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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2016-00448-01

Fecha
28 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2016-00448-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el veintiséis (26) de junio de dos mil diecinueve (2019), que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal Administrativo de Nariño, debiendo considerar que en esta instancia se fijaron agencias en derecho por tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme lo precisado en la parte motiva. TERCERO: En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 52001-23-33-000-2016-00448-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

28 de octubre de 2024

Radicado número: 52001-23-33-000-2016-00448-01 (65012)
Demandante: Octavio Reyes Narváez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 52001-23-33-000-2016-00448-01 (65012)
Demandantes: Octavio Alirio Reyes Narváez
Demandado: Departamento de Putumayo
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Tema: Nulidad y restablecimiento del derecho – Actos precontractuales. Subtema: Declaración de
desierto del proceso de selección- existencia de razones que impiden la escogencia objetiva del
contratista.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia proferida el veintiséis (26) de junio de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal
Administrativo de Nariño, que denegó las pretensiones de la demanda.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La sentencia de primera instancia negó las súplicas de la demanda, pues consideró que
el acervo probatorio aportado reveló que el Departamento del Putumayo actuó conforme
a derecho al expedir la Resolución No. 1615 del 16 de diciembre de 2015 con la que
declaró desierto el proceso de selección de la Licitación Pública No. SED-LP-004 de
2015, cuyo objeto consistía en "Contratar el suministro de dotación de vestido de labor
y calzado a docentes de establecimientos educativos del Putumayo”. Decisión que
sustentó en la imposibilidad de adjudicar el contrato a cualquiera de los oferentes
registrados, debido a que concurrieron diversas situaciones que generaron incertidumbre
respecto de la afectación a los principios de transparencia e igualdad que impedían una
escogencia objetiva del contratista. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso
el recurso de apelación. Corresponde a la Sala determinar si procede la nulidad del
acto que declaró desierto el proceso de selección dentro de la licitación pública, junto
con el pretendido restablecimiento del derecho por la privación del derecho a ser
adjudicatario y la pérdida de oportunidad alegados por la demandante.

2. ANTECEDENTES

2.1. El ocho (8) de agosto de dos mil dieciséis (2016)1 Octavio Alirio Reyes presentó
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Departamento
del Putumayo, con las siguientes pretensiones:

1 “nulidad del acto administrativo Resolución No. 1615 de fecha 16 de Diciembre de
2015(publicada en la plataforma SECOP el día 03 de febrero de 2016) emanada de la
Gobernación del Putumayo, por medio de la cual se declaró desierto el proceso de
selección a través de Licitación Pública No. SED-LP-004 de 2015”
2 “como consecuencia de la declaratoria de nulidad del Acto Administrativo de
Declaratoria de Desierta, a título de restablecimiento del derecho por la PRIVACION

1 Folios 1 a 31 del cuaderno Principal. Subsanada el 02/09/2016 escrito visible a folios 321 a 338 del C.2.

Radicado número: 52001-23-33-000-2016-00448-01 (65012)
Demandante: Octavio Reyes Narváez

DEL DERECHO A SER ADJUDICATARIO Y PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD se
condene a la GOBERNACION DEL PUTUMAYO:

A.- A título de indemnización y como restablecimiento del derecho a título de lucro
cesante a favor del señor OCTAVIO ALIRIO REYES, una suma superior a
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL
TRECIENTOS PESOS ($268.570.300.00) M/C, valor que esperaba recibir por concepto
de utilidad, cuya cuantía deberá ser actualizada en su valor según los términos
consagrados en el artículo 187 del CPACA

• Se condene a la GOBERNACION DEL PUTUMAYO a reconocer y pagar a la parte
demandante a título de daño emergente sobre la suma a que se refiere la pretensión,
una vez reajustada o actualizado su valor, tomando como base la variación del Índice
de precios al consumidor desde la fecha en que debió adjudicarse hasta la ejecutoria
del correspondiente fallo definitivo, a fin de compensar la pérdida del valor adquisitivo
de la moneda o, en su defecto, mediante la aplicación de cualquier procedimiento que
conduzca al mismo fin.

B. Se condene a la GOBERNACION DEL PUTUMAYO al pago de la suma de SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS SEENTA MIL PESOS ($7.870.000.00) m/c, en favor del
señor OCTAVIO ALIRIO REYES, por concepto de gastos ocasionados con motivo de la
preparación de la propuesta.

C.- Se condene a la GOBERNACION DEL PUTUMAYO al pago de costas procesales y
agencias en derecho.”
3 “Que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos y la forma prevista en
los artículos 192 y siguientes del CPACA.”
4 “Ordenar el pago de los intereses moratorios desde la fecha ejecutoria del respectivo
auto o acta de conciliación o de la respectiva sentencia conforme lo prevé el artículo 192
del CPACA”

2.1.1. Fundamento fáctico de la demanda.

La parte actora señaló que la Secretaría de Educación Departamental del Putumayo
[SEDP] adelantó la licitación pública No. SED-LP-004 de 2015, cuyo objeto fue
"Contratar el suministro de dotación de vestido de labor y calzado a docentes de
establecimientos educativos del Putumayo”. Al efecto, publicó en el SECOP el pliego
de condiciones el 30 de octubre de 2015 y el 6 de noviembre del mismo año llevó a
cabo la diligencia de cierre y recepción de propuestas a la que concurrieron las
siguientes personas naturales: Melqui Nivaldo Bravo, Jorge Giraldo Reyes Narváez y
Octavio Alirio Reyes Narváez. En el acta de esta actuación el comité evaluador de la
SEDP consignó que el señor Jorge Reyes solo presentó propuesta en original en cuya
caratula se consigna como proponente el señor Melqui Nivaldo Bravo. Por su parte, el
señor Bravo realizó la observación según la cual: “las dos firmas de los dos hermanos
Reyes presentan propuesta, encontrándose una inhabilidad para la presentación¨.
Indicó que el comité evaluador, tras analizar el caso, respondió éstas observaciones
precisando que el señor Jorge Reyes “no aporta junto con su propuesta, ni dentro del
plazo para subsanar otorgado por el comité (…) la documentación necesaria para
verificar” los requisitos habilitantes, razón por la que, “advertidos por el proponente
ALIRIO REYES NARVÁEZ sobre la posible intensión (sic) de confabulación en su
contra de parte de su hermano y otro proponente para sacarlo del proceso licitatorio",
se consultó la plataforma RUES y se encontró que Jorge Reyes “no se encuentra
inscrito en el RUP de ninguna cámara de comercio del país” situación “que deja en
entredicho la validez de la propuesta ya que la misma no podría producir efecto jurídico
alguno”. Con base en ello el comité no consideró válida la propuesta presentada por el
señor Jorge Reyes, pues además de la imposibilidad de validar los requisitos
habilitantes evidenció “una única intención en direccionar la adjudicación del presente

2

Radicado número: 52001-23-33-000-2016-00448-01 (65012)
Demandante: Octavio Reyes Narváez

proceso licitatorio inhabilitando a su pariente para dejarlo por fuera de la competencia
para beneficiar al otro proponente, induciendo a error al comité evaluador.”

