Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-00322-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-00322-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2017-00322-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2017-00323-01 (3764-2021)
Demandante: Rosalba Castillo de Ruiz
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones
Temas: Aplicación sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones contra la
sentencia proferida el dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones de la
demanda.
ANTECEDENTES
La señora Rosalba Castillo de Ruiz instauró demanda contra Colpensiones, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones GNR 277854 de 10 de septiembre
de 2015 y VPB 69272 de 5 de noviembre de 2015, que negaron la reliquidación de
su pensión.
A título de restablecimiento del derecho, condenar a la demandada a reliquidar su
pensión a partir del 16 de octubre de 2011, en cuantía del 75% de los factores
salariales devengados en el último año. Que cancele el retroactivo debidamente
indexado, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; que dé
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA; y al pago
de las costas y agencias en derecho.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-00323-01 (3764-2021)
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que nació el 3 de septiembre de 1953 y a la entrada en vigencia de la Ley 100 tenía
más de 40 años de edad. Que al 25 de julio de 2005 contaba con 1.771 semanas
de cotización.
Que mediante Resolución 11647 del 11 de diciembre de 2009 el ISS le reconoció la
pensión, dejándola en suspenso hasta tanto demostrará el retiro definitivo del
servicio.
Que fue incluida en nómina de pensionados a partir del 1.° de noviembre de 2010.
Que el 16 de octubre de 2014 solicitó la reliquidación de su pensión teniendo en
cuenta los salarios que fueron reconocidos posteriormente, por la nivelación y
homologación salarial realizada por la Secretaría de Educación de
Barrancabermeja.
Que en la Resolución GNR 277854 del 10 de septiembre de 2015 Colpensiones
reliquidó la pensión aplicando un porcentaje del 79.71% de los salarios cotizados
en los últimos 10 años, con sustento en la Ley 797 de 2003.
Que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, siendo confirmada
en la Resolución VPB 69272 de 5 de noviembre de 2015.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 6 de junio de 2017 y notificada a la demandada quien
se opuso a las pretensiones, considerando que según las sentencias C258 de 2013
y SU230 de 2015, las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición
deben liquidarse bajo lo dispuesto por la Ley 100 de 1993 y no con el último año de
servicio. Propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación,
prescripción, buena fe, cobro de lo no debido y la genérica.
La audiencia inicial se desarrolló el 19 de febrero de 2019, en la que fijó el litigio, se
decretaron pruebas que fueron practicadas en audiencia y se corrió traslado a las
partes para alegar.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Santander accedió parcialmente a las pretensiones de
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la demanda, expresando que la Sala Plena del Consejo de Estado unificó su
jurisprudencia en torno a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en
sentencia del 28 de agosto de 2018, en la que concluyó que los beneficiarios del
régimen de transición solo tienen garantizado la edad, el tiempo de servicio o
semanas cotizadas y el monto regulados en las normas pensionales anteriores, y
que el IBL se calcula en los términos de la Ley 100 con los factores regulados en el
Decreto 1158 de 1994.
Que la demandante no tiene derecho a la reliquidación de su pensión con todo lo
devengado en el último año de servicio y que los actos demandados reajustaron su
pensión con un régimen que le era más favorable al aplicarse una tasa de reemplazo
del 79,73%.
Que de las pruebas recaudadas se advertía que a la demandante le hicieron
cotizaciones hasta el 30 de noviembre de 2010, pero, se infiere, Colpensiones no
tuvo en cuenta todos los factores que debían ser computados por efecto de la
homologación y nivelación salarial.
RAZONES DE LA IMPUGNACIÓN
Colpensiones interpuso recurso de apelación, expresando que la liquidación de la
pensión se hizo con base en la historia laboral reportada de la demandante, en la
que no se evidenciaban las cotizaciones por homologación salarial entre el 1.° de
noviembre de 2000 y 31 de octubre de 2010, motivo por el que no procede acceder
a las pretensiones de la demanda.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
En auto del 8 de noviembre de 2021 se admitió el recurso de apelación y conforme
lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 se dispuso pasar el proceso a
despacho para dictar fallo.
