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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2019-00174-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00174-00

Fecha
30 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00174-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero de Estado Juan Camilo Morales Trujillo, de conformidad con lo indicado en la parte motiva de esta decisión. Por lo tanto, se le separa del conocimiento del presente asunto. Segundo. Declarar la nulidad parcial del anexo «Parámetros para la participación en el proceso de selección de Defensores Públicos», de la Resolución 052 del 14 de enero de 2019, expedida por la Defensoría del Pueblo. Específicamente se anula la expresión «declarar bajo la gravedad de juramento que su domicilio corresponde a uno de los municipios que comprende el circuito para el cual se inscribe», contenida en el acápite de «requisitos específicos de participación en el proceso de selección de defensores públicos», por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 21 Sobre los efectos de las sentencias de nulidad y la posibilidad de modularlos se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de abril de 2017. Exp. 11001-03-25-000-2013-01087- 00 (2512-2013). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Radicado: 11001032500020190017400 (1068-2019) Demandante: Héctor Eduardo Castañeda La declaración de nulidad parcial solo tendrá efectos a partir de la fecha de ejecutoria de la presente sentencia y únicamente puede afectar situaciones jurídicas no consolidadas. Tercero. Negar las demás pretensiones de la demanda. Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia. Quinto. Reconocer al abogado Andrés Felipe Montalvo De La Ossa, quien se identifica con cédula de ciudadanía 7318407022 y Tarjeta Profesional 165706, y a la abogada Candy Zuley Orozco Alvarado, quien se identifica con cédula de ciudadanía 22801663 23 y Tarjeta Profesional 173339, adscritos a la Sociedad Morales y Montalvo Abogados Asociados S.A.S., como apoderados de la Universidad Nacional de Colombia. Sexto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00174-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001032500020190017400 (1068-2019)
Demandante: Héctor Eduardo Castañeda
Demandados: Defensoría del Pueblo

Temas: Proceso de selección de defensores públicos

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
____________________________________________________________

1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por el señor Héctor Eduardo Castañeda contra la Defensoría del
Pueblo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Las demandas

1.1.1. Las pretensiones

2. En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137
del CPACA, 1 el señor Héctor Eduardo Castañeda, actuando en nombre propio,
interpuso demanda en orden a que se anule la Resolución 052 del 14 de enero de
2019, «por la cual se da apertura al proceso de selección de defensores públicos
de la Defensoría del Pueblo», y su Anexo «Parámetros para la participación en el
proceso de selección de Defensores Públicos».

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante sostuvo que el acto acusado quebrantó los artículos 1, 6, 13,
29, 121, 123 y 209 de la Constitución Política; 23, 25 y 32 de la Ley 80 de 1993; 9 y
28 de la Ley 941 de 2005; 154 y 163 de la Ley 1098 de 2006; 5 de la Ley 1150 de
2007; 3 del Decreto 1542 de 1997; el Decreto 1082 de 2015 y las Resoluciones 938,
1281 y 1131 de 2018, expedidas por la Defensoría del Pueblo.

4. Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes cargos:

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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Radicado: 11001032500020190017400 (1068-2019)
Demandante: Héctor Eduardo Castañeda

i) El acto acusado no determinó la oferta de plazas de defensores públicos a
proveer mediante el proceso de selección, discriminadas por regionales,
instancias judiciales, categorías, áreas, subáreas y programas.

ii) Las referidas plazas solo se relacionaron en el aplicativo de inscripción, por
ende, se desconoció que el elemento más importante de una convocatoria es la
identificación de la oferta de empleos, vacantes o plazas a proveer. Igualmente,
se quebrantaron los principios de transparencia, economía y responsabilidad que
orientan la contratación pública y la selección objetiva de defensores públicos en
los términos del artículo 9 de la Ley 941 de 2005.

iii) El proceso de selección demandado debió ajustarse a alguna de las normas
que regulan estas actuaciones como las Leyes 201 de 1995 o 909 de 2004 o los
Decretos 262 de 2000 y 1227 de 2005.

iv) La resolución enjuiciada ni su anexo determinaron la estructura del proceso
de selección, en el cual se definieran sus diferentes etapas y el cronograma, sino
que aquellas se publicaron en la página web
“www.selecciondefensorespublicos.com”. Además, omitió regular los siguientes
aspectos: a) fecha de publicación de los resultados de la verificación de requisitos
mínimos; b) fecha de publicación de los resultados de las pruebas de
conocimientos generales y específicos y de la prueba de competencias
comportamentales; c) fechas y los términos para presentar las reclamaciones
frente a los resultados de la verificación de requisitos mínimos o a los resultados
de las pruebas de conocimientos y de competencias comportamentales; d)
indicar si se podía reclamar o interponer recursos contra la conformación de listas
finales; e) ciudades en las cuales se aplicarían las pruebas; f) hora de inicio y
finalización de las pruebas.

