Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00139-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00139-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2016-00139-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Dieciocho (18) de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)
Radicado: 52001233300020160013901 (0735-2025)
Demandante: José Guillermo Coral Chaves
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios jueces, (artículo 14 de
la Ley 4 de 1992)
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024),
proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1.
1.1. Pretensiones.
El señor José Guillermo Coral Chaves, por intermedio de apoderada judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, y
solicitó lo siguiente:
1
Samai-Tribunal- expediente digital, índice 55, archivo 10. Fecha de presentación de la demanda 23 de febrero de
2016.
2
Número Interno: 0735-2025
Demandante: José Guillermo Coral Chaves
Demandados: Nación – Rama Judicial
La nulidad de la Resolución No. 2619 del Dieciséis (16) de septiembre del Dos
Mil Catorce (2014), mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la
prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992;
asimismo, de las Resoluciones Nos. 2844 del Veintisiete (27) de octubre de
Dos Mil Catorce (2014) y, 3927 del Veintiséis (26) de junio de Dos Mil Quince
(2015), por medio de las cuales se confirmó la anterior decisión.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó se condene a la entidad
accionada a: (i) reconocer y pagar la diferencia mensual que resulte sobre los
salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social causados
durante todo el tiempo de su vinculación como funcionario judicial con inclusión
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992;
(ii) incluir como factor salarial dentro de la reliquidación de las prestaciones
sociales reconocidas y de los pagos a seguridad social el total de la prima
especial de servicios; (iii) el ajuste de los valores reconocidos de acuerdo con
la variación del índice de precios al consumidor; (iv) cancelar el valor
correspondiente a que haya lugar por la reliquidación salarial aquí solicitada a
las entidades de seguridad social a las que se encuentra afiliado y; (v) la
condena en costas a la demandada.
1.1.2 Hechos
El señor José Guillermo Coral Chaves señaló que prestó sus servicios a la
Rama Judicial desde el Treinta y Uno (31) de marzo de Mil Novecientos
Noventa y Dos (1992) hasta el Seis (6) de junio de Dos Mil Trece (2013),
habiendo ejercido el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Pasto Sala
Civil Familia.
Afirmó el demandante que, durante su vinculación con la entidad demandada
le fue pagado su salario de manera disminuida, al haberse aplicado de forma
errada la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de
1992. En virtud de lo anterior, solicitó a la entidad demandada que reliquidará
y pagará las sumas dejadas de reconocer, junto con los reajustes
prestacionales y los aportes a seguridad social derivados de dicho concepto.
1.2. Concepto de violación.
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Número Interno: 0735-2025
Demandante: José Guillermo Coral Chaves
Demandados: Nación – Rama Judicial
La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes: artículos 25,
48, y 53 de la Constitución Política; artículo 14 de la Ley 4 de 1992; artículo 28
Código Civil. Decretos: 51, 54 y 57 de 1993; 104, 106 y 107 de 1994; 26. 43 y
47 de 1995; 26, 43 y 47 de 1995; 34, 35 y 36 de 1996; 47, 56 y 76 de 1997;
64, 65 y 67 de 1998; 37, 43 y 44 de 1999; 2734, 2739 y 2740 de 2000; 1474,
1475, 1482, 2070, 2724 y 2730 de 2001; 673, 682 y 683 de 2002; 3548,3568
y 3569 de 2003; 4169, 4171 y 4172 de 2004; 933,935 y 936 de 2005; 388,389
y 392 de 2006; 617, 618, 621, y 3048 de 2007; 658 de 2008; 723 de 2009;
1388 de 2010; 1039 de 2011; 0874 de 2012; y 1024 de 2013.
Señaló que, la entidad demandada ha infringido las anteriores disposiciones
al haber, equivocadamente, disminuido su salario, considerando que la prima
especial de servicios hacía parte de la asignación básica, lo cual afectó no solo
sus ingresos mensuales sino también el valor de las prestaciones sociales y
demás beneficios, vulnerando con ello sus derechos laborales.
