Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00792-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00792-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2017-00792-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2017-00792-01 (3425-2022)
Demandante: Ana Rosa Oliveros de Guevara
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones
Temas: Reliquidación pensional con base en homologación y nivelación
salarial. MODIFICA Y CONFIRMA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la sentencia
proferida el veintiuno (21) de mayo de dos mil veinte (2020) por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Ana Rosa Oliveros de Guevara instauró demanda contra Colpensiones, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES 1
Que se declare la nulidad de las Resoluciones GNR 090038 del 10 de mayo de 2013 y
VPB 29408 del 31 de marzo de 2015, a través de las cuales Colpensiones le negó la
reliquidación de su pensión.
A título de restablecimiento del derecho, que se declare que tiene derecho al reajuste
pensional, debidamente indexado y correctamente liquidado, desde el 19 de noviembre
de 2009, aplicándosele el 75% del último salario devengado según lo dispuesto en el
artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 y la Ley 33 de 1985, incluido el reajuste salarial
recibido entre enero de 2003 y julio de 2007. Que se declare que no operó la
1Folio 5 del archivo digital «*000 Expediente digital 2013-00792-00.pdf».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601-350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2017-00792-01 (3425-2022)
prescripción de las mesadas, se actualicen las sumas derivadas de la condena según
el artículo 187 del CPACA y se condene en costas a la entidad demandada.
HECHOS 2
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que prestó sus servicios al Estado entre el 14 de enero de 1985 y el 30 de julio de 2007
y mediante Resolución 12195 del 11 de octubre de 2007 el ISS le reconoció la pensión
de vejez, sin tener en cuenta el incremento por concepto de homologación salarial,
percibido entre enero de 2003 y julio de 2007.
Que el 19 de noviembre de 2012 solicitó la reliquidación de su pensión, que fue negada
por medio de la Resolución GNR 090038 de 2012.
Que interpuso recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos
negativamente a través de las Resoluciones «GNR 090038 de 2013 y VPB 29408 de
2015».
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 18 de julio de 2017 y notificada a Colpensiones, quien no
contestó. El 9 de mayo de 2019 se fijó el litigio y se decretaron pruebas. El 21 de agosto
del mismo año se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN 3
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones indicando que
debía aplicarse la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena
del Consejo de Estado, por lo que la demandante tenía derecho a la reliquidación con
base en el tiempo que le hacía falta y con los factores salariales del Decreto 1158 de
1994.
Que como el municipio de Guadalajara de Buga le reconoció en 2012 un retroactivo
salarial por los años 2003 a 2009, en el que se incluyó el pago de diversos factores que
no fueron tenidos en cuenta a la hora de reconocer la prestación, hay lugar a incluirlos
para determinar el IBL de la demandante.
Que Colpensiones deberá reliquidar la pensión de jubilación con inclusión de los
factores salariales percibidos durante los últimos 7 años de servicios, más la diferencia
de salarios y factores incluidos en virtud de la homologación efectuada entre los años
2003 a 2007, que estén enlistados en el Decreto 1158 de 1994, siempre y cuando sobre
ellos se hayan realizado las cotizaciones correspondientes.
2 Folios 6 a 8 del archivo digital «*000 Expediente digital 2013-00792-00.pdf».
3 Folios 187 a 205 del archivo digital «*000 Expediente digital 2013-00792-00.pdf».
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Que las sumas reconocidas causadas con anterioridad al 10 de mayo de 2010 se
encuentran prescritas y condenó en costas a la entidad demandada.
RECURSOS DE APELACIÓN4
Colpensiones apeló afirmando que, si bien se citó la sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018, el Tribunal no realizó un análisis adecuado de los medios de prueba
allegados, porque no indicó a partir de cuáles de estos se podía obtener certeza a cerca
de la procedencia de la reliquidación.
Que debe revocarse la condena en costas en su contra, porque la entidad ejerció su
derecho defensa basado en la jurisprudencia constitucional, de modo que su negativa
siempre ha tenido sustento jurídico.
