Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00342-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00342-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2016-00342-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00342-01 (2310-2019)
Demandante: Carlos Augusto Burbano Guerrero
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculaciones como docente
alfabetizador y nacionalizado. Condena en costas. CONFIRMA
SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho (2018) por
el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual accedió a las pretensiones
de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor CARLOS AUGUSTO BURBANO GUERRERO instauró demanda en
contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de las Resoluciones, (i) RDP 002162 del 25 de enero de
2016; y (ii) RDP 016586 del 22 de abril de 2016, por medio de las cuales se negó el
reconocimiento de la pensión gracia y se desató desfavorablemente el recurso de
apelación interpuesto contra el primer acto administrativo enunciado.
1 Folios 1 a 2.
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Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y
pagar al accionante la mencionada prestación en cuantía equivalente al 75% del
promedio salarial mensual devengado en el año anterior a la consolidación del
estatus pensional ocurrida el 16 de abril de 2011 y con efectividad desde esa misma
fecha. Que las sumas adeudadas por este concepto sean debidamente indexadas.
Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo
en los términos de los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera.
Que el señor Carlos Augusto Burbano Guerrero nació el 16 de abril de 1961. Que
en su vida laboral estuvo vinculado al magisterio desde el 1º de marzo de 1979
hasta el 29 de enero de 1980 como docente del programa alfabetizador en el Centro
Agualongo del municipio de Pasto. Posteriormente tuvo una vinculación desde el 22
de mayo de 1985 y al menos hasta el 25 de mayo de 2016 cuando se radicó la
demanda y aún permanecía activo, ello como educador oficial nombrado en
propiedad para ejercer su labor inicialmente en la Escuela Rural “El Olivo” del
municipio de Arboleda (Nariño).
Que el 4 de septiembre de 2015, la parte actora solicitó ante Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP) el reconocimiento y pago de la pensión gracia, a lo cual dicha entidad
expidió la Resolución RDP 002162 del 25 de enero de 2016 con la que negó la
prestación.
Que el accionante presentó recurso de apelación contra el anterior acto
administrativo, el cual fue resuelto a través de las Resolución RDP 016586 del 22
de abril de 2016 siendo confirmada la decisión inicial.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 20 de septiembre de 20163 y notificada
a la UGPP4, quien presentó memorial de contestación5, el cual se consideró como
no presentado al no haber sido suscrito por el apoderado que afirmaba representar
2 Folios 2 a 3.
3 Folios 42 a 47.
4 Folio 51.
5 Folios 246 a 249.
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a dicha entidad, tal como se estimó en la audiencia inicial en la que tampoco se
emitió pronunciamiento sobre las excepciones por esta misma razón.6
En dicha diligencia el tribunal fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda
y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no
existía ánimo conciliatorio entre las partes, se efectuó el decreto de pruebas
conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011, e inmediatamente se
constituyó en audiencia de pruebas7 en la que se incorporaron las pruebas
documentales aportadas, considerándose que había terminado con el recaudo de
todos los medios de convicción, por lo que se dispuso presentar alegatos de
conclusión de conformidad al artículo 181 del CPACA.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8
El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia del 17 de octubre de 2018
accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de declarar la nulidad de
los actos reprochados, y por lo tanto, condenar a la UGPP a reconocer la pensión
gracia a favor del reclamante con efectividad desde el 16 de abril de 2011, pero con
efectos fiscales desde el 4 de septiembre de 2012 por prescripción de mesadas.
Igualmente, ordenó a la parte pasiva pagar las costas en virtud del criterio objetivo
derivado de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP al haberse causado
agencias en derecho.
Para lo anterior argumentó que, si bien es cierto la Resolución 044 del 05 de marzo
de 1979 fue expedida por el gobernador del departamento de Nariño, se advierte
que dicho acto administrativo también fue suscrito por el delegado del Ministerio de
Educación, situación que en principio haría que la vinculación del accionante al
servicio docente sea de carácter nacional. Sin embargo, debe acogerse el criterio
de unificación del Consejo de Estado en sentencia del 21 de junio de 2018, según
el cual no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convirtieran en educadores nacionales solo por acreditarse dicha intervención de la
mentada cartera gubernamental.
Que siendo así, el tiempo de vinculación del señor Carlos Augusto Burbano
Guerrero como docente, en vigencia del acto administrativo de nombramiento para
el periodo comprendido entre el 5 de marzo de 1979 y el 29 de enero de 1980, debe
ser computado para efectos de reconocimiento de pensión gracia en su favor.