2. Contestación de la demanda.
La entidad demandada2 se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo
que, la facultad de fijar las remuneraciones de los servidores judiciales radica
exclusivamente en el Gobierno nacional, por ende, la administración de justicia
debe atender el mandamiento legal y lo establecido en la Constitución Política.
Argumentó que, los pagos efectuados por la Seccional de Administración de
Justicia de Pasto a favor del demandante por concepto de salarios y
prestaciones legales se encuentran ajustados a la normatividad legal vigente
en cada anualidad, habiendo dado cumplimiento a los decretos salariales
expedidos por el Gobierno nacional para los servidores de la Rama Judicial;
por lo tanto, las pretensiones de la parte demandante no tienen vocación de
prosperidad.
Propuso las excepciones que denominó «falta de objeto para demandar»; «ausencia
de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido»; «prescripción
de derechos reclamados»; y «innominada o genérica».
2
Samai-Tribunal- expediente digital, índice 55, archivo 11, páginas 357 a 373.
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Número Interno: 0735-2025
Demandante: José Guillermo Coral Chaves
Demandados: Nación – Rama Judicial
3. La sentencia de primera instancia.
La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante
sentencia proferida el Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024)3,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de la siguiente
manera:
PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional los artículos 6 y 7 del Decreto 658 de
2008, 4 del Decreto 722 de 2009, artículo 8 del Decreto 1388 de 2010, 8 del Decreto
1039 de 2011, 8 del Decreto 874 de 2012, 8 del Decreto 1024 de 2013 y 8 del Decreto
194 de 2014. En su lugar, se dispone aplicar al sub lite el artículo 53 de la Constitución
Política, conforme a las consideraciones expresadas en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos: i)
Resolución No. 2619 de septiembre 16 de 2014, expedida por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Pasto, mediante la cual se dio respuesta a la
petición; ii) Resolución No. 2844 del 27 de octubre de 2014, expedida por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, mediante el cual se resolvió el
recurso de reposición; iii) Resolución No. 3927 del 26 de junio de 2015, expedida por
la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial, mediante el cual se resolvió
el recurso de apelación. Según las consideraciones expresadas en la parte motiva de
esta sentencia.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la parte
demandada a reconocer y pagar en favor del señor José Guillermo Coral Chaves
identificado con C.C. No. 13.003.075 de Pasto, la prima especial de servicios
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del
30% respecto del 100% del salario básico, a partir del 11 de agosto de 2011 y hasta el
26 de agosto de 2014, en todo caso según los tiempos de servicio prestados por la parte
demandante como Magistrado de Tribunal, sin que en ningún caso sumados todos los
conceptos que integran su remuneración, incluyendo la bonificación por compensación,
pueda superarse el tope máximo correspondiente al 80% de lo que por todo concepto
devenga anualmente un Magistrado de Alta Corte, tal como lo establece el artículo 1 del
Decreto 1102 de 2012, orden que deberá ser estrictamente acatada por la entidad
demandada.
La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales y
salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de
vacaciones, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos percibidos) del
señor José Guillermo Coral Chaves identificado con C.C. No. 13.003.075 de Pasto, a
partir del 11 de agosto de 2011 y hasta el 26 de agosto de 2014, en todo caso según
los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como Magistrado de
Tribunal, teniendo en cuenta para tal efecto una base de liquidación del 100% de la
remuneración básica mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de
prima especial, atendiendo también que, en ningún caso sumados todos los conceptos,
puede superarse el tope máximo correspondiente al 80% de lo que por todo concepto
devenga anualmente un Magistrado de Alta Corte.
La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre
y cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 11 de agosto de 2011 y hasta
el 26 de agosto de 2014 arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por
alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera
expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una
suma adicional a la asignación básica.
CUARTO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de PRESCRIPCIÓN de los
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Samai-Tribunal- índice 45.
