Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00797-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-33-000-2015-00797-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00797-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2015-00797-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
11 de agosto de 2022
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01
(3869-2019)
Demandante: FLOR BIBIANA MONTERO CASTILLO
Demandada: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
1
PROSPERIDAD SOCIAL , DPS
Tema: Reconocimiento relación laboral encubierta o subyacente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
ASUNTO
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso de
apelación formulado por la parte demandada contra la sentencia proferida el 23
de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
DEMANDA
La señora Flor Bibiana Montero Castillo, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó al
Departamento de la Prosperidad Social.
Pretensiones2
1. Declarar la nulidad del acto administrativo complejo, contenido en el Oficio
20156100448861 del 5 de mayo de 2015, por medio del cual la entidad
demandada negó la petición de reconocimiento y pago de prestaciones sociales
y demás derechos reclamados.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó se declare i) que entre la
entidad demandada y la señora Montero Castillo existió una relación laboral
desde el 3 de abril de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2011; ii) que adeuda a la
libelista las prestaciones sociales, indemnizaciones por no pago de cesantías y
de prestaciones, aportes a pensión y salud efectuados con sus propios recursos
y demás derechos derivados de la relación laboral y; iii) que hubo despido injusto.
3. A título de reparación de daño solicitó condenar a la demanda a pagar a favor
de la señora Montero Castillo:
1 En adelante DPS.
2 Folios 97 a 105.
2
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
a- Como lucro cesante: i) las prestaciones (vacaciones, prima de vacaciones,
cesantías e intereses a las cesantías, prima de navidad, prima de servicios,
bonificación por recreación y deporte); ii) la indemnización por el no pago de
cesantías y prestaciones sociales, así como por despido injusto y demás
derechos derivados de la relación laboral, junto con lo cancelado a pensión,
salud y riesgos laborales; ii) las acreencias laborales causadas por no pago.
b- Como daño emergente: i) la suma que debió cancelar de su propio
patrimonio para cotizar al sistema general de seguridad social (salud y
pensión).
4. Condenar a la demandada a pagar las sumas debidamente actualizadas a la
fecha de su cancelación y si el pago no se hace oportunamente, condenar al
pago de intereses de mora, conforme el artículo 195 del CPACA.
Fundamentos fácticos3
1. La señora Flor Bibiana Montero Castillo laboró en la Unidad Territorial de
Nariño para la entidad pública Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, hoy Departamento Administrativo para la Protección
Social, a través de contratos de prestación de servicios, como asistente
administrativo territorial (años 2007 y 2008), profesional de atención humanitaria
de emergencia (años 2009 y 2011) y profesional del programa de generación de
ingresos (año 2010), desde el 3 de abril de 2007 y hasta el 31 de diciembre de
2011.
2. Refirió que durante el tiempo en que prestó sus servicios de manera personal
y directa, recibió pagos mensuales y bajo las órdenes de sus jefes inmediatos,
quienes a su vez ejercían disciplina directamente o a través del director de la
territorial de Nariño o el coordinador del programa de desplazados en Nariño,
debía atender un horario de trabajo, de 8:00 am a 12:00 del mediodía y de 2:00
a 6:00 de la tarde y pedir permiso para ausentarse en caso de citas médicas.
3. Agregó que a pesar de que en los contratos se fijó una fecha de corte, laboró
de manera continua e ininterrumpida por exigencia de la entidad demandada y a
la espera de la firma de su nuevo contrato, además porque sus funciones no
podían suspenderse dado que eran esenciales para la atención a la población
desplazada.
4. Sostuvo que en los cargos que desempeñó debía realizar tareas por fuera del
objeto contractual, conforme a órdenes de sus jefes inmediatos, tales como:
manejo de acciones de tutela y atender requerimientos de las entidades de
control, asistir a comités departamentales y municipales de población desplazada
-hoy denominados de justicia transicional-, realizar trámites de retornos y
reubicaciones, participar en mesas tripartitas de OPSR, atención a líderes de
población víctima y a víctimas.
5. La entidad demandada le proporcionó una oficina, equipos y papelería de
trabajo.
6. Finalmente, adujo que el 6 de junio de 2012, la entidad demandada la vinculó
en provisionalidad en el cargo de profesional de atención humanitaria de
3 Folios 105 a 112.
3
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
emergencia en la subdirección de atención a la población desplazada y por ende
ejerciendo similares funciones a las asignadas en los distintos contratos de
prestación de servicios.
7. El 10 de diciembre de 2014, radicó reclamación administrativa ante la entidad
demandada a fin de obtener el pago de las prestaciones sociales y demás
derechos reclamados. Mediante Oficio 20156100448861 del 5 de mayo de 2015
obtuvo respuesta negativa a sus pretensiones.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL4
En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal
función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la
prueba.5 En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma,
de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales
decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia
inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
A folios 931 a 934 del expediente, se indicó lo siguiente en la etapa de
excepciones previas:
«Se propusieron las excepciones de prescripción del derecho a reclamar la existencia
de relación laboral; inexistencia de relación laboral entre la señora Flor Bibiana
Montero Castillo y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional Acción Social- FIP hoy Departamento para la Prosperidad Social- FIP,
inexistencia de la obligación a cargo del DPS de cancelar los salarios, prestaciones
sociales a favor de la señora Bibiana Montero Castillo – excontratista de la entidad y
excepción de insuficiencia probatoria.
3.2. En esta fase del proceso debe este Tribunal pronunciarse sobre la excepción de
carácter especial de “prescripción del derecho a reclamar la existencia de relación
laboral”.
[…]
3.2.2. Para resolver debe señalarse que por previsión legal los derechos laborales
prescriben al cabo de tres (3) años de que se hicieron exigibles, siendo admisible
interrumpir la prescripción mediante petición en sede administrativa (reclamación
administrativa), que opera por una sola vez. Ello con base en el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968 modificado por el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
En el caso concreto la demandante terminó su relación contractual con la entidad
demandada, según el texto de la demanda, el 31 de diciembre de 2011, contaba
entonces hasta el 31 de diciembre de 2014 para presentar la reclamación
administrativa para reconocimiento de los derechos laborales reclamados.
A folio 817 obra la reclamación elevada por la parte demandante, donde se observa
que la misma fue radicada ante el DPS el día 12 de diciembre de 2014. Esto es, la
petición se elevó antes de transcurridos 3 años desde que la terminación del vínculo
contractual.
4 En folios 927 a 950.
5 Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB (2015).
4
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
Es entonces, que se encuentra demostrado que la parte actora presentó la radicación
de la petición antes de que operara el fenómeno de prescripción de la acción.
3.2.3 De esta forma, habrá de denegarse la excepción de prescripción.
[…]
La decisión de prescripción ha de considerarse en términos precisos y concretos en
la audiencia (sic), es decir, estudiará si existe interrupciones entre los contratos que
amerite a la existencia de prescripción.
A ello se suma el criterio previsto en la sentencia del Consejo de Estado, Sección
Segunda de fecha 25 de abril (sic) agosto de 2016, Exp. 23001-23-33-000-2013-
00260-01 (0088) M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
Debe indicarse respecto de las demás excepciones por tratarse de excepciones de
fondo, éstas se resolverán en la sentencia, luego de un examen del acervo probatorio
y las normas aplicables al caso concreto.
[…]
El tribunal precisó que en principio, tomando como referencia el último, si se quiere,
vínculo contractual, no habría prescripción. No obstante también este tribunal lo dijo
y fue expreso en eso de que hasta este momento procesal se encontraba bajo esa
consideración sin perjuicio de reexaminar el tema al momento de la sentencia y se
dijo también que habría que examinar las interrupciones que se habían presentado o
no entre cada contrato. […]»
Decisión notificada en estrados. Sin pronunciamiento en contrario.
Fijación del litigio art. 180-7 CPACA
En el sub lite, se fijó el litigio respecto a los hechos relevantes y el problema
jurídico, así6:
«De la demanda se colige que el debate probatorio se contrae a establecer si entre
la señora Flor Bibiana Montero Castillo y el DEPARTAMENTO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL- DPS- existió una relación laboral durante el periodo (sic)
comprendido entre el 03 DE ABRIL DE 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011, según
los contratos aportados y consecuencialmente definir si le asiste el derecho al
reconocimiento al pago de prestaciones sociales a título de indemnización. Se
configuran o no las causales de violación de las normas superiores y desvió del
poder.»
Las partes estuvieron conformes con la fijación del litigio.
SENTENCIA APELADA7
Mediante sentencia del 23 de enero de 2019, el Tribunal Administrativo de Nariño,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
El a quo, de conformidad con el material probatorio, concluyó en primer lugar que
la demandante terminó su relación contractual con la entidad demandada el 31
de diciembre de 2011 y que presentó la reclamación administrativa el 12 de
diciembre de 2014, por lo que encontró demostrado que se interrumpió el
fenómeno de prescripción de los derechos laborales y prestacionales pretendido
en la demanda. Así mismo, aclaró que las interrupciones de los contratos
celebrados entre las partes a inicio de año son entendibles ante la demora en la
6 Folio 943 vto.
7 Folios 975 a 998.
5
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
autorización por parte de las entidades territoriales o nacionales de las
apropiaciones presupuestales y que además no fueron prolongadas en el tiempo,
pues en ninguno de los casos superó un mes.
De otro lado, precisó que las interrupciones no pueden considerarse a la hora de
la prescripción de los derechos laborales, pues pudo verificar con las pruebas
documentales y testimoniales que los contratos fueron sucesivos y con objetos
contractuales iguales.
En segundo lugar, indicó que los servicios que ella prestó lo fueron de forma
personal a la entidad demandada como asistente administrativo territorial del
programa de atención a la población desplazada, profesional de atención
humanitaria de emergencia y profesional del programa de generación de ingresos
y que percibió honorarios por la ejecución de los mismos.
Agregó, que del análisis del material probatorio está demostrado el elemento de
la subordinación, pues de este pudo extraer que las funciones que desempeñó
son de la naturaleza misma del programa de atención a la población desplazada
y en consideración a ello, debía cumplir un horario de trabajo, pues entre sus
funciones se encontraba la atención al público. Adicionalmente, que sus
actividades eran permanentes, sin que pudiera desarrollar sus tareas desde su
casa o sitio distinto al asignado por la entidad; debía asistir a las reuniones o
comités que se programaban mensualmente y a las capacitaciones; usar prendas
de vestir con logos distintivos de la entidad y trabajar con las herramientas físicas
e informáticas por ella suministradas. Además, que la mayoría de las tareas que
desempeñó se mantuvieron aún después del cambio de su vinculación.
De otro lado, negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, en tanto
que solo a partir de la declaratoria de la relación laboral nacieron los derechos
derivados de la misma y, por lo tanto, la mora no se ha configurado.
Por lo anterior, i) declaró la nulidad del Oficio 20156100448861 del 5 de mayo de
201528 de abril de 2015; ii) declaró la existencia de una relación laboral entre las
partes entre el 3 de abril de 2007 y el 31 de diciembre de 2015, tiempo que deberá
tenerse en cuenta para efectos pensionales; iii) a título de restablecimiento del
derecho ordenó a la entidad demandada a reconocer y pagar a favor de la señora
Montero Castillo las prestaciones sociales y/o factores salariales devengados por
otros servidores de la planta de personal de DPS correspondiente al tiempo
comprendido entre el 3 de abril de 2007 y el 31 de diciembre de 2015, teniendo
en cuenta como base para la liquidación los honorarios pactados en los contratos
de prestación de servicios; iv) a título de indemnización ordenó a la demandada
reintegrar lo pagado por ella por concepto de aportes al sistema de seguridad
social en salud, pensión y riesgos profesionales, en su debida proporción; v) negó
las demás prestaciones y vi) condenó en costas al DPS
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada8 solicitó revocar la sentencia que accedió a las
pretensiones de la demanda y en su lugar negar la declaratoria de la nulidad del
acto y absolverla de todas las pretensiones de la demanda.
8 Folios 1002 a 1006.
6
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
En primer lugar, sostuvo que en el proceso quedó demostrado que la
demandante nunca se vinculó mediante una relación legal y reglamentaria con la
entidad y que las obligaciones contractuales pactadas y ejecutadas no
corresponden a las enmarcadas en algún empleo de la exigua planta de personal
de la entidad contratante y precisamente fue esa la circunstancia que originó que
se celebraran los contratos de prestación de servicios, los cuales no estuvieron
sujetos al elemento de subordinación.
Argumentó que la relación que existió con la señora Montero Castillo lo fue de
carácter contractual y se ejecutaron de manera autónoma e independiente, pero
en un marco de coordinación de las actividades y no por ello, se puede llegar a
la conclusión de la existencia de subordinación exigible para conformar una
relación laboral, pues no puede dejarse el cumplimiento de las tareas contratadas
a la deriva. A su vez, indicó que las labores eran de carácter técnico y por ello se
requería que la contratista reuniera las condiciones de conocimiento que le
permitieran ejecutarlas en debida forma.
Refirió que pese a que las labores encomendadas debían ser ejecutadas en el
horario oficial de la entidad y en sus instalaciones, este tampoco es un aspecto
del elemento de subordinación pues los elementos esenciales de un contrato de
trabajo, según sentencia del 3 de marzo de 2011, expediente 0683-10 no son
otros que: a) que se pacte la prestación de servicios relacionados con la
administración o funcionamiento de la entidad pública, b) que el contratista es
autónomo en el cumplimiento de su labor contratada, c) que se le paguen
honorarios por los servicios prestados y d) que la labor contratada no pueda ser
realizada con personal de planta o se requería conocimientos especializados.
Indicó que no existe prueba que determine de manera irrefutable la existencia de
un contrato realidad, dado que el elemento distintivo y definidor del contrato de
trabajo lo es la subordinación y en el caso de la demandante, esta no demostró
que el desempeño de sus obligaciones contractuales fue realizado en las mismas
condiciones de cualquier servidor público de la entidad demandada, pues para la
época de la contratación, no existía empleo en la planta de personal que tuviera
funciones paralelas u homólogas, lo que permite evidenciar que sus tareas están
dentro del marco de actividades que no denotan continuada subordinación sino
que están enmarcadas en aquellas denominadas como transitorias.
En cuanto a la prueba testimonial, acotó que estos «[…] conforman una (sic) carrusel
pues este grupo de testigos a su vez ha requerido del testimonio de la aquí demandante
y de los otros testigos para sacar adelante sendos procesos que persiguen desdibujar el
contrato de prestación de servicios que cada uno de ellos celebró y se concertaron para
quebrar con sus dichos que puede apreciarse son contestes y están acompañados por
los mismos apoderados, sin embargo, con estos testimonios solo puede establecerse
que la señora FLOR BIBIANA MONTERO para el desarrollo de sus actividades
contractuales asistía a las dependencias en el horario de atención al público.»
Solicitó también que se revoque la condena en costas dado que fue necesario
adelantar el debate procesal en defensa de un interés público, pues afecta el
patrimonio de esa entidad que de buena fe contrató con la demandante.
Igualmente precisó que, de aceptarse la tesis del tribunal, se trata de una
sentencia constitutiva y, por lo tanto, la indexación no procede desde la causación
de las prestaciones sociales como se ordenó en la sentencia.
7
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante9 reiteró que los elementos de la relación laboral están
configurados y para ello, hizo relación de la prueba documental allegada y los
testimonios recepcionados que, en su sentir, así lo ratifican, y con ello el derecho
a que le sea reconocida una relación de trabajo y las prerrogativas de orden
prestacional.
Explicó que la Subdirección de Atención a la población desplazada correspondía
al nivel nacional y fue en esa subdirección que laboró, pero con presencia en lo
regional, por lo tanto, debía buscarse en la planta de personal tanto nacional
como regional de algún funcionario que pudiera desarrollar sus funciones y como
lo señalaron los testigos, a nivel nacional si lo había, como también indicaron que
el trato del personal vinculado de forma legal y reglamentaria era el mismo al de
los contratistas. A su vez aclaró que su vínculo con la entidad no se debió a sus
conocimientos técnicos o especializados, sino por la experiencia que adquirió
dentro de ella, pues las tareas que desempeñó en nada tenían que ver con su
profesión como ingeniera de sistemas.
El Departamento para la Prosperidad Social y el Ministerio Público guardaron
silencio en esta etapa procesal según se evidencia en la constancia secretarial
visible a folio 1055 del expediente.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo10, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328
del Código General del Proceso, por haber sido apelada por ambas partes el
juez de segunda instancia puede resolver sin limitaciones los argumentos
expuestos en los recursos.
Problema jurídico
El problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en la siguiente
pregunta:
1. ¿La señora Flor Bibiana Montero Castillo demostró la configuración de los
elementos de la relación laboral durante el tiempo que estuvo vinculada con
Acción Social, hoy Departamento para la Prosperidad Social, a través de
contratos de prestación de servicios suscritos directamente con la entidad?
En caso afirmativo,
9 Folios 1037 a 1054.
10 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
8
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
2. ¿Hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho, al haber transcurrido más de tres años entre la finalización de todos o
algunos de los periodos contractuales y la reclamación administrativa?
3 ¿Hay lugar a reembolsar a la demandante las sumas pagadas por concepto
de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos
profesionales?
