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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00382-01

Fecha
21 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00382-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el diez (10) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el proceso promovido por la señora Hermeregilda Reina Salazar contra el departamento del Putumayo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas de la segunda instancia. Tercero. Reconocer personería adjetiva a la abogada Danitza Andrea Erazo Alegre, como representante del departamento del Putumayo, conforme al poder que obra a folio 574 del cuaderno principal. Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2015-00382-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

21 de septiembre de 2023

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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00382-01 (0582-2018)
Demandante: Hermeregilda Reina Salazar
Demandado: Departamento del Putumayo

Temas: Vacancia del cargo docente por abandono injustificado.
CONFIRMA.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el diez (10) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) por el Tribunal
Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Hermeregilda Reina Salazar instauró demanda contra el departamento del Putumayo,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los actos administrativos proferidos por el secretario de
Educación del departamento del Putumayo:

Resolución 3372 del 22 de septiembre de 2014, mediante la cual se inició una actuación
administrativa para declarar la vacancia del cargo de la demandante por su abandono
injustificado, Resolución 4113 del 20 de noviembre de 2014, por la cual se declaró la
vacancia del cargo su abandono injustificado y Resolución 0077 del 14 de enero de
2015, que confirmó la anterior decisión.

A título de restablecimiento del derecho, que se ordene reintegrarla a la planta global
de cargos docentes y asignarle carga académica conforme a su perfil, en la institución
educativa que corresponda; se le condene a pagar los salarios y emolumentos dejados

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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de percibir desde la declaratoria de vacancia del cargo hasta el reintegro, y a reparar el
daño psicológico y moral con una indemnización equivalente a cien (100) salarios
mínimos legales mensuales vigentes; y que pague las costas del proceso.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que en diciembre de 2009 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adoptó la medida
correctiva de asunción transitoria de la competencia del sector educación en el
departamento del Putumayo y se la entregó al Ministerio de Educación Nacional.

Que la Administración Temporal designada para tales efectos emitió la Resolución 0991
del 22 de abril de 2010, reglamentando las competencias y procedimientos para
organizar las plantas de personal de profesores del servicio educativo estatal del
aludido ente territorial, incluyendo lo relativo a los criterios de liberación de plazas
docentes.

Que mediante Resolución 3456 del 28 de agosto de 2013, la Administración Temporal
del sector educativo del Putumayo resolvió trasladarla por estricta necesidad del
servicio, del Centro Educativo Rural Juan XXIII a la Institución Educativa Jorge Eliécer
Gaitán del municipio de Orito, acto administrativo que fue impugnado por ella.

Que después de que el 10 de diciembre de 2013 se levantara la medida correctiva de
asunción temporal de la competencia del sector educativo del Putumayo, fue emitida
por el secretario de Educación Departamental la Resolución 1504 del 22 de abril de
2014, que confirmó en todas sus partes la Resolución 3456 del 28 de agosto de 2013.

Que el traslado se ordenó cuando ya había iniciado el año lectivo 2014 y no se le notificó
asignación de carga académica en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán del
municipio de Orito.

Que a través de petición presentada el 17 de junio de 2014, le solicitó al secretario de
Educación del Putumayo le autorizara una licencia ordinaria por noventa días con base
en lo establecido en el artículo 63 del Decreto 2277 de 1979, con su separación
inmediata del servicio mientras se expedía el respectivo acto administrativo.

Que la solicitud no fue recibida por los empleados de la Secretaría de Educación, bajo
el argumento de que no estaba funcionando el Sistema de Atención al Ciudadano. Por
ello, se dirigió al despacho del personero de Mocoa para entregarle la petición.

Que el 22 de septiembre de 2014, después de 66 días de haber pedido la licencia, se
le notificó personalmente la Resolución 2189 del 16 de junio de ese año, que la

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concedió por el término requerido por ella.

Que acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para que se
invalidaran los actos administrativos que ordenaron su traslado, y en el momento de
radicar la demanda que dio origen al presente proceso, dicho trámite estaba en curso.

