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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2019-00430-01

Fecha
21 de febrero de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2019-00430-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 2 de febrero de 2024, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al Tribunal Administrativo de origen, para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 52001-23-33-000-2019-00430-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

21 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 52001233300020190043001 (71440)
Demandante: NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- ARMADA
NACIONAL
Demandados: EDWIN YOVANI MENESES VEGA Y OTRO
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Asunto: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Tema: Pretensión de repetición. / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA CONDUCTA- Deber
del demandante de acreditar el elemento subjetivo que se imputa a los agentes del
Estado. / La condena a una entidad estatal a través de un juicio previo y diferente al de la
referencia, no implica automáticamente la responsabilidad del agente o exagente estatal
que eventualmente hubiere dado lugar a la misma, pues la conducta que se le endilga
debe quedar establecida de manera plena e individualizada en el respectivo proceso de
repetición.

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Nación-
Ministerio de Defensa -Armada Nacional en contra de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño el 2 de febrero de 2024, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

1. La Nación -Ministerio de Defensa -Armada Nacional demandó en ejercicio
del medio de control de repetición a Edwin Yovani Meneses Vega y Robinson
Alberto Guarín Urrea, con el fin de obtener el reintegro de la suma de dinero que
aquella pagó en cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto
Administrativo de Pasto el 28 de julio de 2014, confirmada en segunda instancia
por el Tribunal Administrativo de Nariño en providencia del 2 de junio de 2017, en
la cual se declaró responsable administrativa y extracontractualmente a la hoy
demandante por la muerte de un civil.

ANTECEDENTES

La demanda y las razones en las que se fundamenta

2. El 13 de agosto de 20191, a través de apoderado, la Nación -Ministerio de
Defensa -Armada Nacional2 radicó demanda en ejercicio del medio de control de

1
Medio de control de repetición radicado el 13 de agosto de 2019. Ver SAMAI. Índice 014.
Documento 3 expediente digital, pp. 2 a 16. La demanda fue inadmitida en auto del 25 de

1

Radicación: 52001233300020190043001 (71440)
Demandante: Nación Ministerio de Defensa-
Armada Nacional
Demandado: Edwin Yovani Meneses y otro.
Referencia: Medio de control Repetición

repetición en contra de Edwin Yovani Meneses Vega y Robinson Alberto Guarín
Urrea3 en sus calidades de teniente e infante de marina profesional de la Armada
Nacional de Colombia, respectivamente, solicitando las siguientes declaraciones y
condenas (transcritas en su tenor literal con los posibles errores4):

“PRIMERA: Que se declaren responsables a los señores EDWIN YOVANI MENESES
VEGA, identificado con C.C. 80.039.856 de Bogotá D.C. y ROBINSON ALBERTO
GUARÍN URREA identificado con C.C. 1.050.944.742 de Turbaco - Bolivar, por los
perjuicios ocasionados a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
EJERCITO NACIONAL, como consecuencia de la condena proferida por el Juzgado
Quinto Administrativo de Pasto, en sentencia de fecha 28 de julio de 2014, y confirmada
en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Nariño, en fallo del 02 de junio de
2017, la cual declaró la responsabilidad a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - EJERCITO NACIONAL por la muerte del señor FERNEY PERLAZA
VALENCIA.

SEGUNDA: Que se condene a los demandados los señores EDWIN YOVANI
MENESES VEGA, identificado con C.C. 80.039.856 de Bogotá D.C. y ROBINSON
ALBERTO GUARIN URREA identificado con C.C. 1.050.944.742 de Turbaco - Bolivar,
por los perjuicios ocasionados a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
EJERCITO NACIONAL, a cancelar la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
DOS PESOS CO TREINTA CENTAVOS ($544,845,652.30), suma que pago esta
Entidad por concepto de capital (SIN INTERESES), en cumplimiento de lo dispuesto en
la Resolución No. 4912 del 10 de julio de 2018, modificada por la Resolución 6415 del
06 de septiembre de 2018.
TERCERA: Que se condene a los señores EDWIN YOVANI MENESES VEGA y
ROBINSON ALBERTO GUARÍN URREA, al pago de los intereses comerciales a favor
de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, desde la ejecutoria de la
providencia que ponga fin al presente proceso, hasta que se verifique el cumplimiento
de la obligación impuesta.
CUARTA: Que se ajuste la condena tomando como base el índice del precio al
consumidor.”5

3. En síntesis, el escrito de demanda mencionó los siguientes fundamentos
fácticos:

4. El 21 de octubre de 2010, en el marco de una operación de control dirigida
por el comandante del puesto fluvial avanzado, Edwin Yovani Meneses Vega, se
llevó a cabo un operativo en la vereda Bocas del Guabo, municipio de Olaya
Herrera (Nariño), tras recibir información de inteligencia, la cual indicaba que la
lancha “Perla Fina” podría estar transportando dos canecas con capacidad de 60

septiembre de 2019. Ver índice SAMAI 003. Documento 001. El 15 de octubre de 2019, el
accionante radica la subsanación y corrección de la demanda, y se admite a través de auto del 23
de enero de 2020. Ver índice SAMAI 005, documento 001.
2
En adelante, el demandante, accionante o apelante.
3
En adelante los demandados o uniformados.
4
En la demanda y subsanación la parte demandante hacía referencia al Ejército Nacional, sin
embargo, en los alegatos aclaró que los demandados pertenecían a la Armada Nacional.
5
Ver SAMAI. Índice 014. Documento 3 expediente digital, pp. 2 a 3.

2

Radicación: 52001233300020190043001 (71440)
Demandante: Nación Ministerio de Defensa-
Armada Nacional
Demandado: Edwin Yovani Meneses y otro.
Referencia: Medio de control Repetición

galones con sustancias estupefacientes o dinero en efectivo. Por ello, se procedió
a interceptar la embarcación. A bordo se encontraban Ferney Perlaza Valencia y
Germán Antonio Franco Manzi.

5. En desarrollo del operativo el infante de marina profesional, Robinson
Alberto Guarín Urrea, inspeccionó una de las canecas, cuando el señor Ferney
Perlaza reaccionó agrediéndolo, y, como consecuencia de ello, el infante cayó de
la embarcación. En dicha embestida, los demandados accionaron sus armas y
causaron la muerte al señor Ferney Perlaza.

6. El Juzgado 107 de Instrucción Penal Militar de Tumaco (Nariño) inició
indagación preliminar en contra de Meneses Vega y Guarín Urrea, por el presunto
delito de homicidio culposo. Se dispuso a través de auto de fecha 07 de julio de
2011, la detención preventiva de los demandados con beneficio de libertad
provisional.

7. Posteriormente, la Fiscalía Penal Militar delegada ante Juzgados de primera
instancia de las brigadas fluviales de infantería de marina profirió resolución de
cesación del procedimiento penal No. 831-FIBRIMS, de modo que fue archivada la
indagación.

8. El señor Hugo Darel Perlaza Cifuentes (y otros) interpusieron demanda de
reparación directa en contra de la Nación- Ministerio de Defensa - Armada
Nacional, solicitando que se condenara al pago de los perjuicios ocasionados por
la muerte del señor Perlaza Valencia.

9. En sentencia de 28 de julio de 2014, el Juzgado Quinto Administrativo de
Pasto condenó a la hoy demandante al pago de una indemnización por los
perjuicios causados; consideró probado que los uniformados en su calidad de
servidores públicos adscritos al Ministerio de Defensa causaron la muerte del
señor Perlaza Valencia con un arma de fuego de dotación institucional, en el
ejercicio de sus funciones, configurando así una falla en el servicio por la
realización de un acto excesivo y abusivo.

10. El Tribunal Administrativo de Nariño, a través de sentencia del 2 de junio de
6
2017 , confirmó la sentencia de primera instancia y sostuvo que, tratándose de
actuaciones de las fuerzas militares, la imprudencia en el manejo de las armas y la
desproporción entre la agresión y los medios que se emplearon para reprimirla
generaban una evidente responsabilidad del Estado.

11. El Ministerio de Defensa Nacional, mediante Resolución No. 4912 del 10 de
julio de 2018, ordenó el pago de $533’901.915,007, la cual fue modificada por la

6
Se aportaron como prueba dichos fallos judiciales y se encuentran en el índice SAMAI No. 0014,
expediente digital, Documento No.03.
7
Ver SAMAI. Índice 014. Documento 002. PP 6 a 14.

3

Radicación: 52001233300020190043001 (71440)
Demandante: Nación Ministerio de Defensa-
Armada Nacional
Demandado: Edwin Yovani Meneses y otro.
Referencia: Medio de control Repetición

No. 6415 del 06 de septiembre de 2018, que autorizó el pago de la suma de
$544’845.652,30.

12. Posteriormente, la entidad demandante profirió Resolución No. 6416 del 06
de septiembre de 2018, ordenando el pago de $80’344.012,70 a favor del menor
Juan David Perlaza Urrieta, a través de su representante legal.

13. El 14 de septiembre de 2018 se expide el acto administrativo No. 6726,
mediante el cual se aclaró el inciso 6 de la Resolución 6416; y, luego, mediante
acto No. 7235 del 05 de octubre de 2018 fue adicionado8.

