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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00728-01

Fecha
12 de mayo de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00728-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Modificar el ordinal quinto de la sentencia del 29 de agosto de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso el señor Luis Antonio González Tulcán, así: «QUINTO: Condenar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a realizar las cotizaciones a pensión a favor del señor Luis Antonio González Tulcán, por el periodo durante el cual se comprobó la relación laboral, esto es, entre el 20 de octubre de 2007 y el 9 de abril de 2012, observando para los efectos, el lapso efectivamente ejecutado de los contratos y las determinaciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Para tales efectos, deberá tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional42 del demandante, dentro de los periodos laborados por prestación de servicios, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados por el señor González Tulcán como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos 41 «Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]» 42 Para el efecto y según la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005 del 25 de agosto de 2016, el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir, corresponderá a los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 de la respectiva condena, deberá tomarse como base de liquidación el valor pactado por honorarios en los respectivos contratos. En ese sentido, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2015-00728-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

12 de mayo de 2022

1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00728-01 (0824-2019)
Demandante: LUIS ANTONIO GONZÁLEZ TULCÁN
Demandada: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL, DPS1

Tema: Reconocimiento relación laboral.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011

ASUNTO

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia del 29
de agosto de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que
accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Luis Antonio González Tulcán, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló, en síntesis, las siguientes:

Pretensiones2

1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Oficio
20156100415131 del 29 de abril de 2015, por medio del cual se negó el
reconocimiento y pago de prestaciones sociales, de indemnizaciones, y del
reintegro del pago al sistema de seguridad social, y demás derechos
reclamados por el señor Luis Antonio González Tulcán; y ii) Oficio
20156100514691 del 25 de mayo de 2015, mediante el cual se resolvió el
recurso de reposición y apelación interpuestos contra la decisión contenida
en el acto administrativo del 29 de abril de 2015.

2. A título de restablecimiento del derecho, declarar que entre el demandante
y el DPS existió una relación laboral al haberse dado los presupuestos
jurídicos y fácticos que la constituyen, de manera continua e ininterrumpida.

3. Declarar que la entidad demandada adeuda al convocante prestaciones
sociales, indemnización por no pago de cesantías, aportes a pensión y
1
En adelante DPS.
2
Folios 2 y 3, 60 a 64, C1.

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2

salud que realizó el señor González Tulcán, así como los demás derechos
derivados de la relación laboral.

4. Condenar a la demandada a pagar a favor del demandante, como lucro
cesante, las acreencias laborales causadas de: vacaciones, prima de
vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses a las cesantías y prima
de servicios.

5. Condenar a la entidad convocada a pagar la indemnización moratoria por
la tardanza en el pago de las cesantías.

6. Condenar al DPS a pagar la sanción moratoria por el no pago oportuno de
las prestaciones sociales.

7. Condenar a la entidad demandada a pagar, como daño emergente, la suma
que el demandante debió cancelar de su propio patrimonio para cotizar al
sistema general de seguridad social.

8. Condenar a la demandada a pagar los valores adeudados debidamente
actualizados a la fecha de su cancelación efectiva; así como a pagar los
intereses de mora conforme a lo dispuesto en el artículo 195 del CPACA.

Fundamentos fácticos relevantes3

1. El señor Luis Antonio Gonzáles Tulcán laboró para la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social4, hoy
transformada en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
– DPS, en la unidad territorial Nariño, que luego pasó a llamarse Regional
Nariño, ubicada en la ciudad de Pasto, desde el 20 de octubre de 2007
hasta el 9 de abril de 2012, de manera continua e ininterrumpida.

2. Durante el tiempo en que el demandante prestó sus servicios a la entidad
demandada recibió pagos mensuales que constituyeron salario; en los
espacios temporales en los cuales no se observa celebración de contrato
entre las partes, el convocante continuó laborando a la espera de la firma
del siguiente acuerdo bilateral, de manera que sus funciones no se vieron
interrumpidas.

3. El señor González Tulcán prestó sus servicios de manera personal y
directa, sin subcontratar o acudir a terceros.

4. Los contratos suscritos no constituyen prueba de una relación contractual
independiente, sino una inequívoca situación subordinada derivada de una
relación legal y reglamentaria.

5. Con posterioridad al último contrato de prestación de servicios, el
interesado continuó desempeñando el mismo cargo creado en la planta de
personal del DPS, en el programa Familias en Acción, bajo las mismas
funciones desarrolladas desde su vinculación con la entidad. Actualmente
se encuentra nombrado en provisionalidad.

3
Folios 3 a 8, 64 a 68, C1.
4
En adelante Acción Social.

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3

6. El señor Luis Antonio González Tulcán radicó petición ante el DPS el 9 de
abril de 2015, solicitando los derechos derivados de una relación laboral.
Frente a dicha petición, la entidad emitió el Oficio 20156100415131 del 29
de abril de 2015, a través del cual negó la reclamación.

7. Contra la decisión anterior, el demandante presentó recurso de reposición
y en subsidio de apelación el 13 de mayo de 2015, mismo que fue resuelto
mediante Oficio 20156100514691 del 25 de mayo de 2015 confirmando la
negativa al reconocimiento deprecado.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»5, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por los
intervinientes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia
inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y
aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto
de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones6:

«[…] El Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social propuso las
siguientes excepciones: i) “Prescripción del derecho a reclamar la existencia
de una relación laboral”, ii) “Inexistencia de relación laboral entre el señor Luis
Antonio González Tulcán y la Agencia Presidencial Para la Acción Social y la
Cooperación Internacional Acción Social-FIP hoy Departamento Administrativo
Para la Prosperidad Social-FIP”, iii) “Inexistencia de la obligación a cargo del DPS
de cancelar los salarios, prestaciones sociales a favor del señor Luis Antonio
González Tulcán-ex contratista de la entidad” y, iv) “Excepción de insuficiencia
probatoria”.

Nótese que respecto de las excepciones de los numerales ii), iii) y, iv), por
tratarse de excepciones de fondo, considera el Tribunal que habrán de resolverse
en la sentencia luego del examen del acervo probatorio y las normas aplicables
al caso concreto.

No obstante, valga precisar que frente a la excepción de prescripción este
Tribunal considera que teniendo en cuenta que el periodo invocado en la
demanda (20 de octubre de 2007 a 09 de abril de 2012) y la fecha de la
presentación de la reclamación administrativa (09 de abril de 2015, fls. 32-34) y
la fecha de presentación de la demanda, el derecho reclamado se presentó
dentro de los 3 años subsiguientes a la finalización del término del último contrato
invocado o declaración de la presunta relación laboral.

5
Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
6
Folios 436 Vto. a 437 Vto., C1.

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4

De manera que no se ha configurado la excepción de prescripción del derecho
reclamado, sin que pueda aludirse a cada prestación reclamada, había cuenta
que de existir derecho a ellas su exigibilidad surge con la respectiva sentencia.

Se declara entonces no probada dicha excepción. […]». (Negrillas del texto
original)

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos7:

«[…] En el sub judice el debate probatorio se contrae a establecer si son nulos
los actos administrativos contenidos en el Oficio Nº 20156100415131 del 29 de
abril de 2015 y Oficio Nº 20156100514691 del 25 de mayo de 2015, por medio
de los cuales, la Subdirectora de Contratación del D.P.S. negó al hoy
demandante el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales,
indemnizaciones, sanciones y demás acreencias laborales, junto con el reintegro
de los aportes al sistema de seguridad social que debía pagar la demandada en
favor del señor Luis Antonio Gonzáles Tulcán, ello, según el actor, en razón de
una relación laboral que se ejecutó entre el prenombrado y el Departamento
Administrativo Para la Prosperidad Social-DPS entre el 20 de octubre de 2007 y
el 09 de abril de 2012, época durante la cual se desempeñó como Técnico de
Atención al Ciudadano del Programa Familias en Acción. […]». (Cursiva del
texto original)

SENTENCIA APELADA8

El tribunal de primera instancia dictó sentencia escrita el 29 de agosto de 2018,
a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda, con sustento en
las siguientes consideraciones:

En primer lugar, desarrolló los conceptos normativos sobre el contrato laboral
y el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades y,
seguidamente, indicó que un contrato de prestación de servicios puede ser
desvirtuado cuando se demuestran los tres elementos que configuran una
relación de trabajo, lo que implica que sea de cargo del demandante demostrar
haber prestado sus servicios a favor de la entidad de forma personal, continua,
haber recibido un remuneración por la misma, y que existió subordinación o
dependencia durante el tiempo en que estuvo vinculado bajo la modalidad de
contrato de prestación de servicios.

En segundo término, señaló que el reconocimiento de las prestaciones
sociales a que hubiese lugar debía hacerse a título de indemnización y su
liquidación efectuarse con base en los honorarios pactados en los acuerdos
suscritos, sin que de ello se derive la calidad de empleado público.

Al abordar el fenómeno jurídico de la prescripción puntualizó que, toda vez que
el 9 de abril de 2012 corresponde a la fecha en la cual el demandante terminó
su relación contractual con la entidad demandada, el interesado tenía hasta el
9 de abril de 2015 para presentar la reclamación ante el DPS, fecha en la cual
en efecto radicó la respectiva solicitud administrativa.

7
Folio 437 Vto. y 466, C1.
8
Folios 512 a 536, C1.

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5

Así, consideró demostrado que se había interrumpido la prescripción de los
derechos laborales y prestacionales pretendidos con la demanda, pues,
además, sostuvo que, pese a que hubo interrupciones entre la suscripción de
uno y otro contrato en el mes de enero de cada año, las mismas no superaron
un mes y; de otro lado, dichos lapsos son entendibles desde el punto de vista
que los entes territoriales, en la mayoría de los casos, presentan demora en la
autorización de las apropiaciones presupuestales.