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Número Interno: 0735-2025
Demandante: José Guillermo Coral Chaves
Demandados: Nación – Rama Judicial
derechos laborales y sus consecuencias económicas causados con anterioridad al 26
de agosto de 2011, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: ORDENAR a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011, aplicando la siguiente
fórmula de actualización:
[…]
La entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social con
base en el 100% del salario básico, además, queda facultada para realizar los
respectivos descuentos de ley.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO: Condenar en costas de primera instancia a la parte demandada, en los
términos indicados en la parte motiva de esta providencia.
[…]
Como sustento de su decisión el Tribunal indicó que, se acreditó que el señor
José Guillermo Coral Chaves se vinculó a la entidad demandada desde el
Nueve (9) de enero de Mil Novecientos Setenta y Cuatro (1974) en el cargo de
juez promiscuo municipal de Génova, hasta el Seis (6) de junio de Dos Mil
Trece (2013), momento para el cual era magistrado de la Sala Civil Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto.
Determinó que, el demandante tiene derecho a percibir la prima especial de
servicios a partir del Once (11) de agosto de Dos Mil Once (2011) y hasta el
Veintiséis (26) de agosto de Dos Mil Catorce (2014), (sic) según los tiempos
de servicio prestados por la parte demandante como magistrado de Tribunal,
asimismo, la reliquidación y pago de las prestaciones sociales y salariales en
los mismos periodos. De otra parte, ordenó a la entidad demandada realizar
los aportes al sistema de seguridad social con base en el 100% del salario
básico, además, la facultó para realizar los respectivos descuentos de ley.
Finalmente, frente a la prescripción, manifestó que, comoquiera que, el actor
laboró en la entidad demandada desde el Nueve (9) de enero de Mil
Novecientos Setenta y Cuatro (1974) hasta el Seis (6) de junio de Dos Mil
Trece (2013) y, elevó reclamación administrativa el día Veintiséis (26) de
agosto de Dos Mil Catorce (2014), fecha para la cual interrumpió el término
prescriptivo, resolvió declarar probada la excepción de prescripción de los
derechos causados con anterioridad al Veintiséis (26) de agosto de Dos Mil
Once (2011).
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Número Interno: 0735-2025
Demandante: José Guillermo Coral Chaves
Demandados: Nación – Rama Judicial
4. El recurso de apelación4
La parte demandada interpuso recurso de apelación al considerar que, el
accionante pertenece al régimen salarial de los no acogidos, dado que se
vinculó con anterioridad al Primero (1º) de enero de Mil Novecientos Noventa
y Tres (1993).
Adujo que, al actor se le ha pagado la prima especial, sin carácter salarial,
regulada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en un 30% de la asignación
básica, como un plus o un valor adicional al salario; así mismo, sus
prestaciones sociales han sido liquidadas sobre el 100% de su remuneración.
Señaló que, en el caso del actor no aplican las reglas contenidas en la
sentencia de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado SUJ-016-CE-S2-
2019 del 2 de septiembre de 2019, comoquiera que estas rigen el caso de los
funcionarios cuyo régimen salarial es el conocido como “acogido”.
Por otro lado, indicó que, la sentencia de primera instancia ordenó pagar el
incremento entre el Once (11) de agosto de Dos Mil Once (2011) y el Veintiséis
(26) de agosto de Dos Mil Catorce (2014), no obstante, según la certificación
del área de Talento Humano, el actor solo trabajó hasta el Seis (6) de junio de
Dos Mil Trece (2013), por lo que, dicho período no corresponde a la realidad
de su tiempo de servicios y debe ajustarse.
Finalmente, solicitó revocar la condena en costas, dado que, no se evidencia
actuación de mala fe ni conducta procesal desleal.
5. Trámite de segunda instancia
Con auto de cuatro (4) de agosto de dos mil veinticinco (2025)5, el consejero
ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo 247
del CPACA y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso
ingresó al Despacho para fallo.
