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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2015-00725-01

Culpa grave: ley 678 de 2001

Fecha
13 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2015-00725-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la sucesión procesal en cabeza de los herederos indeterminados de Gloria Esperanza Chacón Arteaga, quienes ocupan el lugar 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de agosto de 2019, expediente 63.519, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 3 de octubre de 2019, expediente 49.865 y sentencia del 10 de septiembre de 2020, expediente 64.790. 12 Radicación: 52001-23-33-000-2015-00725-01 (72.970) Demandante: Contraloría Departamental de Nariño Demandado: Gloria Esperanza Chacón Arteaga Referencia: Repetición procesal que aquella ostentaba, conforme a lo expuesto en parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia del 29 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño. TERCERO: CONFIRMAR los ordinales restantes de la sentencia impugnada. CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia. QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de origen, para lo de su cargo, una vez en firme esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 52001-23-33-000-2015-00725-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

13 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 52001-23-33-000-2015-00725-01 (72.970)
Demandante: Contraloría Departamental de Nariño
Demandado: Gloria Esperanza Chacón Arteaga
Referencia: Repetición

Tema: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – Culpa grave / PRESUNCIONES DE
CULPA GRAVE - Ley 678 de 2001 / ACTO DE INSUBSISTENCIA DE EMPLEADO EN
PROVISIONALIDAD – Falta de motivación del acto de insubsistencia / CONDENA EN
COSTAS – Improcedente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA /
SUCESIÓN PROCESAL - La muerte de una de las partes no extingue la acción ni invalida
lo actuado, como tampoco pone fin al mandato otorgado al apoderado judicial.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 29 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo
de Nariño, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. El 6 de octubre de 2015, la Contraloría Departamental de Nariño promovió
demanda de repetición contra la señora Gloria Esperanza Chacón Arteaga, con el
propósito de obtener el reintegro de la suma pagada en cumplimiento de la
sentencia del 8 de marzo de 2013, dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño,
que confirmó la providencia del 28 de octubre de 2011, proferida por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Pasto.

3. La entidad demandante atribuyó responsabilidad a la accionada, por cuanto
consideró que actuó con culpa grave en la expedición del acto administrativo que
dio lugar a la condena que le fue impuesta.

ANTECEDENTES

La demanda de repetición y las razones en las que se fundamenta

4. El 6 de octubre de 20151, la Contraloría Departamental de Nariño2 promovió
demanda de repetición contra la señora Gloria Esperanza Chacón Arteaga, en la
que solicitó las siguientes declaraciones y condenas (transcritas en su tenor literal,
con sus posibles errores):

1
Ver SAMAI. Índice 14. Documento denominado “14ED_1Expediente15725pdf(.pdf) NroActua 14”,
pp. 65.
2
En adelante la accionante, la demandante, la entidad.

1

Radicación: 52001-23-33-000-2015-00725-01 (72.970)
Demandante: Contraloría Departamental de Nariño
Demandado: Gloria Esperanza Chacón Arteaga
Referencia: Repetición

“PRIMERO: Declarar que la Doctora GLORIA ESPERANZA CHACON
ARTEAGA, Ex Contralora Departamental de Nariño, es responsable por culpa
grave en sus actuaciones descritas, en el hecho de haber desvinculado del
cargo de Jefe de Grupo Financiero, nivel ejecutivo del ente de control, al señor
AUSBERTO BAYARDO BURBANO LOPEZ, mediante resolución No DC-146
de fecha veintisiete (27) de febrero de 2004, sin tener en cuenta el precedente,
la ratio decidendi y la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, sobre los
cargos públicos ejercidos en provisionalidad.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, se
condene a la Doctora GLORIA ESPERANZA CHACON ARTEAGA, al pago
total de la suma que la Contraloría Departamental de Nariño, canceló al Señor
AUSBERTO BAYARDO BURBANO LOPEZ, por la condena impuesta por el
Juzgado Primero Administrativo de Nariño y el Tribunal Administrativo de Nariño
dentro del proceso radicado con el No 2004-1034 (4142), equivalente a la suma
de TRESCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL
VEINTIOCHO PESOS MONEDA LEGAL ($360.125.028), a favor de la
Contraloría Departamental de Nariño.