Que el 6 de octubre de 2014 se le notificó personalmente la Resolución 3372 del 22 de
septiembre de ese año, a través de la cual se inició una actuación administrativa en su
contra para declarar la vacancia de su cargo por presunto abandono injustificado. A
partir de la ejecutoria de dicho acto, la Secretaría de Educación del Putumayo cesó el
pago de su salario y demás prestaciones laborales.

Que el 21 de octubre de 2014 presentó versión libre en forma escrita y pidió que cesara
el hostigamiento laboral en su contra. Un día después, mediante Oficio DA-526, un
profesional especializado de la Secretaría de Educación la requirió para que la rindiera
verbalmente.

Que el 3 de diciembre de 2014 fue notificada personalmente la Resolución 4113 del 20
de noviembre de ese año, por medio de la cual se declaró vacante su cargo docente
por abandono injustificado, y frente a ella interpuso recurso de reposición.

Que iniciado el año lectivo 2015, las directivas de la Institución Educativa Jorge Eliécer
Gaitán de Orito omitieron notificarle personalmente el acto administrativo de asignación
académica.

Que el 18 de febrero de 2015, su apoderado fue notificado por aviso de la Resolución
0077 del 14 de enero de 2015, que confirmó en todas sus partes la Resolución 4113
del 20 de noviembre de 2014.

Que el 24 de marzo de 2015 pidió a la rectora de la Institución Educativa Jorge Eliécer
Gaitán que le entregara copia íntegra y auténtica de los actos administrativos de
asignación académica de los años 2013 a 2015, así como las constancias de
notificación o comunicación a los respectivos docentes. Dicha solicitud fue respondida
dos días después con el suministro de la copia de varias resoluciones, respecto de las
cuales consta que nunca le fueron notificadas.

Que entre las anteriores resoluciones se encuentra la 003 del 31 de enero de 2014, que
incluyó a la demandante en la asignación académica de ese año lectivo, y no tuvo en
cuenta que el acto administrativo de traslado no quedó en firme sino hasta el 21 de
mayo de ese año, cuando se notificó la Resolución 1504 del 22 de abril de la misma
anualidad.

Que fue diagnosticada con trastorno mixto de ansiedad y depresión por causa de su

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traslado y la posterior declaración de abandono del cargo.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 29 de julio de 20151 y notificada al departamento del
Putumayo2 quien se opuso a las pretensiones3, considerando que la señora
Hermeregilda Reina Salazar no acudió a su lugar de trabajo durante 29 días, sin que
mediara justificación para ello. Que el argumento de que no había sido notificada
personalmente del acto administrativo que le concedió la licencia ordinaria no sirve de
excusa, por cuanto, si en gracia de discusión ello fuera cierto, con mayor razón le asistía
el deber de presentarse a cumplir con sus labores, hasta tanto la Secretaría de
Educación resolviera lo pertinente.

Se celebró la audiencia inicial el 24 de mayo de 20164, en la cual se fijó el litigio, se
incorporaron como medios probatorios los documentos aportados con la demanda y la
contestación, y se definió fecha para audiencia de pruebas. Después de realizada esta
última, se corrió traslado para alegar de conclusión. El Ministerio Público estimó que las
pretensiones no debían prosperar.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 10 de noviembre de 2017,
denegó las pretensiones, estimando que lo relacionado con la supuesta ilegalidad del
traslado de la demandante del Centro Educativo Rural Juan XXIII de Sibundoy, a la
Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán de Orito no puede ser objeto de estudio en
este medio de control y, en todo caso, ese asunto fue analizado en otro proceso que
también conoció ese tribunal6, y en el cual no se accedió a la nulidad de los actos que
ordenaron ese movimiento de personal.

Que la señora Reina Salazar debió presentarse a laborar desde el 22 de mayo de 2014
en el municipio de Orito, esto es, el día siguiente al de la notificación de la Resolución
1504 del 22 de abril de ese año, mediante la cual se resolvió de manera definitiva el
procedimiento administrativo relativo a su traslado. Que no es correcto lo sostenido en
el sentido de que la obligación de presentarse en la nueva institución educativa solo
nacía en el momento en el que se le hubiera notificado la correspondiente asignación
académica, máxime cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Decreto
1850 de 2002, la jornada laboral de los docentes comprende otras actividades
curriculares complementarias a esa asignación.

