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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00090-01

Fecha
27 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2019-00090-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00090-01 (0874-2025)
Demandante: Enelda Editha Ortiz Prado
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: pensión gracia. Subtema 1. Requisito del tiempo laborado en plazas del orden
departamental, municipal, distrital o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980.
Subtema 2. Valor probatorio de las documentales aportadas al proceso. Subtema
3. Prescripción de las mesadas pensionales.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 19 de diciembre de 20241, que negó
las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

1. La demandante solicita la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de una pensión gracia, toda vez que, contrario a lo indicado por estos,
prestó sus servicios en calidad de docente territorial y nacionalizada por más de 20
años, cumple con la edad requerida y desempeñó el cargo con honradez, consagración
y buena conducta. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó lo solicitado, por
lo que la accionante apeló la decisión en atención a que las pruebas obrantes en el
proceso dan cuenta del tiempo laborado por la peticionaria antes del 31 de diciembre
de 1980, en virtud de vinculaciones del orden territorial – nacionalizado. La Sala revoca
la decisión de primera instancia, en la medida en que se encuentra acreditado el tiempo
de servicio docente de 20 años, con vinculación territorial o nacionalizada, desde antes

1 El magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera ha manifestado su impedimento por vínculo de amistad con

el magistrado ponente en la sentencia de primera instancia, el doctor Óscar A. Valero Nisimblat, el cual fue
declarado infundado por la Sala mediante auto del 18 de septiembre de 2024, dentro del expediente 76001-23-33-
000-2014-01033-01 (0264-2023).

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00090-01 (0874-2025)
Demandante: Enelda Editha Ortiz Prado
Demandada: UGPP

del 31 de diciembre de 1980, para acceder al reconocimiento y pago de la pensión
gracia.

2. Antecedentes
2.1. La demanda

2. La señora Enelda Editha Ortiz Prado, mediante apoderado, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 7 de
febrero de 20192, en contra de la UGPP, con las siguientes pretensiones:

a. Se declare la nulidad de las resoluciones 18502 del 23 de julio de 2001,
1071 del 22 febrero del 2002 y 11307 del 1 de junio de 2004, por medio de las
cuales CAJANAL le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

b. Se declare la nulidad de las resoluciones RDP 034197 del 15 de
septiembre de 2016 y RDP 000779 del 13 de enero de 2017, a través de las
cuales la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

c. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la
entidad demandada reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
demandante, por reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos por
la Ley 114 de 1913. Asimismo, cancelar las mesadas pensionales desde el
momento en que adquirió el estatus, con inclusión de todos los factores salariales
devengados, ajustes e indexaciones a que haya lugar.

2.1.1. Hechos

3. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

4. La accionante nació el 13 de septiembre de 1949, por lo que cumplió la edad
de 50 años el 13 de septiembre de 1999. Laboró por más de 20 años al servicio de
instituciones educativas con vinculación de carácter territorial y nacionalizada, así:

(a) desde el 1 mayo de 1978 hasta el 31 de agosto de 1978, en virtud de la
Resolución 011 de 1974, para la alcaldía de Tumaco;
(b) a partir de 1980 hasta 1984 –no indicó días ni meses–, a través del Decreto
07, como docente interina en la escuela rural mixta de las Lajas del municipio
Roberto Payán, sin interrupción;
(c) del 20 de noviembre de 1985 hasta el 15 de marzo de 2011, como docente
en propiedad en la Secretaría de Educación del Valle.

5. Cumplidos el tiempo y la edad exigidos legalmente, la accionante le solicitó a
CAJANAL y, posteriormente, a la UGPP, el reconocimiento de la pensión gracia, pero
su petición fue negada a través de los actos demandados, que indicaron que el tiempo
de servicio prestado no se ajusta al establecido para el reconocimiento de dicha
pensión, por lo que no podía otorgarse esta.
2 Samai, Tribunal, índice 0001, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 1, RADICACIÓNDEPROCESO.

2

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00090-01 (0874-2025)
Demandante: Enelda Editha Ortiz Prado
Demandada: UGPP

6. La demandante estimó que la UGPP desconoció que prestó sus servicios como
docente territorial y nacionalizada, con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980,
presupuestos que le otorgan el derecho al reconocimiento de la pensión gracia al
cumplir, además, con la edad, el tiempo de servicio y haber desempeñado su labor
con honradez, consagración y buena conducta.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

7. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

• Ley 114 de 1913.
• Ley 116 de 1928.
• Ley 37 de 1933.
• Ley 43 de 1975.
• Ley 91 de 1989.
• Ley 60 de 1993.
• Ley 115 de 1994.
• Ley 715 de 2001.
• Ley 812 de 2003.

8. La parte demandante transcribió apartes de la normativa y de la jurisprudencia
de esta corporación relacionadas con el reconocimiento de la pensión gracia, para
concluir que en su caso la entidad accionada se apartó del ordenamiento jurídico e
hizo una interpretación errónea de los tiempos de servicio docente.