En cuanto a la inhabilidad frente a la propuesta de Alirio Reyes Narváez, señaló que el
comité concluyó que de aceptar la presentada por el señor Jorge Reyes Narváez, pese
a no haber sido tenida como válida, “estaríamos apartándonos del propósito principal
del legislador, al establecer esta clase de inhabilidad en la Ley 80 de 1993, contrario a
ello estaría cediendo a las pretensiones inmorales y antiéticas buscadas por el señor
JORGE GIRALDO REYES en beneficio de otro proponente”, por lo que le restó efectos
jurídicos y dispuso que se evaluara la propuesta de Alirio Reyes en igualdad de
condiciones. La calificación arrojó 996 puntos para Melqui Bravo Rojas y 1000 para
“Octavio Alirio Reyes” y, con base en ello el Comité evaluador recomendó al Secretario
de Educación Departamental adjudicar el contrato a este último por valor de
$939.996.051. Manifestó que el proceso de selección continuó con las siguientes
etapas:

Fecha Actuación proceso de selección licitación SED-LP-004 de 2015
19/11/ 2015 Se publicó en SECOP la adenda No. 02 modifica cronograma del proceso,
el Gobernador del Putumayo solicitó suspender el proceso hasta el
27/11/2015 “para la audiencia pública de adjudicación, respuesta a
observaciones, expedición del acto administrativo y notificación del mismo.”
26/11/2015 Se publicó en SECOP la adenda No. 3 modifica nuevamente el cronograma
del proceso, el Gobernador del Putumayo solicitó suspender el proceso
hasta el 2/12/2015 “para la audiencia pública de adjudicación, respuesta a
observaciones, expedición del acto administrativo y notificación del mismo.”
En razón al análisis realizado por el Comité de Contratación Departamental
del proceso de selección.
2/12/2015 Se publicó en SECOP el Decreto 0366 del 27/11/2015 por medio del cual
la gobernación reasume parcialmente la delegación de funciones conferida
al Secretario de Educación Departamental.

Se publicó en SECOP la Adenda No. 4 que modifica nuevamente el
cronograma del proceso y se programa el 3/12/2015 a las 3:00 P.M. en el
despacho del Gobernador del Putumayo para la audiencia pública de
adjudicación, respuesta a observaciones, expedición del acto administrativo
y notificación.
3/12/2015 Se dio inicio a la “audiencia de respuesta a observaciones, adjudicación o
declaratoria de desierta del procesos de marras”, en la que se debatió la
inhabilidad establecida en el literal g del artículo 8.1 de la Ley 80 de 1993 y
se suspendió la audiencia para continuarla el 11/12/2015 a las 9:00 am.
10/12/2015 La gobernación de Putumayo publicó la Adenda No. 5 con el fin de aplazar
para el 16/12/2015 a las 3:00 pm la “continuación de la audiencia pública
de respuesta a observaciones, adjudicación o declaratoria de desierta del
proceso”.
16/12/2015 Se reanudó la audiencia pública en la que la gobernación concluyó que la
propuesta del señor Octavio Alirio Reyes debió ser devuelta sin ser
considerada o evaluada en razón a que estaba inmerso en una causal de
inhabilidad. Que el Comité, pese a que dio apertura a la oferta del señor
Jorge Reyes, no la evaluó sino que dio por ciertos los argumentos de su
hermano Octavio y con la verificación en el RUES la desestimó de plano;
afirmó que: “dicho comité excedió sus facultades”, pues realizó “un juicio de
valor que finiquita con la declaración de invalidez (…) siendo ello cuestión
propia de un operador judicial”. De esta forma consideró “que existen
razones de carácter objetivo que impiden a la entidad adjudicar el contrato
a cualquiera de los oferentes registrados, todo ello por cuanto se tiene
incertidumbre respecto de la afectación a los principios que regulan la
contratación, como son la transparencia y la igualdad.” Culminó con la

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Radicado número: 52001-23-33-000-2016-00448-01 (65012)
Demandante: Octavio Reyes Narváez

expedición de la Resolución No. 1615 que declaró desierto el proceso de
selección.
03/02/2016 Se publicó en el SECOP la Resolución No. 1615 de 2015

Cuestionó la parte actora la motivación de la Resolución 1615 de 2015, repara en que
la normatividad y jurisprudencia aplicables han establecido que el proceso de
contratación es reglado; que para ser proponente de una licitación es menester estar
inscrito en el Registro Único de Proponentes -RUP- a efecto de acreditar los requisitos
habilitantes al momento de presentar la oferta; que quien carece de capacidad jurídica
no está habilitado y por ende su propuesta no puede ser considerada al no producir
efectos jurídicos, amén que la Resolución atacada solo fue “publicada un mes después
a su fecha de expedición esto es el día 03 de febrero de 2025”.

2.1.2. Concepto de violación.

La parte demandante desarrolla tres acápites intitulados bajo este mismo enunciado,
en los que reitera los cuestionamientos al proceso de selección que acusa de haber
vulnerado el debido proceso y los principios de responsabilidad, transparencia y
selección objetiva. En concreto, consideró que al reasumir su competencia la
Gobernación obró en la diligencia de cierre como si se tratara de la de verificación de
requisitos habilitantes y evaluación de las ofertas, lo que desconoce que se trata de
etapas regladas.

Hizo énfasis en que la actuación del comité de contratación de la Secretaría de
Educación departamental se ciñó a la normatividad aplicable y que el régimen de
inhabilidades debe estar precedido de un análisis con aplicación de los principios de la
función pública y la contratación estatal. Remarcó que la no inscripción en el RUP
impide que se considere al proponente en el proceso licitatorio, pues “no tendría
capacidad” y por ende, la propuesta del señor Jorge Reyes no podía ser tenida en
cuenta, pues no la subsanó, pese a que se le requirió para ello y, en todo caso, se probó
que carecía de capacidad para contratar con el Estado al no estar inscrito en el RUP,
con lo cual, considera que la inhabilidad prevista en el artículo 8, numeral 1, literal g de
la Ley 80 de 19932 no podía aplicarse, en tanto la oferta presentada por el señor Jorge
Reyes, no podía tenerse como válida y al no producir efecto alguno, “se tendría como
habilitada la última propuesta o sea la del señor ALIRIO REYES NARVAEZ, siendo
pertinente la evaluación de las propuestas en términos de transparencia, igualdad,
selección objetiva”, como, en efecto lo hizo el comité evaluador, que el 7 de noviembre
de 2015 recomendó la propuesta del señor Alirio Reyes como la más favorable para la
administración, tras haber hallado inválida la oferta del señor Jorge Reyes.

Finalmente, en cuanto a los argumentos de la gobernación del Putumayo, según los
cuales, razones de orden objetivo impedían adjudicar el contrato ante la incertidumbre
respecto de la afectación a los principios que regulan la contratación, como son la
transparencia y la igualdad, señaló que “la administración delegante” rompió la
excepcionalidad al declarar desierto un proceso habiendo dos propuestas válidas, lo
que ocasionó la pérdida de oportunidad al convocante Alirio Reyes Narváez, pues para
la gobernación “un sobre presentado en la diligencia de cierre de un proceso de
selección es óbice para aplicar inmediatamente una inhabilidad sin tener en cuenta lo
reglado del proceso”. Echó en falta un juicio de proporcionalidad en la motivación de la
Resolución No. 1615 de 2015, pues en su criterio de haberlo analizado se habría
concluido que “la decisión tomada por la administración, no fue adecuada ni

2 El literal g) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 determina que son inhábiles para participar en procesos

de contratación o suscribir contratos con entidades estatales “Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes
y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra
persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación”.

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Radicado número: 52001-23-33-000-2016-00448-01 (65012)
Demandante: Octavio Reyes Narváez

proporcional en cuanto su fundamento no tuvo en cuenta la necesidad de dar un trato
diferente a los iguales sino que su juicio de proporcionalidad se enfocó a dar un trato
igualitario entre los desiguales, sacrificando valores y principios de mayor relevancia
como el derecho que es objeto de debate”, lo que da derecho al demandante a reclamar
perjuicios.

2.2. El quince (15) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)3, el Tribunal admitió la
demanda y, luego, notificó el auto admisorio en debida forma4.

2.3. El catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016)5, el Departamento de
Putumayo contestó la demanda en forma extemporánea.

2.4. Previa citación6, el dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete (2017)7, el órgano
judicial de primer grado celebró audiencia inicial, en la que, entre otras decisiones: (i)
declaró saneada la actuación procesal; (ii) fijó el litigio8; (iii) declaró agotada la etapa
de conciliación judicial, por ausencia de ánimo conciliatorio de los extremos procesales;
(iv) dispuso tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda, no así
las de la contestación debido a que fue extemporánea. Como la prueba documental
decretada ya se había allegado al proceso, el despacho se constituyó en audiencia de
pruebas y corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran
de conclusión y este rindiera concepto de mérito.