Lo anterior, manifestó, encuentra sustento en las pruebas testimoniales en
donde se precisó que las labores desarrolladas por el convocante no se
interrumpían durante los referidos lapsos pese a la falta de formalización de
los contratos.

Ahora, al pronunciarse sobre los hechos objeto de debate, el a quo resaltó que
tras analizar los elementos probatorios es posible afirmar que el demandante
sí prestó sus servicios a la entidad demandada desde el 20 de octubre de 2007
hasta el 9 de abril de 2012, que recibió un pago periódico, mes a mes, que
acreditó el elemento de la subordinación y que, entre otros aspectos, las
funciones desplegadas por el interesado son de la naturaleza misma del
programa Familias en Acción.

Con sustento en lo mencionado, el tribunal declaró la nulidad de los actos
administrativos cuestionados; declaró la existencia de una relación laboral
entre las partes desde el 20 de octubre de 2007 y hasta el 9 de abril de 2012;
ordenó el reconocimiento y pago de los valores correspondientes a
prestaciones sociales y/o factores salariales, de los que hubiera devengado un
servidor de la planta de personal de la extinta Acción Social hoy DPS, durante
el referido periodo, teniendo en cuenta para ello los honorarios pactados en
los contratos de prestación de servicios; ordenó el reintegro al demandante de
lo pagado por él por concepto de aportes al sistema de seguridad social en
salud, pensiones y riesgos profesionales, en su debida proporción; dispuso
que el tiempo reconocido debía tenerse en cuenta para efectos pensionales; y
condenó en costas a la entidad convocada.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada9 presentó recurso de apelación con fundamento en lo
siguiente:

Quedó demostrado que el demandante no se vinculó mediante una relación
legal y reglamentaria con la entidad, y que las obligaciones contractuales
pactadas y ejecutadas por él no corresponden a funciones que estuvieran
enmarcadas en algún cargo de la planta de personal de Acción Social,
circunstancia que originó la celebración de los contratos de prestación de
servicios del señor González Tulcán, que fueron ejecutados de manera
autónoma e independiente.

Así mismo, resaltó que en la sentencia recurrida se afirma que el demandante
no desarrolló labores ocasionales o temporales y que por ello se descarta la
aplicación de la figura de los contratos de prestación de servicios prevista en
el Ley 80 de 1993, pese a lo cual, en la providencia no se indicaron los
fundamentos de dicha conclusión.

9
Folios 542 a 548, C1.

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6

Remarcó que lo anterior encuentra eco en que, con Ley 487 de 1998, se creó
el Fondo de Inversión para la Paz que no tenía personería jurídica, ni planta
de personal, por lo que desde su concepción se determinó el carácter temporal
u ocasional.

En punto a la subordinación recalcó que, el interesado, prestó sus servicios en
un marco de coordinación que no conlleva la existencia de la subordinación, y
que este elemento tampoco puede desprenderse del cumplimiento de horario.

Adujo que en el caso concreto, el señor Luis Antonio González Tulcán no
acreditó que el desempeño de sus obligaciones contractuales fue realizado en
las mismas condiciones de cualquier servidor público de la entidad, pues para
la época de la contratación, no existía empleo en la planta de personal de
Acción Social que tuviera funciones relativas al Plan Colombia, y además, por
cuanto el demandante desarrolló sus actividades con sustento en lo definido
en la Ley 487 de 1998, es decir, actividades temporales.

Argumentó que, en atención a las circunstancias que antecedieron la puesta
en marcha del Plan Colombia, se estructuró el programa Familias en Acción,
el cual fue asignado a Acción Social con carácter transitorio, dado que solo
con la expedición de la Ley 1532 de 2012, se asignó de manera permanente
a cargo del actual DPS.

Finalmente señaló que, al momento de valorar las pruebas testimoniales, se
debía tener en cuenta que los deponentes han demandado a la entidad
convocada por similares hechos y que han fungido como testigos mutuos en
dichos procesos.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante10 luego de efectuar un análisis de las circunstancias
normativas, jurídicas y procesales del caso concreto, solicitó confirmar en su
integridad la sentencia de primera instancia.

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social11 hizo
referencia a los planteamientos de la sentencia que accedió a las pretensiones
de la demanda, para concluir que no le asiste derecho al demandante al
reconocimiento de prestaciones sociales y demás acreencias laborales en
tanto no acreditó la existencia de una relación laboral. Así mismo, señaló que
el interesado no acudió dentro del término legal a la jurisdicción por lo que
operó el fenómeno de la prescripción trienal.

El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado guardaron silencio en esta etapa, de conformidad con la constancia
secretarial obrante a folio 598 del plenario.

CONSIDERACIONES

Competencia

10
Folios 572 a 590, C1.
11
Folios 591 a 415, C1.

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7

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

Problema jurídico

De conformidad con los planteamientos derivados de la sentencia impugnada
y de los recursos de apelación elevados por la parte demandante y por el
Ministerio de Salud y Protección Social, los problemas jurídicos a resolver en
esta instancia se circunscriben a:

1. ¿El señor Luis Antonio González Tulcán demostró la configuración de los
elementos de la relación laboral durante el tiempo que estuvo vinculado
con Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, a través de contratos de prestación de servicios suscritos
directamente con la entidad?

En caso afirmativo,

2. ¿Hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho, al haber transcurrido más de tres años entre la finalización de
todos o algunos de los periodos contractuales y la reclamación
administrativa?

3. ¿Hay lugar a reembolsar al demandante las sumas pagadas por concepto
de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos
profesionales?

Marco normativo y jurisprudencial

En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a
la cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por
las partes.

Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales
sobre el derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano,
forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral).
Por esta razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de
«salario igual por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del
Convenio 111 de la OIT,12 constituye, junto con otros principios
convencionales,13 un axioma laboral de aplicación directa en el ordenamiento

12
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
13
Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de
Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como
«(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño
de una actividad lícita libremente escogida o aceptada».

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8

jurídico interno.

Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que
respecta al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los
instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes
de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el
cumplimiento de los fines del Estado), el numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993 lo recoge como un tipo de negocio jurídico o contrato típico, en los
siguientes términos:

«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal
de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales
y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los
contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni
generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los
elementos configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación
continuada, la prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo).

En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley
80 de 1993, y la forma en que este queda desvirtuado para dar lugar a la
declaratoria de una relación laboral encubierta o subyacente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique
conductas o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el
Estado es el empleador, deberá ser analizada en consideración de los
derechos fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo
53 de la Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo,
debidamente ratificados por el Estado.

En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios,
el elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a
saber:

i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se puede matizar ante
el surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas»;

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9

ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o imposición de
jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en función del objeto contractual
convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se materializa,
por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del prestador del servicio en el
círculo rector, organizativo o disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera idéntica,
semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores de planta,
siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral.

No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna
manera, una vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle
la categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer
las exigencias del artículo 122 de la Carta Política.14

Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante
o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia.

Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de
acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad
de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente
temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse
en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro
del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la
Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la
devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se
recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal.

En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de
dar cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la
manera más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente
indispensable» puede advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde
la entidad justifica, en función del objeto a contratar y de los recursos
disponibles, el tiempo máximo que estima imprescindible para la ejecución de

14
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-
2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez

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10

un contrato futuro. De ahí que los contratos de prestación de servicios no
puedan concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se suscriben con
personas naturales.

En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles,
en principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad
para aquellos contratos de prestación de servicios que presenten
interrupciones, cuya consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción
de derechos una vez declarada la relación laboral subyacente. En
consecuencia, de no superarse dicho lapso, se puede concluir «la existencia
de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate que los
objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y
apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades».

A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se
reiteró que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la
prescripción de derechos prestacionales derivados de la relación laboral
encubierta o subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016,15 según la cual, en caso de encontrarse
acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento debe
reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente
a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización,16 por lo que de no
presentarse la reclamación en ese periodo, operará el fenómeno prescriptivo,
salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no está sometidos a
dicho término.17

En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo
cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación
laboral cuya duración deba ser examinada.

Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente
la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en

15
sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005
16
En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de
prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene
un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez
verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y
examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que
han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de
prestación de servicios. […]» (Negrita fuera del texto)
17
Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado
de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante
como empleadora.

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estudio en la vía judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver
el caso concreto a la luz de dichos parámetros.

Primer problema jurídico

¿El señor Luis Antonio González Tulcán demostró la configuración de los
elementos de la relación laboral durante el tiempo que estuvo vinculado con
Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, a
través de contratos de prestación de servicios suscritos directamente con la
entidad?

Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con el
análisis jurídico y probatorio, en el caso del señor Luis Antonio González
Tulcán se encuentran demostrados los tres elementos que configuran una
verdadera relación laboral, razón por la cual, en virtud del principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades, hay lugar a declarar su
existencia.

Sobre el asunto sometido a discusión

Advierte la Sala que, en el presente asunto, el demandante pretende la
declaración de la existencia de una relación laboral entre él y el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, desde el 20 de octubre de 2007 al
9 de abril de 2012 y, en consecuencia, que se ordene el reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales de ley y demás acreencias laborales que surjan
con ocasión de dicha declaratoria.

El tribunal de primera instancia consideró acreditada la relación laboral
aducida por el señor Luis Antonio González Tulcán, por cuanto del material
probatorio allegado al plenario es posible evidenciar la configuración de los
elementos constitutivos del contrato de trabajo cuales son la prestación
personal del servicio, la remuneración periódica y la subordinación continuada
durante el tiempo de vinculación con la entidad.