2.2. Contestación de la demanda

9. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda,
porque la demandante no probó que estuvo al servicio docente por más de 20 años,
mediante vinculación departamental, municipal, distrital o nacionalizada, pues las
pruebas obrantes en el expediente administrativo son contradictorias y no dan cuenta
de manera fidedigna que su relación fue del orden territorial – nacionalizado, aunque
corresponde al interesado probar los supuestos de hecho en que funda su pedimento,
obligación con la que no cumplió la aquí accionante.

10. Finalmente, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación,
prescripción, buena fe, cobro de lo no debido e imposibilidad jurídica para cumplir lo
pretendido3.

2.3. Trámite procesal en primera instancia

11. Mediante auto del 29 de enero de 2020, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca admitió la demanda. Luego, a través de providencia del 7 de abril de 2022, se
pronunció sobre las excepciones propuestas por la entidad demandada.

3 Samai, Tribunal, índice 00071, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 71, 6_DEMANDA, pp.6 a 10.

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Demandante: Enelda Editha Ortiz Prado
Demandada: UGPP

12. Posteriormente, en la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA,
llevada a cabo el 27 de abril de 20224, entre decisiones, requirió a las secretarías de
educación de Tumaco, Payán, Barbacoas y del departamento del Valle del Cauca,
para que certificaran el periodo laborado por la demandante como docente y lo
percibido en virtud de dicha labor, precisando los factores salariales correspondientes.

2.4. Sentencia de primera instancia

13. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la sentencia del 19 de
diciembre de 20245, negó las pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

14. No hay discusión al interior del proceso de la referencia frente a que la parte
demandante laboró como docente nacional para la alcaldía del municipio de Tumaco,
en virtud de las resoluciones 011 de 1974 y 001 de 1976 –hasta 1978–, por lo que
dicho tiempo no podía computarse para acreditar los 20 años de servicio como
docente oficial exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia.

15. Igualmente, sostuvo que, conforme al formato único para la expedición de
certificados de historia laboral del 16 de agosto de 2016, expedido por el departamento
del Valle del Cauca, la demandante prestó sus servicios como docente nacionalizada
en la institución educativa Absalón Torres Camacho, desde el 12 de diciembre de
1985 hasta el 8 de febrero de 2008 y del 2 de marzo de 2010 al 31 de diciembre de
2010, para un total de 25 años, 2 meses y 25 días, y que «sobre dichos tiempos y la
calidad docente tampoco hay discusión».

16. Que en lo que sí existía desacuerdo entre las partes del proceso, era en el
tiempo laborado por la demandante desde 1980 a 1984, en la escuela rural mixta Las
Lajas del municipio Roberto Payán, por cuanto no obraba dentro de los expedientes
administrativo y judicial el acto de nombramiento y de posesión, a raíz de un incendio
ocurrido en las instalaciones de la alcaldía de dicha entidad territorial, en el cual esos
documentos se perdieron.

17. Al respecto, el Tribunal sostuvo que obran sendas certificaciones de la alcaldía
del municipio Roberto Payán en las que consta que en el año 1988 se presentó un
incendio en el palacio municipal perdiéndose toda la documentación, entre la que se
encontraba el decreto de nombramiento y el acta de posesión en comento.

18. Que al expediente se allegó: (a) el oficio del 1 de agosto de 2001, expedido por
la alcaldía municipal Roberto Payán, dirigido a CAJANAL; y las certificaciones (b) del
4 de octubre de 1999, dictada por el secretario general de dicho municipio; (c) del 8
de agosto de 2005, suscrita por el entonces alcalde del mentado ente territorial; (d)
del 8 de noviembre de 2018, expedida por el secretario de hacienda del departamento
de Nariño; y (e) del 3 de octubre de 2024, emitida por el secretario de gobierno del
ente municipal Roberto Payán. No obstante, tampoco era menos cierto que:

4 Samai, Tribunal, índice 00036, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 36, 16_ACTAAUDIENCIA.
5 Samai, Tribunal, índice 00113, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 113, 92_SENTENCIADEPR.

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Demandante: Enelda Editha Ortiz Prado
Demandada: UGPP

las mismas no se encuentran expedidas conforme a lo dispuesto por el Consejo de
Estado, con la que se puede acreditar dichos tiempos, pues en unas solo se indica como
fecha de inicio y final el año -de 1980 a 1984-, en otras se indica que fue docente
municipal, en otra solo docente, y en otra directora del plantel, en lo único que hay
unanimidad es que laboró en la Escuela Rural Mixta de las Lajas Pumbi rio Patía
jurisdicción del municipio de Roberto Payán. Así pues, nada se dispuso sobre el cargo
desempeñado, la dedicación, la clase de plantel, y la clase de vinculación de la actora.

19. Aunado a lo anterior, se allegó al expediente la constancia «del 19 de enero de
2000, expedida por el alcalde Roberto Payán donde indica que la actora no ha
prestado servicios como empleada de ninguna dependencia en el municipio de
Roberto Payán».

20. Para el Tribunal las autoridades deben ser muy cuidadosas en los datos que
consignan cuando certifican tiempos de servicio de docente oficial, pues deben reflejar
la realidad. En ese sentido, aseveró que los documentos obrantes en el expediente
son insuficientes para demostrar la vinculación de la demandante, ya que existe
discrepancia entre ellos, lo cual no le permitía al fallador de primera instancia tener la
suficiente certeza acerca del tipo de vinculación de la accionante y que el tiempo
pueda ser computado para el cumplimiento de los requisitos de la pensión gracia.