2.5. Dentro del término de traslado la apoderada del departamento del Putumayo9 y la
parte actora10 alegaron de conclusión, con reiteración de lo argumentado en
oportunidades precedentes y que sirvió de fundamento a la causa y a la contradicción.
Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio11.

2.6. El (26) de junio de dos mil diecinueve (2019)12, el Tribunal Administrativo de Nariño
profirió sentencia de primera instancia, en la que resolvió denegar las pretensiones de
la demanda y condenar en costas a la parte actora. El fallador de primera instancia arribó
a esta conclusión en cuanto encontró probado que el departamento del Putumayo actuó
conforme a derecho al expedir la Resolución No. 1615 del 16 de diciembre de 2015 con
la que declaró desierto el proceso de selección de la Licitación Pública No. SED-LP-004
de 2015, por razones de carácter objetivo que impidieron adjudicar el contrato a
cualquiera de los oferentes, pues hubo incertidumbre respecto de la afectación a los
principios que regulan la contratación estatal, como lo son la transparencia y la igualdad.

2.7. El cinco (5) de agosto de dos mil diecinueve (2019)13- 14, la parte demandante
interpuso recurso de apelación contra la sentencia referida en precedencia, solicitando
su revocación, para que, en su lugar, se profiera “la que en derecho deba reemplazarla”.

3 Folio 362 a 363 del cuaderno 2.
4 Folio 365 al 372 del cuaderno 2.
5 Folio 362 a 363 del cuaderno 2.
6 Folio 388 del cuaderno 2.
7 Folios 391 a 394 del cuaderno 2.
8“¿Debe declararse la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 1615 del 16 de diciembre de

2015 emanada de la Gobernación del Putumayo, por medio de la cual se declaró desierto el proceso de selección
de licitación pública No. SED-LP-004 de 2015 y consecuencia condenar a la entidad demandada a pagar los daños
causados al demandante en su calidad de proponente en el proceso de selección mencionado?”
9 Folios 396 a 399 del cuaderno 2.
10 Folios 400 a 412 del cuaderno 2.
11 Folio 413 del cuaderno 2.
12 Folios 3343 a 3379 del cuaderno principal.
13 Folios 427 a 439 del cuaderno 6.
14 A folio 440 del cuaderno 6 obra constancia secretarial de que la sentencia se notificó el 22 de julio de 2019.

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Radicado número: 52001-23-33-000-2016-00448-01 (65012)
Demandante: Octavio Reyes Narváez

Como sustento del recurso, señala que la sentencia no realizó un análisis minucioso de
los principios que rigen la función pública y los propios de la contratación estatal, en
particular los de igualdad y selección objetiva, pues no valoró los aspectos ampliamente
expresados en el acápite de normas violadas y su concepto de violación y en los alegatos
de conclusión. Así mismo, considera que se omitió la valoración de las pruebas que
sustentaban las pretensiones y, en su lugar, se limitó a realizar una extensa transcripción,
general y abstracta, de normas, prescindiendo de “efectuar un ejercicio lógico razonado
del por qué no encuentra aquellas vulneradas respecto de cada uno de los hechos y
pretensiones debatidos en que sustenta su decisión”; echa en falta un análisis de la figura
del proponente en la contratación estatal, pues considera que en este caso no se
distinguió entre “un verdadero proponente y un sujeto del común que no cumple siquiera
con los requisitos mínimos establecidos en la norma para considerarse como tal”. De igual
manera reprocha que se haya aplicado “una norma de manera contundente como es la
inhabilidad, sin que medie un estudio de fondo que viabilice o no su aplicación”, y que no
se hubiera examinado el momento a partir del cual se “configura una verdadera oferta o
propuesta”. Apuntala que “en realidad, dentro del proceso objeto de alzada, solamente
existieron dos (2) verdaderos proponentes y es en torno a ellos que debió girar el debate,
pues como se ha señalado a Io largo del proceso, el tercer sujeto no ostentaba la calidad
de proponente como tampoco tenía vocación de resultar adjudicatario”.

Respecto a la decisión relativa a la pretensión de condena, reprocha que el a quo la
hubiera negado bajo la consideración de que “el contrato nunca se ejecutó, no existió
beneficiario, ni se giraron recursos o anticipos. Por lo que se recuerda que dentro de este
tipo de contrataciones, mientras no se haya hecho adjudicación alguna, lo que existe es
una mera expectativa.” Al punto trae a colación un extracto de la sentencia 3826715 de
esta Corporación, referida al daño por pérdida de oportunidad, y con base en ella afirma
que la “propuesta presentada por el demandante era la más favorable para la
Administración y, segundo, que no se necesita que el contrato se haya ejecutado para
efectos de que se configure la pérdida de oportunidad”, puesto que la declaratoria de
desierta privó al demandante de haber ejecutado el contrato y haber obtenido la utilidad
esperada.

Finalmente puntualiza: “En cuanto al Marco Normativo y jurisprudencial que fundamenta
la decisión, el a quo transcribe de manera literal el Articulo 8 de la Ley 80 de 1993 que
hace referencia a las inhabilidades e incompatibilidades para contratar, El Articulo 11, el
Articulo 23 que hace referencia a los principios de las Actuaciones contractuales de las
entidades estatales, el Articulo 25 y 25 ibidem.” (Sic a todo), e increpa que el análisis del
fallador se centró en la transcripción literal del texto, en lo que respecta a las causales de
inhabilidad sin tener en cuenta las pruebas y los argumentos de la demanda.
2.8. Con auto del nueve (9) de agosto de dos mil diecinueve (2019)16 el Tribunal
concedió el recurso de apelación.

2.9. El nueve (9) de junio de dos mil veinte (2020)17, esta Corporación admitió el recurso
formulado. Luego, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas
alegaran y este conceptuara en esta instancia18.

15 el daño por pérdida de oportunidad constituye el cercenamiento de una ocasión aleatoria que tenía una persona

de obtener un beneficio o de evitar un deterioro. En el caso de la posibilidad benéfica, si bien no es posible
vislumbrarla con toda certeza y sin margen de duda que se hubiese materializado en la situación favorable esperada,
no se puede desconocer que existía una probabilidad considerable de haberse configurado la misma” (…) “La victima
debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado, es
decir, debe analizarse si el afectado realmente se hallaba, para el momento del hecho dañino en una situación fáctica
y jurídicamente idónea para alcanzar el provecho por el cual propugnaba.”
16 Folio 441 del cuaderno 6.
17 Folio 448 del cuaderno 6.
18 SAMAI certificado 96CE8342FE87E35F4D1CFF1E561EC0DCAEC650F0C1C3544389EF3C0C66B26886. Índice

7.

6

Radicado número: 52001-23-33-000-2016-00448-01 (65012)
Demandante: Octavio Reyes Narváez

2.10. Dentro del término de traslado la parte actora19 y la demandada20 presentaron
alegatos de conclusión en esta instancia, con reiteración de lo argumentado en las
oportunidades anteriores. El Ministerio Público guardó silencio.

3. PROBLEMÁTICA Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

3.1. En el sub examine, el recurso de alzada fue interpuesto únicamente por la parte
actora, quien delimitó sus motivos de inconformidad e insistió en la procedencia de las
pretensiones formuladas en la demanda. En consecuencia, esta Subsección, en principio,
limita el alcance de su estudio en segunda instancia, a resolver el siguiente problema
jurídico:

¿La Resolución 1615 de 2015, con la que departamento del Putumayo
declaró desierta la licitación pública SED-LP-004 de 2015 fue proferida con
lesión al debido proceso y a los principios de igualdad, transparencia y
selección objetiva? En función del sentido de la respuesta que reciba este
primer problema, eventualmente habrá de responder a este otro: ¿hay lugar a
declarar su nulidad y a reconocer el restablecimiento del derecho reclamado
por la pérdida de oportunidad para ser adjudicatario?