1 Folios 165 a 169 del c. ppal.
2 Folio 171 del c. ppal.
3 Folios 263 a 267 del c. ppal.
4 Folios 306 a 311 del c. ppal.
5 Folios 408 a 432 del c. ppal.
6 Radicado 52-001-23-33-000-2014-00552-00.

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Que no es acertado el argumento de justificación de la demandante para no presentarse
a trabajar en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán el 22 de mayo de 2014,
relacionado con la notificación tardía de la resolución que le concedió una licencia
ordinaria de noventa días, la cual solo se le habría dado a conocer el 22 de septiembre
de ese año, dado que, en esa circunstancia, es aún más cierto que debió acudir a
cumplir con sus deberes laborales, pues no se encontraba en una situación
administrativa que la eximiera de ello.

Que no es de recibo el razonamiento concerniente al desacato del traslado por
considerarlo ilegal, toda vez que, al revisar la solicitud de licencia ordinaria que presentó
después de haber sido transferida, ella se identifica como docente adscrita a su nueva
institución educativa en el municipio de Orito, lo que da a entender que aceptó el aludido
cambio de lugar de trabajo.

Que no se le vulneró el derecho al debido proceso en la declaración de vacancia de su
cargo por abandono injustificado, ya que dicho trámite se adelantó conforme con los
parámetros procedimentales establecidos para tales efectos en la Resolución 1874 del
21 de mayo de 2014, proferida por la Secretaría de Educación del Putumayo.

RECURSO DE APELACIÓN7

La demandante apeló la sentencia indicando que el tribunal desconoció su propio
precedente sobre la configuración de los actos administrativos complejos, que lleva a
asumir, con apoyo en las Resoluciones 0991 y 1248 de 2010 emitidas por la
Administración Temporal del sector educativo del Putumayo, que la determinación de
traslado de un docente y la que la ejecuta, con la asignación académica en la nueva
institución educativa, conforman una sola resolución.

Que ello es así porque, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre
esa clase de actos, en este caso se presenta concurrencia de dos o más órganos o
autoridades en su formación, existe pluralidad de voluntades manifestadas en distintos
momentos y de manera sucesiva, hay unidad o igualdad de finalidad y contenido, e
interdependencia entre ellos para nacer a la vida jurídica. Que el traslado sin asignación
académica deviene ineficaz, pues si no fuera así, ello implicaría que el docente podría
llegar a la institución a la cual fue transferido sin tener que prestar servicio alguno,
situación que va en detrimento del derecho fundamental a la educación de los niños y
del patrimonio público.

Que no tenía el deber de presentarse a la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán
mientras no se le hubiera comunicado en legal forma la resolución de asignación

7 Folios 434 a 447 del c. ppal.

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académica, ya que, tal y como lo ha señalado el Consejo de Estado, los actos
administrativos solo surten efectos a partir de su notificación.

Que no son admisibles las razones del tribunal concernientes a la forma de notificación
o comunicación de la asignación académica en la Institución Educativa Jorge Eliécer
Gaitán, que supuestamente se daba a conocer en las reuniones de planeación
académica previas al inicio del año lectivo, puesto que ello va en contravía del principio
de legalidad y el procedimiento de notificación de actos administrativos particulares
previsto en el CPACA.