21. Concluyó que, a pesar de que la demandante acreditó la edad y tiempo de
servicios, no logró demostrar una vinculación territorial – nacionalizada al servicio
docente al 31 de diciembre de 1980.

2.5. Recurso de apelación

22. La demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación6 para
que se revoque la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes
razonamientos:

23. Se valoró indebidamente el acervo probatorio, por ejemplo, la certificación del
8 de noviembre de 2018 que describe el tiempo de servicio docente prestado por la
demandante, esto es, entre 1980 y 1984, y el salario devengado durante esos años.

24. La certificación del 4 de octubre de 1999 es clara al indicar que la accionante
ejerció como directora de la escuela rural mixta de las Lajas Pumbi río Patía desde
1980 hasta 1984.

25. La certificación del 25 de junio de 2021, suscrita por el inspector municipal de
Pumbi las Lajas, da cuenta de que la señora Enelda Editha Ortiz Prado prestó sus
servicios como docente en la escuela rural mixta de Pumbi las Lajas desde el 15 de
enero de 1980 al 31 de diciembre de 1984.

26. Lo que existió fue negligencia por parte de la autoridad que tenía el deber de
salvaguardar los documentos que fueron destruidos en el incendio ocurrido en el

6 Samai, Tribunal, índice 00118, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 118, 94_RECIBEMOMORIALES.

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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00090-01 (0874-2025)
Demandante: Enelda Editha Ortiz Prado
Demandada: UGPP

palacio municipal de Roberto Payán, en el año de 1988. Entidad que además debió
reconstruir el expediente de Ortiz Prado. En todo caso, a falta de esos documentos -
decreto de nombramiento y acta de posesión- Enelda Editha le asistía el derecho de
probar los tiempos de servicio con otros, quien demostró la relación laboral entre 1980
y 1984 como docente en la escuela rural mixta de Pumbi las Lajas río Patia del
municipio Roberto Payán.

27. Contrario a lo anterior, el fallador de primera instancia solo le dio validez a la
certificación del 4 de octubre de 2024 suscrita por el secretario de gobierno de la
alcaldía Roberto Payán (en la que se indicó que en los archivos digitales y físicos del
ente territorial no se encontró evidencia alguna sobre tiempos de servicio docente
prestados por la peticionaria), cercenando el principio de buena fe con el que ha
actuado en sede administrativa y judicial la señora Enelda Editha, quien aportó todos
los documentos que demuestran la realidad de su vinculación laboral, provenientes
de la autoridad que la nombró, la institución educativa en la que prestó sus servicios,
y aquellos relacionados con los extremos temporales y el salario que devengó.

2.6. Trámite procesal en segunda instancia

28. Mediante auto del 9 de octubre de 20257, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación según lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

3. Consideraciones
3.1. Competencia

29. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

30. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a la
competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 3288 del
Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:

31. ¿Los documentos aportados al expediente demuestran el tiempo de servicio

7 Samai, índice 00005, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 4, 5_AUTOQUEADMITE.
8 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre

los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
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Demandante: Enelda Editha Ortiz Prado
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docente, territorial o nacionalizado, prestado antes del 31 de diciembre de 1980, a
efectos del reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada por la demandante?

32. Se circunscribe el problema jurídico a la vinculación docente antes del 31 de
diciembre de 1980, comoquiera que es el único requisito que se puso en duda por el
juez de primera instancia y la parte demandada frente a la acreencia solicitada por la
señora Ortiz Prado.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La pensión gracia

33. La pensión de jubilación gracia fue establecida por la Ley 114 de 19139,
beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran servido
en el magisterio por al menos 20 años, siempre que hubieran desempeñado el empleo
con honradez y consagración y no se reciba otra pensión o recompensa de carácter
nacional.

34. La Ley 116 de 192810 amplió este beneficio a los empleados docentes y
profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción
pública. Según el artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios
prestados en diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista,
para completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, por lo que se equiparó
la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.

35. Posteriormente, la Ley 37 de 193311 extendió el beneficio de la pensión gracia
de jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

36. Por su parte, la Ley 91 de 198912, en el artículo 15, numeral 2, literal a), limitó
la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, señala textualmente la norma en mención que:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.

37. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley

9 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
10 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
11 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
12 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

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91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente
manera:

• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.

• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1013 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.

38. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199714,
en los siguientes términos:

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro
del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989,
además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma
contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley.

39. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201815,
señaló que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio,

13 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con

cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997.

M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, actor: Wilberto Therán Mogollón.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en
planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido
cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y
buena conducta.

40. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los
recursos que la Nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales,
cuando ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes
territoriales, de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del
Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o
nacionalizado que es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación
fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales
destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de
1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados16, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal17; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

16 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto

102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
17 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.

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vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
[…].

41. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.

3.4. Hechos probados

42. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los siguientes hechos:

• Edad

43. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años. En el caso concreto, la señora Enelda Editha Ortiz Prado nació el 13 de
septiembre de 1949, según copia de su cédula de ciudadanía18, en consecuencia,
cumplió la edad de 50 años el 13 de septiembre de 1999.