No obstante, según se desprende del recurso de alzada presentado por la
parte demandada, en el presente asunto no hay lugar a declarar la existencia
de la referida relación y, en consecuencia no es procedente el reconocimiento
y pago de las prestaciones sociales reclamadas por el convocante, por cuanto
no solo no se demostró el elemento de la subordinación, sino que su prestación
del servicio a la entidad se dio bajo la modalidad de contratación por prestación
de servicios, amparada en la temporalidad del programa de Familias en
Acción, gestionado por la entonces Acción Social, quien no tenía personería
jurídica ni planta de personal asignada.

De acuerdo con lo anterior, precisa esta Subsección que quien pretende la
declaratoria de existencia de una relación laboral oculta bajo la modalidad de
contratación por prestación de servicios, tiene el deber de demostrar, a través
de los medios probatorios a su disposición, la configuración de los elementos
esenciales del contrato de trabajo.

Así las cosas, y de acuerdo a la documentación obrante en el expediente, se
observa que el señor Luis Antonio González Tulcán, prestó sus servicios al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de la siguiente
manera:

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12

Vinculación contractual directa18

N.º de Periodo Valor/Honorarios Objeto Folio
contrato u
orden

757/2007 20/10/07 $3.969.000 Prestar a la ACCIÓN SOCIAL – FIP, por sus 23 a 29,
31/12/07 propios medios, con plena autonomía técnica 204 a 205,
y administrativa, sus servicios como Técnico 207 a 209,
de Atención al ciudadano del Programa C1.
Familias en Acción, en la Unidad Coordinadora
Regional del Departamento de Nariño, para
coadyuvar a la eficiencia y eficacia en los
temas que son de competencia de esta
dependencia.
322/2008 21/01/08 $18.522.000 Prestar a la ACCIÓN SOCIAL, por sus propios 23 a 29,
31/12/08 medios, con plena autonomía técnica y 204 a 205,
administrativa, sus servicios técnicos en el 214 a 217,
Programa Familias en Acción, como TÉCNICO C1.
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO en la Unidad
Coordinadora Regional del Departamento de
Nariño, así como contribuir y colaborar en el
desarrollo de las diferentes actividades propias
de esta dependencia.
456/2009 28/01/09 $19.633.320 Ibídem. 23 a 29,
31/12/09 204 a 205,
220 a 223,
C1.
541/2010 20/01/10 $28.476.000 Ibídem. 23 a 29,
31/12/10 204 a 205,
226 a 230,
C1.
310/2011 26/01/11 $29.124.000 Ibídem. 23 a 29,
31/12/11 204 a 205,
233 a 236,
C1.
642/2012 31/01/12 $7.281.000 Prestar al Departamento para la Prosperidad 23 a 29,
13/04/1219 Social, por sus propios medios, con plena 204 a 205,
autonomía técnica y administrativa, sus 239 a 242,
servicios técnicos como TÉCNICO DE C1.
ATENCIÓN AL CIUDADANO de Familias en
Acción en el Departamento de Nariño, así
como contribuir y colaborar en el desarrollo de
las diferentes actividades propias de esta
dependencia.

La anterior relación probatoria permite colegir que, entre el 20 de octubre de
2007 y el 9 de abril de 2012, el señor Luis Antonio González Tulcán prestó sus
servicios profesionales de manera directa a la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social – Fondo de
Inversión para la Paz; y al Departamento para la Prosperidad Social, mediante
contratos de prestación de servicios, con apenas algunas interrupciones en
términos de días.

Es de anotar que, de conformidad con las certificaciones expedidas por la
Subdirectora de Contratación del DPS, de fecha 14 de noviembre de 2014 y 9
de septiembre de 2016, pese a la diferencia que pueda evidenciarse en la
denominación de la entidad contratante en los diferentes momentos
contractuales, los acuerdos bilaterales previamente referenciados fueron, en

18
De conformidad con la certificación expedida por la Subdirectora de Contratación del Departamento
para la Prosperidad Social el 14 de noviembre de 2014 y el 9 de septiembre de 2016. (fls. 23 a 29 y 204
a 205, C1.)
19
Si bien las certificaciones aportadas al plenario refieren como última fecha de vinculación del
demandante con la entidad, el 13 de abril de 2012, la reclamación administrativa y la demanda solicitan
que se declare la existencia de la relación laboral entre el 20 de octubre de 2007 y el 9 de abril de 2012,
fecha esta última en que se dio la terminación anticipada del contrato de prestación de servicios 642 de
2012, con ocasión del nombramiento en provisionalidad que se efectuó al convocante en la planta de
personal del DPS. Dicha circunstancia no fue objeto de debate por las partes, y es conforme a la misma
que la sentencia de primera instancia accedió a las pretensiones del libelo.

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su totalidad, suscritos con la misma entidad, hoy transformada en el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Ahora, toda vez que en el recurso de alzada se advierte que la inconformidad
alí presentada por la parte demandada, consiste en que con el material
probatorio allegado no se comprobó la existencia de la relación laboral aludida
por el interesado, la Subsección procederá a verificar si conforme a dichos
elementos probatorios, el señor González Tulcán logró acreditar la prestación
personal del servicio, remunerada y bajo continua subordinación y
dependencia.

a) La prestación personal del servicio.

Para esta Subsección está acreditado que el señor Luis Antonio González
Tulcán prestó de forma personal sus servicios al hoy Departamento para la
Proseridad Social, con ocasión de los diferentes contratos celebrados, para
desarrollar funciones requeridas en cumplimento de los objetos contractuales,
como se relacionó al analizar los extremos temporales de la relación.

b) Remuneración por el servicio prestado.

Frente al elemento de la remuneración, la Sala puede inferir razonablemente
que al señor Luis Antonio González Tulcán se le cancelaban periódicamente
las sumas reconocidas a título de honorarios en los diferentes contratos de
prestación de servicios. Ello se advierte, principalmente, de las cláusulas
relacionadas con: i) el valor de los contratos; y ii) la forma de pago en la cual
se estipulaban los montos mensuales que recibiría el demandante por sus
servicios.

Así mismo, de conformidad con la información suministrada por el DPS en
Oficio del 9 de septiembre de 201620, al convocante le fueron cancelados
honorarios de manera regular, mes a mes durante el tiempo en que mantuvo
la vinculación contractual.

c) Subordinación y dependencia continuada

Este elemento esencial del contrato de trabajo, según el artículo 23 del CST21,
es considerado por la doctrina como el determinante para distinguir la relación
laboral de las demás prestaciones de servicios, y que faculta al empleador
para exigir el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al
tiempo, modo o cantidad de labores, así como para imponerle reglamentos y
el poder disciplinario, teniendo en cuenta para ello, los límites constitucionales
que imponen el respeto a la dignidad humana del trabajador y sus derechos
mínimos, es decir, bajo criterios de razonabilidad y sin arbitrariedad. De
acuerdo con lo anterior, la subordinación parte del poder de dirección respecto

20
Folios 245 y Vto., C1.
21
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El
nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:
[…]
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste
para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad
de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del
contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en
concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; […]» (Subraya la Sala).

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a las actividades de trabajo y como potestad disciplinaria del empleador para
conservar el orden en la empresa, pero únicamente en lo atinente al ámbito
laboral.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-386 de 2000 indicó:

«[…] La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y
definidor del contrato de trabajo ha sido entendida, según la concepción más
aceptable por la doctrina y la jurisprudencia, como un poder jurídico permanente
de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a
través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de
reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe realizar las funciones y
cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de los
objetivos de la empresa, los cuales son generalmente económicos.

Se destaca dentro del elemento subordinación, no solamente el poder de
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
disciplinario que el empleador ejerce sobre éste para asegurar un
comportamiento y una disciplina acordes con los propósitos de la organización
empresarial y el respeto por la dignidad y los derechos de aquél. […]»22

Colofón de lo expuesto, como subordinación y dependencia continuada se
debe entender el elemento esencial y configurativo de la relación laboral,
según el cual el empleador, en ejercicio de su potestad de dirección, puede
exigir a sus empleados el acatamiento de órdenes e instrucciones sobre el
modo y la cantidad de trabajo, el cumplimiento de horarios para el desarrollo
de este, y la imposición de los reglamentos internos, en cualquier momento,
respetando la dignidad del trabajador y sus derechos mínimos constitucionales
y laborales.

Bajo tal entendimiento, se tiene que la entidad demandada sustentó su recurso
de apelación sobre la base de que, con las pruebas a portadas al proceso, no
se demostró la existencia de la relación laboral entre las partes,
específicamente por no haberse acreditado el elemento de la subordinación; y
que el programa para el cual se requirieron los servicios del demandante, esto
es, Familias en Acción, fue creado de manera temporal u ocasional, lo que
evidencia el carácter transitorio de la vinculación del señor González Tulcán.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que para esta Sala los elementos de
prestación personal del servicio y de remuneración o contraprestación, propios
de la relación laboral, se encuentran debidamente acreditados en el sub
examine, se procede entonces a realizar el análisis correspondiente al
elemento de la subordinación y dependencia continuada, para lo cual se
estudiará, en primer término, la prueba testimonial recepcionada en la
audiencia de pruebas23.