La demandante apeló afirmando que el Tribunal erró al condicionar la reliquidación a
la realización de cotizaciones, porque el ente territorial no ha cumplido con su obligación
de trasladar los aportes a Colpensiones y esta tampoco ha realizado las acciones de
cobro.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Mediante auto del 12 de julio de 2022 se admitió el recurso, y por no haber pruebas que
decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar, de conformidad
con lo establecido en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala debe resolver si la demandante tiene derecho a que se reliquide su pensión en
los términos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, porque no se
tuvieron en cuenta las cotizaciones realizadas a Colpensiones con posterioridad al
reconocimiento pensional, si había lugar a condenar en costas a la administradora de
pensiones y si es legal haber condicionado el reajuste al pago de cotizaciones
efectivamente realizadas.
Marco normativo y jurisprudencial
La Ley 100 de 1993, en su artículo 36, consagró un régimen de transición en materia
pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban próximas a
adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que quedarían
derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles algunos de los
presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares más favorables.
4 Folios 207 a 212 del archivo digital «*000 Expediente digital 2013-00792-00.pdf».
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En ese sentido, el artículo 36 de la Ley 100 dispone:
«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en
cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres,
hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir,
será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son
mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios
cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.
Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la
pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el
inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho,
será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el
cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o
inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base
para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos
años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores
públicos. […]».
El artículo 36 citado dio lugar a diversas interpretaciones sobre qué debía entenderse
por ingreso base para liquidar las pensiones de los beneficiarios del régimen de
transición, para lo cual el Consejo de Estado consideró que este estaba integrado al
concepto monto regulado en el inciso segundo de la norma en comento 5.
De igual forma, en sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, esta Corporación
concluyó que «el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos
estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos
devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicio, va en
contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad social.»
Por lo anterior, el Consejo de Estado como órgano límite de la jurisdicción contenciosa
administrativa aplicaba integralmente la norma pensional anterior a la Ley 100, en favor
de los beneficiarios del régimen de transición, con la inclusión de todos los factores
devengados por el interesado bajo el entendido de que «constituyen salario todas las
sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus
servicios” con fundamento, además, en los principios de favorabilidad en materia laboral
y progresividad»
Por su parte, en sentencias C258 de 2013, SU230 de 2015 y SU247 de 2016, entre
5 En sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2018, la Sala Plena del Consejo de Estado
consideró que: «71. Estos argumentos han consolidado la postura de la Sección Segunda de la Corporación, según
la cual la expresión “monto”, incluida por el legislador en el inciso segundo del citado artículo 36, necesariamente
comprende el ingreso base de liquidación como uno de los elementos protegidos por el régimen de transición y, de
esta manera, lo ha reiterado en varios pronunciamientos.»
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otras, la Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el
régimen especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto en la
Ley 100 de 1993, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad, monto
y tasa de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en el
régimen general de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.
Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables, pues, de
un lado, el Consejo de Estado venía sosteniendo que el IBL lo constituían los factores
salariales devengados en el último año; mientras que la Corte Constitucional indicó que
aquel estaba constituido por los factores salariales devengados en los últimos 10 años.
Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación proferida el 28 de agosto de 2018, procedió a sentar jurisprudencia frente a
la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para lo cual fijó unas reglas y
subreglas.
La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida
sentencia de unificación es:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».
En cuanto a las subreglas: la primera se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base
en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida
el DANE.».
La segunda determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos de
los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270 y 271
de la ley citada, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía judicial y
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administrativa.
En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
parámetros.
Resolución del caso concreto
La Sala advierte que en el presente asunto no está en discusión que la actora sea
beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que
tiene derecho a que se le respeten la edad, tiempo de servicios y monto del régimen
pensional anterior al que se encontraba afiliada (Ley 33 de 1985).
El artículo 21 de la Ley 100 regula que el ingreso base de liquidación de las pensiones
se entiende como el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó el afiliado,
actualizados anualmente con base en la variación del IPC certificado por el DANE. Por
consiguiente, y en concordancia con la primera subregla de la sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018, las pensiones deben liquidarse con base en los salarios sobre
los cuales cotizó el afiliado.
