Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00337-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00337-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2016-00337-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
3 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 52001-23-33-000-2016-00337-01 (3344-2018)
Demandante : Luz del Carmen González Patiño
Demandada : Departamento del Putumayo - secretaría de educación
Tema : Vacancia por abandono de cargo, personal docente
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante
contra la sentencia de 21 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, mediante la cual negó las súplicas de la demanda
dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 2 a 26). La señora Luz del Carmen González
Patiño, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el departamento del
Putumayo – secretaría de educación, para que se acojan las pretensiones que en
el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de la (i) «[…] Resolución No. 3501 de
Agosto 27 de 2015 expedida por el Señor Secretario de Educación
Departamental del Putumayo, “…POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA PARA DECLARAR LA VACANCIA DE UN
CARGO POR ABANDONO INJUSTIFICADO POR PARTE DE UN
DOCENTE…”» (sic); (ii) «[…] Resolución No. 4428 de Octubre 07 de 2015
expedida por el Señor Secretario de Educación Departamental del Putumayo,
“…POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA VACANCIA DE UN CARGO
POR ABANDONO INJUSTIFICADO POR PARTE DE UN DOCENTE…”»
(sic); y (iii) «[…] Resolución No. 5061 de Noviembre 25 de 2015 expedida por
el Señor Secretario de Educación Departamental del Putumayo, “…POR
MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN
INTERPUESTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No 4428 DEL 7 DE
OCTUBRE DE 2015 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA VACANCIA
Expediente 52001-23-33-000-2016-00337-01 (3344-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz del Carmen González Patiño contra el departamento del Putumayo
DE UN CARGO POR ABANDONO INJUSTIFICADO POR PARTE DE UN
DOCENTE…”» (sic).
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la parte accionada reconocer y pagarle (i) «[…] todos los salarios,
prestaciones sociales, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas,
bonificación por servicios prestados, seguridad social integral (salud, pensión
y riesgos profesionales), y demás derechos laborales y/o prestacionales dejados
de percibir desde la declaratoria de vacancia de su cargo hasta la fecha de su
reintegro»; y (ii) «[…] la suma de CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES por concepto perjuicios derivados del DAÑO
PSICOLÓGICO Y MORAL causado como consecuencia del menoscabo de su
integridad moral y afectiva» (sic).
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la actora que «[…] [c]on total detrimento
del procedimiento y criterios que regulan la liberación y traslado de docentes
entre municipios no certificados en el Departamento del Putumayo, la
Administración Temporal emitió la Resolución No. 2096 de Junio 21 de 2012,
mediante la cual resolvió “…Trasladar[la], atendiendo a estrictas necesidades
del servicio, [como docente de] Educación básica con énfasis en Lengua
Castellana, Inglés y/o Francés Alemán, de la Institución Educativa Fray
Bartolomé de Igualada, del Municipio de Sibundoy, en el mismo cargo, al (a)
Centro Educativo Rural Agua Clara, del Municipio de San Miguel,
Departamento del Putumayo…”».
Que frente a esta decisión y al verse afectada su vida personal y familiar con la
orden de traslado, por convivir y ser la persona responsable del cuidado y
manutención de sus padres, personas de avanzada edad, con múltiples dolencias
y delicado estado de salud, con «[…] escrito calendado el día 19 de Junio de
2012, y Radicado SAC 2012PQR10642 de la misma fecha, […] interpuso
Recurso de Reposición y en subsidio Apelación en contra de la Resolución No.
2096 de Junio 21 de 2012 [y] mediante Resolución No. 2916 de Agosto 22, la
Administración Temporal para el Sector Educativo en el Departamento del
Putumayo, resolvió “…NO REVOCAR la Resolución 2096 fechada 21 de junio
de 2012 […]» (sic).
Dice que «[…] el año lectivo 2012, ya se encontraba sobre la marcha, […] NO
le fue asignada carga académica en el Centro Educativo Rural Agua Clara del
Municipio de San Miguel, pues nunca fue sujeto de notificación y/o
comunicación de acto administrativo de asignación académica conforme lo
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Luz del Carmen González Patiño contra el departamento del Putumayo
establece el Artículo 2º de la Resolución 0991 de Abril 22 de 2010 y los
Artículos 66 a 68 de la Ley 1437 de 2011, motivo por el cual su traslado no
tuvo efecto durante el tiempo restante de la vigencia 2012» (sic).
Que «[…] el día 25 de Septiembre de 2012, la Administración Temporal para
el Sector Educativo en el Departamento del Putumayo, expidió la Resolución
No. 3361 de Septiembre 25 de 2012, mediante la cual se nombraba en
provisionalidad “temporal” a la Señora YAIRA PATRICIA RAMOS
CÓRDOBA, en el cargo correspondiente [ello] en detrimento del procedimiento
establecido en la Resolución No. 0991 de Abril 22 de 2010, según el cual el
Señor Director de la Institución Educativa Rural Agua Clara del Municipio de
San Miguel, debía expedir Acto Administrativo donde conste el estudio técnico
de asignación académica de conformidad con [su] perfil y experiencia […]
permitiendo así determinar la necesidad del servicio» (sic).
Afirma que «[…] llegado el año lectivo 2013, el Señor Director de la Institución
Educativa Rural Agua Clara, omitió igualmente entregar asignación
académica, confirmando la revocatoria tácita del traslado, y dejando[la] a
[ella] en condición de ser sujeta a un nuevo traslado por ser “…1. Docentes a
quienes no se las ha asignado carga académica de acuerdo al perfil…” […]».