Que con fundamento en la vinculación posterior desde el 22 de mayo de 1985 y por
lo menos hasta el 13 de agosto de 2015, la cual también es de carácter
nacionalizada, se encuentra probado que el demandante se desempeñó como
6 Folios 292 a 295.
7 Folios 295 vuelto a 296.
8 Folios 331 a 348.
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docente por un lapso de 31 años, 1 mes y 11 días, de manera que se logra
establecer que aquel cuenta con más de 20 años de servicio, y su primer relación
legal y reglamentaria se produjo con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
Que a pesar de que según la certificación expedida por la subsecretario
administrativo y financiero de la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, se
probó en el proceso que los emolumentos laborales del actor se pagaron con
recursos del presupuesto nacional para el sector educativo a través del Sistema
General de Participaciones de la Nación, tal situación no es óbice para desestimar
los periodos laborados en virtud de un vínculo nacionalizado, pues el hecho de que
los pagos de emolumentos provinieran de la Nación a través de transferencias no
conlleva la desnaturalización del nombramiento, tal como se señaló en la referida
sentencia de unificación.
Que en tal sentido, se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos enjuiciados, toda vez que se demostró que el demandante fue
vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, adquirió su status pensional
el 16 de abril de 2011, data en la cual cumplió con la edad mínima requerida de 50
años y, según el historial laboral aportado al litigio, cuenta con más de 20 años de
servicio docente de carácter nacionalizado.
EL RECURSO DE APELACIÓN9
La parte demandada en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia, para lo cual sostuvo que, verificado el expediente
administrativo del actor, se advierte que su vinculación no es del orden territorial.
Que para concluir lo anterior se observa que los actos de nombramiento (Decretos
044 del 5 de marzo de 1979 y 342 del 16 de mayo de 1985), aun cuando se
suscribieron por el secretario de educación pública de Nariño y el delegado del
Ministerio de Educación, son provenientes de esta última entidad quien estaba a
cargo para la época del manejo y financiación de los programas de alfabetización y
educación para adultos.
Que en tal sentido, se infiere que los tiempos laborados por el reclamante eran de
carácter nacional y no territorial ni nacionalizado, razón por la cual los períodos
acreditados y la relación legal y reglamentaria que este aduce no pueden ser tenidas
en cuenta para considerar cumplidos los requisitos exigidos en el ordenamiento
jurídico para ser beneficiario de la pensión gracia, más aún cuando se verifica con
certeza que los recursos con los cuales se cancelaron los salarios del accionante,
fueron financiados con recursos de transferencias de la Nación (del situado fiscal
y/o Sistema General de Participaciones).
9 Folios 356 a 358.
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Que debe revocarse la condena en costas de primera instancia, toda vez que el a
quo no aplicó la jurisprudencia del Consejo de Estado que permite analizar la
conducta de las partes para determinar la procedencia de esta carga, esto es, si fue
temeraria o abusiva, lo cual no ocurrió respecto de la actitud desplegada por la
UGPP.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes y el Ministerio Público se abstuvieron de intervenir en esta oportunidad
procesal.10
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter
territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún
período en tal calidad con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Adicionalmente
se deberá verificar si era procedente la condena en costas de primera instancia a
cargo de la parte demandada.
Marco normativo y jurisprudencial
En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló,
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
10 Según constancia secretarial obrante a folio 395 del expediente.
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1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»11. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o
adiciones a los requisitos inicialmente previstos para el efecto.
Por su parte, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como
marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló
en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el
1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
(..)
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Por otro lado, la jurisprudencia de esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199712 señaló,
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201813
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones.
12Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
13 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
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En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza
de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una delegación mediante la cual
dichas autoridades posesionan a los educadores en nombre y representación del
Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de
1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 202214 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial, tal como sucede con el asunto bajo examen en esta
oportunidad.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos.
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
14Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma
Nubia Jiménez Lozano contra la UGPP.
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posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero en ningún caso
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que el señor Carlos Augusto Burbano Guerrero nació el 16 de abril
de 1961,15 de modo que cumplió los 50 años el 16 de abril de 2011.
Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio
del reclamante como docente territorial o nacionalizado, (el cual es punto de debate
en esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor
acreditados en la presente causa judicial.
