Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00267-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00267-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2016-00267-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., seis (06) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 52001-23-33-000-2016-00267-01 (6607-2019)1
Demandante: Cruz Adriana Cervantes Alomia
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ) y otros2
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª de
1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), proferida
por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones3.
1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo
sucesivo), con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en la
Resolución Nº 2044 del tres (3) de julio de dos mil catorce (2014), expedida por la
1
Expediente híbrido.
2
Vinculados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, DAFP y el DAPRE.
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Folios 1-21 del Cuaderno Nº. 1.
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Número Interno: 6607-2019
Demandante: Cruz Adriana Cervantes Alomia
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, mediante la cual
se negó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional derivada
de la prima especial de servicios, así como de los actos contenidos en las
Resoluciones Nº 2713 del treinta (30) de septiembre de ese año, y Nº 4112 del
primero (1º) de julio de dos mil quince (2015), a través de las cuales, se resolvieron
negativamente los recursos interpuestos contra el acto administrativo primigenio.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada: (i) reliquidar y pagar a favor de
la señora Cruz Adriana Cervantes Alomia el salario básico mensual, desde la fecha
de vinculación como funcionaria judicial, y hasta su inclusión efectiva en nómina,
adicionando el 30% que se le ha venido descontando a título de prima especial de
servicios; (ii) reliquidar y pagar las prestaciones sociales reconocidas, teniendo en
cuenta el 100% del salario básico mensual, es decir, sin que se efectúe descuento
alguno por concepto de prima especial de servicios, descontando aquellas sumas
reconocidas por dicho concepto, y pagando la diferencia que resulte; (iii) pagar, en
lo sucesivo, y de forma mensual, la prima especial de servicios del 30% como un
adicional al salario básico, en los términos del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; (iv)
incluir dentro de la reliquidación de las prestaciones social reconocidas y liquidadas
por la administración, el 30% de la referida prima especial como un adicional al
ingreso mensual definido por el Gobierno Nacional, “bajo el entendido que conforme a la
jurisprudencia del Consejo de Estado, dicha prima especial tiene carácter salarial ”; y (v) que se
indexen las sumas resultantes, atendiendo a los lineamientos de esta Corporación.
1.2. Los hechos4.
3. La señora Cruz Adriana Cervantes Alomia fue vinculada a la Rama Judicial,
inicialmente, como oficial mayor, desde el primero (1º) de agosto de mil novecientos
noventa y dos (1992) y, a partir del veintidós (22) de enero de dos mil nueve (2009),
ejerce en propiedad en el Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Pasto.
4. Explicó que, conforme a las previsiones del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, los
funcionarios de la Rama Judicial, además de la remuneración mensual, tienen
derecho a una prima especial de servicios que asciende al 30% adicional al salario
devengado. Indicó que no le ha sido pagada la prima especial en comento. Además,
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Folios 1-21 del Cuaderno Nº. 1.
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Número Interno: 6607-2019
Demandante: Cruz Adriana Cervantes Alomia
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
anotó que la entidad le viene liquidando las prestaciones sociales sobre un 30%
menos de lo que le corresponde, atendiendo a los decretos que expide el Gobierno.
5. Narró que el veinte (20) de mayo de dos mil catorce (2014) presentó una petición
ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, encaminada a solicitar el
reconocimiento y pago “del salario mensual devengado y las diferencias prestacionales teniendo
en cuenta el 100% del salario, es decir, sin descuento alguno por concepto de prima especial ”.
Mediante la Resolución Nº 2044 del tres (3) de julio de dos mil catorce (2014), el
Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Pasto negó la solicitud,
para lo cual se expuso que, en ese entonces, no estaba en firme la sentencia del
veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014), proferida por el Consejo de
Estado. Ante la negativa anterior, la ahora demandante interpuso el recurso de
reposición y, en subsidio, el de apelación, contra la decisión de la referencia.
6. A través de la Resolución Nº 2713 del treinta (30) de septiembre de dos mil
catorce (2014), se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto
por la actora y, en la misma oportunidad se concedió el recurso de apelación. A su
turno, por medio de la Resolución Nº 4112 del primero (1º) de julio de dos mil quince
(2015), se confirmó en todas sus partes el acto administrativo impugnado.
1.3. Concepto de la violación5.
7. La demandante alegó que los actos administrativos enjuiciados infringieron los
artículos 2º al 13, 25, 53 y 228 de la Constitución Política de Colombia; el artículo
102 de la Ley 1437 de 2011; el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; la Ley 332 de 1996;
el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo; el artículo 16 de la Convención
Interamericana sobre Derechos Humanos, aprobada mediante la Ley 16 de 1972;
el Protocolo de San Salvador; los Convenios 95, 100 y 11 de la OIT.
8. Expuso que, en virtud del artículo 150 de la Constitución Política, el legislador
expidió la Ley 4ª de 1992, por medio de la cual se señalan las normas, objetivos y
criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial
y prestacional de los empleados públicos, en cuyo artículo 14 previó la prima
especial de servicios, en los siguientes términos: “el Gobierno Nacional establecerá una
prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los
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Folios 1-21 del Cuaderno Nº. 1.
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Demandante: Cruz Adriana Cervantes Alomia
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de
la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra
y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía
General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993”.
9. Puntualizó que el Consejo de Estado, en la sentencia del veintinueve (29) de abril
de dos mil catorce (2014), dentro del Rad. 2007-00087, declaró la nulidad de una
serie de decretos expedidos por el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades
conferidas por la Ley 4ª de 1992, en los cuales se reprodujo el entendimiento según
el cual el 30% del salario devengado por los servidores judiciales corresponde a la
prima especial de servicios, hecho que -según adujo-, en la práctica, ha impactado
el salario básico en un 30% y las prestaciones sociales en un 60%.
10. Precisó que, la sentencia en cita ratificó la línea jurisprudencial establecida por
el Consejo de Estado en la sentencia del dos (2) de abril de dos mil nueve (2009),
en punto al concepto de la prima especial de servicios, al concebirla como un
elemento retributivo de carácter adicional, es decir, como un reconocimiento
económico adicional, lo que presupone un aumento o plus en el ingreso de los
servidores públicos, “sin que importe la definición normativa de esencia, sea o no definido su
carácter salarial, prestacional o simplemente bonificatorio ”. De ahí que la interpretación
correcta del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sea sobre la base de la progresividad,
la favorabilidad, y en torno al incremento -no disminución- del salario. Así, sostuvo
que “no se puede castigar a los funcionarios y empleados, a que mientras tuvieron vigencia los
decretos anulados, su escala de remuneración haya sido del 70% de sus ingresos, teniendo peso el
30% en las consecuencias del salario y prestaciones liquidadas a los trabajadores”.
11. Consideró que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al momento de
elaborar la nómina de los funcionarios judiciales, afecta sus derechos al disminuir
del salario básico del 100% al 70%, a partir de la detracción del 30% de la prima
especial, con efectos adicionales sobre la liquidación de las prestaciones sociales.
1.4. La contestación de la demanda6.
1.4.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Pasto7.
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Cuaderno Nº. 1.
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Folios 102-109 del Cuaderno Nº. 1.