14. La entidad demandante argumentó que la situación descrita constituyó un
evidente dolo atribuible a los accionados de acuerdo con lo consagrado en el
artículo 5 numeral 4 de la Ley 678 de 2001, de cara a la responsabilidad endilgada
en el proceso de reparación directa en el que se reprochó que el uso de las armas
de dotación oficial resultó desmedida, extralimitada y desproporcionada, ya que se
dirigió contra civiles, vulnerando así el derecho fundamental a la vida de personas
no combatientes.

15. En efecto, indicó que “(…) debe tenerse en cuenta que se arrimaron al
proceso administrativo los elementos probatorios necesarios para determinar que
existió un actuar doloso por parte de los señores EDWIN YOVANI MENESES
VEGA y ROBINSON ALBERTO GUARÍN URREA, que permiten hacer uso de la
acción de repetición, es decir, adelantar las instancias administrativas pertinentes,
para obtener el reintegro de la indemnización que el MINISTERIO DE DEFENSA
ha debido reconocer por el homicidio del señor FERNEY PERLAZA VALENCIA”.

La contestación de la demanda9

16. Mediante auto del 2 de agosto de 2022 se designó curador ad litem a los
demandados10, quien se posesionó el 8 de agosto de la misma anualidad11.

17. El curador ad litem se opuso a la totalidad de las pretensiones de la
demanda y propuso como excepción de mérito la denominada “inexistencia de
dolo o culpa grave”, argumentando que la justicia penal militar archivó la
investigación que se adelantó en contra de los demandados, y frente a lo

8
Ver SAMAI. Índice 0014. Documento 002. PP 15 a 33. y PP 49.
9
A través de auto del 23 de enero de 2020 se ordenó el emplazamiento a los señores Yovani
Meneses Vega y Robinson Alberto Guarín Urrea, a través de un medio de comunicación de amplia
circulación nacional y local y en la página web del respectivo medio de comunicación, con copia de
la página o en la inclusión de la información del emplazamiento en el Registro Nacional de
Personas Emplazadas en los términos del artículo 108 del C.G.P. Ver SAMAI. Índice No. 005.
Documento No. 01. El emplazamiento fue efectuado por medio del diario de la República, el 09 de
febrero de 2020, Ver SAMAI, índice No. 014. PP 004. El 18 de febrero de 2022, el Tribunal
Administrativo de Nariño, mediante auto dispuso surtir el emplazamiento a los demandados. Ver
SAMAI. Índice No. 007. Pp. 1 a 5.
10
Ver SAMAI. Índice 009. Documento 001.
11
Ver SAMAI. Índice 010. Documento 001. En consecuencia, se posesionó el ocho (08) de agosto
de 2022. Acta de posesión de curador ad litem. Ver SAMAI. Índice 012. Documento 01. PP. 1 a 2

4

Radicación: 52001233300020190043001 (71440)
Demandante: Nación Ministerio de Defensa-
Armada Nacional
Demandado: Edwin Yovani Meneses y otro.
Referencia: Medio de control Repetición

pretendido, no resultaba posible enmarcar dicha situación fáctica en lo que la ley
define para efectos de la acción de repetición como dolo, ya que dicha presunción
no es automática.
18. Alegó que los fallos condenatorios de primera y segunda instancia
proferidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el marco del
proceso de reparación directa, lo que llegaron a reprochar fue el exceso de fuerza
y desproporción con la que actuaron los militares al responder con disparos ante
una conducta de la víctima mortal, mas no establecieron un posible actuar doloso
por parte de los accionados.

19. Así mismo, consideró que el estudio del elemento dolo y culpa grave, según
llegara a corresponder, se debía analizar respecto de cada uno de los implicados,
pues era necesario determinar cuál de las conductas constituyó la causa eficiente
del daño y así poder establecer si en un plano de la responsabilidad del agente, la
conducta se ajustó a dichos preceptos.

20. Enfatizó en que la conducta de Edwin Yovani Meneses Vega, si bien
merecía un enérgico reproche -porque no se acompasó con el actuar de los
ciudadanos objeto de verificación-, resultó ser inocua, esto es, no constituyó la
causa eficiente de la muerte del señor Ferney Perlaza.

21. Finalmente, frente a la conducta de Robinson Alberto Guarín Urrea, indicó
que, si bien fue uno de los disparos efectuados por dicho militar el que causó la
muerte del señor Perlaza Valencia, no solo por dicha razón se debería pensar que
su conducta se enmarcó en el concepto de dolo, más aún cuando la Justicia Penal
Militar decidió no ejercer la acción penal en contra de los demandados. Y
resultaba claro “que para cuando la embarcación militar y la civil se encontraban
en altamar, el oficial a cargo de la misión y muy especialmente el infante de
marina profesional demandado no tenía elementos de juicio para saber si con la
evasión arbitraria de los civiles iban recibir fuego enemigo, por ejemplo, adoptando
como forma de contrarrestar una acción de ese tipo, disparar.”

Alegatos en primera instancia

22. En auto del 26 de junio de 202312 se dispuso dar aplicación al numeral 1°
del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, adicionado por la Ley 2080 de 2021 y se
corrió traslado para alegar de conclusión.

23. La entidad demandante realizó hincapié en el cumplimiento fehaciente de
los requisitos para la prosperidad de la pretensión de repetición, analizando cada
uno de ellos. Insistió que, de conformidad con los documentos del proceso de
reparación directa arribado al plenario, se podía observar que resultaban
suficientes los elementos de juicio para afirmar que el señor Ferney Perlaza
falleció como consecuencia de los disparos recibidos por parte de los

12
Índice 25 SAMAI.

5

Radicación: 52001233300020190043001 (71440)
Demandante: Nación Ministerio de Defensa-
Armada Nacional
Demandado: Edwin Yovani Meneses y otro.
Referencia: Medio de control Repetición

demandados, constituyéndose dicha conducta como falla del servicio a título de
dolo, por cuanto éstos violaron un deber de conducta que les era exigible, que
correspondió al previsto en el artículo 2 inciso 2 de la Constitución Política, según
el cual, los servidores públicos y, por ende, los elementos a ellos dotados, deben
orientarse a la protección de la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos,
conducta que infringieron; razón por la cual se comprometió la responsabilidad de
la entidad y se condenó judicialmente13.

24. El curador ad litem reiteró que se debía descartar la responsabilidad de los
demandados, puesto que en el presente proceso no se demostró el presupuesto
volitivo de la acción de repetición, esto es, el dolo. Y por el contrario a lo indicado
por la entidad demandante, no resultaba suficiente para demostrar el elemento
subjetivo la sola medida de aseguramiento emitida por el Juzgado 107 de
Instrucción Penal Militar, en el entendido que, a posteriori, se profirió resolución de
cesación al procedimiento que se adelantó contra los accionados por ausencia de
responsabilidad penal.

25. En el mismo sentido, indicó que, si bien en el proceso de reparación directa
tanto en primera como segunda instancia hubo fallos condenatorios, lo cierto es
que los fundamentos de estas decisiones fueron el uso excesivo de la fuerza y
desproporción con la que actuaron los militares, ante la conducta ejecutada por la
víctima mortal en el proceso. Por último, insistió en la necesidad de realizar un
análisis separado respecto de la conducta de cada demandado14.

26. El Ministerio Público guardó silencio.

La sentencia de primera instancia

27. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia anticipada del 2 de
febrero de 2024, negó las pretensiones de la demanda15.

28. En primer lugar, el Tribunal a quo señaló que no se configuraron todos los
requisitos que el medio de control de repetición exige para su procedencia
sustantiva, pues no se probó la cualificación de la conducta de los agentes
determinante del daño reparado por el Estado, ya que no se demostró que los
accionados hayan obrado con dolo o culpa grave en los hechos ocurridos el 21 de
octubre de 2010, en los que falleció el civil Ferney Perlaza, en el Municipio de
Olaya Herrera.

29. El Tribunal afirmó que, a pesar de haberse acreditado: (i) la condena
impuesta derivada de una sentencia judicial16; (ii) la realización del pago

13
Allegó los alegatos de conclusión el 17 de julio de 2023, Ver SAMAI. Índice 029. Documento 001.
PP. 1 a 6.
14
Ver SAMAI. Índice 27. Documento 001. PP. 1 a 6.
15
Sentencia del Tribunal administrativo de Nariño. Ver SAMAI. Índice 036. Documento 01, pp. 1 a
47.

6

Radicación: 52001233300020190043001 (71440)
Demandante: Nación Ministerio de Defensa-
Armada Nacional
Demandado: Edwin Yovani Meneses y otro.
Referencia: Medio de control Repetición

correspondiente17; y (iii) la calidad del agente estatal18; no se logró satisfacer el
presupuesto volitivo de la conducta.

30. De otra parte, indicó el fallador de primera instancia, en cuanto al elemento
subjetivo del medio de control que, si bien el accionar de los agentes fue
desmedido, no obraba elemento probatorio alguno que permita dilucidar que el
infante de marina Guarín Urrea o el teniente Meneses Vega actuaron con dolo o
culpa grave, es decir, que no hubo lugar a presumir que la intención de los
agentes era la de acabar con la vida del señor Perlaza o que los agentes, de
manera individual, no tomaron las precauciones necesarias para evitar el suceso.