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Samai-Tribunal- índice 48.
5
Índice 4 Samai.
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Número Interno: 0735-2025
Demandante: José Guillermo Coral Chaves
Demandados: Nación – Rama Judicial
La demandada no se pronunció sobre el recurso de alzada. Por su parte, el
Ministerio Público no emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia
este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA.
De igual forma, cabe destacar qué, de conformidad con el artículo 3286 del
Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
2.2 Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
le corresponde a la Sala analizar sí, i) por el hecho de estar vinculado antes
del Primero (1°) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993) se puede
concluir que el régimen salarial del actor es el conocido como “no acogidos”;
ii) erró el Tribunal en las fechas en que ordenó el reajuste salarial y
prestacional; iii) hay lugar a revocar la condena en costas impuesta en contra
de la entidad demandada.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. Marco normativo; 2.4. Pruebas recaudadas; y 2.5. Caso
concreto.
6
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
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Demandante: José Guillermo Coral Chaves
Demandados: Nación – Rama Judicial
2.3 Marco normativo aplicable al presente caso
Para efectos de resolver el caso concreto, la Sala de Subsección, atenderá a
las reglas que, sobre la prima especial de servicios, consagrada en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la Sección
Segunda de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019,
proferida el 2 de septiembre de 2019.
La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la
naturaleza y alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó
que, la mencionada prima, corresponde a un valor adicional al ingreso de los
servidores, que implica un aumento en la remuneración derivada del vínculo
laboral y no puede entenderse, en ningún caso, como un elemento de
deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador. En la
sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta
sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto
de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor
salarial para efectos de la pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama
Judicial, Fiscalía, Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o
asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que
se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de
la fiscalía general de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las
prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación
básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título
de prima especial.
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Número Interno: 0735-2025
Demandante: José Guillermo Coral Chaves
Demandados: Nación – Rama Judicial
4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la
prima especial de servicios, se tendrá en cuenta, en cada caso, la fecha
de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se
reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con
el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos
equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de Alta Corte, que es
igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el
auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
Con fundamento en los derroteros trazados por la jurisprudencia de la Sala
Plena de Conjueces, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se
procede a decidir el presente caso.
2.4. Pruebas recaudadas.
a) Solicitud elevada ante la entidad demandada el Veintiséis (26) de agosto
del Dos Mil Catorce (2014)7, deprecando el reconocimiento y pago de la
prima especial de servicios y la reliquidación de salarios y prestaciones
sociales.
b) Resolución No 2619 del Dieciséis (16) de septiembre de Dos Mil Catorce
(2014),8 a través del cual la parte demandada negó la anterior solicitud.
c) Recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto por el actor en
contra de la anterior resolución, incoado el Siete (7) de octubre de Dos Mil
Catorce (2014)9.
7
Samai-Tribunal- expediente digital, índice 55, archivo 11, páginas 5 a 29.
8
Samai-Tribunal- expediente digital, índice 55, archivo 11, páginas 31 a 35.
9
Samai-Tribunal- expediente digital, índice 55, archivo 11, páginas 41 a 63.
10
Número Interno: 0735-2025
Demandante: José Guillermo Coral Chaves
Demandados: Nación – Rama Judicial
d) Resolución No 2844 del Veintisiete (27) de octubre de Dos Mil Catorce
(2014),10 por medio de la cual la llamada a juicio resuelve no reponer la
Resolución No 2619 del Dieciséis (16) de septiembre de Dos Mil Catorce
(2014) y concede el recurso de apelación.
e) Resolución No 3927 del Veintiséis (26) de junio de Dos Mil Quince
(2015) 11 , mediante la cual se confirma la negativa otorgada al aquí
demandante.
f) Certificación de tiempo expedida por la coordinadora del área de talento
humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial, el Diez (10)
de noviembre de Dos Mil Quince (2015)12, donde se registran el tiempo de
servicios prestados por el demandante, inicialmente como juez desde el
Nueve (9) de enero de Mil Novecientos Setenta y Cuatro (1974) y, luego,
como magistrado desde el Treinta y Uno (31) de marzo de Mil Novecientos
Noventa y Dos (1992).
g) Certificación de pagos y descuentos emitida por la demandada el Diez (10)
de noviembre de Dos Mil Quince (2015)13, en el cual se registran los pagos
efectuados al actor desde el mes de abril del año 1992.