• Vinculación docente

44. Obra la Resolución 011 del 1 de mayo de 197419, por medio de la cual el
inspector nacional de educación de Tumaco nombró a la demandante profesora de
secundaria en el colegio Nuestra Señora del Carmen del Charco. Asimismo, se
evidencia el acta de posesión de esa misma fecha20.

45. Se encuentra el acta del 10 de enero de 1976, que da cuenta de que la
accionante se presentó al despacho del Ministerio de Educación Nacional a fin de
tomar posesión del empleo de profesora de secundaria, para el cual fue nombrada a
través de la Resolución 001 del 10 de enero de 197621.

46. La copia de la constancia del 14 de junio de 198322 da cuenta de que, en
respuesta a una petición verbal formulada por la aquí accionante, el supervisor de
educación del distrito de Barbacoas certificó que: esta fue nombrada por el Decreto

18 Samai, Tribunal, índice 00045, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 45, 30_ALLEGANDOPRUEBAS, pp.3.
19 Samai, Tribunal, índice 00084, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 84, 70_ALLEGANDOPRUEBAS, pp.1.
20 Samai, Tribunal, índice 00084, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 84, 70_ALLEGANDOPRUEBAS, pp.2.
21 Samai, Tribunal, índice 00084, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 84, 70_ALLEGANDOPRUEBAS, pp.3.
22 Samai, Tribunal, índice 00071, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 71, 1_CUADERNOSEGUNDAINSTANCIA, pp.39.

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075 del 31 de enero –no se indica el año– en interinidad como directora de la escuela
rural mixta de Pumbi, las Lajas, del municipio de Roberto Payán. Luego, a través del
Decreto 425 del 17 de mayo de 1983 volvió a ser nombrada en interinidad como
directora de esa misma institución educativa, por el término de 60 días, «donde se
encuentra laborando hasta la fecha», y que ha prestado sus servicios sin interrupción
desde el primer nombramiento.

47. Obra la copia de la constancia del 8 de agosto de 200523, suscrita por el
entonces alcalde (E) del municipio de Roberto Payán, en la que se indicó que la
peticionaria prestó sus servicios como profesora municipal en la escuela de Pumbi,
las Lajas, río Patía de ese municipio, entre el año 1980 y 1984.

48. En cumplimiento de la decisión adoptada en la audiencia inicial por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el 24 de junio de 2022, la Alcaldía del municipio de
Roberto Payán allegó al proceso de la referencia los siguientes documentos24:

• Constancia de trabajo del 4 de octubre de 1999, mediante la cual el
secretario general de la Alcaldía de Roberto Payán indicó que la señora
Enelda Editha Ortiz Prado prestó sus servicios en ese municipio «como
profesora municipal Directora de la Escuela rural Mirta de las Lajas Pumbi
rio Patia jurisdicción del municipio de Roberto Payán, desde el año 1980
hasta el año 1984».
• Constancia del 22 de octubre de 2013, en la que el exalcalde del municipio
de Roberto Payán manifestó que la señora Enelda Editha Ortiz Prado se
desempeñó como docente en la localidad de Pumbi, las Lajas, río Patia,
jurisdicción del municipio de Roberto Payán, a partir del 1 de febrero de
1980 hasta el 30 de octubre de 1984.
• Certificación del 8 de noviembre de 2018, suscrita por el secretario de
hacienda de ese ente territorial, en la que consta que la demandante prestó
sus servicios «como docente entre 1980 y 1984».

49. En respuesta a esa misma decisión, adoptada en la audiencia inicial por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 4 de octubre de 2024 el secretario de
gobierno del municipio de Roberto Payán allegó certificación bajo estos términos25:

Que una vez revisado nuestros archivos digitales y físicos no se encontró evidencia
alguna de tiene laborado como docente de la señora ENELDA EDITHA ORTIZ
identificada con cedula de ciudadanía número (…). Se deja claridad que en el
Municipio de Roberto Payan no existe secretaria de Educación Municipal, Los
docentes del Municipio y otros aledaños pertenecen a la secretaria de Educación
Departamental de Nariño (sic para la cita).

50. También se evidencia el Decreto de nombramiento 1782 de 198526, expedido

23 Samai, Tribunal, índice 00071, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 71, 1_CUADERNOSEGUNDAINSTANCIA, pp.37.
24 Samai, Tribunal, índice 00045, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 45, 29_ALLEGANDOPRUEBAS.
25 Samai, Tribunal, índice 00071, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 71, 1_CUADERNOSEGUNDAINSTANCIA, pp.37.
26 Samai, Tribunal, índice 00071, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 71, 1_CUADERNOSEGUNDAINSTANCIA, pp.34.

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por el gobernador del departamento del Valle del Cauca; la copia del acta 351 del 12
de diciembre de 198527, en la que consta que la demandante se presentó al despacho
del gobernador para tomar posesión del cargo seccional en el centro docente No. 21
San José de las Guacas de Florida, con ocasión de la designación efectuada a través
del Decreto 1782; y el formato único para la expedición de certificados de historia
laboral del 16 de agosto de 201628, expedido por la Secretaría de Educación del
departamento del Valle del Cauca, según el cual, en virtud de este nombramiento, la
peticionaria ejerció la labor docente desde el 12 de diciembre de 1985 hasta el 8 de
febrero de 2008.