Que «[…] el día 10 de Agosto de 2012, es decir aun cuando el Acto
Administrativo de Traslado (Resolución No. No. 2096 de Junio 21 2012) NO se
encontraba en firme, el Señor Coordinador de Talento Humano de la
Administración Temporal, previa comunicación remitida a su petición por el
Señor Director de la Institución Educativa Agua Clara del Municipio de San
Miguel, compulsó copias ante la oficina de Control Interno Disciplinario, para
que se [le investigara] por “…presunto abandono de cargo…”»; pero que por
«[…] Auto calendado el día 14 de Febrero de 2014, la Oficina de Control
Disciplinario Interno del Departamento del Putumayo, se vio compelida a
“…Ordenar el archivo de la investigación disciplinaria…”, habida cuenta [de
que] analizado el material probatorio arrimado al expediente, se concluye que
no es posible que la docente haya abandonado de manera injustificada el cargo,
en su condición de docente de la IER AGUA CLARA del Municipio de San
Miguel Putumayo…”» (sic).
Aduce que «[…] NO ha sido asignada a ninguna Institución Educativa, […]
inexplicablemente el día 03 de Septiembre de 2015, fue convocada a notificarse
personalmente de la Resolución No. 3501 de Agosto 27 de 2015, mediante la
cual se resolvió: Iniciar la actuación administrativa con el objeto de declarar
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Luz del Carmen González Patiño contra el departamento del Putumayo
la vacancia de un cargo por el presunto abandono injustificado [y] el día 10 de
Septiembre de 2015, en ejercicio de su Derecho Fundamental de Defensa, […]
rindió versión libre de manera escrita, manifestando a la Administración
Departamental, entre otros argumentos, que: la Resolución No. 3501 de Agosto
27 de 2015, resulta abiertamente ilegal, y por lo tanto deberá revocarse en
forma inmediata pues resulta una clara muestra del afán persecutor de la
Administración Departamental en declarar la vacancia de [su] cargo sin
ninguna justificación válida» (sic).
Que «[…] mediante oficio calendado el día 09 de Octubre de 2015, se [le]
convocó […] para notificarse personalmente de la Resolución No. 4428 de
Octubre 07 de 2015, mediante la cual “…SE DECLARA LA VACANCIA DE
UN CARGO POR ABANDONO INJUSTIFICADO POR PARTE DE UN
DOCENTE…”. […]». Decisión frente a la cual formuló recurso de reposición,
cuyos argumentos fueron descalificados «[…] en forma perniciosa […]
mediante Resolución No. 5061 de Noviembre 25 de 2015. […]» (sic).
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos demandados los artículos 2, 4, 29 y 90 de
la Constitución Política; 10, 40, 66, 67 138, 152, 156 y 159 del CPACA; la Ley
715 de 2001, el Decreto 3020 de 2002 y la Resolución 1248 de 28 de mayo de
2010, expedida por la administración temporal para el sector educativo en el
departamento del Putumayo.
Arguye, luego de hacer un nutrido recuento fáctico, normativo y
jurisprudencial, que los actos acusados fueron expedidos con desviación de
poder, si se observa que «[…] si bien es cierto, la Señora Directora de la
Institución Educativa Rural Agua Clara del Municipio de San Miguel, omitió
notificar […] su asignación académica, a pesar de haberla proyectado
conforme a su perfil, y por ello […] no estaba obligada a comparecer a la
Institución, también es cierto que de vieja data se conoce que el desacato al
acto administrativo de traslado NO constituye Abandono de Cargo […]» (sic),
sino la no aceptación del nuevo empleo.
1.5 Contestación de la demanda (ff. 300 a 306). El departamento del
Putumayo, a través de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones;
y respecto de los hechos afirma que algunos son ciertos y otros no.
Enfatiza que se actuó por la Administración conforme a derecho y «[…] se
encuentra plenamente demostrado que la docente LUZ DEL CARMEN
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Luz del Carmen González Patiño contra el departamento del Putumayo
GONZÁLES [sic] PATIÑO pese a existir un acto administrativo de traslado en
firme omitió dar cumplimiento sin que se haya preocupado por subsanar su
inasistencia, afectando con ello el normal desarrollo del proceso de
aprendizaje de los grados que tenía a su cargo».
1.6 La providencia apelada (ff. 392 a 400). El Tribunal Administrativo de
Nariño, en sentencia de 21 de marzo de 2018, negó las súplicas de la demanda
(con condena en costas), a partir de los siguientes razonamientos:
Que «[…] la accionante según lo obrante en el plenario probatorio, no hizo
presencia en ningún momento al Centro Educativo al cual se le trasladó,
además que tampoco hizo uso de medios tales como la solicitud de permisos o
licencia, para justificar su inasistencia al plantel educativo, y si bien presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la resolución de traslado, el Juzgado quien tiene a su
cargo el asunto, aún no ha decidido si en efecto tales actos administrativos son
nulos, razón última que motiva aún más su comparecencia a cumplir con sus
funciones que como docente al servicio público le corresponde. No se
desconoce lo expuesto por la demandante, es decir que su negativa al traslado
y por ende su inasistencia, se debieron a razones personales y familiares, sin
embargo, no son argumentos suficientes para no acatar lo ya ordenado por la
administración departamental, además que prestar el servicio educativo, es una
función de suma importancia que merece un cabal cumplimiento».
Que, respecto de los actos que le asignan la carga académica, «[…] la ausencia
de notificación obedeció a que […], no se presentó a la Institución Educativa a
pesar de que tenía conocimiento de su traslado y de la decisión que confirmó
tal situación. Por tanto, es evidente, que frente a tal negación, el Departamento
debía tomar medidas al respecto, para ello nombrando provisionalmente a una
docente que si bien, tal como afirma la parte demandada no goza de la misma
denominación del cargo de la docente demandante en tanto se reconoce que la
accionante es nombrada en propiedad, sí realizó las funciones que […] le
correspondía, pues no se podía dejar de prestar el servicio por la ausencia de
la docente».