Así, se tiene que los señores Melly Karly Rosero Ruíz, Claudia Narváez Rojas,
Luis Felipe Ordoñez Armero y Alfonso Ortega Luna, testigos llamados por la
parte demandante, depusieron sobre los hechos en que se fundamenta la
reclamación solicitada en el libelo, en los siguientes términos:

La señora Melly Karly Rosero Ruíz informó que conoció al señor Luis Antonio
González Tulcán en diciembre de 2007, época en la cual ella ingresó a trabajar en la

22
Magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell.
23
Folios 463 a 469, C1

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entidad, por lo que tuvieron una relación laboral de acuerdo con las funciones
desarrolladas como equipo de trabajo. Precisó que las actividades ejecutadas por el
demandante correspondían a las de técnico en la gestión de trámites de novedades,
quejas y reclamos. Argumentó que, en dicho momento, todo el equipo acataba las
instrucciones de los jefes inmediatos. Resaltó que se cumplía horario de trabajo de
conformidad con la normatividad, se ingresaba a las 8:00 am hasta las 12:00 pm, y
de 2:00 pm hasta las 6:00 pm; que en diferentes épocas debían desplazarse a los
diferentes municipios. Interrogatorio Magistrado Sustanciador. Recalcó que los
contratos mediante los cuales estuvieron vinculados eran por OPS, y posteriormente
en abril de 2012, ingresaron a la entidad por nombramiento en provisionalidad. Refirió
que el trabajo desarrollado era de tiempo completo, cumpliendo horario de oficina,
con los equipos destinados para ello por la entidad; como funcionarios del DPS debían
obedecer los lineamientos, las jornadas laborales; en otras ocasiones debían atender
actividades los fines de semana o por fuera del horario laboral. Expresó que tenían
un carnet que los identificaba como funcionarios de la entidad, mismo que debían
mostrar en las diligencias a las que debían asistir. Mencionó que durante el tiempo en
que compartió espacio laboral con el interesado, no hubo interrupción en la ejecución
de sus actividades, finalizado el contrato seguía desarrollando labores a la espera de
la suscripción del nuevo contrato. Señaló que el convocante desplegó las actividades
encomendadas de acuerdo al manual operativo y a las obligaciones establecidas con
la entidad. Puntualizó que el tema del horario acogía a todos los empleados de la
entidad, de manera que no tenía un horario flexible que le permitiera trabajar desde
la casa. Recordó que del equipo de personas que atendía el programa de Familias en
Acción, las funciones asignadas al señor González Tulcán solo eran atendidas por él
desde su formación, pues era un cargo técnico operativo. Rememoró que el trato
entre los empleados y los contratistas era básicamente igual. Finalmente indicó que
no se encontraba adelantando trámite judicial por hechos similares a los debatidos en
el presente proceso. Interrogatorio apoderado parte demandante. Manifestó que
cuando había comisiones había reconocimiento de las mismas. Adujo que en caso de
ausentarse debían solicitar permiso al jefe inmediato. Recalcó que debían atender las
auditorías internas, para verificar que la documentación estuviera acorde a los
procesos de la entidad, el cumplimiento de metas y objetivos. Sostuvo que, con
ocasión a los procesos de certificación de la demandada, debían capacitarse en las
normas ISO e ICONTEC, para de esa manera prestar un mejor servicio. Remarcó que
el programa de Familias en Acción, era el programa bandera a nivel nacional, es decir
que el mismo era de la naturaleza de la entidad, por lo que se volvió de carácter
permanente. Interrogatorio Ministerio Público. Recordó que tras el cambio de
vinculación a nombramiento en provisionalidad, el demandante continuó ejecutando
las mismas funciones que venía desarrollando. Interrogatorio Magistrado
Sustanciador. Precisó que el programa Familias en Acción ya estaba creado al
momento en que se vincularon con la entidad, y que cuando ingresaron lo hicieron
para completar el equipo de trabajo destinado a dicho programa.

Por su parte, la señora Claudia Elena Narváez Rojas, declaró que está vinculada
con el DPS desde el año 2007, fecha en la cual conoció al señor Luis Antonio cuando
ingresó a Acción Social para trabajar en el programa de Familias en Acción. Manifestó
que cuando la entidad se transformó en el DPS, pasaron a la misma en nombramiento
en provisionalidad. Refirió que el demandante cumplía funciones encaminadas a
tramitar las novedades de quejas, peticiones y reclamos de los ciudadanos que
pertenecían al programa de Familias en Acción; a asesorar los 64 municipios del
departamento, y para ello debía capacitar a los representantes de las diferentes
administraciones municipales; y hacía uso de los sistemas de información como el
SIFA, bajo la coordinación de los municipios y a través del superior o jefe inmediato.
Resaltó que las herramientas para la prestación del servicio eran dispuestas por la
entidad. Refirió que a nivel regional contaban con un jefe, quien a su vez recibía
órdenes del nivel nacional. Referenció que el horario de trabajo era de 8:00 am a
12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm, horario impartido a nivel central. Indicó que
periódicamente recibía una remuneración por las funciones desarrolladas, y que sus
actividades debían ser ejecutadas en la oficina por virtud de los aplicativos usados

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por la entidad; así mismo, que en ocasiones debían extenderse en el horario definido
por el volumen de trabajo. Interrogatorio Magistrado Sustanciador. Recordó que,
por manejo de confidencialidad de la información la gestión de los aplicativos debía
hacerse desde el puesto de trabajo, en tanto, además, dichos aplicativos estaban
instalados en el equipo de la oficina. Indicó que las funciones que ejecutó el señor
González Tulcán se mantuvieron en su mayoría al pasar al nombramiento en
provisionalidad, es decir que continúa orientando a los municipios en los trámites de
novedades, quejas y reclamos. Señaló que dentro de los programas misionales
siempre tuvieron una carga operativa alta, que recibía instrucciones de compañeros
del nivel nacional sobre cómo realizar el trabajo; al igual que del jefe inmediato o del
director regional. En cuanto al horario, las directrices se impartían mediante resolución
que llegaba a la regional pero que se hacía extensiva a todos los funcionarios. Todos
debían de asistir a los comités, y reuniones. Las diferencias entre los empleados de
planta y los contratistas eran básicamente el pago de prestaciones sociales. Resaltó
que no hubo suspensión en la ejecución de las actividades del convocante, por cuanto
el programa es permanente; sin embargo, en lo que tiene que ver con los contratos,
si hubo interrupciones por manejos administrativos de la entidad, lo que implicaba que
en ese periodo donde no había contrato, se debía asistir a la oficina a continuar con
las funciones y actividades del programa. Indicó que se vinculó a Acción Social en
2007, pero que el programa ya estaba funcionando en el departamento de Nariño
desde el año 2000. Argumentó que el mencionado programa ha tenido diferentes
fases, que inició en pocos municipios, y que cuando se amplió la cobertura a los 64
municipios, fue cuando se vio la necesidad de contratar un equipo de trabajo para
realizar la operatividad del programa. Sugirió que se encuentra adelantando un
proceso judicial por similares asuntos al debatido. Interrogatorio apoderado parte
demandante. Las ordenes eran usualmente impartidas a través de correo electrónico
a nivel nacional, y en la regional de manera verbal. Señaló que las directrices eran
generales para todos los colaboradores de la entidad. Aseveró que para ausentarse
del trabajo debían informar y solicitar el permiso al jefe inmediato, si era solo para
atender cuestiones que tomaran un periodo corto de tiempo, pues si demandaba más
tiempo o días, debía pedirse permiso al director regional. Aseguró que la información
gestionada por el señor González Tulcán debía permanecer en la oficina, que él no
podía llevársela o extraerla de la entidad, en tanto se trataba de una información
minuciosa e importante. Testificó que la prestación del servicio era personal, porque
para el manejo de los aplicativos se tenía un usuario y contraseña. Afirmó que era el
señor Luis Felipe Ordóñez quien determinaba el cumplimiento de las ordenes, pues
además, era quien mantenía la comunicación con el nivel nacional, debiendo indicar
a nivel regional, cuál era la línea de trabajo y cómo debían ser desarrolladas las
actividades. Alegó que el programa Familias en Acción es un programa bandera del
gobierno nacional, que no tiene un carácter transitorio, en tanto lo han mantenido tres
gobiernos, es el que más presupuesto tiene, con cobertura en los 32 departamentos.
Interrogatorio apoderado parte demandada. Declaró que en la entidad no había
otra persona que atendiera al ciudadano en el marco del programa de Familias en
Acción, a excepción del demandante.

A su turno, el señor Luis Felipe Ordóñez Armero, reveló que estuvo vinculado desde
el año 2001 y hasta el 30 de abril de 2012, en el programa Familias en Acción; que
coordinó el programa en el departamento de Nariño, el cual consistía en la
implementación del mismo en el departamento y hacer todas las actividades de
seguimiento a los servicios que el programa extendía a las familias beneficiarias.
Adujo que conoció al demandante en junio de 2007, época en la que desarrolló un
proceso de inscripción de familias beneficiarias al programa en varios municipios del
departamento de Nariño; así mismo, que su vinculación fue a través de un contrato
que inició en octubre de 2007, y continuó hasta el año 2012; que con el proceso de
transformación de Acción Social a Prosperidad Social, fue nombrado
previsionalmente; que entre sus funciones estaba la de estar pendiente del sistema
de información de familias en acción - SIFA, en donde se registraba el proceso de la
familia beneficiaria, era el encargado de administrar el sistema de información del
registro de cumplimiento de compromisos, atender las quejas y reclamos, y subirlas