Frente a la posibilidad de reajustar una pensión con base en salarios reconocidos con
ocasión de procesos de homologación y nivelación salarial, esta Subsección se ha
pronunciado en los siguientes términos:
«es necesario tomar en consideración que el departamento de Caldas efectuó una
homologación y nivelación salarial que resultó en un incremento de los haberes
percibidos por el señor Montoya Montoya, sobre los cuales se hicieron los respectivos
aportes al sistema, […] En ese sentido, el pensionado tiene derecho a que la aludida
nivelación sea incluida en la liquidación de su pensión de jubilación, por cuanto de tal
reconocimiento se hicieron aportes al sistema pensional, pero solo respecto de los
factores a que tiene derecho […] debido a que los demás factores, que también fueron
nivelados, no tienen vocación de integrar el ingreso base de liquidación del
demandante.»6
La anterior fue reiterada por esta Sala en providencia del 12 de octubre de 2023 7, en la
que se conoció del caso de una empleada de la Secretaría de Educación del municipio
de Barrancabermeja que había sido nivelada, ordenándose el respectivo reajuste
pensional.
En el caso concreto, a la actora le fue reconocida la pensión de vejez mediante
Resolución 12195 del 17 de agosto de 2007, en cuantía de $433.700, a partir del 1.° de
agosto de 2007 8. Dicha liquidación se realizó con base en el IBC reportado entre los
años 1996 y 2007, según se advierte de la Resolución 090038 del 10 de mayo de 2013,
acto acusado y que le negó el reajuste de su prestación 9.
6 Sentencia del 1 de agosto de 2022, proferida en el proceso con radicación 17001233300020170073501 (3253-
2021) de José Islen Montoya Montoya contra Colpensiones. Consejero ponente Dr. William Hernández Gómez.
7 Ver proceso 68001233300020170032201 (3764-2021) de Rosalba Castillo de Ruiz contra Colpensiones.
8 Folios 22 a 24 del archivo digital «*000 Expediente digital 2013-00792-00.pdf».
9 Folios 26 a 29 del archivo digital «*000 Expediente digital 2013-00792-00.pdf».
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El municipio de Guadalajara de Buga, a través de Resolución DAM-0335 del 15 de
mayo de 2012, le reconoció a la accionante un retroactivo por homologación y
nivelación salarial, con el cual se reajustó el valor de su salario o asignación básica, y
los factores de prima técnica, bonificación por servicios, prima de servicios, prima de
vacaciones, prima de navidad, bonificación por recreación 10, entre otros. Además, de
los valores reconocidos se advierte que se hicieron descuentos con destino a pensión,
por lo que dichos aportes deben ser cancelados por el ente territorial a la administradora
de pensiones.
Está acreditado también que mediante la Resolución VPB 29408 del 31 de marzo de
2015, Colpensiones le indicó a la actora que «con respecto a la homologación y
nivelación salarial que efectuó el empleador a su favor, debe la entidad empleadora
solicitar a la Gerencia Nacional de Ingresos y Egresos el cálculo actuarial
correspondiente para que se vea reflejada en su historia laboral la actualización de su
IBC»11, confirmando en sede de apelación la negativa a reajustar la pensión.
Para la Sala, como la señora Oliveros de Guevara solicitó el reajuste de su pensión con
base en los nuevos salarios reportados con motivo del proceso de homologación y
nivelación salarial sobre los cuales debieron hacerse aportes al sistema general de
pensiones, resulta procedente que la prestación se reliquide tenido en cuenta los
nuevos valores reportados, con la claridad de que solo se pueden computar aquellos
factores expresamente regulados en el Decreto 1158 de 1994, como son la asignación
básica, la prima técnica y la bonificación por servicios prestados 12.
Frente a la orden condicionada que dio el tribunal en la que se sustenta la apelación de
la demandante, la Sala considera que está acreditado que el municipio de Guadalajara
de Buga descontó a la actora, de los valores reconocidos en la Resolución DAM-0335
del 15 de mayo de 2012, los aportes a pensión, por lo que no puede desconocerse el
derecho que le asiste a la señora Oliveros de Guevara sometiéndola a que el ente
territorial realice las actuaciones a su cargo para pasar dichas sumas a Colpensiones,
cuando ésta tiene facultades legales para reclamar al empleador el pago de dichos
aportes 13, por lo que se modificará en este aspecto la sentencia.