Que el tribunal también se equivocó al darle fuerza de precedente obligatorio a la
sentencia que profirió el 4 de febrero de 2016 en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se discutió la legalidad de las resoluciones que
dispusieron el traslado de la demandante, toda vez que esa providencia no estaba en
firme ante la interposición de recurso de apelación por su parte.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El departamento del Putumayo sostuvo que la señora Hermeregilda Reina Salazar
debió presentarse a trabajar a la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán de Orito
dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de la Resolución 1504 del 22 de abril
de 2014, que resolvió el recurso de reposición que presentó en contra de la decisión de
trasladarla a ese centro de enseñanza, ya que dicho acto administrativo se presumía
legal y era obligatorio8.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala deberá establecer si se debe revocar la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Nariño por las razones expuestas por la parte demandante en el
recurso de apelación. Esto es, porque en su sentir, la señora Hermeregilda Reina
Salazar no tenía el deber de presentarse a laborar a la Institución Educativa Jorge
Eliécer Gaitán de Orito mientras no se le hubiera notificado personalmente la asignación
académica en ese establecimiento de enseñanza, puesto que ello era condición
necesaria para la eficacia de su traslado. Y, en la medida en que el tribunal le dio fuerza
de precedente obligatorio a la sentencia que profirió el 4 de febrero de 2016, en la que
se negó la nulidad de las resoluciones que dispusieron el traslado de la demandante.

8 Folios 583 a 584 del c. ppal.

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Marco normativo y jurisprudencial. Vacancia del cargo docente por abandono
injustificado y asignación de carga académica después del traslado

De acuerdo con el artículo 25 del Decreto Ley 2400 de 19689, modificado por el artículo
1 del Decreto Ley 3074 de ese mismo año, la cesación de funciones de un servidor
público se produce, entre otras razones, por abandono del cargo. Este, según lo
dispone el artículo 126 del Decreto 1950 de 1973, reglamentario del Decreto Ley 2400,
se presenta cuando un empleado, injustificadamente:

«[…]
1. No reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones,
comisión, o dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de la prestación del
servicio militar.

2. Deje de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos.

3. No concurra al trabajo antes de serle concedida autorización para separarse del
servicio o en caso de renuncia antes de vencerse el plazo de que trata el artículo 113
del presente decreto, y

4. Se abstenga de prestar el servicio antes de que asuma el cargo quien ha de
remplazarlo».

Del mismo modo, el artículo 127 ibidem prevé que, una vez se compruebe cualquiera
de los anteriores supuestos y previo los procedimientos legales, la autoridad
nominadora deberá declarar la vacancia del empleo.

Acerca de esta figura, se resalta que, en sentencia del 22 de septiembre de 2005,
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de unificar
jurisprudencia10, se advirtió que:

«El abandono injustificado del servicio, comporta efectos autónomos distintos cuando
se trata de regular la función pública que cuando se trata de disciplinar a los funcionarios.
En esa medida mal puede la causal de abandono del cargo sólo aplicarse previo un
proceso disciplinario, pues frente a la administración pública es menester que el
nominador cuente con esa herramienta para designar un funcionario en reemplazo del
que abandonó sus tareas, para así lograr la continuidad de la prestación del servicio
público, fin que no es otro al que apunta esta figura en la función pública». (Negrita
fuera de texto).

Por su parte, en lo que tiene que ver con la profesión docente, el artículo 47 del Decreto
Ley 2277 de 1979 consagra lo siguiente sobre el abandono del cargo:

9 «Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras
disposiciones».
10 Rad. 11001-03-25-000-2003-00244-01(2103-03).

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«Artículo 47. Abandono del cargo. El abandono del cargo se produce cuando el docente
sin justa causa no reasume sus funciones dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de una licencia, una comisión o de las vacaciones reglamentarias; cuando
deja de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos; cuando en caso de renuncia,
hace dejación antes de que se le autorice para separarse del mismo o antes de
transcurridos quince (15) días después de presentada y cuando no asume el cargo
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que se le comunique un
traslado. En estos casos la autoridad nominadora, sin concepto previo de la respectiva
Junta de Escalafón, presumirá el abandono de cargo y podrá decretar la suspensión
provisional del docente, mientras la Junta decide sobre la sanción definitiva de acuerdo
con los plazos establecidos en el artículo 53 del presente Decreto».