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al sistema de información, capacitar en esta materia a los enlaces municipales,
quienes coordinaban el programa en todos los municipios, recibía remuneración,
cumplía horario impartido a través de una resolución, a la cual todos estaban
obligados; por la importancia del programa, tenía incluso que laborar días sábados o
extender el horario para satisfacer los tiempos de los procesos de manera que las
familias no se vieran afectadas en sus pagos. Interrogatorio Magistrado
Sustanciador. Sustentó que le constan tales circunstancias en razón a que sus
propias funciones comprendían hacer seguimiento al cumplimiento de las labores de
cada uno de los empleados del programa de Familias en Acción, como lo es el señor
González Tulcán. Mantuvo que dentro del organigrama del programa aparecía como
coordinador del equipo de Familias en Acción, y que, en ese sentido, era el
responsable de velar para que las actividades establecidas en el manual operativo se
cumplieran, al igual que las ordenes que llegaban del nivel central. Explicó que este
tipo de directrices llegaban generalmente a través de correos electrónicos, pero que
también eran dadas por medio de video conferencias; que cuando llegaban él era el
encargado de bajarlas a los integrantes del equipo. Indicó que de acuerdo al
cronograma y a las funciones, él deba órdenes verbales o mediante correo electrónico
o en los comités técnicos en donde recordaba las funciones casi que a diario. Expresó
que, dependiendo de las actividades se daban órdenes bimensuales, es decir, se
observaba la necesidad en que había que impartirlas. Reveló que el horario estaba
establecido de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm; y que las funciones del
interesado eran ejercidas por él, pues no había lugar a delegación, por razón de las
claves de acceso a los equipos dotados por Acción Social y las correspondientes al
ingreso de los sistemas de información. Argumentó que, por la cantidad de
información que se manejaba, el demandante tenía que estar presente durante toda
la jornada laboral, salvo cuando debía desplazarse a comisiones en las que también
debía estar pendiente de los sistemas que él manejaba. Puntualizó que en la regional
no había personal de planta que atendiera las funciones del señor Luis Antonio; y que,
sin embargo, a nivel nacional sí había empleados asignados al programa. Indicó
haber presentado demanda por las mismas razones. Interrogatorio apoderado
parte demandante. Apuntó que en el manual operativo están diferenciados los
cargos y los niveles jerárquicos, y que los desempeñados por él y por el demandante
hacían parte del organigrama del DPS. Atestiguó que ni él ni el señor González Tulcán
tenían autonomía para crear los procedimientos, todo llegaba del nivel central. Precisó
que el cumplimiento de horario era ordenado a los empleados de Acción Social, y que
se hacía extensivo a los contratistas. Remarcó que para ausentarse del trabajo, el
convocante le pedía permiso, pero que cuando el tiempo de ausencia era superior a
un día, tenía que solicitar el permiso al director regional por escrito. Recordó que los
integrantes del equipo, debían cumplir con procesos de auditoría interna y externa. Dijo que tuvieron capacitaciones relacionadas con los procesos de certificación de la
entidad. Resaltó que desde el año 2001, cuando se creó el programa, hubo una
continuidad absoluta que obligó al congreso elevar a ley dicho programa, por lo que
dejo de ser un programa de gobierno sino uno de Estado. Reconoció que, a pesar de
que en el tiempo hubo discontinuidad contractual, nunca pararon de trabajar; y que,
como los contratos terminaban a fin de año e iniciaban al siguiente, para no
interrumpir el servicio, se hacía una especia de reemplazos y se turnaban para
descansar, de manera que el servicio no se afectara aún en ausencia de contrato. Mencionó que la forma de organizar los turnos, atendía los lineamientos de los
superiores de la entidad. Interrogatorio apoderado parte demandada.

Evidenció
que las órdenes que dictaba y que recibía, estaban basadas en el manual operativo.

Dada la suficiente ilustración de los testimonios recepcionados en la referida
audiencia de pruebas, esta Corporación no encuentra necesario relacionar lo
depuesto por el señor Alfonso Ortega Luna, en la medida en que su
declaración guarda coincidencia con las situaciones fácticas previamente
resumidas.

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18

Ahora, frente al interrogatorio de parte del señor Luis Antonio González Tulcán,
solicitado por la entidad demandada, se tiene que la misma se recibió en la
audiencia celebrada el 7 de febrero de 2018, en los términos que a
continuación se resumen:

El señor Luis Antonio González Tulcán indicó que las actividades que desarrollaba
en cumplimiento de su labor comprendían la atención al público, resolver las
peticiones, quejas y reclamos relacionadas con el programa de Familias en Acción,
tramitar novedades dentro del sistema SIFA, actividades designadas por el jefe de
inmediato, salidas a comisión para validar el programa en los municipios, asistencia
de capacitaciones y manejo de archivo. Sostuvo que el seguimiento del manual
operativo era esencial en el cumplimiento de su labor, pues de las capacitaciones
brindadas por la entidad, se desprendía que dicho manual era la guía para el
desarrollo de las funciones encomendadas. Señaló que las actividades ejecutadas
eran de carácter técnico. Manifestó que no tenía independencia en el desempeño de
las labores, pues debía acatar las indicaciones remitidas desde el nivel nacional de
cómo y cuándo hacer las actividades. Informó que las directrices recibidas eran
verbales, a través de las capacitaciones, también escritas por medio de correos
electrónicos. Adujo que no había continuidad en la contratación, por cuanto siempre
hubo espacios de tiempo en los cuales no se contaba con contrato suscrito, pese a lo
cual seguía trabajando normalmente, en fin de año; que en ocasiones la entidad les
solicitaba compensar tiempo para poder disfrutar de algunos días de descanso.

Análisis probatorio

A efectos de atender los planteamientos expuestos en el recurso de apelación
de la parte demandada, procede la Sala a realizar el análisis de las pruebas
documentales y testimoniales recaudadas en el curso del proceso.

Sea lo primero indicar que frente a la manifestación efectuada por el DPS,
relacionada con que los testigos cuyas declaraciones sustentaron la decisión
del tribunal de primera instancia, obran como tales en otros procesos en donde
se ventilan situaciones similares a las aquí debatidas, por encontrarse a su vez
adelantado trámites judiciales contra la entidad por la presunta configuración
de un contrato realidad, lo que viciaría de parcialidad lo por ellos depuesto, la
Subsección considera que, en las declaraciones referenciadas no se observan
los elementos necesarios para ser tachadas por motivo de la naturaleza con
que acuden a instancias de este proceso los declarantes, pues las resultas de
la presente actuación no representa para ellos un beneficio, más allá de un
simple precedente relativo que no tiene la virtualidad de afectar las decisiones
que se asuman en los trámites judiciales por ellos iniciados, de manera que se
dará pleno valor probatorio a las manifestaciones previamente resumidas.

Se advierte entonces que, el señor Luis Antonio González Tulcán ejerció
funciones como contratista al servicio del Departamento para la Prosperidad
Social, en el marco de, entre otras, las siguientes obligaciones contractuales24:
«1. Asesorar y coordinar con el enlace municipal las actividades para el trámite
de las novedades, quejas y reclamos.
2. Capacitar a los enlaces municipales en la solución de novedades, quejas y
reclamos de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Manual
Operativo.
3. Programar jornadas de capacitación y/o de información a las familias
beneficiarias del Programa sobre el trámite de novedades, quejas y reclamos.

24
Folios 23 a 29, C1.

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19

4. Realizar el trámite de novedades, quejas y reclamos en el nivel regional de
acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo y los Instructivos vigentes
para tal efecto.
5. Tramitar y proyectar respuesta a los derechos de petición que puedan ser
resueltos en el nivel regional y emitir a la Unidad Coordinadora Nacional aquellos
que por su naturaleza no puedan ser resueltos a través de la Unidad
Coordinadora Regional.
6. Remitir de manera inmediata a la Unidad Coordinadora Nacional las acciones
de Tutela y los soportes correspondientes para el respectivo trámite por parte del
Área Jurídica de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional.
7. Tramitar oportunamente ante la Unidad Coordinadora Nacional únicamente
las novedades, quejas y reclamos que no puedan ser resueltas en el nivel
municipal ni en el nivel regional.
8. Realizar los controles de ingreso, trámite y seguimiento de las novedades,
quejas y reclamos que recibe de los enlaces municipales y remite a la Unidad
Coordinadora Nacional.
9. Proyectar los oficios para la firma del Coordinador de la Unidad Coordinadora
Regional -UCR de las respuestas a las novedades, quejas y reclamos, a cada
enlace municipal.
10. Atender las solicitudes de la ciudadanía y orientar en los procedimientos para
el trámite de novedades, quejas y reclamos.
11. Apoyar la elaboración de los informes de seguimiento al desempeño de los
enlaces municipales e informar al Coordinador de la Unidad Coordinadora
Regional, las anomalías encontradas.
12. Resolver de manera oportuna bajo la dirección del Coordinador de la Unidad
Coordinadora Regional -UCR los problemas e inconvenientes en la realización
de las actividades correspondientes a la recepción, trámite, evaluación y
respuesta a novedades, quejas y reclamos.
13. Realizar otras tareas necesarias para asegurar una buena ejecución del
Programa en el Departamento».

«[…]
10. El Contratista se obliga a guardar absoluta reserva con toda la información
que maneje con ocasión de las actividades propias del proceso o programa en
el cual presta sus servicios y de la Entidad en general, que le sea dada a conocer
con ocasión del presente contrato. El Contratista deberá cuidar la información a
la que tenga acceso, evitando su destrucción o utilización indebida. Así mismo,
le está prohibido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a
personas no autorizadas.
[…]».

Respecto de las actividades descritas se tiene que las mismas, fueron
debidamente ejecutadas por el contratista, en este caso, el señor González
Tulcán atendiendo el alcance de los objetos contenidos en los acuerdos
bilaterales que suscribió con Acción Social, hoy DPS.

Lo anterior, por cuanto de los testimonios recaudados deviene que el
demandante enmarcó su prestación del servicio a la entidad, dentro de los
lineamientos obligacionales del contrato por medio del cual se vinculó y que,
además, le requería observar las disposiciones del Manual Operativo que para
los efectos tenía institucionalizado Acción Social.

Sin embargo, no puede desconocerse que a lo largo de las declaraciones
recibidas, los deponentes sostuvieron de manera coincidente la presencia de
ciertas características propias de una relación laboral, como pasa a
explicarse.

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20

Tal y como lo refieren, mediante acto administrativo, el nivel central de Acción
Social, emitió directrices sobre el cumplimiento de horario de 8:00 am a 12:00
pm y de 2:00 pm a 6:00 pm, aplicable no solo a los empleados que hacían
parte de la planta de personal sino a todos los colaboradores que prestaban
su servicio a la entidad.