• Actos demandados

51. CAJANAL, mediante las resoluciones 18502 del 23 de julio de 2001, 1071 del
22 febrero del 2002 y 11307 del 1 de junio de 2004, negó el reconocimiento de la
pensión gracia.

52. La UGPP, a través de las resoluciones RPD 034197 del 15 de septiembre de
2016 y RDP 000779 del 13 de enero de 2017, negó el reconocimiento de la pensión
gracia.

3.5. Caso concreto

53. La Sala procede a verificar si la demandante tiene derecho al reconocimiento de
la pensión gracia, para lo cual únicamente hará el análisis relacionado con el requisito
del tiempo de servicio docente antes del 31 de diciembre de 1980, con miras a
establecer si se prestó y si fue de carácter territorial o nacional, bajo la premisa de que,
conforme la parte motiva de la sentencia recurrida y los argumentos expuestos por la
accionante en el recurso de apelación, se aceptó que la demandante acreditó la edad
y tiempo de servicios, pero lo que no se logró demostrar fue una vinculación territorial
– nacionalizada al 31 de diciembre de 1980.

3.5.1. Vinculación docente antes del 31 de diciembre de 1980

54. El problema jurídico planteado guarda relación con la interpretación que debe
otorgarse al numeral 2, literal a) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispuso
que los docentes «vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos».

55. En resumen –como se vio párrafos atrás– la pensión gracia tuvo como finalidad
compensar a los educadores adscritos a entidades territoriales en razón de la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con sus homólogos nacionales;

27 Samai, Tribunal, índice 00071, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 71, 1_CUADERNOSEGUNDAINSTANCIA, pp.35.
28 Samai, Tribunal, índice 00071, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 71, 1_CUADERNOSEGUNDAINSTANCIA, pp.40

Y 41.

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sin embargo, ese objetivo en principio perdió fundamento en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que en
el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se dispuso que tal beneficio sería compatible con
la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial[mente] de la Nación».

56. Es claro, entonces, que con la expedición de la Ley 91 de 1989 se buscó
desmontar el reconocimiento de la pensión gracia, porque, básicamente, ya no había
una situación de desigualdad en las asignaciones salariales de los docentes.

57. No obstante, a pesar de que la ley en comento buscó poner fin a la pensión
gracia, fijó unas reglas en aras de reconocerla a quienes cumplieran con los requisitos
allí establecidos. Al respecto, en el numeral 2, literal a) del artículo 15 de la Ley 91 de
1989, se dijo:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

58. A raíz de las diferentes interpretaciones alrededor del anterior artículo, la
Sección Segunda del Consejo de Estado fijó la siguiente regla de unificación29 en
cuanto al entendimiento que debe otorgársele, para efectos de reconocer la pensión
gracia de jubilación:

Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre
de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento.

59. Al respecto, esta corporación sostuvo que, de la lectura de la citada normativa,
se tenía que la pensión gracia se reconoce a los docentes que estén dentro de los
siguientes supuestos: a) vinculados «hasta el 31 de diciembre de 1980»; b) que
«tuviesen o llegaren a tener derecho»; c) que «cumplan con la totalidad de los
requisitos» previstos en las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, Rad. 2016- 00278-01

(3018-2017).

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normas que las hubieren desarrollado o modificado.

60. En relación con el siguiente requisito, consistente en «tuviesen o llegaren a
tener derecho», indicó que se refiere a dos eventos, a saber: el primero a la posibilidad
de reconocer la pensión gracia a los docentes que antes o al momento de promulgarse
la Ley 91 de 1989 –29 de diciembre de 1989– hubieran cumplido con la totalidad de
los requisitos legalmente establecidos para el efecto, con una vinculación territorial o
nacionalizada, antes del 31 de diciembre de 1980, mientras que el segundo consiste
en reconocerle tal derecho a los maestros que acrediten las condiciones con
posterioridad al 31 de diciembre de 1980, siempre y cuando se demuestre una
experiencia docente territorial o nacionalizada antes de esa fecha.

61. Desde esa lectura, dijo la corporación, la normativa tiene otro límite temporal
que atañe a que la pensión gracia solo puede reconocerse a los docentes vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980. Es así que el derecho está en cabeza del docente
que haya tenido una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con
las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin
importar el momento en que logre acreditar los requisitos, es decir, puede ser a partir
del 1 de enero de 1981, inclusive, o después del 29 de diciembre de 1989, fecha de
entrada en vigor de la Ley 91 de 1989.

62. Lo anterior se ratificó en la sentencia de unificación del 22 de enero de 2015,
en la que esta corporación indicó que la expresión «vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980» no exige que la vinculación esté vigente para esa fecha, sino que
lo relevante es haberse desempeñado como docente territorial o nacionalizado con
antelación a ese momento. En tal sentido, se sostuvo:

la expresión “docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980”, contemplada
objeto de análisis, no exige que en esa fecha el docente deba tener un vínculo laboral
vigente, sino que con anterioridad haya estado vinculado, pues lo que cuenta para
efectos pensionales es el tiempo servido; por lo tanto, la pérdida de continuidad no
puede constituirse en una causal de pérdida del derecho pensional.