Ahora, respecto de la asignación académica y su relación con el abandono del cargo,
el artículo 60 establece que los docentes se encuentran en servicio activo, aunque no
se les haya asignado carga académica, y que el artículo 68 del mismo decreto ley
preceptúa que «la supresión de la carga académica asignada al docente no implica su
retiro del servicio ni la suspensión del pago de su remuneración, mientras se le asignen
nuevas funciones».

Asimismo, el artículo 9 del Decreto 1850 de 200211, dispone que la jornada laboral de
los docentes no solo es el tiempo que estos dedican al cumplimiento de la asignación
académica, sino también a:

«[…] la ejecución de actividades curriculares complementarias tales como la
administración del proceso educativo; la preparación de su tarea académica; la
evaluación, la calificación, planeación, disciplina y formación de los alumnos; las
reuniones de profesores generales o por área; la dirección de grupo y servicio de
orientación estudiantil; la atención de la comunidad, en especial de los padres de familia;
las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en el proyecto
educativo institucional; la realización de otras actividades vinculadas con organismos o
instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la educación; actividades
de investigación y actualización pedagógica relacionadas con el proyecto educativo
institucional; y actividades de planeación y evaluación institucional».

En ese sentido, esta Subsección, en sentencia del 19 de enero de 202312, en la que se
resolvió un caso similar al presente, en el que se discutía la declaración de abandono
injustificado del cargo de un docente que fue trasladado de institución educativa en el
año 2014 en el departamento del Putumayo, y en el que el demandante alegó como
excusa para no presentarse a cumplir sus labores en el nuevo establecimiento el hecho
de que no se le había asignado y notificado carga académica conforme con las
Resoluciones 0991 y 1248 de 2010, emitidas por la Administración Temporal para el
sector educativo de ese ente territorial respecto de la organización de las plantas de
personal docente, consideró que la falta de esta asignación no disculpa la inasistencia,

11 «Por el cual se reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y

docentes de los establecimientos educativos estatales de educación formal, administrados por los departamentos,
distritos y municipios certificados, y se dictan otras disposiciones».
12 Rad. 52001-23-33-000-2015-00329-01 (6126-2018).

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«pues el ejercicio de la docencia requiere como función social no solo la transmisión de
conocimiento o la instrucción al estudiante en determinadas áreas, sino que encierra la
formación moral, ética, intelectual y física de la persona, de ahí la importancia social de
su trabajo y las diversas responsabilidades de su profesión».

Igualmente, la Subsección B de la Sección Segunda, en sentencia del 3 de marzo de
202213, determinó que la notificación del acto administrativo de asignación académica
no es requisito para asumir el cargo docente, y se trata de un aspecto ajeno al deber
del educador de presentarse a desempeñar sus labores.

En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
parámetros.

Resolución del caso concreto

Según consta en el expediente, el 21 de mayo de 2014, la señora Reina Salazar fue
notificada personalmente del contenido de la Resolución 1504 del 22 de abril de ese
año, emitida por el secretario de Educación del Putumayo14, que confirmó en todas sus
partes la Resolución 3456 del 28 de agosto de 2013, por medio de la cual se dispuso
su traslado como docente del Centro Educativo Rural Juan XXIII de Sibundoy, a la
Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán de Orito, por necesidad del servicio, y terminó
el procedimiento administrativo adelantado para tales efectos.

Del mismo modo, que la rectora de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, a
través de oficio del 16 de septiembre de 201415, informó al director administrativo y
financiero de la Secretaría de Educación del Putumayo que a la demandante se le había
concedido una licencia no remunerada entre el 14 de julio y el 13 de septiembre de ese
año, y que después de pasados tres días de que esta terminara, no se presentó a
laborar y no manifestó ninguna excusa frente a ello, dejando a sus alumnos sin clase
en ese lapso.