El acatamiento de dichas instrucciones horarias se encuentra reforzado en la
imposibilidad que tenía el convocante de ejecutar las labores encomendadas
por fuera de las instalaciones de la entidad, en tanto por la naturaleza de las
actividades a cargo del señor Luis Antonio González Tulcán el mismo debía
gestionar la información y demás trámites propios de su quehacer, a través de
los aplicativos informáticos instalados en el equipo de cómputo suministrado
por Acción Social.

El manejo de claves y contraseñas para el acceso a dichos aplicativos, la
administración de la información recepcionada a las familias beneficiarias del
programa al cual se encontraba vinculado el servicio prestado por el
interesado, y las previsiones que sobre tal información refirieron los testigos,
en cuanto a la confidencialidad y a la gestión o extracción de documentación
de las oficinas, dan cuenta de la imperiosa necesidad de mantener o restringir
las labores desempeñadas a los lineamientos funcionales de la entidad, no
solo en cuanto al lugar físico de la prestación, sino a los horarios habituales
de trabajo implementados por Acción Social.

Lo anterior deriva necesariamente en la tramitación de permisos que debía
adelantar el señor González Tulcán para ausentarse de las actividades
cotidianas, permisos que dependiendo el tiempo requerido debían ser
gestionados ante el coordinador de la Unidad, o ante el Director Regional
cuando se superara en términos de días, la solicitud de ausencia en la
ejecución de las labores.

De otro lado, sugirieron de manera reiterada los testigos que los procesos de
certificación y auditoría de la entidad, les eran extensivos a los contratistas,
en la medida en que debieron asistir a las capacitaciones correspondientes, a
efectos de encontrarse alineados con las exigencias de Acción Social en la
prestación del servicio. Así mismo, que sus labores y la adecuada ejecución
de las mismas eran objeto de supervisión y control por parte de superiores
inmediatos.

Al respecto, se observa que en documento obrante en CD25 anexo al plenario
consta certificación emitida por Acción Social, que da cuenta que el señor
González Tulcán «Participó en un seminario – taller de fundamentos, normas ISO
9000-9001:2000 y NTCGP 1000:2004, los días 25 y 26 de febrero de 2008»; así
como certificación expedida por ICONTEC, en la que se indica que el
demandante asistió a un curso dictado por ellos en «fundamentos del sistema
de gestión de seguridad y salud ocupacional, en pasto, el 18 y 19 de diciembre de
2007».

En esa medida, y en punto al sometimiento a una estructura jerárquica, se
cuenta en el proceso con la declaración del señor Luis Felipe Ordóñez Armero,
quien indicó haber ejercido el cargo de coordinador del equipo del cual hacía
parte el señor Luis Antonio González Tulcán, siendo de su resorte emitir
órdenes e instrucciones para la ejecución de las labores del programa
25
Folio 427.

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21

Familias en Acción, así como transmitir las directrices que a nivel nacional se
dictaban para el cumplimiento misional de dicho programa.

Informó el deponente que tales lineamientos eran impartidos de manera
verbal, en razón a compartir el espacio laboral con el demandante, o de
manera escrita a través de correo electrónico; igualmente confirmó haber
recibido de parte del convocante solicitudes de permiso que eran autorizadas
por él, y que cuando las mismas eran superiores al tiempo previsto dentro de
su competencia, eran tramitadas de manera escrita ante el Director Regional.

Las circunstancias fácticas descritas por el señor Luis Felipe Ordóñez Armero
fueron también corroboradas por los demás declarantes en el curso de la
audiencia de pruebas.

Por virtud de las funciones a desempeñar, el demandante debió desplazarse
a los municipios del departamento de Nariño, para lo cual debía contar con la
respectiva compensación económica dispuesta por la entidad para tales
menesteres, lo que refiere nuevamente que algunas de las actividades a él
encomendadas, debían necesariamente contar con la aprobación de la
dependencia administrativa correspondiente de manera que pudiera
movilizarse y atender las gestiones obligacionales de su contrato en otras
entidades territoriales.

Ello, resalta el hecho de que tuviera que portar un carnet que lo identificara
como representante de Acción Social, al deber materializar la función misional
de la entidad, a través del programa Familias en Acción.

Manifestó la parte demandada en su recurso de apelación, que la
temporalidad con la cual fue concebido el mencionado programa Familias en
Acción, y la inexistencia de una planta de personal para la época de la relación
contractual, demuestran el carácter transitorio de la vinculación del señor Luis
Antonio González Tulcán.

Al respecto, evidencia la Sala que la aludida temporalidad, de haber existido,
se desvaneció con el paso del tiempo al verificarse no solo la continuidad del
programa sino la ampliación del mismo a otras entidades territoriales de
manera que pudiera abarcar el mayor número de población beneficiaria.

Conforme lo indicado por los testigos, el programa Familias en Acción adquirió
tal relevancia que fue mantenido por varios gobiernos e institucionalizado
como programa de Estado con vigencia actual, desarrollado por el DPS.

Ahora, si bien es recurrente lo informado por los deponentes en cuanto a la
inexistencia de personal de planta que cubriera las funciones desempeñadas
por el señor González Tulcán, no puede desconocerse que las labores
previstas en sus contratos de prestación de servicios, fueron dispuestas para
la ejecución misional de la entidad, al punto en que, se reitera, el programa
para el cual fueron contratados sus servicios se incorporó como política pública
actualmente en ejecución.

Ello, lejos de probar la inexistencia de una planta de personal conforme lo
alude el recurrente, corrobora la deficiencia operativa de la entidad para
atender el programa Familias en Acción, pues conforme se desprende de los
estudios previos y términos de referencia contenidos en CD adjunto al

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22

plenario26, la convocada sí contaba con una planta de personal, pero no
satisfacía las necesidades del multicitado programa.

Se evidencia entonces que «Familias en Acción, para el cumplimiento de las
funciones misionales, durante el año 2011, necesita realizar las actividades
tendientes a garantizar una eficiente y eficaz operación acorde con su gestión
misional. Para la realización de estas actividades ACCIÓN SOCIAL – FIP, requiere
contar con la prestación de los servicios técnicos de un TÉCNICO DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO en la Unidad Coordinadora Regional de NARIÑO, en razón a que no
hay personal de planta en la Acción Social, que pueda satisfacer la necesidad».

En igual sentido se lee: «Aun cuando existe personal de planta este es insuficiente
para la totalidad de actividades que se requiere».

De la documentación allí adjunta se concluye que el programa fue instituido
desde el año 2007 y continuó su ejecución hasta 2012, pues la misma
información se repite para los periodos subsiguientes.

Así, la coincidente información suministrada por los testigos frente a la
creación de la planta de personal del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, a la cual fueron vinculados algunos de los contratistas a
través de nombramiento en provisionalidad, como lo es en este caso, el señor
González Tulcán, y la continua ejecución de funciones a pesar de cambiar la
naturaleza de la relación, permite colegir la relevancia del cargo y labores
desplegadas por el demandante para el efectivo cumplimiento del deber
funcional y misional de la demandada.

Se tiene entonces que, la Subdirectora de Talento Humano del DPS, certificó
el 23 de agosto de 2016, que el demandante ingresó en el cargo de Técnico
Administrativo, Código 3124, Grado 15, desde el 11 de abril de 2012, y que
de acuerdo a la Resolución 00070 del 6 de febrero de 2014, las funciones
asignadas fueron27:

«1. Apoyar y orientar técnicamente a los enlaces municipales en el trámite de
novedades, quejas y reclamos en cada uno de los municipios del departamento.
2. Brindar capacitación técnica a los enlaces municipales en la solución de
novedades, quejas y reclamos de acuerdo con los procedimientos establecidos
en el Manual Operativo.
3. Tramitar las novedades, quejas y reclamos en el nivel regional de acuerdo con
lo establecido en el Manual Operativo y los Instructivos vigentes para tal efecto.
4. Remitir oportunamente al nivel nacional únicamente las novedades, quejas y
reclamos que no puedan ser resueltas en el nivel municipal ni en el nivel regional.
5. Atender las solicitudes de la ciudadanía y orientar en los procedimientos para
el trámite de novedades, quejas y reclamos.»

Funciones que luego sufrieron variaciones de conformidad con las
Resoluciones 1602 del 1.º de julio de 2014 y 04420 del 31 de diciembre de
2015.

De modo que, pese a la variación posterior de las actividades desempeñadas
por el interesado con ocasión de las referidos actos administrativos de 2014 y
2015, las labores que debió ejecutar una vez ingresó a la entidad en
nombramiento en provisionalidad guardaron similitud funcional con las

26
Folio 103.
27
Folios 367 y 368, C1.

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desarrolladas por virtud de los contratos de prestación de servicios,
circunstancia que refuerza no solo la permanencia del programa Familias en
Acción, sino del servicio suministrado por el señor Luis Antonio González
Tulcán.

Sobre la temporalidad de los contratos de prestación de servicios, la sentencia
de unificación proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, proferida el 9 de septiembre de
2021, unificó el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente
indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en los
términos que a continuación se siguen:

«[…]
131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados,
es esencialmente temporal; por lo tanto, este tipo de contratos, cuando se
suscriben con personas naturales, no pueden concatenarse indefinidamente en
el tiempo.

132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que alude
la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta donde la
entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de los recursos
disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para su ejecución.
En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo necesario para
ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto al principio de
planeación, que encuentra su manifestación práctica «en la elaboración de los
estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues es allí donde deberán
quedar motivadas con suficiencia las razones que justifiquen que la
Administración recurra a un contrato de prestación de servicios».

[…]
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla a
cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan, sin
perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para
garantizar su cumplimiento.

[…]». (Comillas y negrilla del texto original, subraya la Subsección)

En ese orden de ideas, para esta Subsección resulta claro que, contrario a lo
aducido en el recurso de alzada, las pruebas allegadas en el curso del proceso
permiten dilucidar que, si bien las funciones desempeñadas por el señor Luis
Antonio González Tulcán se encontraban dentro del alcance de los objetos de
los contratos de prestación de servicio que suscribió con Acción Social, hoy
DPS, debió cumplir y acatar instrucciones y directrices a instancias de dicha
entidad, por superiores que determinaban su desempeño, el cumplimiento de
horarios, y el sometimiento a trámites administrativos.