31. Ahora bien, se observó por parte del Tribunal a quo que, para la
configuración del elemento subjetivo, no resultaba suficiente advertir el
incumplimiento del deber obligacional, pues no se podía establecer o suponer que
el actuar de cada uno de los agentes en los hechos acontecidos fue con la
intención de causar tal daño, o que, conociéndolo, no tomaron las precauciones
necesarias para evitarlo, desvirtuando así, cualquier atisbo de dolo o mala
intención en la conducta de los agentes del Estado.

16
Sentencia proferida el 28 de julio de 2014, emitida por Juzgado Quinto Administrativo de Pasto y
confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Nariño en sentencia de 2 de
junio de 2017, en la que se dispuso declarar administrativamente responsable a la Nación –
Ministerio de Defensa – Armada Nacional por la falla en el servicio, dentro del proceso de
reparación directa 2012-00216.
17
Se demostró con los siguientes elementos probatorios, el pago de la condena: Resolución
No.412 del 10 de julio 2018, modificada por la Resolución No.6415 del 06 de septiembre de 2018,
Resolución No.6415 del 06 de septiembre de 2018, adicionada por la Resolución No.7235 del 05
de octubre de 2018 y Resolución No. 6416 del 06 de septiembre de 2018, por medio de la cual se
reconoció, ordenó y autorizó el pago de una suma de dinero a favor de los beneficiados con la
sentencia judicial; igualmente se allegó en el proceso las certificaciones del 5 de agosto de 2018,
emitidas por la Tesorera Principal del Ministerio de Defensa del 27 de julio de 2018, el 28 de
noviembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2018. El primer pago se realizó mediante Resolución
No.4912 del 10 de julio 2018, modificada por la Resolución No.6415 del 06 de septiembre de 2018,
por el valor de $552.192.458.77 que se canceló con la orden de pago del Sistema Integrado de
Información Financiera SIIF No.228391618, a través de la Dirección del Tesoro Nacional y
mediante transferencia electrónica a la cuenta N°1632058418 del Banco Colpatria S.A, el 27 de
julio de 2018. Mediante la Resolución No.6415 del 06 de septiembre de 2018, adicionada por la
Resolución No.7235 del 05 de octubre de 2018 por el valor de $3.212.586.00, con la orden de pago
del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF No.364036218, a través de la Dirección del
Tesoro Nacional y mediante transferencia electrónica a la cuenta N°1632058418 del Banco
Colpatria S.A, el 28 de noviembre de 2018. Mediante Resolución No. 6416 del 06 de septiembre de
2018, por el valor de $84.185.086.32 con la orden de pago del Sistema Integrado de Información
Financiera SIIF No.295902318, a través de la Dirección del Tesoro Nacional mediante
transferencia electrónica a la cuenta N°89417047485 del Bancolombia S.A el 26 de septiembre de
2018. Ver SAMAI. Índice 014. Documento 002. PP. 6 a 34.
18
Se pudo verificar la calidad de agentes estatales con el extracto de la hoja de vida de Edwin
Yovani Meneses Vega Cuaderno, según certificación del 06 de febrero de 2020 consta que se
encontraba activo para la fecha de los hechos; en el mismo sentido con el extracto de la hoja de
vida de Robinson Alberto Guarín Urrea y certificación del 06 de febrero de 2020, en la cual consta
que se encontraban para entonces activos, emitida por el Capitán de Corbet Camilo Rafael
Jiménez Petro, Jefe de División Hojas de Vida Armada Nacional. Por lo anterior, se tiene
acreditado que los agentes hicieron parte de la Infantería de Marina N° 70 en el momento de los
hechos.

7

Radicación: 52001233300020190043001 (71440)
Demandante: Nación Ministerio de Defensa-
Armada Nacional
Demandado: Edwin Yovani Meneses y otro.
Referencia: Medio de control Repetición

32. En adición, afirmó que, si bien, en sede de lo contencioso administrativo,
se acreditó que los agentes estatales actuaron de manera desmedida y
desproporcionada frente al ataque del civil y ello llevó a que se abriera un proceso
penal en contra de los demandados; la justicia penal militar consideró el eximente
de responsabilidad de legítima defensa para efectuar la terminación del proceso.

33. En el mismo sentido, el a quo reiteró que no obraba material probatorio
suficiente para emitir condena, porque no fue posible considerar la actuación de
cada uno de los demandados como dolosa o gravemente culposa.

34. Por último, el Tribunal Administrativo de Nariño no condenó en costas,
según lo preceptuado en los artículos 188 – modificado por el art 47 de la ley 2080
de 2021- , 361, 365 y 366 del CPACA.

Recurso de apelación

35. El 12 de marzo de 202419, a través de apoderado, la entidad demandante
presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

36. Señaló que, de acuerdo con los fallos enmarcados en el proceso de
reparación directa, resultaba dable afirmar que la conducta de dichos uniformados
se constituyó como “falla del servicio a título de dolo”, ya que la fuerza letal
aplicada por los demandados era el mecanismo de ultima ratio y el uso de ella
resultó desproporcionada y no atendió ninguno de los criterios que la misión les
había señalado.

37. Recalcó que los militares pertenecientes al batallón fluvial de infantería de
marina No. 70 de la Armada Nacional tenían unas tácticas que les garantizaba el
éxito de la operación y solamente, de manera excepcional, se podía llegar a hacer
uso de las armas de dotación, y de hacerlo, debían haber tomado toda la
precaución necesaria para proteger la vida e integridad de los ciudadanos.

38. El recurrente indicó que el acervo probatorio allegado resultaba suficiente
para determinar los elementos de juicio para afirmar que Ferney Perlaza falleció
como consecuencia de los disparos recibidos por parte de los demandados, pues
“ellos incurrieron en una conducta gravemente culposa”20, dado que los
uniformados, por sus grados21 y experiencia profesional en la Armada Nacional,
eran conscientes del daño que podían causar al accionar sus armas y aun así lo
ejecutaron, sin que se tomaran las precauciones necesarias para evitar el
resultado dañoso; y, contrario a lo indicado por el a quo, no se podía alegar que se
obró de buena fe.

19
Recurso de apelación. Ver SAMAI. Índice 039. Documento 01, pp. 1 a 7.
20
Recurso de apelación. Ver SAMAI. Índice 039. Documento 01, pp. 6.
21
El primero de ellos, teniente de corbeta y comandante del puesto fluvial avanzado, y el segundo,
infante de marina profesional.

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Radicación: 52001233300020190043001 (71440)
Demandante: Nación Ministerio de Defensa-
Armada Nacional
Demandado: Edwin Yovani Meneses y otro.
Referencia: Medio de control Repetición

39. Refirió el apelante que se debía aplicar la Ley 678 de 2001 que presume
que la conducta es gravemente culposa cuando se obra con violación manifiesta e
inexcusable de las normas de derecho y se presume el dolo cuando se obra con
desviación de poder.

40. En ese mismo sentido, reitera que la conducta desplegada por los
uniformados fue desproporcionada a la agresión recibida por los civiles, más aún
cuando la tropa los superaba en número, estaban equipados con armas de
combate y al realizar la requisa no se observó que portaran armas de fuego, por lo
que no se configura lo que se denomina “fuerza letal enemiga”.

41. Por lo anterior, el apelante solicitó revocar la sentencia de primera instancia
y condenar a los demandados a reembolsar a la Nación -Ministerio de Defensa
Nacional -Armada Nacional el total del capital pagado.

42. El Tribunal Administrativo de Nariño, a través de auto del 23 de abril de
2024, concedió el recurso de apelación22.

Trámite en segunda instancia

43. El despacho sustanciador, mediante auto del 14 de agosto de 2024 23,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

44. Las partes no presentaron alegatos de conclusión en esta instancia24.

45. El Ministerio Público guardó silencio.

46. Mediante auto de fecha 15 de enero de 202525, el despacho ponente,
relevó26 del cargo al profesional del derecho Michael Humberto Córdoba Panchalo
y designó al abogado en ejercicio César Augusto James Bryan, como curador ad
litem de los demandados. Designación que fue aceptada27.

CONSIDERACIONES

47. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que
invalide lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales:
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa

22
Auto interlocutorio del 23 de abril de 2024. Ver SAMAI. Índice 040. Documento No. 01.
23
Auto que admite el recurso. Ver SAMAI. Índice 003. Documento No. 1. Pasó al despacho para
sentencia el 09 de septiembre de 2024. Ver SAMAI Índice 009. Documento No. 1.
24
Informe secretarial. Índice SAMAI 009. Documento N 1 pp 1.
25
Índice 12 SAMAI.
26
El nueve (09) de diciembre de 2024, el mencionado curador ad litem, allegó solicitud de “relevo”
del cargo, atendiendo a que el 28 de noviembre de 2024, a través de resolución No. 013 fue
nombrado como secretario en propiedad del Juzgado Segundo de Pequeñas Causas Laborales de
Pasto.
27
Mediante memorial de fecha 30 de enero de 2025 aceptó la designación como curador ad litem
(índice 18 SAMAI).