4 ¿Se encuentra probado en el presente proceso la causación objetiva y
valorativa de las costas procesales de primera instancia?
Marco normativo y jurisprudencial
En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 constitucional consagra
los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de
oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales
sobre el derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano,
forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por
esta razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario
igual por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio
111 de la OIT,11 constituye, junto con otros principios convencionales,12 un
axioma laboral de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.
Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta
al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para
satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado),
el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo recoge como un tipo de
negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes términos:
«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de
la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y
se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»
Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los
contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni
11 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
12 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de Costa
Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador,
el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como «(...) la
oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una
actividad lícita libremente escogida o aceptada».
9
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80
de 1993, y la forma en que este queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria
de una relación laboral encubierta o subyacente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique conductas
o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el Estado es el
empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos
fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la
Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente
ratificados por el Estado.
En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios, el
elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se puede matizar
ante el surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o imposición de
jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en función del objeto
contractual convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se
materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del prestador
del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera idéntica,
semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores de planta,
siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación
laboral.
No obstante lo anterior, la Sección precisó que aún cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera,
una vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría
de empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las exigencias
del artículo 122 de la Carta Política.13
13 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-
000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez
10
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante o
la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia.
Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en
los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio
de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio
a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención
a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.
En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar
cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la manera
más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable» puede
advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad justifica, en
función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo
que estima imprescindible para la ejecución de un contrato futuro. De ahí que los
contratos de prestación de servicios no puedan concatenarse indefinidamente
en el tiempo, cuando se suscriben con personas naturales.
En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles,
en principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad
para aquellos contratos de prestación de servicios que presenten interrupciones,
cuya consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción de derechos una
vez declarada la relación laboral subyacente. En consecuencia, de no superarse
dicho lapso, se puede concluir «la existencia de una unidad de vínculo
contractual» siempre y cuando «se constate que los objetos contractuales y las
obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la
satisfacción de las mismas necesidades».
A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 se reiteró
que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de
derechos prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o
subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de unificación del 25
11
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
de agosto de 2016,14 según la cual, en caso de encontrarse acreditada la relación
laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de los tres
años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo contractual, y, en
aquellos casos donde se presente solución de continuidad entre contratos, debe
analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de
finalización,15 por lo que de no presentarse la reclamación en ese periodo,
operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo relacionado con los aportes a
pensión que no están sometidos a dicho término.16
En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo cobra
relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral
cuya duración deba ser examinada.
Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio
en la vía judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso
concreto a la luz de dichos parámetros.
Primer problema jurídico:
¿La señora Flor Bibiana Montero Castillo demostró la configuración de los
elementos de la relación laboral durante el tiempo que estuvo vinculada con
Acción Social, hoy Departamento para la Prosperidad Social, a través de
contratos de prestación de servicios suscritos directamente con la entidad?
Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con el
análisis jurídico y probatorio, en el caso de la señora Flor Bibiana Montero
Castillo se encuentran demostrados los tres elementos que configuran una
verdadera relación laboral, razón por la cual, en virtud del principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, hay lugar a declarar su existencia.
14 sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005
15 En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de
prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro
tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir
de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez
verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada
en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido
burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación
de servicios. […]» (Negrita fuera del texto)
16 Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado
de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante como
empleadora.
12
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
Sobre el asunto sometido a discusión
Advierte la Sala que, en el presente asunto, la demandante pretende la
declaración de la existencia de una relación laboral entre ella y el Departamento
para la Prosperidad Social, desde el 3 de abril de 2007 y el 31 de diciembre de
2011 y, en consecuencia, que se ordene el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales de ley y demás acreencias laborales que surjan con
ocasión de dicha declaratoria.
El tribunal de primera instancia consideró acreditada la relación laboral aducida
por la señora Montero Castillo, por cuanto del material probatorio allegado al
plenario es posible evidenciar la configuración de los elementos constitutivos del
contrato de trabajo cuales son la prestación personal del servicio, la
remuneración periódica y la subordinación continuada durante el tiempo de
vinculación con la entidad.
No obstante, en criterio de la demandada no hay lugar a declarar la existencia
de la referida relación y, en consecuencia, no es procedente el reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales reclamadas por la demandante, por cuanto no
solo no se demostró el elemento de la subordinación, sino que su prestación del
servicio a la entidad se dio bajo la modalidad de contratación por prestación de
servicios.
Ahora, toda vez que en el recurso de apelación se advierte que la inconformidad
allí presentada por la parte demandada, consiste en que con el material
probatorio allegado no se comprobó la existencia de la relación laboral aludida
por la interesada, la Subsección procederá a verificar si conforme a dichos
elementos probatorios, la señora Montero Castillo logró acreditar la prestación
personal del servicio, remunerada y bajo continua subordinación y dependencia.
a) La prestación personal del servicio.
De acuerdo a la documentación obrante en el expediente, se observa que la
señora Flor Bibiana Montero Castillo prestó sus servicios a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social,
hoy Departamento para la Prosperidad Social, mediante contratos de prestación
de servicios de la siguiente manera:
OPS/CPS PLAZO17 OBJETO Folios
Prestar a Acción Social por sus propios medio, con plena autonomía 144-148,
técnica y administrativa sus servicios personales desempeñando las 492-494
Del 1.° de abril labores de asistente administrativo territorial del programa de Atención a
CPS 425 hasta el 31 de la Población Desplazada, como registro, archivo de la información que
de 2007 diciembre de ingresa y es generada, prestando atención al cliente y apoyando las
2007 labores administrativas requeridas por el programa a fin de que se le
brinde atención oportuna, con calidad y calidez a la población en situación
de desplazamiento.
Del 18 de enero 150-156,
CPS160 hasta el 31 de 505-508
Ibidem
de 2008 diciembre de
2008
Del 29 de enero Prestar a Acción Social por sus propios medio, con plena autonomía 157-161.
CPS 605 hasta el 31 de técnica y administrativa sus servicios profesionales en el Área de 466-468
de 2009 diciembre de Atención Humanitaria de Emergencias de la Subdirección de Atención a
2009 la Población Desplazada, para apoyar en el departamento al Coordinador
17 Según los contratos de prestación de servicios y los informes de actividades y certificación del supervisor
de los contratos de prestación de servicios personales (folios 298 a 354).
13
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
de Atención a la Población Desplazada en situación de desplazamiento,
dentro del marco de las estrategias que se deriven para tal fin por la
subdirección, así como contribuir y colaborar en el desarrollo de las
diferentes actividades propias de esta dependencia.
Prestar a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 162-166,
Internacional, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 519-521
Del 27 de enero
administrativa sus servicios profesionales al Programa de Generación de
CPS 820A hasta el 31 de
Ingresos, para coadyuvar en la atención a la población que se encuentra
de 2010 diciembre de
en riesgo o situación de desplazamiento y vulnerabilidad, así como
2010
contribuir y colaborar en el desarrollo de las diferentes actividades propias
de esta dependencia.
Prestar a Acción Social, por sus propios medios, con plena autonomía 168-175,
técnica y administrativa, sus servicios profesionales, encaminados a la 482-485
Del 31 de enero
prevención, atención y/o reparación a la población víctima de violación de
CPS 937 hasta el 31 de
derecho humanos y/o infracción al derecho internacional humanitario,
de 2011 diciembre de
incluido víctimas de desplazamiento, de la forma descrita en la necesidad
2011
y obligaciones del contratista contenidas en los estudios previos, los
cuales forman parte integral del contrato
Para esta Subsección está acreditado entonces con la anterior relación
probatoria que la demandante prestó de forma personal sus servicios al hoy
Departamento para la Prosperidad Social, con ocasión de los diferentes contratos
celebrados, para desarrollar funciones requeridas en cumplimento de los
diferentes objetos contractuales.
b) Remuneración por el servicio prestado.
Frente al elemento de la remuneración, la Sala puede inferir razonablemente que
a la señora Flor Bibiana Montero Castillo se le cancelaban periódicamente las
sumas reconocidas a título de honorarios en los diferentes contratos de
prestación de servicios. Ello se advierte, principalmente, de las cláusulas
relacionadas con: i) el valor de los contratos; y ii) la forma de pago en la cual se
estipulaban los montos mensuales que recibiría el demandante por sus servicios.
Así mismo, de conformidad con la información suministrada por el DPS a folios
215 a 217 y 356 a 412, donde consta certificación del 13 de abril de 2016 emitida
por la Profesional Especializada con función de Tesorera en la que se hace
relación de los pagos efectuados a la libelista desde el 3 de abril de 2007 al 31
de diciembre de 2011 por concepto de honorarios y las copias de las órdenes de
pago, respectivamente.
c) Subordinación y dependencia continuada
Ahora, teniendo en cuenta que para esta Sala los elementos de prestación
personal del servicio y de remuneración o contraprestación, propios de la relación
laboral, se encuentran debidamente acreditados en el sub examine, se procede
entonces a realizar el análisis correspondiente al elemento de la subordinación y
dependencia continuada, para lo cual se estudiará, en primer término, cada uno
de los testimonios que fueron recaudados, específicamente lo relacionado con la
subordinación y dependencia continuada, por cuanto el principal reparo de la
parte demandada consistió en una supuesta errónea valoración probatoria. De
acuerdo con lo anterior, se advierte lo siguiente:
• Ricardo Cabrera Narváez, quien fue director del DPS en el año 2012 al 3 de
diciembre de 2014 señaló:
«[…] Interrogatorio Magistrado Sustanciador. En enero del 2006 ingresé como contratista
a Acción Social. En el programa contra cultivos ilícitos, eso hasta julio del 2009. En agosto del
14
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
2009 hasta diciembre del 2012 fui el coordinador de la Unidad Territorial de Acción Social en
el Departamento de Nariño. Del 2012 al 2014, más o menos al 3 de diciembre del 2014, fui
director regional del Departamento para la Prosperidad Social. PREGUNTADO: Conoce Usted
y de ser así, las razones por las cuales conoció a la señora Flor Bibiana, demandante en el
proceso y aquí presente. CONTESTADO: Sí, sí, la conozco y tengo entendido que ella
presenta demanda ante la entidad por un tema laboral. PREGUNTADO: Y alguna otra razón
por qué la conozca, alguna otra razón, para precisar desde cuándo. CONTESTADO: Ah ya,
sí, obviamente a Flor Bibiana la conozco, pues porque también trabajó en la entidad donde yo
estuve, tanto Acción Social como en parte en el DPS. Cuando yo ingresó ya a hacer parte de
la Acción Social, Bibiana también estaba en la entidad en el 2009, trabajando en la atención
humanitaria, en una subdirección que era la de atención a la población desplazada. Posteriormente está en un programa de generación de ingresos en la misma entidad y ya
hacia el 2011 regresa digamos a las actividades de la atención humanitaria a la población
desplazada. Posteriormente, y estando yo como director Regional de Acción Social y gracias,
pues a la creación de la Unidad de Víctimas por la Ley 1448, Bibiana pasa al equipo de
víctimas. PREGUNTADO: […] la señora Flor Bibiana Montero Castillo presenta demanda para
que por parte de la justicia, se examina y se decida si entre ella y Acción Social, en su
momento, existió alguna relación laboral que se dice encubierta a través de unos contratos de
prestación de servicios, en los cuales habría sido vinculada y valga reiterar o precisar perdone,
en las áreas unidades en las que Usted menciona como atención a población desplazada,
generación de ingresos y entre otros, para que Usted nos diga entonces cuánto conoce y
acerca de la vinculación y el horario de prestación de sus servicios o actividades, la
remuneración o forma de remuneración que se le haya pactado o cancelado, si en algún
momento Acción Social le canceló, le pago algún concepto por prestaciones sociales, si algún
momento se le dio vacaciones, como solicitaba ella permisos, como se ausentaba; igualmente,
si en algún momento y atendiendo en este caso su condición, también de coordinador de la
unidad, como Usted lo ha manifestado en Acción Social y en la dirección regional de Acción
Social, le realizó algún tipo de llamado de atención memorandos y en especial para que nos
diga que funciones u actividades desempeñó, en qué lugar físico, se refiere al Tribunal a la
sede de la entidad, que pueda Usted haber conocido en razón de sus funciones o por otro
motivo. […] CONTESTADO: […] Bibiana Montero, como muchos de los compañeros que
estuvieron en la entidad, obviamente suscribía unos contratos con la entidad y había una
relación en el sentido de que existía un equipo en lo regional, coordinado por Luis Carlos Rubio
y conmigo como como director regional y como coordinador de la territorial, coordinábamos
las diferentes actividades que ellos adelantaban y en el nivel nacional también había una
persona que coordinaba, yo recuerdo una señora de apellido Ochoa que era la que daba las
instrucciones a través de correo electrónico, vía celular, vía telefónica para las actividades que
adelantaba Bibiana Montero. En efecto, ellos tenían contratos; sin embargo, debo aclarar para
efectos de la pregunta señor juez, de que a pesar de que éstos tenían unas fechas, realmente
las actividades que adelantaba Bibiana fueron siempre sucesivas, no hubo interrupción, ni
siquiera digamos, en épocas de diciembre, donde se terminaba o donde supuestamente
terminaba el contrato.