v) El proceso de selección cuestionado no consideró una prueba de valoración
de antecedentes, que ponderara la formación académica y la experiencia laboral
adicional a los requisitos mínimos exigidos, pese a que ello era fundamental para
salvaguardar el derecho a la igualdad.

vi) La convocatoria no contó con el tiempo suficiente de divulgación, ya que la
Resolución 052 de 2019 fue expedida el 14 de enero de 2019 y publicada el 15
de enero de 2019, mientas que las inscripciones iniciaron el 21 de enero de 2019,
es decir, que la divulgación fue solo de 4 días hábiles o 6 calendario. Dicha
actuación debió sujetarse al artículo 197 del Decreto 262 de 2000.

vii) El anexo de la convocatoria estableció una prueba de conocimientos
generales y específicos en el área, sin haberse determinado las funciones o
responsabilidades de un defensor público, ni las competencias
comportamentales requeridas. En efecto, tales aspectos no fueron previstos en

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Demandante: Héctor Eduardo Castañeda

las Leyes 24 de 1992, 2 941 de 2005 3 o en las Resoluciones 939 4 y 1281 de
2018.5

viii) El anexo de la convocatoria fue suscrito por el director nacional de Defensoría
Pública, lo cual desconoce el artículo 28 de la Ley 941 de 2005, en tanto prevé
que los requisitos mínimos que deberán cumplir los defensores públicos se
establecerán por el defensor del pueblo.

ix) La convocatoria exigió declarar bajo la gravedad de juramento que el
domicilio del aspirante corresponde a uno de los municipios que comprende el
circuito para el cual se inscribe, lo cual quebranta el derecho a la participación y
desconoce que el concurso es abierto y a nivel nacional e impide cambiar la sede
de trabajo o ascender de categoría. Además, quebranta el derecho a la igualdad
de oportunidades en los términos explicados por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-180 [sic].

x) El proceso de selección vulneró el principio de economía, consagrado en
artículo 25 de la Ley 80 de 1993, así como la Resolución 1131 del 3 de octubre
de 2018 6 en tanto dispuso que la Defensoría del Pueblo establecería un
procedimiento para la selección de los defensores públicos de acuerdo con el
mapa judicial colombiano y con base en las necesidades y requerimientos
presentados por cada una de las Defensorías del Pueblo Regionales, pero «hasta
la fecha NO se conoce un acto administrativo de la Defensoría del Pueblo,
mediante el cual se haya establecido el citado procedimiento», ni se ha elaborado
un estudio técnico sobre las necesidades de Defensores Públicos requeridos
para cumplir adecuadamente con la función pública.

xi) Los contratos celebrados entre la Defensoría del Pueblo, el DAFP 7 y la
Universidad Nacional, para adelantar el proceso de selección cuestionado,
desconocieron las reglas de la contratación estatal. Al respecto, se destacan las
siguientes falencias: a) publicación extemporánea en el SECOP del «Estudio del
Sector Económico» y de los «Estudios Previos»; b) infracción principio de
planeación, porque primero se suscribió el contrato y posteriormente fueron
elaborados los estudios soportes de dicha contratación; c) se presenta una
inconsistencia entre el objeto del Contrato Interadministrativo 386 de 2018 y lo
publicado en la página web «www.seleccion defensorespublicos.com»; d) el
contenido del «Estudio del Sector Económico» no se ajusta a lo exigido al artículo

2 Por la cual se establecen la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y se dictan otras

disposiciones en desarrollo del artículo 283 de la Constitución Política de Colombia.
3 Por la cual se organiza el Sistema Nacional de Defensoría Pública.
4 Por la cual se establecen las categorías, requisitos mínimos y honorarios de los Defensores Públicos del

Sistema Nacional de Defensoría Pública y se dictan otras disposiciones.
5 Por la cual se establecen las categorías, requisitos mínimos y honorarios de los defensores públicos del

Sistema Nacional de Defensoría Pública en materia laboral, civil y administrativo y se dictan otras disposiciones.
6 Manual de procesos de contratación de la Defensoría Pública.
7 Departamento Administrativo de la Función Pública.

