Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00021-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00021-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2016-00021-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00021-01 (4755-2019)
Demandante: Carmen Stella Torres Quiñones1
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Pensión gracia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por Carmen Stella Torres
Quiñonez la contra la sentencia proferida el 20 de marzo de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Carmen Stella Torres Quiñones presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad del Auto ADP 012891 del 20 de septiembre de
2013, mediante el cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
1 Si bien en Samai figura el segundo apellido como Quiñonez, lo cierto es que en la cédula de
ciudadanía aparece escrito Quiñones.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 52001-23-33-000-2016-00021-01 (4755-2019)
Demandante: Carmen Stella Torres Quiñones
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social3 «comunic[ó] la existencia de un
proceso judicial y que la entidad carece de competencia para resolver la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracia».
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la pensión gracia desde el 30 de junio de
2011, fecha en la cual adquirió el estatus pensional, con la inclusión de todo lo
devengado durante el año anterior a su consolidación; ii) la indexación de las sumas
adeudadas y los intereses moratorios «y si hay incumplimiento su interés moratorio a la
tasa comercial»; y iii) la condena en costas y agencias en derecho a la entidad
demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1.Carmen Stella Torres Quiñones nació el 30 de junio de 1961.
3.2.El 14 de septiembre de 1979 ingresó al magisterio como docente municipal en el
municipio de Tumaco [Nariño], por lo que alcanzó el estatus pensional el 30 de junio
de 2011. Prestó sus servicios con buena conducta sin que fuera sancionada
disciplinariamente, en los siguientes periodos:
Institución Educativa Desde Hasta
Escuela Rural El Coco Río Mira 14/09/1979 30/11/1980
Escuela Rural El Coco Río Mira 01/12/1980 24/09/1981
Escuela Rural El Coco Río Mira 25/09/1981 31/12/1992
Institución Educativa Iberia 26/09/1995 29/07/2015
3.3.El 15 de mayo de 2013 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia,
con ocasión de lo cual la Ugpp profirió el Auto ADP 012891 del 20 de septiembre de
2013 en el que manifestó que no tenía competencia «para resolver la solicitud
presentada el día 15 de mayo de 2013, por la existencia de un proceso judicial, denuncia
penal en contra de la peticionaria, por el presunto delito de falsedad en documento público,
fraude procesal y estafa en grado de tentativa».
3.4. El 8 de enero de 2019 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, el
cual fue negado por la Ugpp mediante las resoluciones RDP 019555 del 28 de junio
y RDP 027181 del 11 de septiembre de 2019.
3 En adelante Ugpp.
2
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Demandante: Carmen Stella Torres Quiñones
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron la Constitución Política y las leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933, 6 de 1945 y 91 de 1989.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 4:
5.1.Los actos demandados fueron expedidos con violación directa de la ley, puesto
que la entidad de previsión desconoció los documentos que sustentaron la
acreditación de todos los requisitos exigidos para el reconocimiento pensional
«actuando de mala fe, al no dar el valor probatorio a los certificados de tiempo de servicio
de la peticionaria, al declararlos falsos y con ello dilatar el reconocimiento del derecho
pensional y riñe abiertamente con los fines y los principios […] toda vez que están
desconociendo derechos adquiridos conforme a la normatividad vigente en la materia».
5.2.Las pruebas allegadas al proceso eran idóneas para el reconocimiento de la
prestación, al tratarse del decreto de nombramiento y el acta de posesión, porque
«fueron expedidos como fiel copia del documento que reposa en la hoja de vida y la entidad
demandada quebranta el principio Constitucional de la buena fe, ya que el documento fue
expedido por autoridad pública y se debe presumir auténtico».
1.2. Contestación de la demanda
6. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación5:
6.1.Los actos demandados no se encuentran incursos en causal de nulidad, toda vez
que, en contra de la docente cursa una denuncia penal por los delitos de falsedad
en documento público agravado por el uso, fraude procesal, estafa agravada «y no
se ha allegado a la Entidad decisión de preclusión de investigación seguida en contra de la
demandante por parte de la Fiscalía General de la Nación o la respectiva sentencia
condenatoria», por lo que no era posible acceder al reconocimiento. Además, tampoco se
aportaron los actos administrativos de nombramiento, de manera que no existe
certeza sobre el tiempo de servicio prestado por la docente ni el tipo de vinculación
ejercido ni del origen de los recursos que financiaron el cargo desempeñado.
6.2.Finalmente propuso las excepciones que denominó: i) inexistencia de
vulneración de principios constitucionales y legales; ii) cobro de lo no debido; iii)
4 Índice 56 de Samai, actuación denominada: ED_C01_CD1Folio10ADemanda(.zip) NroActua 56.
5 Índice 56 de Samai, actuación denominada: ED_C01_10ContestacionDeLaDemanda(.pdf)
NroActua 56.
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Demandante: Carmen Stella Torres Quiñones
prescripción; y iv) genérica.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión en sentencia
proferida el 20 de marzo de 2019, negó las pretensiones de la demanda6. Para tal
efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales
aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:
7.1.Si bien el acto demandado no contiene un pronunciamiento de fondo frente a la
reclamación, lo cierto es que «como se emitió la respuesta, era imposible continuar
con la actuación administrativa», por lo que, de acuerdo con el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal, era procedente «pronunciarse
acerca de la demanda centrada en el reconocimiento pensional».
7.2.De acuerdo con el material probatorio aportado, «se encuentran en el plenario
documentos aportados por la parte demandada y expedidos por la Fiscalía General de la
Nación, a partir de los cuales se constata que la señora Carmen Stella Torres Quiñonez,
efectivamente es objeto de un proceso penal, del cual hace parte, el informe investigativo
No. 2646/13» en el que se concluye que «el acta de posesión de fecha 14 de septiembre
de 1979 de la Alcaldía Municipal de Tumaco Nariño, aportada por la demandante no reúne
las condiciones necesarias, para que este sea un documento idóneo a fin de otorgar el
reconocimiento de una pensión, al tratarse de una reproducción obtenida mediante un
montaje».
7.3.Así las cosas, «en cuanto al primer requisito, tomando como base el informe realizado
por la Fiscalía General de la Nación, esta Corporación considera que los documentos con
los que la demandante pretende obtener el reconocimiento de la pensión vitalicia de
jubilación gracia, específicamente el acta de Posesión de 14 de septiembre de 1979 y la
del 1 de diciembre de 1980, son cuestionadas en su autenticidad y veracidad. Bajo esa
tesitura, se encuentra en duda la autenticidad de los documentos, a través de los cuales se
pretende demostrar la vinculación de la hoy demandante con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980 y corolario de ello, se afecta su credibilidad».