9

Radicación: 52001233300020190043001 (71440)
Demandante: Nación Ministerio de Defensa-
Armada Nacional
Demandado: Edwin Yovani Meneses y otro.
Referencia: Medio de control Repetición

por activa y por pasiva; procede la Sala a decidir la segunda instancia de la
presente litis.

El objeto de la impugnación y el alcance del estudio de segunda instancia

48. Conforme lo prevé el artículo 320 del Código General del Proceso (CGP),
“el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”. En razón a ello, la
competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, por regla
general se limita a “pronunciarse únicamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley”, como lo prescribe el artículo 328 de la norma en cita.

49. Ahora bien, esta Subsección28 ha sido enfática en señalar que una
imputación en la que se alegue que el demandado incurrió en dolo y en culpa
grave de manera concomitante no es procedente, por cuanto no es posible que un
funcionario de manera consciente y voluntaria quiera un resultado ajeno a las
finalidades del servicio (dolo) y, al mismo tiempo, no pretenda desmejorarlo; no
obstante, si se considera que el caso concreto permite una doble atribución de
responsabilidad, la parte interesada deberá plantear las distintas imputaciones de
forma separada (como pretensión principal y subsidiaria) y sustentarlas, ya que
solo así se garantiza el ejercicio del derecho de defensa por parte del demandado.

50. Así mismo, se debe recordar que las partes del litigio con posterioridad a las
oportunidades previstas para el efecto (demanda y su reforma) no pueden
modificar ni agregar aspectos a la controversia que se propone, de ahí que el
recurso de apelación no tenga por objeto el que las partes adicionen o modifiquen
sus demandas, dado que con ello sorprenderían a su contraparte con cargos

28
“Bajo ese contexto, realizar una imputación en la que se alegue una culpa grave y dolo de
manera concomitante no resulta viable, dado que no es posible que el funcionario o exfuncionario,
al mismo tiempo, quiera el resultado ajeno a las finalidades del servicio y, a su vez, no busque
desmejorarlo. Así, si el caso concreto permite una doble atribución de la conducta respecto de
cada actuación desplegada o si la conducta amerita varias imputaciones de ese tipo, el interesado
deberá plantear sus pretensiones de manera principal y subsidiaria, dado que, de esa forma, el
demandado podrá ejercer su derecho de defensa debidamente”. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021,
exp. 62110. C.P. María Adriana Marín; reiterada por esta Subsección, entre otras, en las siguientes
providencias: del 15 de septiembre de 2023, exp. 67371, del 3 de marzo de 2023, exp. 68569, del
21 de abril de 2022, exp. 67609, del 7 de diciembre de 2021, exp. 58163, del 21 de noviembre de
2022, exp. 62364.

10

Radicación: 52001233300020190043001 (71440)
Demandante: Nación Ministerio de Defensa-
Armada Nacional
Demandado: Edwin Yovani Meneses y otro.
Referencia: Medio de control Repetición

nuevos frente a los cuales no se tuvo la oportunidad de defenderse29 ni aportar o
solicitar pruebas30.

51. En el presente asunto, evidencia la Sala que, aunque en las pretensiones
no se decantó por el dolo o la culpa grave, los esfuerzos argumentativos en el
libelo introductorio se dirigieron principalmente a estructurar la presunción de dolo
contenida en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001. Explicó que “se
observa que la conducta desplegada por el uniformado plenamente
individualizado, se configura dolosa, (…) ya que estuvo demostrado dentro del
proceso administrativo de reparación directa, que las actuaciones de los señores
EDWIN YOVANI MENESES y ROBINSON ALBERTO GUARIN URREA, militares
activos de la Armada Nacional para la fecha de los hechos, adscritos al Batallón
Fluvial de Infantería de Marina No. 70, fueron producto de su extralimitación en el
uso de las armas en una discusión con civiles, que desencadenó la muerte del
señor FERNEY PERLAZA VALENCIA”.

52. Desdijo lo anterior en el recurso de apelación, donde inicialmente refirió un
proceder doloso de los accionados; sin embargo; en la alzada también endilgó
culpa grave como elemento volitivo de la conducta de los uniformados, al citar la
presunción contemplada en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, y
alegar que los demandados por sus grados y experiencia profesional en la Armada
no tomaron las precauciones necesarias para evitar el resultado dañoso, además
que se incumplieron los protocolos de la misión encomendada y transgredieron las
normas constitucionales e internacionales.

53. En ese orden de ideas, se considera que la imputación realizada por la
entidad solo puede analizarse bajo una conducta dolosa, pues de una lectura
integral de la demanda así se advierte; y no es procedente, como se dijo, que a
través de la alzada se impute o modifique una conducta diferente a los
demandados (culpa grave).

54. Por último, se tendrá por demostrada la calidad de agente estatal de los
demandados, la condena en contra de la entidad y el pago efectivo, todo lo cual
está acreditado con prueba documental obrante en el plenario; y que no fue
materia de debate en esta instancia. Así pues, al haber quedado zanjada la litis
sobre los mencionados presupuestos objetivos de la pretensión de repetición, la
Sala procederá a estudiar el siguiente problema jurídico, en función del cargo
formulado en la apelación y la competencia que le asiste.

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 13 de agosto de 2021, exp. 65589. Ver, entre otras, las siguientes providencias
dictadas por esta Subsección de la Sección Tercera del Consejo de Estado: sentencia del 1º de
febrero de 2018, expediente No. 49.741; sentencia del 19 de junio de 2020, exp. 49.572, C.P.
María Adriana Marín; sentencia del 12 de diciembre de 2019, exp. 53.901 y sentencia del 4 de
noviembre de 2022, exp. 68262.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, en
sentencia del 20 de febrero de 2020, expediente 54.407

11

Radicación: 52001233300020190043001 (71440)
Demandante: Nación Ministerio de Defensa-
Armada Nacional
Demandado: Edwin Yovani Meneses y otro.
Referencia: Medio de control Repetición

Problema Jurídico

55. Corresponde a la Sala establecer si los demandados actuaron con dolo en
los hechos que ocasionaron la condena judicial en contra de la entidad, y si sus
conductas fueron determinantes, esto es, si existe una relación de causalidad
entre el pago de la condena y la presunta acción u omisión que dio lugar a dicha
decisión.

Generalidades del medio de control de repetición

56. El artículo 90 superior prevé que en los casos en que el Estado es obligado
a reparar un daño antijurídico debe repetir contra su agente cuando la condena ha
sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este 31, de igual
manera, la figura ha tenido desarrollo legal en la Ley 678 de 2001 y Ley 1437 de
201132.

57. Según se estableció en el artículo 2° de la Ley 678 de 2001, la repetición
“es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del
servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o
gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del
Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de
un conflicto”.

58. La jurisprudencia de esta Corporación33 ha determinado los presupuestos
para la prosperidad de la pretensión de repetición, a saber: (i) la condena al
Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo
a la víctima del daño; (iii) la calidad de agente estatal de los demandados –
(elementos objetivos) y, (iv) la existencia de una conducta dolosa o gravemente
culposa del agente como factor determinante de la condena – elemento subjetivo-.

La conducta dolosa del agente en la producción del daño reparado por el
Estado

59. En punto del elemento subjetivo para el medio de control de repetición, la
entidad demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la
época de los hechos34, la conducta del agente o ex agente del Estado fue dolosa o
gravemente culposa35.

31
Constitución Política de Colombia, artículo 90, inciso segundo: “…en el evento de ser condenado
el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la
conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este”.
32
Igualmente, en la Ley 2195 de 2022, publicada en el Diario Oficial No. 51.921 de 18 de enero de
2022, en su Capítulo VII que modificó la acción de repetición.
33
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B,
sentencia del 08 de julio de 2024, Radicación: 05001-23-33-000-2016-02413-01 (70.116)
34
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de
2016, Rad.: 56284.
35
Cfr. Sentencias del 30 de agosto de 2007. Rad.: 29.223; del 26 de febrero de 2009. Rad.: 30329;
del 22 de julio de 2009. Rad.: 25659.

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Radicación: 52001233300020190043001 (71440)
Demandante: Nación Ministerio de Defensa-
Armada Nacional
Demandado: Edwin Yovani Meneses y otro.
Referencia: Medio de control Repetición

60. En el caso en particular, y atendiendo que los fundamentos fácticos que
produjeron la condena en contra de la Armada Nacional ocurrieron el 21 de
octubre de 2010, el régimen aplicable resulta ser la Ley 678 de 2001 (en su
redacción original), en virtud de la cual hay lugar a predicar las presunciones
establecidas en la ley ibidem.

61. Al respecto, la Sala considera pertinente aclarar que el dolo requiere que el
juez de la repetición constate que el servicio del Estado fue transgredido de
manera consciente y voluntaria, es decir, con conocimiento de la irregularidad del
comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas que ello
implica.

62. Ahora bien, una imputación de responsabilidad patrimonial a título de dolo
requiere que el juez de la repetición constate que el servicio del Estado fue
transgredido de manera consciente y voluntaria, es decir, con conocimiento de la
irregularidad del comportamiento y con la intención de producir las consecuencias
nocivas que ello implica36.