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Demandante: Héctor Eduardo Castañeda

2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015; e) en la «Descripción de la Necesidad»
de los «Estudios Previos» no se determinaron las plazas de defensores públicos
requeridos; e) algunas de las obligaciones del DAFP y de la Universidad Nacional
son idénticas y las entidades no se comprometieron a «diseñar, construir y validar
la prueba de competencias comportamentales»; f) el estatuto de contratación no
exigía la realización de un proceso de selección para celebrar los contratos de
servicios profesionales, de manera que el desarrollo de esa actuación generó un
gasto innecesario.

xii) El proceso de selección enjuiciado desconoció los artículos 154 y 163 de la
Ley 1098 de 2006, «por la cual se expide el Código de la Infancia y la
Adolescencia» y el artículo 3 del Decreto 1542 de 1997, porque al determinar la
oferta de plazas de defensores públicos a proveer no tuvo en cuenta los
defensores requeridos para la asunción de la defensa técnica de los niños,
adolescentes o reclusos que carecieran de apoderado.

1.2. Contestación de la demanda

5. La Defensoría del Pueblo se opuso a las pretensiones de la demanda, con
base en los siguientes argumentos:

i) Las normas que rigen el régimen de carrera administrativa en la Defensoría
del Pueblo son las contenidas en la Ley 201 de 1995 y el régimen de contratación
es el del estatuto general de la contratación pública.

ii) La Ley 941 de 2005 dispone que los defensores públicos son «los abogados
vinculados al servicio de Defensoría Pública que administra la Defensoría del
Pueblo, previo el cumplimiento de los requisitos, mediante la figura del contrato
de prestación de servicios profesionales, para proveer la asistencia técnica y la
representación judicial en favor de aquellas personas que se encuentren en las
condiciones previstas en el artículo 2 de la presente ley, de acuerdo con las
normas previstas en el Estatuto de Contratación Estatal. Los contratos de
prestación de servicios profesionales especializados podrán suscribirse con
cláusula de exclusividad y no dará lugar en ningún caso a vinculación laboral con
la Institución».

iii) Conforme a la Ley 1150 de 2007, la Defensoría del Pueblo y la Universidad
Nacional de Colombia suscribieron el contrato interadministrativo 386 de 2018
para desarrollar el proceso de selección de defensores públicos.

iv) Los participantes del proceso de selección sabían que no se trataba de un
concurso de méritos propio de una vinculación legal y reglamentaria, sino que se
buscaba atender el principio de selección objetiva. De ahí que tal actuación no
debe regirse por la Ley 909 de 2004.

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v) La contratación de los defensores públicos debía contemplar una serie de
pasos o itinerario metodológico para suscribir los contratos; máxime si se tiene
en cuenta que se recibiría más de una oferta.

6. La Universidad Nacional de Colombia solicitó que se negaran las
pretensiones por las siguientes razones:

i) El Contrato Interadministrativo 386 de 2018 fue debidamente celebrado bajo
el mecanismo de contratación directa, el cual «no solo cumple con el principio de
transparencia en la medida que se presenta la unión de esfuerzos, experiencias,
objeto común para el cumplimiento de los objetivos estatales de dos entidades
públicas, respetando la misión y el objeto de cada una, sino que adicionalmente
constituye un claro ejemplo de aplicación del principio de economía para el
cumplimiento oportuno y eficiente de los fines de la contratación estatal».

ii) Los actos acusados se encuentran ajustados a la legalidad, pues aclararon
que el proceso de selección no era incompatible con la vinculación de los
defensores por contrato de prestación de servicios y su propósito era contar con
una lista de candidatos óptimos para ejercer tal responsabilidad y las pruebas
practicadas se corresponden con la calidad que se espera de ellos.

iii) El proceso de selección también fue motivado en el fallo del 25 de junio de
2018, expedido por del Tribunal Administrativo del Cauca,8 que le ordenó a la
Defensoría del Pueblo reglamentar los requisitos mínimos que deben acreditar
los defensores públicos, en los términos del artículo 26 de la Ley 941 de 2005.

iv) El Anexo de la Resolución 052 de 2019 fue suscrito por el director Nacional
de Defensoría Pública, en ejercicio de las funciones previstas por el artículo 17
del Decreto 025 de 2014.