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Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
12. La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para
lo cual sostuvo que los actos acusados se han expedido en cumplimiento de un
deber legal y en concordancia con las atribuciones constitucionales y legales que le
han sido otorgadas. En lo que toca a los hechos, sostuvo que, de conformidad con
la documentación que obra en el área de talento humano de la seccional, se
encuentra acreditado que la señora Cervantes Alomia se vinculó a la Rama Judicial
desde el primero (1º) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992) y que,
desde esa fecha, hasta el veintiuno (21) de enero de dos mil nueve (2009),
desempeñó -en su orden- los cargos de oficial mayor, secretaria de juzgado y
relatora del Tribunal Administrativo de Nariño. Resaltó que, desde el veintidós (22)
de enero de dos mil nueve (2009), ostenta el cargo de juez administrativo.
13. Expuso que la competencia constitucional y legal para fijar el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos radica en el Gobierno Nacional, con sujeción
a lo dispuesto en el artículo 150 de la Carta Política y en la Ley 4ª de 1992. En esa
línea, puso de presente que la facultad para fijar la remuneración de los servidores
judiciales le corresponde, única y exclusivamente, al Ejecutivo, mientras la entidad
debe “atender al mandamiento legal y resguardar la preceptiva superior establecida por la
Constitución Política”. En el caso, advirtió que resultaba evidente que las decisiones de
la Dirección han tenido “un respaldo legal tanto en la Ley 4ª de 1992, como en los decretos
anuales que han sustentado la manera de liquidar periódicamente los derechos laborales .”
14. Adujo que, en desarrollo de las normas generales consagradas en la Ley 4ª de
1992, el Gobierno Nacional expide anualmente los decretos que fijan el régimen
salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial. Con arreglo al artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, la Ley 332 de 1996, la Ley 476 de 1998 y el Decreto 57 de
1993, la prima especial de servicios del 30% no ostenta carácter salarial, salvo para
efectos pensionales, pero no para la liquidación y pago de prestaciones sociales.
15. Propuso como excepciones las de: (i) falta de objeto para demandar; (ii)
ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no
debido; (iii) prescripción de los derechos reclamados; y (iv) la innominada.
1.4.2. Departamento Administrativo de la Función Pública8.
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Folios 189 y siguientes del Cuaderno Nº. 1.
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Demandante: Cruz Adriana Cervantes Alomia
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
16. En su escrito de contestación, advirtió que el organismo llamado a atender las
resultas del proceso es la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, como entidad empleadora de la señora Cruz Adriana Cervantes Alomia. En
esa línea, hizo hincapié en que el Departamento Administrativo de Función Pública
– DAFP hace parte de la Rama Ejecutiva del poder público, en el nivel central, por
lo que no le corresponde asumir la reliquidación salarial y prestacional deprecada
por la parte actora, máxime, si se tiene en cuenta que la reclamante no tiene ningún
vínculo contractual, legal o reglamentario con la entidad en cita.
17. En tal virtud, formuló las siguientes excepciones: (i) falta de legitimación en la
causa por pasiva; e (ii) inexistencia del derecho reclamado.
1.4.3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público9.
18. Mediante memorial del cuatro (4) de febrero de dos mil diecinueve (2019), la
entidad se opuso a las pretensiones del libelo inicial. Al respecto, insistió en que no
ha existido, ni existió, vínculo jurídico alguno con el demandante y, en adición, dicha
cartera ministerial no tiene el deber legal de reconocer emolumentos y nivelaciones
salariales que le competen a otras entidades, en este caso, de la Rama Judicial. A
su turno, destacó que los actos administrativos demandados no fueron expedidos
por el Ministerio, ni frente a este último se elevó solicitud de ningún tipo.
19. Para fundamentar la oposición, aludió a la inexistencia de una ley sustancial que
obligue al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a responder por las pretensiones
de la demandante y que el pago de una posible sentencia es un asunto del resorte
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ, con cargo al rubro de
sentencias que conforma el presupuesto de la Rama Judicial.
20. Finalmente, propuso las siguientes excepciones: (i) falta de competencia del
Tribunal Administrativo de Nariño – Sala de Conjueces, para conocer del asunto; (ii)
ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales (indebida exigencia del
medio de control, ausencia de poder, falta de agotamiento de la vía gubernativa, y
ausencia del concepto de violación); (iii) falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y (iv) la prescripción.
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Folios 208 y siguientes del Cuaderno Nº. 2.
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Número Interno: 6607-2019
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Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
1.4.4. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República10.
21. A través del memorial del ocho (8) de febrero de dos mil diecinueve (2019), el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE se opuso
a las pretensiones de la demanda. Para tal fin, sostuvo que el citado Departamento
sólo debe asumir la defensa de la legalidad de aquellos decretos en los que repose
la firma del director y, dada la evolución jurisprudencial, en aquellos eventos en los
que se discuta la legalidad de los actos suscritos por el primer mandatario.
22. Con base en lo antes anotado, propuso las excepciones de: (i) falta de
legitimidad material en la causa por pasiva; e (ii) ineptitud sustantiva de la demanda.
1.5. La sentencia de primera instancia11.
23. Mediante sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil diecinueve (2019),
la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Nariño, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de los actos
acusados y ordenar el reconocimiento y pago del 30% de prima especial de
servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un incremento o sobresueldo,
porcentaje que no podría sustraerse de la asignación básica. Así las cosas, dispuso:
“PRIMERO. DECLARAR la nulidad de la Resolución 2044 del 3 de julio de 2014, emanada
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, mediante la cual se
niegan las peticiones de la demandante Cruz Adriana Cervantes Alomia y No. 2713 del 30
de septiembre de 2014 que resuelve un recurso de reposición.
SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de la Resolución 4112 del 1º de julio de 2015, dictada
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante la cual se confirma la
Resolución impugnada 2044 del 3 de julio de 2014.
TERCERO. INAPLICAR por inconstitucionales y por extensión de la nulidad dictada por el
Consejo de Estado en la sentencia del 29 de abril de 2014, expediente 1001-03-25-000-
2007-00087-00, el contenido de los Decretos 658 del 4 de marzo de 2008 art. 6, 723 del 6
de marzo de 2009 art. 8, 1388 del 26 de abril de 2010 art. 8, 1039 del 4 de abril de 2011 art.
8, 0874 del 27 de abril de 2012 art. 8, 1024 del 21 de marzo de 2013 art. 8 y 194 del 7 de
febrero de 2014 art. 8, y los que hacia futuro regulen la remuneración de los funcionarios
judiciales, en el orden que atenten contra el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
CUARTO. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación – Rama Judicial
– Dirección Seccional de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a reconocer y pagar a favor de la demandante (…) la diferencia mensual que resulte
de la liquidación cabal de los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social
durante todo el tiempo de su vinculación como funcionaria judicial y hacia el futuro, teniendo
en cuenta la prima especial del 30% sobre el 100% del salario básico, de que trata el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, con retroactividad al 1º de agosto de 1992, fecha de vinculación a
la Rama Judicial en adelante.
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Folios 219 y siguientes del Cuaderno Nº. 2.
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Folios 344 y siguientes del Cuaderno Nº. 2.
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Número Interno: 6607-2019
Demandante: Cruz Adriana Cervantes Alomia
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
QUINTO. Las sumas de dinero adeudadas deberán ser actualizadas de acuerdo con la
variación de índice de precios al consumidor, conforme a la parte motiva de esta sentencia,
desde la fecha en que debían cancelarse hasta cuando se efectúe el pago.