63. Por su parte, el artículo 5° de la Ley 678 de 2001, prevé que la conducta es
dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las
finalidades del servicio del Estado. Asimismo, dispone que se presume que existe
dolo del agente público por las siguientes causas: 1. obrar con desviación de
poder; 2. haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por
inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le
sirve de fundamento; 3. haber expedido el acto administrativo con falsa motivación
por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento
a la decisión de la administración; 4. haber sido penal o disciplinariamente
responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento
para la responsabilidad patrimonial del Estado; y 5. haber expedido la resolución,
el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

64. Sin embargo, es importante recordar que en sentencia C-374 de 200237, la
Corte Constitucional señaló que la parte demandada puede desvirtuar este tipo de
presunciones pues son de naturaleza iuris tantum. Posición que ha sido reiterada
por esta Corporación38 al señalar que las presunciones que contempló la Ley 678

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de diciembre de 2019, exp. 49.520.
37
Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
38
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2017, Rad.:
45203; y Subsección A, sentencia del 7 de agosto de 2017, Rad.: 42777: “Los hechos en que se
apoya una presunción legal que se invoca en una demanda de repetición se deben probar y, por
tanto, opera a favor de quien la propuso, relevándola de la demostración del hecho inferido en la
disposición que la contempla, a menos que la otra parte desvirtúe la conclusión que se presume.
La exención de la prueba mediante la aplicación de una presunción es solo en parte, porque
siempre el que la invoca está obligado a demostrar el hecho en que la misma se funda o del cual la
ley deduce la consecuencia. De ahí que el profesor Rocha afirmara que la dispensa de la carga de
la prueba para el favorecido con una presunción es, pues, apenas parcial y respecto del hecho
deducido, que es, el que indudablemente interesa demostrar. Pero no resulta favorecido sino
probando otros hechos, aquellos que siendo ciertos, hacen creíble el segundo hecho. La

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Radicación: 52001233300020190043001 (71440)
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Armada Nacional
Demandado: Edwin Yovani Meneses y otro.
Referencia: Medio de control Repetición

de 2001 son legales, esto es, que admiten prueba en contrario, con lo cual se
garantiza el ejercicio del derecho de defensa39.

65. De otra parte, la jurisprudencia de esta Sección40 ha destacado que, cuando
se invoque en la demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de
2001 deberá probar el supuesto de hecho en que se funda, eximiéndolo de
demostrar el hecho inferido en la respectiva disposición, sin perjuicio de que la
parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume.

66. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia SU-354 de 202041 fijó
unos presupuestos constitucionales que debían ser tenidos en cuenta por los
funcionarios judiciales al resolver las demandas de repetición. Entre ellos, dicha
Corporación advirtió que la entidad demandante le corresponde probar
plenamente y, al margen del análisis efectuado en la providencia que declara la
responsabilidad del Estado, “la atribución de la conducta determinante del daño
antijurídico al agente, a título de dolo o culpa grave”.

67. En esa misma oportunidad el Alto Tribunal Constitucional indicó que las
presunciones legales de dolo y culpa grave, contempladas en los artículos 5 y 6 de
la Ley 678 de 2001, no relevan a la entidad actora de probar ante el juez
contencioso administrativo que el daño antijurídico tuvo su origen en una acción u
omisión atribuible al demandado, y que tal actuación se enmarca en alguno de los
supuestos legales, como por ejemplo, la desviación de poder, pues “está prohibida
la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado
contenidas en la providencia condenatoria a la administración”, toda vez que la
determinación de la responsabilidad del agente debe sustentarse en los elementos
de juicio allegados al proceso de repetición, en el cual el demandado tenga la
oportunidad real de ejercer su derecho de defensa.

68. Bajo esta óptica, se analizará si en el presente asunto se encuentra
acreditado el actuar doloso que se endilgó a los demandados.

presunción legal se funda en la más alta probabilidad de certeza, pero no excluye la posibilidad de
error en el razonamiento del hecho cierto del cual se parte para obtener una deducción y tampoco
sobre la base conocida cuando la misma termina resultando falsa o inexacta. Por lo anterior, se
otorga a la parte contra quien se hace valer una presunción legal la posibilidad de probar la
inexistencia del hecho que legalmente se supone, aun cuando fueren ciertos los antecedentes o
circunstancias con fundamento en los cuales lo infiere la ley. En definitiva, quien desee
beneficiarse de una presunción contenida en la Ley 678 de 2001, debe invocarla en la demanda de
repetición y demostrar el hecho conocido, pero cabe la posibilidad de que la parte contra quien se
aduce pueda desvirtuarla”.
39
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, Subsección C.
C.P. Nicolás Yepes Corrales, sentencia del 17 de junio de 2024, 130012333000201300635 01
(69864).
40
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de mayo de 2014, Rad.:
40755. Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, Rad.: 62571.
41
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-354 de 2020, del 26 de agosto de 2020

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Caso concreto

69. En el contexto antes trazado, corresponde a esta instancia determinar si
con los medios probatorios allegados al plenario se acreditó que los aquí
demandados actuaron con dolo, y, en caso afirmativo, si su conducta fue
determinante en la condena contra la entidad.

70. La entidad demandante en la alzada sobre este aspecto indicó lo siguiente:
“(…) utilizaron su condición de infantes pertenecientes al Batallón Fluvial de
Infantería de Marina No. 70 de la Armada Nacional y los instrumentos a ellos
encomendados para perpetrar el acto delictivo, constituyendo tal conducta como
falla del servicio a título de dolo, por cuanto violaron un deber de conducta que les
era exigible, previsto en el inciso 2º artículo 2º de la Constitución Política, según el
cual los servidores públicos y por ende los elementos a ellos dotados, deben
orientarse a la protección de los ciudadanos en la vida, honra y bienes, conducta
que infringieron los Infantes de Marina agresores al perpetrar el acto homicida”;
además que los elementos de juicio presentados en el proceso resultaban
suficientes para acreditar el dolo.

71. En primer lugar, se debe señalar que en el sub examine no operó la
presunción de dolo establecida en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678
(original), que preceptúa: “Haber sido penal o disciplinariamente responsable a
título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la
responsabilidad patrimonial del Estado”; pues la parte demandante no acreditó
que Edwin Yovani Meneses y Robinson Alberto Guarín hayan sido condenados
por homicidio doloso en contra de la humanidad del señor Hugo Ferney Perlaza
Valencia o sancionados disciplinariamente por estos hechos, es decir, no probó el
supuesto fáctico de la presunción.

72. Ahora bien, en el proceso de la referencia la parte demandante aportó las
sentencias de primera y segunda instancia42 emitidas en el marco del proceso de
reparación directa promovido en su contra por la muerte del señor Ferney Perlaza,
las cuales no son suficientes para deprecar la responsabilidad patrimonial de los
demandados, pues, en las decisiones dictadas por la Jurisdicción Contencioso
Administrativo (Juzgado Quinto Administrativo de Pasto y Tribunal Administrativo
de Nariño) se puso de presente que el daño irrogado resultaba atribuible fáctica y
jurídicamente a la entidad demandada, por el uso excesivo-desmedido de la
fuerza de sus agentes en contra de la víctima, recalcando que fue en cumplimiento
de sus funciones, durante el servicio y con arma de dotación oficial, sin que en
dichas providencias, se haya realizado algún análisis y valoración específica en
relación a que la conducta de los agentes fue dolosa.

73. En este punto, se debe recordar que en reiteradas oportunidades lo ha
sostenido la Sección Tercera de esta Corporación: la condena de una entidad

42
Folios 37 a 114 Doc. 01 índice 14 SAMAI.

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Referencia: Medio de control Repetición

estatal, a través de un juicio previo y totalmente ajeno al de la referencia -por
razón de su objeto, de las partes que intervienen, de las pretensiones que se
examinan e incluso de los medios de prueba que se allegan y se valoran para la
expedición del respectivo fallo- no implica automáticamente la responsabilidad de
la persona que eventualmente hubiere ocasionado el daño por el cual resultó
condenado el Estado, por cuanto la conducta que se le endilga debe quedar
establecida en el respectivo proceso de repetición43.

74. En otras palabras, dado el carácter autónomo e independiente que el
legislador le imprimió al medio de control de repetición, el juez de este tipo de
procesos no puede limitarse a reproducir, de manera mecánica, las
consideraciones de la sentencia por medio de la cual se condenó a una entidad
pública, sino que debe evaluar la conducta personal y subjetiva del sujeto pasivo
de la litis, con apoyo en los medios de prueba oportuna, regular y debidamente
allegados a este nuevo juicio.

75. Idéntica conclusión se predica respecto de las consideraciones y
conclusiones probatorias a las que arribaron dichos jueces, las cuales tampoco
pueden ser tenidas en cuenta en sede de repetición, por cuanto, contrario a lo
sugerido por la Armada Nacional, ello implicaría aceptar el juicio que se formó el
juez de un proceso diferente, sin que los aquí demandados tengan la oportunidad
de contradecir tales argumentos, refutar las pruebas o intervenir en su
producción44.

76. Así las cosas, las sentencias condenatorias emanadas de la jurisdicción
contencioso administrativa, solo prueban la responsabilidad institucional, es decir,
de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional, mas no la
responsabilidad personal de los agentes, la cual, a propósito, ni siquiera se
individualizó en el presente caso.