63. Así las cosas, la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado
a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia es que la
vinculación del docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, caso en cual
es válido también incluir el tiempo laborado posteriormente, siempre y cuando se
demuestren como nacionalizado o territorial.

64. Ahora, según el fallador de primera instancia los documentos obrantes en el
expediente son insuficientes para demostrar la vinculación de la demandante antes
del 31 de diciembre de 1980, puesto que, dijo, existe discrepancia entre ellos, lo que
no permite tener la suficiente certeza sobre la prestación del servicio y de qué orden
fue la vinculación de la accionante.

65. Para la Sala, del análisis en conjunto de las pruebas documentales, referidas
en el acápite de hechos probados, se tiene lo siguiente:
14

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66. Conforme a la copia de la constancia del 14 de junio de 1983, expedida por el
supervisor de educación del distrito de Barbacoas, se evidencia que en virtud del
Decreto 075 del 31 de enero –no se indicó el año– la demandante fue nombrada en
interinidad como directora de la escuela rural mixta de Pumbi, las Lajas, del municipio
de Roberto Payán.

67. De la constancia de trabajo del 4 de octubre de 1999, suscrita por el secretario
general de la alcaldía de Roberto Payán, se tiene que la señora Enelda Editha Ortiz
Prado prestó sus servicios en ese municipio «como profesora municipal Directora de
la Escuela rural Mirta de las Lajas Pumbi río Patia jurisdicción del municipio de Roberto
Payán, desde el año 1980 hasta el año 1984».

68. Dicho tiempo de servicio se confirma de un lado, con la constancia del 8 de
agosto de 2005, suscrita por el entonces alcalde (E) del municipio de Roberto Payán,
en la que se indica que la peticionaria prestó sus servicios como docente municipal en
la escuela rural mixta de Pumbi, las Lajas, de ese municipio, entre 1980 y 1984; y, de
otro, con la certificación del 8 de noviembre de 2018, suscrita por el secretario de
hacienda del municipio en mención, en la que hizo constar que la demandante prestó
sus servicios «como docente entre 1980 y 1984».

69. El mismo sentido, pero de forma más precisa en cuanto al tiempo laborado, la
constancia del 22 de octubre de 2013, expedida por el exalcalde de ese mismo ente
territorial –Constantino Cortés Guerrero–, indica que la señora Ortiz Prado se
desempeñó como docente en la localidad de Pumbi, las Lajas, río Patia, jurisdicción
del municipio de Roberto Payán, a partir del 1 de febrero de 1980 hasta el 30 de
octubre de 1984.

70. Finalmente, se tiene que tal tiempo de servicio fue con vinculación municipal,
pues así se indicó en las referidas constancias del 4 de octubre de 1999 y del 8 de
agosto de 2005.

71. Es del caso señalar que, conforme a la jurisprudencia unificada de la Sala, los
periodos de servicio docente prestados en virtud de nombramientos temporales o en
interinidad «son computables para acceder a la pensión gracia, pues lo relevante es
la prestación efectiva del servicio en el ramo docente del orden territorial o
nacionalizado»30. Lo anterior, porque «si bien el ordenamiento jurídico no define
expresamente la naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos
docentes, esta corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el
mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar con
docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el
ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar
la efectiva prestación de los servicios educativos»31.

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, Rad. 2016- 00278-01

(3018-2017).
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14

de noviembre de 2015, Rad. 52001-23-33-000-2013-00058-01 (2636-2014). En igual sentido pueden consultarse
15

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72. Por lo tanto, la Sala considera que la accionante ejerció el empleo de docente
antes del 31 de diciembre de 1980, mediante una vinculación de carácter territorial,
que resulta válida para el reconocimiento de la pensión gracia.

73. Ahora, si bien es cierto que el 4 de octubre de 2024 el secretario de gobierno
del municipio de Roberto Payán allegó una nueva certificación en la que manifestó
que en los archivos digitales y físicos de ese ente territorial no se encontró evidencia
del tiempo laborado como docente de la demandante, también es cierto que obran
sendos documentos, como los referidos párrafos atrás, que dan cuenta del tiempo
prestado como docente y el tipo de vinculación que ostentó la demandante antes del
31 de diciembre de 1980, los cuales, inclusive, fueron suscritos por funcionarios de
esa misma municipalidad.

74. Asimismo, se estima que la afirmación atinente a la falta de evidencia sobre la
vinculación laboral de la demandante en la referida entidad territorial puede obedecer
a la pérdida de la documentación como consecuencia del incendio en el palacio
municipal, como consta en la certificación del 4 de noviembre de 1999 de la alcaldía
municipal de Roberto Payán32, circunstancia que es ajena a la peticionaria y que no
puede imputársele. Por el contrario, se observa que mediante las actuaciones
adelantadas en el presente trámite ha procurado que se certifique el servicio docente
que prestó, inclusive, antes del 31 de diciembre de 1980, mediante documentos que
no han sido tachados de falso o desconocidos en los términos del CGP, por lo que
conservan su presunción de autenticidad.