TERCERA. Que la sentencia que ponga fin al proceso, sea de aquellas que
reúnan las exigencias del artículo 422 Y siguientes del C.G.P, por constar en
una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a fin de que preste mérito
ejecutivo.

CUARTA. Que el monto de la condena que se profiera en contra del
demandado, sea actualizada hasta el momento de pago efectivo, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 192 del C.P.A.C.A.

QUINTA. Que se condene en costas a la parte demandada”3.

5. Como fundamentos fácticos y jurídicos de sus pretensiones, en síntesis, expuso
lo siguiente4:

6. La señora Gloria Esperanza Chacón Arteaga fue nombrada contralora auxiliar de
la Contraloría Departamental de Nariño y, posteriormente, fue encargada de las
funciones de contralora departamental del 25 al 27 de febrero de 2004. En ejercicio
de dicho encargo, en el último de los referidos días, expidió la resolución DC-146,
por medio de la cual se declaró la insubsistencia del nombramiento del señor
Ausberto Bayardo Burbano López, quien ocupaba en provisionalidad el cargo de
jefe del grupo financiero.

3
Ver SAMAI. Índice 14. Documento denominado “14ED_1Expediente15725pdf(.pdf) NroActua 14”,
pp. 3 a 4.
4
Ver SAMAI. Índice 14. Documento denominado “14ED_1Expediente15725pdf(.pdf) NroActua 14”,
pp. 1 a 7.

2

Radicación: 52001-23-33-000-2015-00725-01 (72.970)
Demandante: Contraloría Departamental de Nariño
Demandado: Gloria Esperanza Chacón Arteaga
Referencia: Repetición

7. El señor Burbano López promovió una acción de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el mencionado acto administrativo5, proceso en el cual se declaró
su nulidad y, como consecuencia, se ordenó su reintegro y el pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir, decisión que fue confirmada en segunda instancia
y cumplida por la entidad, que pagó la suma de $360’125.0286.

8. Sostuvo que la demandada actuó con culpa grave, por cuanto expidió el acto de
insubsistencia sin motivación, pese a tratarse de un cargo de carrera provisto en
provisionalidad, y en desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional que, según afirmó, exigía la motivación de tal decisión. Señaló,
además, que dicha actuación fue la causa que dio lugar a la anulación del acto
administrativo y a la consecuente condena de la entidad demandante.

Contestación de la demanda

9. La señora Gloria Esperanza Chacón Arteaga, por conducto de apoderado judicial,
se opuso a las pretensiones de la demanda. Frente a la imputación formulada en su
contra, sostuvo que no ostentaba la calidad de nominadora, por cuanto no ejercía
el cargo de contralora departamental, sino que se encontraba desempeñando
funciones de manera encargada. En tal sentido, afirmó que la facultad de nombrar
y remover personal correspondía exclusivamente al titular del cargo, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 330 de 1996, razón por la cual carecía de competencia
para la expedición del acto cuya legalidad fue cuestionada.

10. Finalmente, señaló que la expedición del acto administrativo obedeció a
decisiones institucionales propias del titular del organismo de control y, como
consecuencia, no es posible atribuirle a la demandada actuación dolosa o
gravemente culposa78.

Sentencia de primera instancia

11. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante providencia del 29 de julio de
2020, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se había

5
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 52001-31-33-001-2004-
01034-00 que cursó en primera instancia en el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pasto
y en segunda instancia en el Tribunal Administrativo de Nariño (número interno 4142).
6
De los documentos que obran en el expediente se desprende que, mediante la Resolución CDN-
100-41-437 del 1° de noviembre de 2013, la Contraloría Departamental de Nariño dio cumplimiento
a la sentencia y ordenó el reintegro del señor Ausberto Burbano López. Asimismo, para la fecha de
radicación de la presente demanda, el pago de la condena era parcial, pues únicamente se había
cancelado al señor Burbano López el valor de $278’305.263.
7
Ver SAMAI. Índice 14. Documento denominado “14ED_1Expediente15725pdf(.pdf) NroActua 14”,
pp. 92 a 102.
8
En escrito separado, la demandada llamó en garantía al señor Lucio Rodríguez Chávez en su
calidad de ex contralor general de Nariño. Llamamiento que fue rechazado por el Tribunal
Administrativo de Nariño mediante providencia del 19 de marzo de 2019.