II. TRAMITE EN ÚNICA INSTANCIA

2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada

7. Por auto del 20 de enero de 2023, se admitió la demanda.

8. Mediante auto del 17 de julio de 2023, se negó la solicitud de medida cautelar
presentada por el actor.

9. Por auto del 4 de julio de 2025, el despacho ponente evidenció la posibilidad
de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A
del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) prescindir de las audiencias inicial y
de pruebas, prevista en los artículos 180 y 181 ibidem; b) resolver sobre las pruebas

8 Expediente 19001-23-33-002-2018-000140-00.

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aportadas y solicitadas; c) fijar el litigio; d) correr traslado a las partes y al Ministerio
Público para presentar alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

2.2. Alegatos de conclusión

10. La Universidad Nacional de Colombia reiteró los argumentos expuestos en
las respectivas etapas del proceso.

2.3. Ministerio Público

11. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

3.1. Cuestión previa

12. Por escrito del 29 de octubre de 2025, el doctor Juan Camilo morales Trujillo,
consejero de Estado integrante de esta Subsección, solicitó ser separado del debate
y decisión de este proceso, al considerar que se encuentra incurso en la causal de
impedimento señalada en el numeral 9 del artículo 141 del Código General del
Proceso. Con tales fines expresó:

En el proceso de la referencia actúa como apoderado de la Universidad Nacional de
Colombia la persona jurídica Morales y Montalvo Abogados Asociados SAS, sociedad
representada legalmente por el señor Andrés Felipe Montalvo de la Ossa, a quien
conozco y es mi amigo íntimo.

13. En vigencia del Código de Procedimiento Civil, la Sentencia C-390 de 1993,
al analizar la constitucionalidad del artículo 150 de dicho estatuto, precisó que la
causal de impedimento consistente en «existir enemistad grave por hechos ajenos
al proceso, o a la ejecución de la sentencia, o amistad íntima entre el juez y alguna
de las partes, su representante o apoderado», correspondía a aquellas clasificadas
como subjetivas, esto es, aquellas respecto de las cuales no basta con acreditar el
supuesto de hecho consagrado en la norma, sino que se exige una valoración
argumentada y subjetiva de los dichos que la fundamenten.

14. A su vez, esta corporación ha sostenido que «la existencia de la amistad
estrecha o de la enemistad grave entre el Juez y alguna de las partes, su
representante o apoderado, es una manifestación que tiene un nivel de credibilidad
que se funda en aquello que expresa el operador judicial, pues no es jurídicamente
posible, comprobar los niveles de amistad íntima o enemistad grave que un
funcionario pueda llegar a sentir por otra persona. Lo anterior, debido a que tales

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situaciones se conocen y trascienden el ámbito subjetivo, cuando el Juzgador
mediante su afirmación la pone de presente para su examen, sin que sea del caso
que su amigo o enemigo, lo ratifique».9

15. De conformidad con las anteriores precisiones, la Sala encuentra acreditado
que el señor Andrés Felipe Montalvo de La Ossa es apoderado de la Universidad
Nacional; por lo tanto, las razones expuestas por el consejero Juan Camilo Morales
Trujillo resultan adecuadas a la causal invocada, teniendo en cuenta que los
sentimientos de afecto, derivados de los lazos íntimos de amistad que indicó
mantener con el apoderado pueden comprometer su imparcialidad y objetividad al
momento de resolver el debate. En consecuencia, se declarará fundada su solicitud
y, consecuentemente, se le separará del conocimiento de este asunto.

3.2. Presentación del caso y metodología de decisión

16. En el presente asunto, la Sala examinará si la Resolución 052 del 14 de enero
de 2019 y su Anexo están viciados de nulidad por violación al ordenamiento
constitucional y legal en que debían fundarse.

17. Para acometer dicho propósito, se abordarán los siguientes aspectos
relevantes: i) texto del acto acusado; ii) generalidades de los defensores públicos;
iii) el caso concreto - problema jurídico - análisis de los cargos de nulidad; y iv)
costas y agencias en derecho.

3.2. Texto del acto demandado

18. Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente el acto enjuiciado en
razón a su extensión y a que no se demandaron aspectos específicos de su
contenido. En consecuencia, únicamente se citarán los apartes relevantes al sub
lite, cuyo tenor es el siguiente:

«RESOLUCIÓN No. 052

Por la cual se da apertura al proceso de selección de defensores públicos de
la Defensoría del Pueblo

EL DEFENSOR DEL PUEBLO

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los
numerales 1 y 7 del artículo 5 del Decreto Ley 025 del año 2014 y,
[…]

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Dar apertura al proceso de selección de Defensores Públicos de la
Defensoría del Pueblo de acuerdo con lo dispuesto en los términos del documento

9 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 17 de julio de 2014, radicado 11001-03-28-000-2014-00022-00.

