argüirse que la notificación de la misma se
encuentra surtida por conducta concluyente, pues muestra de ello es
que el señor Benavides Ramos no haya retornado a sus labores como
docente desde el momento de presentación de la petición y luego de
habérsele concedido por parte de la administración la licencia no
remunerada.
En ese orden de ideas, y ante el conocimiento por parte del libelista de la
Resolución 0242 del 13 de enero de 2014, es evidente que la decisión
administrativa sí se hizo oponible al docente, ello justamente: i) en virtud del
comportamiento del demandante al no ejercer su labor como docente ante la
Secretaría de Educación del departamento del Putumayo durante el término
de 90 días (licencia) e incluso de manera posterior, y ii) al haberse surtido la
expedición del acto dentro de la actuación administrativa, exactamente el
mismo día de la solicitud radicada por el interesado.
Por consiguiente, no son de recibo los argumentos del apelante tendientes a
desvirtuar la legalidad de los actos que declararon la vacancia del cargo de
docente con ocasión del abandono injustificado del mismo, bajo el estimado
de que la resolución que concedió la licencia no remunerada no le fue
notificada personalmente, y por consiguiente no continuó con la prestación de
17
«Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye que la notificación por conducta
concluyente sólo se entiende surtida cuando la persona manifiesta que tiene conocimiento
sobre el contenido de la providencia o cuando se refiere a esta concretamente, siempre y
cuando dicha actuación se haya desarrollado dentro del proceso al cual se accede pues, de
conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de esta Corporación, la
notificación personal es un acto procesal.
En esta medida, cuando el peticionario está en desacuerdo con el contenido de la decisión
administrativa y no ejerce los recursos gubernativos oportunos, para que opere la notificación
por conducta concluyente, se deben cumplir los siguientes requisitos: i) existencia de un
comportamiento del sujeto afectado por el acto; ii) que se surta al interior del proceso y; iii)
que se pueda deducir inequívocamente el conocimiento del acto.»
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Radicado: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
sus servicios, pues en el presente asunto pudo convalidarse que aquel se dio
suficientemente enterado de la decisión.
Además, en gracia de discusión, ante la presunta indebida notificación de la
Resolución 0242 del 13 de enero de 2014, dicho hecho no justifica la ausencia
en la institución educativa por parte del docente que lo pueda eximir de la
conducta del abandono del cargo.
Ø Del acto administrativo de asignación de carga académica
Ahora bien, el señor Héctor Óscar Benavides Ramos esgrimió en su recurso
de alzada que, otro de los motivos por el cual no se reintegró a la planta de
personal de la Secretaría de Educación del Putumayo en su condición de
docente, fue justamente por la falta de asignación académica para la vigencia
de 2014 por parte de la institución educativa Rural Albania.
En lo concerniente al servicio activo de los docentes respecto a la carga de
asignación académica, el artículo 60 del Decreto 2277 de 1979 previó:
«Artículo 60. SERVICIO ACTIVO. El docente se encuentra en servicio activo
cuando ejerce las funciones propias del cargo del cual ha tomado posesión en
propiedad.
También se considera el docente en servicio activo cuando su cargo ha sido
suprimido o cuando no se haya asignado carga académica.». (Negrita de la
Subsección).
En estos términos, es diáfano que la no asignación de carga académica no
implica el retiro del servicio, pues el ejercicio de la docencia requiere como
función social no solo la transmisión de conocimiento o la instrucción al
estudiante en determinadas áreas, sino que encierra la formación moral, ética,
intelectual y física de la persona, de ahí la importancia social de su trabajo y
las diversas responsabilidades de su profesión.
Lo anterior se acompasa con el artículo 68 del Decreto 227 ejusdem en cuanto
previó en su inciso segundo que «[…] la supresión de la carga académica asignada
al docente no implica su retiro del servicio ni la suspensión del pago de su
remuneración, mientras se le asignan nuevas funciones […]».