7.4. Finalmente, al resultar vencida la demandante, la condenó en costas procesales,
por los gastos acreditados en el proceso.
1.4. El recurso de apelación
8. Carmen Stella Torres Quiñones solicitó que se revocara la sentencia de primera
6 Índice 56 de Samai, actuación denominada: ED_C03_11Fallo(.pdf) NroActua 56.
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Demandante: Carmen Stella Torres Quiñones
instancia7, en el sentido de acceder las pretensiones de la demanda, para lo cual
expuso lo siguiente:
9. El a quo no valoró el material probatorio allegado al expediente, desconoció que
la docente ingresó al magisterio el 1º de diciembre de 1980, pues no tuvo en cuenta
los actos administrativos de nombramiento en vulneración del principio de
favorabilidad «donde la situación debe ser más favorable al trabajador en caso de duda
en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho».
10. Además, en cuanto a la duda en relación con la autenticidad del acta de posesión
del 1º de diciembre de 1980 «con el dictamen, informe rendido por la Ugpp NO CONCLUYÓ
EN CONCEPTO DE SI O DE NO, el mismo no indica que el documento sea falso, por ello la
fiscalía nunca podría imputarla; el proceso se encuentra en investigación y no hay sentencia
ejecutoriada que castigue a la peticionaria, por ello hay que aplicar los principios rectores y
las garantías procesales como la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA e INDUBIO PRO REO […] mientras
no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal» [sic]. En ese
sentido, la prueba de oficio por el tribunal de prima instancia debió valorarse, en
tanto la entidad previsional no logró desvirtuarla.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10.1. Por medio de auto del 12 de septiembre de 20198 se admitió el recurso de
apelación y a través de la providencia del 22 de septiembre de 2021 se prescindió
de la audiencia de alegatos y juzgamiento y se ordenó correr traslado para presentar
alegatos de conclusión, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA.
10.2.A través del auto del 26 de octubre de 2022 9, la Sección Segunda dispuso no
avocar el conocimiento con fines de unificación de jurisprudencia, porque la solicitud
no se sustentó en razones de unificar, sentar jurisprudencia o precisar su alcance,
además la Corporación ya definió criterios respecto de la plaza docente.
10.3.Mediante el auto del 22 de abril de 2025, se rechazó por improcedente el recurso
de reposición interpuesto por la Ugpp en contra de la decisión de no avocar
conocimiento con fines de unificación de jurisprudencia y se decretó como prueba
7 Índice 56 de Samai, actuación denominada: ED_C03_12RecursoApelacionParteActora(.pdf)
NroActua 56.
8 Índice 34 de Samai, actuación denominada:
ED_CUADERNO01_23AUTOADMITEYOADMITE_ADMITERECURSOAPELACIÓN(.pdf) NroActua
34.
9 Índice 41 de Samai, actuación denominada:
AUTOQUERESUELVESIAVOCAPARAFINESDEUNIFICACIONDELARTICULO271CPACA(.pdf)
NroActua 41.
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Demandante: Carmen Stella Torres Quiñones
de oficio el memorial del 3 de noviembre de 2022 «que contiene la orden de archivo
con código único de investigación 520016099032201400711 proferida por la Fiscalía
General de la Nación del 2 de noviembre de 2022 allegado por el apoderado de la parte
demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 del CPACA».
10.4. Con ocasión del traslado de las pruebas decretadas en esta instancia las partes
presentaron alegatos de conclusión en los que manifestaron:
10.4.1. Carmen Stella Torres Quiñones solicitó se revocara la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda, toda vez
que «las certificaciones como el TIPO DE VINCULACIÓN y origen de los recurso, historia
laboral, son documentos idóneos, pues la fiscalía General de la Nación ya absolvió la duda
de la tesis de la primera instancia, puesto que no se encuentran en duda la autenticidad de
los documentos, a través de los cuales se pretende demostrar la vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980».
10.4.2. La Ugpp solicitó se «confirmar[ra] la legalidad del acto administrativo mediante el
cual la UGPP negó el reconocimiento de la prestación», para lo cual insistió «en la
necesidad de que la segunda instancia valore de manera estricta la prueba de la vinculación
docente de la demandante y el expediente de la Fiscalía, en observancia de los requisitos
legales y jurisprudenciales que delimitan el reconocimiento de la pensión gracia a los
docentes territoriales y nacionalizados, excluyendo expresamente a los docentes
nacionales, conforme a la Ley 114 de 1913, la Ley 91 de 1989, y la jurisprudencia unificada
del Consejo de Estado (SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018)».
1.6. El Ministerio Público
11. La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar
la sentencia proferida en la primera instancia, toda vez que en contra de la docente
se encuentra un proceso penal a través del cual se cuestiona la autenticidad de los
documentos con los cuales pretende acreditar los requisitos para acceder al
reconocimiento pensional, como son las actas de posesión del 14 de septiembre de
1979 y del 1° de diciembre de 1980, de manera que al no existir en el expediente
prueba diferente que acredite la vinculación antes del 31 de diciembre de 1980,
resulta innecesario estudiar los demás requisitos previstos en la normatividad
aplicable.
2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos
12. Se circunscriben a resolver:
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Demandante: Carmen Stella Torres Quiñones
12.1.¿si los documentos con los cuales se pretende probar el cumplimiento de los
requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia fueron desvirtuados en el
marco del proceso penal?
12.2.Y de no resultar así, ¿aquellos logran acreditar el cumplimiento de los requisitos
para el reconocimiento de la prestación solicitada por Carmen Stella Torres
Quiñones?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. En torno a la pensión gracia
13. El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.
14. Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 191310 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.
15. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario
que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.
10 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
7
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Demandante: Carmen Stella Torres Quiñones
16. Con posterioridad, las leyes 116 de 192811 y 37 de 193312, en sus artículos 6 y
3, respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
17. Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
11 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
12 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
8
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18. En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.
19. En efecto, la Ley 60 de 199313 asignó la administración de los servicios
educativos estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los
provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los
departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado
fondo.
20. La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja14, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 196815, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
13
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
14
Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
15
«Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
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distritos16 y más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199417 (artículo 179, literal d).
21. Sinembargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del
personal docente serían giradas directamente al Fomag, tanto las que provenían del
situado fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las
prestaciones causadas y no pagadas.
22. La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al Fomag se
reglamentó con el Decreto 196 de 199518, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:
22.1.i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego
del situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del Fomag, luego de su
afiliación.
22.2.ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:
23. Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al Fomag, así como
sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa de las
entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan efectuado los
correspondientes aportes.
24. Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por el Ministerio
de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del nivel territorial.