• Como docente alfabetizador del 1º de marzo de 1979 al 29 de enero de
1980
En primer lugar, conforme al Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral emitido por la Secretaría de Educación del municipio de Pasto el 13
de agosto de 2015,16 se observa que efectivamente el demandante fue nombrado
por el departamento de Nariño mediante Resolución 044 del 5 de marzo de 1979,17
ello a fin de que se desempeñara como docente alfabetizador en el Centro
Agualongo del municipio de Pasto con efectos retroactivos a partir del 1 de marzo
de 1979 y hasta el 29 de enero de 1980, bajo una vinculación que según dicha
prueba documental, se aduce como nacionalizada.
15 De conformidad con el registro civil de nacimiento obrante a folio 27.
16 Folios 28 a 29.
17 Folios 36 a 38.
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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00342-01 (2310-2019)
De hecho, lo anterior se confirma a partir de la certificación suscrita el 13 de octubre
de 2016 por el subsecretario administrativo y financiero de la aludida entidad
territorial,18 así como al verificar el mencionado acto administrativo de
nombramiento del cual se presentan las siguientes imágenes.
18 Folios 144 a 145.
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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00342-01 (2310-2019)
En este orden de ideas, se precisa que la jurisprudencia de esta Corporación ha
sostenido que las tareas desempeñadas por los docentes alfabetizadores para
adultos sí implican el ejercicio de la actividad docente, toda vez que estas se
relacionan con el proceso de educación formal el cual, según se advierte en los
Decretos 128 de 1977 y 2277 de 1979, se encuentran sujetas a la regulación legal
del sistema educativo y a las directrices impartidas por el Ministerio de Educación
Nacional.
Para el efecto, se traen a colación algunos apartados de la sentencia de 6 de julio
de 2017, radicación 4537-1619, en los que esta Sección precisó que:
« (…) En este orden de ideas, se hace necesario señalar que el ejercicio de la
profesión docente lo define el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979, en los siguientes
términos:
“ARTICULO 2o. PROFESION DOCENTE. Las personas que ejercen la profesión
docente se denominan genéricamente educadores.
Se entiende por profesión docente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales
y no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata este Decreto.
Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección
y coordinación de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de
programación y capacitación educativa, de consejería y orientación de educandos,
de educación especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de
educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación nacional, en los
términos que determine el reglamento ejecutivo”.
Por su parte, el Decreto 3011 de 1997 por el cual se establecen normas para el
ofrecimiento de la educación de adultos, señala:
“Artículo 1º. La educación de adultos, ya sea formal, no formal o informal hace parte
del servicio público educativo, y se regirá por lo dispuesto en la Ley 115 de 1994,
sus decretos reglamentarios, en especial los Decretos 1860 de 1994, 114 de 1996
y las normas que los modifiquen o sustituyan y lo previsto de manera especial, en el
presente decreto.
Se regirá igualmente por las disposiciones que para el efecto dicten las entidades
territoriales según sus competencias.
(...)
Artículo 5º. La educación de adultos ofrecerá programas de: 1. Alfabetización. 2.
Educación básica. 3. Educación media. 4. Educación no formal. 5. Educación
informal. ”
De lo anterior se deduce que la educación para adultos, ya sea formal, no formal o
informal hace parte del servicio público educativo, por lo que los educadores
oficiales que prestan allí sus servicios en sus diferentes niveles o modalidades
(alfabetización, educación básica, educación media, etc, incluyendo los cargos
relativos a funciones distintas a la estrictamente educativa, según lo prevé el inciso
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, CP: César
Palomino Cortés. Radicación Número: 52001-23-33-000-2014-00257-01(4537-16)
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segundo del artículo 2º del comentado Decreto 2277 de 1979), están cobijados por
el Estatuto Docente.» .
De igual manera, la Sala resalta que, con posterioridad a la expedición del Estatuto
Docente en 1979, la labor de alfabetización fue definida expresamente en el
parágrafo del artículo 3 del Decreto 0428 del 7 de febrero de 1986 y, a su turno, en
el artículo 6 de Decreto 3011 de 19 de diciembre de 1997. Así las cosas, sin duda
alguna la instrucción en alfabetización implica el ejercicio de la actividad docente
por lo que es posible tenerla en cuenta para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia analizada.