Ellos continuaban y en enero, después de época de carnavales o esas
épocas donde se hacía unas contingencias para la atención, ellos continuaban las actividades
propias que estaban establecidas en su vinculación laboral, no había interrupción del tiempo
donde ellos o donde ella, Bibiana Montero, adelantaba sus actividades. Si recibía una
remuneración mensual permanente, si no estoy mal entre el 25 y el 28, 29 de cada mes, ellos
recibían su pago por las actividades que adelantaba de manera mensual, no tenía vacaciones,
no había vacaciones, nunca se les dio vacaciones, digamos de manera oficial, pero las
actividades eran permanentes. […] Ellas tenía un puesto de trabajo entregado por la entidad
para que fuera ahí donde hiciera su atención. Tenía ella básicamente la atención al público y
eso implicaba de que (sic) ella esté de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de
la tarde, o sea el no acudir en ese horario implicaba un entorpecimiento de la atención a la
población desplazada y pues, obviamente, era una función que tenía la entidad, como una de
sus funciones misionales. […] Digamos, como le decía, había en el territorio un coordinador
de la subdirección, que era Luis Carlos Rubio y obviamente él, incluso hacia él unas reuniones
cada lunes a primera hora, incluso él llamaba a las 7:00 de la mañana el equipo para para
hacer la reunión preparatoria de todas las actividades de la semana. La señora Ochoa,
posteriormente cuando estaba en la subdirección de desplazados, era quien daba las
instrucciones a los funcionarios y en lo regional, con conmigo, hacíamos comités semanales
donde se impartían digamos, donde se revisaba primero las actividades adelantadas, donde
se miraban las dificultades que se tenía y donde se planeaba todas las actividades que se
adelantaban en la semana. El horario obviamente, si se lo cumplía, era de 8 a 12 de 2 a 6 de
15
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
la tarde, de lunes a viernes, salvo algunas excepciones donde se hacían contingencias para
temas de archivo y de logística, donde todos participamos, incluso Bibiana Montero, los días
sábados en horas de la mañana. La asignación mensual si realmente no, no me acuerdo, no
tengo el dato exacto, pero sí había digamos cada mes un pago por las actividades que Bibiana
Montero adelantaba. En la época que estuvo en la dirección de generación de ingresos era
Pablo Ariel Gómez, la persona desde el nivel nacional que coordinaba todas las actividades
propias de la subdirección y obviamente con ellos, cuando nosotros como directores
regionales o como coordinadores de las regionales de las unidades territoriales asistíamos a
reuniones de Planeación en el nivel nacional, se daban la instrucción, se daban las metas o
se organizaban las metas y era allí donde se manifestaba la necesidad de que los
profesionales que estaban en la región debían digamos aportar con su trabajo para que logro
de estas metas se adelante y en esa manera o en esa medida se lo impartía aquí, en lo
regional. Frente a los, ah bueno realmente debo manifestar que el desempeño de Bibiana
Montero fue siempre destacable, excelente, eso merecía que nunca se haya dado llamados
de atención o requerimiento; sin embargo, para efectos de cualquier actividad por fuera de la
oficina era preciso, y así estaba establecido, de que Bibiana Montero se acercara, sea a Luis
Carlos Rubio o a mí, en la ausencia de Luis Carlos, para cualquier, digamos ausencia,
cualquier permiso, cualquier salida de la entidad; cuando éste superara digamos el permiso
normal o la salida normal, la salida de los hijos o cualquiera de esas, se hacía a nivel nacional
y era a nivel nacional quien otorgaba el permiso para que ellos puedan dejar de asistir uno o
dos días a la entidad. PREGUNTADO: Recuerda Usted, dada su vinculación con Acción
Social, entre qué épocas o períodos estuvo vinculada la señora Flor Bibiana con Acción Social,
recuerde Usted. CONTESTADO: Si, Bibiana estuvo desde el 2008 en Acción Social en la
subdirección de atención a la población desplazada hasta el 2011. Un año, creo que en el
2011, pasó a la subdirección de generación de ingresos y posteriormente regresó a la
subdirección de atención a la población desplazada, ya en el 2012, ellos fueron asimilados por
la Unidad de Víctimas, como le decía, pues gracias a la creación de la unidad y de ahí si
realmente incluso salieron del edificio donde funcionaba ya en ese momento el Departamento
para la Prosperidad Social […] PREGUNTADO: Para que nos precise cuál era la forma de
vinculación de los servidores o del personal de Acción Social en ese momento, la pregunta es
en general, para la vinculación de todos los servidores, es decir, unos por contrato, otros por
acto administrativo de nombramiento, el criterio para distinguir uno u otro si así se hubiese
dado. CONTESTADO: Si bueno, digamos el director o el coordinador de la entidad en la región
era de libre nombramiento y remoción, habían creo que 5 funcionarios nombrados en
provisionalidad y los demás eran contratistas. En temas, digamos, de nivel de jerarquía, en el
nivel nacional pues obviamente estaba el director, el director Nacional, una Secretaría, unas
direcciones misionales, creo que eran 3 direcciones misionales y estaba la subdirección de
atención a población desplazada y allí para cada componente había en el nivel nacional un
director y si un coordinador y de ellos dependían los diferentes profesionales que estaban en
la regional. Y en lo regional estaba el director, estaban los compañeros de las diferentes
direcciones misionales y los profesionales que apoyaban las acciones misionales de las
mismas. […] y la vinculación de los profesionales como le decía, estaban los vinculados en
provisionalidad y los demás eran contratistas. PREGUNTADO:
Para preguntarle; no obstante
la precisión que Usted hace de los 5 cargos de funcionarios vinculados en provisionalidad,
para preguntarle ya específicamente si la función de la señora Flor Bibiana en Acción Social
tenía o requería conocimientos especializados, es decir, o si se quiere, la razón para ser
vinculada eran sus conocimientos especializados o simplemente se la contrató en términos
generales como un contratista o servidor más. CONTESTADO: No, digamos el nivel de
complejidad de la atención a la población desplazada en su momento y ahora ya en víctimas,
implicaba realmente un nivel de conocimiento y experticia especial, digamos, no era fácil
ubicar en el departamento una persona que tuviera condiciones y conocimientos, sobre todo
de la manera de la atención a la población desplazada y todo lo que ello implicaba, o sea, el
tema de la atención al público, el tema de los trámites, de los procedimientos, que por demás
estaban certificados a través de calidad en la entidad, eso implicaba un nivel de conocimiento
importante que no era fácil ubicar en el en el departamento y ese era una de las razones para
que Bibiana Montero hiciera parte del equipo de la atención a las familias en situación de
desplazamiento. PREGUNTADO: En igual sentido, para preguntarle si las funciones que
desempeñaba la señora Flor Bibiana eran similares a las de otra persona o personas que
hayan estado vinculadas por nombramiento en Acción Social o eran distintas. CONTESTADO: No eran, eran realmente similares, igual en el equipo cuando yo entré por allá en el 2006 como
contratista había un equipo donde estaba, digamos una fusión o una mezcla o un equipo
conformado por personas que estaban de planta que eran de planta y contratistas, o sea,
16
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
había personal en la entidad que también adelantaba las mismas funciones, y no solamente
en lo regional, tengo entendido que en lo nacional también había personas que adelantaban
las mismas acciones, ya siendo la vinculados de manera provisional o definitiva a la entidad. PREGUNTADO: Para preguntarle también de manera concreta y dada su función y
conocimiento, si la señora Flor Bibiana era tratada o había un trato distinto a ella como
contratista respecto de quienes hayan sido de planta o nombrados; es decir, había un trato
distinto para los empleados y para los contratistas o se los trataba de manera similar y en este
caso respecto de la señora Flor Bibiana. CONTESTADO: No, no había un trato diferencial, el
trato era similar, tanto a contratistas como a los funcionarios que estaban en la entidad recibían
de todos los coordinadores o jefes, digamos el mismo trato. Es más, el apoyo que se recibía
de la profesional, de Flor Bibiana en temas no solamente delegación desde lo regional, sino
desde el nivel nacional, para la participación en comités en donde se tocaban temas de
población desplazada, en comités donde se trabajaba temas de apoyo a la población
desplazada, la participación de Bibiana incluso no estaba a la par de los profesionales que
hacían parte de la entidad como provisionales, sino que estaban incluso a veces más allá,
toda vez que participaba de comités donde se tomaban decisiones que tenían que ver con la
atención a la población desplazada. Que comités, como los comités municipales, comités de,
teníamos nosotros un convenio con el Programa Mundial de Alimentos con el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y el DPS o Acción Social, cada una en sus tiempos, donde
Bibiana era la profesional que representaba la entidad y que fungía como la persona que podía
en ese momento hablar para tomar decisiones en esos comités que se adelantaban. PREGUNTADO: Nos puede si Usted recuerda, referir de manera sino puntual, al menos
general, las funciones que desempeñaba la señora Flor Bibiana en cada una de las
dependencias o programas que Usted se refiere. CONTESTADO: Bueno, específicamente no
podría manifestar las funciones, pero obviamente dentro de las actividades que ella
adelantaba, de las funciones que ella tenía, era la atención a la población en situación de
desplazamiento, la recepción de las diferentes solicitudes que hacía el desplazado para darle
el trámite y el curso a nivel nacional para la atención de las ayudas humanitarias a la población
desplazada. En generación de ingresos el proceso de focalización básicamente apoyando a
la población desplazada en proyectos valga la redundancia, de generación de ingresos,
favoreciendo precisamente a la población desplazada, la participación en los diferentes
comités, también a veces acompañando o a veces por delegación de Luis Carlos Rubio, que
era la primera persona responsable en el territorio, pero siempre digamos, participando en
esos comités. La atención al público también la adelantaban desde la entidad, obviamente con
equipos con espacio, con elementos propios de la entidad, incluso con los programas, no sé
si se diga software con los programas que tenía la entidad, que eran de uso exclusivo, pues
de la profesional donde se registraban todas las personas que aparecían como víctimas
SIPOD, creo que se llamaba, realmente no me acuerdo el nombre exacto, pero era una
plataforma exclusiva de la entidad a la que tenían acceso los profesionales, precisamente para
la atención a la población, digamos de manera muy general, esas son las actividades que yo
recuerdo desempeñaba Bibiana Montero. PREGUNTA:
Para precisar, respuestas que Usted
nos ha dado, este tribunal le preguntaba si la razón para vincular a la señora Flor Bibiana o si
se requería conocimientos especializados para vincularla y ella informó en esta audiencia que
tiene la condición de ingeniera de sistemas, de acuerdo a las funciones que Usted menciona
y que conoció que ha desempeñado esa profesión de ingeniero de sistemas, era entonces la
que le permitía los conocimientos especializados para las funciones o no tiene nada que ver
la profesión CONTESTADO: O sea, claro, en parte, en parte el manejo de los programas, de
las plataformas, de la recepción de información, el cargue, la remisión implica un conocimiento
específico en ese sentido, o sea, no cualquier persona tiene la capacidad de poder procesar
esa información salvo a alguien que tenga conocimientos específicos en sistemas, como es el
caso de Flor Bibiana. Sin embargo, debo manifestar que más allá de esos conocimientos
técnicos, estaba la experiencia y el manejo de la población en situación de desplazamiento,
que no todo el mundo podría darlo, o sea, si bien es cierto, es preciso y necesario el
conocimiento técnico que ella tiene como ingeniera de sistemas, también era necesario el
conocimiento y la experiencia que ella tiene o que ella tenía, pues en su momento. en la
atención de la población desplazada y las rutas que debían utilizarse para dar respuesta a
esas necesidades que la comunidad requería. PREGUNTADO: Una pregunta, una parte
distinta recuerda Usted si la señora Flor Bibiana en su sitio, donde Usted informa que cumplía
sus funciones, utilizaba algún tipo de uniforme, escarapela o distintivo que le permitía
identificarla como servidora o contratista de Acción Social. CONTESTADO: Si nosotros, todos,
todo el equipo nos distinguíamos con nuestro carnet y con chalecos, incluso teníamos un
gorrita cierto, o sea, teníamos yo no sé si pueda decir un uniforme para incluso hacer jornadas
17
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
y en la atención en la en la entidad, en la oficina, todos tenían su chaleco, incluso camiseta,
gorra y carnet de la entidad. Esto, obviamente nos distinguía a todos, no solamente como
trabajadores de la entidad, sino también le dábamos tranquilidad a las personas que se
acercaban, sobre todo a los desplazados, toda vez que, pues había muchas, digamos muchas
personas que a veces se las daban de tramitadores o de intermediarios o de facilitadores, pero
la entidad para evitar todo eso y para distinguir a sus colaboradores, tenía chalecos,
camisetas, gorras y carnet. PREGUNTADO: Escúseme en el carnet había algún distintivo de
contratista o de empleado si se quiere o no tenía esa distinción, en el caso de la señora Flor
Bibiana en especial. CONTESTADO: No, realmente no lo recuerdo, no lo recuerdo señor juez. PREGUNTADO: No obstante la respuesta que Usted nos dio en cuanto a la vinculación y al
traslado de la señora Flor Bibiana a la unidad de víctimas en su momento, para que precise
qué sucedió con el cargo de ella, si se mantuvo el cargo, me refiero a la vinculación a través
de contrato o con la función que ya cumplía, qué pasó con esa función, se contrató a persona
distinta para que desempeñe esa función cuando ella pasó a la otra entidad o esa función
desapareció de Acción Social, que sucedió con la función de ella. CONTESTADO: Sí. o sea,
digamos, Acción Social hasta el año 2012, yo estaba allá como coordinador de la unidad
territorial, creo que era un cargo de asesor con funciones de coordinador y teníamos el equipo
y estaba o existía la subdirección de atención a la población desplazada; pero ya a partir de
ese año y con la creación de la unidad de víctimas en el marco de la de la norma, de la Ley
de la Ley 1448, obviamente todos esos profesionales pasaron a la unidad de víctimas y de
hecho ellos fueron vinculados a los profesionales, cierto de manera provisional, pero ya
vinculados a la entidad, gracias, digamos a precisamente a todo esa experiencia y a todas las
funciones que ellos tenían acá. De hecho, ya en el en el DPS, porque ahí también se crea el
Departamento para la Prosperidad Social, ya ese cargo ya desaparece acá en la en el DPS
porque es asumido por la unidad de víctimas. Interrogatorio apoderado parte demandante:
[…] PREGUNTADO: De conformidad a lo que Usted ha manifestado, Usted considera que la
señora Flor Bibiana Montero Castillo pudo haber tenido superior jerárquico dentro de la
organización CONTESTADO: Si yo lo mencioné hace un rato, la entidad tenía dentro de su
organigrama, si se puede decir así, un coordinador en el nivel regional, un coordinador que
era el coordinador de la Subdirección, no estoy muy seguro del nombre de la subdirección,
subdirección de atención a la población en situación de desplazamiento, que era el señor Luis
Carlos Rubio, y era con él y era a él a quien los contratistas de esa de esa subdirección debían,
digamos acatar las instrucciones que él daba, en ese orden de ideas, digamos no sé si se
tipifica como un superior jerárquico, pero era el que coordinaba y ya en lo regional me
correspondía a mí a partir de agosto del 2009, digamos como coordinador de la unidad
territorial, el que tenía que estar pendiente de las acciones de no solamente de esa
subdirección, sino de todas las direcciones que tenía la entidad y en el nivel nacional, ese
equipo, ese equipo en el nivel nacional, yo creo que habían 3 grupos de trabajo, que los
coordinaba Luis Carlos Rubio y en el nivel nacional había también una persona, un profesional
que coordinaba y a quién debían responder por todas las actividades que ellos daban, es ese
caso era la señora, yo no sé si estoy bien con el nombre, Patricia Ochoa, creo que Beatriz
Ochoa, era la persona que en el nivel nacional coordinaba uno de los de los equipos que
teníamos en lo en lo regional. PREGUNTADO:
Usted manifestó en su declaración ante la
pregunta hecha por el Tribunal que la señora Flor Bibiana había ocupado diferentes funciones
o había tenido cambios en sus actividades, de quién dependían esos cambios, estaban
conforme a una contratación o dependían de la de liberalidad de alguien o de las órdenes de
alguien en particular CONTESTADO: Si eso, digamos, desde el nivel nacional, cuando hablo
del nivel nacional habló de un equipo de profesionales en Bogotá, donde estaban los
directores, el director pues general, los directores de las direcciones misionales y dependía de
ellos como se ubicaba a cada profesional en lo regional; en el caso de Bibiana, me acuerdo
que estaba en la subdirección de atención a población desplazada y posteriormente pasó a
una dirección misional de generación de ingresos, en esa si no estoy mal era el doctor Pablo
Ariel Gómez el que, no me acuerdo si llamaba director o subdirector de esa esa dirección y
posteriormente volvió a la subdirección de atención a población desplazada, pues gracias
precisamente a la experiencia y al trabajo que ella ya había adelantado en esa subdirección. PREGUNTADO: Al haberse hecho esos cambios, digamos las funciones o las actividades que
dejó de realizar la señora Flor Bibiana fueron asumidas por otras personas o se terminaron
esas funciones dentro de la organización. CONTESTADO: No, no, esas funciones no se
terminaron, esas funciones seguían, se seguían atendiendo, tenían que darse. PREGUNTADO: En alguna oportunidad le consta a Usted si la señora Flor Bibiana realizó
actividades por fuera de la ciudad o que hayan implicado una comisión o que haya implicado,
digamos, el otorgamiento de viáticos o erogaciones por parte de la entidad. CONTESTADO:
18
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
Si, la atención del equipo era en todo el departamento de Nariño, y cuando había una situación
especial fuera de Pasto en cualquier otro de los 63 restantes del departamento, ellos
adelantaban su solicitud de comisión, ellos llenaban una solicitud de un formato que existía,
aprobado en el nivel nacional, pero con el visto bueno del coordinador digamos del equipo
aquí en los regional y el visto bueno del coordinador de la unidad territorial, en ese caso yo y
se iba a Bogotá para ser aprobado la salida y obviamente ellos tenían el pago del viático y de
los transportes para sus salidas. PREGUNTADO: En una de sus respuestas anteriores, Usted
manifestó que existía un horario de trabajo al cual tenía que someterse Flor Bibiana, ese
horario de trabajo estaba definido en algún tipo de reglamento de la organización o estaba
definido dentro del contrato o cómo era esa imposición, digamos del horario. CONTESTADO: Sí, o sea, la necesidad de la atención a la población en situación de desplazamiento era
permanente, de hecho como entidad del Gobierno nosotros teníamos un horario regido por
las normas, pues generales de la atención de las entidades, trabajábamos 48 horas a la
semana y allí se establecía, digamos, o se informaba al público a través de diferentes
instancias que la atención se iba a adelantar de 8 a 12 y de 2 a 6, y esa era el tiempo que
permanecía Bibiana en la entidad, para precisamente atender al público o atender pues a la
población desplazada. PREGUNTADO: Dicho horario estaba supeditado a alguna supervisión,
dentro de la organización. CONTESTADO: De alguna manera, si no, o sea, el hecho de que
uno de los colaboradores dejará de asistir en ese horario y dejará de atender al público, pues
generaba una situación de caos en la entidad y eso implicaba, obviamente, un llamado
inmediato al coordinador del equipo, al coordinador de la unidad territorial, incluso un llamado
urgente a nivel nacional para que subsanen la situación a ver qué pasó, porque no hay la
atención. Eso implicaba que, así como todos los funcionarios o como todos los colabores de
la entidad, Bibiana estuviera atenta a esa atención de 8 a 12, de 2 a 6 e incluso ellos tenían la
responsabilidad, pues de llegar unos 30 minutos antes en temas de preparación de
documentos y demás, pues logística para la atención. PREGUNTADO: Esas actividades que
realizaba la señora Flor Bibiana al interior de la organización eran objeto de auditoría o de
control por parte de alguien dentro de la organización. CONTESTADO: O sea, la entidad tenía
un proceso de certificación, nosotros teníamos o bueno la entidad tiene un sistema de gestión
de calidad, eso implica, digamos, cada vez que se requiera, yo estoy seguro cómo se llama
eso, la renovación de esa certificación y para esa renovación que creo que se da cada año,
era preciso unas auditorías internas en preparatorias y unas auditorías externas para ver cómo
estaban funcionando los procedimientos y cómo el proceso estaba dando respuesta a esa
calidad que teníamos certificada. En ese orden de ideas, había en lo regional una persona
encargada, digamos de preparar la auditoría o de estar pendiente de la auditoría, auditando
precisamente el procedimiento que cada uno de ellos adelantaba y en lo nacional también
había otro equipo que estaba pendiente para hacer las auditorías en cada uno de los
profesionales, cada uno de los equipos respondía a una auditoría, en efecto. PREGUNTADO: En cuanto a las instalaciones, elementos de trabajo, escritorio, computadores o herramientas
informáticas que utilizó la señora demandante, de quién eran esos elementos, quién era el
propietario, bajo qué condiciones se hizo uso, si le consta, la demandante frente a estos
elementos CONTESTADO: Sí, o sea, respondo cierto, la cada uno de los colaboradores y
pues en este caso Bibiana hacía uso de un equipo de cómputo de propiedad de la entidad,
Acción Social y/o DPS en su momento.