Para ellos, las prestaciones sociales serían de cargo de la respectiva entidad
territorial y los recursos para su pago se regirían por el correspondiente convenio
de financiación o de cofinanciación. Vencidos los términos de los respectivos
convenios, los derechos salariales y prestacionales se pagarían con cargo al situado
fiscal.
25. Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el Fomag.
16
Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
17
«Por la cual se expide la ley general de educación»
18
«Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
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26. En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 19, en la sentencia
SUJ11-S2 del 21 de junio de 201820 se afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».
27. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200021 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «[…] vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que
no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas consolidadas
antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada quedarían a salvo, es
decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que
haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio.
28. En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los
tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que
la jurisprudencia de la Sala22 ha señalado:
«[…] Sobre los tiempos nacionales.
La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198923 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
19
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
20
Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
21
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.
22
Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
23 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
11
Radicado: 52001-23-33-000-2016-00021-01 (4755-2019)
Demandante: Carmen Stella Torres Quiñones
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» [Se resalta]
29. Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201824, así:
«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o
de las exógenas -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
24 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00021-01 (4755-2019)
Demandante: Carmen Stella Torres Quiñones
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».
30. En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202225 indicó:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».26
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]». [Se resalta]
31. En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
26 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicio en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.3. Caso concreto
32. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
32.1.Carmen Stella Torres Quiñones nació el 30 de junio de 196127.
32.2.Según el acta [sin número], el 14 de septiembre de 1979, se posesionó en el
cargo de maestra municipal «de la población del Coco Río Mira Municipio de Tumaco,
para lo cual ha sido nombrada por Decreto 117 de fecha 12 de septiembre de 1979
emanado de la Alcaldía Municipal de Tumaco», ante el alcalde municipal.
32.3.El 1° de diciembre de 1980, tomó posesión del cargo de maestra «rural municipal
de la vereda del Coco Río mira Municipio de Tumaco, nombrada mediante Decreto No. 266
de la fecha, emanado de la Alcaldía Municipal de Tumaco» ante el alcalde municipal,
según el acta [sin número].
32.4. El 25 de septiembre de 1981, tomó posesión del cargo de maestra de la Escuela
del Coco Río Mira, para el cual fue nombrada mediante el Decreto 051 «a partir del
10 de septiembre de este año» ante el alcalde de Tumaco.
32.5.Mediante el contrato 0003 fue pactada la prestación del servicio por 5 meses, a
partir del 11 de febrero de 1993, en la Escuela Nueva Kilómetro 28 de Tumaco.
32.6.Mediante el contrato 061 fue pactada la prestación del servicio en la Institución
Educativa E.R.M. Kilómetro 28 de Tumaco por 5 meses a partir del 1º de febrero de
1994.
32.7.A través de la Orden de trabajo 332 del 16 de enero de 1995 el secretario de
educación de Tumaco autorizó la celebración de un contrato de prestación de
servicios en el E.U. Barrio Exploradora.
32.8.Mediante el Decreto 193 del 1° de septiembre de 1995 «por el cual se nombra a
unos docentes en el municipio de Tumaco» el alcalde de Tumaco la nombró en
propiedad en calidad de docente de la Escuela Urbana Exportadora de Tumaco,
27 Índice 56 de Samai, actuación denominada: ED_C01_01DemandaConAnexos(.pdf) NroActua 56.
14
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empleo del cual tomó posesión el 26 de septiembre de 1995, ante el alcalde de
Tumaco.
32.9.El 6 de agosto de 2001, el jefe de división administrativa de la secretaría de
educación de Tumaco certificó:
«Que […] labora mediante el sistema contractual O.P.S. designada a la Escuela Rural
km. 28, a partir del 1° de septiembre de 1995 fue nombrada como docente municipal de
tiempo completo nombrada mediante Decreto No. 193 designada a la Escuela Nuestra
Señora del Rosario, actualmente continua en el mismo plantel educativo demostrando
eficiencia y cumplimiento en sus labores asignadas, en los años y lugares que a
continuación se relacionan.
1992- Vinculada mediante el sistema contractual O.P.S. designada a la Escuela Rural
Km. 28
1993- Continua en la misma escuela
1994- Trasladada a partir de septiembre a la Escuela Urbana Nuestra Señora del
Rosario.
1995- Nombrada como Docente Municipal de tiempo completo mediante Decreto No.
193 el 1° de septiembre de 1995
1996- Continua en la misma escuela
1997- Continua en la misma escuela
1998- Continua en la misma escuela
1999- Continua en la misma escuela
2000- Continua en la misma escuela
2001- Continua en la misma escuela».
32.10.El 14 de septiembre de 2005, jefe de división de la Secretaría de Educación de
Tumaco certificó lo siguiente:
«Que revisada la hoja que reposa en la Secretaría de Educación Municipal se encontró
la señora Carmen Stella Torres Quiñones […] ha laborado para la administración
municipal como docente en los años y lugares que a continuación se relacionan:
1993: Contratada por 5 meses contados a partir del 04 de febrero de 1993.
1994-1995: Contratada a partir del 16 de enero de 1995
1994: Contratada por 5 meses contados a partir del 01 de febrero de 1994.
1995-2005: Nombrada docente municipal en propiedad de la Escuela Urbana
Exportadora, hoy Institución Educativa Iberia, mediante decreto número 193 del 01 de
septiembre de 1995.
Que el presente record se expide a solicitud de la interesada para ascenso».
32.11.El 22 de noviembre de 2010, el secretario de educación de Tumaco, mediante
el formato único de historia laboral, certificó que había prestado sus servicios como
docente en propiedad, en el nivel de primaria, en el I.E. Iberia de Tumaco, vinculada
mediante el Decreto 183 del 1° de septiembre de 1995, desde el 26 de septiembre
de 1995 hasta el 22 de noviembre de 2010, durante 5456 días.
15
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32.12.El 12 de octubre de 2012, el secretario de educación de Tumaco certificó que
había prestado sus servicios como docente en propiedad de tiempo completo y
ejerció una vinculación municipal «con Fuente de Recursos Propios», en los siguientes
términos:
Nombrada Maestra Municipal en la Escuela Rural El Coco Río Mira del
Municipio de Tumaco, mediante decreto número 117 de fecha 12 de
1979-1980
septiembre de 1979, se posesionó el día 14 de septiembre de 1979, laboró
hasta el 30 de noviembre de 1980. Nombramiento de carácter municipal.
Nombrada Maestra Municipal en la Escuela Rural El Coco Río Mira del
Municipio de Tumaco, mediante decreto número 051 de fecha 25 de
1980-1981
septiembre de 1981, se posesionó el día 25 de septiembre de 1981, laboró
hasta el 31 de diciembre de 1992. Nombramiento de carácter municipal.