3

Radicación: 52001-23-33-000-2015-00725-01 (72.970)
Demandante: Contraloría Departamental de Nariño
Demandado: Gloria Esperanza Chacón Arteaga
Referencia: Repetición

demostrado el elemento subjetivo de la responsabilidad exigido por la Ley 678 de
2001.

12. Señaló que, si bien se encontraba acreditada la condena judicial impuesta a la
Contraloría Departamental de Nariño y el pago efectuado en cumplimiento de esta,
tales circunstancias no permitían, por sí solas, concluir que la demandada hubiera
actuado con dolo o culpa grave.

13. Asimismo, sostuvo que para la época de expedición del acto administrativo -
febrero de 2004- no existía un criterio jurisprudencial unificado respecto de la
obligación de motivar los actos de insubsistencia de empleados vinculados en
provisionalidad, dado que coexistían interpretaciones distintas entre la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, por lo cual no podía afirmarse que la
demandada hubiera desconocido de manera manifiesta e inexcusable el
ordenamiento jurídico.

14. Además, el a quo señaló que, aunque la Ley 678 de 2001 prevé presunciones
de dolo y culpa grave, estas no se configuraban en el caso concreto, y que, además,
no obraba prueba directa que permitiera atribuir la responsabilidad subjetiva a la
demandada

15. Finalmente, condenó en costas a la parte actora, toda vez que no prosperaron
las pretensiones de la demanda9.

El recurso de apelación

16. Inconforme con la decisión, la Contraloría Departamental de Nariño interpuso
recurso de apelación, en el cual solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.

17. Como fundamento de la impugnación, sostuvo que la demandada, en su
condición de contralora encargada, expidió el acto administrativo de insubsistencia
sin motivación, pese a que el cargo era de carrera y se encontraba ocupado bajo la
modalidad de provisionalidad, actuación que desconoció el debido proceso del
servidor desvinculado y el precedente fijado por la Corte Constitucional sobre la
obligación de motivar ese tipo de actos.

18. Señaló que la nulidad del acto administrativo y la condena impuesta a la entidad
fueron consecuencia directa de la conducta de la demandada, por lo que consideró
que se encuentra acreditada su culpa grave.

19. Adicionalmente, sostuvo que en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho se resolvió de manera definitiva la controversia relativa al acto de

9
Ver SAMAI. Índice 14. Documento denominado “29ED_17SENTENCIApdf(.pdf) NroActua 14”.

4

Radicación: 52001-23-33-000-2015-00725-01 (72.970)
Demandante: Contraloría Departamental de Nariño
Demandado: Gloria Esperanza Chacón Arteaga
Referencia: Repetición

insubsistencia, por lo que dicho aspecto se encontraba amparado por la cosa
juzgada y no podía ser objeto de nuevo examen en este medio de control.

20. Reiteró que el pago efectuado por la entidad sumado a la ilegalidad del acto
administrativo permitía concluir que se encontraban reunidos los elementos
necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial de la demandada a título de
culpa grave.

21. Finalmente, manifestó su inconformidad con la condena en costas impuesta ,
pues consideró que la entidad actuó en ejercicio legítimo del derecho de acceso a
la administración de justicia; además, porque “si la negativa de las pretensiones de
la demanda, se fundamenta en que no se estructura el elemento dolo o culpa grave
por parte de la demandada, por el hecho de que hubo una indebida aplicación del
precedente judicial, no puede ser que la Contraloría Departamental de Nariño, sea
condenada a pagar costas”10.

Trámite relevante en la segunda instancia

22. El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 16 de junio de
202511.

23. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no
se acreditó el elemento subjetivo de la responsabilidad de la demandada.

24. Indicó que, si bien se encontraban demostrados los presupuestos objetivos de
procedencia de la acción, ello no resulta suficiente para su prosperidad, en tanto no
se probó que la demandada hubiera incurrido en una conducta reprochable a título
de responsabilidad subjetiva, especialmente si se tiene en cuenta que el acto
administrativo de insubsistencia de un empleado de provisionalidad fue expedido en
un contexto de ausencia de un criterio jurisprudencial unificado sobre la obligación
de motivar dichos actos.