El escritorio, el espacio, no sé si suene grosero, la
silla, pues, o sea, todo, era de la entidad, incluso los programas eran de la entidad, las bases
de datos de la entidad, solo tenían acceso a ellos, tenían ellos unas claves para poder acceder
a esa información que era, pues, privilegiada y no todo el mundo lo podía utilizar. Esos
programas eran de la entidad. PREGUNTADO: En sus actividades cotidianas, la señora Flor
Bibiana tenía que producir algún tipo de documento y si de ser asertiva su respuesta, estos
documentos se utilizaban algún tipo de formato, membrete de la entidad o eran documentos
particulares que podría manejar CONTESTADO: No, o sea, Bibiana debía diligenciar todas
las actividades, todos los procedimientos en unos formatos; precisamente el sistema de
gestión de calidad implicaba que nosotros tengamos unos formatos aprobados incluso que no
se podían ni siquiera modificar, salvo que pase a un comité de aprobación de formatos de
formularios. Era en esos donde se vaciaba la información y el trabajo que Bibiana adelantaba,
o sea, existían unos formatos gracias a precisamente a todo este sistema de gestión de calidad
y era en esos que los proveía la entidad donde vaciaba ella la información. PREGUNTADO: La señora Flor Bibiana realizó su trabajo de manera personal o en algún momento ella pudo
haber realizado sus actividades por interpuesta persona o subcontratando a otra persona. CONTESTADO: No digamos, Bibiana adelantaba ella sus actividades; además, no se permitía
que ellos llevarán colaboradores o subcontratistas, o sea, nunca se dio eso, cada colaborador
era responsable solamente él de sus actividades, no pues digamos nunca se vio o se pudo
19
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
evidenciar que ella tuviera subcontratado personas que la apoyarán por fuera de las personas
que estaban vinculadas a la entidad; nunca, ella lo hacía a manera personal. […]
PREGUNTADO: Las actividades en la oficina a la que pertenecía la señora Flor Bibiana era
de la naturaleza de la entidad o eran actividades transitorias de Acción Social o del
Departamento para la Prosperidad Social. CONTESTADO: No digamos que Acción Social
tenía dentro de sus funciones misionales el tema de la atención a los desplazados, en temas
bueno, digamos la atención a los desplazamientos masivos, a los individuales, era una función
de la entidad y como tal digamos, era algo que aquí en el territorio se la hacía a través del
equipo vinculado, o sea lo hacíamos con el equipo que coordinaba Luis Carlos, no era
transitorio, era un tema misional de la entidad, hasta digamos, como ya lo mencioné, hasta la
creación de la unidad de atención integral a las víctimas. Interrogatorio apoderado parte
demandada: PREGUNTADO: El señor Ricardo Alonso Cabrera Narváez nos ha indicado
Usted que se desempeñó inicialmente en el 2006 como contratista de acción social en el
programa PCI y luego, a partir del 2009 hasta el 2012, como coordinador de la unidad territorial
de Acción Social y que, asimismo, Usted fue vinculado por libre nombramiento y remoción en
este cargo, verdad. En la territorial Nariño existía algún otro funcionario de mayor Jerarquía
que Usted. CONTESTADO: No doctora, en ninguno de los dos casos, digamos, el coordinador
de la unidad territorial de Acción Social, incluso, digamos las personas que estuvieron antes
que mí, y yo hasta el 2009, mentira hasta el 2012 como coordinador de la territorial, era quien
representaba la entidad en el departamento y digamos después en el nivel nacional,
obviamente estaba nuestro director. PREGUNTADO: En este proceso, la demandante está
solicitando que se le dé primacía a una realidad sobre un contrato por la forma que ella fue
vinculada como contratista de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, y la
única forma de quebrar esa condición es que el representante de la entidad la haya impartido
órdenes que hayan generado subordinación, en este caso Usted le impartió alguna orden que
permita establecer como representante de la entidad, que se ejerció una relación laboral frente
a las actividades desarrolladas por la señora Flor Bibiana. CONTESTADO: A ver, la instrucción
de las actividades que los colaboradores debían hacer estaba establecido desde el nivel
nacional. PREGUNTADO: Perdón, pero mi pregunta puntual es si Usted ejerció alguna
actividad que permitiera establecer una subordinación como en su normal desempeño, Usted
como persona, como representante de la entidad demandada. CONTESTADO: Venga,
digamos, pero es preciso contextualizar un poco el tema de cómo las instrucciones o las
órdenes se daban desde el nivel nacional, o sea, en el nivel nacional y ya lo habíamos
mencionado, había un equipo espejo o par similar al que había en el territorio. Ellos impartían
las órdenes y las instrucciones a los territorios, en este caso Luis Carlos las recibía para
impartirlas al equipo de colaboradores que él tenía. Nosotros o los coordinadores regionales
o directores regionales -después en el DPS, lo que hacíamos no era precisamente impartir la
orden, sino hacer cumplirlas o estar pendiente del cumplimiento de esas acciones que
obedecían a las órdenes impartidas desde el nivel nacional. PREGUNTADO: Considero que
la pregunta, pues aún no ha sido respondida en su totalidad, pero quiero entrar como en la
oportunidad de orientarlo.
Mi pregunta es, efectivamente existía un señor Luis Carlos Rubio
que era el coordinador de la subdirección de víctimas para efectos de establecer metas,
organizar actividades con los contratistas, eso vendría dentro de una organización del
programa, como un plan operativo del mismo, verdad; pero frente a su actividad como
coordinador y representante en la regional en la territorial de la entidad demandada, Usted
ejerció en algún momento alguna actividad o una orden que le impartiera directamente a la
señora Flor Bibiana Castillo (sic). CONSTESTADO: En ese caso, no. PREGUNTADO: Dentro
de las preguntas que le formuló el despacho Usted precisó que la señora en un primer
momento se desempeñó con la atención a la población desplazada, que componente
específico de la atención a la población desplazada atendió la señora Flor Bibiana, solamente
el registro en el SIPOD o tendría que haber hecho visitas a las familias o alguna actividad de
carácter social a diferencia de una actividad de carácter técnico como es el registro en el
SIPOD. CONTESTADO: Bibiana estaba en un componente que era la ayuda humanitaria y
eso implicaba realmente ir más allá de la solicitud que hacía el desplazado, yo no estoy seguro
y yo no sé cómo realmente, cómo actuaron, cómo responder su pregunta, no estoy muy seguro
frente al tema de unas visitas que se debían hacer a los desplazados, no estoy seguro porque
se me hace recordar de que ella tenía que verificar la información que el desplazado estaba
dando, las condiciones que el desplazado estaba dando y esas se daban precisamente con
unas visitas domiciliarias que se hacían, pero no podría realmente, no recuerdo exactamente
sí lo hacía, pero creo que dentro de las actividades que la ayuda humanitaria implicaba estaba
precisamente la visita y yo estoy casi seguro que si debía hacerse y era una de las actividades
que Bibiana hacía, pero por el tiempo, temo, digamos, estar equivocado. PREGUNTADO:
20
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
Adicionalmente, cuando respondió la pregunta sobre si las actividades que desempeñó la
demandante Flor Bibiana tendrían una auditoría, Usted lo que hizo referencia fue de unos
procesos de auditoría interna y externa para certificar la gestión de calidad de la entidad,
quiere ello decir que las actividades puntuales de ella no fueron objeto de revisión o de
efectivamente una evaluación por algún sistema que se hubiera establecido en la entidad. CONTESTADO: No doctora, o sea, la auditoría implica o implicaba una revisión exhaustiva de
los procesos y en ese orden de ideas de los procedimientos que cada una adelantaba y como
ella tenía uno específico, que era la el tema de la ayuda humanitaria, tenía que auditarse o
verificarse las actividades que ella adelantaba. En efecto, era preciso llegar allá, llegar hasta
ese momento, o sea partir, digamos en la auditoría de las acciones que se estaban
adelantando, que ella adelantaba para darle respuesta a los desplazados en el tema de ayuda
humanitaria. PREGUNTADO: Ahora bien, con relación a las actividades que desempeñó la
señora Flor Bibiana, Usted nos precisó que después fue vinculada para el tema de ingreso,
generación de ingresos durante ese cambio de objeto contractual a qué se debió. CONTESTADO: Yo lo comenté, a una decisión que tomó el nivel nacional; sin embargo,
considero que el conocimiento y la experiencia que tenía Bibiana en ese tipo de población,
porque es que el programa de generación de ingresos era precisamente para dar respuesta a
los desplazados para, pues, valga la redundancia, generar ingresos y como Flor Bibiana
manejaba y conocía la población, entonces ingresa al programa, al proceso de generación de
ingresos, apoyando a los desplazados. Es una decisión del nivel nacional más allá de esto
que estoy comentando, no sabría específicamente si haya otra decisión. PREGUNTADO: Sin
perjuicio de indicar nuevamente algún aspecto de las respuestas anteriores. Me gustaría saber
si Usted tenía conocimiento que la planta de personal de Acción Social tendría
específicamente un empleo en el que pudiera haber sido nombrada, ya sea en provisionalidad,
tendría un empleo espejo de las funciones que estaba haciendo la señora Flor Bibiana o frente
a la planta de personal no había ese empleo con esas funciones. CONTESTADO: En el nivel
regional o en el nacional. PREGUNTADO: En la planta de personal de la entidad, Usted como
director debería conoce, parte del conocimiento que como director tenía de la estructura de la
entidad, quiero que nos indique si en la planta de personal, en la estructura de la entidad había
un empleo que tuviera las actividades que estaba desempeñando, tanto en la parte de
atención humanitaria como de generación de ingresos la aquí demandante. CONTESTADO: Realmente no lo conozco, no lo sé. PREGUNTADO: Cuando Usted comentaba que la
actividad que desempeñó la señora Flor Bibiana cuando se hizo la transformación institucional
a raíz de la ley de víctimas de la Ley 1448 nos indicó que esa transformación concluyó en la
creación de una entidad específica que la unidad de atención a la reparación de víctimas,
quiere ello decir que en su momento fue esta nueva entidad la que organizó el tema de
atención humanitaria y atención a población desplazada, para ese momento Usted conoció de
que existiera un memorando, una carta, algún documento del nivel nacional que ordenara que
la aquí demandante, señora Flor Bibiana, fuera, digamos asignada a la nueva entidad o eso
se dio dentro de una dinámica de reorganización de la nueva entidad y nada tuvo que ver con
la decisión que tomará Prosperidad Social. CONTESTADO:
No, o sea, el Departamento para
la Prosperidad Social era digamos, una entidad administrativa sombrilla donde estaba la
unidad de víctimas, donde estaba el ICB, donde estaba creo que 2 o 3 entidades más, en ese
orden de ideas en el nivel nacional, pues se creó por la 1448 la unidad de víctimas y todos los
profesionales que estaban en esa subdirección de atención a la población desplazada pasan
a conformar el equipo de la unidad de víctimas, ahora el acto administrativo o la resolución o
la disposición o la decisión de por qué o cómo, realmente no lo conozco, pero en su totalidad,
creo que salvo una persona, por alguna situación, dejó de pasar o mejor no pasó allá al equipo,
pero los demás, todos pasaron a la unidad de víctimas. PREGUNTADO: De lo que acaba de
hacer conocer al despacho, insisto en que nos verifique si Usted en ese momento coordinador
territorial y luego como director regional cuando se creó Prosperidad Social, recibió algún
comunicado, alguna instrucción puntual de que la persona que venía en la unidad, en la
subdirección de atención a víctimas, tendría que haber sido trasladado transferida a la nueva
entidad CONTESTADO: No doctora. Interrogatorio Agente del Ministerio Público: […]
PREGUNTADO: Cuéntenos Usted le emitió órdenes directas a la demandante mientras estuvo
en calidad de jefe, Usted le dio órdenes, esas órdenes coincidían con el objeto contractual,
Usted conocía cuál era el objeto contractual y la relación que tenía la entidad con la
demandante. CONTESTADO: Como le comentaba a la doctora, específicamente no, no le di
ninguna orden; sin embargo, habían órdenes del nivel nacional que se las daban al territorio y
nosotros, como digamos, como coordinadores de la entidad en la región, debíamos estar
prestos a mirar que eso se cumpliera como que, pues habían unos profesionales que tenían
que estar en la oficina para a los desplazados, en ese momento sí, o sea, no podríamos ser
21
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
ajenos al cumplimiento de esas actividades, más porque digamos como coordinadores nos
asiste la responsabilidad de un orden en la en la entidad y en un cumplimiento misional de la
entidad en la región, o sea era preciso estar pendiente de que cada profesional, cada
colaborador, este, digamos en los puestos de trabajo, esté cumpliendo las actividades propias
para los cuales han sido vinculados. PREGUNTADO: Conforme a la respuesta anterior, en la
que se nos indica que no impartió órdenes, pero retransmitía las que se daban desde el nivel
central, Usted verificaba o conocía o recuerda si esas órdenes encajaban o eran compatibles
con el objeto contractual, recuerda cuál era el objeto contractual en la relación que sostuvo la
demandante con la administración aquí demandada. CONTESTADO: Realmente, digamos no
recordaría el texto del objeto contractual, pero digamos estaba vinculada para el apoyo en la
atención a la población desplazada en el departamento de Nariño, no conozco exactamente,
digamos el texto de la vinculación. […] Interrogatorio Magistrado Sustanciador:
PREGUNTADO: La señora apoderada de la parte demandada, le preguntó en sus palabras
que si había un empleo espejo a la función que desempeñaba la demandante o en la planta
de personal de Acción Social, Usted respondió escúseme, no lo conozco, su respuesta es que
no había o no sabe, para precisar el Tribunal eso, la respuesta fue no lo conozco y no se
entendió o no sabe Usted si había el empleo, es decir, no le estoy exigiendo que diga una
respuesta, sino que el Tribunal no entendió si es que no hay o que no lo conoce.
CONTESTADO: O sea, lo que yo tenía entendido es que hay personal vinculado en carrera o
en provisionalidad en otros niveles, lo que no conozco es, digamos quiénes son, fungiendo las
mismas actividades para los cuales fueron vinculados en los territorios, en las regiones, pero
realmente no conozco quiénes son […] PREGUNTADO: La pregunta no es la persona, sino si
existía el cargo, la función no más, es decir, si la función de ella en la que Usted, por ejemplo
dice atención a la población de desplazada, si ella como contratista tenía un par o una persona
similar que estaba vinculada por nombramiento en la planta de personal, es simplemente eso.
CONTESTADO: No, no lo conozco señor juez. PREGUNTADO: Escúseme que pena otra vez,
no lo conozco es no sabe o no existía. CONTESTADO: Ah, no, no lo sé. PREGUNTADO: El
señor agente del Ministerio Público le acaba de preguntar el tema de las órdenes, por supuesto
ya Usted ha dado su respuesta, simplemente para preguntarle y precisar, bajo su dirección,
también la doctora le preguntó, la doctora Doris Esther, entonces, para precisar que personas,
Usted como representante legal y única persona arriba en el nivel, digamos del organigrama,
que personas tenía bajo su cargo, su bajo dirección o bajo sus órdenes, sea nombradas o sea
bajo contrato de prestación de servicios, es decir, en el nivel directivo o hacía abajo.
CONTESTADO: Si, en la oficina habían creo que 5, no estoy muy seguro el número, creo que
5 colaboradores que eran vinculados de manera provisional y digamos que adelantaban
actividades, es que tendríamos que mirar toda la entidad y las funciones, pero entonces ellos
tenían otras actividades aquí en la región y a ellos, digamos con ellos adelantábamos acciones
donde coordinamos y se impartían instrucciones específicas y directas. […] PREGUNTADO:
Qué cargo o que dependencias tenían las personas con quienes Usted. CONTESTADO:
Niveles misionales y administrativos, incluso desde la secretaria.
• Alexandra Anyeli Hernández Tarapuez, quien fue compañera de trabajo de la
demandante en Acción Social y tiene en curso proceso en contra de la entidad
demandada sobre los mismos hechos y derechos indicó:
Interrogatorio Magistrado Sustanciador: PREGUNTADO: Nos puede precisar o informar
qué tipo de vínculo, relación laboral o contractual ha mantenido con lo que en su momento fue
Acción Social y hoy DPS, y decir perdón, de ser el caso, que cargo, contrato función ha
desempeñado y desde qué época hasta que época, por favor. CONTESTADO: El vínculo con
el DPS inició desde Red Solidaridad Social antes de que fuera Acción Social, posterior a
Acción Social y después Departamento para la Prosperidad Social. PREGUNTADO: Nos
puede precisar los cargos, funciones y precisando las fechas, por favor, si le es posible.