Nombrada Maestra Municipal en la Escuela Rural El Coco Río Mira del
Municipio de Tumaco, mediante decreto número 051 de fecha 25 de
1981
septiembre de 1981, se posesionó el día 25 de septiembre de 1981, laboró
hasta el 31 de diciembre de 1992, Nombramiento de carácter municipal.
Nombrada docente municipal en propiedad en la Escuela Urbana
Exportadora, hoy Institución Educativa Iberia, mediante decreto número
1995-2012
193 de fecha 01 de septiembre de 1995, se posesionó el día 26 de
septiembre de 1995, nombramiento de carácter municipal.
32.13.El 30 de abril de 2013, el jefe de división del Centro de Atención al Público de
la Procuraduría General de la Nación certificó que la docente no registra sanciones
ni inhabilidades vigentes.
32.14.El 15 de mayo de 2013 solicitó el reconocimiento y pago de una pensión gracia,
con ocasión de esta, mediante el Auto ADP 012891 del 20 de septiembre de 2013,
la Ugpp consideró:
«Que una vez revisado el expediente administrativo se observa que obra denuncia penal
en contra de la señora CARMEN STELLA TORRES QUIÑONEZ […] por el delito de Falsedad
en documento público agravado por el uso, fraude procesal y estafa agravada.
Que teniendo en cuenta lo anterior y de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1437
de 2011 en su artículo 306 y en el Código de Procedimiento Civil en su artículo 170
numeral 2 ésta entidad perdió competencia y por tanto, se abstiene de proferir cualquier
decisión, hasta tanto la Justicia Penal, emita una decisión de fondo.
Por tanto teniendo en cuenta la exposición hecha en precedencia y de conformidad con
lo preceptuado en la Ley 1437 de 2011 en su artículo 306 y en el Código de
Procedimiento Civil en su artículo 170 numeral 2, ésta entidad perdió competencia y por
tanto, se abstiene de proferir cualquier decisión respecto de la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracia elevada el día 11 de julio de 2013 hasta tanto
no se allegue al expediente la decisión de precluir la investigación seguida en contra de
la señora Carmen Stella Torres Quiñones, por la presunta comisión de los delitos de
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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00021-01 (4755-2019)
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Falsedad en documento público agravado por el Uso, Fraude procesal y Estafa
agravada» [sic].
32.15.En el informe investigativo No. 2646/2013 del 3 de septiembre de 2013, el
grafólogo forense y la asesora jurídica de CYZA Outsourcing S.A. señalaron lo
siguiente:
«Se encontró que en los archivos de la Secretaría de Educación de la Alcaldía Municipal
de Tumaco, no existen los libros de decretos de nombramiento y actas de posesión del
año 1979, debido a los siniestros ocurridos en los años 1979 y 1981 en la Alcaldía
Municipal, según información suministrada por la señora Jefe encargada del Archivo ANA
LIDIA OCAMPO.
Como no existen documentos originales de decretos de nombramiento y actas de
posesión en el Archivo de la Secretaría de Educación, lo que se pudo evidenciar en la
revisión a la hoja de vida del docente, es que reposa copia autenticada del acta de
posesión que él mismo aportó, la cual ha sido validada por los funcionarios de la
Secretaría como documento idóneo y que en su momento han servido de soporte para
la expedición de las respectivas certificaciones laborales.
Se pudo establecer que las imágenes de las firmas como del Alcalde Municipal,
Secretario General y los respectivos sellos que avalan el acta de posesión, provienen de
la misma fuente y fueron obtenidas por el método de montaje.
CONCLUSIÓN
Con base en los elementos de juicio con los que se cuenta al momento de la elaboración
del presente informe, se determina que el acta de posesión de fecha 14 de septiembre
de 1979 de la Alcaldía Municipal de Tumaco Nariño, aportada por la docente […] para la
solicitud de pensión gracia, no reúne las condiciones necesarias que permitan
considerarlo documento idóneo para ser tenido en cuenta como soporte para un
reconocimiento pensional, por tratarse de una reproducción obtenida mediante el
proceso de montaje».
32.16.El 17 de septiembre de 2013, el analista pensional de la Ugpp concluyó:
«Según los documentos aportados por la señora CARMEN STELLA TORRES QUIÑONES,
cumple con la totalidad de requisitos para ser acreedora de la pensión gracia. A la
anterior conclusión se llega al observar el expediente administrativo de la solicitante,
pues acredita el cumplimiento de los requisitos mencionados en acápite anterior de la
siguiente manera:
1. Edad: 52
2. Vinculación: Nacionalizado anterior al 31 de diciembre de 1980.
3. Años de servicio: Mas de 20 años a la docencia del sector nacionalizado.
4. Acreditación de desempeño en el empleo con honradez, consagración y buena
conducta: Antecedentes de Procuraduría y Declaración Juramentada de la solicitante.
Ahora bien, se encuentra en el expediente pensional de la peticionaria informe
investigativo CYZA 2646 del 3 de septiembre de 2013 en el que el Grafólogo Forense
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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00021-01 (4755-2019)
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adscrito a la citada empresa de seguridad concluye que los documentos denominados
‘Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios’ y ‘Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral’ presentados por el solicitante se
obtuvieron induciendo un error al funcionario certificador de la Secretaría de Educación
de Tumaco, mediante la presentación de actos administrativos presuntamente
falsificados usando la técnica del montaje.
Así las cosas, se encuentra que, sin tomar en cuenta el dictamen grafológico
especializado, de los documentos aportados por la solicitante se acrediten los requisitos
para ser merecedor de la pensión gracia solicitada. Tomando en cuenta el informe
técnico especializado, es claro que debe negarse la prestación solicitada e iniciar las
acciones penales correspondientes por los presuntos delitos contra la fe pública».