77. De otra parte, se allegó copia del proceso penal No. 831-FIBRIMS que
cursó en la Justicia Penal Militar45, en el cual se destaca las siguientes
actuaciones relevantes46:

43
Sobre el particular, ver, entre otras, las sentencias del 11 de febrero de 2009, expediente 33.450,
y del 22 de julio de 2009, expediente 22.779, ambas con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo
Gómez.
44
“Las consideraciones de las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho no son oponibles a los agentes estatales demandados porque estos
no hicieron parte de dicho proceso, y las pruebas practicadas en esa actuación no fueron
trasladadas al presente trámite. Por consiguiente, tales sentencias no pueden ser tenidas como
prueba del elemento subjetivo de la repetición”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 16 de noviembre de 2023, exp.
66200. C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
45
De conformidad con lo señalado en el artículo 174 del Código General del Proceso, la Sala
valorará las pruebas practicadas en dicho sumario, puesto que su traslado fue decretado desde el
auto admisorio del 23 de enero de 2020 (fls 78-88 Pdf) y, en proveído de 26 de junio de 2023, se
incorporaron como pruebas; además, los demandados fueron parte del proceso penal.
46
Índice 24 SAMAI.

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(i) Que con ocasión a los hechos ocurridos el 21 de octubre de 2020 se abrió
indagación preliminar y se dispuso recolectar los elementos de juicio necesarios a
fin de determinar el delito y los responsables de este47.

(ii) Mediante auto del 09 de marzo de 2011, proferido por el Juzgado 107 de
Instrucción Penal Militar, se ordenó abrir investigación formal de carácter penal en
contra de los señores Edwin Yovani Meneses Vega y Robinson Alberto Guarín
Urrea por el presunto delito de homicidio culposo.

(iii) A través de providencia del 07 de julio de 2011, el Juzgado 107 resolvió
previa valoración de los elementos de juicio recolectados para la fecha, decretar
medida de aseguramiento consistente en detención preventiva con beneficio de
libertad provisional a los accionados48. En la citada decisión se consideró lo
siguiente:

“(…) Que según ello, se debe de tener en cuenta que para que haya una imputación por
culpa, se requiere que exista una omisión reprochable y un resultado previsible que viole
el deber de cuidado de modo determinante para la producción del mismo que en caso de
los Señores CTCIM 80.039.856 MENESES VEGA EDWIN YOVANI – IMP 1.050.944.742
GUARÍN URREA ROBINSO ALBERTO, por su trayectoria militar estaban en la posibilidad
de comprender las exigencias normativas del caso, como lo eran los cuidados y
precauciones a tener en el manejo de las armas de fuego y las consecuencias que de su
uso se generarían, cuando según material probatorio y por las circunstancias tan
particulares en que se presentaron los hechos materia de investigación, donde se produjo
la muerte del Señor FERNEY PERLAZA VALENCIA (QEPD), como lo fue una
persecución fluvial a grandes velocidades es claro para el Despacho que ambos
procesados no tenían un limpio y claro objetivo para impactar al accionar sus
armas de fuego, válgase decir, que sobre este punto, el IMP 1.050.944.742 GUARIN
URREA ROBISON ALBERTO, manifiesta solo podía ver al piloto de la embarcación y el
Señor CTCIM 80.039.856 MENESES VEGA EDWIN YOVANI solo podía ver el motor de
la misma, estando la embarcación “PERLAFINA I” en movimiento por desarrollo de una
persecución fluvial a altas velocidades (…)
De manera que el resultado como lo es la muerte del Señor HUGO FERNEY PERLAZA
VALENCIA (QEPD), era previsible por la importancia y cuidado que representa el manejo
de las armas de fuego, en este caso estaban en cabeza de los Señores CTCIM
80.039.856 MENESES VEGA EDWIN YOVANI – IMP 1.050.944.742 GUARÍN URREA
ROBINSO ALBERTO, los cuales al accionarlas sin el debido cuidado y precaución
faltaron al deber de cuidado necesario, siendo esta falta al deber de cuidado
determinante para la producción del resultado lesivo, habiendo una relación de
determinación entre ambos. (…)” Resaltado de la Sala.

(iv) Posteriormente, mediante auto de 26 de abril de 2013, la Fiscalía Penal
Militar declaró cerrada la etapa de investigación.

(v) La Fiscalía Penal Militar ante el Juzgado de Primera Instancia de las
Brigadas Fluviales de Infantería de Marina mediante auto del 10 de octubre de

47
Folios. 18-20 Cuaderno 01 índice 24 SAMAI.
48
Folios 243- 270 Cuaderno 02 y Folios 9 –36 Cuaderno 3 índice 24 SAMAI.

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Demandado: Edwin Yovani Meneses y otro.
Referencia: Medio de control Repetición

2013, profirió resolución de cesación de procedimiento dentro del proceso penal
No. 831-FIBRIMS que se adelantó al TECIM Edwin Vega y el IMP Robinson
Guarín, por la presunta comisión del delito de homicidio culposo. Ello, en tanto se
consideró lo siguiente (por su importancia, se transcribe in extenso con los
posibles errores):

“(…) Frente a los disparos, nótese que los señores TECIM MENESES VEGA EDWIN YOVANI,
C2CIM PINEDA CASTRO JESUS FRANCISCO, IMP LLANEZ DÍAZ CARLOS MARIO y GUARIN
URREA ROBINSO, afirman concordantemente que debieron reaccionar ante los disparos
que recibieron de parte de los miembros de la embarcación “PERLAFINA I” cuando estaban
huyendo y quienes dispararon sus armas de dotación fueron el TECIM MENESES VEGA EDWIN
YOVANI y el IMP. GUARIN URREA ROBINSON. (…)

Sin embargo, se está pasando por alto que es un hecho cierto que HUGO FERNEY PERLAZA
VALENCIA y GERMAN ANTONIO FRANXO MANZI procedieron a la huida para evitar que la
Infantería de Marina requisara el contenido de las canecas que transportaban y demás elementos,
así como que también tras emplayarse la lancha “PERLAFINA I” el señor GERMAN ANTONIO
FRANCO MANZI se dio a la huida, generándose duda de si consigo pudiera llevar armas o
cualquier elemento ilícito que evitara su compromiso legal en los hechos investigados; así
como que la misma población de Bocas de Satinga que se amotino para evitar la práctica de
actos urgentes de la policía Judicial en dicha lancha, canecas que transportaban y demás
elementos, al igual que los familiares de HUGO FERNEY PERLAZA VALENCIA que acudieron al
lugar donde quedara la lancha emplayada, alteraron la escena, los elementos de prueba y tras
llevarse la lancha con occiso y elementos abordo, los manipularon de tal manera que
finalmente no se pudo comprobar la mismicidad e identidad de tales elementos ni practicar
pruebas en los cuerpos de HUGO FERNEY PERLAZA VALENCIA y GERMAN ANTONIO
FRANCO MANZI que permitieran saber si habían disparado momentos antes armas de
fuego, hecho este que no desvirtúa que en efecto debieron reaccionar en legítima defensa los
señores TECIM MENESES VEGA EDWIN YOVANI y el IMP. GUARIN URREA ROBINSON cuando
accionaron sus armas de dotación, falleciendo finalmente HUGO FERNEY PERLAZA VALENCIA.

Así las cosas, la prueba testimonial e indagatorias de quienes estuvieron en el lugar de los hechos,
-y digo lugar de los hechos frente a Io relacionado con la interceptación de la lancha “PERLAFINA
I” y su persecución ese 21 de octubre de 2010 en el rio sanquianga de Bocas de Satinga (Nariño)-,
permiten inferir como realmente acaecieron los hechos investigados frente a la muerte de HUGO
FERNEY PERLAZA VALENCIA confirmando las circunstancias temporo-modales; sin que exista
prueba en el expediente que desvirtúe que Io sucedido se enmarca dentro de la causal de
ausencia de responsabilidad denominada Legítima Defensa; llevando a la pregunta de si los
señores HUGO FERNEY PERLAZA VALENCIA y GERMAN ANTONIO FRANCO MANZI no
transportaban nada ilícito en la embarcación en la que se dirigían de Tumaco a Satinga, entonces
por qué huyeron cuando el personal del Puesto Fluvial Avanzado de la Infantería de Marina de
Satinga los inspeccionaba empujando a la embarcación militar al IMP GUARIN URREA?; por qué
la población y familiares de HUGO FERNEY PERLAZA VALENCIA presurosos se reunieron y
evitaron la práctica de Actos de Investigación sobre el cuerpo del occiso y lo que transportaba en la
lancha? Por qué cambiaron las canecas de lugar? Por qué no permitieron que las autoridades de
policía judicial efectuaron una correcta investigación sobre la lancha y su contenido original
vulnerando el acordonamiento y aislamiento que se había instalado?

Pues bien, todas estas circunstancias no pueden permitir que se profiera una Resolución de
Acusación en contra de los Procesados como lo solicitara la señora Representante del Ministerio
Público, y en su defecto, como lo solicitan los señore TECIM MENESES VEGA EDWIN YOVANI y
el IMP. GUARIN URREA ROBINSON en sus memoriales precalificatorios se debe proceder a

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CESARLES PROCEDIMIENTO a su favor, en aplicación de la causal de Ausencia de
Responsabilidad descrita contemplada en el artículo 34.4 de la Ley 522 de 1999, (….)