El ministerio público guardó silencio en esta etapa.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala debe resolver si la demandante tiene derecho a que se reliquide su pensión
en los términos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, porque no
se tuvieron en cuenta las cotizaciones realizadas a Colpensiones con posterioridad
al reconocimiento pensional.
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Marco normativo y jurisprudencial
La Ley 100 de 1993, en su artículo 36, consagró un régimen de transición en materia
pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban próximas
a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que quedarían
derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles algunos de los
presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares más favorables.
En ese sentido, el artículo 36 de la Ley 100 dispone:
«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará
en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los
hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2
años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que
al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si
son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en
el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les
hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la
presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo
devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado
y de un (1) año para los servidores públicos. […]».
El artículo 36 citado dio lugar a diversas interpretaciones sobre qué debía
entenderse por ingreso base para liquidar las pensiones de los beneficiarios del
régimen de transición, para lo cual el Consejo de Estado consideró que este estaba
integrado al concepto monto regulado en el inciso segundo de la norma en
comento1.
De igual forma, en sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, esta
1 En sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2018, la Sala Plena del Consejo de Estado
consideró que: «71. Estos argumentos han consolidado la postura de la Sección Segunda de la Corporación,
según la cual la expresión “monto”, incluida por el legislador en el inciso segundo del citado artículo 36,
necesariamente comprende el ingreso base de liquidación como uno de los elementos protegidos por el régimen
de transición y, de esta manera, lo ha reiterado en varios pronunciamientos.»
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Corporación concluyó que «el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma
taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino
que los mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de
otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación
de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad
social.»
Por lo anterior, el Consejo de Estado como órgano límite de la jurisdicción
contenciosa administrativa aplicaba integralmente la norma pensional anterior a la
Ley 100, en favor de los beneficiarios del régimen de transición, con la inclusión de
todos los factores devengados por el interesado bajo el entendido de que
«constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el
empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los
principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad»
Por su parte, en sentencias C258 de 2013, SU230 de 2015 y SU247 de 2016, entre
otras, la Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en
el régimen especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto
en la Ley 100 de 1993, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad,
monto y tasa de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en el régimen general de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.
Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables, pues,
de un lado, el Consejo de Estado venía sosteniendo que el IBL lo constituían los
factores salariales devengados en el último año; mientras que la Corte
Constitucional indicó que aquel estaba constituido por los factores salariales
devengados en los últimos 10 años.
Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación proferida el 28 de agosto de 2018, procedió a sentar jurisprudencia
frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para lo cual fijó unas
reglas y subreglas.
La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida
sentencia de unificación es:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de
1985.».
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En cuanto a las subreglas: la primera se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en
los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.».
La segunda determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones.».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 de la ley citada, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía
judicial y administrativa.
En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
parámetros.
Resolución del caso concreto
Colpensiones considera que no hay lugar a reliquidar la pensión de la demandante,
toda vez que los actos acusados se ajustaron a la historia laboral reportada, que no
daba cuenta de los valores del proceso de homologación y nivelación salarial.
La Sala advierte que en el presente caso no se encuentra en discusión que la actora
es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100, por lo que
tiene derecho a que se le respeten los requisitos de edad, tiempo de servicios o
semanas cotizadas y monto del régimen pensional anterior al que se encontrara
afiliada (Ley 33 de 1985).
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Tampoco fue objetado que Colpensiones en la Resolución GNR 277854 del 10 de
septiembre de 2015 reliquidó la pensión aplicando la Ley 797 de 2003, con lo cual
aumentó el monto o tasa de reemplazo a 79,71%, por considerar que era más
favorable a los intereses de la señora Castillo de Ruiz y que el tribunal, al ordenar
reajustar la prestación únicamente ordenó la inclusión de los factores sobre los que
legalmente se liquidan las pensiones y que no fueron computados por la
demandada.