Ahora bien, tal como lo estimó el tribunal de primera instancia, las certificaciones en
comento y la copia del acto de nombramiento del actor para el período bajo estudio,
resultan suficientes para evidenciar la voluntad del nominador frente al
correspondiente empleo, más cuando de estos es posible extraer la fecha exacta
en la que aquella tomó posesión y el momento hasta el cual subsistió el vínculo al
identificarse los extremos temporales de la mencionada relación.
Adicionalmente, para la Sala no existe duda de que la vinculación del demandante
sostenida durante el lapso en mención, lo fue en calidad de docente del orden
nacionalizado pues, en el acto de nombramiento intervino el Delegado Regional del
Ministerio de Educación Nacional ante las Juntas Administradoras de los Fondos
Educativos Regionales y se efectuó cuando estaba en vigencia el proceso de
nacionalización de la educación en virtud de la Ley 43 de 1975, lo cual se ajusta a
la regla jurisprudencial interpretativa en la sentencia de unificación del 21 de junio
de 2018 cuando se indicó lo siguiente:
«[…] se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial antes
del 1.° de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con la
expedición de la Ley 43 de 1975; y (i) los que a partir de esa fecha se hayan
vinculado a una plaza de aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del
aludido proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).»
Aunado a ello, es de precisar que del acto de nombramiento referido, se observa
expresamente que los recursos con los que se remuneró la plaza en cuestión
provenían del Fondo Educativo Regional de Nariño, por lo que es posible extraer
que al ser esta la fuente de financiación del empleo ocupado por el actor, los dineros
provenían del entonces situado fiscal que «le pertenecía[n] de forma exclusiva a los
entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas
endógenas y exógenas»20, lo cual también es indicativo de que la vinculación fue
de naturaleza jurídica nacionalizada, pues en realidad no se aprecia que el
Ministerio de Educación hubiese proferido la decisión en comento por su propia
cuenta o mediante la figura de la desconcentración administrativa para que la
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-
23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014)
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entidad territorial hiciera lo propio a nombre de este, pues tampoco se señala que
el cargo ejercido por el reclamante hubiese pertenecido a la planta de personal de
la referida cartera gubernamental.
De tal manera, los extremos temporales en los que el demandante fungió como
docente alfabetizador nacionalizado, esto es, del 1º de marzo de 1979 al 29 de
enero de 1980 (10 meses y 28 días), deben tenerse en cuenta para computar los
20 años de servicio requeridos para acceder a la pensión gracia, teniendo en cuenta
que, como se dijo, dicho nombramiento fue efectuado por una autoridad del orden
territorial y el servicio docente se prestó antes del 31 de diciembre de 1980 y en
vigencia del proceso previsto en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.
• Del 22 de mayo de 1985 y al menos hasta el 27 de marzo 2017 según
certificado laboral
Por último, según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emitido el 27 d emarzo de 2017 por la Secretaría de Educación Municipal
de Pasto,21 es claro que el reclamante se desempeñó como docente inicialmente en
la Escuela Rural “El Olivo” del municipio de Arboleda desde el 22 de mayo de 1985,
y al menos, hasta la fecha de expedición del mentado documento cuando se indica
que aún seguía activo, trasladado a la primera entidad territorial en mención.
Adicionalmente se observa que en esta prueba se asegura que su vinculación fue
del orden nacionalizado.
Pues bien, la calidad del referido nombramiento y los tiempos de servicio señalados
en dicho documento fueron ratificados a través de las certificaciones del 13 de
octubre de 2016 emitida por el subdirector administrativo y financiero del municipio
de Pasto,22 así como en la del 17 de marzo de 2017 suscrita por el secretario de
gobierno del municipio de Arboleda (Nariño),23 en las que expresamente se señala
que durante el lapso en mención el señor Burbano Guerrero efectivamente laboró
al servicio de dichas autoridades bajo una sola relación legal y reglamentaria sin
interrupciones que era de carácter nacionalizado, financiada con recursos del
Sistema General de Participaciones.
De hecho, en el expediente reposa copia del Decreto 342 del 16 de mayo de 1985,24
del que se aprecia que fue el propio gobernador del departamento de Nariño, sin
fundamento en delegaciones por parte del Ministerio de Educación, ni facultades
derivadas de la desconcentración administrativa, quien efectuó el nombramiento del
demandante en la Escuela Rural Mixta “El Olivo” del municipio de Arboleda, plaza
21 Folios 278 a 280.
22 Folios 144 a 145.
23 Folios 265 a 266.
24 Folio 225.
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Radicado: 52001-23-33-000-2016-00342-01 (2310-2019)
de la cual tomó posesión a partir del 22 de mayo del mismo año,25 tal como se
verifica a continuación.