CONTESTADO: Inicialmente como asistente de registro, posterior profesional de registro, me
desempeñe con Acción Social, posteriormente DPS. PREGUNTADO: Y recuerde Usted las
fechas, desde cuándo. CONTESTADO: El contrato directo con Acción Social desde el 2006
hasta el 2011, anteriormente con Red de Solidaridad Social, o sea, hacía presencia en las
instalaciones de Acción Social, pero me cancelaba OIM- Organización Internacional para las
Migraciones. PREGUNTADO: Y conoce o conoció Usted a la señora en su momento cuando
trabajaba que Usted menciona en Acción Social a la señora Flor Bibiana aquí presente y de
ser así, por qué razón la conoció y si la conocía desde antes de su función o su vinculación
en Acción Social. CONTESTADO: Yo la conocí en el mes de abril del año 2007, cuando ella
iniciaba su cargo en una capacitación que tuvimos en Girardot, para asumir el cargo, pues que
22
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
correspondía a cada una. PREGUNTADO: Muy amable y para efectos de su testimonio, este
Tribunal se permite informarle en este caso, la señora Flor Bibiana Montero Castillo busca que
a través de la justicia se defina si la vinculación que ella mantuvo con Acción Social en su
momento y luego el DPS, hacía los años 2007- 2011, una vinculación contractual, si detrás de
esa vinculación contractual, se defina si existió alguna relación laboral o no. Para ello,
entonces requiere este Tribunal de su testimonio, para que, entre otros aspectos, Usted nos
dé a conocer si sabe o conoce y específicamente la fecha en que ella haya estado vinculada,
que Usted sepa, los cargos o funciones que ella haya desempeñado en Acción Social o en la
entidad con el nombre que le reemplazó y las funciones donde las desempeñaba en lugar de
la entidad de Acción Social, físicamente en qué lugar, el tipo de horario que ella cumplía en su
lugar donde prestaba sus funciones o su trabajo, de qué horario hasta que horario. Igualmente
que persona o personas le impartían órdenes o controlaban sus actividades o vigilaban el
cumplimiento de sus tareas y le rogarían en este tema, en cuanto recuerde decir el nombre de
las personas que ejercían el control, vigilancia o le impartían órdenes y de la misma forma, si
Usted recuerda o sabe si la señora Flor Bibiana portaba algún carnet con algún distintivo
especial en la entidad o algún uniforme, alguna escarapela que la distinga como contratista o
como empleada de Acción Social, si sabe también en cuanto a su remuneración o pagos,
como se pagaba mensual quincenal mente, y de ser posible, cuánto se le cancelaba, y para
que nos dé a conocer también si los elementos de trabajo con los que ya cumplía sus tareas
eran de ella, los llevaba la entidad o por el contrario, la entidad Acción Social se les
suministraba se los disponía; también en cuanto al cumplimiento de sus funciones, si ella podía
y al tema del horario, disponer un día ir otro día no ir, una semana ir otra semana no ir y en
igual forma, si esas funciones se las podía encargar a otra persona, es decir, ella podía decirle
al jefe o la persona de la entidad, mencionó a otra persona para que cumpla mis funciones, si
ello se podía hacer o no, en general, ese tipo de aspectos ya de manera puntual, el Tribunal
le preguntará si es del caso tenga la gentileza. CONTESTADO: Bueno, Bibiana Montero, pues
inició, como le decía en abril del 2007 como asistente de desplazados, en esas fechas se creó
un equipo por Acción Social y entonces ingresó una planta de personal grande y había un jefe
que era Jilmer Antonio Astaiza, pues que realizaba la coordinación de todo el equipo de
desplazados y la otra persona encargada ya como la dirección territorial Nariño, era la doctora
Gloria Chacón, ella era asistente de desplazados, toda la parte que llegaba de tutelas toda la
parte administrativa, todo lo que se manejaba en desplazados, su horario de trabajo era de 8
a 12 y de 2 a 6 de la tarde, que era pues el horario de la oficina de Acción Social. Todos los
elementos de trabajo que se utilizaban eran de la entidad, impresoras, computadores,
escáner, todo era de Acción Social como tal. Posteriormente ella asciende y empieza como
profesional de asistencia humanitaria y ya con un nuevo jefe que era Luis Carlos Rubio García,
porque Jilmer Astaiza renunció al cargo y como director territorial también cambia a Ricardo
Cabrera. Posteriormente ella creo que duró, no recuerdo si un año o dos años en asistencia
humanitaria y pasó a otro proceso que era generación de ingresos; también con la
coordinación de ella de nivel nacional no recuerdo, pero en asistencia humanitaria de nivel
nacional también tenía otra jefe que era Beatriz Ochoa, del otro, de generación no recuerdo;
cuando era asistente administrativa, sí, también tenía una jefe de Bogotá, Nidia Patricia Varela,
no recuerdo más en el tema. PREGUNTADO:
Se le preguntó también en cuanto a las
personas que le impartían órdenes, lo que Usted está manifestando, si lo puede precisar más,
en cuanto al distintivo de descarapela, la remuneración, se le preguntaba en cuanto a la
prestación del servicio, si podía delegar a otra persona para que cumpla las tareas. CONTESTADO: A ver, en cuanto, se cargaba chaleco institucional, gorra también se tenía,
carnet. Pues delegar las funciones como tal, pues no, no creo que se pueda delegar a otro
profesional, o sea, cómo le digo a verse, se colaboraba de pronto, pero como tal, el funcionario
encargado es el que tenía que firmar o asumir la responsabilidad, pero por ejemplo, no habían
lapsos en que uno no pudiera estar en el trabajo, o sea siempre ella permaneció en su trabajo,
no se sí pudo delegar funciones o no, pues porque yo siempre la mire ejerciendo sus funciones
como tal, ya cuando ella pues realiza el cambio de cargo, pues ya colocan a otra persona que
asuma esas tareas.[…] […] PREGUNTADO: Teniendo en cuenta sus funciones tanto de nivel
de funciones, o sea, se refiere al Tribunal de las funciones que Usted desempeñaba, qué
relación tenían con las funciones de la señora Flor Bibiana y, además, qué tipo de contacto,
relación de índole personal o social mantuvo Usted mientras trabajo con la señora Flor Bibiana
primero, es decir, sus relaciones entre dependencias, de qué tipo eran, había alguna
coordinación o no tenían contacto, simplemente se miraban. CONTESTADO: Pues
inicialmente, como ella era la asistente administrativa de desplazados y pues era del Grupo
de nosotros, toda la información se debía pasar a ella, porque ella era la que, pues llevaba la
información para igual el doctor Jilmer o Luis Carlos Rubio, en su momento. Igual si, pues nos
23
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
mirábamos todos los días a la hora del café o así, igual los cubículos de nosotros quedaban
totalmente separados, pero sí igual, pues un buen trato, siempre nos hemos saludado, hemos
sido compañeras. PREGUNTADO: Es decir, que su lugar de trabajo era en la misma sede de
la señora Bibiana, vivían en la misma sede, CONTESTADO: Si en la misma sede. PREGUNTADO: Para que nos diga si Usted sabe o le consta si en algún momento a la señora
Flor Bibiana le formularon algún tipo de llamados de atención, memorandos o requerimientos
y en caso afirmativo de quien vinieron esos llamados de atención, si Usted sabe. CONTESTADO: O sea, memorandos como tal no, directamente, o sea, tenía su jefe directo,
no sé si le llamaría la atención, no, la verdad, no. Y pues lo único del director territorial que, si
tocaba, pues a veces pedirle de pronto permisos o a Luis Carlos Rubio, que era más el que,
como que ejercía el control en nosotros, sí siempre, él era el que más llamaba la atención,
pero grupal, o sea, no sé si a ella directamente le haya llamado la atención, pero él sí hacía
unos llamados de atención fuertes, no sé si a ella directamente se lo haya hecho, pero pues a
los demás compañeros sí. PREGUNTADO: Para que nos diga si en la entidad, en este caso
en Acción Social en su momento, existían otras personas que cumplían la misma función o
tarea que desempeñaba la señora Flor Bibiana, si Usted lo sabe. CONTESTADO: En la
primera de asistente, solo ella estaba, ya cuando ella sale, pues si ya la reemplazó otra
persona. En asistencia humanitaria creo que había otro par, no recuerdo […], o sea, no, no
había par entonces. en Bogotá sí pues, los enlaces, se llaman enlaces directamente en Bogotá
[…] pero acá directamente la territorial, no recuerdo que, o sea, la que ejercía anteriormente
la función de ella, pues sí la recuerdo y después ella que pasa otro proceso y ya Bibiana la
reemplaza en asistencia humanitaria. PREGUNTADO: Relacionado con lo que acaba de
manifestar. Según el expediente y se ha informado por el testigo anterior, al terminar ella su
vinculación o no su vinculación sino al organizarse la unidad para la reparación de las víctimas,
se informa que ella pasó a dicha unidad, sabe Usted quien sucedió con el cargo o las funciones
que ella desempeñaba en Acción Social o DPS de la señora Bibiana, se entregó a otra
persona, o esas funciones terminaron. CONTESTADO: No es que todas esas funciones las
asume la unidad de víctimas, o sea, pasaron directamente las funciones a la unidad; entonces,
por ejemplo, pasó el cargo de ella, pasó el cargo mío, todo directamente haciendo lo mismo,
pero ya con la unidad. Todos esos cargos, todos los asumió la unidad de víctimas y ya hizo, o
sea, no sé el DPS sacó una resolución y ahí, pues después nombraban a quienes iban a enviar
a la unidad de víctimas. PREGUNTADO: Recuerda o sabe Usted cuál era la forma de
vinculación de las personas que estaban vinculadas en Acción Social, es decir, si por
nombramiento o por contrato de prestación de servicios, tuvo Usted conocimiento de eso, es
decir, o sabe cuántas personas había a través de nombramiento y cuántas a través de contrato
de prestación de servicios, sabe o recuerda. CONTESTADO: No haber, las que estaban acá
en la de Nariño eran a ver, Marta con los nombres porque, no haber las que eran de planta,
pero de provisionalidad eran Martha Chávez, Luis Carlos Urbano, yo creo que Román Mora,
pero ellos venían de otras entidades anteriores, o sea, del PNR, venían y los iban vinculando
y los demás todos eran prácticamente contratistas, no recuerdo quién más eran de planta, o
sea de los 3, así que venían de otras entidades, lo recuerdo a los 3 únicamente. Interrogatorio
apoderado parte demandante: PREGUNTADO:
Sírvase manifestar señora testigo, Usted
manifestó hace un momento, el juez, perdón, le hizo una pregunta relacionada con la actividad
personal que realizaba la señora Flor Bibiana, sírvase precisar, si a Usted le consta o no, si la
señora Flor Bibiana realizó las actividades que le correspondía hacer en virtud de sus
funciones por intermedia, por interpuesta persona o haciendo uso de otras personas o
subcontratando su actividad. CONTESTADO: No, directamente lo hacía. Lo hacía ella porque
igual las claves de acceso y de información es reservada, entonces el trabajo es directo de la
persona. PREGUNTADO: Precisamente en relación a lo que Usted acaba de responder,
sírvase manifestar de propiedad de quién eran las herramientas informáticas que contaba la
entidad para efectos del trabajo que desarrollaba la señora Flor Bibiana y si esa información
estaba sujeta a algún tipo de reserva, en fin. CONTESTADO: Si todas las herramientas
informáticas son de la entidad como tal. Se manejaba, pues los softwares, digamos a ver
Orfeo, que cada uno tenía sus claves personales para el ingreso a cada una de las plataformas
a través de un convenio de confidencialidad. PREGUNTADO: A Usted le consta si la señora
Flor Bibiana contaba con autonomía en la ejecución de las actividades que ella realizaba o si,
por el contrario, estas actividades estaban, digamos, supeditadas a unas órdenes o a unas
directrices por parte de alguien dentro de la organización. COSTESTADO: No, pues así
autónomo, no hay autonomía directa de ningún funcionario, todo está supeditado a las
directrices, pues de nivel nacional, no puede tomar decisiones digamos propias a la actividad
que esté realizando. PREGUNTADO: Usted respondió en una pregunta anterior que no existía
un par o una persona que realice las mismas actividades de Flor Bibiana aquí en la regional,
24
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
pero se podría identificar una persona que realice, que haya realizado las mismas actividades
de ella en otro nivel de la entidad. […] CONTESTADO: Sí. PEGUNTADO: O era una actividad
exclusiva de aquí. CONTESTADO: No la actividad, pues la desempeñaban otros funcionarios
en todas las direcciones territoriales. PREGUNTADO: Finalmente le quisiera hacer una
pregunta que le hicieron al testigo anterior, el señor juez, y que creo que es prudente que
Usted también pueda darnos luces al respecto. Las actividades que desempeñaba Flor
Bibiana requerían de algún tipo de conocimiento especial, es decir, solamente ella pudiese
haber sido capaz de desarrollar esa actividad o finalmente otra persona en condiciones
normales lo pudo haber realizado. CONTESTADO: Yo considero que sí, que una persona,
pero que tenga el conocimiento en el tema la puede desempeñar, o sea, si tiene, digamos la
experiencia para hacerlo, pues sí lo puede hacer. Interrogatorio apoderado parte
demandada: […] PREGUNTADO: Usted mencionó que para el año 2005, 2006 y 2007 se iban
estructurando las diferentes actividades que atendía anteriormente la Red de Solidaridad
Social y luego Acción Social, y mencionó que se conformó una planta de personal en ese
momento. Esa planta de personal que Usted indica hace alusión a empleados vinculados
mediante nombramiento o a colaboradores contratistas. CONTESTADO: Para este caso
contratistas y de planta, porque el que nombraron de coordinador de desplazados doctor
Jilmer era de planta y él era el que manejaba, a raíz pues de que el trabajo era muy pesado
pues y de responsabilidad no, grande, pues él decidió renunciar porque igual le colocaron el
cargo alto; sin embargo, pues el grado siguió el mismo entonces, ahí fue que nombraron ya
un contratista como la persona encargada de ese proceso que fue Luis Carlos Rubio y de los
demás, si es de modalidad de contratista, contrataron para, crearon el equipo de asistencia
humanitaria, el de retornos y reubicaciones, el de registro, creo que 3 o 4 en otro que era con
nacionales, pero todos eran dentro del equipo de desplazados. Ahí fue donde hicieron
nombramientos y directamente como ahí fue nivel nacional que decidió a mí, por ejemplo, yo
tenía un contrato de prestación de servicios donde decía que asumía unas funciones que eran
técnicas; sin embargo, me dieron toda la carga del profesional de planta y me las pasaron
inmediatamente. PREGUNTADO: Se ha presentado en el despacho la inquietud frente al uso
de algún tipo de distintivo por parte de la demandante en su calidad de atención a la población
desplazada. Considera Usted que ese distintivo que ella aportaba lo tendría dispuesto la
entidad para garantizar la confiabilidad de la información para que el cliente, el ciudadano
cliente, identificará efectivamente que una información sometida a reserva estaba segura con
esa persona que portaba esos distintivos o era simplemente un uniforme que se impuso por
parte de Acción Social en su momento. CONTESTADO: Pues es que prácticamente uno porta
el chaleco es para que la gente sepa que uno representa la entidad como tal y claro que uno
si va con un chaleco y con su carnet, brinda confiabilidad en la población.
• Segundo Aulo Díaz Jaramillo quien fue compañero de trabajo de la demandante en
Acción Social y actualmente tiene proceso en curso sobre los mismos supuestos facticos
que se analizan sostuvo:
Interrogatorio Magistrado Sustanciador. PREGUNTADO: Nos puede precisar si ha tenido
vínculo laboral o contractual con la entidad que en su momento fue Acción Social y luego el
DPS y de ser así, qué tipo de cargo o función y las fechas en las cuales se desempeñó por
favor. CONTESTADO: Sí, señor, yo como profesional de registro estuve trabajando con
Acción Social, desde noviembre del año 2007 hasta diciembre del año 2011, como profesional
de registro. PREGUNTADO: La modalidad de vinculación, nombramiento, contrato.