En el caso sub examine, no existe prueba en contrario que indique que no existiera tal agresión
hacia la Fuerza Pública por parte de HUGO FERNEY PERLAZA VALENCIA y GERMAN ANTONIO
FRANCO MANZI cuando procedieran a huir del lugar en que eran inspeccionados en la
embarcación “PERLAFINA I” ese 21 de octubre de 2010. Tampoco existe prueba que desvirtúe el
hecho de que dichas personas poseyeran armas de fuego y las hubieran accionado en contra del
personal de la Infantería de Marina, porque si bien sus familiares y amigos que declararan en el
expediente indican que nunca HUGO FERNEY PERLAZA VALENCIA y GERMAN ANTONIO
FRANCO MANZI llevan armas, tales personas no estuvieron presente al momento de los hechos
y precisamente fueron quienes permitieron que los elementos probatorios fueran alterados,
modificados, cambiados y existiera una flagrante obstrucción a la labor investigativa que por ley
debía desarrollarse ante la mirada plana e indiferente del personal de la SIJIN y Personera
Municipal de Bocas de Satinga y sin que pudiera hacer nada al respecto los miembros de la
Infantería de Mariana que se encontraban en el lugar, como se evidencia del video y fotografías
arrimadas al proceso.

Todo lo anterior, nos conlleva a CESAR PROCEDIMIENTO a favor de los señores TECIM
MENESES VEGA EDWIN YOVANI y el IMP GUARIN URREA ROBINSON como lo dispone el
artículo 231 de la Ley 522 de 1999 (…)” 49 (Resaltado de la Sala)

(vi) Contra la citada decisión procedían los recursos de ley, sin que fueran
interpuestos, por lo que se ordenó el archivo definitivo de la investigación50.

78. De las anteriores piezas probatorias, se colige que a los accionados en
ningún momento se les imputó el delito de homicidio doloso, la adecuación de la
conducta, fue a título de culpa, por presuntamente accionar el arma de fuego sin el
debido cuidado y precaución; sin embargo, fueron absueltos al configurarse un
eximente de responsabilidad penal, pues la Fiscalía Penal Militar concluyó que los
señores TECIM Meneses Vega y el IMP Guarín Urrea usaron sus armas de
dotación51 en legítima defensa, por cuanto no se desvirtuó el hecho de que los
tripulantes de la embarcación Perlafina I, poseyeran armas de fuego y las hubieran
accionado en contra del personal de Infantería Marina.

79. Así mismo, de la valoración en conjunto de las pruebas obrantes en el
expediente penal militar52 se advierte las siguientes circunstancias relevantes que

49
Folios 249 -277 Documento 001, cuaderno de expediente N°003, índice 024 SAMAI.
50
Folio 297 Cuaderno 03 índice 24 SAMAI.
51
El proyectil extraído del cuerpo del occiso Hugo Ferney Perlaza Valencia, fue disparado por el
fusil marca Colt calibre 5.56mm identificado con el número A0095347, asignado al IMP Guarín
Urrea Robinsón.
52
En la Investigación Penal No. 2011/008 J107 IPM se destacan las siguientes pruebas relevantes:
Informe hechos ocurridos en el Municipio Olaya Herrera – Nariño el 21 de octubre de 2010, Informe
a entes de control del 22 de octubre de 2010, Informe de los hechos del 22 de octubre de 2010,
Radiograma, Informe de contacto No. 039, Informe de Contacto No. 038, Protocolo de necropsia,
Inspección Judicial de terreno con reconstrucción de hechos, Declaración jurada del Infante de
Marina Profesional LLanez Díaz Carlos Mario, Declaración jurada del Teniente de Marina Meneses
Vega Edwin Yovani, Declaración Jurada del seño Cabo Segundo de Infantería Pineda Castro
Jesús Francesco, Declaración Jurada Infante Marina Profesional Guarín Urrea Robinsón Alberto,
Acta de incautación, Diligencia de Inspección Judicial de reconstrucción de los hechos,
Investigación de Campo, Registro civil de defunción, Concepto técnico de investigación balística

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rodearon los hechos objeto de investigación: (i) existía un Informe de Inteligencia53
que señalaba que había zarpado hacia el municipio de Bocas de Satinga una
embarcación de características franja roja y blanca, de nombre Perlafina I con
droga y dinero, (ii) la Infantería de Marina interceptó la embarcación en la cual se
encontraban dos civiles, entre ellos, el señor Hugo Ferney Perlaza Valencia
(QEPD), (iii) que al momento de realizar la requisa y verificar el contenido de unas
canecas azules el Infante Profesional Guarín es empujado fuertemente cayendo
del bote, (iv) la lancha Perlafina emprendió la huida y los civiles presuntamente
realizaron unos disparos, según el relato de los señores Llanes Díaz54, Meneses
Vega55, Pineda Castro56 y Guarín Urrea, (v) existió un cruce de disparos entre los
civiles y los miembros de la Armada Nacional durante la persecución por el río
Satinga, (vi) que la embarcación civil se encalló y salió en huida el piloto hacia un
monte al lado de la ribera del río, (viii) al interior del bote se encontraba el cuerpo
sin vida del señor Perlaza Valencia, (viii) que la Policía Judicial no realizó los actos
urgentes, sino espero la comparecencia del CTI, (ix) posteriormente, se alteró la
escena de los hechos por parte de un grupo de personas, dado que se sustrajo la
embarcación con el occiso y las dos canecas azules, como lo confirmó el señor
Hugo Perlaza Cifuentes y la Personera Municipal en sus declaraciones; (x) que las

forense, Libro Matriz Asignación fusiles, declaración de Hugo Perlaza Cifuentes, Betty Valencia,
Janeth Mosquera, declaración del señor Estacio Sinisterra José Félix, Parra Corrales William
Enrique, Gaviria Escobar Widelmo José, Extracto de hoja de vida del Teniente Meneses e Infante
Guarín, declaración MYCIM. Gaona Solano Javier Emilio, ampliación declaración Capitán Custodio
García Díaz, declaración de Germán Antonio Franco Manzi, Eduar Alex Arizala Cuero, PT Wilmer
Eduardo Ortega Correa, Informe Ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación, Inspección Técnica
a Cadáver, Acta no autorización desplazamiento de cadáver al Instituto de Medicina Legal,
Actuación del Primer respondiente, Entrevistas, Acta de Inspección a lugares, Ampliación
entrevista German Franco, Hugo Perlaza, y Elsa Janeth Mosquera, diligencia de indagatoria
Meneses Edwin, diligencia de ampliación Cabo Primero Morales Álvarez, ampliación MYCIM
Gaona Solano, ampliación IMP Llanes Díaz Carlos Mario, entre otras pruebas (índice 24 SAMAI).
53
Igualmente, según Anexo A de Inteligencia se tiene que la ubicación geoestratégica del
municipio de Satinga son para la estructura narcoterrorista del 29 frente de la ONT FARC y las
BACRIN RASTROJOS una ruta estratégica para llevar a cavo sus acciones delictivas. (Fl. 136
Cuaderno No. 1 índice 24).
54
Declaró el Infante sobre los hechos: “(…) la pinza se las pasa mi Teniente y el IMP GUARIN
alcance a darle una vuelta a la caneca, ahí cuando llega el difunto FERNEY y lo empuja y el cae en
la embarcación de nosotros, ahí ellos emprenden la huida de una vez, ya cuando llevan una
distancia nos hacen unos disparos, yo enciendo motores y arranco tras ellos, cuando ellos disparan
mi Teniente y GUARIN reaccionan también disparando, ahí cuando GUARIN coge su fusil se le
traba y entonces toma el mío y le dispara también, más adelante ellos quedan emplayados, el
piloto sale corriendo y el otro queda ahí muerto en la lancha de ellos.”
55
Declaró el Teniente Meneses Vega que “(…) y después procedió a moverse a pasar la revista a
los tanques azules, había una tanque azul que tenía una manguera que el primero al que GUARIN
le metió una patada, y le reboto y era gasolina, y procedió a hacer lo mismo con el otro tanque y se
sintió tieso, entonces GUARIN le pidió al lanchero de la PERLAFINA un alicate para abrir las tapas
del tanque, y el lanchero se negó, entonces le di mi alicate de uso personal y el procedió a abrir la
tapa del tanque, cuando comenzó a abrir la tapa del tanque uno de los tripulantes lo empujó,
GUARIN cayó en el bote de nosotros y enseguida arrancaron los motores y nos hicieron unos
disparos, la reacción de nosotros fue tirarnos al piso de la lancha (…)”. (Fl. 107 Cuaderno No. 1
índice 24 SAMAI).
56
Señaló: “(…) en el momento que el IMP. GUARIN pide una pieza prestada para destapar una de
las canecas, fue agredido por uno de los tripulantes empujándolo muy bruscamente hacia la
embarcación nuestra, el IMP se propino un fuerte golpe en la pierna derecha, y ellos emprendiendo
la huida hace unos disparos, lo cual reaccionamos cubriéndonos hacia el fondo de la lancha
nuestra, en ese momento se reacciona con unos disparos disuasivos (…)” (Fl. 112 Cuaderno No. 1
índice 24 SAMAI)

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canecas presuntamente fueron trasladadas a otras lanchas, y (xi) en la diligencia
de inspección judicial de reconstrucción de los hechos se insistió por los militares
que fueron agredidos con armas de fuego por el personal civil al momento de la
huida.
79. Además, se probó que el Puesto Fluvial Avanzado de Satinga dirigido por el
Teniente Edwin Meneses Vega, tenía el propósito de conducir operaciones de
registro y control militar dentro del área de operación, con el fin de neutralizar
cualquier pretensión (por parte de los agentes generadores de violencia) de
atentar contra la seguridad de la población civil o unidades militares, esto
atendiendo que la zona era una ruta estratégica para el narcotráfico.