2.5. Caso concreto.
Según lo acreditado en el plenario el señor José Guillermo Coral Chaves se
vinculó a la Rama Judicial, con nombramiento en propiedad14, en calidad de
juez municipal del Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Colón – Génova desde
el Nueve (9) de enero de Mil Novecientos Setenta y Cuatro (1974);
posteriormente, como magistrado de Tribunal o consejo seccional del Tribunal
Superior Sala 005 Civil Familia de Pasto, cargo que desempeñó por lo menos
hasta el Seis (6) de junio de Dos Mil Trece (2013), según el certificado de tiempo
de servicios allegado al plenario15.
Asimismo, probado está que, el demandante presentó la reclamación
administrativa el Veintiséis (26) de agosto del Dos Mil Catorce (2014)16,
10
Samai-Tribunal- expediente digital, índice 55, archivo 11, páginas 69 a 76.
11
Samai-Tribunal- expediente digital, índice 55, archivo 11, páginas 78 a 95.
12
Samai-Tribunal- expediente digital, índice 55, archivo 11, página 101.
13
Samai-Tribunal- expediente digital, índice 55, archivo 11, páginas 103 a 245.
14
Samai-Tribunal- expediente digital, índice 55, archivo 11, página 101.
15
Samai-Tribunal- expediente digital, índice 55, archivo 11, página 101.
16
Samai-Tribunal- expediente digital, índice 55, archivo 11, páginas 5 a 29.
11
Número Interno: 0735-2025
Demandante: José Guillermo Coral Chaves
Demandados: Nación – Rama Judicial
solicitando la reliquidación de sus salarios y prestaciones sociales desde el
Treinta y Uno (31) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992), con la
inclusión de la prima especial establecida en la Ley 4 de 1992 como factor
salarial. Dicha solicitud fue negada por la entidad demandada mediante los
actos administrativos acusados (resoluciones Nos. 2619 del Dieciséis (16) de
septiembre de Dos Mil Catorce (2014), 2844 del Veintisiete (27) de octubre de
Dos Mil Catorce (2014) y 3927 del Veintiséis (26) de junio de Dos Mil Quince
(2015), estas dos últimas que resolvieron los recursos de reposición y
apelación interpuestos contra el primer acto administrativo, confirmándolo en
su totalidad).
Aclarado lo anterior, se pasa a resolver los puntos de inconformidad formulados
por la entidad demandada.
i) El actor pertenece al régimen no acogido, dado que fue vinculado antes
del Primero (1°) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993).
El Gobierno nacional, en uso de la facultad otorgada por la Ley 4 de 1992,
profirió el Decreto 57 de 199317, a través del cual creó un nuevo régimen
salarial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal
Militar. Dicha normatividad en su artículo 2 precisó que «Los servidores públicos
vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podrán optar por una sola
vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido
en el presente Decreto. Los servidores públicos que no opten por el régimen aquí
establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a
la fecha».
En ese orden de ideas, el hecho de estar vinculado con la Rama Judicial antes
del Primero (1°) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), no
conlleva a que el demandante pertenezca al régimen salarial establecido en el
citado Decreto 57 de 1993, el cual es conocido como “acogidos”; lo anterior,
por cuanto el señor Coral Chaves podía acogerse a las disposiciones de esta
nueva normatividad, como en efecto aquí ocurrió.
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Publicado en el Diario Oficial No. 40.711 de enero 7 de 1993, momento a partir del cual empezó a regir.