25. Adicionalmente, sostuvo que el deber constitucional y legal de promover la
acción de repetición no exonera a las entidades estatales de control judicial ni de la
carga de estructurar adecuadamente sus pretensiones, de modo que la imposición
de costas no constituye una sanción por el ejercicio del medio de control, sino una
consecuencia procesal derivada de la falta de demostración del dolo o culpa grave
exigidos por la ley.

10
Ver SAMAI. Índice 14. Documento denominado “31ED_19Apelaciondesentenc(.pdf) NroActua 14”.
11
Ver SAMAI. Índice 16. Documento denominado “40Autoqueadmite_72970ADMITEREPpdf(.pdf)
NroActua 16”. El asunto fue repartido inicialmente a la Sección Segunda del Consejo de Estado el 9
de agosto de 2022. Mediante providencia del 28 de junio de 2023 se dispuso la remisión del
expediente a la Sección Tercera de la misma corporación; no obstante, por un error involuntario, la
Secretaría devolvió el expediente al tribunal de origen el 6 de octubre de 2023. Posteriormente, el
proceso fue reactivado el 11 de junio de 2025 y repartido a este Despacho el 12 de junio del mismo
año.

5

Radicación: 52001-23-33-000-2015-00725-01 (72.970)
Demandante: Contraloría Departamental de Nariño
Demandado: Gloria Esperanza Chacón Arteaga
Referencia: Repetición

26. La Contraloría Departamental de Nariño y la demandada guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

27. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide
lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales de
jurisdicción, competencia y oportunidad, la Sala procede a decidir la segunda
instancia, en el marco de lo cual abordará el recurso del demandante.

El objeto de la impugnación y el alcance del estudio de segunda instancia

28. La Sala12 ha reconocido que el marco fundamental de competencia del juez de
segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que
se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera
instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados
por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior,
salvo aquellos que deban estudiarse de manera oficiosa.

29. En el presente asunto, la Subsección advierte que la controversia planteada en
el recurso de apelación se circunscribe principalmente a: (i) la supuesta vulneración
del principio de cosa juzgada derivada de la sentencia proferida dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho; (ii) el presunto error del tribunal a quo de
analizar si el acto administrativo de insubsistencia debía o no estar motivado; (iii) si
la demandada actuó con culpa grave o dolo al proferir dicho acto; y (iv) la
procedencia de la condena en costas impuesta a la entidad demandante.

30. En ese contexto y dado que en el recurso de apelación no se formularon
cuestionamientos relacionados con (i) la condena impuesta a la entidad
demandante; (ii) su cumplimiento mediante el pago correspondiente ni (iii) la calidad
de exagente estatal de la demandada, la Sala tiene por acreditados los
presupuestos objetivos de procedencia de la acción de repetición

31. En consecuencia, el análisis de la Subsección se circunscribirá a establecer si
se encuentra demostrado el elemento subjetivo de la responsabilidad, esto es, si la
conducta atribuida a la señora Gloria Esperanza Chacón Arteaga puede calificarse
como dolosa o gravemente culposa, de conformidad con los cargos formulados en
la apelación y dentro del ámbito de la competencia que le asiste13.

12
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060,
C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia del 6 de abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth- Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de octubre
de 2021, Rad. 25000233600020150243101(59925). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
13
Criterio reiterado en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Subsección A. Sentencia del 11 de julio de 2025. C.P Fernando Alexei Pardo Flórez
Rad: 13001-23-33-000-2015-00602-01 (72.639. Párrafo 41. Consejo de Estado, Sala de lo

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Radicación: 52001-23-33-000-2015-00725-01 (72.970)
Demandante: Contraloría Departamental de Nariño
Demandado: Gloria Esperanza Chacón Arteaga
Referencia: Repetición

Cuestión previa – sucesión procesal

32. Una vez proferida la sentencia de primera instancia y antes de su notificación,
el apoderado judicial de la parte demandada informó el fallecimiento de la señora
Gloria Esperanza Chacón Arteaga14, ocurrido el 5 de abril de 2020 en la ciudad de
Cali, circunstancia que fue acreditada mediante el respectivo registro civil de
defunción15.

33. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 76 del Código General del
Proceso, aplicables al presente trámite por remisión expresa del CPACA, la muerte
de una de las partes no extingue la acción ni invalida las actuaciones surtidas, ni
pone fin al mandato conferido al apoderado judicial. En tales eventos, los herederos
o causahabientes asumen la posición procesal del causante en el estado en que se
encuentre el proceso, y cuando no se acrediten sucesores determinados, la
sucesión procesal se entiende realizada en cabeza de los herederos
indeterminados.

34. En consecuencia, se declarará la sucesión procesal en cabeza de los herederos
indeterminados de la señora Gloria Esperanza Chacón Arteaga, quienes estarán
representados por el apoderado judicial reconocido en el proceso, lo cual garantiza
la validez de las actuaciones y la continuidad del trámite en representación de la
comunidad hereditaria, sin que se afecte la legitimación en la causa por activa.

Problema jurídico

35. A la Sala le corresponde determinar si debe revocarse o no la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de repetición promovida
por la Contraloría Departamental de Nariño contra la señora Gloria Esperanza
Chacón Arteaga, al considerar que no se acreditó que su actuación hubiese sido
gravemente culposa, pese a la existencia de una condena judicial y del pago
efectuado por la entidad, o si, por el contrario, se encuentra demostrada la
responsabilidad subjetiva de la demandada.

36. Para tal efecto, deberá establecerse si, en el marco del medio de control de
repetición promovido por la Contraloría Departamental de Nariño contra la señora
Chacón Arteaga, es posible efectuar un nuevo juicio sobre la legalidad del acto que
declaró la insubsistencia, particularmente en lo relativo al deber de motivación, pese
a que dicho aspecto ya fue definido en sede de nulidad y restablecimiento del

Contencioso Administrativo, Subsección A. Sentencia del 21 de febrero de 2025. C.P Fernando
Alexei Pardo Flórez. Rad: 52001233300020190043001 (71440). Párrafo 54.
14
Ver SAMAI. Índice 14. Documento denominado “13ED_REMISIONASUNTOAPELAC(.pdf)
NroActua 14”. OneDrive, carpeta “14.2015-00725 acta de defunción”. Documento denominado
“Correo_Despacho 03 Tribunal Administrativo – Nariño – Pasto – Outlook.pdf”.
15
Ver SAMAI. Índice 14. Documento denominado “13ED_REMISIONASUNTOAPELAC(.pdf)
NroActua 14”. OneDrive, carpeta “14.2015-00725 acta de defunción”. Documento denominado “acta
de defuncion.pdf”.

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Radicación: 52001-23-33-000-2015-00725-01 (72.970)
Demandante: Contraloría Departamental de Nariño
Demandado: Gloria Esperanza Chacón Arteaga
Referencia: Repetición

derecho con efectos de cosa juzgada, o si, por el contrario, el análisis del juez de
repetición debía ceñirse exclusivamente a la verificación del elemento subjetivo de
la responsabilidad, esto es, la existencia de dolo o culpa grave.

37. En ese contexto, la Sala deberá determinar, además, si la negativa de las
pretensiones, fundada en la no acreditación del elemento subjetivo de la
responsabilidad, hacía procedente o no la imposición de condena en costas a la
entidad demandante.

38. Con fundamento en el marco del problema jurídico planteado, se seguirá el
desarrollo del itinerario de análisis descrito ut supra.

Caso Concreto

Alcance de la cosa juzgada y límites del análisis del juez de repetición frente
al acto administrativo que dio lugar a la condena

39. Sostiene la parte apelante que la sentencia proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual se declaró la nulidad del acto
administrativo de insubsistencia y se ordenó el reintegro del señor Ausberto Bayardo
Burbano López junto con el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir,
hizo tránsito a cosa juzgada, de manera que no podía ser objeto de cuestionamiento
alguno dentro del trámite de la acción de repetición, particularmente en lo
relacionado con la falta de motivación del acto.