Pues bien, frente a la calidad del nombramiento efectuado al demandante en virtud
de este acto administrativo, en principio podría advertirse que este sería territorial
ante la decisión directa del departamento de Nariño y la falta de intervención en la
decisión del delegado del Ministerio de Educación ante el FER en orden de
cofinanciar las acreencias que generan la plaza ocupada por el actor.
No obstante, sin que ello implique una variación en la posibilidad de computar o no
el tiempo de servicio, para los presentes efectos habrá de considerarse que la
vinculación del reclamante durante el período bajo estudio fue nacionalizada, toda
vez que lo propio se extrae de las diferentes certificaciones laborales enunciadas
previamente que de manera inequívoca afirman tal naturaleza, aunado al hecho de
que según el certificado del 12 de octubre de 2016 expedido por el subsecretario
administrativo y financiero de la Alcaldía de Pasto,26 el señor Burbano Guerrero
ingresó a la planta de personal de dicha autoridad con cargo a los recursos del
entonces situado fiscal (hoy Sistema General de Participaciones), lo cual es
indicativo de dicha clase de relación legal y reglamentaria.
25 Folio 226.
26 Folio 154.
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Por lo anterior, a pesar de que el nombramiento del accionante en este caso tuvo
lugar por decisión directa del gobernador del departamento de Nariño, tal vínculo
debe entenderse como nacionalizado, más que territorial, toda vez que por la
mencionada financiación de la plaza ocupada por aquel, resulta adecuado concluir
que esta fue creada o transformada en vigencia y cumplimiento del artículo 10 de la
Ley 43 de 1975 y bajo los postulados del artículo 6° de dicha norma, en virtud del
cual los recursos para atender el proceso de nacionalización serían administrados
por los Fondos Educativos Regionales (FER) con sujeción a los planes que en su
momento debía establecer el Ministerio de Educación.
De hecho, tal situación se ajustaría a la interpretación que se desarrolló en la
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 acerca de los
maestros territoriales, según la cual estos fueron creados de forma exclusiva por el
distrito, departamento o municipio respectivo, y cuyos gastos se cubrirían con cargo
a su propio presupuesto, lo cual no ocurre en el presente caso, donde las acreencias
laborales se asumieron a través del FER con transferencias del SGP, es decir, de
manera cofinanciada y no únicamente por la autoridad departamental.
En consecuencia, el lapso de labor oficial del demandante como educador estatal
del orden nacionalizado comprendido entre el 22 de mayo de 1985 y al menos
hasta el 27 de marzo 2017 (31 años, 10 meses y 5 días), efectivamente puede
ser tenido en cuenta para colmar la exigencia de 20 años de servicio necesarios
para acceder a la prestación solicitada.
Con base en el referido recuento fáctico, se estima que los tiempos acumulados por
el señor Burbano Guerrero se acreditaron de la siguiente forma.
ENTIDAD QUE EXPIDE EL ACTO Y TIPO DE
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS ACTO DE NOMBRAMIENTO
POSESIONA PLAZA
Resolución 044 del 5 de Secretaría de Educación
1/03/1979 29/01/1980 0 10 28 Nacionalizada
marzo de 1979 Departamental de Nariño
Decreto 342 del 16 de mayo Secretaría de Educación
22/05/1985 27/03/2017 31 10 5 Nacionalizada
de 1985 Departamental de Nariño
TOTAL 31 20 33 TOTAL DE TIEMPO DE SERVICIO = 32 AÑOS, 9 MESES Y 3 DÍAS
En suma, al no encontrar razones que justifiquen prescindir de los períodos
laborados por el demandante entre el 1º de marzo de 1979 y el 29 de enero de 1980,
así como del 22 de mayo de 1985 al 27 de marzo de 2017, estima la Sala que aquel
satisfizo el requisito de cumplir 20 años al servicio estatal como educador del orden
nacionalizado.