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Número Interno: 0735-2025
Demandante: José Guillermo Coral Chaves
Demandados: Nación – Rama Judicial
En este punto debe indicarse que, en la Resolución No. 3927 del Veintiséis (26)
de junio de Dos Mil Quince (2015), proferida por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a través de la cual se resolvió un recurso de apelación
en contra de la Resolución No. 2619 del Dieciséis (16) de septiembre de Dos
Mil Catorce (2014), se reconoce que el demandante pertenece al régimen
salarial de los acogidos, así quedó expuesto cuando dijo:
“En este estado del debate es necesario reiterar igualmente, que mediante la sentencia
del 29 de abril del 2014 el Consejo de Estado decretó únicamente la nulidad de los
artículos que en los decretos de salarios de la Rama Judicial de los años 1993 a 2007
establecieron que se considera como Prima sin carácter salarial el 30% de la asignación
básica de los cargos allí enlistados, sin efectuar pronunciamiento alguno sobre
disposiciones idénticas de los años posteriores, reunidas para los servidores del
régimen de los ACOGIDOS, al cual pertenece el peticionario, en los Decretos de
salarios Nos: 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012 y
1024 de 2013”.
Adicionalmente, del análisis del certificado de pagos y descuentos obrante en
el plenario, expedido el Diez (10) de noviembre de Dos Mil Quince (2015)18, se
logra tener certeza que el régimen salarial que gobierna el caso del actor es el
de los acogidos. En dicha prueba se establece que, desde marzo de 1993 la
entidad demandada le ha pagado mensualmente los factores denominados:
sueldo básico y prima especial de servicios; la suma de estos dos factores
arroja la totalidad de la asignación básica que el Gobierno nacional estableció
para aquellos servidores de la Rama Judicial que optaron o son regidos por el
Decreto 57 de 1993; a manera de ejemplo se trae a colación las siguientes
anualidades reportadas en la citada prueba, así:
Total sueldo Remuneración Decreto fijó
Sueldo Prima
Vigencia + prima Gobierno remuneración
mensual especial
especial nacional mensual ACOGIDOS
1993 $1,394,231 $418,269,00 $1,812,500 $1,812,500 Decreto 57 de 1993
2005 $4,497,774 $1,349,332 $5,847,106 $5,847,106 Decreto 936 de 2005
2006 $4,722,663 $1,416,799 $6,139,462 $6,139,462 Decreto 389 de 2006
2007 $4,935,183 $1,480,555 $6,415,738 $6,415,738 Decreto 618 de 2007
2008 $5,215,995 $1,564,799 $6,780,794 $6,780,794 Decreto 658 de 2008
2009 $5,616,062 $1,684,819 $7,300,881 $7,300,881 Decreto 723 de 2009
2010 $5,728,383 $1,718,515 $7,446,898 $7,446,899 Decreto 1388 de 2010
2011 $5,909,974 $1,772,992 $7,682,966 $7,682,966 Decreto 1039 de 2011
Así las cosas, el argumento de la entidad demandada no tiene respaldo
probatorio ni ánimo de prosperidad, en el entendido que las pruebas allegadas
18
Samai-Tribunal- expediente digital, índice 55, archivo 11, páginas 103 a 245.
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Número Interno: 0735-2025
Demandante: José Guillermo Coral Chaves
Demandados: Nación – Rama Judicial
al plenario dan certeza de que el demandante pertenece al régimen salarial de
los acogidos, en consecuencia, le resultan aplicables las reglas establecidas
en la sentencia proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado el 2
de septiembre de 2019, Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-
2018).
En este punto debe reiterarse que, conforme se desprende de lo dispuesto en
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la prima especial de servicios fue creada
como un incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación
básica, sin carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 19 dispuso que
aquella sería factor salarial solo para el pago de aportes pensionales; en virtud
de ello, la citada prima no puede servir de base en la liquidación de
prestaciones.