80. También yace en el plenario, la declaración del señor German Antonio
Franco Manzi57 tripulante de la embarcación Perlafina I al momento de los hechos,
quien manifestó que el señor Ferney Perlaza empujó al “Teniente” y le dijo “mi
tuma, hagale”, procediendo él a la huida y escuchando dos disparos; y agregando
que escapó hacia el monte, pero resaltando que ellos no portaban armas de fuego
y tampoco droga o dinero, sino que era gasolina.

81. Se advierte del plexo probatorio, que las declaraciones de los uniformados
de la Armada Nacional fueron unísonas y coherentes al señalar que fueron
atacados con armas de fuego por el piloto de la lancha; además, tampoco existe
certeza respecto de las condiciones de la embarcación sobre la cual se realizó la
inspección judicial, porque hubo un tiempo en que la lancha estuvo desaparecida.

82. Así las cosas, fue con ocasión de un retén realizado por el Puesto Fluvial a
la lancha Perlafina, que se dio el cruce de disparos (entre los civiles y militares)
dando como resultado la muerte del señor Ferney Pedraza, conforme lo
manifiestan los testigos directos de los hechos, los informes y los registros
aportados.

83. De lo anterior, resulta forzoso concluir que, las probanzas obrantes en el
proceso No. 831-FIBRIMS que cursó en la Justicia Penal Militar, no resultaron
suficientes para que el ente investigador acusara a los aquí accionados por el
delito de homicidio culposo; y de cara al juicio de imputación en sede de
repetición, tampoco se evidencia que existan los elementos configurativos de la
conducta dolosa imputada a los demandados, pues se observa que los agentes de
la Armada Nacional estaban actuando conforme lo dispone la ley, en desarrollo de
una operación militar y atendiendo una información de inteligencia que tenía por
objeto contrarrestar el narcotráfico en la zona.

84. En otras palabras, en el proceso penal adelantado contra los aquí
demandados por la muerte del señor Perlaza Valencia, no se advierte prueba que
acredite que los agentes hicieron uso de la fuerza de forma deliberada y con el
propósito directo de causar daño a una persona; tampoco se probó que utilizaron

57
Fls. 49-62 Cuaderno No. 2 índice 24 SAMAI.

21

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sus cargos para fines distintos de los que la Constitución y la ley han asignado a
las Fuerzas Militares58.
85. Aunado a ello, no se probó que el deceso del señor Ferney Perlaza haya
ocurrido por actuaciones arbitrarias, injustificadas y/o desproporcionadas de los
agentes públicos, de cara al análisis de las pruebas que reposan en el expediente
penal que no dan cuenta que la acción de los demandados fuese deliberada y
abiertamente malintencionada.

86. Finalmente, la Sala reitera, que la Fiscalía Penal Militar una vez adelantada
la investigación por los hechos que condujeron al fallecimiento del señor Hugo
Ferney Perlaza Valencia, concluyó que esta se dio en medio de un cruce de
disparos donde medió la defensa legítima y que, por esa razón, ni el uso de las
armas, ni la muerte en medio de tales circunstancias, eran constitutivos de una
conducta punible.

87. En conclusión, es evidente que la imposición de una medida de
aseguramiento por parte de la Justicia Penal Militar a los agentes Guarín Urrea y
Meneses Vega; y la responsabilidad administrativa atribuida a la entidad
recurrente no son suficientes para demostrar el elemento subjetivo de la conducta
de los demandados. Esto se debe a que la repetición tiene una connotación
estrictamente civil y patrimonial, lo que implica que no se pueden extender
automáticamente las razones jurídicas de un proceso judicial anterior para
justificar una imputación, por ello como ya se dijo, no bastaba con allegar las
sentencias condenatorias del proceso de reparación directa y el proceso penal que
terminó con la cesación de procedimiento, a contrario sensu, se debía acreditar
fehacientemente el dolo de los accionados, esto es, que su actuación representó

58
Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A, C.P. José Roberto Sáchica
Méndez, en sentencia del 30 de agosto de 2020, radicado 73001-23-31-000-2008-00356-01
(57.782), explicó sobre el dolo: “124. A no dudarlo, los demandados utilizaron su cargo para fines
distintos de los que la constitución y la ley han asignado a la Policía Nacional, como expresión
concreta del fin constitucional para el cual fue fijado su monopolio en cabeza del Estado. Además,
su uso se hizo en condiciones irreglamentarias, de manera grosera, vulnerando los principios
rectores del obrar de los integrantes de policía, pues resulta cuestionable que justamente sean
uniformados de esa institución, funcionarios llamados a proteger la vida, honra y bienes de los
ciudadanos, quienes den muerte a un civil, en el marco de una retención abiertamente ilegal.
125. El ejercicio exclusivo del uso de la fuerza por parte del Estado encuentra su límite y razón de
ser en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ello con el propósito de
salvaguardar el derecho a la vida y a la integridad física gravemente amenazados por la posesión y
uso de armas de fuego, de tal suerte que únicamente las autoridades militares y de policía sean
quienes ejerzan de manera excepcional la aludida fuerza, naturalmente en el marco de las
funciones claramente delimitadas por el ordenamiento jurídico.
126. Así, partiendo de la base que la vida es un derecho intangible y es el sustento de los derechos
inherentes a la persona y de un orden constitucional que califica los derechos como inalienables,
es claro que no son admisibles las conductas delictivas tendientes a cegar la vida de los
particulares y por ello en varias oportunidades ha sido condenado el Estado, por actuaciones
irregulares, por decir lo menos, por parte de miembros de las Fuerzas Militares y de Policía.
127. De manera que, si un agente hace uso de sus potestades para dirigir su fuerza
deliberadamente a causar daño a una persona, violando sus derechos fundamentales y en
contravía de aquel propósito de salvaguardar la vida e integridad, la conducta no solo es
catalogada como dolosa sino que es constitutiva de delito.”

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una desviación intencional del uso de la fuerza respecto de las finalidades del
servicio de seguridad y control fluvial.

88. A todo lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 167 del Código General del Proceso, “incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal carga
procesal, impide comprobar la existencia de uno de los elementos estructurales
del medio de control de repetición, sin la cual, en los términos del inciso 2 del
artículo 90 de la Constitución Política, no es posible la declaración de
responsabilidad de los demandados59.

89. Por lo expuesto ut supra, el recurso de apelación no está llamado a
prosperar, por cuanto no se acreditó el elemento subjetivo exigido para repetir
patrimonialmente contra los accionados, debido a que el dolo endilgado a los
agentes estatales no pudo ser constatado con los medios probatorios recaudados,
por lo que la Sala procederá a confirmar la sentencia de primera instancia.

Condena en costas

90. El artículo 18860 del CPACA dispone que, salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil.

91. Esta Subsección61, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia C-832 de 200162, ha considerado que el proceso que se adelanta en
ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un
interés público, pues se busca la protección del patrimonio público.

92. Así las cosas, dado que en el proceso de la referencia se persigue un
interés público, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la Nación- Ministerio
de Defensa – Armada Nacional.

59
En este punto, para la Sala es importante dejar constancia de la indebida aproximación que las
entidades públicas realizan en torno a los medios de prueba que se allegan a los juicios de
repetición, dado que no distinguen la forma de la conducta imputada para efectos de que, bajo
criterios de utilidad, pertinencia y utilidad, el material probatorio sea congruente con esa
imputación. En efecto, no se trata de que acrediten simplemente un supuesto de derecho, cuya
génesis sea vacío o genérico, dado que deberán traer medios de prueba que permitan establecer
individual y congruentemente el dolo o la culpa grave que se imputa en la demanda.
60
“ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil. <Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021.> En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.”
61
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 11 de abril de 2019, exp. 59.139; sentencia de 12 de agosto de 2019, exp. 63.519;
sentencia del 20 de febrero de 2020, exp. 51.949 y sentencia del 7 de mayo de 2021, exp. 58.503.
62
Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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Radicación: 52001233300020190043001 (71440)
Demandante: Nación Ministerio de Defensa-
Armada Nacional
Demandado: Edwin Yovani Meneses y otro.
Referencia: Medio de control Repetición

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño el 2 de febrero de 2024, de conformidad con las razones expuestas en
esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal Administrativo de origen, para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono
celular el código QR que aparece a la derecha.

VF

24

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