32.17.La Ugpp solicitó [oficio sin fecha] a la Fiscalía abrir investigación a los
responsables de los delitos de falsedad material en documento público agravada
por el uso, obtención de documento público falso, fraude procesal y estafa,
inicialmente cuestionó la conducta de más de 20 solicitantes del reconocimiento de
la pensión gracia entre los cuales estaba Carmen Stella Torres Quiñones, en ese
caso concreto se indicó lo siguiente:
«Mediante informe investigativo No. 2646 de 2013, la empresa de seguridad CYZA
OUTSOURCING, por intermedio del Grafólogo Forenses Gustavo Mora Cardozo rindió
concepto. En el citado informe investigativo el experto funcionario concluyó:
‘Al no existir los libros de las actas de posesión de la señora CARMEN STELLA TORRES
QUIÑONES. Sin embargo, una vez verificados los soportes documentales y existentes en
las hojas de vida de las docentes MIRIAN OTILIA VASQUEZ VALENCIA y CARMEN STELLA
TORRES QUIÑONES, en especial el acta de posesión, se encontraron las siguientes
características (ver imágenes anexas): 1. Existe coincidencia en la ubicación de las
firmas con del Alcalde Municipal MARUJA MANZY DE ESCRUCERÍA, respecto del sello de la
Alcaldía Municipal de Tumaco, en cuanto ubicación de textos, cruce de trazos, puntos
de corte, defectos propios de impresión, lo que permite establecer que la firma y sello
que avalan los documentos provienen de la misma fuente y que fueron obtenidas por el
método de montaje […] 2. La misma irregularidad se puede evidenciar en la firma de
PLUTARCO ALFONSO VEIRA A. Secretario General, respecto del sello húmedo que la
acompaña […] Se recibe respuesta mediante oficio SG-AD-467-13 del 29 de agosto de
2013 suscrita por la Profesional Universitaria Archivo Departamental de la Gobernación
de Nariño ADRIANA FAJARDO (sic) GUEVAR, informando los datos de las personas
que se desempeñaron como Alcaldes del Municipio de Tumaco durante los años 1969 a
1987, confirmando el periodo del Alcalde MARISA NANCY DE ESCRUCERÍA quien fue
nombrada mediante Decreto No. 875 de septiembre 20 de 1976 y por Decreto No. 903
de octubre 13 de 1976 fue declarada insubsistente, presentándose anacronismo pues
para la fecha 14 de septiembre de 1979 que obra en el acta de posesión de la docente
CARMEN STELLA TORRES QUIÑONES no desempeñaba el cargo de Alcalde. Teniendo en
cuenta los elementos de juicio mencionado, se pudo determinar que el acto
administrativo que reposa en la hoja de vida de cada uno de los docentes corresponde
a reproducciones obtenidas mediante procesos de foto montajes. En cuanto al acto
administrativo acta de posesión de fecha 01 de diciembre de 1980 encontrado en la hoja
de vida de la docente CARMEN STELLA TORRES QUIÑONES, aunque no fue posible asociarlo
con otro (sic) documentos para sustentar la confrontación técnica, se puede evidenciar
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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00021-01 (4755-2019)
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en el documento anomalías en las imágenes de sellos y firmas, se puede evidenciar en
el documento anomalías en las imágenes de sellos y firmas, lo que indica una posible
manipulación mecánica» [sic].
32.18.El 31 de enero de 2014, el Fiscal Segundo Delegado ante el Tribunal Superior
de Pasto, en el marco del proceso penal adelantado en contra de la docente, cuyo
asunto era «obtención ilegal de pensiones gracia, docente municipio de Tumaco», ordenó
«Obtener de la Registraduría del Estado Civil del Municipio de Tumaco, copia de la tarjeta
deca-dactilar de la indiciada de la referencia […] Objeto: Identificación de la persona
indiciada». El 10 de enero de 2014, fue ordenada la acumulación y la unificación de
la indagación No. 520016099032201400736 contra Miriam Otilia Vásquez Valencia
en el proceso de fraude procesal que cursa en contra de Carmen Stella Torres
Quiñones.
32.19.El 24 de febrero de 2014 [caso No 520016099403201400711], el policía judicial
de la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior practicó el interrogatorio
de indiciado a la docente, en el cual afirmó:
«Pues a mí me ha caído de sorpresa, porque yo presenté los documentos que tenía
derecho para reclamar la pensión gracia; yo presenté decretos, registro civil, la fotocopia
de la cédula, acta de posesión y los papeles que recibí de la Secretaría de Educación;
yo pedí a la Secretaría de Educación el record y al record le adjunté los documento que
yo tenía y que son necesarios para la pensión gracia. Yo los envié como decía que tenía
derecho, como uno a partir de los 50 años tiene derecho para reclamar la pensión gracia,
entonces yo después hice la vuelta de mis papeles y los mandé a ver si me cobijaba o
no […]
PREGUNTA: Díganos si usted, sabe en concreto, cuáles son los requisitos que debe
acreditar un docente para acceder al reconocimiento del derecho a pensión gracia? […]
Sí, que tenga la edad, 20 años de servicios y los documentos que ellos piden […] Yo
solicité por escrito a la Secretaría de Educación Municipal de Tumaco, yo llené un
formato donde decía que los papeles para qué era que los necesitaba, y luego regresé
y me dijeron que a los 8 o 15 días fuera a recibirlos, y como no había energía se demoró
un poco, yo les llevé a ellos los documentos que está en la carpeta de la Secretaría de
Educación, yo tenía los decretos y actas de posesión, que son los papeles que tengo
aquí […] yo cuando fui a solicitar y fui donde la Secretaría la que recibe a uno, entonces
le pasan a uno un formato que uno llena y ellos ya se encargan de todo lo demás,
después en Secretaría de Educación de acuerdo a los papeles que uno necesita así
mismo marca, es un formato, los papeles que yo llevé son míos, son mis documentos
que yo manejo […] y con eso me entregaron el record laboral. PREGUNTA: Recuerda
usted quién fue el funcionario de la Secretaría de Educación Municipal de Tumaco que
recibió los documentos y que realizó el trámite […] CONTESTÓ: Quien estaba […] el señor
Ángel Migdonio Palacios, que era el Secretario de Educación […] PREGUNTA: […] le
pongo de presente los documentos que obran a folios 47 a 61 de la carpeta, referidos a
formato para la expedición de certificado de historia laboral y certificaciones expedidas
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por diferentes funcionarios del orden municipal. Le solicito revisarlos y decirnos si
encuentra alguna inconsistencia en cuanto a las fechas […] CONTESTÓ: Todos estos
documentos son mis documentos y son reales y los que entregué para tramitar mi
pensión, ya que si tengo o no derecho es otra cosa» [sic].
32.20.El 13 de septiembre de 2017, el secretario municipal de educación de Tumaco
certificó:
«1. Que revisada la hoja de vida que reposa en el archivo de la Secretaría de Educación
del Municipio de Tumaco, se verificó que […] en los periodos comprendidos entre el 12
de septiembre de 1979 al 30 de noviembre de 1980, con fecha de posesión a partir del
14 de septiembre de 1979, se desempeñó como maestra Municipal según Decreto de
Nombramiento No. 117 de fecha 12 de septiembre de 1979, periodo del 1 de diciembre
de 1980 al 24 de septiembre de 1981 con fecha de posesión 12 de diciembre de 1980
se desempeñó como Maestra Municipal según Decreto de nombramiento No. 266 de
fecha 1 de diciembre de 1980 y el periodo del 25 de septiembre de 1981 al 31 de
diciembre de 1992 con fecha de posesión 25 de septiembre de 1981 al 31 de diciembre
de 1992 con fecha de posesión 25 de septiembre de 1981 con Decreto de nombramiento
No. 051 de fecha 25 de septiembre de 1981, se desempeñó como maestra Municipal
con Vinculación Municipal cargos que estaban dentro de la planta de personal del
Municipio de Tumaco y su pago se efectuaba con Recursos Propios del Municipio.