75. Por otro lado, la Sala considera que, los documentos relacionados en los
anteriores párrafos son prueba suficiente para demostrar la calidad de docente
territorial o nacionalizado, de acuerdo con la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de
2018, en la cual se indicó que para tal efecto se requiere: a) la copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales; o b) también se puede acreditar con la respectiva certificación de la
autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación
al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. Es así como,
se reitera, tienen pleno valor probatorio esas documentales para acreditar la calidad
de docente territorial – nacionalizada de la señora Enelda Editha Ortiz Prado.

76. Además, el artículo 246 del Código General del Proceso dispuso que las copias
tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea
necesaria la presentación del original o de una determinada copia. Y, según
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado33, las copias simples tienen el mismo

las siguientes sentencias de la Sección Segunda de esta corporación: a. del 27 de septiembre de 2018, Rad.
17001-23- 33-000-2014-00386-01(3283-15); b. del 12 de marzo de 2020, Rad. 25000-23-42-000- 2015-04753-01
(3310-18).
32 Samai, Tribunal, índice 00045, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 45, 30_CUADERNOSEGUNDAINSTANCIA, pp.4.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, sentencia SU de 30 de septiembre de 2014.

radicado 11001-03-15-000-2007-01081-00 (REV). M.P. Alberto Yepes Barreiro. Actora: Adriana Gaviria Vargas.
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valor probatorio que el original si no son tachadas de falsas por la contraparte.

77. En ese orden, como la UGPP tampoco tachó de falsas las documentales
aportadas en copia simple por la demandante a este proceso ni las allegadas en
cumplimiento de lo ordenado en la audiencia inicial por el tribunal de primera instancia,
es válido darles valor probatorio a los documentos referidos párrafos atrás.

78. Lo anterior, cobra mayor fuerza, toda vez que si bien no se aportó al plenario
el acto de nombramiento ni el acta de posesión como docente interina de la aquí
demandante, lo cierto es que fue ante la imposibilidad de aportarlos por lo ocurrido en
el año de 1989, en las instalaciones donde funcionaba la alcaldía de Roberto Payán
(caso fortuito – incendio); sin embargo, se insiste, reposan en el expediente otros
documentos idóneos en los que se puede corroborar dicho período desempeñado por
la accionante, en condición de maestra municipal antes del 31 de diciembre de 1980.

79. En ese orden de ideas, el único requisito que durante la presente controversia
se había puesto en entredicho para el reconocimiento de la pensión gracia también se
encuentra acreditado, por lo que se concluye que la señora Ortiz Prado tiene una
vinculación docente territorial antes de la fecha señalada, más de 20 años de servicios
de la misma naturaleza y/o nacionalizados y 50 años de edad, de manera tal que es
procedente acceder a las pretensiones de la demanda.

3.5.2. De la fecha de adquisición del estatus y la prescripción de las mesadas
pensionales

80. Ante la prosperidad de la pretensión de reconocimiento de la pensión gracia, la
Sala procede a establecer en qué momento se adquirió el estatus pensional y si se
configuró o no el fenómeno de la prescripción frente a algunas de las mesadas
reclamadas.

81. En ese orden de ideas, se recuerda que la accionante cumplió 50 años el 13
de septiembre de 1999. Asimismo, teniendo en cuenta que la primera vinculación
comprendida entre el 1 de febrero de 1980 y el 30 de octubre de 1984, equivale a 4
años y 9 meses; los 15 años y 3 meses faltantes para cumplir las dos décadas de
servicios, deben computarse desde la siguiente vinculación, que tuvo lugar, de manera
ininterrumpida, desde el 12 de diciembre de 1985 hasta el 8 de febrero de 200834.

82. Lo anterior permite concluir que la accionante cumplió los 20 años de servicio
el 11 de marzo de 2001, por lo que esta es la fecha en que adquirió el estatus
pensional y, a su vez, la que debe tenerse en cuenta para liquidar la prestación a partir
de lo devengado durante el año anterior.
83. Se reitera que, sobre la segunda vinculación del orden nacionalizado, esto es,
la desarrollada a partir del 12 de diciembre de 1985 en adelante, no hubo reparo

34 Conforme al formato único para la expedición de certificados de historia laboral del 16 de agosto de 2016,

expedido por la Secretaría de Educación del departamento del Valle del Cauca. Samai, Tribunal, índice 00071,
ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 71, 1_CUADERNOSEGUNDAINSTANCIA, pp.40 Y 41.

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Demandante: Enelda Editha Ortiz Prado
Demandada: UGPP

alguno en primera instancia. Lo cual se corrobora de conformidad con la copia del
Decreto de nombramiento 1782 de 1985, expedido por el gobernador del
departamento del Valle del Cauca; la copia del acta 351 del 12 de diciembre de 1985,
en la que consta que la demandante se presentó al despacho del gobernador para
tomar posesión del cargo seccional en el centro docente No. 21 San José de las
Guacas de Florida, en virtud de la señalada designación; y el formato único para la
expedición de certificados de historia laboral del 16 de agosto de 2016, expedido por
la Secretaría de Educación del departamento del Valle del Cauca.