SEXTO. DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, por
las razones consignadas en la parte motiva de la presente sentencia.
SÉPTIMO. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
formulada por los entes vinculados como Litis consortes necesarios, la Nación – Presidencia
de la República, la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Nación –
Departamento Administrativo de la Función Pública.
OCTAVO. CONDENAR en costas a la demandada, las cuales se fijan en un 5% de la cuantía
de la demanda, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 188 del CPACA, en
concordancia con el artículo 366 del CGP (…)”.
24. Como sustento de la decisión, el juez de primer grado encontró acreditado que:
(i) la señora Cervantes Alomia se vinculó como funcionaria judicial el primero (1º)
de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992); y (ii) según las certificaciones
aportadas, la administración judicial ha venido reconociendo la prima especial de
servicios como un 30% del salario, “pero que los salarios básicos en todos los ejercicios han
sido mermado (sic) en la misma proporción”, lo que condujo a que se reconociera el referido
emolumento como una porción del salario y no como un incremento.
25. Indicó que, el derecho reclamado por la accionante, relacionado con el pago
errado de la prima especial del salario básico -o la merma salarial- debía prosperar
y, por ende, era dable acceder a la reliquidación de las prestaciones sociales.
26. En cuanto a la fecha en la que comenzó a fraccionarse el salario, señaló que se
dio “desde la entrada en vigencia del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, 1º de enero de 1993, en
forma general y, en este caso, desde la vinculación como funcionaria judicial” (sic) . Agregó que el
error en el que incurrió la demandada sólo se pudo advertir a partir de la sentencia
del veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014), en la que se detalló que el
30% de la prima especial de servicios se ha sustraído de forma incorrecta del
salario, aspecto que afecta, en forma directa, la liquidación de las prestaciones.
27. Con ello, aseveró que a la actora le asiste el derecho a percibir la remuneración
completa que le corresponde como funcionaria judicial y que, si le fue “ mermada
injustamente, la entidad demandada debe reintegrarle los faltantes desde la misma fecha de su
causación, no solo en cuanto al pago completo del salario de donde se extrajo la prima especial del
30% de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, sino también los faltantes sobre las prestaciones
sociales y los aportes a la seguridad social”. Asimismo, el A-quo estimó que era procedente
efectuar la reliquidación de las prestaciones sociales. A su turno, resaltó que, hacia
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Número Interno: 6607-2019
Demandante: Cruz Adriana Cervantes Alomia
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
futuro, la liquidación de la prima especial debe hacerse de forma autónoma, a
efectos de pagar el 30% por ese concepto, sin deducirse de la asignación básica.
28. En punto a la prescripción, el Tribunal concluyó que: “al no vislumbrarse el elemento
de la exigibilidad como punto de partida para empezar a contar el término trienal de prescripción de
derechos laborales contemplados en las normas transcritas, con seguridad que el derecho debe
retrotraerse a la fecha en que se inició la incorrecta liquidación, bien de la prima especial, o bien del
salario básico, que afectó de todos modos el derecho constitucional del trabajo (sic) (…)”.
1.6. El recurso de apelación12.
29. Mediante memorial del dieciocho (18) de octubre de dos mil diecinueve (2019),
el apoderado de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las
súplicas de la demanda. En su criterio, el fallo impugnado desbordó las pretensiones
de la demanda, puesto que, se ordenó el reconocimiento de la prima especial de
servicios, a favor de la señora Cervantes Alomia, desde su vinculación a la Rama
Judicial, esto es, desde mil novecientos noventa y dos (1992), cuando empezó a
ostentar el cargo de oficial mayor, pasando inadvertido que, desde esa fecha, y
hasta el veintiuno (21) de enero dos mil nueve (2009), no fungió como Juez de la
República, cargo que generaba derecho a la prima especial de servicios.
30. Al acudir a un recuento de las reglas prohijadas en la sentencia del dos (2) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019), proferida por esta Corporación, señaló
que la decisión del A-quo resulta contraria a dicho precedente. Al respecto, arguyó
que la sentencia omitió el análisis de diferentes aspectos, como el hecho de que la
prima especial no constituye factor salarial, salvo para efectos pensionales, carácter
que ratificó la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996, y que se
acompasa con lo dispuesto en la Ley 332 de 1996.
31. Por otro lado, llamó la atención en que el fallo recurrido no contempló un estudio
sobre la prescripción de los derechos reclamados, por lo que omitió el análisis del
artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, que prevé el término de prescripción trienal.
Explicó que, en el asunto de marras, el término de tres (3) años debía computarse
a partir de la exigibilidad del derecho que, a su juicio, correspondía a la fecha de
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Índice 00045 del Samai, ED_C02_32RecursoApelacionRamaJudicial(.pdf) NroActua 45.
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vinculación como juez. En hilo con lo anterior, afirmó que la reclamación se presentó
el veinte (20) de mayo de dos mil catorce (2014), de ahí que se superaron los tres
(3) años contados desde la fecha de vinculación al cargo, es decir, el veintidós (22)
de enero de dos mil nueve (2009), operando así el fenómeno prescriptivo.
1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia13.
32. Mediante el auto del veintinueve (29) de octubre de dos mil diecinueve (2019)14,
el conjuez ponente del Tribunal de instancia citó a las partes a la audiencia de
conciliación prevista en el artículo 192 del CPACA. La diligencia se llevó a cabo el
quince (15) de noviembre de la misma anualidad15, oportunidad en la cual se declaró
“fracasada”, ante la inexistencia de ánimo conciliatorio de las partes. En la misma
oportunidad, se concedió el recurso de apelación interpuesto por la entidad.
33. A través del auto del once (11) de abril de dos mil veintitrés (2023)16, el entonces
conjuez ponente17 de esta Corporación, admitió el recurso de apelación, atendiendo
a lo establecido en el artículo 247 del CPACA. Más adelante, mediante proveído del
cinco (5) de septiembre del año en cita18, corrió traslado a las partes, y al Ministerio
Público, por el término común de diez (10) días para presentar, por escrito, los
alegatos de conclusión. Vencido el término, el Ministerio Público no rindió concepto,
mientras que la parte demandada allegó el escrito contentivo de alegatos19, en los
que reiteró, en síntesis, los argumentos esgrimidos en el recurso de alzada. Aunado
a ello, reprochó la condena en costas adoptada por el Tribunal, en el entendido que,
para su imposición, no se tuvo en cuenta la conducta desplegada por la entidad.
34. Finalmente, una vez reintegrada la Sala de Subsección, y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 116 del CPACA, mediante auto del doce (12) de marzo de
dos mil veintiséis (2026)20, el despacho sustanciador avocó conocimiento del caso.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
13
Folios 1-21 del Cuaderno Nº. 1.
14
Folio 363 del Cuaderno Nº. 1.
15
Folios 365-366 del Cuaderno Nº. 1.
16
Índice 00028 del Samai.
17
Dr. Miguel Árcangel Villalobos Chavarro.
18
Índice 00034 del Samai.
19
Índice 00039 del Samai.
20
Índice 00054 del Samai.
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35. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 21 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico.
36. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:
(i) ¿La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Nariño profirió un
fallo extra petita, al ordenar, a título de restablecimiento del derecho, el
reconocimiento de la prima especial de servicios del 30% como un
incremento del salario básico, desde el primero (1º) de agosto de mil
novecientos noventa y dos (1992), fecha de vinculación de la señora Cruz
Adriana Cervantes Alomia a la Rama Judicial?
(ii) ¿El A-quo desconoció la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019), proferida por la Sala Plena de Conjueces de la Sección
Segunda, así como, la norma que regula la prima especial de servicios,
al dotarla de carácter salarial
(iii) ¿Operó la prescripción de los derechos reclamados por la parte actora,
en los términos señalados por la entidad recurrente?
(iv) ¿Resulta procedente la revocatoria de la condena en costas en primera
instancia, en la medida en que no obra prueba de una conducta temeraria
o de mala fe de la parte vencida que las justifique?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial.
2.3.1. Alcance de la competencia del Gobierno Nacional para regular el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.
21
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”
12
Número Interno: 6607-2019
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37. El artículo 150 de la Constitución Política señala que, le corresponde al
Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, ejercer distintas
funciones, entre las que se destaca la relacionada en el numeral 19, literal e),
ibidem, del siguiente tenor: “dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y
criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos (…) e) fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza
Pública.” Este esquema se materializa a través de las denominadas leyes marco, en
virtud de las cuales se le reserva al Congreso de la República la determinación de
la política general, y al Ejecutivo, por su parte, la regulación particular de la materia,
así como su aplicación concreta -vía decreto-22.
38. Al respecto, se ha dicho que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades
derivadas del artículo 150.19 Constitucional (distintas a la prerrogativa prevista en
el artículo 189.11 superior), y con observancia de los criterios definidos por el
legislador en la ley marco, asume una potestad reglamentaria especial 23 , con
arreglo a la cual regula una materia, al amparo de un amplio margen de decisión,
restringido por los principios, parámetros y directrices generales que impone el
legislador24. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que, entre la
potestad reglamentaria del ejecutivo, y la extensión de la ley habilitante, existe una
relación inversamente proporcional, puesto que “ante menos cantidad de materia regulada
en la ley, existe un mayor campo de acción para el ejercicio de la potestad reglamentaria”25.
39. Este tránsito hacia un modelo de competencia compartida condujo al fenómeno
jurídico de la “deslegalización”. Bajo la vigencia de la reforma constitucional de 1968,
materias como las escalas de remuneración eran de reserva legal estricta. Sin
embargo, con la Carta de 1991, estos asuntos pasaron a la órbita administrativa
regulada por el ejecutivo26. Como se explica en la sentencia C-402 de 2013, esta
potestad regulatoria habilita al Gobierno Nacional para subrogar o sustituir
legislación anterior con fuerza de ley, incluso la expedida con anterioridad a 1991,
siempre que se someta a los criterios definidos en la ley marco correspondiente.
Así, los decretos expedidos por el Gobierno en desarrollo de una ley marco, no se
22
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-465 de 1992.
23
En este sentido se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 17 de septiembre de 2009,
radicación: 2003-0025, reiterada en la sentencia del 8 de junio de 2016, radicación 11001-03-24 000-2009-00241-00, actor:
Luis Fernando Jaramillo Duque.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación: 11001-03- 25-000 2012-00582 00
(2171-2012) acumulado 11001-03-25-000-2015-00544 00 (1501-2015), demandantes: Anderson Velásquez Santos, Sandra
Mercedes Vargas Florián y Álvaro Rueda Celis.
25
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-432 de 2004.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 11001-03-25-
000-2011-00167-00 (0580-11) del 19 de febrero de 2018; C.P. César Palomino Cortés.
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entienden como los decretos reglamentarios ordinarios del artículo 189, numeral 11,
sino actos administrativos de carácter general que cumplen un mandato
constitucional directo de completar la ordenación de la materia27.
40. En concordancia con lo expuesto, la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-027-CE-S2-2022 del doce
(12) de mayo de dos mil veintidós (2022), señaló que, la razón de asimilar esta
dinámica normativa (es decir, la potestad reglamentaria que subyace a la ley) está
radicada en la necesidad de regular ciertas materias, dentro de ellas, el tema
prestacional y salarial de los servidores públicos, de una manera flexible que permita
responder eficiente y rápidamente a situaciones cambiantes, que se podrían ver
amenazadas por la falta de dinamismo que supone el trámite legislativo28.
41. Con el propósito de materializar el mandato contenido en el artículo 150,
numeral 19, literal e), de la Constitución Política, el legislador expidió la Ley Marco
4ª de 199229, en virtud de la cual, se señalaron los objetivos y criterios que debe
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de
los sujetos contemplados en el artículo 1º ejusdem, a saber, los empleados públicos
de la Rama Ejecutiva del orden nacional, sin distingo del sector, régimen o
denominación; los empleados del Congreso, la Rama Judicial, el Ministerio Público,
la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General
de la República; los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.
42. Conviene precisar que, de acuerdo con los aportes recogidos en la sentencia C-
244 de 2013, la expresión “régimen salarial”, a la que se alude, corresponde al género
que comprende todos los derechos laborales, mientras que el “ salario” es sólo una
especie dentro de aquél. Ello faculta al Gobierno para establecer beneficios o primas
que, aunque incrementen el ingreso disponible del trabajador, no tengan
necesariamente incidencia en la liquidación de todas las prestaciones sociales.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 25000-23-42-
000-2015-06489-01(0340-20) del 09 de septiembre de 2021; C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 12 de mayo
de 2022, Rad. No. 05001-33-33-000-2013-01009-01(2263-2018).
29
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y
para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
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43. Dicha providencia precisó que, el concepto de salario, no implica el
reconocimiento automático que todo pago deba ser considerado base para el
cálculo de prestaciones sociales. Por el contrario, el ordenamiento jurídico permite
la creación de bonos, primas o beneficios que aumenten el ingreso disponible del
trabajador, pero a los cuales se les niegue impacto sobre la carga prestacional30.
44. Como se anticipó, el artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 definió los objetivos y
criterios que el Gobierno debe tener en cuenta para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los servidores antes mencionados, los cuales corresponden a:
“ARTÍCULO 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes
objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen
general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus
salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte
del Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones
predominantes en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las
calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional,
asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la
Organización Electoral;
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales y/o
específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la equidad,
productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;
ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de localización, de
vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama Legislativa.”
45. A su turno, el artículo 3º de la Ley Marco de la referencia señaló los elementos
estructurales del sistema salarial de los servidores públicos, esto es, los pilares que
lo integran, al indicar que, “(…) el sistema salarial de los servidores públicos estará integrado
por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se
deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos”.
46. Por otra parte, vale la pena destacar que, en el artículo 10º ibidem, la Ley 4ª de
1992 dispuso que, todo régimen salarial o prestacional que se establezca
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia Rad. 11001-03-25-
000-2014-00103-00(0209-14) del 30 de septiembre de 2021; C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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contraviniendo las disposiciones contenidas en la misma, o en los decretos que dicte
el Gobierno, “carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos ”. Este precepto
reafirma la competencia concurrente entre el legislador y el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, en el
entendido que, mientras el Congreso de la República define los objetivos y criterios
generales, el Gobierno regula los aspectos específicos, sin que, a través de dicha
facultad reglamentaria especial, le esté permitido desconocer derechos adquiridos,
desmejorar los salarios y prestaciones sociales, soslayar la carrera administrativa,
o inobservar la política macroeconómica y fiscal del país.