Considera que «[…] es indiscutible que el actuar de la demandante deviene de
una actitud caprichosa que desde luego se aparta de los deberes que como
docente estaba llamada a cumplir, pues la norma que ya quedó referenciada en
párrafos que anteceden es clara en disponer que la vacancia del cargo por
abandono es una de las formas establecidas en la ley para la cesación de
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Expediente 52001-23-33-000-2016-00337-01 (3344-2018)
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funciones o retiro del servicio público que se presenta, entre otros casos,
cuando un empleado sin justa causa: “deja de concurrir al trabajo por tres (3)
días consecutivos”, que fue lo que ocurrió en el presente asunto. De igual
manera, en aras de reforzar el argumento expuesto, observa la Sala que la falta
de notificación del acto relativo a la asignación académica, corresponde a una
situación ajena a la que conforma el abandono del cargo, razón por la cual, lo
esgrimido por la demandante no tiene vocación de prosperidad».
1.7 El recurso de apelación (ff. 402 a 420). Inconforme con la anterior
sentencia, la demandante interpuso recurso de apelación, en el que reitera los
argumentos expuestos en el escrito de demanda y arguye que se desconoció con
la decisión: (i) el precedente sobre la existencia en este caso de un acto
administrativo complejo y (ii) el principio de legalidad, que condujo a una
errada valoración probatoria respecto de la justificación de la docente para
ausentarse del cargo.
Agrega que «[…] en desconocimiento incluso de sus decisiones precedentes, el
Tribunal Administrativo de Nariño, en su Sala de Decisión de Oralidad, ha
establecido en el sub judice, que el acto administrativo por medio del cual se
traslada a un docente por necesidad del servicio entre los municipios no
certificados del Departamento del Putumayo, es independiente y autónomo del
acto administrativo […] mediante el cual el (la) Rector (a) de la Institución
Educativa a la cual […] ha sido trasladado, ejecuta dicho traslado entregando
la asignación académica, llegando incluso a afirmar que este último acto, no
requiere ser notificado o comunicado, dejando de lado los elementos de
publicidad y eficacia de dicha actuación, a la discrecionalidad y/o malas
prácticas de los Rectores, echando de menos el principio de legalidad […]»
(sic).
Indica que «[…] la valoración de los elementos sustanciales para determinar
si la actuación del traslado de la [actora] era eficaz y en consecuencia
obligatoria para su destinataria, debía realizarse a través [del] ordenamiento
jurídico, propio del Departamento del Putumayo, en vigencia de la medida de
Asunción Temporal de la Competencia, y no del ordenamiento jurídico general
como lo hizo el A quo, quien contrariando sus propios precedentes realizó una
interpretación sistemática, sin tener en cuenta las particularidades que rigieron
en este territorio, cuando se expidieron los actos administrativos demandados».
Insiste en que «[…] no puede llegarse a la conclusión de que la simple
ejecutoria del acto administrativo de traslado por necesidad del servicio,
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Expediente 52001-23-33-000-2016-00337-01 (3344-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz del Carmen González Patiño contra el departamento del Putumayo
conmina al docente trasladado valga la redundancia a trasladar su domicilio
al lugar de la nueva ubicación, o habiéndose trasladado, quede sujeto a la
discrecionalidad del Rector de la Institución Educativa, en la asignación de
funciones distintas a la enseñanza, pues como se advirtió con anterioridad, y
como el mismo Tribunal lo ha reconocido en sus propios precedentes, la
organización de la planta docente de la Instituciones y Centro Educativos, se
encuentra sujeta tanto en lo formal como en lo sustancial a unos criterios de
preestablecidos, de suerte que un traslado, sin la posterior asignación
académica, deviene en un acto vacío, que de manera ostensible desdice de la
necesidad del servicio que justificó para realizar el acto de traslado […]» (sic).
Que «[…] el acto administrativo de traslado de un docente entre los municipios
no certificados del Departamento del Putumayo, en vigencia de la medida de
Asunción Temporal de la Competencia, es un acto complejo, compuesto de
distintas decisiones previas y posteriores que determinan la finalidad para
asegurar la cobertura de “…las necesidades de atención del servicio
educativo…” […]». También que «[…] al haber quedado en firme el día 01 de
octubre de 2012, la Resolución No. 2096 de Junio 21 de 2012, mediante la cual
se resolvió trasladar por necesidad […] al Centro Educativo Rural Agua Clara
del Municipio de San Miguel del Departamento del Putumayo, esta decisión
debió comunicarse al Rector (s) de la Institución Educativa a la que se
encuentra adscrito el citado Centro Educativo, con el fin de que modifique su
acto de asignación académica y en consecuencia ejecute el traslado, so pena
de dejar en estado de liberación a la citada docente. No obstante, lo anterior
tal como se probó durante el proceso, los actos administrativos de asignación
académica expedidos años tras año JAMÁS fueron notificados conforme lo
dispone el ordenamiento jurídico vigente […], y en consecuencia no podían ser
oponibles a […], quien nunca recibió citación alguna para notificarse […]».