En conclusión: al haberse demostrado en el proceso la presencia de los
elementos que configuran una relación laboral encubierta o subyacente, debe
declararse la existencia de una relación laboral encubierta entre el señor Luis
Antonio González Tulcán, por el periodo arriba señalado.

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24

Segundo problema jurídico.

¿Hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho, al haber transcurrido más de tres años entre la finalización de todos
o algunos de los periodos contractuales y la reclamación administrativa?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: los interesados en la declaratoria
de existencia de un contrato realidad no pueden exonerarse de su deber de
reclamar el derecho dentro de los tres años siguientes a la finalización del
vínculo contractual; es por ello que, en el presente caso no se encuentra
configurada el fenómeno jurídico de la prescripción extintiva respecto de las
prestaciones sociales a las que tendría derecho el demandante, toda vez que
entre los diferentes contratos de prestación de servicios no se verificaron
interregnos superiores a 30 días hábiles de interrupción, y no transcurrieron
tres años entre la terminación del último vínculo y la reclamación
adminsitrativa.

Prescripción aplicada a contrato realidad

En materia de derechos laborales de los empleados públicos, los artículos 41
del Decreto 3135 de 196828 y 102 del Decreto 1848 de 196929 (reglamentario
del primero), regulan que las acciones que emanen de los derechos
consagrados en dichas normas prescriben en tres años contados desde que
la respectiva obligación se haya hecho exigible.

Particularmente, en cuanto al reconocimiento de la existencia de la relación
laboral encubierta a través de un contrato de prestación de servicios, esta
Sección, en sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016,
estipuló las siguientes reglas respecto a la prescripción extintiva de los
derechos salariales y prestacionales derivados del contrato realidad30:

«[…] i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual.

ii) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para
pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía
con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y
progresividad.

28
«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en
tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.»
29
«Artículo 102. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968
y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva
obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso
igual.»
30
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25
de agosto de 2016. Consejero Ponente Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001-23-33-000-
2013-00260-01 (0088-2015).

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25

iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues
esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el
derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las
cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían
tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.

iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral
de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la
caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c,
del CPACA).

v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como
requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de
controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones
que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el
carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.

vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia,
una vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral, pues el hecho
de que esté concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los
aportes al sistema de seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es
imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión
principal (la nulidad del acto administrativo que negó la existencia del vínculo
laboral).

vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya
deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el
demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción de
una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la
efectividad de los derechos del trabajador. […]». (Subrayado de la Subsección)

Conforme con lo previsto en la sentencia de unificación jurisprudencial citada,
en su aparte aquí transcrito, se tiene que:

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el
Estado es de tres años, contados a partir de la terminación del vínculo
contractual, y que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar
las prestaciones que se deriven de aquella.

• En aquellos casos donde existe interrupción entre los contratos de
prestación de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción
frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
Sobre el particular, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016
indicó:
«[…] Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un
interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de
interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a
partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la
existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia
en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no
la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y
examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos

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de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas
al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]».
(Subrayado de la Subsección)

Ahora, si bien es cierto que esta Sala ha sostenido en varias ocasiones,
particularmente en el año 2018, que cuando existen múltiples contratos u
órdenes de prestación de servicios y entre uno y otro se presentaban
interrupciones de al menos un día, debe considerarse suficiente para
determinar la interrupción el vínculo contractual, de manera que a partir de la
finalización de cada uno de estos periodos debe iniciar la contabilización del
término de prescripción, lo anterior fue revaluado ante la disparidad de criterios
sobre el momento a partir del cual ha de contarse el fenómeno extintivo del
derecho.

En tal sentido, y de conformidad con la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 202131, esta Sección ha adoptado un nuevo enfoque que
considera menos lesivo para efectos de contabilizar dicho lapso, en tanto que
se ha dispuesto fijar un periodo de treinta (30) días hábiles como indicador
temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de
fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los
elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se
presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

Lo anterior permite aclarar que, en caso de múltiples vinculaciones
contractuales en los que se presenten interrupciones, debe entenderse que,
para efectos de determinar la fecha a partir de la cual empieza a correr el
término prescriptivo, no habrá solución de continuidad cuando entre contrato
y contrato no transcurran más de 30 días hábiles (sin perjuicio de que el juez
contencioso pueda determinar un término superior en un caso específico).

En otras palabras, si entre uno y otro vínculo contractual no transcurren más
de 30 días hábiles de interrupción, el juez contencioso deberá determinar que
no existió solución de continuidad, de modo que no podrá tener como extremo
para contabilizar la prescripción la finalización del primer vínculo, en tanto, se
reitera, a la luz de la jurisprudencia se debe entender que no hubo una ruptura
del vínculo laboral y, por consiguiente, se debe contabilizar como una única
relación.

Ahora bien, para la Sala resulta pertinente exponer que, de establecerse la no
solución de continuidad, los efectos jurídicos de dicha declaración serán
solamente los de concluir que, a pesar de haberse presentado interrupciones
entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de los derechos que
pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. Razonamiento del cual debe
concluirse que del hecho de que no hubo solución de continuidad solo lleva
aparejado la no configuración de la prescripción extintiva frente a la
reclamación de reconocimiento de la relación laboral encubierta, y no puede
interpretarse como una obligación de la entidad pública a liquidar las
prestaciones a las cuales resulte condenada, sobre los tiempos en los que se
interrumpió la relación contractual.

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

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27

Conforme a lo anotado en el primer problema jurídico, para la Sala está
plenamente acreditada la vinculación contractual directa con Acción Social, y
posteriormente con el Departamento para la Prosperidad Social entre el 20 de
octubre de 2007 y el 9 de abril de 201232.

Como se ha indicado previamente, y vale la pena reiterar, la demanda
persigue, entre otros aspectos, el reconocimiento y pago de las acreencias
laborales por el periodo en que el señor Luis Antonio González Tulcán prestó
sus servicios profesionales a Acción Social, Hoy DPS, durante el tiempo
transcurrido entre el 20 de octubre de 2007 y el 9 de abril de 2012.

Así, de conformidad con lo señalado en la multicitada sentencia de unificación,
el estudio de la prescripción deberá efectuarse siempre que se aborde y
compruebe la existencia de la relación laboral reclamada, pues el hecho de
que esté contenido el derecho pensional, que se recuerda, es imprescriptible
no implica que esa imprescriptibilidad se haga extensiva a los demás derechos
laborales que derivan del contrato realidad.

En ese sentido, y para los precisos efectos de esta decisión, se tiene que la
última fecha en la que el demandante estuvo vinculado contractualmente con
la entidad demandada, corresponde al 9 de abril de 2012.

Conforme la revisión efectuada en el plenario, se encuentra probado que la
solicitud administrativa que perseguía el reconocimiento y pago de las
acreencias laborales, fue radicada ante el DPS el 9 de abril de 201533.

De tal manera que, por tratarse de una vinculación ininterrumpida al servicio
público, el término para que opere la prescripción extintiva debe contarse a
partir de la finalización del periodo laborado, lo que quiere decir que, el plazo
para reclamar los derechos prestacionales derivados de la vinculación laboral
(que como se indicó, corresponde a un único lapso comprendido entre el 20
de octubre de 2007 y el 9 de abril de 2012), corrió hasta el 9 de abril de 2015;
luego, no se evidencia la prescripción de las prestaciones causadas, por virtud
de la relación laboral comprobada.

En conclusión y de conformidad con los razonamientos precedentes,
considera esta Subsección que en el presente asunto no se encuentra
configurado el fenómeno prescriptivo sobre las prestaciones a que hay lugar a
reconocer, por virtud de la comprobación de la relación laboral entre las partes.

Tercer problema jurídico

¿Hay lugar a reembolsar al demandante las sumas pagadas por concepto de
aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos
profesionales?

Al respecto la Sala sostiene la siguiente tesis: de conformidad con la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, el reconocimiento al que hay lugar
en materia de seguridad social, específicamente frente a los aportes a salud y
pensión, comprende únicamente el pago de los porcentajes que debieron

32
Ver nota 19 a pie de página.
33
Folios 32 a 34, C1.

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haber sido cotizados por los empleadores al fondo de pensión respectivo,
durante el tiempo en que se acreditó la relación laboral.

Como se indicó en precedencia, la sentencia de unificación del 26 de agosto
de 2016 ordenó al Juez Administrativo estudiar en todos los procesos en los
cuales proceda el reconocimiento de la relación laboral o contrato realidad,
aunque no se haya solicitado expresamente, el tema concerniente a las
cotizaciones adeudadas por la administración al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones.

Dicha circunstancia conlleva a que también se verifiquen las reglas
jurisprudenciales desarrolladas por la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 2021 que, en materia de devolución de los aportes efectuados
al Sistema de Seguridad Social en Salud, por los beneficiarios de una relación
laboral comprobada, señaló:

«[…]
161. Finalmente, por albergar el fundamento de la interpretación que aquí se
adopta, merece especial consideración lo señalado por la misma Corte
Constitucional en la Sentencia C-895 de 2009, que frente a la protección
constitucional de los recursos de la Seguridad Social y la destinación específica
de los aportes a salud y pensión, expuso, de manera concreta, lo siguiente:

Teniendo en cuenta este mandato superior, la jurisprudencia ha reconocido de
manera uniforme y pacífica que los recursos que ingresan al Sistema de
Seguridad Social, tanto en salud como en pensiones, con independencia de la
denominación que de ellos se haga (cotizaciones, aportes, cuotas
moderadoras, copagos, tarifas, deducibles, bonificaciones, etc.), no pueden
ser utilizados para propósitos distintos a los relacionados con la
seguridad social debido a su naturaleza parafiscal. Al referirse al alcance
del artículo 48 de la Constitución en este aspecto, la Corte ha explicado lo
siguiente:

“En relación con dicho precepto superior [artículo 48 CP] la Corte
Constitucional en numerosas decisiones de tutela ha estado llamada a
examinar el tratamiento que se debe dar a los recursos de la seguridad
social que se encuentren depositados en entidades financieras en
liquidación para asegurar precisamente el mandato de destinación y
utilización exclusiva de los recursos de las instituciones de seguridad
social.