En cuanto al sub-lite, de los elementos probatorios relacionados en
precedencia se desprende que la Resolución Rectoral 001 del 30 de enero de
2014 que efectuó la asignación académica del personal docente para el
referido año en el centro educativo Rural Albania, indicó que el señor Héctor
Óscar Benavides Ramos se encontraba en licencia.
En ese orden, una consecuencia lógica de que la Resolución Rectoral 001 del
30 de enero de 2014 se hubiera proferido por el director del establecimiento
educativo con posterioridad a la fecha de concesión de la licencia no
remunerada al libelista (13 de enero de 2014) y antes de la data de culminación
de la misma (90 días), es que en dicho acto administrativo no se le hubiera
asignado la respectiva carga académica al señor Benavides Ramos, ello
justamente por cuanto el docente se encontraba por fuera del servicio para la
fecha de expedición del mismo.
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Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
De otro lado, en lo que respecta a la Resolución 0991 del 22 de abril de 2010
que trazó los criterios para organizar las plantas de personal docente del
departamento del Putumayo, como lo manifestó el demandante en el recurso
de apelación, la Sala encuentra que la autoridad demandada no inadvirtió el
contenido de la misma en cuanto a la asignación de la carga académica de los
docentes de conformidad a su respectivo perfil, habida cuenta de que, tal como
se puede constatar con la Resolución Rectoral 001 del 30 de enero de 2014 e
incluso la del año anterior también arrimada con destino a este proceso, el
director de la institución cumplió con la fijación de esta respecto a los maestros
que conformaban la planta de personal del establecimiento educativo.
Por consiguiente, el señor Héctor Óscar Benavides Ramos, en su condición
de docente, tenía el deber de, entre otros, cumplir eficazmente con su labor de
enseñanza frente a sus alumnos, conducta que no se llevó a cabo pues al
haber abandonado el cargo incurrió en un quebrantamiento de este deber
funcional en tanto desconoció la función social que le incumbe como servidor
público cuando toma posesión del empleo para los fines previstos por la
Constitución, ley y reglamento.
En virtud de ello, coincide esta Sala con el criterio adoptado por el a quo, en
cuanto que el demandante no justificó oportunamente su ausencia del trabajo
por más de 3 días consecutivos luego de la culminación de la licencia no
remunerada, y en ese sentido, no se encuentra demostrada la vulneración de
sus derechos como trabajador.
No puede perderse de vista que el abandono del cargo es una causal
autónoma de retiro del servicio, como se explicó en párrafos precedentes, por
lo que es viable colegir que, en el asunto, una vez vencida la licencia del
docente que le otorgó el secretario de educación del departamento del
Putumayo, esta autoridad quedó facultada para declarar la vacancia del
empleo en pro del interés general y el servicio público como lo es la educación,
previo el agotamiento de un procedimiento sumario en el que se garantizara al
docente sus derechos de defensa, contradicción y debido proceso, como en
efecto se hizo en la audiencia de versión libre celebrada el 17 de septiembre
de 2014.
Lo anterior se acompasa con la posición que ha adoptado esta Sección
Segunda18 respecto a la procedencia de la declaratoria de vacancia del cargo
con ocasión del abandono injustificado del mismo, conforme se cita:
«[…] La Sala Plena de la Sección Segunda, con el fin de unificar la jurisprudencia,
en sentencia de 22 de septiembre de 2005 recogió el anterior planteamiento
jurisprudencial sobre la materia y precisó que si bien se trata de una misma
circunstancia: el abandono injustificado del servicio, comporta efectos autónomos
distintos cuando se trata de regular la función pública que cuando se trata de
disciplinar a los funcionarios.
[…]
Bajo esta línea se tiene que, el abandono del cargo comporta efectos autónomos
distintos en materia de función pública, que no derivan de la aplicación de un
procedimiento disciplinario previo, en cuanto que el retiro definitivo del servicio
puede producirse por la declaratoria de vacancia por abandono del cargo; esta
18
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 6 de diciembre de 2007. Radicado: 15001-23-
31-000-1997-17363-01(2911-05).