2.3.2. De la prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de 1992.
47. En cumplimiento de la mencionada competencia constitucional, el legislador
expidió la Ley 4ª de 1992, la cual, en el artículo 14, creó la prima especial de
servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico,
sin carácter salarial», para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial, y para los jueces de la República, incluidos los
magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de
instrucción penal militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.
48. Valga recordar que, en ese momento, las condiciones salariales y prestacionales
de los servidores de la Fiscalía General de la Nación se encontraba disperso en
distintas normas, como los Decretos 2699 de 1991, y 1730 y 1077 de 1992. Sin
embargo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 53 del siete (7) de enero de mil
novecientos noventa y tres (1993), que instauró un nuevo régimen para quienes se
vincularan a partir de su entrada en vigor o se acogieran voluntariamente a éste.
49. Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 extendió la prima especial
de servicios a «[…] los fiscales de la Fiscalía General de la Nación», mientras que la Ley
476 de 1998 aclaró que la excepción de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
«[…] no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala
salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho
decreto», por lo que estos servidores tienen derecho a recibir la aludida prima
especial, la cual, fuerza iterar, tiene carácter salarial para efectos de la
determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.
16
Número Interno: 6607-2019
Demandante: Cruz Adriana Cervantes Alomia
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50. La naturaleza y liquidación de la asignación bajo examen ha sido materia de
estudio por el Consejo de Estado en varias ocasiones. Al respecto, en la sentencia
del tres (3) de marzo de dos mil cinco (2005), la Sección Segunda declaró la nulidad
del artículo 6º del Decreto 53 de 1993, al estimar que «[…] no le era dable al Gobierno
Nacional, invocando como sustento las disposiciones contenidas en [la Ley 4ª de 1992], otorgar, por
medio de la norma enjuiciada, el carácter de prima especial de servicios al 30% del salario básico
mensual fijado […] para los servidores de la Fiscalía […]».
51. A su turno, la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda de esta
Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del dos (2) de septiembre
de dos mil diecinueve (2019), analizó la naturaleza y alcance de la prima especial
de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, precisando que
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un
aumento en la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse,
en ningún caso, como un elemento de deducción que afecte negativamente los
derechos del trabajador. En el citado pronunciamiento, se ratificó que: (i) la prima
especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de
los servidores públicos beneficiarios de ésta; (ii) sólo constituye factor salarial para
efectos de la pensión de jubilación; y (iii) todos los beneficiarios tienen derecho a
percibirla como un incremento del salario básico, sin que en ningún caso supere el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno, atendiendo el cargo correspondiente.
52. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo
en el sub-lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces,
de la Sección Segunda de la Corporación, en la precitada sentencia:
1) La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.
2) Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
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Número Interno: 6607-2019
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Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3) Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100%
de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que
había sido excluido a título de prima especial.
4) Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
al límite del 80%, en ningún caso, su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5) Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y, a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3) años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
6) La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar, en ningún caso, el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente
los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas de la República, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso
y un techo.
53. Asimismo, la mencionada sentencia reiteró que dicha prima solo tiene carácter
salarial para efectos del cálculo de los aportes al sistema pensional, pero no
constituye factor para la liquidación de las demás prestaciones sociales, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 332 de 1996. De igual manera, la Sala Plena
de Conjueces, fijó una regla clara respecto de la prescripción de las acreencias
derivadas de la prima especial de servicios, en los siguientes términos31: “Para la
contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios se tendrá en
cuenta, en cada caso, la fecha de presentación de la reclamación administrativa y, a partir de allí, se
reconocerá hasta tres (3) años atrás, nunca más atrás”. En igual sentido, precisó que32:
“La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se extingue en
un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el derecho reclamado se hace
exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación efectuada
por el trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del Decreto
1848 de 1969”.
54. En la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil nueve (2009)33, el Consejo
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 19 de marzo
de 2026, radicado25000-23-42-000-2016-03377-02 (6248-2019), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero
del 2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De
Castellanos (Conjuez).
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Demandante: Cruz Adriana Cervantes Alomia
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de Estado determinó que, en materia de la prima especial de servicios, consagrada
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción debe computarse de manera
retroactiva desde la fecha de presentación de la reclamación administrativa, y en
los términos del citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha
de exigibilidad del derecho. Valga anotar que, en materia de prescripción, no ocurre
lo mismo respecto de los aportes pensionales, puesto que, tales cotizaciones
constituyen un deber de tracto sucesivo del empleador que se relaciona de manera
directa tanto con el derecho fundamental a la seguridad social previsto en el artículo
48 constitucional,34 como con los principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio
pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad, y con la sostenibilidad fiscal
del sistema de seguridad social en pensiones.
55. En tal sentido, esta Corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo, o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción,
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, comoquiera que ello podría generar inseguridad sobre la cobertura
del riesgo de vejez del trabajador.
56. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales opera a los tres (3) años
desde su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo
102 del Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso con la
reclamación administrativa. En relación con la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Consejo de Estado ha puntualizado que la
prescripción se cuenta retroactivamente desde la reclamación, tomando como punto
de partida la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 57 de 1993, y
no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los decretos salariales. En
contraste, la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por tratarse de una
obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la seguridad social y
a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, como se expuso ut supra35.
57. Con fundamento en los derroteros trazados en las citadas sentencias y en la
norma aplicable, se procede a decidir el presente caso.
34
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de marzo
de 2026, radicado 15001-23-33-000-2016-00018-02 (2873-2020), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
19
Número Interno: 6607-2019
Demandante: Cruz Adriana Cervantes Alomia
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
2.4. Hechos probados.
58. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dossier procesal, la Sala
encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:
a) Mediante petición del veinte (20) de mayo de dos mil catorce (2014) 36 , la
demandante le solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial: (i) la
reliquidación y pago del salario básico mensual devengado como funcionaria
judicial, adicionando mes a mes y como mínimo el 30% de aquel, “ proporción que la
administración de forma habitual ha venido descontando del salario básico por concepto de prima
especial de servicios”; (ii) la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en
cuenta el 100% del salario básico; e (iii) incluir dentro de la reliquidación de las
prestaciones sociales el 30% de la prima especial de servicios adicional al ingreso
mensual fijado por el Gobierno, dotándole de carácter salarial al emolumento.
b) Por medio de la Resolución Nº 2044 del tres (3) de julio de dos mil catorce
(2014)37, notificada el dos (2) de septiembre del año en cita, la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Pasto, negó las solicitudes de la señora Cruz Adriana
Cervantes Alomia, oportunidad en la cual se le indicó a la peticionaria que: “ En ese
orden de ideas, debe informarse a la parte peticionaria que, si bien se ha constatado que el 29 de
abril de 2014 se emitió sentencia por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro de la acción
de nulidad, Exp. Nº. 11001032500020070008700, esta decisión a la fecha no se encuentra en firme,
pues ha sido solicitada su aclaración por una de las partes en dicha controversia judicial (…) Es
importante advertir que, como la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad de diversos
decretos salariales del Gobierno Nacional, aún no está en firme, la solicitud que ahora se resuelve
no tiene fundamento jurídico definitivo”. Contra la anterior decisión, la parte interesada
interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación.
c) Mediante la Resolución Nº 2713 del treinta (30) de septiembre de dos mil catorce
(2014), la entidad negó el recurso de reposición y, a su turno, concedió el recurso
de apelación ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Así, en virtud
de la Resolución Nº 4112 del primero (1º) de julio de dos mil quince (2015) 38, la
referida Dirección confirmó en todas sus partes el acto administrativo primigenio.