Al respecto la Corte ha hecho énfasis en i) la naturaleza parafiscal de
los recursos de la seguridad social tanto en materia de salud como en
pensiones ii) en el tratamiento particular que debe dársele a dichos
recursos en los procesos de liquidación de las entidades financieras y
iii) en la imposibilidad de asimilar el caso de los depósitos de recursos
parafiscales de la seguridad social en las entidades financieras con las
indemnizaciones debidas por concepto de contratos de reaseguro de
las enfermedades de alto costo”.

3.1.2 Esta Corporación de manera reiterada ha precisado en efecto que los
recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en Salud (C-
577/97, C-542/98, T-569/99, C1707/00) como en pensiones (C-179/97),
llámense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos,
copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones
parafiscales de destinación específica, en cuanto constituyen un gravamen,
fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a
determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones

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y que, al no comportar una contraprestación equivalente al monto de la
tarifa fijada, se destinan también a la financiación global bien del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, bien del Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones (C086/02, C-789/02). [Negrilla fuera de texto].

162. En definitiva, es claro que las anteriores sentencias se encuentran en
armonía con el artículo 48 de la Carta, que consagra expresamente que «no se
podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social
para fines diferentes a ella»,34 […].

163. En atención a la naturaleza parafiscal de los recursos de la Seguridad Social,
el parágrafo del artículo 182 de la Ley 100 de 1993 ordena a las empresas
promotoras de salud (EPS) manejar los recursos provenientes de las cotizaciones
de los afiliados «en cuentas independientes del resto de rentas y bienes de la
entidad». Esto, porque tales dineros únicamente pueden ser previstos y
empleados para garantizar la prestación de los servicios sanitarios en los dos
regímenes (subsidiado y contributivo), sin que quepa destinarlos para otros
presupuestos. Asimismo, estos recursos ostentan la condición de ingresos no
gravados fiscalmente, pues su naturaleza parafiscal (establecida en la Ley 100
de 1993, en desarrollo del artículo 48 constitucional) prohíbe su destinación y
utilización para fines distintos a los consagrados en ella.

164. Las anteriores razones han conducido a esta Sección35 a considerar
improcedente la devolución de los aportes a salud realizados por el contratista, a
pesar de que se haya declarado a su favor la existencia de una relación laboral
encubierta. Como se ha indicado, en función de su naturaleza parafiscal,36 estos
recursos son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico y, por tanto,
independientemente de que se haya prestado o no el servicio de salud, no
constituyen un crédito a favor del interesado, pues su finalidad era garantizar la
prestación de los servicios sanitarios para los dos regímenes que integran el
sistema, «lo que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos
pretenda el actor ejercer».37

165. Por consiguiente, dado que corresponde al contratista sufragar dicha
contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla,38 no es procedente
ordenar su devolución, aunque se haya declarado la existencia de una relación
laboral encubierta. Además, reembolsar estos aportes implicaría contradecir al
legislador, cuya voluntad, como se expuso, buscaba que su recaudo fuera
directamente a las administradoras de servicios de salud, por tratarse, se itera,
de contribuciones de pago obligatorio con una destinación específica y con
carácter parafiscal.

166. En ese orden de ideas, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de
precisar que, frente al hecho consumado de la no afiliación a las
contingencias de salud y riesgos laborales por parte de la Administración,
es improcedente el reembolso de los aportes que el contratista hubiese

34
Corte Constitucional, Sentencia C – 824 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimy Yepes.
35
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01
(3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
36
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 28 de septiembre de 2016. Radicación 76001 23
33 000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
37
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01
(3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
38
Situación que también cambia y amerita mención especial con la entrada en vigor del Decreto 1273
de 2018 « Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3
del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación al pago
y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores
independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Trabajo»

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realizado de más, por constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».

De lo que se sigue la improcedencia del traslado de montos reconocidos por
concepto de salud y riesgos profesionales, a favor de la persona beneficiaria
de un contrato realidad.

En cuanto al pago de las cotizaciones realizadas al sistema de seguridad
social en pensiones, este aspecto de retribución, originado en la declaración
de la existencia de la relación laboral, se acompasa con la imprescriptibilidad
de los derechos pensionales en los términos definidos en la sentencia de
unificación del 26 de agosto de 2016.

Se reitera pues que, dicha prerrogativa no ampara la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista,
sino las cotizaciones adeudadas que podrían afectar la liquidación del monto
pensional, y que se derivan de la relación de trabajo comprobada, que
comprende la obligación, a cargo del empleador, de efectuar los
correspondientes aportes al sistema.

De manera que no hay lugar a la reclamación de devolución de los pagos
efectuados por este concepto por parte del contratista, sino al efectivo pago
del porcentaje de cotización al sistema pensional que le correspondía al
contratante por virtud de la mencionada relación de trabajo.

En esa medida, el beneficio derivado de la declaratoria de existencia de una
relación laboral encubierta entre un particular y una entidad pública, en materia
de seguridad social, solo abarca la obligación de la administración de
determinar mes a mes si existe diferencia entre los porcentajes de cotización
que se debieron efectuar por ésta y los realizados por el contratista para, en
consecuencia, cotizar al respectivo fondo la suma faltante por concepto de
aportes a pensión, en el porcentaje que le concernía como empleador.

Por tal motivo, en aplicación de las reglas de unificación aludidas, no resulta
procedente la devolución de los valores pagados por el demandante por
concepto de salud y riesgos profesionales; y el reconocimiento a que hay lugar,
en materia pensional, solo comprende el traslado de los aportes al fondo
respectivo, en el porcentaje que le correspondía al contratante, conforme
quedó suficientemente aclarado en líneas que anteceden.

De este modo, habrá de modificarse la sentencia de primera instancia en lo
concerniente a la orden impartida al DPS de reintegrar al señor González
Tulcán, los valores pagados por él al sistema de seguridad social en salud,
pensión y riesgos profesionales.

Decisión de segunda instancia

De acuerdo con las razones que anteceden, esta Subsección modificará el
ordinal quinto de la sentencia de primera instancia, el cual quedará de la
siguiente manera:

«QUINTO: Condenar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
a realizar las cotizaciones a pensión a favor del señor Luis Antonio González
Tulcán, por el periodo durante el cual se comprobó la relación laboral, esto es,
entre el 20 de octubre de 2007 y el 9 de abril de 2012, observando para los

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efectos, el lapso efectivamente ejecutado de los contratos y las determinaciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Para tales efectos, deberá tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional39
del demandante, dentro de los periodos laborados por prestación de servicios,
mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados por el señor
González Tulcán como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos
de la respectiva condena, deberá tomarse como base de liquidación el valor
pactado por honorarios en los respectivos contratos.

En ese sentido, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que
duraron los referidos vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las
hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o
completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.»

Igualmente, y a efectos de guardar consonancia con la anterior disposición se
modificará el ordinal sexto, así:

«SEXTO: El tiempo comprendido entre el 20 de octubre de 2007 y el 9 de abril
de 2012 será tenido en cuenta para efectos pensionales habida cuenta de la
existencia de la relación laboral, observando para ello, el lapso efectivamente
ejecutado de los contratos de prestación de servicios.»

Finalmente, confirmará en lo demás la providencia recurrida.

De la condena en costas

Esta Subsección en providencias del 7 de abril de 201640 sentó posición sobre
la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se
determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en
costas por lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.

b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.

39
Para el efecto y según la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005 del 25 de agosto de
2016, el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir, corresponderá a
los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios.
40
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.

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d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP41, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso hay lugar a
condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada por cuanto
con su recurso de alzada presentó argumentos que no tuvieron vocación de
prosperidad, y motivó la actuación de la parte demandante en etapa de
alegatos de conclusión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Modificar el ordinal quinto de la sentencia del 29 de agosto de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las
pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, interpuso el señor Luis Antonio González
Tulcán, así:

«QUINTO: Condenar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
a realizar las cotizaciones a pensión a favor del señor Luis Antonio González
Tulcán, por el periodo durante el cual se comprobó la relación laboral, esto es,
entre el 20 de octubre de 2007 y el 9 de abril de 2012, observando para los
efectos, el lapso efectivamente ejecutado de los contratos y las determinaciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Para tales efectos, deberá tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional42
del demandante, dentro de los periodos laborados por prestación de servicios,
mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados por el señor
González Tulcán como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos

41
«Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
42
Para el efecto y según la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005 del 25 de agosto de
2016, el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir, corresponderá a
los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios.

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de la respectiva condena, deberá tomarse como base de liquidación el valor
pactado por honorarios en los respectivos contratos.

En ese sentido, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que
duraron los referidos vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las
hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o
completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.»

Segundo: Modificar el ordinal sexto de la providencia apelada, en los
siguientes términos:

«SEXTO: El tiempo comprendido entre el 20 de octubre de 2007 y el 9 de abril
de 2012 será tenido en cuenta para efectos pensionales habida cuenta de la
existencia de la relación laboral, observando para ello, el lapso efectivamente
ejecutado de los contratos de prestación de servicios.»

Tercero: Confirmar en lo demás la sentencia recurrida.

Cuarto: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, de
conformidad con lo expuesto en precedencia.

Quinto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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