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anexo suscrito por el Director Nacional de Defensoría Pública, denominado
"parámetros para la participación en el proceso de selección de defensores públicos".

ARTÍCULO 2. El presente proceso de selección de defensores públicos, no se
constituye en un concurso de méritos que genere derechos de carrera administrativa
o vínculo laboral con la Defensoría del Pueblo.

PARÁGRAFO: Para todos los efectos legales, el presente proceso de selección no
desnaturaliza la contratación directa de los defensores públicos, cuya vinculación se
surte mediante contrato de prestación de servicios profesionales de acuerdo con lo
establecido en la ley.

ARTÍCULO 3. El proceso de selección de Defensores Públicos, será ejecutado por la
Universidad Nacional de Colombia, en virtud del contrato interadministrativo N°. 386
de 2018 y de acuerdo con los requisitos y términos indicados en el documento Anexo
suscrito por el Director Nacional de Defensoría Pública, denominado "parámetros
para la participación en el proceso de selección de defensores públicos».

«ANEXO RESOLUCIÓN No. 052 de 2019

PARÁMETROS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
DE DEFENSORES PÚBLICOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

[…]
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE
SELECCIÓN DE DEFENSORES PÚBLICOS
[…]
4. Declarar bajo la gravedad de juramento que su domicilio corresponde a uno de los
municipios que comprende el circuito para el cual se inscribe.

3.3. Generalidades de los defensores públicos»

19. El artículo 21 de la Ley 24 de 199210 dispone que la Defensoría Pública se
prestará en favor de las personas respecto de quienes se acredite que se
encuentran en imposibilidad económica o social de proveer por sí mismas a la
defensa de sus derechos, para asumir su representación judicial o extrajudicial y
con el fin de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia o a las decisiones de
cualquier autoridad pública.

20. El artículo 22 ibidem prevé que la Defensoría Pública se prestará por: i)
abogados que, como defensores públicos, formen parte de la planta de personal de
la entidad; ii) abogados que hayan sido contratados como defensores públicos; iii)
estudiantes de los dos últimos años de las facultades de derecho, pertenecientes a
los consultorios jurídicos; iv) egresados de las facultades de derecho que escojan
la prestación gratuita del servicio como defensor público durante 9 meses como
requisito para optar al título de abogado.

10 Por la cual se establecen la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y se dictan otras

disposiciones en desarrollo del artículo 283 de la Constitución Política de Colombia.

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21. Para lo que atañe al sub lite, la Sala se detendrá en el análisis de la segunda
modalidad antes descrita, esto es, la Defensoría Pública que prestan los abogados
contratados como defensores públicos.

22. El artículo 26 de la Ley 941 de 200511 dispuso que los defensores públicos
son los abogados vinculados al servicio de Defensoría Pública que administra la
Defensoría del Pueblo, previo el cumplimiento de los requisitos, mediante la figura
del contrato de prestación de servicios profesionales, para proveer la asistencia
técnica y la representación judicial en favor de aquellas personas que se encuentren
en las condiciones previstas en su artículo 2,12 de acuerdo con las normas previstas
en el Estatuto de Contratación Estatal.

23. Por su parte, el artículo 28 ibidem indicó que el Defensor del Pueblo
establecería mediante reglamento los requisitos mínimos que deberían cumplir los
defensores públicos. Además, que los contratos de prestación de servicios
profesionales especializados podrían suscribirse con cláusula de exclusividad y no
darían lugar en ningún caso a vinculación laboral con la institución.

24. A su turno, el artículo 9 de la Ley 941 de 2005 prevé que «las personas
jurídicas y naturales que contraten con el Sistema Nacional de Defensoría Pública
serán escogidas de acuerdo con los principios de transparencia y selección
objetiva».

3.4. El caso concreto. Problema jurídico - análisis de los cargos de
nulidad

25. De acuerdo con los argumentos planteados en la demanda y su contestación,
le corresponde a la Sala determinar si el acto acusado quebrantó el ordenamiento
superior, conforme a los cargos de nulidad expuestos por el accionante, los cuales
serán agrupados con el fin de facilitar el estudio del presente debate.