40. Sobre el particular, la Sala precisa que el alcance de la cosa juzgada derivada
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se circunscribe a la definición
de la legalidad del acto administrativo y a las consecuencias patrimoniales derivadas
de dicha declaratoria, esto es, el restablecimiento del derecho del servidor afectado.
Sin embargo, tal pronunciamiento no se extiende al análisis del elemento subjetivo
de la responsabilidad del agente estatal, el cual constituye el objeto propio y
específico de la acción de repetición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90 de la Constitución Política y la Ley 678 de 2001.

41. En ese sentido, si bien el juez que conoce del medio de control de repetición no
puede reabrir el debate sobre la legalidad del acto de insubsistencia que fue dejado
sin efectos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, ni controvertir
las razones que sustentaron dicha decisión, pues eso se encuentra amparado por
la cosa juzgada, ello no implica que esté impedido para examinar el contenido del
acto y las circunstancias de su expedición, no con el propósito de adoptar
nuevamente un juicio sobre su validez, sino con el fin de determinar si la conducta
del servidor público estuvo revestida de dolo o culpa grave.

42. Así, el examen relativo a la exigibilidad de la motivación del acto administrativo
no se realiza con el propósito de efectuar un nuevo juicio de legalidad, sino como
fundamento para la imputación subjetiva, esto es, para establecer si, para la época

8

Radicación: 52001-23-33-000-2015-00725-01 (72.970)
Demandante: Contraloría Departamental de Nariño
Demandado: Gloria Esperanza Chacón Arteaga
Referencia: Repetición

de los hechos, existía una regla clara, vigente y pacífica que impusiera de manera
inequívoca dicho deber, y si la señora Gloria Esperanza Chacón Arteaga
desconoció de forma ostensible e injustificada tal exigencia, configurando con ello
una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.

43. Por consiguiente, el análisis que efectúa el juez de repetición sobre las reglas
jurisprudenciales vigentes para la época de expedición del acto, particularmente en
relación con la motivación de actos de insubsistencia de los cargos provisionales,
no desconoce la cosa juzgada derivada del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, en tanto no se dirige a redefinir su legalidad, sino exclusivamente a
establecer la configuración del elemento subjetivo de la responsabilidad, que
constituye el núcleo de este medio de control.

44. Así las cosas, si bien la declaratoria de nulidad del acto administrativo y la
condena patrimonial impuesta a la entidad hacen tránsito a cosa juzgada en cuanto
a la existencia del daño y a la obligación estatal de repararlo, no ocurre lo mismo
respecto de la responsabilidad personal del servidor público, la cual no fue objeto
de debate ni de decisión en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y,
por ende, debe ser analizada de manera autónoma dentro del trámite de la acción
de repetición.

45. En consecuencia, el argumento de la parte apelante, según el cual la cosa
juzgada derivada del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho impide
cualquier examen posterior dentro de la demanda de repetición, no está llamado a
prosperar, en tanto dicha figura no cobija el juicio de reproche subjetivo que
constituye el núcleo de este medio de control.

46. En particular, la cosa juzgada no impide que, para efectos de la imputación de
culpa grave, el juez de repetición examine si, para la época de los hechos, era
jurídicamente exigible la motivación del acto administrativo de insubsistencia que
dio lugar a la condena.

Análisis del elemento subjetivo de la responsabilidad: interpretación
razonable y discrepancia jurisprudencial

47. La prosperidad del medio de control de repetición exige la demostración de que
la conducta del agente estatal constituyó una infracción ostensible, grosera e
inexcusable del ordenamiento jurídico, pues no toda irregularidad administrativa ni
la sola declaratoria de nulidad de un acto permiten estructurar la responsabilidad
personal del servidor público. En ese sentido, el análisis de la repetición no está
dirigido a sancionar cualquier actuación irregular del servidor, sino únicamente
aquellas que revelen un comportamiento doloso o gravemente culposo, valoración
que debe efectuarse a partir del análisis integral de las circunstancias del caso
concreto y de la jurisprudencia vigente al momento de los hechos y de la norma
aplicable. En consecuencia, cuando la actuación del agente se funda en una
interpretación jurídicamente aplicable, aun cuando posteriormente sea desvirtuada

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Radicación: 52001-23-33-000-2015-00725-01 (72.970)
Demandante: Contraloría Departamental de Nariño
Demandado: Gloria Esperanza Chacón Arteaga
Referencia: Repetición

por la jurisdicción, no puede predicarse automáticamente la existencia de culpa
grave16.