En virtud de lo anterior, mediante la Resolución 3372 del 22 de septiembre de 2014, el
secretario de Educación del Putumayo inició la actuación administrativa para declarar
la vacancia del cargo docente de la señora Hermeregilda Reina Salazar por su
abandono injustificado16, y en el marco de dicho procedimiento, la demandante se
defendió a través de su versión libre, en la que justificó su inasistencia a trabajar en que
el acto que le concedió una licencia no remunerada que pidió desde el 16 de junio de
2014, solo le fue notificado el 22 de septiembre de ese año. También en que era

13 Rad. 52001-23-33-000-2016-00337-01 (3344-2018).
14 Ver folio 63 del c. ppal.
15 Folio 209 del c. ppal.

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necesario un proceso disciplinario previo para poder declarar la vacancia y que el
desacato al traslado no constituye abandono del cargo. No mencionó nada respecto de
la falta de asignación académica en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán.

La actuación administrativa concluyó con la expedición de las Resoluciones 4113 del
20 de noviembre de 201417 y 0077 del 14 de enero de 201518, en las que se declaró de
forma definitiva la aludida vacancia, por haberse configurado la casual del numeral 2
del artículo 126 del Decreto 1950 de 1973, a saber, cuando el servidor público deje de
concurrir al trabajo por tres días consecutivos.

Así las cosas, en el marco de los argumentos del recurso de apelación presentado por
la parte demandante, para la Sala, la sentencia impugnada se debe confirmar, toda vez
que, como se indicó previamente, la falta de notificación del acto de asignación
académica no sirve de justificación válida para la inasistencia de la docente
Hermeregilda Reina Salazar a laborar en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán
del municipio de Orito, donde fue trasladada en el año 2014.

A este respecto, es menester señalar que, de acuerdo con los lineamientos
jurisprudenciales de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado sobre los actos administrativos complejos19, que los identifica como «aquellos
que se forman por la concurrencia de una serie de actos que no tienen existencia
jurídica separada e independiente y que provienen de diversas voluntades y
autoridades, generándose así una unidad de contenido», no es acertado lo sostenido
por la parte actora acerca de la conformación de un acto de este tipo entre el que
dispone el traslado de un docente y el que le asigna carga académica en la institución
a la que es transferido, dado que ambos tienen existencia jurídica autónoma.

Esto se puede corroborar con el hecho de que la asignación de carga académica tiene
efectos frente a cada docente, sin importar si ha sido trasladado o no, y además, como
se vio, es factible que un educador permanezca en servicio activo sin esta asignación,
en la medida en que en su jornada laboral también tiene responsabilidades
relacionadas con tareas curriculares complementarias.

A partir de lo anterior, entendiendo que la finalidad de la vacancia del cargo por su
abandono injustificado consiste en garantizar la continuidad en la prestación del servicio
público educativo, y que quedó demostrado que la señora Hermeregilda Reina Salazar
no se presentó a laborar en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán después de
que fue trasladada, y además que para ello no existió justificación válida, no hay lugar

19 Sentencia del 14 de febrero de 2012, rad. 11001-03-26-000-2010-0036-01(IJ).

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a declarar la nulidad de las resoluciones acusadas en este medio de control y, por lo
tanto, se confirmará la sentencia apelada.

Por lo demás, la Sala advierte que no es cierto que el Tribunal Administrativo de Nariño
invocó como precedente la sentencia que profirió el 6 de febrero de 2016 en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se adelantó por demanda de
la señora Reina Salazar, para que se declarara la nulidad de los actos que ordenaron
su traslado, pues, la referencia a esa providencia estuvo relacionada únicamente con
el hecho de que las resoluciones enjuiciadas mantuvieron su presunción de legalidad
después de esa decisión, y que la juridicidad del traslado no es objeto del presente
litigio.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el
juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, en
el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que
la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias proferidas a la
luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada por las partes en el
proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme
a lo señalado en el inciso 2° del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, ambas
partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación: 52001-23-33-000-2015-00382-01 (0582-2018)

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el diez (10) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el proceso promovido por
la señora Hermeregilda Reina Salazar contra el departamento del Putumayo, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas de la segunda instancia.

Tercero. Reconocer personería adjetiva a la abogada Danitza Andrea Erazo Alegre,
como representante del departamento del Putumayo, conforme al poder que obra a folio
574 del cuaderno principal.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Los consejeros,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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