CONTESTADO: Contrato. PREGUNTADO: Nos puede precisar de antemano desde ya como
profesional de registro, qué tipo de función desempeñada Usted, es decir, alguna
discriminación, así sea pequeña. CONTESTADO: Sí, señor, a ver en nosotros, bueno el
profesional de registrar es la persona encargada de administrar todos los formatos de
declaración que la población desplazada en aquel entonces, rendidas ante el Ministerio
público, ellos para solicitar su inclusión dentro del registro único de población desplazada
debían rendir una declaración, esa declaración era llevada a la dirección territorial, pues de
Acción Social y nosotros nos encargamos de hacer un alistamiento y envío a nivel nacional
para el procedimiento de valoración de esas declaraciones. Posteriormente, cuando ya se
contaba con un estado de valoración entonces nosotros comunicamos esa información a las
entidades del Ministerio Público, donde se habían tomado las declaraciones, básicamente eso
era todo, había digamos eso era cómo había unos actos administrativos que también se
generaban, pues con ocasión de esas valoraciones y nosotros nos encargamos de hacer un
alistamiento y envío hacia las entidades del Ministerio público que habían enviado las
25
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
declaraciones. PREGUNTADO: Conoce Usted o conoció en Acción Social a la señora Flor
Bibiana Montero y decir ser así, por qué razón y desde cuando la conoció. CONTESTADO: Sí
señor, sí la conozco porque nosotros hacemos parte del equipo de atención a la población
desplazada. Yo ingresé, pues desde que ingresé en noviembre del año 2007 la conozco,
quedamos parte del equipo de atención a población desplazada, yo desde el proceso de
registro y Flor Bibiana inició como asistente, pero después pasó al área de asistencia
humanitaria, atención humanitaria. PEGUNTADO: Me permito informarle, entonces el objeto
del testimonio, no obstante, lo que nos ha dado a conocer. En este proceso, la señora Flor
Bibiana Montero Castillo ha presentado demanda contra el actual DPS, para qué se examine
por parte de la justicia si entre ella y Acción Social en su momento, existió una relación de tipo
laboral que se hubiese generado en razón de unos contratos de prestación de servicios en
diferentes funciones que ella dice haber prestado. Para que nos diga entonces cuanto sepa y
conozca en este caso, los cargos o funciones que ella habría desempeñado en Acción Social,
desde qué fecha, hasta que fecha, si sabe Usted que horario hubiese cumplido en esas
funciones de manera precisa; igualmente nos dirá si ese horario que la entidad le habría fijado
o que ella cumplía, podía de manera propia o particular o autónoma modificarlo ella, es decir,
este día asisto a cumplir mis funciones, mañana no lo hago la próxima semana tampoco lo
hago y cumplo mis funciones en otro horario en la noche y para que nos diga si sabe o conoce
ese aspecto. Igualmente, los elementos o herramientas de trabajo de quién eran, si ella llevaba
su computador, sus lapiceros y los elementos de trabajo o esos elementos o herramientas las
disponía en este caso Acción Social; también si sabe, conoce en qué lugar de trabajo, ella
cumplía sus funciones, es decir, la sede, en especial la sede física, sí era en la sede de la
entidad de Acción Social o desde donde ella tenía su oficina o cumplía sus funciones. También
la forma en que se le pagaba en razón de sus contratos, es decir, si era mensual quincenal y
de ser el caso, si Usted sabe cuánto recibía de remuneración y en igual forma para que nos
diga si es esa función en razón de los contratos, podía encargarla o delegarla o comisionar a
otra persona, es decir, podía ya decir no ir a cumplir su función, sino envío a otra persona. Y
de otro lado, también si sabe Usted si ella tenía en sus funciones algún carnet, un distintivo,
un uniforme y si ese carnet de qué entidad era, si en ese carnet se la distinguía como
contratista o como personal vinculado de planta, esos aspectos entre los generales que Usted
conozca que nos pueda informar al Tribunal, por favor. CONTESTADO: Sí, señor, a ver, con
relación a los cargos desempeñados, yo como le comentaba inicialmente, pues Bibiana inició
como asistente del equipo de población desplazada y posteriormente al grupo de atención
humanitaria pero sinceramente, las fechas no, no me acuerdo. Nosotros teníamos asignado
un módulo de trabajo en nuestra sede, nuestra oficina, tenemos cada uno un puesto de trabajo
con el computador, acceso a Internet, pues para poder trabajar, a nosotros teníamos, nos
asignaban un usuario tanto del correo electrónico como de unas herramientas que manejamos
para revisar la información, el Sistema de información de población desplazada, el sistema
Orfeo, que es un sistema de gestión documental y nuestro correo electrónico, entonces
nosotros hacíamos uso de las herramientas que dispuso Acción Social para nosotros en la
sede que queda aquí en pasto, en la calle 20 número, que perdón, carrera 25 #20-69 que
sigue siendo la sede del DPS.
Y con relación al horario, si a nosotros nos exigían, pues
digamos el cumplimiento de un horario, la oficina está abierta de 8 a 12 y de 2 a 6, que era el
horario que nosotros íbamos a laborar, pues teníamos nuestro carnet, inclusive pues la entidad
nos había suministrar, pues digamos unos chalecos, unos distintivos que pues nos servían a
nosotros cuando teníamos que de pronto salir a comisiones o hacer algunas jornadas de
atención podría ser a la población. En el tema del salario, digamos que a nosotros
mensualmente nos consignaron en las cuentas que habíamos registrado, pues al iniciar el
trabajo y mensualmente nos estaban pagando. Que más era, bueno con relación a las
actividades que desarrollaba Bibiana, pues era ella las que la hacían, pues no habían otros
compañeros que hagan esas actividades y pues teníamos que estar en la oficina, nosotros no
podíamos hacer las actividades desde fuera, entonces, digamos que teníamos un cierto recelo
en el tema de punto de documentos, como el tema de población desplazada es un poquito
delicado, el tema confidencial entonces nosotros no podíamos sacar documentación de la
unidad, perdón de la dirección territorial, pues no podíamos llevarlo a otra parte para trabajar,
nosotros teníamos que trabajar es con la documentación que estaba en la sede de la Acción
Social. Creo que esos temas eran. PREGUNTADO: A nivel de sus funciones para que, por
favor, nos precise, cuál era la relación laboral suya con la señora Flor Bibiana, había algún
nivel de subordinación o trabajaban simplemente cumpliendo un programa o una tarea o
trabajaban en dependencias distintas. Cómo era su relación de tipo laboral, suyo con la señora
Flor Bibiana. CONTESTADO: Nosotros, como le comentaba, yo profesional de registro, ella
en el área de asistencia y atención, nosotros todos hacíamos parte de un equipo, el equipo de
26
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
atención a población desplazada, entonces sí habían unas funciones específicas, pero
hacíamos parte de un solo equipo, el equipo de población desplazada que estaba a cargo de
nuestro coordinador. PREGUNTADO: Quién era el coordinador. CONTESTADO: Luis Carlos
Rubio. Bueno, inicialmente era el doctor Jilmer Antonio Astaiza, pero posteriormente ya el
doctor Luis Carlos Rubio. PREGUNTADO: Cuando Usted informa que el coordinador era el
señor Luis Carlos Rubio, para preguntarle quién era la persona o personas que le impartía
algún tipo de orden o coordinación o guía a la señora Flor Bibiana recuerda o sabe Usted y en
caso de haber sido órdenes, guías u orientaciones como las hacían, diariamente,
mensualmente en la oficina, si Usted recuerda, pero en especial respecto de la señora Flor
Bibiana. CONTESTADO: Sí, señor. El doctor Luis Carlos Rubio que, pues nos reunía,
teníamos una reunión de inicios de semana cada lunes y todo el equipo pues recibía las
instrucciones, las órdenes que, pues debíamos hacer durante, digamos la semana, quincena
o el mes, pues digamos o pues actividades que tenemos programadas para, según un plan
de acción que tenía la dirección territorial, entonces sí había una persona que era la que nos
impartía las instrucciones, las órdenes. […] PREGUNTADO: No obstante que Usted se refirió,
le quiero hacer una pregunta de manera concreta, si Usted sabe si la función específica de la
señora Flor Bibiana la desempeñaba alguna otra persona, de que haya sido de planta o a
través de nombramiento en la misma entidad, es decir, si otra persona de planta cumplía la
misma función o solamente ella cumplía esa función. CONTESTADO: No señor, de planta no,
había otro compañero, Pablo Andrés Paz, que era otro contratista que digamos, como en el
caso mío, el volumen de solicitudes que manejábamos era tan grande que necesitábamos el
apoyo de otra persona, entonces profesional de registro habíamos dos, profesionales de
asistencia habían otros dos, los compañeros de emergencia creo que 3 los compañeros que
estaban apoyando habían dos personas, pero contratistas. PREGUNTADO: Recuerda o sabe
Usted, cuando también nos manifestó que es profesional de registro desde el año 2007 hasta
el año 2011, sabe Usted cómo era la forma de vinculación de todo el personal o las personas
que prestaron sus servicios en Acción Social, al menos en ese periodo 2007-2011, sí por
nombramiento, por contrato de prestación de servicios, sería un número mayor o menor en
uno u otro caso. CONTESTADO: Los contratistas éramos más, éramos por contra todo el
equipo de población desplazada de atención a población desplazada, profesionales de planta
habían creo que 3 personas 4, la mayoría del equipo, todo el equipo era profesional de
contrato. PREGUNTADO: En el caso de la señora Flor Bibiana y no obstante que respuesta
anterior hablaba Usted de órdenes e instrucciones, ella podía decidir, Flor Bibiana decidir,
pese a que recibió órdenes, instrucciones, decidir si esas órdenes o instrucciones cumplirlas
en otro momento al que le se le hubiese indicado, en un horario distinto, en un día distinto o
tenía que hacerlas cómo habían sido impartidas. CONTESTADO: No señor, conforme se
impartían, deberíamos pues nosotros atender las órdenes. PREGUNTADO: Cuando Usted
menciona que la señora Flor Bibiana estuvo como asistente en el programa o misión de nivel
de atención de población desplazada y luego en asistencia humanitaria, cuando ella es
cambiada a asistencia humanitaria o viceversa, si se quiere, esa función la asumió otra
persona o esa función terminó, recuerda Usted cómo se vinculó a esa otra persona que
hubiese asumido funciones de la señora Flor Bibiana específicamente. CONTESTADO: Hubo
otro contrato para Betty, se llamaba nuestra compañera, que asumió las funciones de asistente
administrativo del equipo población desplazada. PREGUNTADO:
Según el expediente y una
información de testigos que le precedieron, cuando las funciones las asume la unidad para la
atención y reparación de víctimas y se informa que a esa unidad paso la señora Flor Bibiana,
esas funciones qué sucedió, quién las asumió, se nombró otra persona o qué sucedió con las
funciones que desempeñaba la señora Flor Bibiana. CONTESTADO: El cambio de Acción
Social, cuando ya digamos, con la entrada en vigencia de la ley, pues se originaron unas
nuevas entidades que fue DPS, la unidad para las víctimas, entonces todo el equipo de
población desplazada, la atención a la población desplazada pasamos a la unidad para las
víctimas. Entonces, el tema administrativo, pues en aquel entonces, pues las funciones que
venía realizando Bibiana en el tema de atención, pues seguían realizándose acá en la unidad
para las víctimas. PREGUNTADO: En Acción Social, DPS ya no quedó esa función. CONTESTADO: No señor. PREGUNTADO: Una pregunta adicional por el tema, en el
momento sabe Usted y si es del caso de Usted mismo, en la unidad de reparación a las
víctimas la vinculación de la señora Bibiana como la suya es por contrato u otro tipo de
vinculación. CONTESTADO: Cuando comenzó la unidad para las víctimas fuimos contratados
con contrato de prestación de servicios, después ya en el mes de junio nos vincularon a la
planta de la entidad. PREGUNTADO: La señora Bibiana, también perdón, CONTESTADO: Sí
señor. Preguntado: Qué tipo de vinculación. nombramiento por concurso, en provisionalidad. CONTESTADO: Provisionalidad. Interrogatorio apoderado parte demandante:
27
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
PREGUNTADO: Señor testigo, sírvase manifestar si le consta o no, lo relacionado con las con
lo siguiente, la señora Flor Bibiana, para el ejercicio de sus funciones o de sus actividades,
tenía autonomía en ese tipo de actividades, es decir, podría realizarlas digamos de manera
autónoma o necesariamente debía estar supeditada a unas órdenes o a un reglamento de la
entidad. CONTESTADO: Nosotros tenemos que estar atendiendo las órdenes que nos han
impartido todos los profesionales que desde nivel nacional nos daban línea sobre cuáles son
las actividades que nosotros teníamos que hacer acá, pero no teníamos libertad de pues de
escoger si hacemos esto o no, sino pues seguíamos, lo que nos indicaba. PREGUNTADO: La
señora Flor Bibiana, las actividades de la señora Flor Bibiana en particular, fueron sujeto de
auditorías o de algún tipo de control por parte de alguna entidad interna o externa. CONTESTADO: Sí señor, pues tanto Bibiana como el resto del equipo de atención a población
desplazada, teníamos constantes auditorías por parte de organismos de control el tema de
procuraduría siempre hacía un seguimiento, pues de la atención a la población desplazada,
entonces hacia unas auditorías que nosotros atendimos. PREGUNTADO: Usted manifestó ser
ingeniero de sistemas, Usted conoce el sistema informático de la entidad y si Flor Bibiana
estaba, necesariamente digamos, sus actividades deben estar ligadas a ese sistema
informático. CONTESTADO: Sí señor, como le comentaba inicialmente, nosotros teníamos,
nos asignaron un usuario para poder acceder al sistema de información de población
desplazada donde nosotros consultamos si una persona pues se encuentra o no incluida en
el registro para poder atender, entonces Bibiana sí tenía acceso a ese sistema de información. PREGUNTADO: Para ese sistema era necesario llevar algunas claves o mantener algún tipo
de reserva. CONTESTADO: Sí señor, nosotros firmamos pues un acuerdo de
confidencialidad. Nos asignaban un usuario y una contraseña que era pues de carácter
reservado, intransferible solamente, pues cada persona puede hacer uso de esa usuario y
contraseña. PREGUNTADO: Existía algún tipo de contingencia que haya ameritado tiempos
extras de trabajo o que sea necesitado desplazamientos a otros lugares por fuera de la
regional o dentro de la regional. CONTESTADO: Si señor, nosotros pues, básicamente habían
varios espacios donde tenemos que hacer planes de choque. Le llamábamos por situaciones
que de pronto se salían de la capacidad que teníamos nosotros en la dirección territorial,
entonces necesitábamos entrar a apoyar los compañeros, pues qué hacíamos parte del
equipo de población desplazada, inclusive, otros procesos que necesitaban el apoyo, jornadas
de atención a población, entonces nosotros, el director coordinador del equipo de población
desplazada solicitaba el apoyo de nosotros y acompañábamos esas jornadas. PREGUNTADO: Para ese tipo de actividades se designaba a algún tipo de viáticos a las
personas que hacían parte de esas jornadas de choque que Usted manifiesta se realizaban. CONTESTADO: Los planes de choque, digamos, eran en la oficina, si nosotros apoyamos las
actividades de otros procesos, cuando trabajamos o apoyábamos jornadas de atención, que
no eran en las sedes, nosotros teníamos que solicitar los viáticos para desplazarnos hasta el
lugar donde se desarrolla la jornada. PREGUNTADO: Las actividades, que le consta a
Ustedes si las actividades que realizó la señora Flor Bibiana, eran misionales o permanentes
de la entidad u obedecían a actividades digamos, esporádicas de la organización. CONTESTADO: No señor, son misionales, la unidad, digamos principalmente, lo que tanto el
proceso de registro, pues de incluir a la población víctima, como la de atención humanitaria,
que era lo que hacía Bibiana, eran misiones, son los objetos de la entidad, pues prácticamente
incluir a la población víctima y atenderla. […] PREGUNTADO:
Le consta a Usted si los
contratos o las actividades que realizaba la señora Flor Bibiana fueron de carácter permanente
o existió algún tipo de interrupción dentro de sus actividades. CONTESTADO: Las actividades
eran permanentes, como le comentaba, pues nosotros básicamente, como son misionales,
estamos en el tema de incluir a las víctimas y atenderlas, entonces se termina el contrato, pero
nosotros seguíamos haciendo actividades porque eso implicaba pues que una persona no
reciba su atención una persona víctima. Entonces seguíamos trabajando, así pues, digamos
mientras se formalizaba todo el tema contractual, nosotros seguíamos en la oficina, haciendo
nuestras actividades normales. PREGUNTADO: Para precisar perdón, el señor magistrado le
pregunto a Usted sobre si existían o no existían personas dentro de la organización que
cumplan las mismas actividades de la señora Flor Bibiana, Usted respondió que aquí en la
regional no, le consta a Usted si en otro nivel territorial o en otras instancias de la organización
existían personas vinculadas a la organización que hayan ejecutado esas o similares
funciones. CONTESTADO: Como le comentaba aquí en la dirección territorial habían dos
personas, era Bibiana y Pablo, que eran las personas encargadas del tema de atención
humanitaria. Y en nivel digamos que es como una estructura de todas las direcciones
territoriales, había un equipo de población desplazada y entonces en cada dirección territorial
había unas personas que hacían esas actividades en cada dirección territorial.
28
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
PREGUNTADO: Esta sí es la última pregunta, se me pasaba por alto, le consta a Usted si las
actividades que realizó la señora Flor Bibiana o para las actividades que realizó la señora Flor
Bibiana era necesario algún tipo de conocimiento especial, de parte de esa persona o, por el
contrario, pues digamos, podrían haberse realizado por una persona, pues con un
conocimiento mínimo o con experiencia, pues específica sobre el tema. CONTESTADO: Pues
digamos, nosotros ya llevamos como una especie de experiencia relacionada con la actividad
que venimos desarrollando entonces, pues que llegar a otra persona a asumir el trabajo
tendría que demorarse un poco mientras entendía la actividad que tenemos que desarrollar.
Básicamente la experiencia del equipo es el que nos permitió crecer durante todo el periodo
que estuvimos en la entidad, continuar el mismo equipo. Interrogatorio apoderado parte
demandada: […] PREGUNTADO: Usted a manifestó que se hacían unas reuniones de cierta
periodicidad, es decir quincenal o mensual, donde se acordaba un plan de acción y se
atendían unos lineamientos que eran de tener de presente para cumplir con sus obligaciones,
Usted entiende ese lineamiento o plan de acción como órdenes, instrucciones directas como
si fueran impartidas por un superior jerárquico o como una manera de coordinar actividades
para cumplir con la misión de la entidad. CONTESTADO: Como le comentaba hay un plan de
acción de la entidad y nuestro coordinador, aterrizando esas metas del plan de acción de nivel
nacional, había unas metas en la regional, él nos impartía unas órdenes, entonces el equipo
de población de desplazados había uso profesionales y entonces los de registro debían a
hacer, población esto, emergencias esto, entonces si nos daban unas órdenes
PREGUNTADO: Mi pregunta va enfocado en que si eran órdenes personalizadas o eran para
un equipo de trabajo para cumplir con un plan de acción. CONTESTADO: Éramos un equipo,
pero a cada funcionario, a cada compañero, nos daban unas órdenes específicas.