84. Ahora bien, se observa que la accionante presentó dos peticiones para obtener
el reconocimiento de la pensión gracia, la primera, el 19 de junio de 2000, que dio
origen a las resoluciones 18502 del 23 de julio de 2001, 1071 del 22 febrero del 2002
y 11307 del 1 de junio de 2004 de CAJANAL; la segunda, el 11 de mayo de 2016, en
virtud de las cuales la UGPP negó la acreencia solicitada a través de las resoluciones
RPD 034197 del 15 de septiembre de 2016 y RDP 000779 del 13 de enero de 2017.

85. En cuanto a la primera petición, la Sala hace eco en la razón que tuvo en esa
oportunidad la administración para negar el derecho, consistente en que la
demandante no contaba para el día de la formulación de la solicitud –19 de junio de
2000– con el requisito de los 20 años de servicio como docente oficial territorial y/o
nacionalizado, lo cual es acertado, porque, como se ilustró en los párrafos anteriores,
el estatus pensional se adquirió el 11 de marzo de 2001.

86. Por lo tanto, de una parte, la referida solicitud no puede considerarse para
efectos de analizar el fenómeno de la prescripción, pues cuando se presentó el
derecho reclamado ni siquiera había surgido; de otra, esta situación revela que los
actos administrativos que resolvieron la petición del 19 de junio de 2000 no deben
anularse, pues acertadamente negaron la prestación reclamada, en consideración a
que –para el momento en que se solicitó— la accionante no cumplía con los 20 años
de servicio docente territorial y/o nacionalizado.

87. Distinto ocurre con la segunda petición, del 11 de mayo de 201635, que dio
origen a las resoluciones RPD 034197 del 15 de septiembre de 2016 y RDP 000779
del 13 de enero de 2017 de la UGPP, que se presentó para un momento posterior a
la adquisición del estatus pensional y que tendría la virtualidad de interrumpir el
fenómeno de la prescripción frente a las mesadas causadas 3 años atrás (desde el 11
de mayo de 2013), siempre y cuando se haya acudido con posterioridad a la
jurisdicción en el mismo plazo, de conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135 de
1968; lo cual en efecto ocurrió, debido a que la parte accionante presentó la demanda
de la referencia el 7 de febrero de 201936.

88. Esto quiere decir, que la presentación de la referida petición efectivamente
interrumpió la prescripción de las mesadas causadas 3 años atrás. Dicho de otro
modo, que prescribieron las sumas de dinero anteriores al 11 de mayo de 2013.

35 Según se indica en la Resolución RPD 034197 del 15 de septiembre de 2016.
36 Samai, Tribunal, índice 0001, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 1, RADICACIÓNDEPROCESO.

18

Radicación: 76001-23-33-000-2019-00090-01 (0874-2025)
Demandante: Enelda Editha Ortiz Prado
Demandada: UGPP

89. En consecuencia, se declarará la nulidad de las resoluciones RPD 034197 del
15 de septiembre de 2016 y RDP 000779 del 13 de enero de 2017, a través de las
cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia.

90. Por lo anterior, se ordenará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a título de
restablecimiento del derecho, reconocer y pagar la pensión gracia a favor de Enelda
Editha Ortiz Prado, en cuantía equivalente al 75% del promedio de los factores
salariales devengados en el año anterior al que adquirió el estatus pensional, el 11 de
marzo de 2001, con efectos fiscales a partir del 11 de mayo de 2013.

91. Las anteriores sumas deberán actualizarse de acuerdo con la fórmula según la
cual, el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh) por el
guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por
el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha
en que debió hacerse el pago), así:

R = Rh Índice inicial
Índice final

3.6. Conclusión

92. La Sala concluye que Enelda Editha Ortiz Prado probó la vinculación del orden
municipal anterior al 31 de diciembre de 1980 y ello le permite cumplir con los
requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia.

4. Costas

93. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario37 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto,
no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no

37 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (a) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (b) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (c) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (d) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (e) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00090-01 (0874-2025)
Demandante: Enelda Editha Ortiz Prado
Demandada: UGPP

se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.

94. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el 19 de diciembre de 2024 que negó las pretensiones de la demanda. En su
lugar se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad de las resoluciones RPD 034197 del 15 de septiembre
de 2016 y RDP 000779 del 13 de enero de 2017, a través de las cuales la UGPP negó
el reconocimiento de la pensión gracia.

Tercero. Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a título de
restablecimiento del derecho, reconocer y pagar la pensión gracia a favor de Enelda
Editha Ortiz Prado, en cuantía equivalente al 75% del promedio de los factores
salariales devengados en el año anterior al que adquirió el estatus pensional, el 11 de
marzo de 2001, con efectos fiscales a partir del 11 de mayo de 2013, por prescripción.

Las anteriores sumas deberán actualizarse de acuerdo con la fórmula según la cual,
el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh) por el guarismo
que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE
(vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que
debió hacerse el pago), así:

R = Rh Índice inicial
Índice final

Cuarto. Declarar probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 11 de mayo de 2013, de conformidad con
la parte motiva de esta sentencia.

Quinto. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Sexto. Dar cumplimiento a este proveído en los términos establecidos en los artículos
192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Séptimo. Sin condena en costas.

Octavo. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.

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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00090-01 (0874-2025)
Demandante: Enelda Editha Ortiz Prado
Demandada: UGPP

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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