En ese orden de ideas, el señor José Guillermo Coral Chaves, tal como lo
indicó el A-quo, tiene derecho a que se le reajuste su salario y prestaciones en
los términos establecidos por el Tribunal; comoquiera que su asignación
básica fue pagada de forma disminuida en un 30%, al que la demandada le
dio el nombre de prima especial de servicios; cuando lo establecido por el
legislador es que dicha prima debía ser un adicional a tal asignación.
ii) Existe un error en las fechas en que se ordenó por el Tribunal el reajuste
salarial y prestacional.
En cuanto este argumento debe precisarse que, el tribunal ordenó a la parte
demandada reconocer y pagar la prima especial de servicios consagrada en
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 a favor del señor Coral Chaves, a partir del
Once (11) de agosto de Dos Mil Once (2011) y hasta el Veintiséis (26) de
agosto de Dos Mil Catorce (2014), por haber operado el fenómeno de la
prescripción sobre las acreencias causadas con anterioridad al Veintiséis (26)
de agosto de Dos Mil Catorce (2014).
19
Publicada en el Diario Oficial No. 42.948 de 28 de diciembre de 1996, momento a partir del cual entró en vigencia,
según su artículo 3.
14
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Demandados: Nación – Rama Judicial
No obstante, conforme con el certificado de tiempo de los servicios prestados
allegado, el demandante prestó sus servicios hasta el Seis (6) de junio de Dos
Mil Trece (2013).
En virtud de lo anterior, se considera que le asiste razón parcialmente a la
entidad demandada en su reproche, debiéndose corregir el extremo final de la
orden dada, precisándose que el reajuste salarial y prestacional será pagado
hasta el Seis (6) de junio de Dos Mil Trece (2013), en que el demandante
prestó sus servicios.
Ahora, en cuanto al extremo inicial, debe precisarse que el Tribunal ordenó
pago desde el Once (11) de agosto de Dos Mil Once (2011); no obstante,
según lo acreditado, la petición se elevó el día Veintiséis (26) de agosto del
Dos Mil Catorce (2014)20, interrumpiendo de ese modo el fenómeno de la
prescripción; por tanto, el pago debe hacerse desde el día Veintiséis (26) de
agosto de Dos Mil Once (2011), en virtud de dicha prescripción trienal; ante lo
cual, se procederá también a modificar en ese aspecto la orden del A-quo.
iii) No hay lugar a la condena en costas.
En ese sentido, ha sido criterio de esta Subsección que, «[…] aquella condena no
se aplica de forma automática por haber sido vencido en juicio, para que esta sea impuesta es
necesario que se acredite que hubo un actuar de forma temeraria o con mala fe 21». En el
presente caso, la condena en costas impuesta por el A-quo no tuvo fundamento
en conducta de mala fe o temeraria por la entidad demandada; por tanto, se
considera que le asiste razón al recurrente y habrá que revocar la misma.
De otra parte, tenemos que la sentencia objeto del recurso de alzada en la
parte final del ordinal quinto dispuso el pago de los aportes pensionales, pero
sin precisar los extremos en que aquel debe efectuarse; en virtud de ello, se
considera necesario modificar dicho ordinal.
20 Samai-Tribunal- expediente digital, índice 55, archivo 11, páginas 5 a 29
21
C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera, Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 18 de
julio de 2025, expediente 05001233300020170226202 (5558-2023).
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Demandante: José Guillermo Coral Chaves
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Aquí debe precisarse que, a pesar de la declaratoria de la excepción de la
prescripción, aquella no cobija los aportes pensionales, los cuales al estar
ligados a la pensión tienen el carácter de imprescriptibles e irrenunciables.
Por tanto, la entidad demandada está en la obligación de reliquidar los aportes
pensionales del actor, teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica
desde el 7 de enero de 1993 que entró en vigencia el Decreto 57 de 1993, y
con base en dicha asignación más el 30% de la prima especial de servicios,
desde la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996 18, norma que dispuso que
dicha prima tendía carácter salarial para estos efectos, y durante todo el tiempo
en que el demandante ejerció el cargo que le otorgó el derecho a percibir la
pluricitada prima especial de servicios, sin tener en cuenta la figura de la
prescripción.