Seguidamente, sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar
alguna vinculación en una plaza docente de iguales calidades a las mencionadas
con anterioridad, ello previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva sin
dificultad del hecho de que el actor efectivamente se desempeñó como tal al servicio
del departamento de Nariño, nombrado mediante la Resolución 044 del 5 de marzo
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de 1979, bajo una relación y reglamentaria nacionalizada desde el 1º de marzo del
mismo año hasta el 29 de enero de 1980, es decir, en un período anterior a la
primera fecha en comento, por lo que se encuentra colmada la exigencia objeto de
análisis.
En punto al cumplimiento del cuarto requisito que se circunscribe a la verificación
de la buena conducta del accionante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración. Se resalta que este aspecto no fue objeto de discusión
en sede administrativa, así como tampoco en la primera instancia y mucho menos
a través del recurso de apelación objeto de análisis en esta oportunidad, por lo que
se presume la buena fe del interesado en cuanto a la acreditación de este
requerimiento normativo, más aún cuando mediante certificado del 7 de octubre de
2016,27 se indica por parte del departamento de Nariño que el señor Burbano
Guerrero no registra ninguna sanción, lo cual no fue discutido ni tachado por parte
de la UGPP.
Con base en lo expuesto previamente, se considera que resultó acertado el estudio
efectuado por el tribunal de primera instancia en el fallo apelado para acceder al
reconocimiento de la prestación solicitada por el actor, de suerte que habrá de
confirmarse dicha providencia, incluidos los aspectos como la fecha de efectividad
de la prestación y la declaratoria de la prescripción.
Lo expuesto en la medida en que, una vez realizado el cálculo respectivo por parte
de la Subsección, en efecto, el momento de la consolidación del estatus pensional
fue el 16 de abril de 2011 cuando aquel cumplió la edad de 50 años (como lo estimó
el juez de origen, pues los 20 años los acreditó desde el 24 de junio de 2004 28), y
además, la reclamación administrativa fue presentada el 4 de septiembre de 2015,29
y la demanda fue radicada el 25 de mayo de 2016, es decir, por fuera del término
de 3 años previsto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, por lo que, en efecto,
se configuró la prescripción de mesadas anteriores al 4 de septiembre de 2012
como se declaró en la providencia recurrida.
Sobre la condena en costas de primera instancia
En lo que respecta a este punto de impugnación, la Sala en el caso particular acudirá
a la tesis que se había sostenido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
27 Folio 133.
28 Según el siguiente cálculo.
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
1/03/1979 29/01/1980 0 10 28
22/05/1985 24/06/2004 19 1 2
TOTAL 19 + 1 = 20 AÑOS 11 + 1 = 12 MESES (1 AÑO) 30 (1 MES)
29 Conforme a la parte motiva de la Resolución RDP 002162 del 25 de enero de 2016, visible a folio 13.
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2080 de 2021, pues se entiende que la decisión de primera instancia fue proferida
previamente a la referida circunstancia.
Es decir, resultaba acertado al momento de la expedición de la sentencia apelada
(17 de octubre de 2018), asumir que en virtud del criterio objetivo valorativo para la
imposición de las costas, debía excluirse el elemento subjetivo de la mala fe o la
temeridad de las partes y que en consecuencia procedía la referida condena contra
la parte demandada por haber resultado vencida en juicio y haberse demostrado la
causación de las agencias en derecho en el monto que el tribunal estimó conforme
a las previsiones del artículo 188 del CPACA y 365 del CGP, así como la demás
normativa que regula la materia.
En tal sentido, se confirmará en su totalidad el fallo apelado, incluida la decisión de
condena en costas de primera instancia a cargo de la accionada.
Condena en costas de segunda instancia
Sin perjuicio de lo anterior, respecto de la imposición de la referida carga en esta
oportunidad se recuerda que la jurisprudencia de la Subsección A del Consejo de
Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188
del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez procederá a su reconocimiento
cuando encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal
intencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición
introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida
obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación presentados por la parte demandada no
presentan una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas. Contrario a ello, ambos extremos del litigio manifestaron planteamientos
razonables para la defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
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nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F AL L A
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de
la demanda.
SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandada según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.
TERCERO: RECONOCER personería adjetiva a la abogada Gloria Ximena Arellano
Calderón, portadora de la tarjeta profesional 123.175 del Consejo Superior de la
Judicatura, en calidad de apoderada general de la UGPP conforme al poder que le
fue otorgado mediante escritura pública visible en el índice 25 de la plataforma
SAMAI.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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