Sobre el anterior aspecto, señala que «[…] las decisiones de la administración
de justicia, no pueden ser ambivalentes, sin que medie proceso de
argumentación que permita entender por qué se evalúan las pruebas de distinta
manera en ambos casos, pues resulta evidente que si el tribunal, ya se había
pronunciado sobre la legalidad de los traslados de docentes de la Institución
Educativa Fray Bartolomé de Igualada del Municipio de Sibundoy efectuado
en el año 2012, debía adoptarse una decisión concurrente con los precedentes
de la corporación, pues ha sido reiterada la posición según la cual el
procedimiento de liberación y traslado de docente de los municipios no
certificados del Departamento del Putumayo, en vigencia de la Administración
Temporal del Servicio Educativo no puede evaluarse a la luz de las normas
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Expediente 52001-23-33-000-2016-00337-01 (3344-2018)
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Luz del Carmen González Patiño contra el departamento del Putumayo
generales, pues se estableció un régimen especial para dicho territorio».
El argumento de violación del principio de legalidad lo sustentó en que «[…]
para darle un nuevo alcance al deber de notificación de los actos
administrativos de carácter particular y concreto como lo es el acto de
asignación académica y liberación de docentes excedentes, [el a quo indicó
que] la falta de notificación del acto relativo a la asignación académica,
corresponde a una situación ajena a la que conforma el abandono del cargo,
razón por la cual, lo esgrimido por la demandante no tiene vocación de
prosperidad…”[…]», cuando en criterio de la recurrente debió ser notificado
de conformidad con lo establecido en los artículos 66 a 69 del CPACA para que
la decisión de la Administración produjese efectos legales.
En relación con la justificación para ausentarse del cargo, que «[…] las pruebas
documentales y testimoniales obrantes en el plenario, dieron cuenta de la difícil
situación familiar que sobrelleva […], que de haberle sido entregad[a] su
asignación académica, impedía su traslado al municipio de San Miguel
(Putumayo), pues debía atender a sus progenitores de avanzada edad, quienes
dependían exclusivamente de la demandante, circunstancias familiares que
fueron demeritadas por el A quo desconociendo injustificadamente los
precedentes que sobre el tema ha emitido el Honorable Consejo de Estado,
quien ha recordado reiteradamente a la Administración su Obligación de
INVESTIGAR los motivos por [los cuales] el funcionario no se ha hecho
presente en su lugar de trabajo […]» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL.
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 8 de mayo de 2018
(ff. 641 a 642) y admitido por esta Corporación a través de auto de 6 de
noviembre de 2019 (f. 647), en el que se dispuso la notificación personal al
agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los
artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 15 de septiembre de 2021 (f. 654), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada solo por la
parte demandada1, en el que reiteró los argumentos presentados con la
contestación de la demanda y que «[…] La accionante a pesar de que tenía
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Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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Expediente 52001-23-33-000-2016-00337-01 (3344-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz del Carmen González Patiño contra el departamento del Putumayo
conocimiento del traslado y de su nuevo lugar de trabajo, resaltando que en el
acto administrativo (resolución No. 2096 de junio del 2012) se encontraba
estipulado en nombre de la institución educativa del traslado respectivo, de esta
manera el actuar [ella] es caprichosa apartándose de sus deberes que como
docente estaba llamada a cumplir».
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si se encuentran ajustados a derecho
los actos administrativos que declararon la vacancia del cargo de docente que
ocupaba la demandante, o si, por el contrario, como lo alega, están incursos en
las causales de anulación de infracción de las normas en que deberían fundarse,
falsa motivación y expedición irregular.
3.4 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
Sea lo primero definir que el abandono del cargo es una causal autónoma de
retiro del servicio, que se consolida cuando el funcionario se ausenta o deja de
ejercer las funciones asignadas a su cargo sin razón justificada2.
El Decreto ley 2400 de 1968,3 en el artículo 25, dispone que la cesación
definitiva de funciones se produce, entre otras circunstancias, por abandono del
cargo. El artículo 105 del Decreto 1950 de 19734 también prevé que el retiro del
servicio se da por «abandono del cargo»; y el artículo 126 ibidem señaló que
este tiene lugar cuando un empleado, sin justa causa, no reasume sus funciones
al vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones, comisión o dentro de los
treinta días siguientes al vencimiento de la prestación del servicio militar;
cuando no concurra al trabajo por 3 días consecutivos; no asista al puesto antes
de serle concedida autorización para separarse del servicio o, en caso de
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Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 21 de junio de 2018, radicado 18001-23-31-000-
2006-00498-01 (2771-16).
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«Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras
disposiciones».
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«Por el cual se reglamentan los Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración
del personal civil».
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Expediente 52001-23-33-000-2016-00337-01 (3344-2018)
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Luz del Carmen González Patiño contra el departamento del Putumayo
renuncia, antes de vencerse el plazo de que trata el artículo 113 del mismo
Decreto; y/o se abstenga de prestar el servicio antes de que asuma el empleo
quien ha de reemplazarlo. En estas hipótesis legales, no se requiere adelantar
procedimiento disciplinario para efectuar la respectiva declaratoria.
Los artículos 127 y 128 del Decreto 1950 de 1973 previeron que, corroborada
la ocurrencia de alguna de las citadas hipótesis, la Administración podría
declarar la vacancia del empleo, previo el «procedimiento legal»; además, en
caso de que el servicio se vea afectado, el empleado será acreedor de las
correspondiente sanciones disciplinarias, penales y civiles.
En consecuencia, el no concurrir a laborar, sin justificación, durante las
hipótesis indicadas, faculta a la Administración para que declare la vacancia del
cargo y el consecuente abandono de este por parte de su titular, previo al
agotamiento de un procedimiento sumario en el que se demuestre que este no
tiene excusa válida.
Por su lado, en lo que se refiere al estatuto laboral docente, el Decreto 2277 de
1979, regula dicha situación como se trascribe a continuación:
Artículo 46. Causales de mala conducta. Los siguientes hechos
debidamente comprobados constituyen causales de mala conducta;
[…]
j. El abandono de cargo.