Sea lo primero indicar que frente a la manifestación efectuada por el DPS,
relacionada con que los testigos cuyas declaraciones sustentaron la decisión del
tribunal de primera instancia, obran como tales en otros procesos en donde se
ventilan situaciones similares a las aquí debatidas, por encontrarse a su vez
adelantado trámites judiciales contra la entidad por la presunta configuración de
un contrato realidad, lo que viciaría de parcialidad lo por ellos depuesto, la
Subsección considera que, en las declaraciones referenciadas no se observan
los elementos necesarios para ser tachadas por motivo de la naturaleza con que
acuden a instancias de este proceso los declarantes, pues las resultas de la
presente actuación no representa para ellos un beneficio, más allá de un simple
precedente relativo que no tiene la virtualidad de afectar las decisiones que se
asuman en los trámites judiciales por ellos iniciados, de manera que se dará
pleno valor probatorio a las manifestaciones previamente resumidas.
Adicionalmente, sus relatos se muestran coherentes con las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se prestaron los servicios por parte de la
demandante, el magistrado sustanciador efectuó preguntas para corroborar sus
dichos y fueron claros y precisos en cuanto a deponer sobre las actividades
contratadas; de otra parte, no fueron tachados de falsos por la contraparte y
tampoco se muestran contradictorios entre sí, por el contrario, son unívocos en
afirmar que la demandante desarrolló sus actividades a favor de la entidad en los
lapsos señalados en los contratos de prestación de servicios, las actividades por
aquella desarrolladas, la dirección a través de un superior que les impartía
órdenes y el cumplimiento de un horario.
Ahora, de los anteriores extractos, la Sala considera que los testimonios permiten
inferir de manera fehaciente que esta se encontraba bajo una relación de
subordinación y dependencia continuada. En efecto, son contestes en cuanto a
que las actividades que cumplió la señora Montero Castillo lo fueron de manera
directa y permanente en los programas de desplazados, ayuda humanitaria a
desplazado y generación de ingresos para la población desplazada y que debía
acatar un horario de trabajo determinado, esto es de 8:00 am a 12:00 del
29
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
mediodía y de 2:00 a 6:00 de la tarde, aplicable no solo a los empleados que
hacían parte de la planta de personal sino a todos los colaboradores que
prestaban su servicio a la entidad.
También en la imposibilidad que tenía la libelista de ejecutar las labores
encomendadas por fuera de las instalaciones de la entidad, dado que, por la
naturaleza de las actividades a su cargo, debía gestionar la información y demás
trámites propios de su quehacer, a través de los aplicativos informáticos
instalados en el equipo de cómputo suministrado por Acción Social. Al respecto,
es de resaltar que entre sus funciones lo era la atención del público en
condiciones de desplazamiento quienes acudían ante las dependencias de
Acción Social a efectos de obtener información o acceder a las ayudas brindadas
por la entidad.
El manejo de claves y contraseñas para el acceso a dichos aplicativos, la
administración de la información recepcionada a la población desplazada y las
previsiones que sobre tal información refirieron los testigos, en cuanto a la
confidencialidad de la misma, dan cuenta de la imperiosa necesidad de mantener
o restringir las labores desempeñadas a los lineamientos funcionales de la
entidad, no solo en cuanto al lugar físico de la prestación y la obligación de
ejecutar sus obligaciones directamente, pues no podía enviar a alguien para que
las realizara, sino a los horarios habituales de trabajo implementados por Acción
Social. Lo anterior deriva necesariamente en la tramitación de permisos que
debía adelantar la señora Montero Castillo para ausentarse de las actividades
cotidianas, permisos que debían ser gestionados ante el coordinador de la
Unidad, o ante el director regional.
De otro lado, afirman los testigos que los procesos de certificación y auditoría de
la entidad, les eran extensivos a los contratistas, en la medida en que sus labores
y la adecuada ejecución de las mismas eran objeto de supervisión y control por
parte de superiores inmediatos.
Adicionalmente, coinciden los deponentes en señalar que la señora Flor Bibiana
tuvo varios jefes superiores a nivel regional y nacional, quienes le dictaban
órdenes e instrucciones para la ejecución de las labores tendientes al
cumplimiento misional de los programas en los que se desempeñó.
Por virtud de las funciones a desempeñar, a la demandante le fue suministrado
no solo un puesto de trabajo, equipos y papelería, sino también un carnet,
chaleco y gorra que la identificara como representante de Acción Social, el cual
debía portar en las mismas instalaciones de la demandada como en las jornadas
de atención a la población.
Manifestó la parte demandada en su recurso de apelación que, para la época de
la contratación no existía empleo en la planta de personal que tuviera funciones
paralelas u homologas, lo que permite evidenciar que sus tareas estaban dentro
del marco de actividades que no denotan continuada subordinación, sino que
están enmarcadas en aquellas denominadas como transitorias.
Al respecto, evidencia la Sala que las labores previstas en los contratos de
prestación de servicios suscritos por la libelista, fueron dispuestas para la
ejecución misional de la entidad, al punto en que estás hacen parte de la política
30
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
pública actualmente en ejecución. Por ende, lejos de probar la inexistencia de
una planta de personal conforme lo alude el recurrente, corrobora la deficiencia
operativa de la entidad para atender los programas de Acción Social, pues
conforme se desprende de los estudios previos la convocada sí contaba con una
planta de personal, pero no satisfacía las necesidades de dichos programas.
Ahora, en cuanto a las funciones que ejerció la señora Flor Bibiana Montero
Castillo como contratista al servicio del Departamento para la Prosperidad Social,
comprende, entre otras, las siguientes obligaciones contractuales:
Asistente administrativo territorial (años 2007 y 2008):
Profesional Área de Atención Humanitaria de Emergencia (año 2009):
31
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
Profesional para la población víctima de violación de derecho humanos y/o
infracción al derecho internacional humanitario (año 2011)
Profesional del programa de generación de ingresos (año 2010):
32
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
Del examen de las obligaciones convenidas, la Subsección advierte luego de
cotejarlas con las actividades rendidas en los informes de actividades y
certificaciones de supervisor de los contratos (ff. 298 a 354), que la libelista debió
asumir otras tareas que no estaban dentro del alcance de los objetos
contractuales. Así mismo, que las aludidas obligaciones contractuales
corresponden a labores relacionadas con la administración y funcionamiento de
la entidad y en virtud de ello, podría pensarse que las actividades que ella
desempeñó debían ejecutarse por personal de planta, lo que corrobora la
deficiencia operativa de la entidad para atender los programas de Acción Social,
pues conforme se desprende de los estudios previos, la convocada sí contaba
con una planta de personal, pero no satisfacía las necesidades del multicitado
programa.
Así, la coincidente información suministrada por los testigos en cuanto a que la
Unidad de Víctimas asumió las funciones que desempeñó la demandante y que
en esta fueron vinculados algunos de los contratistas a través de nombramiento
en provisionalidad, como lo es en este caso, la señora Montero Castillo, y la
continua ejecución de funciones a pesar de cambiar de entidad y la naturaleza
de la relación, permite colegir la relevancia del cargo y labores desplegadas por
ella para el efectivo cumplimiento del deber funcional y misional de la
demandada.
Situación que por demás desdibuja la temporalidad propia de los contratos de
prestación de servicios, pues de lo aquí referido deviene la constante ejecución
de las funciones de la señora Flor Bibiana Montero Castillo, por virtud de la
permanente necesidad de la entidad demandada de solventar su actividad
funcional al servicio de la población desplazada y que dada la importancia de
dichas tareas fue forzoso trasladarlas a la nueva entidad para que continuaran
con su ejecución.
También es necesario anotar, que la demandante demostró su permanencia en
la entidad por más de 4 años, desempeñando obligaciones que si bien pueden
parecer diferentes, tenían como denominador común la atención a la población
33
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
desplazada por la violencia, por lo que se puede afirmar que dadas las prórrogas
se superó el «término estrictamente indispensable» al que alude el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, lo que llevó a que la entidad ajustara su
planta de personal con un cargo que atendiera dichas funciones. Adicional a ello,
se debe destacar que los testigos señalaron que al cambiar de objeto contractual
por la demandante, las funciones que estaba desarrollando debían seguirse
realizando por otra persona lo que permite pensar que la entidad debió ajustar su
planta de personal en lugar de acudir a la contratación administrativa.
En atención a lo expuesto, si bien no puede decirse que existe una prueba reina
para demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta
Sala si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral
deben aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el
contratista no ejercía la actividad para la cual fue contratado, en forma autónoma
e independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, como en efecto aquí se probó.
En conclusión: Al haberse demostrado en el proceso la existencia de los
elementos que configuran la relación laboral, en especial el de subordinación,
debe declararse, tal como lo declaró el a quo, la existencia de una relación laboral
encubierta entre el Departamento Administrativo de la Protección Social y la
señora Flor Bibiana Montero Castillo.
Segundo problema jurídico
¿Se configuró la prescripción extintiva sobre sobre los derechos prestacionales
en alguno de los períodos donde se encontró probada la relación laboral existente
entre la demandante y el Departamento de la Prosperidad Social?
La Sala sostendrá la siguiente tesis: En el presente caso no se configuró la figura
jurídica de la prescripción extintiva respecto de los derechos a las prestaciones
sociales, por las razones que se exponen a continuación:
Bajo el marco señalado en acápite anterior y conforme a la documentación
obrante en el expediente, se observa que la señora Flor Bibiana Montero Castillo
prestó sus servicios para el Departamento Administrativo para la Protección
Social, de la siguiente forma:
Del 1.° de abril hasta el 31 de diciembre de 2007
Del 18 de enero hasta el 31 de diciembre de 2008
Del 29 de enero hasta el 31 de diciembre de 2009
Del 27 de enero hasta el 31 de diciembre de 2010
Del 31 de enero hasta el 31 de diciembre de 2011
Conforme a lo anotado y siguiendo el criterio acogido en la sentencia de
unificación precitada18, la Sala observa que la demandante prestó sus servicios
profesionales de forma ininterrumpida con la entidad demandada, toda vez que
no se advierten interregnos superiores a los 30 días hábiles entre la finalización
de un contrato y el inicio del siguiente, que es el término de solución de
continuidad unificado por esta Sección para este tipo de casos.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre
de 2021, expediente con radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
34
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
Quiere decir lo anterior que el plazo para reclamar los derechos prestacionales
derivados de los períodos de vinculación laboral no se encuentra prescrito al no
haber trascurrido más de tres años entre la fecha de finalización del último
contrato (31 de diciembre de 2011) y la presentación de la petición tendiente al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales (12 de diciembre de 2014)19,
motivo por el cual habrá de confirmase la sentencia impugnada en cuanto a que
no declaró la prescripción de los derechos prestacionales entre el 3 de abril de
2007 y el 31 de diciembre de 2011.
Ahora bien, de acuerdo con la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016,
en materia de contrato realidad la prescripción no puede aplicarse a los aportes
que por pensión se debían realizar por parte del empleador, que en este caso es
el Estado20. Dicha regla jurisprudencial tiene fundamento en: i) la
irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales21; ii) el principio in dubio pro
operario22; iii) el derecho constitucional fundamental a la igualdad23 y; iv) el
principio de no regresividad en armonía con el mandato de progresividad24.
En consecuencia, la imprescriptibilidad frente a los aportes a seguridad social en
pensiones opera en relación con las cotizaciones adeudadas al sistema de
seguridad social que podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto
pensional.
Para el efecto, indicó que la administración se encuentra en la obligación de
determinar mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se debieron
efectuar y los realizados por el contratista, y cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el
porcentaje que le correspondía al empleador.
Para tal efecto, la entidad demandada deberá, a título de restablecimiento del
derecho, tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional25 del demandante,
dentro del período referido, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes
realizados por la señora Montero Castillo como contratista y los que se debieron
19 Folios 134 a 137, 813.
20 «[…] En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral
de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones
periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad del medio de control
(de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA) 20, y por ende, pueden ser solicitados y
demandados en cualquier momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los
respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho
de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee
quien ha servido al Estado mediante una relación de trabajo.[…]»
21 «[…] que se orienta a que las prerrogativas reconocidas en las preceptivas que rigen la relación entre
empleadores y trabajadores no se modifiquen en perjuicio de estos últimos, por cuanto tienen relación directa
con el mejoramiento constante del nivel de vida y la dignidad humana.»
22 «[…] conforme al cual en caso de duda ha de prevalecer la interpretación normativa más favorable a los
intereses del trabajador, premisa contenida tanto en el artículo 53 de la Constitución Política como en el 21
del Código Sustantivo del Trabajo.»
23 «[…] en virtud del cual el Estado debe propender por un trato igualitario para todos aquellos que prestan
(o han prestado) sus servicios al Estado bajo una verdadera relación laboral, cualquiera que sea su
denominación (servidor público o contratista), a quienes habrá de protegerse especialmente la posibilidad
de acceder a un derecho pensional.»
24 «[…] que implica el avance o desarrollo en el nivel de protección de los trabajadores, en armonía con el
mandato de progresividad, que se encuentran consagrados en las normas de derecho internacional que
hacen parte del bloque de constitucionalidad […]»
25 Para el efecto y según la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005 del 25 de agosto de 2016,
el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir, corresponderá a los
honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios.
35
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto
de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador
Deberá para ello, tomar como base de liquidación el valor pactado por honorarios
en los respectivos contratos.
En ese sentido, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que
duraron los referidos vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las
hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o
completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
En conclusión: En el caso de la señora Flor Bibiana Montero Castillo no
prescribieron las prestaciones sociales a que tendría derecho, de conformidad
con lo expuesto en la sentencia de unificación de la sección segunda de esta
corporación, que datada del 9 de septiembre de 2021.
Finalmente, respecto de los aportes a seguridad social en pensiones, la Sala
ordenará adicionar la sentencia impugnada para reconocer las diferencias en los
aportes a seguridad social en pensión.
Tercer problema jurídico
¿Hay lugar a reembolsar a la demandante las sumas pagadas por concepto de
aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones?
Al respecto la Sala sostiene la siguiente tesis: de conformidad con la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, el reconocimiento al que hay lugar
en materia de seguridad social, específicamente frente a los aportes a salud y
pensión, comprende únicamente el pago de los porcentajes que debieron haber
sido cotizados por el empleador al fondo de pensión respectivo, durante el tiempo
en que se acreditó la relación laboral.
Sea lo primero indicar que que en el caso concreto la orden de devolución de
aportes a seguridad social en pensión y salud no fue objeto de apelación por
parte de la demandada; sin embargo, para esta Sala no hay vulneración al
principio de la no reformatio in peius en tanto que si bien a primera vista la
devolución de dichos aportes implica un aumento patrimonial en favor de la
señora Montero Castillo, lo cierto es que la orden dada por el a quo desconoce
la naturaleza y finalidad de los aportes a seguridad social en salud y pensión,
conforme pasa a explicarse.
SE AGREGÓ: Al respecto, es del caso resaltar los dispuesto en el artículo 187
del CPACA que dispone:
«ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. […]
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra
que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior
estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la
no reformatio in pejus.
[…]»
36
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
Como se indicó en precedencia, la sentencia de unificación del 26 de agosto de
2016 ordenó al juez administrativo estudiar en todos los procesos en los cuales
proceda el reconocimiento de la relación laboral o contrato realidad, aunque no
se haya solicitado expresamente, el tema concerniente a las cotizaciones
adeudadas por la administración al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
Dicha circunstancia conlleva a que, con fundamento en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021, también se verifiquen los aspectos
relacionados con la orden impartida por el tribunal de primera instancia de
devolver los aportes efectuados por la interesada al Sistema de Seguridad Social
en Salud, por razón de su naturaleza y finalidad.
Así, la mencionada providencia de unificación del 9 de septiembre de 2021,
sostuvo en materia de devolución de aportes a salud y pensión lo siguiente:
«[…]
161. Finalmente, por albergar el fundamento de la interpretación que aquí se adopta,
merece especial consideración lo señalado por la misma Corte Constitucional en la
Sentencia C-895 de 2009, que frente a la protección constitucional de los recursos
de la Seguridad Social y la destinación específica de los aportes a salud y pensión,
expuso, de manera concreta, lo siguiente:
Teniendo en cuenta este mandato superior, la jurisprudencia ha reconocido de
manera uniforme y pacífica que los recursos que ingresan al Sistema de
Seguridad Social, tanto en salud como en pensiones, con independencia de la
denominación que de ellos se haga (cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras,
copagos, tarifas, deducibles, bonificaciones, etc.), no pueden ser utilizados
para propósitos distintos a los relacionados con la seguridad social debido
a su naturaleza parafiscal. Al referirse al alcance del artículo 48 de la
Constitución en este aspecto, la Corte ha explicado lo siguiente:
“En relación con dicho precepto superior [artículo 48 CP] la Corte
Constitucional en numerosas decisiones de tutela ha estado llamada a
examinar el tratamiento que se debe dar a los recursos de la seguridad social
que se encuentren depositados en entidades financieras en liquidación para
asegurar precisamente el mandato de destinación y utilización exclusiva de
los recursos de las instituciones de seguridad social.