2.El tiempo comprendido a partir del 1 de septiembre de 1995, con fecha de posesión a
partir del 26 de septiembre de 1995, con Decreto de Nombramiento No. 193 de fecha 1
de septiembre de 1995, hasta la fecha actual se desempeña como docente en propiedad
y afiliada al Fondo Nacional del Magisterio (Prestaciones Sociales) el día 26 de
septiembre de 1995, con vinculación municipal, haberes de recursos propios, de acuerdo
a la información que se encuentra en la base de datos del FOMAG, el cual fue creado a
partir del año 1989 con la Ley 91 del mismo año, por lo tanto los docentes que venían
vinculados a la planta del municipio de Tumaco con Recursos Propios fueron afiliados a
dicho Fondo de acuerdo a su tipo de vinculación o régimen prestacional esto quiere decir
que sus salarios son cancelados con recursos del Sistema General de Participación
(SGP), que está constituido por recursos que la Nación transfiere según los Artículos
356 y 357 de la Constitución Política».
32.21.El 13 de septiembre de 2017 el secretario de educación de Tumaco, mediante
el formato único de historia laboral, certificó que la docente prestó sus servicios con
una vinculación del orden municipal, en los siguientes términos:
Novedad / Acto
Desde Hasta Total
Administrativo
Nombramiento como
docente en el E.R. El 14/09/1979 30/11/1980 436 días
Coco Río Mira de
20
Radicado: 52001-23-33-000-2016-00021-01 (4755-2019)
Demandante: Carmen Stella Torres Quiñones
Tumaco / Decreto 117
del 12/09/1979
Nombramiento como
docente en el E. R. El
Coco Río Mira de 01/12/1980 24/09/1981 293
Tumaco / Decreto 255
del 01/12/1980
Nombramiento como
docente en el E.R. El
Coco Río Mira / 25/09/1981 31/12/1992 4055
Decreto 051 del
25/09/1981
Nombramiento como
docente en I.E. Iberia
28/09/1995 13/09/2017 7907
de Tumaco / Decreto
193 del 01/09/1995
32.22.El secretario de educación de Tumaco certificó que «desde el 12/09/1979 fecha
de ingreso a la entidad en el cargo de docente Municipal, no se registra sanción disciplinaria
alguna, en contra de la mencionada docente. La presente Certificación se expide a petición
del Tribunal Administrativo de Nariño, para adelantar trámites pertinentes cuyo demandante
es la Unidad de Gestión Pensional y Riesgos Parafiscales» (sic).
32.23.El 3 de noviembre de 2022, fue allegado un memorial28 con la orden de archivo
dispuesta el 2 de noviembre de 2022 por el Fiscal 4 delegado ante el Tribunal,
[documento que fue decretado como prueba en el auto del 22 de abril de 202529],
por encontrar atípica la conducta ejercida por la docente, con fundamento en lo
siguiente:
«Sea lo primero decir que los mismos hechos puestos en conocimiento por la UGPP son
claros en evidenciar que esa Entidad ha negado la pensión, adelantando actuaciones de
investigación a sabiendas que los docentes, en este caso CARMEN STELLA TORRES
QUIÑONEZ Y OTILIA […] aportaron a sus solicitudes papeles originados en la oficina pública
municipal que debía expedirlas, y que nadie ha afirmado, ni ha probado que las autoras
son aquellas señoras. En cambio, se ha probado que fueron docentes, y acreditaron que
les asistía ese derecho, como bien lo reconoció la UGPP en el documento de Análisis
Pensional citado. No está entonces en discusión si las ciudadanas fueron o son
profesoras municipales.
28 Índice 43 de Samai, actuación denominada: 106_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 43(.pdf)
NroActua 43.
29 Índice 69 de Samai, actuación denominada: 198Autodeclaraim_47552019Recursoderep(.pdf)
NroActua 69.
21
Radicado: 52001-23-33-000-2016-00021-01 (4755-2019)
Demandante: Carmen Stella Torres Quiñones
Preocupa que faltando al principio de buena fe, la UGPP traslade a las docentes una
carga y además las dejó al garete por cuanto no llegó a ninguna conclusión probatoria
respecto de los documentos y simplemente transpuso a la Fiscalía el asunto endilgando
ambiguamente variedad de delitos. Cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación
no es legalmente la llamada a ser el árbitro o instancia de definición de esas solicitudes
ya laborales […]
Cabe aquí una cuestión preocupante y riesgosa, muchos docentes que han laborado y
laboran aún en Tumaco, se enfrentan y enfrentarán a futuro al mismo contratiempo
puesto que no solo estas dos profesoras tienen en el Archivo Oficial este tipo de
documento generado en la reconstrucción del registro oficial […]
[…] No obstante y finalmente mírese como no se ha podido negar que en ese puerto
hubo esos siniestros –incluso fueron de dominio público- y lo que sí se ha afirmado es
que fue la Secretaría de Educación quien expidió los documentos de marras, como lo
dijeron sus mismos investigadores y reconocen sin vacilación alguna las indiciadas en
sus interrogatorios […]
No obstante lo anterior, en el Informe No. 2646 que sirvió para fundamentar la denuncia
penal elaborado por el grafólogo GUSTAVO MORA CARDOZA de la empresa CYZA
OUTSOURCING S.A., se consignó respecto de la señora CARMEN STELLA TORRES QUIIÑONEZ
que ‘Una vez efectuada la revisión del Acta de Posesión de fecha 14 de septiembre de
1979, por parte del área de seguridad, se genera duda en el perito respecto de su
autenticidad, por observarse en la copia aportada vestigios como si esta presentara
montaje’, empero el problema, estaría en la Secretaría de Educación y no en esta señora.
Es más, la UGPP sabe que no solo es la situación de esta educadora sino la de varios
profesores que ante esa Entidad están en similar situación.
Esos docentes se encuentran en un insoluble problema, pues el Ente certificador
siempre estaría expidiendo los mismos tipos de documentos porque esos son los que
reposan en el Archivo por virtud de la reconstrucción. Si a esta circunstancia le
sumáramos en ámbito laboral el principio de la carga dinámica de la prueba, es a la
Entidad pública a quien le correspondería probar lo contrario […]
[…] Al no existir documentos originales indubitados para efectuar la comparación con los
dubitados resulta prácticamente imposible establecer con grado de certeza que los
documentos cuestionados fueron manipulados o alterados. Lo cierto es que así existen
en el archivo de la Secretaría de Educación […]
De otra parte si se tiene en cuenta que los incendios se presentaron en la Alcaldía de
Tumaco en 1979 y 1981, han transcurrido más de treinta años, y la formulación de la
denuncia penal se presentó en el año 2013; es evidente que de haber existido cualquier
falsedad habría operado el fenómeno de prescripción de la actividad penal y por ende la
Fiscalía ya no podría adelantar la acción penal. Pero se recalca que la Secretaría de
educación avaló la documentación aportada por las docentes de este caso, como igual
en otros que se tramitan en la Fiscalía bajo situaciones y circunstancia similares» [sic].