Artículo 47. Abandono del cargo. El abandono del cargo se produce
cuando el docente sin justa causa no reasume sus funciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de una licencia, una
comisión o de las vacaciones reglamentarias; cuando deja de
concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos; cuando en caso
de renuncia, hace dejación del cargo antes de que se le autorice para
separarse del mismo o antes de transcurridos quince (15) días
después de presentada y cuando no asume el cargo dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que se le comunique
un traslado. En estos casos la autoridad nominadora sin concepto
previo de la respectiva Junta de Escalafón, presumirá el abandono
de cargo y podrá decretar la suspensión provisional del docente,
mientras la Junta decide sobre la sanción definitiva de acuerdo con
los plazos establecidos en el artículo 53 del presente Decreto.
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Expediente 52001-23-33-000-2016-00337-01 (3344-2018)
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Luz del Carmen González Patiño contra el departamento del Putumayo
Artículo 49.- Sanciones por mala conducta. Los docentes que
incurran en las causales de mala conducta establecidas en este
Decreto se harán acreedores a las siguientes sanciones:
1. Aplazamiento del ascenso en el escalafón por un término de seis
(6) a doce (12) meses;
2. Suspensión en el escalafón hasta por seis (6) meses que ocasiona
la pérdida de los derechos y garantías de la carrera docente por el
término de la suspensión, y la pérdida del tiempo de suspensión para
los efectos de ascenso en el escalafón.
3. Exclusión del escalafón que determina la destitución del cargo.
Parágrafo. Las sanciones establecidas en el presente artículo serán
impuestas por la respectiva Junta Seccional de Escalafón, la cual
dará aviso inmediato a la autoridad nominadora para que dicte la
providencia correspondiente.
Por otra parte, el abandono del cargo comporta una causal autónoma de retiro
del servicio, respecto de la cual se requiere adelantar un procedimiento para su
declaración, conforme lo precisó la sala plena de la sección segunda, con el fin
de unificar la jurisprudencia5; allí se aclaró que el abandono injustificado del
servicio conlleva efectos autónomos distintos cuando se trata de regular la
función pública o de disciplinar a los funcionarios. Precisó que no puede
aplicarse la causal de abandono del cargo solamente precedida de un trámite
disciplinario, pues frente a la Administración pública es menester que el
nominador cuente con esa herramienta más ágil para designar un funcionario en
reemplazo del que abandonó sus tareas, para así lograr la continuidad de la
prestación del servicio público; así discurrió:
[…] si bien se trata de una misma circunstancia: el abandono
injustificado del servicio, comporta efectos autónomos distintos
cuando se trata de regular la función pública que cuando se trata de
disciplinar a los funcionarios. En esa medida mal puede la causal de
abandono del cargo sólo aplicarse previo un proceso disciplinario,
pues frente a la administración pública es menester que el
nominador cuente con esa herramienta para designar un funcionario
en reemplazo del que abandonó sus tareas, para así lograr la
continuidad de la prestación del servicio público, fin que no es otro
al que apunta esta figura en la función pública.
5
Consejo de Estado, sección segunda, sentencia de 22 de septiembre de 2005, radicado: 11001-03-25-000-
2003-00244-01(2103-03).
11
Expediente 52001-23-33-000-2016-00337-01 (3344-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz del Carmen González Patiño contra el departamento del Putumayo
Esta causal de retiro para los empleados públicos de carrera es
consagrada en igual sentido, es decir, en forma autónoma, en las leyes
que han gobernado el sistema de carrera (ley 27 de 1992 – art. 7; Ley
443 – art. 37 y Ley 909 de 2004-art.41.
El abandono del cargo, debidamente comprobado, es una de las
formas de la cesación de funciones o retiro del servicio, que puede ser
objeto de sanción, si se dan los supuestos para que se produzca la falta
gravísima a que aluden las normas disciplinarias, tanto la ley 200 de
1995, como la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, precepto este último
que igualmente la consagra como falta gravísima.
Y se dice que el abandono del cargo puede ser sancionable en materia
administrativa, sólo si la conducta es típica, antijurídica y culpable.
Por eso tanto el artículo 25-8 de la Ley 200 de 1995 como el artículo
48-numeral 55 de la nueva ley 734 exigen que el abandono sea
injustificado, es decir que no medie causa alguna que exonere al
funcionario de abandonar los deberes de su cargo.
[…]
Esta declaratoria de vacancia de un cargo no exige el
adelantamiento de proceso disciplinario; basta que se compruebe tal
circunstancia para proceder en la forma ordenada por la ley. Es
decir, que ésta opera por ministerio de la ley y el pronunciamiento
de la administración al respecto es meramente declarativo.
Ahora bien, la Corte Constitucional, al analizar la constitucionalidad del
artículo 37, letra g), de la Ley 443 de 1998, en la sentencia C-088 de 2002,
indicó que dicha conducta como causal de retiro es disímil e irreductible frente
a la falta disciplinaria y, por ende, no vulnera el principio del non bis in idem:
[…] la carrera administrativa y el derecho disciplinario tienen
empero diferencias profundas, pues el régimen de carrera está
fundado en el mérito y se centra en asegurar ante todo la eficacia y
continuidad de la actividad estatal, mientras que los procesos
disciplinarios protegen preferentemente la moralidad de la
administración, y por ello se centran en verificar el cumplimiento
de los deberes propios del cargo por los respectivos funcionarios.