3.2. Los cuestionamientos anteriores deberán ser resueltos bajo la normativa del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública (“EGCAP”), dado que la entidad
demandada es el Departamento de Putumayo, una entidad estatal.

4. CONSIDERACIONES

La Sala resolverá el problema atinente al fondo de la litis, habida consideración de la
competencia que le asiste para ello, en atención a lo establecido en los artículos 15021 y
152.322-23 del CPACA, y al ejercicio oportuno que del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho realizó la parte actora, de conformidad con lo dispuesto
en el literal c), numeral 2 del artículo 164 ejusdem24-25. Aparte, porque, tanto la parte actora
como el Departamento del Putumayo están legitimados en la causa por activa y por
pasiva respectivamente, comoquiera que el primero como persona natural participó en el

19 SAMAI certificado 31C4D01CA8D6973D0B95DCEB5ACF12E7E7EECE9D77EE8ABDE6F8420640FEBC74.
Índice 10.
20SAMAI certificado F303C1C9B87A23C0 D887BD6F424970E5 1A0D4CF4EAA54301 0FE06FF20EB63C71. Índice

12.
21 CPACA. “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda

instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos”.
22 CPACA para la fecha de la presentación de la demanda establecía: “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos

conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] “3. De los de nulidad y restablecimiento del
derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de
trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, […].”
23 En el presente asunto, el accionante presentó la demanda en el año 2016, época para la cual el salario mínimo

legal mensual ascendía a $689.454; por tanto, los 300 salarios mínimos equivalían a $206.836.200, lo que supone
que el quantum pretendido en la demanda subsanada [folio 321 a 338 del C2] cuya mayor pretensión asciende a
$268.570.300, excede el monto legalmente exigido.
24 CPACA. “Artículo 164, La demanda deberá ser presentada: […]. 2. En los siguientes términos, so pena de que

opere la caducidad: […] c) Cuando se pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de los actos
previos a la celebración del contrato, el término será de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a su
comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso;
25 En el sub lite, se encuentra acreditado que la Resolución 1615 de 2015 se “publicó en la página web

www.contratos.gov.co el día 03 de febrero de 2016” [Constancia de ejecutoria obrante a folio 670 del C5]. Por
consiguiente, el termino de caducidad [Art. 164, literal c, numeral 2 del CPACA] en este caso inició su cómputo “a
partir del día siguiente a la (..) publicación”, término que se cumplía el 4 de junio de 2016, no obstante se suspendió
con ocasión del trámite de conciliación prejudicial [folio 38 y 39 del cuaderno principal] el 27 de mayo de 2016 faltando
ocho (8) días para su configuración, y dado que la Conciliación se declaró fallida el 03 de agosto de 2016 y la
demanda fue presentada el 8 de agosto de 2016, resulta forzoso concluir que la acción fue incoada oportunamente.

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Demandante: Octavio Reyes Narváez

proceso que culminó con la declaratoria de desierta de la licitación, y el segundo fue la
autoridad que expidió el acto administrativo cuya nulidad se pretende.

4.1 Consideraciones y respuesta al problema jurídico

4.1.1 El acto demandado

El Departamento del Putumayo profirió la Resolución No. 1615 de 2015 “POR MEDIO DE
LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN POR LICITACIÓN
PÚBLICA No. SED-LP-004-2015”, cuya parte considerativa establece que es deber del
Gobernador o su delegado garantizar los principios de transparencia, economía y
responsabilidad de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa y
los contenidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. Para lo cual, en el caso de
marras, se adelantaron las actuaciones tendientes a adjudicar el contrato, de las que se
destacan las relevantes para resolver el problema jurídico que ocupa la atención de la
sala, a saber:

En ejercicio de la delegación conferida por el Gobernador del Putumayo con el Decreto
0367 de 2013, el Secretario de Educación Departamental dio apertura mediante
Resolución No. 4640 del 29-05-2015 al proceso de selección a través de la licitación
pública SED-LP-004 de 2015 con el objeto de "Contratar el suministro de dotación de
vestido de labor y calzado a docentes de establecimientos educativos del Putumayo”,
por cuantía de $948.367.000.

En razón a que se advirtió la configuración de la causal de inhabilidad de que trata el
literal g) del numeral 1 de la Ley 80 de 1993, la oficina de contratación departamental,
por instrucciones del Gobernador, convocó a Comité de Contratación Departamental
que sesión del “25/11/2015, analizó los antecedentes del Proceso” y la acciones
surtidas “desde la etapa de cierre de presentación de ofertas, evaluación y
observaciones”.

De conformidad con lo anterior el Gobernador “mediante Decreto No. 0366 del
27/11/2015 reasumió parcialmente la delegación de funciones de contratación” y avocó
conocimiento del asunto. Fue así como, en audiencia pública que inició el 03 de
diciembre y culminó el 16 del mismo mes y año, adoptó la decisión a que se refirió el
acto aquí demandado, en cuyo tenor se precisa, en lo relevante, que: “conforme al acta
de cierre de presentación de ofertas de fecha 06/11/2015 publicada en el SECOP, se
observa que se allegó ofertas individuales por parte de tres (03) personas naturales,
señores MELQUI NIVALDO BRAVO; JORGE GIRALDO REYES NARVÁEZ Y OCTAVIO
ALIRIO REYES NARVÁEZ”. En el análisis jurídico efectuado por la oficina jurídica de la
SED se encontró que los señores REYES NARVÁEZ se encontraban “dentro del segundo
grado de consanguinidad”, como hermanos, de suerte que por el orden en que se
presentaron las propuestas, “el señor JORGE REYES NARVÁEZ inhabilitaría al señor
ALIRIO REYES NARVÁEZ, en observancia a lo preceptuado en el literal g) y h) del
numeral 1° del artículo 8 de la ley 80 de 1993”26.

El informe de evaluación de requisitos habilitantes evidenció que Jorge Reyes no estaba
inscrito en el registro único de proponentes -RUP- y, en consecuencia, concluyó que su
propuesta no era válida al no ser posible “verificar los requisitos habilitantes (…) situación
ésta que deja en entredicho la valides (sic) de su propuesta, ya que la misma no podrá

26 “Artículo 8. De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 1. Son inhábiles para participar en
licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales: (…) g) Quienes sean cónyuges o compañeros
permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con
cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación.”

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Demandante: Octavio Reyes Narváez

producir efecto jurídico alguno”. Razón por la que “no fue objeto de verificación de
requisitos dentro del informe de evaluación”. Situación que fue censurada por el
proponente Melqui Bravo, al considerar que Octavio Reyes estaba inhabilitado en los
términos del literal g) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, por cuanto su
oferta se presentó después de la de su hermano Jorge y, pese a ello, el comité recomendó
le fuera adjudicado el contrato.

De otra parte, el acto remarca las observaciones que daban cuenta de que el señor Melqui
Nivaldo Bravo Rojas presentó dos sobres: uno a su nombre y otro “en el que esta
confabulado con otro proponente, pues en el cuadro de presentación se identifica el
nombre del señor ROJAS mientras en su encabezado se usa el nombre del señor JORGE
GIRALDO REYES NARVÁEZ”, situación que “induce en error a la entidad por cuanto esta
no puede adjudicar un contrato a una persona que presenta dos propuestas” y “vulnera el
principio de transparencia y pasa por alto los lineamientos de la selección objetiva”.