22
Radicado: 52001-23-33-000-2016-00021-01 (4755-2019)
Demandante: Carmen Stella Torres Quiñones
2.4. Análisis sustancial
33. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, negó las
pretensiones de la demanda al considerar que los documentos allegados como
prueba en el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia fueron cuestionados en su autenticidad y veracidad.
34. Carmen Stella Torres Quiñones solicitó que se revocara la decisión adoptada por
el tribunal, porque no tuvo en cuenta los actos administrativos allegados al
expediente, ni la prueba de oficio practicada en la primera instancia, además pasó
por alto que la Ugpp nunca tuvo por falsos los documentos ni medió sentencia
condenatoria proferida en su contra.
35. De acuerdo con lo anterior, la sala verificará si, como se afirma en el recurso de
apelación, la veracidad de los documentos no fue desvirtuada y aquellos resultan
suficientes para acreditar que la docente ejerció una vinculación como docente del
orden territorial o nacionalizado durante más de 20 años y ejerció su profesión con
buena conducta y honradez.
36. Al respecto, la Sala encuentra que la Ugpp mediante el Auto ADP 012891 del 20
de septiembre de 2013 se abstuvo de proferir alguna decisión respecto de la
solicitud de reconocimiento pensional presentada por la docente el 15 de mayo de
2013, con fundamento en la existencia de una denuncia penal adelantada en contra
de la peticionaria por los delitos de falsedad en documento público agravado por el
uso, fraude procesal y estafa agravada.
37. Lo anterior obedeció al informe investigativo No. 2646/2013 del 3 de septiembre
de 2013 suscrito por el grafólogo forense y la asesora jurídica de CYZA Outsourcing
S.A., en el cual se indicó que «las imágenes de las firmas como del Alcalde Municipal,
Secretario General y los respectivos sellos que avalan el acta de posesión, provienen de la
misma fuente y fueron obtenidas por el método de montaje» y el informe presentado el
17 de septiembre de 2013, suscrito por el analista pensional de la Ugpp, en el cual
se concluyó que a pesar de encontrar cumplidos los requisitos por la docente para
el reconocimiento de la pretensión se debía negar e iniciar las acciones penales
correspondientes.
38. Una vez adelantadas las actuaciones pertinentes, la Fiscalía Segunda Delegada
ante el Tribunal Superior de Pasto inició la investigación y el 2 de noviembre de
2022 fue ordenado su archivo, al considerar que «[a]l no existir documentos originales
indubitados para efectuar la comparación con los dubitados resulta prácticamente imposible
establecer con grado de certeza que los documentos cuestionados fueron manipulados o
alterados. Lo cierto es que así existen en el archivo de la Secretaría de Educación […] De
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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00021-01 (4755-2019)
Demandante: Carmen Stella Torres Quiñones
otra parte si se tiene en cuenta que los incendios se presentaron en la Alcaldía de Tumaco
en 1979 y 1981, han transcurrido más de treinta años, y la formulación de la denuncia penal
se presentó en el año 2013; es evidente que de haber existido cualquier falsedad habría
operado el fenómeno de prescripción de la actividad penal y por ende la Fiscalía ya no
podría adelantar la acción penal. Pero se recalca que la Secretaría de educación avaló la
documentación aportada por las docentes de este caso, como igual en otros que se tramitan
en la Fiscalía bajo situaciones y circunstancia similares».
39. Por lo anterior, la Sala encuentra que la conducta de la docente fue encontrada
atípica, en ese sentido no resultó desvirtuada la presunción de inocencia que cobija
su actuar ni la veracidad de los documentos que aportó a la entidad previsional con
el fin de probar el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento pensional,
de manera que se procederá a estudiar el siguiente aspecto.
40. Asimismo, esta subsección ha considerado que en casos en los cuales la
documentación de la vinculación laboral del docente haya sufrido afectaciones como
consecuencia de un incendio y solo se aporten ciertos elementos probatorios como
ocurre en el presente asunto, aquellos pueden resultar suficientes para acreditar la
calidad de docente territorial o nacionalizado, según la sentencia SUJ-11-S2 del 21
de junio de 2018, en tanto correspondan: a) la copia de los actos administrativos
donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente
claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como
territoriales; o b) también se puede acreditar con la respectiva certificación de la
autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de
vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial30.
41. En ese orden, la demandante nació el 30 de junio de 1961 es decir cumplió 50
años de edad en junio de 2011.
42. En cuanto al requisito de contar con experiencia docente con vinculación
territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, en el expediente se
evidencia que se desempeñó como docente en la vereda del Coco del Río de
Tumaco [Nariño] desde el 14 de septiembre de 1979.
43. En ese sentido se encontraron: i) el acta de posesión del 14 de septiembre de
1979 en el cargo de maestra municipal nombrada «por Decreto 117 de fecha 12 de
septiembre de 1979, emanado de la Alcaldía Municipal de Tumaco»; y ii) el acta de
posesión del 1º de diciembre de 1980 del cargo de maestra rural municipal
nombrada mediante el «Decreto 266 […] emanado de la Alcaldía Municipal de Tumaco».
30 Sentencia del 27 de marzo de 2026, radicado 76001-23-33-000-2019-00090-01 (0874-2025).
24
Radicado: 52001-23-33-000-2016-00021-01 (4755-2019)
Demandante: Carmen Stella Torres Quiñones
44. Asimismo, las certificaciones proferidas el 12 de octubre de 2012 y el 13 de
septiembre de 2017 por el secretario de educación de Tumaco, señalaron que la
demandante prestó sus servicios desde el 14 de septiembre de 1979, en calidad de
maestra municipal en el Coco del Río de Tumaco, financiada con recursos del
municipio.
45. Lo anterior, permite concluir que la vinculación fue del orden territorial, toda vez
que fue efectuada por una autoridad del orden territorial, sin que se evidenciara la
participación de una autoridad del orden nacional.