Al respecto la Corte ha hecho énfasis en i) la naturaleza parafiscal de los
recursos de la seguridad social tanto en materia de salud como en pensiones
ii) en el tratamiento particular que debe dársele a dichos recursos en los
procesos de liquidación de las entidades financieras y iii) en la imposibilidad
de asimilar el caso de los depósitos de recursos parafiscales de la seguridad
social en las entidades financieras con las indemnizaciones debidas por
concepto de contratos de reaseguro de las enfermedades de alto costo”.
3.1.2 Esta Corporación de manera reiterada ha precisado en efecto que los
recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en Salud (C-577/97,
C-542/98, T-569/99, C1707/00) como en pensiones (C-179/97), llámense
cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas,
deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones parafiscales de
destinación específica, en cuanto constituyen un gravamen, fruto de la soberanía
fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a determinadas personas para
satisfacer sus necesidades de salud y pensiones y que, al no comportar una
contraprestación equivalente al monto de la tarifa fijada, se destinan
37
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
también a la financiación global bien del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, bien del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
(C086/02, C-789/02). [Negrilla fuera de texto].
162. En definitiva, es claro que las anteriores sentencias se encuentran en armonía
con el artículo 48 de la Carta, que consagra expresamente que «no se podrán
destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines
diferentes a ella»,37 […].
163. En atención a la naturaleza parafiscal de los recursos de la Seguridad Social,
el parágrafo del artículo 182 de la Ley 100 de 1993 ordena a las empresas
promotoras de salud (EPS) manejar los recursos provenientes de las cotizaciones
de los afiliados «en cuentas independientes del resto de rentas y bienes de la
entidad». Esto, porque tales dineros únicamente pueden ser previstos y empleados
para garantizar la prestación de los servicios sanitarios en los dos regímenes
(subsidiado y contributivo), sin que quepa destinarlos para otros presupuestos.
Asimismo, estos recursos ostentan la condición de ingresos no gravados
fiscalmente, pues su naturaleza parafiscal (establecida en la Ley 100 de 1993, en
desarrollo del artículo 48 constitucional) prohíbe su destinación y utilización para
fines distintos a los consagrados en ella.
164. Las anteriores razones han conducido a esta Sección38 a considerar
improcedente la devolución de los aportes a salud realizados por el contratista, a
pesar de que se haya declarado a su favor la existencia de una relación laboral
encubierta. Como se ha indicado, en función de su naturaleza parafiscal,39 estos
recursos son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico y, por tanto,
independientemente de que se haya prestado o no el servicio de salud, no
constituyen un crédito a favor del interesado, pues su finalidad era garantizar la
prestación de los servicios sanitarios para los dos regímenes que integran el
sistema, «lo que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos pretenda
el actor ejercer».40
165. Por consiguiente, dado que corresponde al contratista sufragar dicha
contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla,41 no es procedente
ordenar su devolución, aunque se haya declarado la existencia de una relación
laboral encubierta. Además, reembolsar estos aportes implicaría contradecir al
legislador, cuya voluntad, como se expuso, buscaba que su recaudo fuera
directamente a las administradoras de servicios de salud, por tratarse, se itera, de
contribuciones de pago obligatorio con una destinación específica y con carácter
parafiscal.
166. En ese orden de ideas, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de
precisar que, frente al hecho consumado de la no afiliación a las contingencias
de salud y riesgos laborales por parte de la Administración, es improcedente
el reembolso de los aportes que el contratista hubiese realizado de más, por
constituir estos aportes obligatorios de naturaleza parafiscal».
De lo que se sigue la improcedencia del traslado de montos reconocidos por
concepto de salud, a favor de la persona beneficiaria del reconocimiento de una
relación laboral encubierta o subyacente.
En cuanto al pago de las cotizaciones realizadas al sistema de seguridad social
en pensiones, este aspecto de retribución, originado en la declaración de la
existencia de la relación laboral, se acompasa con la imprescriptibilidad de los
38
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
derechos pensionales en los términos definidos en la sentencia de unificación del
26 de agosto de 2016, y a los que se aluden en acápite precedente.
Se reitera pues que, dicha prerrogativa no ampara la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, sino
las cotizaciones adeudadas que podrían afectar la liquidación del monto
pensional, y que se derivan de la relación de trabajo comprobada, que comprende
la obligación, a cargo del empleador, de efectuar los correspondientes aportes al
sistema.
De manera que no hay lugar a la reclamación de devolución de los pagos
efectuados por este concepto por parte del contratista, sino al efectivo pago del
porcentaje de cotización al sistema pensional que le correspondía al contratante
como empleador por virtud de la mencionada relación de trabajo.
En esa medida, el beneficio derivado de la declaratoria de existencia de una
relación laboral encubierta entre un particular y una entidad pública, en materia
de seguridad social, solo abarca la obligación de la administración de determinar
mes a mes si existe diferencia entre los porcentajes de cotización que se debieron
efectuar por ésta y los realizados por el contratista para, en consecuencia, cotizar
al respectivo fondo la suma faltante por concepto de aportes a pensión, en el
porcentaje que le concernía como empleador.
Por tal motivo, en aplicación de las reglas de unificación aludidas, no resulta
procedente la devolución de los valores pagados por la demandante por concepto
de salud; y el reconocimiento a que hay lugar, en materia pensional, solo
comprende el traslado de los aportes al fondo respectivo, en el porcentaje que le
correspondía al contratante, conforme quedó suficientemente aclarado en líneas
que anteceden y, en consecuencia, deberá revocarse el ordinal quinto de la
sentencia.
Cuarto problema jurídico
¿Se encuentra probado en el presente proceso la causación objetiva y valorativa
de las costas procesales de primera instancia?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con la postura
asumida por esta Subsección en sentencia del 07 de abril de 2016, la condena
en costas y agencias en derecho se encuentra sustentada en un criterio objetivo
valorativo, que debe verificarse para determinar su procedencia. Bajo tal
entendido, se encuentra probado que en el presente asunto las mismas fueron
causadas conforme pasa a explicarse:
De conformidad con los planteamientos desarrollados en providencia dictada por
esta Corporación el 07 de abril de 200626, «el concepto de las costas del proceso
está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de
esa naturaleza y comprende los denominados gastos o expensas del proceso llamados
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos
ordinarios del proceso y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero
ponente: William Hernández Gómez, Bogotá, D.C., siete (7) de abril de 2016. Radicación número: 13001-
23-33-000-2013-00022-01(1291-14). Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
39
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y
secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias,
etc.» (Subrayas propias)
Así mismo, comprende las denominadas agencias de derecho, las cuales
«[…]corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, que
el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en los numerales 3° y 4º del artículo 366 del CGP, y que no
necesariamente deben corresponder al mismo monto de los honorarios pagados por
dicha parte a su abogado los cuales deberán ser fijados contractualmente entre éstos
conforme los criterios previstos en el artículo 28 numeral 8.º de la ley 1123 de 2007.»
(Subraya la Sala)
Ahora, a efectos de sustentar la postura que a partir de la sentencia en mención
fue asumida por esta Subsección en materia de costas y agencias en derecho,
es preciso señalar la interpretación y el criterio a la luz de los cuales se daba
aplicación a tales conceptos:
«[…] a raíz de la expedición del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en anteriores oportunidades y en materia de condena
en costas, la Subsección A sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no
implicaba la condena de manera “automática” u “objetiva”, frente a aquel que resultara
vencido en el litigio.
Ello, en consideración a que debían observarse una serie de factores, tales como la
temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y
costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en el
que el juez evaluara las circunstancias para imponerla, o no.
Sin embargo, en esta oportunidad la Subsección A varía aquella posición y acoge el
criterio objetivo para la imposición de costas (incluidas las agencias en derecho) al
concluir que no se debe evaluar la conducta de las partes (temeridad o mala fe). Se
deben valorar aspectos objetivos respecto de la causación de las costas, tal como lo
prevé el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación a su artículo
365. Las razones son las siguientes:
a- El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, regula que tratándose de costas en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho
aspecto, con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público.
Asimismo, que la liquidación y ejecución se rigen por lo dispuesto en el Código de
procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, artículo 365.
b- De la lectura del artículo 365 en comento, se observa que varias de las
situaciones por las que se impone el pago de las costas del proceso, están
relacionadas con el hecho de que una de las partes resultó vencida en el juicio, sin
que para tal efecto se indique que adicionalmente debe verificarse mala fe o
temeridad como lo refiere la postura anteriormente adoptada y que aquí se substituye.
c- En efecto, la evolución normativa de este concepto en nuestra legislación,
específicamente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, permite resaltar
tres etapas bien definidas y diferenciadas: Una primera etapa de prohibición, la
segunda de regulación con criterio subjetivo, y la última de regulación con criterio
objetivo.
[…].»
40
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
Así, con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, el pilar de aplicación de
la condena en costas se restringió a la observancia objetiva de los preceptos
legales, en armonía con las disposiciones del nuevo Código General del Proceso:
« […] La condena en costas con criterio objetivo. El CPACA adoptó la misma
línea del CPC y CGP en el sentido de acoger el criterio objetivo para la condena en
costas. Veamos las normas que lo consagran:
i. El artículo 178 que se refiere a condena en costas en los casos del desistimiento
tácito.
ii. El artículo 188 que regula la condena en costas cuando se trate de sentencias,
salvo en los procesos en los que se ventile un interés público.
iii. El artículo 267, regula que en caso de que fuere desestimado el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, se condenará en costas al
recurrente.
iv. El artículo 268, regula la condena en costas en caso de que alguno de los
recurrentes desista del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia,
salvo que se interponga ante el Tribunal antes de haberse enviado al Consejo de
Estado.
Las reglas previstas en los literales 1, 3 y 4 de la anterior relación, permiten interpretar
el enunciado deóntico “dispondrá” que consagra el artículo 188 ibídem, el cual puede
asimilarse al enunciado “decidirá”, lo que necesariamente lleva a señalar que se
supera el criterio optativo propio del criterio subjetivo, para avanzar hacia la condena
en costas por un criterio valorativo, con base en los presupuestos objetivos reseñados
por la legislación procesal civil.
[…]
d- Por su parte, el artículo 365 del CGP que fue objeto de análisis por la Corte
Constitucional en sentencia C-157 de 21 de marzo de 2013, ratificó el criterio objetivo
valorativo de la norma, al señalar lo siguiente:
“[…] La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o
siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el
proceso o recurso que haya propuesto en el artículo 365.
Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas
como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte
beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su
existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por
la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una
indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden
asumirse como una sanción en su contra. […]” (negrillas fuera de texto)
e- En virtud de lo anterior y conforme la evolución normativa del tema, puede
concluirse que el legislador cambió su posición al respecto, para regular la condena
en costas a ambas partes en la jurisdicción de lo contencioso administrativo con un
criterio netamente objetivo, excepto en cuanto corresponda a los procesos en los que
se ventile un interés público, en los cuales está legalmente prohibida la condena en
costas. […]» (Negrillas del texto original, subraya la Subsección)
Bajo el análisis relacionado, se tiene que frente a la causación y condena de las
costas y las agencias en derecho procede revisar las siguientes conclusiones:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio “subjetivo” –CCA- a uno “objetivo valorativo”
–CPACA-.
41
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá”
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Tales son los lineamientos que corresponde entonces verificar, a efectos de
determinar si en el presente asunto corresponde la condena en costas de primera
instancia a cargo de la entidad demandada.
Revisado el expediente se advierte a folios 85 a 90, auto admisorio del 15 de
marzo de 2016 proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, quien ordenó
a efectos de cubrir los gastos ordinarios del proceso, que la parte demandante
consignara la suma de $100.000 dentro de los 10 días siguientes a la notificación
de esta providencia; carga que fue debidamente acatada por la interesada, tal
como obra a folio 196 de la actuación.
Por consiguiente, como la sentencia objeto de apelación accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, ello conlleva necesariamente que aquella
hubiese sido desfavorable a los intereses del Departamento para la Prosperidad
Social. De tal modo que, la condición de parte vencida en el proceso y la
acreditación de los gastos sufragados por la parte demandante como
consecuencia de la orden judicial impartida en el auto admisorio, implica que se
encuentren acreditados con suficiencia los elementos objetivos y valorativos para
considerar la procedencia de la condena.
Así las cosas, la pretensión por la parte demandada de revocar dicha condena,
bajo el argumento de que fue necesario adelantar el debate procesal en defensa
de un interés público, no tienen vocación de prosperidad.
En cuanto a la indexación de condena a la entidad demandada.
Refiere la entidad demandada que la indexación ordenada debió disponerse a
partir de la declaratoria de la relación laboral, por tratarse de una sentencia
42
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
constitutiva. Al respecto, es del caso recordar que la indexación es el ajuste
salarial motivado por la desvalorización de la moneda y, por consiguiente, se
busca con ello traer al valor presente las sumas de dinero a que tenía derecho el
trabajado y garantizar así el valor real de forma tal que el fenómeno de pérdida
del poder adquisitivo de la moneda no vaya en perjuicio del empleado.
En tal sentido, le asiste razón al tribunal al ordenar la indexación de las
prestaciones sociales que le hubiere correspondido si la Administración no
hubiese usado la modalidad de contratación estatal para esconder en la práctica
una relación de trabajo desde la causación de las mismas y no desde la
sentencia, como lo pretende la entidad demandada.
Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden la Subsección adicionará el ordinal cuarto BIS a
la sentencia proferida el 23 de enero de 2019, por el Tribunal Administrativo de
Nariño en el sentido de ordenar al Departamento para la Prosperidad Social los
porcentajes de cotización correspondientes a pensión girar al respectivo Fondo
de Pensiones lo correspondiente, luego de hacer la liquidación de lo
efectivamente cotizado y lo que se debió cotizar durante los períodos que estuvo
vinculada la señora Flor Bibiana Montero Castillo, esto es, entre el 3 de abril de
2007 y el 31 de diciembre de 2011, en la cuota parte que como empleador le
correspondía.
Para tal efecto, la entidad demandada deberá, a título de restablecimiento del
derecho, tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional27 de la
demandante, dentro del período referido, mes a mes, y si existe diferencia entre
los aportes realizados por la señora Montero Castillo como contratista y los que
se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante
por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía
como empleador.
La demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema General
de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duraron los referidos
vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o
existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según
el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
Así mismo, revocará el ordinal quinto de la referida providencia que ordenó pagar
en favor de la demandante los porcentajes de cotización correspondientes a
pensión y salud, que debió trasladar el empleador a los fondos respectivos
durante el periodo en que se acreditó la prestación del servicio.
Ello, por cuanto lo considerado en acápite anterior no permite llegar a tal
conclusión, pues el beneficio que se deriva de la declaratoria de existencia de
una relación laboral, en materia de seguridad social en pensiones es
imprescriptible y solo abarca la obligación de la administración de verificar y
efectuar el pago al respectivo fondo, de los porcentajes de cotización que debió
27 Para el efecto y según la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005 del 25 de agosto de 2016,
el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir, corresponderá a los
honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios.
43
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
realizar como empleador, y, en lo que atañe a los aportes a salud, los mismos no
son susceptibles de devolución, no por la consideración de estar sometidos a la
figura prescriptiva sino por su naturaleza y finalidad.
Confirmar en todo lo demás la sentencia impugnada.
De la condena en costas
En atención al hilo argumentativo expuesto en el último problema jurídico, en el
presente caso no se impondrá condena en costas, toda vez que, si bien el recurso
de apelación por esta interpuesto no prosperó y la parte demandante intervino en
esta instancia, la decisión aquí adoptada resulta parcialmente favorable a la
entidad vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Adicionar el ordinal cuarto BIS de la sentencia proferida el 23 de enero
de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso la señora Flor
Bibiana Montero Castillo en contra del Departamento para la Prosperidad Social,
en el sentido de ordenarle a la entidad demandada los porcentajes de cotización
correspondientes a pensión al girar al respectivo Fondo de Pensiones lo
correspondiente, luego de hacer la liquidación de lo efectivamente cotizado y lo
que se debió cotizar durante los períodos que estuvo vinculada la señora Flor
Bibiana Montero Castillo, esto es, entre el 3 de abril de 2007 y el 31 de diciembre
de 2011, en la cuota parte que como empleador le correspondía.
Para tal efecto, la entidad demandada deberá, a título de restablecimiento del
derecho, tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional28 del demandante,
dentro del período referido, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes
realizados por la señora Montero Castillo como contratista y los que se debieron
efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto
de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.
La demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema General
de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duraron los referidos
vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o
existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según
el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
Segundo: Revocar el ordinal quinto, por las razones expuestas en esta
providencia.
Tercero: Confirmar en todo lo demás la sentencia impugnada.
28 Para el efecto y según la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005 del 25 de agosto de 2016,
el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir, corresponderá a los
honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios.
44
Radicación: 52001-23-33-000-2015-00797-01 (3869-2019)
Demandante: Flor Bibiana Montero Castillo
Cuarto: Sin condena en costas en segunda instancia.
Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma del Consejo de
Estado denominada «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.