Estas circunstancias, señala el acto demandado, obligaban a la entidad departamental a
“dar aplicación a los principios generales de la contratación pública y aquellos propios de
las actuaciones administrativas normadas en el artículo 209 de la Carta Política” ante la
confluencia de diversas situaciones que afectaban la objetividad del proceso. De forma
que coligió, a la luz de la finalidad y naturaleza del régimen de inhabilidades del EGCAP,
que en uno y otro caso se configuran consecuencias independientes, pero que de igual
forma afectan la objetividad del proceso, así:

Frente al primer asunto, relacionado con la presentación de propuestas por parte de los
hermanos Reyes Narváez, la Resolución demandada trajo a colación la Sentencia C-415
de 1994 en cuanto advierte que la participación de miembros de una misma familia en una
licitación o concurso “tiene una alta probabilidad de incidir negativamente en la
consecución de los objetivos que el Estado se traza (…), vale decir, obtener las mejores
condiciones y promover al máximo la igualdad de acceso de los particulares”, y de allí
coligió que “la propuesta del señor OCTAVIO ALIRIO REYES NARVÁEZ debió haber sido
devuelta a su autor sin ser considerada o evaluada por estar él inmerso en la causal de
inhabilidad para ofertas ya reseñada ante la llegada previa de ofrecimiento por parte del
señor JORGE REYES NARVAEZ, de quién se tiene sustento probatorio es su
hermano.(…) situación que pese a advertida por el oferente BRAVO ROJAS, no fue
resuelta en la oportunidad procesal por parte de la SED ”.

Así mismo, la motivación del acto demandado aludió a la sentencia 24059 de 2013 de
esta Corporación, para remarcar lo atinente “al deber que asume la entidad estatal
contratante de evaluar todas las propuestas; (…) de aplicar de manera rigurosa y estricta
los criterios de selección establecidos por ella; (…) sin que le sea dable valorar con mayor
rigor o severidad a determinadas propuestas y ser laxa o permisiva con otras”.

Bajo estas premisas, la Gobernación, en el acto demandado, consideró desacertado el
manejo del Comité evaluador al haber descartado la oferta del señor Jorge Reyes, pues
con ello infringió la objetividad propia del proceso de selección en esa etapa y en lo
relacionado con el cuestionamiento que realizó el señor Alirio Reyes a las ofertas que
afirma realizó el señor Melqui Bravo Rojas confabulado con su hermano Jorge Reyes,
señala que no había lugar a evaluar la oferta en tanto se trata de conductas: “que rayan
el ámbito penal del oferente” y que deben ser debatidas en la instancia judicial
competente, pues “no pueden ser declarados como efectivamente ocurridos o no por esta
administración”. Razón por la que advierte que la vulneración de los principios señalados
en la Constitución y los generales de contratación estatal, en particular los de
transparencia e igualdad, impiden objetivamente la escogencia de cualquier oferente y
que lo que procede en estos casos: “es que la entidad pública declare desierto el proceso

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Demandante: Octavio Reyes Narváez

de selección que se encuentra en curso y no la adjudicación del contrato”, en los términos
del artículo 25, numeral 18 de la Ley 80 de 1993.

Concluyó que, conforme a la citada sentencia 24059 de 201327, se configuró una conducta
del oferente o de su propuesta contraria a los principios aplicables a la contratación estatal,
que imponía “la declaratoria de desierta del proceso por cuenta de la presencia de
situaciones que impiden realizar una selección objetiva”.

4.1.2 Los cargos de nulidad y la prueba aportada

Para centrar el enfoque que ha de dar la Sala a este cargo, se debe tener presente que
en la etapa de fijación del litigio de la audiencia inicial, el apoderado de la parte actora
reiteró los hechos de la demanda y manifestó estar de acuerdo “en el trámite que se le
dio al proceso de selección hasta el momento en que la secretaría de Educación
departamental, recomienda al ordenador del gasto suscribir el contrato objeto del
proceso de licitación, al señor Octavio Alirio reyes, previo análisis de todos los requisitos
de hecho y de derecho que enmarcan nuestra normatividad contractual. No estoy de
acuerdo en el tratamiento que le da la gobernación del Putumayo, cuando reasume la
delegación, apartándose de todos y cada uno de los principios, incluso cuestionando el
trámite que le dio el comité evaluador (…) al considerar que, la persona que entró a
activar las inhabilidades e incompatibilidades puede recibir el mismo trato que las otras
personas que sí reunían los mismos requisitos”, y enfatizó que “quien entró a activar el
régimen de inhabilidades e incompatibilidades en ningún momento reunía los requisitos
para ser proponente (…)”.28

Como puede apreciarse, la carga argumentativa y probatoria de la demanda29 y del
recurso se concentra en la actuación de la gobernación del Putumayo, a partir del

27 "El rechazo de una propuesta o, lo que es lo mismo, la exclusión de una oferta del correspondiente procedimiento

administrativo de selección contractual, solo puede adoptarse o decidirse de manera valida por parte de la respectiva
entidad estatal contratante, cuando verifique la configuración de una o varias de las hipótesis que se puntualizan a
continuación, las cuales se distinguen para facilitar su comprensión, aunque desde alguna perspectiva pudieran
asimilarse o entenderse como comprensivas unas de otras, así: i) cuando el respectivo proponente se encuentre
incurso en una o varias de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad previstas en la Constitución Política o
en la ley; ii) cuando el respectivo proponente no cumple con alguno (s) de los requisitos habilitantes establecidos,
con arreglo a la ley, en el pliego de condiciones o su equivalente; iii) cuando se verifique “la ausencia de requisitos
o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente” que en realidad sean necesarios, esto
es forzosos, indispensables, ineludibles, “para la comparación de las propuestas” y, claro está, iv) cuando la
conducta del oferente o su propuesta resultan abiertamente contrarias a Principios o normas imperativas de
Jerarquía constitucional o legal que impongan deberes, establezcan exigencias mínimas o consagren
prohibiciones y/o sanciones … ” Consejo de Estado. Sección Tercera. Fallo del 14 de marzo de 2013. Radicación
número: 44001-23-31-000-1999-00827-01(24059).

28 Minuto 10:22 a 12 del CD que contiene la grabación de la audiencia inicial, folio 390 del cuaderno 2.
29 “1. Copia Aviso de convocatoria. 2. Copia Pliego de condiciones Definitivo Licitación Pública No. SED-LP-004 DE

2015.3. Copia Resolución No 4640 de 29 de octubre de 2015 por medio de la cual se apertura la Licitación Pública
No. SED-LP-004 DE 2015.4. Acta Audiencia de Aclaraciones al Pliego de Condiciones.5. Acta de Cierre del Proceso
de Selección.6. Informe de Evaluación Requisitos Habilitantes.7. Decreto 0366 del 27 de Noviembre de 2015 POR
MEDIO DEL CUAL SE REASUME PARCIALMENTE LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE CONTRATACIÓN
ESTATAL CONFERIDA MEDIANTE DECRETO NO 0370 DEL 23/12/2013 AL SECRETARIO DE
EDUCACIÓNDEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, SE AVOCA LA COMPETENCIA DEL PROCESO DE
SELECCIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA NO. SED-LP-004 DE 2015 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 8.
Copia acta audiencia de respuesta a observaciones, adjudicación o declaratoria de desierta del proceso.9. Copia
acta de continuación de audiencia de adjudicación o declaratoria de desierta del proceso.10. Copia resolución No
1615 del 16 de diciembre de 2015, POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE
SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA NO. SED- LP-004 DE 2015.11. Pantallazo del proceso SECOP, a fin de ilustrar
el trámite de publicidad del proceso y la fecha en que fue publicada la resolución de declaratoria de desierta.12.
Pantallazo RUES, a fin de demostrar al juez que el señor JORGE GIRALDO REYES NARVAEZ no ostenta la
inscripción en la cámara de comercio del documento RUP, por lo tanto no tenía capacidad legal.” Folio 337 vueltodel
C.2.

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Radicado número: 52001-23-33-000-2016-00448-01 (65012)
Demandante: Octavio Reyes Narváez

momento en que reasumió la competencia que había delegado en la Secretaría de
Educación Departamental para adelantar el proceso de selección a través de la
licitación pública No. SED-LP-004 de 2015, de allí se sigue que el busilis del recurso de
alzada gravita en torno a la legalidad o no de la Resolución 1615 de 2015 con la que el
ente departamental declaró desierto el proceso de selección debido a que consideró
que, dadas las circunstancias que se presentaron, no era posible garantizar los
principios de objetividad y transparencia.