45. En cuanto al tiempo prestado después del año 1981, en el expediente obran i)
el contrato 0003 mediante el cual fue pactada la prestación del servicio en la Escuela
Nueva Kilómetro 28 de Tumaco; ii) el contrato 061 mediante el cual fue pactada la
prestación del servicio en la Institución Educativa E.R.M. Kilómetro 28 de Tumaco;
iii) la orden de trabajo 332 del 16 de enero de 1995 en el E.U. Barrio Exploradora;
iv) el Decreto 193 del 1º de septiembre de 1995 «por el cual se nombra a unos docentes
en el municipio de Tumaco» el alcalde de Tumaco nombró a Carmen Stella Torres
Quiñonez en calidad de docente de la Escuela Urbana Exportadora de Tumaco; y
v) el acta de posesión del 26 de septiembre de 1995, suscrita por el alcalde de
Tumaco.
46. Asimismo, de conformidad con las certificaciones proferidas el 6 de agosto de
2001 y el 14 de septiembre de 2005 por el jefe de división administrativa de la
Secretaría de Educación de Tumaco; el 22 de noviembre de 2010, el 12 de octubre
de 2012 y el 13 de septiembre de 2017, expedidos por la Secretaría de Educación
de Tumaco, la demandante prestó sus servicios como docente municipal
interrumpidamente en la Escuela Rural El Coco Río y en la Escuela Urbana
Exportadora, hoy Institución Educativa Iberia entre los años 1980 y 1981, 1993 y
1995 y 1995 y 2017.
47. En suma, se advierte que la docente prestó sus servicios con una vinculación
municipal durante más de 20 años, como se constató con el Decreto 193 del 1º de
septiembre de 1995 «por el cual se nombra a unos docentes en el municipio de Tumaco»
y en las certificaciones mencionadas, específicamente las del 12 de octubre de 2012
y el 13 de septiembre de 2017, en las cuales se especificó que ejerció una
vinculación municipal financiada con recursos propios del municipio.
48. En consonancia, la demandante acreditó que había prestado sus servicios como
docente con vinculación municipal así: i) en la Escuela del Coco Río de Tumaco
entre el 14 de septiembre de 1979 [según el acta de posesión] y el 30 de noviembre
de 1980, durante 1 año, 2 meses y 15 días; el 1º de diciembre de 1980 [según el
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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00021-01 (4755-2019)
Demandante: Carmen Stella Torres Quiñones
acta de posesión31] y el 24 de septiembre de 1981 y entre el 25 de septiembre de
1981 y el 31 de diciembre de 1992, durante 12 años y 30 días; ii) en la Escuela
Nueva Kilómetro 28 de Tumaco, mediante contrato de prestación de servicios entre
el 11 de febrero y el 11 de julio de 1993 [según el término del Contrato 0003], por 5
meses, entre el 1º de febrero y el 1º de julio de 1994 [según el término del Contrato
061], por 5 meses; iii) en la Escuela Urbana Exportadora de Tumaco desde el 26
de septiembre de 1995 [según el acta de posesión] hasta el 13 de septiembre de
2017 [según el formato único de historia laboral proferido el 13 de septiembre de
2017], durante 21 años, 11 meses y 17 días.
49. En este punto se precisa que si bien en el expediente obran la certificación
proferida el 14 de septiembre de 2005, por el jefe de división de la Secretaría de
Educación de Tumaco mediante la cual se indicó que la docente fue contratada a
partir del 16 de enero de 1995 y la Orden de Trabajo 332 del 16 de enero de 1995
a través de la cual fue autorizada la celebración de un contrato de prestación de
servicios, lo cierto es que no resulta posible identificar el periodo laborado por la
docente, de manera que no fue computado en el anterior párrafo.
50. Respecto de la consolidación del estatus pensional, la Sala encuentra que lo
adquirió el 30 de junio de 2011, fecha en la que cumplió 50 años de edad y contaba
con más de 20 años de servicio.
51. Ahora, en cuanto al cómputo de la prescripción, se observa que la docente
alcanzó el estatus pensional el 30 de junio de 2011, cuando cumplió 50 años de
edad, la reclamación fue presentada el 15 de mayo de 201332, la demanda el 14 de
diciembre de 201533, de manera que el mencionado fenómeno no operó en el
presente asunto.
52. Así las cosas, al encontrar que la docente cumplió con los requisitos previstos
para el reconocimiento de la pensión gracia como lo son i) cumplir 50 años de edad;
ii) contar con una vinculación del orden municipal, territorial o nacionalizado antes
del 31 de diciembre de 1980, iii) prestar sus servicios durante 20 años, en ejercicio
de una vinculación municipal, territorial o nacionalizada y iv) haber desempeñado la
labor docente con honestidad y buena conducta34 se impone revocar la sentencia
proferida el 20 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño,
31 Si bien en la certificación proferida el 13 de septiembre de 2017, por el secretario municipal de
Tumaco se indicó que la docente fue posesionada el 12 de diciembre de 1980, lo cierto es que en el
expediente obra el acta de posesión del 1º de diciembre de 1980, de manera que fue esta última
fecha la que se tuvo en cuenta para el cómputo.
32 Según lo dispuesto en el Auto ADP 012891 del 20 de septiembre de 2013.
33 Según el acta de reparto suscrita por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño, índice 56
de Samai.
34 Según la certificación proferida el 30 de abril de 2013, por la Procuraduría General de la Nación.
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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00021-01 (4755-2019)
Demandante: Carmen Stella Torres Quiñones
Sala Segunda de Decisión.
2.5. Costas
53. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
54. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
55. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma35.
56. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
57. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la sala revocará la condena impuesta en la sentencia de
primera instancia y se abstendrá de imponerlas en esta.
3. Conclusión
58. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la investigación penal
adelantada en contra de Carmen Stella Torres Quiñones por los delitos de Falsedad
35En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00021-01 (4755-2019)
Demandante: Carmen Stella Torres Quiñones
en documento público agravado por el uso, fraude procesal y estafa agravada fue
archivada al no determinar que los documentos allegados para demostrar el
cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento pensional fueron manipulados
o alterados, se procedió a estudiar el material probatorio allegado al expediente y
resultó acreditado el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la
pensión gracia. En esas condiciones, se revocará la sentencia proferida el 20 de
marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión
que negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 20 de marzo de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual se negó las
pretensiones de la demanda presentada por Carmen Stella Torres Quiñones y, en
su lugar:
Segundo. Declarar la nulidad del Auto ADP 012891 del 20 de septiembre de 2013,
por medio del cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) se abstuvo de proferir
una decisión respecto del reconocimiento y pago de una pensión gracia.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho
condenar a la Ugpp al reconocimiento de la pensión gracia a partir del 30 de junio
de 2011 a favor de Carmen Stella Torres Quiñones, con la inclusión de lo devengado
durante el último año antes de adquirir el estatus pensional.
Cuarto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas adeudadas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Quinto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
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Demandante: Carmen Stella Torres Quiñones
Sexto. Sin condena en costas en esta instancia.
Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
Vmt
29
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