Por otra parte, la Sala advierte que, si bien en las consideraciones de la sentencia de
primera instancia se indicó que la reliquidación debía realizarse con base en el tiempo
que le hacía falta a la demandante para consolidar el derecho pensional, en la parte
resolutiva se ordenó reliquidar la prestación con base en lo devengado en el último año
de servicios, por lo que, siguiendo lo dispuesto por esta Corporación en la sentencia
del 28 de agosto de 2018, se deberá modificar el ordinal segundo de la providencia
10 Folios 41 a 48 del archivo digital «000 Expediente digital 2013-00792-00.pdf».
11 Folios 31 a 34 del archivo digital «*000 Expediente digital 2013-00792-00.pdf».
12 Si bien en el acto administrativo se hace referencia al concepto de horas extras, recargos nocturnos y dominicales
y festivos, no se canceló ningún valor por dichos conceptos.
13 Así lo regula el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, según el cual «corresponde a las entidades administradoras de
los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador […]» y el artículo 53 de la misma, que establece las facultades de fiscalización e investigación a cargo
de las administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida.
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apelada indicándose que la prestación se liquidará con el tiempo que le hacía falta para
consolidar el derecho o con lo cotizado en toda la historia laboral, lo que le sea más
favorable14.
Finalmente, en cuanto a las costas en primera instancia, el tribunal condenó a
Colpensiones con base en lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 365 del Código
General del Proceso, esto es, al haber resultado vencida en el proceso.
Esta Subsección venía aplicando el criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual, en toda sentencia, el juez procederá a su
reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron,
sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera
temeraria, malintencionada o de mala fe.
No obstante, dicho criterio fue variado con la adición efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre que
se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Sala
considera que en este caso particular debe acudirse a la tesis que se había sostenido
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, pues la decisión de
primera instancia fue proferida en ejercicio de la autonomía propia del juez de origen,
previamente a la referida circunstancia.
En otras palabras, resultaba acertado al momento de la expedición de la sentencia
apelada (21 de mayo de 2020), asumir que en virtud del criterio objetivo valorativo para
la imposición de las costas, debía excluirse el elemento subjetivo de la mala fe o la
temeridad de las partes y que en consecuencia procedía la referida condena contra la
parte demandada por haber resultado vencida en juicio y haberse demostrado la
causación de las agencias en derecho en el monto que el tribunal estimó conforme a
las previsiones del artículo 188 del CPACA y 365 del CGP, así como la demás
normativa que regula la materia 15.
En consecuencia, se modificará el ordinal segundo de la sentencia según lo aquí
expuesto y se confirmará en lo demás el fallo apelado.
De la condena en costas
De acuerdo con las anteriores reglas, y en atención a que el Consejo de Estado ya ha
venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de
fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a estudiar dicha situación
a la luz de la normativa vigente.
14 La señora Oliveros acreditó los 55 años el 22 de octubre de 2003 y los 20 años de servicio público el 14 de enero
de 2005.
15 Así lo ha decidido esta subsección en sentencia del 23 de octubre de 2023, proceso con radicación
52001233300020160034201 (2310-2019)
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00792-01 (3425-2022)
En el presente caso, de la revisión de los recursos de apelación, se observa que no hay
lugar a la condena en costas, pues aquellos no carecen de fundamentación jurídica,
por el contrario, las partes expusieron argumentos razonables en defensa jurídica de
sus intereses. En consecuencia, no se impondrá condena en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el veintiuno (21) de
mayo de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
las razones aquí expuestas, el cual quedará así:
«SEGUNDO: ORDENAR a COLPENSIONES reliquidar la pensión de jubilación de la
señora Ana Rosa Oliveros de Guevara teniendo en cuenta la asignación básica, prima
técnica y bonificación por servicios prestados, reconocidos y pagados con fundamento
en la Resolución DAM-0335 del 15 de mayo de 2012, que reconoció y ordenó el pago
de un retroactivo por homologación y nivelación salarial en su favor, y que fueron
percibidos en el tiempo que le hiciere falta para consolidar su derecho a la pensión o
con todo lo cotizado en la historia laboral, lo que le resulte más favorable, conforme a lo
dispuesto en la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado
proferida el 28 de agosto de 2018. COLPENSIONES, en caso de no haber recibido aún
los aportes a pensión resultado de la Resolución DAM-0335 del 15 de mayo de 2012
expedida por el municipio de Guadalajara de Buga, deberá adelantar los trámites
necesarios para obtener el pago por parte de la entidad empleadora.»
Segundo. Confirmar en lo demás el fallo apelado, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Sin condena en costas de segunda instancia.
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LOS MAGISTRADOS,
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
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