4.1.3. Solución al problema jurídico

4.1.3.1. Para mejor comprensión de la teleología abstracta del acto que declara desierta
la licitación, viene bien recordar que éste responde a la excepcional imposibilidad de
aplicar los criterios establecidos por la ley y plasmados en los pliegos de condiciones
para la escogencia objetiva del ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que
busca la contratación estatal; y que, en tal sentido, en aquellos casos en que no se
formulen propuestas, o las presentadas impidan la realización de una selección objetiva,
o cuando resultan insuficientes o equivocados los parámetros definidos por la
Administración para garantizar una escogencia objetiva, la entidad pública ha de culminar
dicho proceso con una decisión opuesta a la adjudicación, esto es, con una declaratoria
de desierta, en la que se expresen, al tenor de la preceptiva del numeral 18 del artículo
25 de la Ley 80 de 1993, los “motivos o causas que impidan la escogencia objetiva”.

4.1.3.2. Por otro lado, en cuanto se halla en estrecha relación con los motivos que
determinaron la declaración demandada, la Sala encuentra pertinente traer, a manera de
premisas para la resolución del problema, algunos de los trazos de la jurisprudencia
administrativa y constitucional sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para
contratar con el Estado. Sobre este particular se ha dicho lo siguiente:

“De manera primordial en esta reflexión debe advertirse que la consagración legal de las
incompatibilidades e inhabilidades en materia contractual, no es sino desarrollo del
Principio de Moralidad que la Constitución Política consagra como uno de los
rectores de la Función Administrativa, instituido en el artículo 209 de la Carta, toda
vez que este Principio –en su carácter jurídico, ordenador y orientador del derecho–
constituye la Finalidad, el Deber Ser, la Razón de Primer Orden en la cual se inspira,
justifica y legitima la existencia de las normas que definen y regulan las inhabilidades
e incompatibilidades.

Adicionalmente, toda vez que la Jurisprudencia Constitucional se ha referido a la protección
del Interés General como causa que legitima la estructuración legal de las
incompatibilidades e inhabilidades, se puede precisar que la regulación de sus causales
para contratar con el Estado debe orientarse por el Principio de Moralidad que obviamente
–como es propio de todos los Principios de la Función Administrativa– se despliega
ordenado con base en la protección prevalente del interés general y, por ello, se entiende
que la potestad de configuración legislativa en materia de incompatibilidades e
inhabilidades para contratar con el Estado puede concretarse a través de una regla
de carácter excluyente para determinados potenciales contratistas, la cual se impone
entonces por razón de ese fin de interés general como regla legal prevalente, esto es
que puede ser impuesta sobre el derecho individual a contratar con el Estado.”30
(resaltado fuera de texto).

Entonces, no puede perderse de vista que este régimen de inhabilidades se erige como
un conjunto de restricciones establecidas por la Constitución y la Ley a efecto de
garantizar la idoneidad, imparcialidad, probidad, transparencia y moralidad de la función

30 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 2013, radicado interno 25646.

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pública, que comporta afectación a la capacidad específica de las personas interesadas
en establecer relaciones contractuales con el Estado, con el objeto de garantizar la
prevalencia del interés general.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional, en sentencia C- 106 de 2018, puntualizó que
“las inhabilidades para contratar con el Estado determinan la capacidad jurídica de
determinadas personas para ser sujeto de la relación contractual, en aras de materializar
los principios de la función administrativa, que se encuentran en juego en la selección de
los contratistas en condiciones objetivas y de igualdad de oferentes, en la celebración y
ejecución del instrumento contractual.”

Es, precisamente, la protección prevalente del interés general que subyace al régimen de
inhabilidades la que justifica que, en determinadas y concretas circunstancias, deba ceder
el interés particular de los potenciales contratistas del Estado frente a la garantía de
transparencia y objetividad que debe prevalecer en la actividad contractual del Estado; al
punto que la inobservancia de este régimen vicia de nulidad absoluta el contrato así
celebrado en los términos del numeral 1 del artículo 44 de la Ley 80 de 199331.

4.1.3.3. Bajo estas premisas generales, procede la Sala a resolver los cargos del
recurrente relacionados con la decisión contenida en la Resolución 1615 de 2015, cargos
que plantea en el recurso y reitera en sus alegaciones de conclusión de segunda instancia
para protestar que la decisión apelada se haya apartado de los principios que atan a la
administración en el proceso de selección, en particular los de transparencia, selección
objetiva e igualdad. En el orden fáctico, el recurrente denota, con sentido crítico, que la
Gobernación de Putumayo haya entendido que su propuesta “debió ser devuelta a su
autor sin ser considerada o evaluada por estar inmerso en una causal de inhabilidad”, la
prevista en el literal g) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, comoquiera que
la oferta que con anticipación a él radicó su hermano Jorge Reyes Narváez no debió
haberse tenido en cuenta, en tanto no ostentaba la capacidad ni la vocación para participar
en el proceso de selección, pues no acreditó su inscripción en el registro único de
proponentes – RUP- , con lo cual no era posible que se verificaran los requisitos como
proponente al momento de presentar la oferta y, en consecuencia, no estaba llamada a
producir efectos jurídicos.

Por contraste, realiza el recurrente una apología de la actuación que desplegó el Comité
evaluador de la Secretaría de Educación Departamental en cuanto recomendó adjudicar
el contrato al señor Alirio Reyes Narváez, recomendación que le presta apoyo para
reprochar a la Gobernación del Putumayo que, al reasumir la delegación, haya dado al
hermano del demandante un trato igualitario frente a los proponentes que sí tenían tal
condición, decisión que, a su juicio, quiebra el principio de igualdad, pues, a su juicio,
nunca debió haber sido considerado como oferente dada su falta de capacidad jurídica,
financiera y administrativa que le restaba validez a su participación en el proceso de
selección, en forma tal que “no estaba en condiciones de activar la inhabilidad dado que
de acuerdo a las características de dicha inhabilidad no podía ser considerado un riesgo
dentro del proceso de selección.” De hecho, afirma que “dentro del proceso solo
existieron dos proponentes que se pudieron considerar como tal, el tercero, ni
siquiera reunía los requisitos mínimos señalados en la Ley para ser considerado,

31 “ARTÍCULO 44.- De las Causales de Nulidad Absoluta. Los contratos del Estado son absolutamente nulos en

los casos previstos en el derecho común y además cuando:
1o. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y
la ley; (…)”

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Radicado número: 52001-23-33-000-2016-00448-01 (65012)
Demandante: Octavio Reyes Narváez

es más, en ningún momento pudo haber habido una colusión en esas condiciones.”
32 (resaltados fuera de texto).

4.1.3.4. Pues bien, como se dijo en precedencia, la parte actora no cuestiona la veracidad
de los supuestos fácticos probados que sustentan la decisión del a quo, pues acepta que
en el caso que ocupa la atención de la Sala, al menos formalmente, se presentaron tres
propuestas dentro del proceso de selección SED-LP-004 de 2015, respecto de las cuales
se evidenciaron situaciones irregulares que llevaron a que el Departamento del Putumayo
reasumiera la delegación para contratar y expidiera la Resolución 1615 de 2015 con la
que declaró desierto el proceso ante la incertidumbre respecto de la afectación a los
principios de transparencia e igualdad que impedían una selección objetiva de uno de los
oferentes. Como puede apreciarse, el demandante y aquí recurrente no desconoce su
parentesco con su hermano Jorge, como tampoco, las irregularidades que se observaron
en la propuesta de este. Lo que reprocha es el alcance que a estas circunstancias dio el
a quo a la luz de los mismos principios que invocó la Gobernación, y que el recurrente
considera, llevaron a conclusión diferente a aquella que resultaría favorable a sus
intereses.