Para el efecto, manifestó que: “Se concluye entonces de lo plasmado en precedencia, que la
Seccional de Administración Judicial le ha cancelado a la funcionaria judicial, en su condición de juez
de la república vinculada a despachos adscritos a esa sede, del 22 de enero de 2009 y hasta la
36
Folios 14-22 del Cuaderno Nº. 1.
37
Folios 23 y siguientes del Cuaderno Nº. 1.
38
Folios 26 y siguientes del Cuaderno Nº. 1.
20
Número Interno: 6607-2019
Demandante: Cruz Adriana Cervantes Alomia
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
fecha, la remuneración y las prestaciones sociales de acuerdo a la normatividad vigente en cada
anualidad, normas que si bien es cierto del año 1993 al 2007 fueron declaradas nulas en los apartes
concernientes a la prima especial mensual del 30%, en fallo de nulidad simple, del año 2008 a la
fecha siguen vigentes y no han sido objeto de decisión alguna de la jurisdicción (…)”. La decisión
en comento fue notificada el cinco (5) de noviembre de dos mil quince (2015)39.
d) De acuerdo con la certificación expedida el catorce (14) de abril de dos mil
dieciséis (2016) 40 por el área de talento humano de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Pasto, la señora Cruz Adriana Cervantes Alomia se
vinculó a la Rama Judicial desde el primero (1º) de agosto de mil novecientos
noventa y dos (1992), fecha para la cual empezó a ostentar el cargo de oficial mayor,
en provisionalidad, y, solo hasta el veintidós (22) de enero de dos mil nueve (2009),
se registra su vinculación en propiedad como juez segunda administrativo de Pasto.
e) Mediante la certificación del siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016)41, la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto hizo constar que la señora
Cruz Adriana Cervantes Alomia “presta sus servicios en la Rama Judicial desde el 1º de agosto
de 1992 y en la actualidad desempeña el cargo de juez del circuito grado 00, ejerciendo sus funciones
en propiedad, mediante Resolución Nº. 99, perteneciente al régimen salarial acogido ”.
f) Al plenario se aportaron las siguientes pruebas documentales: (i) por un lado, la
certificación de pagos y descuentos, para el período comprendido entre enero de
dos mil nueve (2009) y diciembre de dos mil diez (2010); y (ii) por el otro lado, el
39
Folio 35 del Cuaderno Nº. 1.
40
Folios 36 del Cuaderno Nº. 1.
41
Folio 37 del Cuaderno Nº. 1.
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informe de acumulados con la relación de conceptos y períodos (del 2011 al 2016).
2.5. Análisis del caso concreto.
59. En el asunto sub examine, la parte actora pretende la nulidad de los actos
administrativos contenidos en las Resoluciones Nº 2044 del tres (3) de julio de dos
mil catorce (2014), expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Pasto, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la diferencia
salarial y prestacional derivada de la prima especial de servicios; Nº 2713 del treinta
(30) de septiembre de esa anualidad, a través de la cual, se resolvió el recurso de
reposición; y la Nº 4112 del primero (1º) de julio de dos mil quince (2015), en virtud
de la cual, al desatarse el recurso de apelación, se confirmó el acto primigenio.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó el reconocimiento de la prima especial
de servicios del 30%, como un incremento o adicional al salario básico, “desde la fecha
de vinculación como funcionaria judicial, y hasta su inclusión efectiva en nómina ”, así como, la
reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta el 100% del salario.
60. Con base en las pruebas que fueron recaudadas, la Sala de Conjueces del
Tribunal Administrativo de Nariño declaró la nulidad de los actos enjuiciados y, en
tal virtud, ordenó el reconocimiento y pago de “la diferencia mensual que resulte de la
liquidación cabal de los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social durante todo
el tiempo de su vinculación como funcionaria judicial y hacia el futuro, teniendo en cuenta la prima
especial del 30% sobre el 100% del salario básico, de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
con retroactividad al 1º de agosto de 1992, fecha de vinculación a la Rama Judicial en adelante ”. En
adición, encontró no probada la excepción de prescripción trienal, así como, los
demás medios exceptivos formulados por la entidad demandada, a la que condenó
en costas. Frente a los entes vinculados, declaró la falta de legitimación en la causa.
61. Inconforme con la decisión de primera instancia, la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial interpuso recurso de apelación, con
arreglo al cual solicitó revocar el fallo impugnado. Para sustentar la alzada, expuso
los siguientes motivos de inconformidad: (i) el A-quo excedió la órbita decisional al
reconocer la prima especial de servicios desde el primero (1º) de agosto de mil
novecientos noventa y dos (1992), fecha de vinculación de la actora a la Rama
Judicial, cuando ostentaba el cargo de oficial mayor, y no de juez de la República,
siendo este último uno de los cargos que genera el beneficio a dicho emolumento,
y que ejerció desde dos mil nueve (2009); (ii) se desconoció el precedente frente a
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la prima especial de servicios y el carácter salarial del que adolece, salvo para
efectos pensionales, como se sostuvo -entre otras- en la sentencia del dos (2) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019); y (iii) el juez de primer grado omitió
adelantar un estudio sobre la prescripción, con sujeción al Decreto 3135 de 1968.
62. Para efectos metodológicos, se abordarán los reparos antes expuestos en el
precisó orden en el que fueron relacionados en el recurso de apelación.
2.5.1. Del derecho a la prima especial de servicios.
63. De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, la Sala encuentra acreditado
que, aunque la señora Cruz Adriana Cervantes Alomia se vinculó a la Rama Judicial
el primero (1º) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992), lo cierto es que,
sólo hasta el veintidós (22) de enero de dos mil nueve (2009) asumió -en propiedad-
el cargo de juez segundo administrativo del circuito judicial de Pasto, como consta
en la certificación expedida el catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016)42 por
el área de talento humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Pasto. Durante el período comprendido entre mil novecientos noventa y dos (1992)
y el dos mil nueve (2009), la demandante ejerció el cargo de oficial mayor, secretaria
y relatora de Tribunal y, sólo hasta ese último año (enero de 2009), desempeñó el
cargo de juez, dignidad que, para la fecha de presentación de la demanda, todavía
ostentaba, haciendo constar que hacía parte del régimen de acogidos.
64. En este punto, debe recordarse que, de acuerdo con la sentencia del dos (2) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019)43, proferida por la Sala Plena de Conjueces
de la Sección Segunda de esta Corporación, la prima especial de servicios es un
incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos
beneficiarios de esta, entre los que se encuentran, al amparo del artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992, “los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para
los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de
salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993 ”.