20
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
figura constituye una herramienta de la cual puede disponer la administración, para
a su vez, designar el reemplazo del funcionario que de manera injustificada ha
hecho dejación del cargo y así evitar traumatismos en la prestación del servicio.
[…]».
En estos términos, nótese que cuando la normativa regula el abandono del
cargo, califica la conducta, pues el empleado debe actuar sin justa causa,
concepto objetivo que lleva implícito el cumplimiento de su deber de someterse
a las situaciones administrativas por las cuales el empleador le permite
ausentarse temporalmente de su empleo, todo ello, con la explicación de las
razones que dan lugar a ello. Sin embargo, en el sub lite, la comprobación
física de que el empleado dejó de concurrir a sus funciones luego del
vencimiento de los 90 días de su licencia no remunerada, no soporta el hecho
de no haber retornado al mismo con el fin de continuar con el ejercicio de su
labor como docente.
En gracia de discusión, se pone de presente que en esta oportunidad la
competencia del ad quem se ciñó a los únicos argumentos del recurso de
apelación contra la providencia de primera instancia dentro del cual no se
observó que se alegara, por ejemplo, una ineficacia de los actos aquí
demandados por el abandono del cargo ante la sentencia del Tribunal
Administrativo de Putumayo.
En estos términos, la decisión proferida por esta Sala abarca la situación
general del demandante como docente vinculado al Magisterio, con
independencia de la institución educativa a la que perteneciera en uno u otro
momento, dado que el acto de traslado y la carencia de asignación académica
no conllevaban una dejación de su investidura como maestro, ni mucho menos
se configuró como óbice para presentarse al cumplimiento del ejercicio de sus
funciones.
Si bien uno de los actos aquí demandados (Resolución 3436 del 25 de
septiembre de 2014) tuvo entre otros fundamentos, la situación del traslado
que para esa época también se llevó a cabo con la expedición de las
respectivas decisiones administrativas que lo ordenaron, ello no tendría la
virtualidad de subsanar o desdibujar el abandono del cargo que fue
efectivamente demostrado, dado que la inconformidad u oposición del
demandante frente a ese cambio de institución educativa y su actitud reacia a
cumplirlo, no lo exoneraba de presentarse a laborar.
En todo caso, tal como se desarrolló en líneas atrás, los medios de prueba
aportados al plenario llevan al convencimiento a la Sala de que el demandante
conocía del otorgamiento de la licencia no remunerada por el término de 90
días, por lo que no se justifica el haberse ausentado de su cargo como docente
luego de su vencimiento. De ello que las resoluciones objeto de control judicial
en esta oportunidad gocen de validez, por cuanto no fue posible demostrar que
adolezcan de vicio alguno.
Por estos motivos, en razón a que no se logró desvirtuar la presunción de
legalidad que ampara a los actos acusados, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda.
En conclusión: el señor Héctor Óscar Benavides Ramos incurrió en la causal
de abandono injustificado del cargo que dio lugar a la declaratoria de vacancia
del empleo ocupado por él en la Secretaría de Educación del departamento
21
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
del Putumayo, al no haber demostrado una justa causa para su inasistencia y
cesación del ejercicio de su labor en su condición de docente.
Decisión de segunda instancia
Según lo expuesto, se impone confirmar la sentencia apelada proferida el 14
de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión
del Sistema Oral, la cual denegó las pretensiones de la demanda, lo anterior
habida cuenta de que no prosperan los argumentos del recurso de apelación
formulado por el libelista.
De la condena en costas
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201619, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo»
–CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o
bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP20, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que,
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público21.
19 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
20
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
21
Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
22
Radicado: 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018)
Demandante: Héctor Óscar Benavides Ramos
Ahora, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará
en costas al demandante, en la medida que, a pesar de haber resultado
vencido en esta oportunidad, conforme el numeral 8.º del artículo 365 del CGP
no es posible la comprobación de dicha carga, en tanto no hubo intervención
de las partes en segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 14 de marzo de 2018 por el
Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Decisión del Sistema Oral, que
denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor
Héctor Óscar Benavides Ramos contra la Gobernación del departamento del
Putumayo.
Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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