En ese orden de ideas, a pesar que este aspecto no fue parte de los reproches
al fallo; la Sala considera que debe darse claridad a la orden proferida por el
Tribunal en los términos antes expuestos.
Por último, la Sala precisa que, el cumplimiento de la presente sentencia estará
condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la
parte demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos y en ese
sentido se adicionará el inciso segundo del ordinal quinto de la sentencia de
primera instancia.
2.6 Condena en costas
Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de decir,
no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Número Interno: 0735-2025
Demandante: José Guillermo Coral Chaves
Demandados: Nación – Rama Judicial
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del Veintinueve (29) de
julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por la Sala Transitoria del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia del Veintinueve
(29) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Sala Transitoria, el cual quedará así:
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la parte demandada
a reconocer y pagar en favor del señor José Guillermo Coral Chaves identificado con
C.C. No. 13.003.075 de Pasto, la prima especial de servicios consagrada en el artículo
14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto del 100% del
salario básico, a partir del 26 de agosto de 2011 y hasta el 6 de junio de 2013, en todo
caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como Magistrado
de Tribunal, sin que en ningún caso sumados todos los conceptos que integran su
remuneración, incluyendo la bonificación por compensación, pueda superarse el tope
máximo correspondiente al 80% de lo que por todo concepto devenga anualmente un
Magistrado de Alta Corte, tal como lo establece el artículo 1 del Decreto 1102 de 2012,
orden que deberá ser estrictamente acatada por la entidad demandada.
La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales y
salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de
vacaciones, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos percibidos) del
señor José Guillermo Coral Chaves identificado con C.C. No. 13.003.075 de Pasto, a
partir del 26 de agosto de 2011 y hasta el 6 de junio de 2013, en todo caso según los
tiempos de servicio prestados por la parte demandante como Magistrado de Tribunal,
teniendo en cuenta para tal efecto una base de liquidación del 100% de la remuneración
básica mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de prima especial,
atendiendo también que, en ningún caso sumados todos los conceptos, puede superarse
el tope máximo correspondiente al 80% de lo que por todo concepto devenga anualmente
un Magistrado de Alta Corte.
La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y
cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 26 de agosto de 2011 y hasta el
6 de junio de 2013 arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto
que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa
que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma
adicional a la asignación básica.
TERCERO: MODIFICAR Y ADICIONAR el inciso final del ordinal quinto de la
sentencia del Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Transitoria, el cual quedará
así:
“QUINTO: (…)
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Número Interno: 0735-2025
Demandante: José Guillermo Coral Chaves
Demandados: Nación – Rama Judicial
«Reliquidar y pagar las cotizaciones o aportes efectuados al Sistema General
de Seguridad Social en pensiones, en favor de José Guillermo Coral Chaves
desde el 7 de enero de 1993, que entró en vigencia el Decreto 57 de 1993, con
base en el 100% de la asignación básica, y desde la entrada en vigor de la Ley
332 de 1996, teniendo en cuenta dicha asignación más el 30% de la prima
especial de servicios; y hasta que el demandante ejerció el cargo que le otorgó
el derecho a percibir la prima especial de servicios, sin tener en cuenta la figura
de la prescripción.
Se precisa que el cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a
que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante
por los mismos conceptos aquí reconocidos»
CUARTO: REVOCAR el ordinal séptimo de la sentencia del Veintinueve (29)
de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), por la Sala Transitoria, del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que dispuso condena en costas en contra
de la demandada, conforme a lo expuesto.
QUINTO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del Veintinueve (29) de
julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por la Sala Transitoria, del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
SEXTO: Sin condena en costas en ambas instancias.
SÉPTIMO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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