En consecuencia, los beneficiarios a los que se aludió en precedencia, tienen
derecho, en los términos del precedente, al reconocimiento y pago de las diferencias
42
Folios 36 del Cuaderno Nº. 1.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda, sentencia del
2 de septiembre de 2019, Rad. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), C.P. Carmen Anaya de Castellanos.
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que, por concepto de la prima, resulten a su favor, advirtiendo que la prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación, como en efecto se dispuso en la Ley 332 de 1996.
65. En punto al carácter salarial limitado del emolumento, esto es, el circunscrito a
los aportes al sistema integral de seguridad social en pensiones, esta Sección, en
la sentencia del quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020), reiteró que la
prestación en comento sólo se considera factor salarial para efectos pensionales,
de manera que su reconocimiento en otros ámbitos entraña el desconocimiento del
marco legal y excede la voluntad del legislador. Esta línea se acompasa con la tesis
que, tiempo atrás, respaldó la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996,
en la cual se declaró exequible la expresión “sin que constituya factor salarial” contenida
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en el entendido que: “el legislador conserva una
cierta libertad para establecer, que componentes constituyen, o no salario, así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución ”, por lo
que “el considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona
los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial
deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta
de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional”.
66. Con base en lo expuesto, es claro que los beneficiarios de la prima especial de
servicios a la que se refiere el pluricitado artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, tienen
derecho, por un lado, a que se reconozca el emolumento como un incremento o
adicional al salario básico, sin que sea dable fraccionar la asignación o, en otros
términos, sustraer el 30% del total, y sin que en ningún caso se superen los topes
máximos fijados por el Gobierno Nacional; y, por el otro lado, a que se reliquiden las
prestaciones sociales sobre la base del 100% del salario básico, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial de servicios.
67. En el sub judice, es dable sostener que, durante el período de vinculación de la
demandante a la Rama Judicial, en uno de los cargos que generen el mentado
beneficio, y hasta tanto subsista la misma, le asiste el derecho al reconocimiento y
pago de la diferencia pretendida, esto es, a que se le pague un valor adicional a su
salario básico mensual, equivalente al 30% por concepto de prima especial de
servicios, y a que se reliquiden las prestaciones sociales sobre el 100% de la
asignación (sin sumar ni restar el 30% que, en su momento, se sustrajo del ingreso).
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68. No obstante, observa la Sala que, en el fallo apelado, el A-quo resolvió que,
como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos acusados, la entidad
demandada debía reconocer y pagar “la diferencia mensual que resulte de la liquidación
cabal de los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social durante todo el tiempo de
su vinculación como funcionaria judicial y hacia el futuro, teniendo en cuenta la prima especial del
30% sobre el 100% del salario básico, de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, con
retroactividad al 1º de agosto de 1992, fecha de vinculación a la Rama Judicial en adelante (sic) ”.
Nótese que, a partir de la orden transcrita, el juez de primer grado reconoció la prima
especial de servicios desde la vinculación de la actora a la Rama Judicial en mil
novecientos noventa y dos (1992), cuando para esa fecha se vinculó en un cargo
que no generaba el beneficio -oficial mayor- y, fuerza decir, cuando todavía no se
había expedido el Decreto 57 de 1993, que reguló aspectos de la Ley 4ª de 1992.
69. Comoquiera que se reconoció la prima especial de servicios por un período que
excedió la vinculación como juez de la República de la señora Cervantes Alomia,
con abierto desconocimiento de lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992, y demás normas
concordantes, el primer reparo del recurso tiene vocación de prosperidad y, en esa
medida, habrá de modificarse el ordinal cuarto de la sentencia, en los términos en
los que se precisará ut infra, teniendo en cuenta, para todos los efectos, el período
en el que ha ejercido el cargo de juez, y aquellos en los que, eventualmente,
desempeñe algún otro que la haga destinataria de la prima especial de servicios.
2.5.2. Del carácter salarial limitado de la prima especial de servicios.
70. La entidad demandada reprochó que el fallo de instancia se apartara del
precedente antes referido, específicamente, a efectos de advertir que la prima
especial de servicios no constituye factor salarial, salvo en materia pensional. Si
bien el Tribunal Administrativo de Nariño resaltó -en la parte motiva- que la prima
especial de servicios ostentaba carácter salarial para todos los efectos,
consideración que sustentó en la sentencia del dos (2) de abril de dos mil nueve
(2009), proferida por esta Corporación, lo cierto es que, en la parte resolutiva, no se
reprodujo con precisión ese mismo entendimiento, pues, el restablecimiento se
limitó a reconocer la diferencia mensual de los salarios, prestaciones y aportes a
seguridad social, teniendo en cuenta la prima especial del 30%.
71. Sin perjuicio de lo anterior, y con miras a precisar la naturaleza y alcance del
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emolumento bajo examen, se precisará que la prima especial de servicios a
reconocer no goza de carácter salarial, salvo para efectos pensionales, en armonía
con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992, la Ley 332 de 1996, y con estricto apego a
las reglas prohijadas en la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve
(2019), y en la sentencia C-279 de 1996 (de la Corte Constitucional).
2.5.3. De la prescripción de las sumas reclamadas.
72. Finalmente, la entidad apelante expuso que el juez de primera instancia omitió
analizar el fenómeno prescriptivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968. Al respecto, resalta la Sala que, en la sentencia recurrida,
se reconocieron las diferencias reclamadas “con retroactividad al 1º de agosto de 1992”,
es decir, sin que se haya advertido la configuración de la prescripción trienal.
73. Valga anotar que, en la ya citada sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019), se estableció que, para la contabilización de la prescripción del
derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso
la fecha de presentación de la reclamación administrativa y, a partir de allí, se
reconocerá hasta tres (3) años atrás, nunca más atrás, atendiendo a lo preceptuado
por el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
74. En el caso de autos, está probado que, mediante petición del veinte (20) de
mayo de dos mil catorce (2014)44, la demandante le solicitó a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial la reliquidación y pago de la prima especial de servicios.
De ahí que, teniendo en cuenta el término de prescripción trienal, se tiene que las
sumas causadas con anterioridad al veinte (20) de mayo de dos mil once (2011) se
encuentran afectadas por tal fenómeno, circunstancia que impone modificar el fallo
de primera instancia, en orden a declarar probada la prescripción, salvo para los
aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, dado su carácter
irrenunciable 45 e imprescriptible 46 , y al deber que le asiste a las autoridades
judiciales de evitar que se vulnere el derecho fundamental a la seguridad social.
44
Folios 14-22 del Cuaderno Nº. 1.
45
Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios mínimos
fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales».
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, rad.
núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable
aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las
prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener
el carácter de emolumentos económicos temporales».
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75. A partir de las consideraciones expuestas, la Sala modificará los ordinales
tercero, cuarto y sexto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia,
como se pasa a explicar. En punto al ordinal tercero, se suprimirá la expresión “ y los
que hacia futuro regulen la remuneración de los funcionarios judiciales ”, teniendo en cuenta que
la inaplicación de los decretos señalados por el A-quo, bajo la égida de la excepción
de inconstitucionalidad, no puede ampliarse ilimitadamente a actos administrativos
que no han nacido a la vida jurídica, y cuyo contenido no ha sido objeto de análisis
y confrontación con las garantías, mandatos y principios del articulado superior.