[…]
10- Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta que el régimen de
carrera y el derecho disciplinario tienen finalidades y funciones
distintas, un mismo comportamiento puede implicar consecuencias
negativas para el servidor público en ambos ámbitos, sin que eso
signifique que hubo violación al non bis in ídem, por cuanto los
propósitos de ambas normatividades son diversos, para efectos de
la prohibición del doble enjuiciamiento. En tales circunstancias,
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Expediente 52001-23-33-000-2016-00337-01 (3344-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz del Carmen González Patiño contra el departamento del Putumayo
nada hay de inconstitucional en que la norma acusada prevea que el
abandono del cargo es una causal de retiro del servicio del
empleado, aunque el CDU hubiera ya establecido que esa misma
conducta constituía una falta disciplinaria, por cuanto la finalidad
de los dos regímenes es distinta […].
De igual modo, el abandono del cargo fue tipificado como falta gravísima en el
artículo 48, numeral 55, de la Ley 734 de 2002, y la definió como la dejación
voluntaria definitiva y no transitoria de los deberes y responsabilidades que
exige el empleo del cual es titular el servidor estatal, en forma injustificada, esto
es, sin que exista una razón que compruebe la inasistencia6.
Al estudiar la figura del abandono del cargo, establecida como causal de retiro
del servicio del servicio, en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, la Corte, en
fallo C-1189 de 2005, sostuvo:
[…]
No cabe duda de que en el ordenamiento jurídico colombiano ha
sido constante y reiterada la consagración del abandono del cargo
como causal autónoma de retiro del servicio para los empleados de
la administración pública. Lo anterior, en atención a la necesidad de
hacer más flexible y expedita la separación del cargo de aquellos
empleados cuya conducta configure abandono del mismo, en
detrimento del normal desempeño de las actividades que debe
desarrollar la entidad. Allí precisamente encuentra justificación esta
medida, pues no se puede perder de vista que la función
administrativa debe tender al logro de los fines esenciales del
Estado, regidos, entre otros, por los principios de eficiencia, eficacia
y celeridad.
42.- No obstante, es de vital importancia recordar que la decisión de
retiro del servicio de un empleado público tiene lugar mediante un
acto administrativo de carácter particular y concreto para cuya
expedición debe cumplirse el procedimiento establecido en el
Código Contencioso Administrativo, esto es, que la actuación que
de oficio inicie la administración, con el fin de retirar del servicio a
un empleado ―sea éste de carrera o de libre nombramiento y
remoción―, le debe ser comunicada, para efectos de que éste pueda
6
Corte Constitucional, sentencia C-768 de 10 de diciembre de 1998, expediente D-2086, magistrado ponente
Antonio Barrera Carbonell: «dicho abandono se puede presentar, bien porque se renuncia al ejercicio de las
labores o funciones propias del cargo, con la necesaria afectación de la continuidad del servicio administrativo, o
bien porque se deserta materialmente del cargo al ausentarse el servidor del sitio de trabajo y no regresar a él para
cumplir con las labores asignadas, propias del cargo o del servicio. Corolario de lo anterior es que el abandono
debe ser injustificado, es decir, sin que exista una razón o motivo suficiente para que el servidor se exima de la
responsabilidad de cumplir con las funciones propias del cargo o del servicio. Ello es así, porque de ser justificado
el abandono del cargo o del servicio desaparece la antijuridicidad del hecho y, por consiguiente, la falta
disciplinaria».
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ejercer su derecho de defensa, al ser oído por la autoridad
administrativa competente, así como para contar con la oportunidad
de aportar y controvertir las pruebas que le sean adversas.
En conclusión, (i) la vacancia del cargo por abandono comporta una forma
autónoma e independiente de retiro del servicio del empleado oficial; (ii) como
se trata de una situación administrativa distinta, tiene sus propios
procedimientos o mecanismos para definir la cesación de funciones; (iii) no
tiene carácter sancionatorio, sino administrativo, por ello no se exige el
adelantamiento de un trámite disciplinario, pues debe adelantarse un
procedimiento breve con el fin de comprobar el ausentismo laboral y así
proceder a declarar el retiro por esa causal; y (iv) al no tener la naturaleza de
falta disciplinaria, la decisión respecto del implicado solo conlleva la
declaración de terminación de la relación laboral por ministerio de la ley, en la
medida en que no asistió a laborar en los plazos y formas ya indicadas7.
3.5 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario, y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Resolución 2096 de 21 de junio de 2012, expedida por el administrador
temporal para el sector educativo en el departamento del Putumayo, con la que
se traslada a la demandante «de la Institución Educativa Fray Bartolomé de
Igualada, del municipio de Sibundoy, en el mismo cargo, al (a) Centro
Educativo Rural Agua Clara, del municipio de San Miguel, Departamento del
Putumayo» (ff. 46 a 48).
b) Copia del recurso de reposición interpuesto por la actora, el 24 de septiembre
de 2013, contra la anterior decisión (ff. 49 a 57).
c) Resolución 2916 de 22 de agosto de 2012, mediante la cual se resuelve
negativamente el recurso de reposición interpuesto por la demandante (ff. 58 a
67). Asimismo, obra constancia de notificación personal de 1º de octubre de
2012 y certificación de 19 de octubre de 2012, expedida por el rector, según la
cual la demandante laboró en la institución educativa Fray Bartolomé de
Igualada, como docente, grado 14, de tiempo completo hasta el 1º de los mismos
mes y año (ff. 67 y 68).