48. En este punto, la Sala observa que la parte demandante no invocó de manera
expresa ninguna de las presunciones legales de dolo o culpa grave previstas en la
Ley 678 de 2001, ni explicó de qué manera la conducta atribuida a la demandada
se subsumía en alguno de los presupuestos normativos que las configuran.

49. En efecto, en el escrito inicial la entidad se limitó a afirmar que la expedición del
acto administrativo de insubsistencia sin motivación y el supuesto desconocimiento
de un precedente jurisprudencial constituían culpa grave, sin precisar cuál de las
presunciones legales resultaba aplicable ni desarrollar los elementos fácticos y
jurídicos necesarios para su estructuración.

50. De igual forma, esta Corporación ha sostenido que el juicio de reproche propio
de la repetición debe efectuarse atendiendo a la jurisprudencia vigente al momento
de los hechos, de modo que no puede calificarse como gravemente culposa la
actuación del agente estatal cuando esta se produce en un contexto en el que no
existía una posición jurisprudencial pacífica sobre el alcance de la norma aplicable,
especialmente. cuando coexistían interpretaciones distintas entre la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado17.

51. Así las cosas, es claro que para la fecha de la expedición del acto de
insubsistencia del nombramiento del señor Ausberto Bayardo Burbano López -27
de febrero de 2004- se encontraba vigente la Ley 443 de 1998. Bajo su
interpretación, la Sección Segunda del Consejo de Estado había sostenido de
manera reiterada que la desvinculación de servidores que ocupaban cargos en
provisionalidad no requería la expedición de un acto administrativo motivado, en la
medida en que el nominador podía disponer su retiro en ejercicio de la facultad
discrecional.

52. Esta postura fue expresamente adoptada, en la sentencia de unificación de la
Sección Segunda del Consejo de Estado del 13 de marzo de 2003 18, en la cual se
precisó que los empleados provisionales no gozaban de la estabilidad propia de la
carrera administrativa y, por tanto, el acto de insubsistencia no debía cumplir con
las exigencias aplicables al retiro del personal escalafonado.

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 20 de mayo de 2022, exp. 57793, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 26 de julio de 2021, exp. 46171, M.P. Alexander Jojoa Bolaños (E).
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 13 de marzo de 2003, radicado 76001-23-32-
000-1998-01834-01, M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
Esta posición fue reiterada, entre otras, en la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, del 4 de agosto de 2010, radicado interno 0319-2008, M.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.

10

Radicación: 52001-23-33-000-2015-00725-01 (72.970)
Demandante: Contraloría Departamental de Nariño
Demandado: Gloria Esperanza Chacón Arteaga
Referencia: Repetición

53. En contraste con esa postura, la Corte Constitucional, en sede de revisión de
acciones de tutelas, sostuvo inicialmente que los nombramientos en provisionalidad
gozaban de una estabilidad relativa y que, en consecuencia, los actos de
insubsistencia debían ser motivados como garantía del debido proceso y del
derecho de defensa19, posición que fue objeto de precisiones y ajustes posteriores,
hasta su armonización con la jurisprudencia del Consejo de Estado.

54. Este panorama evidencia que, para la época de los hechos, coexistían dos
interpretaciones jurisprudenciales claramente diferentes, pues mientras la Corte
Constitucional exigía la motivación del acto administrativo de retiro de los
empleados provisionales, el Consejo de Estado -juez natural de la legalidad de
dichos actos- mantenía la tesis de que dicha exigencia no era aplicable bajo el
régimen de la Ley 443 de 1998.

55. Solo con posterioridad, y con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 909
de 200420, el Consejo de Estado modificó su postura y adoptó el criterio según el
cual el retiro de los empleados que ocupan cargos de carrera en provisionalidad
debía efectuarse mediante acto administrativo motivado, posición que fue unificada
por la Sala Plena de la Sección Segunda en providencia del 23 de septiembre de
201021, en armonía con lo dispuesto por la Corte Constitucional en su sentencia SU-
917 de 2010.