76. En el ordinal cuarto, se dispondrá que, como consecuencia de la declaratoria de
nulidad de los actos enjuiciados, la entidad demandada reconozca y pague, a favor
de la demandante, la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992, sin carácter salarial -salvo para efectos pensionales-, equivalente al
treinta por ciento (30%) de la totalidad de la remuneración mensual, esto es, como
un incremento o adición al ingreso mensual, desde el veinte (20) de mayo de dos
mil once (2011), y durante el período en que se presentó -o se presente- la indebida
aplicación sobre la naturaleza y el alcance de dicho emolumento, es decir, al
haberse deducido en igual porcentaje de la asignación, y mientas ocupe un cargo
que la haga beneficiaria de la prima especial en comento. Asimismo, la entidad
deberá proceder con la reliquidación y pago de las prestaciones sociales, incluidas
las cesantías, y con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima
especial de servicios, a partir de la fecha antes anotada -por prescripción trienal- y
hasta que ocupe el cargo que le otorga el derecho a tal beneficio.
76.1. En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan a favor de la
demandante podrán exceder los topes salariales fijados, año a año, por el Gobierno
Nacional, con observancia de los objetivos y criterios definidos en la Ley 4ª de 1992.
Asimismo, el cumplimiento de la sentencia estará condicionado a que la demandada
no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí
reconocidos, y sin perjuicio de que verifique los pagos realizados, por ejemplo, con
ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio del cual se
establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
77. Por último, se declarará probada la excepción de prescripción de las sumas
causadas con anterioridad al veinte (20) de mayo de dos mil once (2011), salvo para
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los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, dado su carácter
irrenunciable e imprescriptible. En ese sentido, se ordenará a la entidad demandada
a que los aportes a seguridad social en pensiones se realicen desde la fecha de
vinculación al cargo de juez, esto es, desde el veintidós (22) de enero de dos mil
nueve (2009), y hasta cuando se demuestre la subsistencia del vínculo que le
otorgue tal derecho, teniendo en cuenta como ingreso base de liquidación el 100%
del salario básico mensual, más el 30% correspondiente a la prima especial de
servicios. Dichos aportes serán respecto de las diferencias derivadas entre lo
efectivamente pagado y lo que debió pagarse por el referido concepto.
78. Finalmente, la Sala revocará el ordinal octavo, relacionado con la condena en
costas, al no acreditarse una conducta temeraria o de mala fe de la parte vencida.
Al respecto, la Sala resalta que, al acudir a un juicio de ponderación subjetiva,
respecto de la conducta procesal asumida por las partes y, en especial, de la parte
vencida, se evidencia que no existieron actuaciones irregulares o dilatorias que,
premeditadamente, buscaran entorpecer u obstaculizar el curso normal de las
distintas etapas del proceso, por lo que no se advierten causadas las costas.
2.6. Conclusiones
79. Con fundamento en las pruebas que fueron valoradas conjunta e integralmente,
y al amparo del marco normativo y jurisprudencial expuesto, la Sala confirmará
parcialmente la sentencia apelada, salvo el ordinal octavo de la parte resolutiva que
se revoca, y los ordinales tercero, cuarto y sexto que se modifican, en orden a: (i)
precisar la fecha del reconocimiento de la prima especial de servicios y el alcance
del restablecimiento del derecho; (ii) declarar la prescripción extintiva de las sumas
causadas con anterioridad al veinte (20) de mayo de dos mil once (2011), salvo los
aportes a pensión, dada su naturaleza irrenunciable e imprescriptible; y (iii) frente a
estos últimos, ordenar su reconocimiento durante todo el tiempo de vinculación en
el cargo que genere el beneficio de la prima especial. Además, se puntualiza que:
en ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan a favor de la demandante
podrán exceder los topes salariales fijados, año a año, por el Gobierno Nacional, y
que el cumplimiento de la sentencia está supeditado a que no se hayan efectuado
reconocimientos por los mismos conceptos adoptados en la presente sentencia.
2.7. Condena en costas.
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Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del veinte (20) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces del
Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual, se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, atendiendo a las razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO. MODIFICAR los ordinales tercero, cuarto y sexto de la parte resolutiva
de la sentencia de primera instancia, de conformidad con los motivos expuestos.
TERCERO. INAPLICAR por inconstitucionales, y por extensión de la nulidad dictada por
el Consejo de Estado en la sentencia del 29 de abril de 2014, Expediente Nº. 1001-03-
25-000-2007-00087-00, el contenido de los Decretos 658 del 4 de marzo de 2008, art.
6; 723 del 6 de marzo de 2009, art. 8; 1388 del 26 de abril de 2010, art. 8; 1039 del 4 de
abril de 2011, art. 8; 0874 del 27 de abril de 2012, art. 8; 1024 del 21 de marzo de 2013,
art. 8; y 194 del 7 de febrero de 2014, art. 8, en el orden que atenten contra el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992.
CUARTO. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, a reconocer y pagar a favor de la demandante, la señora
Cruz Adriana Cervantes Alomia, la prima especial de servicios prevista en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992, sin carácter salarial, salvo para efectos pensionales, equivalente
al treinta por ciento (30%) de la totalidad de la remuneración mensual, esto es, como un
incremento o adición al ingreso mensual, desde el 20 de mayo de 2011, y durante el
período en que se presentó -o se presente- la indebida aplicación sobre naturaleza y el
alcance de dicho emolumento, es decir, al haberse deducido en igual porcentaje de la
asignación, y mientas ocupe un cargo que la haga beneficiaria de la prima especial en
comento. Asimismo, la entidad deberá proceder con la reliquidación y pago de las
prestaciones sociales, incluidas las cesantías, con la inclusión del 30% que había sido
excluido a título de prima especial de servicios, a partir del 20 de mayo de 2011 -por
prescripción trienal- y hasta que ocupe el cargo que le otorga el derecho a tal beneficio.
En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan a favor de la demandante
podrán exceder el tope salarial fijado por el Gobierno nacional.
El cumplimiento de la presente sentencia está condicionado a que la demandada no
haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí
reconocidos y sin perjuicio de que verifique los pagos realizados, por ejemplo, con
ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, por medio del cual se establece
la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
29
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Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
(…)
SEXTO. DECLARAR probada la excepción de prescripción de las sumas causadas con
anterioridad al 20 de mayo de 2011, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva,
salvo para los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, dado su
carácter irrenunciable e imprescriptible. En ese sentido, se ORDENA a la entidad
demandada a que los aportes a seguridad social en pensiones se realicen desde la
fecha de vinculación al cargo de juez, esto es, desde el 22 de enero de 2009, y hasta
cuando se demuestre una vinculación que le otorgue tal derecho, teniendo en cuenta
como ingreso base de liquidación el 100% del salario básico mensual, más el 30%
correspondiente a la prima especial de servicios. Dichos aportes serán respecto de las
diferencias derivadas entre lo pagado y lo que debió pagarse por el referido concepto.
TERCERO. REVOCAR el ordinal octavo de la sentencia apelada, relativo a la
condena en costas, por las consideraciones señaladas en la parte motiva.
CUARTO. Sin condena en costas en ambas instancias.
QUINTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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