7 Cfr. Consejo de Estado, subsección A, fallo del 1.º de julio de 2021, radicación 13001-23-33-000-2014-00250-
01(4642-19), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
14
Expediente 52001-23-33-000-2016-00337-01 (3344-2018)
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Luz del Carmen González Patiño contra el departamento del Putumayo
d) Copia de memorando de 10 de agosto de 2012, por el cual el coordinador de
talento humano de la secretaría de educación del Putumayo, administración
temporal, le informa al director control interno disciplinario que la accionante
«no se ha hecho presente en el establecimiento educativo en cumplimiento de
la resolución 2096 de 21 de junio de 2012» (f. 72).
e) Resolución 3361 de 25 de septiembre de 2012, por medio de la cual se provee
un nombramiento en provisionalidad, para la vacante ocasionada porque la
demandante «no se ha presentado a laborar al establecimiento educativo al
cual fue traslada, requiriéndose por estricta necesidad del servicio proveer
dicha vacante en el mismo cargo y establecimiento, en aras de garantizar la
prestación del servicio a los niños, niñas y jóvenes del departamento del
Putumayo como derecho fundamental constitucional» (ff. 68 a 71)
f) Auto 26 de 14 de febrero de 2014, por medio del cual se archivó
procedimiento disciplinario seguido contra la demandante por la presunta
comisión del hecho disciplinable de abandono del cargo, porque «no hay prueba
suficiente que [permita] inferir con certeza acerca de la responsabilidad […]
En la comisión de los hechos por los cuales investiga disciplinariamente» (ff.
104 a 106).
g) Copia auténtica de Resolución 3501 de 27 de agosto de 2015, emitida por la
secretaría de educación del Putumayo, «por medio de la cual se inicia una
actuación administrativa tendiente a declarar la vacancia de un cargo por el
presunto abandono injustificado por parte de una docente»; también se ordenó
comunicar a la oficina de nómina para que suspenda el pago del salario que
recibe la actora, decretó pruebas y comisionó para citar a la actora para que
dentro de 5 días «rinda versión verbal o escrita sobre las circunstancias de su
comisión y aporte las pruebas que pretenda hacer valer a su favor» (ff. 117 a
120).
h) Versión libre escrita rendida en respuesta a la resolución anterior (ff. 121 a
126)
i) Por Resolución 4428 de 7 de octubre de 2015, proferida por la secretaría de
educación del Putumayo, se declaró la vacancia del cargo de la accionante, por
abandono injustificado y ordena su retiro.
j) Recurso de reposición impetrado por la actora, mediante apoderado, contra la
decisión antes reseñada (ff. 136 a 149).
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Expediente 52001-23-33-000-2016-00337-01 (3344-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz del Carmen González Patiño contra el departamento del Putumayo
k) Con Resolución 5061 de 25 de noviembre de 2015, dictada por la secretaría
de educación del Putumayo, se confirmó la decisión de retiro por abandono
injustificado del cargo (ff. 153 a 160 vuelto).
l) Resoluciones 1, de 2012 a 2015, en las cuales se asigna la carga académica
en la institución educativa rural Agua Clara del municipio de San Miguel (ff.
166 a 224).
m) Documentos relacionados con el estado de salud de los padres de la
demandante (ff. 227 a 282).
n) Declaraciones de los señores Jesús Alfonso Fajardo Guzmán, Fedra Mábel
Leyton Insuasty y Marieta Amparo Arteaga Rengifo (Cederrón f. 365A).
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que a la demandante (i)
le fue comunicada decisión de traslado, frente a la que impetró el
correspondiente recurso reposición, resuelto de manera desfavorable; en
consecuencia, la orden de traslado quedó en firme; (ii) también se le notificó la
actuación administrativa para que justificara su ausencia en el lugar donde fue
trasladada, oportunidad que aprovechó para rendir su versión; y (iii) se emitió
decisión administrativa que declaró configurada la existencia de causal de retiro
por abandono del cargo, impugnada por la actora y confirmada por la
Administración.
1) La sala plena de esta Corporación, en providencia de 14 de febrero de 20128,
definió el acto complejo como aquel que se forma por la concurrencia de una
serie de actos que no tienen existencia jurídica separada e independiente y que
provienen de diversas voluntades y autoridades, lo que genera una unidad de
contenido y de fin, de tal suerte que las diversas voluntades concurren para
formar un acto único.
En el asunto objeto de estudio, las resoluciones que declararon la vacancia del
cargo por abandono (4428 de 7 de octubre y 5061 de 25 de noviembre de 2015)
no conforman un acto administrativo complejo con las decisiones que
dispusieron el traslado de la demandante (Resoluciones 2096 de 21 de junio de
2012 y 2916 de 22 de agosto del mismo año); estas últimas tienen existencia
jurídica separada e independiente y no requieren de otros actos para producir
efectos jurídicos, en consecuencia, no se cumplen los requisitos para afirmar
8
Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso administrativo, auto de 14 de febrero de 2012, expediente
11001-03-26-000-2010-0036-01(IJ), consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Expediente 52001-23-33-000-2016-00337-01 (3344-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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que en el presente caso nos encontramos frente a un acto administrativo
complejo.
En el mismo sentido, los actos administrativos que ordenaron el traslado de la
actora gozan de presunción de legalidad y tienen la condición de ser ejecutivos
y ejecutorios, esto es, que tienen un carácter obligatorio y vinculante, por ende,
al quedar en firme la decisión que confirmó su traslado (Resolución 2916 de 22
de agosto de 2015), a la demandante no le quedaba otra alternativa que acatar
esa decisión; también pudo haber solicitado de esta jurisdicción que se ordenara
su suspensión provisional o que se anulara, situaciones que no ocurrieron9.
En otras palabras, en este proceso se carece de competencia para juzgar los actos
administrativos que ordenaron el traslado y, por ende, para esta Sala los cargos
que apuntan a la ilegalidad del traslado no son susceptibles de ser revisados en
este proceso.
2) De la misma manera, está demostrado que la demandante dejó de asistir a
laborar en el lugar donde ejercía sus labores desde el 1º de octubre de 2012, en
la ciudad de Sibundoy, como lo certificó el 19 de octubre de 2012 el rector de
la institución educativa Fray Bartolomé de Igualada.