Ahora, el artículo 21 de la Ley 100 regula que el ingreso base de liquidación de las
pensiones se entiende como el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
cotizó el afiliado, actualizados anualmente con base en la variación del IPC
certificada por el DANE. Y el artículo 34 de la misma norma, modificado por el
articulo 10 de la Ley 797 de 2003, prevé que el monto de la pensión será equivalente
al porcentaje del ingreso base de liquidación dependiendo, en ese caso, del total
del número de semanas cotizadas, en los términos allí expuestos.
Por consiguiente, y en concordancia con la primera subregla de la sentencia de
unificación de esta Corporación del 28 de agosto de 2018, las pensiones deben
liquidarse con base en los salarios sobre los cuales cotizó el afiliado.
En ese orden, toda vez que la señora Castillo de Ruiz solicitó el reajuste de su
pensión teniendo en cuenta los nuevos salarios reportados con motivo del proceso
de homologación y nivelación salarial de la cual fue parte como empleada de la
Secretaría de Educación del municipio de Barrancabermeja, sobre los que se
hicieron aportes al sistema general de pensiones2, para la Sala resulta evidente que
la prestación debe reliquidarse teniendo en cuenta los nuevos valores reportados.
Así lo ha considerado esta Subsección en casos similares, como en la sentencia del
11 de agosto de 2022 en la cual se indicó:
«es necesario tomar en consideración que el departamento de Caldas efectuó una
homologación y nivelación salarial que resultó en un incremento de los haberes
percibidos por el señor Montoya Montoya, sobre los cuales se hicieron los
respectivos aportes al sistema, como puede observarse en la certificación de
salarios formato número 3 visible en folios 56 a 63 y la certificación emitida por el
Profesional Especializado de la Secretaría de Educación de Caldas, de fecha 29 de
febrero de 2016, visible a folio 64.
En ese sentido, el pensionado tiene derecho a que la aludida nivelación sea incluida
en la liquidación de su pensión de jubilación, por cuanto de tal reconocimiento se
hicieron aportes al sistema pensional, pero solo respecto de los factores a que tiene
2 Como da cuenta el Oficio BAR2019ER002446 del 20 de marzo de 2019, obrante a folio 168 del proceso, en
el cual se pueden observar los aportes realizados el 27 de febrero de 2014 con destino a distintas entidades,
incluidas Colpensiones por los periodos comprendidos entre noviembre de 2004 y noviembre de 2010.
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derecho, es decir la nivelación del sueldo mensual, las horas extras y la bonificación
por servicios, debido a que los demás factores, que también fueron nivelados, no
tienen vocación de integrar el ingreso base de liquidación del demandante.»3
En consecuencia, la demandante tiene derecho al reajuste de su pensión en los
términos indicados por el Tribunal Administrativo de Santander, por lo que se
confirmará la sentencia de primera instancia.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe; no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta desplegada
por las partes en el proceso, entre ellas, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.° del art. 188 de la
Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio enunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, las partes manifestaron
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses por lo que, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
3 Proferida en el proceso con radicación 17001-23-33-000-2017-00735-01 (3253-2021) de José Islen Montoya
Montoya contra Colpensiones. Consejero Ponente Dr. William Hernández Gómez.
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-00323-01 (3764-2021)
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 18 de febrero de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda interpuesta por Rosalba Castillo de Ruiz contra la Administradora
Colombiana de Pensiones.
SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia.
TERCERO. Se reconoce personería para actuar como apoderado de Colpensiones
al abogado William Alberto Valencia Rodríguez, identificado con cédula 16.781.100
de Cali y Tarjeta Profesional 216.314 C.S. de la J., según sustitución de poder
allegada4.
En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Los consejeros,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
4 Obrante a índices 24, 25 y 26 de Samai.
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