Huelga decir que la selección de los potenciales contratistas del Estado debe desarrollarse
con arreglo a los principios de moralidad, transparencia, igualdad, economía y
responsabilidad, así como a los criterios de selección objetiva establecidos en las bases
del proceso, a efecto de garantizar que la contratación constituya un instrumento idóneo
para el cumplimiento de los intereses y objetivos del Estado Colombiano.

Se ha dicho que el principio de transparencia en materia de contratación estatal se
garantiza con la escogencia del contratista, por regla general, a través de licitación pública,
salvo las excepciones previstas en el artículo 2 de la ley 1150 de 2007. A su turno para
asegurar transparencia e igualdad en la licitación pública debe garantizarse la publicidad,
la libertad de concurrencia y la igualdad entre licitantes, para lo cual los pliegos deben
establecer reglas claras que permitan una selección objetiva que evite privilegios, ventajas
o discriminación para quienes participan del proceso. Al punto esta Corporación precisó:

“De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 las actuaciones de quienes intervengan
en la contratación estatal deben ceñirse a los principios de transparencia, economía y
responsabilidad, sin dejar de lado los postulados que rigen la función administrativa, esto es
que esa función está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse de acuerdo
con los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad. El
principio de transparencia en la contratación estatal comprende aspectos tales como
la claridad y la nitidez en la actuación contractual para poder hacer efectiva la supremacía
del interés general, la libre concurrencia de los interesados en contratar con el
Estado, la igualdad de los oferentes, la publicidad de todo el iter contractual, la
selección objetiva del contratista, el derecho a cuestionar o controvertir las decisiones
que en esta materia realice la Administración, etc. La libre concurrencia de los
interesados implica la posibilidad de estos de acceder e intervenir en el proceso de
selección y la imposibilidad para la Administración de establecer, sin justificación legal
alguna, mecanismos o previsiones que conduzcan a la exclusión de potenciales oferentes.
Y es que de no ser así se conculcaría también el deber de selección objetiva porque al
excluir posibles proponentes se estaría creando un universo restringido de oferentes en el
que perfectamente puede no estar la mejor oferta.”33 (resaltado fuera de texto).

Bajo este entendimiento “La transparencia es uno de los principios en los que se
fundamenta la Ley 80 de 1993 y está relacionado con la pulcritud y claridad con que han

32 Alegatos de conclusión de segunda instancia de la parte actora. Índice 10 SAMAI, certificado
31C4D01CA8D6973D0B95DCEB5ACF12E7E7EECE9D77EE8ABD E6F8420640FEBC74
33 Consejo de Estado. Sección Tercera, subsección C. Fallo del 24 de Marzo de 2011, proceso radicado 63001-23-

31-000-1998-00752-01(18118).

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Demandante: Octavio Reyes Narváez

de realizarse las actuaciones de la Administración al momento de llevar a cabo el proceso
de construcción de un contrato, con el fin, en otras cosas, de combatir los posibles eventos
de corrupción que podrían asomar durante este proceso.”34

A su turno, el principio de igualdad guarda estrecha relación con el de libertad de
concurrencia, en tanto uno y otro están enderezados a garantizar que quienes estén
interesados en participar de un proceso de selección con miras a ser eventuales
adjudicatarios de un contrato estatal, puedan hacerlo en idénticas condiciones y bajo las
mismas oportunidades y tratamiento que los demás oferentes, sin que se les impongan
talanqueras o limitaciones discriminatorias o injustificadas para su participación o vicios
de parcialidad en relación con los demás participantes.

Corolario de lo anterior es que las restricciones para participar en los procesos solo
pueden imponerse en forma razonable y proporcionada a efecto de garantizar la
prevalencia del interés público dentro de los límites permitidos por la Constitución y la Ley.

De esta forma, es el legislador quien tiene la competencia para determinar qué hechos o
situaciones generan inhabilidad para contratar conforme al principio de legalidad que
ordena que la función pública debe someterse estrictamente a lo que disponga la
Constitución y la ley [Art. 6 CP].

En el caso bajo análisis, la prueba que milita en el plenario, en particular el “INFORME DE
EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES”35 que realizó el Comité de evaluación de
propuestas de la Secretaría de Educación del Departamento del Putumayo, cuya
actuación no discute la parte actora, da cuenta de la ocurrencia de dos situaciones
irregulares que se presentaron en el proceso de selección SED-LP-004 de 2005, cuyos
supuestos fácticos encuadraban dentro de la causal de inhabilidad que se pasa a describir
de manera gráfica a continuación:

Hecho probado Consecuencia jurídica
1. Se presentaron, en su orden36, tres proponentes: Artículo 8, numeral 1, literal g) de la Ley
80 de 1993. “DE LAS INHABILIDADES
1) Melqui Nivaldo Bravo Rojas; E INCOMPATIBILIDADES PARA
2) Jorge Reyes Narváez y CONTRATAR.
3) Octavio Alirio Reyes Narváez.
1. Son inhábiles para participar en
“esta entidad recepcionó tres propuestas, de las cuales licitaciones y para celebrar contratos
dos de ellas corresponden a dos personas en las que con las entidades estatales: (…)
se presenta un vínculo de parentesco de
consanguinidad en segundo grado, como quiera que g) Quienes sean cónyuges
se trata de dos hermanos (JORGE GIRALDO REYES o compañeros permanentes y quienes
NARVÁEZ y ALIRIO REYES NARVAEZ) lo que en se encuentren dentro del segundo
principio el proponente que radico primero su grado de consanguinidad o segundo de
propuesta inhabilitaría al proponente que la presentó afinidad con cualquier otra persona
con posterioridad37, esto es al Señor ALIRIO REYES que formalmente haya presentado
NARVAEZ, lo anterior en cumplimiento del artículo 8 de propuesta para una misma
la ley 80 de 1993” (Sic a todo). licitación.”
2. “aunado a lo anterior se observa otro indicio en su contra Artículo 25, numeral 18, de la Ley 80 de
y es que en la presentación de la propuesta del señor 1993. “DEL PRINCIPIO DE
JORGE GIRALDO REYES NARVÁEZ se evidencia que ECONOMÍA.” En virtud de este
en el rótulo se transcribe el nombre del proponente principio:
MELQUI BRAVO ROJAS, situación que a todas luces

34 Consejo de Estado. Sección tercera, subsección C, fallo del 3 de diciembre de 2015, proceso radicado 76001-23-31-

000-2000-00785-01(31915).
35 Folios 269 a 276 del C. 2.
36 El artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015 dispuso que la Entidad Estatal contratante dejará constancia de

la fecha y hora en que recibió las correspondientes ofertas, para establecer cuál fue la primera en el tiempo y/o
cual(es) se encuentra(n) inhabilitada(s) acorde al literal g) y h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.
37 Ver sentencia de la Honorable Corte Constitucional C-415/94.

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Radicado número: 52001-23-33-000-2016-00448-01 (65012)
Demandante: Octavio Reyes Narváez

resulta alarmante, toda vez que el señor MELQUI es uno “La declaratoria de desierta de la
de los proponentes dentro del proceso licitatorio, más licitación únicamente procederá por
aún cuando al momento del cierre de la presentación motivos o causas que impidan la
de la propuesta este manifiesta con pleno escogencia objetiva y se declarará en
conocimiento de causa y a manera de observación acto administrativo en el que se
inmediata la inhabilidad presentada en los señalarán en forma expresa y detallada
proponentes por sus lasos de consanguinidad.” las razones que han conducido a esa
decisión”.