Tampoco ejerció funciones en la ciudad de San Miguel, en la institución
educativa rural Agua Clara, como se comprueba con el memorando de 10 de
agosto de 2012, en el que el coordinador de talento humano de la secretaría de
educación del Putumayo informó que la accionante «no se ha hecho presente
en el establecimiento educativo en cumplimiento de la resolución 2096 de 21
de junio de 2012» (f. 72); y, por supuesto, con la Resolución 3361 de 25 de
septiembre de 2012, que proveyó en provisionalidad la vacante que debía ser
ocupada por la demandante, como se relacionó arriba.
En otros términos, desde el 1º de octubre de 2012 dejó de asistir a laborar y, por
ende, abandonó las funciones que tenía que desarrollar como docente; para ello
presenta, como razón, la falta de notificación de los actos administrativos de
«asignación académica y liberación de docentes excedentes». Al respecto, dirá
la subsección que estos no comportan requisitos para entrar a asumir el cargo,
por el contrario, una vez el maestro asiste a la institución educativa, se le hace
la correspondiente asignación académica, y también en el caso de docentes
«excedentes», porque no hay suficiente alumnado; son aspectos que se deben
9 Lo dicho, no desconoce que la demandante instauró, aparentemente, medio de control contra las decisiones de
traslado, pero lo cierto, es que a este proceso no se allegó su resultado. Además de que, en la audiencia de pruebas,
el traslado se denegó (Cfr. Cederrón, visible a folio 345, y folio 349 vuelto).
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Expediente 52001-23-33-000-2016-00337-01 (3344-2018)
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Luz del Carmen González Patiño contra el departamento del Putumayo
precisar y resolver inmediatamente asuma sus funciones.
La alegada ausencia de notificación de los actos que asignan carga académica o
que definan la necesidad o no del docente, son aspectos ajenos al deber del
educador de concurrir a desempeñar sus labores, además de que en la institución
educativa rural Agua Clara ya tenía definida, como consta en las Resoluciones
1 de los años 2012 a 2015, la carga académica que iba a desarrollar, y era
necesaria la presencia de la maestra que tuvieron que designar a un docente en
provisionalidad.
Tan claro es lo anterior que la declarante Marieta Amparo Arteaga Rengifo,
quien también fue trasladada a otra zona, sobre este tema, indicó «a nadie nos
daban un acto administrativo donde nos dijeran, usted se va a tal o cual lugar
con esta carga académica, simplemente nos daban el acto administrativo, se va
a tal sitio y no más» (sic).
3) La parte demandante expresa que la difícil situación de salud de sus
progenitores, por la edad avanzada, es razón suficiente para no trasladarse a la
ciudad de San Miguel; como ya se indicó, estas situaciones personales fueron
evaluadas en los actos administrativos que definieron su traslado, que arribaron
a la conclusión de que ello no impedía o enervaba la decisión administrativa de
asignación de funciones en otra sede territorial.
Sin embargo, en el presente caso, se debe precisar que la anterior situación
fáctica no comporta una excusa válida para abandonar sus tareas, y evitar la
continuidad de la prestación del servicio público.
La demandante no demostró ni alegó que no podía trasladarse con sus
progenitores al municipio de San Miguel, y de las deposiciones se deduce que
ella vivía con dos hermanos, los cuales podían prodigarles los cuidados.
En efecto, los señores Jesús Alfonso Fajardo Guzmán, Fedra Mábel Leyton
Insuasty y Marieta Amparo Arteaga Rengifo son contestes en señalar que la
demandante tenía dos hermanos y que vivía con su hijo; conformación familiar
que, en principio, podía suplir su presencia, en aras de que no abandone el
servicio.
Pero, en todo caso, la sola inasistencia a laborar por 3 días es causal suficiente
para declarar el abandono del empleo y declarar terminada la relación laboral;
en este asunto la demandante dejó de asistir a trabajar desde el 1º de octubre de
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Expediente 52001-23-33-000-2016-00337-01 (3344-2018)
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Luz del Carmen González Patiño contra el departamento del Putumayo
2012 hasta cuando se declaró la vacancia del cargo, es decir, por más de 3 años,
lo que denota el total desinterés o abandono de las funciones.
En conclusión, no existe justificación razonable para que la demandante dejara
de asumir las funciones de docente, en el nuevo municipio al que se le trasladó,
por razones de servicio.
Frente a la condena en costas, la Sala estima que según lo dispuesto en el
artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por remisión expresa del
artículo 188 del CPACA, se deben estudiar para tal fin aspectos como la
temeridad o mala fe en la que la parte vencida pudo incurrir. En este sentido, se
pronunció esta Corporación, en sentencia de 1º de diciembre de 201610, así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en
costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya
segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio
y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un
juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan
el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma.
10
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
19
Expediente 52001-23-33-000-2016-00337-01 (3344-2018)
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Luz del Carmen González Patiño contra el departamento del Putumayo
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte
vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que
dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento,
cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan
calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la
vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia,
pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos
jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.
Por consiguiente, se considera que la referida normativa deja a disposición del
juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y
no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus
intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al
no predicarse tal proceder de la parte demandante, no se impondrá tal condena.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas
de la demanda, y se revocará la condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 21 de marzo de 2018, proferida por
el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las súplicas de la demanda
incoada por la señora Luz del Carmen González Patiño contra el departamento
del Putumayo, de acuerdo con la parte motiva.
20
Expediente 52001-23-33-000-2016-00337-01 (3344-2018)
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2º Revócase el ordinal 2º de la parte decisoria del fallo apelado, que condenó en
costas a la demandante, que incluye las agencias en derecho.
3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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