56. Así las cosas, es evidente que para febrero de 2004 – fecha en que se expidió
el acto administrativo anulado- no existía una regla jurisprudencial clara, pacífica y
uniforme en relación con la obligación de motivar los actos de insubsistencia de
empleados vinculados en provisionalidad.

57. Bajo este contexto de disparidad de posiciones, no puede afirmarse que la
demandada hubiera actuado en abierta contravención de una regla clara,
inequívoca y pacífica del ordenamiento jurídico, ni que su conducta pueda calificarse
como una infracción manifiesta e inexcusable, razón por la cual no se configura el
elemento subjetivo de la responsabilidad exigido por la Ley 678 de 2001 para la
prosperidad de la acción de repetición.

58. En consecuencia, la sola circunstancia de que el acto administrativo haya sido
posteriormente declarado nulo no permite establecer automáticamente que la
demandada haya actuado con culpa grave, máxime cuando su conducta se produjo
dentro de un contexto de disparidad de criterios sobre el alcance de la motivación
de los actos de insubsistencia.

19
Corte Constitucional, sentencia T-800 del 14 de diciembre de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Corte Constitucional, sentencia T-610 del 24 de julio de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Corte
Constitucional, sentencia T-087 de 17 de febrero de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
20
Entró a regir el 23 de septiembre de 2004.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 23 de septiembre de 2010,
expediente n.º 25000-23-25-000-2005-01341-02 (0883-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

11

Radicación: 52001-23-33-000-2015-00725-01 (72.970)
Demandante: Contraloría Departamental de Nariño
Demandado: Gloria Esperanza Chacón Arteaga
Referencia: Repetición

59. En ese orden de ideas, aun cuando la parte demandante alegó la configuración
de una conducta gravemente culposa a partir de la falta de motivación del acto
administrativo, lo cierto es que, a la luz de las razones expuestas, no se encuentra
acreditado el elemento subjetivo de la responsabilidad exigido por la Ley 678 de
2001. En consecuencia, correspondía a la entidad demandante demostrar de
manera directa dicho elemento, carga probatoria que no fue satisfecha en el
presente asunto.

Sobre la condena en costas

60. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Nariño condenó en costas
a la parte demandante, decisión que fue cuestionada por la entidad en el recurso de
apelación, al considerar que dicha condena resultaba improcedente. En particular,
sostuvo que la Contraloría Departamental de Nariño actuó en ejercicio legítimo del
derecho de acceso a la administración de justicia y que, además, si la negativa de
las pretensiones se fundamentó en la ausencia de dolo o culpa grave, no resultaba
razonable imponer costas en el medio de control de repetición.

61. De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá
sobre la condena en costas, salvo en los procesos en los que se ventile un “interés
público”.

62. Ahora bien, de acuerdo con lo sostenido por la Corte Constitucional en la
sentencia C-832 de 2001, el proceso de repetición, al estar encaminado a la
protección del patrimonio público, cuya finalidad es la realización efectiva de los
fines y propósitos del Estado Social de Derecho, es uno de aquellos que ventila un
interés público. Por esta razón, la condena impuesta en primera instancia resulta
improcedente y, en consecuencia, se procederá a su revocatoria.

63. En igual sentido, se pronunciará la Sala respecto de la segunda instancia, dado
que no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en este proceso, pese a
que se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación22.

64. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la sucesión procesal en cabeza de los herederos
indeterminados de Gloria Esperanza Chacón Arteaga, quienes ocupan el lugar

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de agosto de 2019, expediente 63.519, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia
del 3 de octubre de 2019, expediente 49.865 y sentencia del 10 de septiembre de 2020, expediente
64.790.

12

Radicación: 52001-23-33-000-2015-00725-01 (72.970)
Demandante: Contraloría Departamental de Nariño
Demandado: Gloria Esperanza Chacón Arteaga
Referencia: Repetición

procesal que aquella ostentaba, conforme a lo expuesto en parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia del 29 de julio de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.

TERCERO: CONFIRMAR los ordinales restantes de la sentencia impugnada.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de origen, para lo de
su cargo, una vez en firme esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

13

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