Este contraste entre el hecho probado y la normativa rectora del asunto permite inferir, sin
necesidad de mayores lucubraciones, que el último interesado en el proceso licitatorio en
presentar oferta, en cuanto tenía relación de parentesco por consanguinidad en segundo
grado con quien había ya ofertado, estaba incurso en la inhabilidad establecida por el
legislador en el literal g), numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. Una vez señalada
y acreditada la circunstancia del parentesco entre los oferentes, no podía el Comité
evaluador hacer cosa distinta que dar aplicación a la norma legal en función de la
inhabilidad que ella establecía. Luego, pasar por alto esa circunstancia, para derivar
consecuencias que ni la ley ni el pliego contemplaban antes de la evaluación de las
ofertas, fue un proceder de la SED que estuvo bien censurado y corregido por la
Gobernación. Ningún fundamento legal existe, que de sustento válido al planteamiento
del recurrente, según el cual, sólo ha de entenderse que hay propuesta, para los efectos
de la causal de inhabilidad en consideración, una vez la propuesta ha sido evaluada y no
rechazada, todo esto para concluir que, en el sub examine “dentro del proceso solo
existieron dos proponentes” y que “en ningún momento pudo haber habido una colusión
en esas condiciones”.

Al punto, basta con iterar que desde siempre ha sido pacífica la jurisprudencia de esta
Colegiatura al señalar que las normas que consagran inhabilidades son de orden público
y, por ende, su aplicación no admite interpretaciones amplias o extensivas. Esto significa
que, salvo aquellas excepciones expresamente contempladas en la ley, las causales de
inhabilidad deben interpretarse de manera restrictiva, con cabal sujeción a su taxativo y
expreso alcance, sin que puedan buscarse analogías para introducir ingredientes
normativos no previstos en el supuesto de hecho que estas consagran, o aducir razones
ampliadas para hacer extensiva su consecuencia jurídica a casos disímiles. Pues, al
tratarse de una materia de reserva legal, la voluntad del legislador no puede ser
suplantada en detrimento de derechos de terceros o de intereses sociales que exigen la
sujeción estricta al texto de la ley prohibitiva, en tanto estas normas propenden,
precisamente, por la salvaguarda del interés general y la moralidad administrativa.

De cara al estudio de legalidad que ocupa la atención de la Subsección, contrario a la
tesis del recurrente, el ingrediente normativo que activa la causal de inhabilidad refiere
específicamente a la presentación formal de una “propuesta para una misma licitación”
por parte de “quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad”. Ahora
bien, se entiende por propuesta la oferta de negocio jurídico presentada por un proponente
dentro del plazo previsto en un proceso de selección.

Bajo este entendimiento, la causal de inhabilidad prevista en el artículo 8, numeral 1, literal
g) de la Ley 80 de 1993 deviene de un hecho o situación propio del proponente, ajeno a
la oferta y al obrar de la administración, para el caso el parentesco, y tiene por objeto
garantizar la moralidad, la imparcialidad, la eficacia y la transparencia.

No pasa inadvertido para la Sala que si bien es cierto no todas las causales de inhabilidad
y de incompatibilidad son consecuencia de una medida de reproche o de una sanción
previa declarada dentro de un proceso sancionatorio - administrativo, disciplinario o penal
-, no lo es menos que el legislador ha incrementado las restricciones a la capacidad
contractual en el marco de la lucha contra la corrupción, justificando la limitación a la

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Radicado número: 52001-23-33-000-2016-00448-01 (65012)
Demandante: Octavio Reyes Narváez

libertad negocial de las personas para prevenir la utilización de factores de poder cuyo
propósito es obtener un provecho económico individual, en perjuicio del interés general
que es el que debe prevalecer en el ejercicio de la función pública.

Ahora bien, está probado en el plenario: (i) la oportuna presentación de las tres
propuestas; (ii) la condición de hermanos de los oferentes Reyes Narváez, y (iii) la
anotación del nombre Melqui Bravo en dos de ellas, que llevó a que se advirtiera una
posible colusión entre éste y el señor Jorge Reyes38. Irregularidades éstas, con base en
las cuales el departamento del Putumayo expidió la Resolución 1615 de 2015 que declaró
desierto el proceso de selección dentro de la licitación SED-LP-004 de 2015. Decisión
que, al tenor del artículo 25, numeral 18, de la Ley 80 de 1993, se fundamentó con
suficiencia, puntualizando los motivos y causas, tantas veces citados, que a la luz de la
normatividad aplicable y, en especial, de los principios de transparencia e igualdad que
gobiernan el proceso de contratación estatal, impedían la “escogencia objetiva” de una de
las propuestas.

Como se manifestó con antelación, la Sala encuentra que los argumentos de la parte
actora no enervan la presunción de legalidad del acto administrativo demandado,
comoquiera que en las condiciones anotadas, no le quedaba al ente departamental
camino diferente que abstenerse de seleccionar cualquiera de las ofertas y declarar
desierto el proceso, pues no tendría ningún sentido avanzar con una actuación que
jurídicamente no podía terminar en una adjudicación, de modo que sería contrario a los
principios de economía y eficiencia que la administración hubiera proseguido a sabiendas
que las graves falencias e irregularidades reveladas imponían la terminación del proceso
de selección con una declaratoria de desierta, precisamente, para salvaguardar los
principios que le son propios a la contratación para el logro de los altos fines que con ella
pretende el Estado, esto es: satisfacer necesidades esenciales de la comunidad y del
servicio público en el marco de los principios que la Constitución asigna a la función
administrativa como desarrollo del postulado general de moralidad que la permea.

En definitiva, la respuesta al problema jurídico planteado es de signo negativo y, en
consecuencia, esta Colegiatura confirmará el fallo proferido por el Tribunal de
primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.

5. COSTAS

5.1. El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho”. A su turno, los artículos 365.139 y 36640 ejusdem, aplicables a los procesos
38 Consta en el “ACTA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN
PÚBLICA No. SED LP-004-2015”, visible a folios 53 a 54 del C. 1., que dentro de la oportunidad establecida se
recibieron las propuestas de MELQUI NIVALDO BRAVO, JORGE REYES y OCTAVIO ALIRIO REYES. Así mismo
se consignaron las siguientes observaciones: “Las propuestas se presentaron antes de la hora límite en la Secretaría
de Educación Departamental de Putumayo. El señor JORGE G. REYES N., solo presenta propuesta en original, sin
anexar copias, en la caratula de la presentación de la propuesta se evidencia que el nombre del proponente que la
presenta es el señor MELQUI BRAVO ROJAS.”. “El oferente MELQUI NIVALDO BRAVO ROJAS realiza la
siguiente observación: las dos firmas de los dos hermanos Reyes presentan propuesta, encontrándose una
inhabilidad para la presentación”.
39 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la

condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso,
o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión
que haya propuesto […]”.
40 CGP. “Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que

haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le
ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes
reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales
hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o
el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas

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Radicado número: 52001-23-33-000-2016-00448-01 (65012)
Demandante: Octavio Reyes Narváez

contenciosos administrativos por remisión expresa del artículo 188 del CPACA41,
establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realizará de
manera concentrada por la secretaría del a quo, correspondiéndole a este juzgador la
fijación de las agencias en derecho de segunda instancia, de acuerdo con las tarifas
fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.

5.2. Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la parte accionante, dado que
interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y este no
prosperó. Para tal efecto, el Tribunal de origen deberá efectuar la correspondiente
liquidación y tasación de costas, debiendo considerar que en esta instancia se fijan
agencias en derecho por tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de
acuerdo con las tarifas establecidas en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 expedido por
el Consejo Superior de la Judicatura42.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño
el veintiséis (26) de junio de dos mil diecinueve (2019), que negó las pretensiones de la
demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas
de manera concentrada por el Tribunal Administrativo de Nariño, debiendo considerar
que en esta instancia se fijaron agencias en derecho por tres (3) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, conforme lo precisado en la parte motiva.

TERCERO: En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF
FSR / 6C

que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un
máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse
el máximo de dichas tarifas” (subrayado añadido).
41 CPACA. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la

condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC”.
42 Acuerdo PSAA16-10554 de 2016. El artículo 5 establece que las agencias en derecho en segunda instancia

causadas en procesos declarativos serán “entre 1 y 6 S.M.L.M.V.”.

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