3.4.1. Reglas del proceso de selección análogas a los concursos de
méritos

26. Al revisar el escrito de la demanda, se concluye que uno de los principales
reproches del actor radica en que el proceso de selección no se acogió a las reglas
que el legislador ha previsto para las convocatorias a concursos públicos. Dentro de

11 Por la cual se organiza el Sistema Nacional de Defensoría Pública.
12 Artículo 2. Cobertura. El Sistema Nacional de Defensoría Pública prestará sus servicios en favor de las

personas que por sus condiciones económicas o sociales se encuentran en circunstancias de desigualdad
manifiesta para proveerse, por sí mismas, la defensa de sus derechos. También se prestará por las necesidades
del proceso previstas en el inciso 2º del artículo 43 de la presente ley, en cuyo caso el imputado o acusado
pagará al Sistema la totalidad de los honorarios y gastos causados.

Para los efectos de la presente ley, se entiende por persona en imposibilidad económica, aquella que carece
de recursos suficientes para proveer su defensa técnica y por persona en imposibilidad social, aquella que por
discriminación u otra circunstancia excluyente no pueda acceder a un defensor particular.

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este reparo se encuentran los siguientes cargos de nulidad:

i) El acto acusado no determinó la oferta de plazas de defensores públicos a
proveer mediante el proceso de selección, discriminadas por regionales,
instancias judiciales, categorías, áreas, subáreas y programas.

ii) Las referidas plazas solo se relacionaron en el aplicativo de inscripción, por
ende, se desconoció que el elemento más importante de una convocatoria es la
identificación de la oferta de empleos, vacantes o plazas a proveer. Igualmente,
se quebrantaron los principios de transparencia, economía y responsabilidad que
orientan la contratación pública y la selección objetiva de defensores públicos en
los términos del artículo 9 de la Ley 941 de 2005.

iii) El proceso de selección demandado debió ajustarse a alguna de las normas
que regulan estas actuaciones como las Leyes 201 de 1995 o 909 de 2004 o los
Decreto 262 de 2000 y 1227 de 2005.

iv) La resolución enjuiciada ni su anexo determinaron la estructura del proceso
de selección, en el cual se definieran sus diferentes etapas y el cronograma, sino
que aquellas se publicaron en la página web
“www.selecciondefensorespublicos.com”. Además, omitió regular los siguientes
aspectos: a) fecha de publicación de los resultados de la verificación de requisitos
mínimos; b) fecha de publicación de los resultados de las pruebas de
conocimientos generales y específicos y de la prueba de competencias
comportamentales; c) fechas y los términos para presentar las reclamaciones
frente a los resultados de la verificación de requisitos mínimos o a los resultados
de las pruebas de conocimientos y de competencias comportamentales; d)
indicar si se podía reclamar o interponer recursos contra la conformación de listas
finales; e) ciudades en las cuales se aplicarían las pruebas; f) hora de inicio y
finalización de las pruebas.

v) El proceso de selección cuestionado no consideró una prueba de valoración
de antecedentes, que ponderara la formación académica y la experiencia laboral
adicional a los requisitos mínimos exigidos, pese a que ello era fundamental para
salvaguardar el derecho a la igualdad.

vi) La convocatoria no contó con el tiempo suficiente de divulgación, ya que la
Resolución 052 de 2019 fue expedida el 14 de enero de 2019 y publicada el 15
de enero de 2019, mientas que las inscripciones iniciaron el 21 de enero de 2019,
es decir, que la divulgación fue solo de 4 días hábiles o 6 calendario. Dicha
actuación debió sujetarse al artículo 197 del Decreto 262 de 2000.

27. La Sala se aparta de los anteriores argumentos, ya que la Resolución 052 de
2019 dio apertura al proceso de selección de defensores públicos, pero con la

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Demandante: Héctor Eduardo Castañeda

aclaración de que no se trataba de un concurso de méritos que generara derechos
de carrera administrativa o un vínculo laboral con la entidad y que tampoco se
desnaturalizaba la contratación directa de los defensores públicos, cuya vinculación
se surte mediante contrato de prestación de servicios profesionales.

28. Esta corporación se refirió al mencionado proceso de selección en los
siguientes términos:13

Sea lo primero aclarar que el referido proceso de selección de Defensores Públicos
no responde exactamente a un concurso de méritos para seleccionar personal de
carrera administrativa, se trata de un trámite tendiente a garantizar la selección
objetiva, presupuesto inherente a la contratación directa, sin desconocer el contrato
de prestación de servicios.
[…]

Ciertamente, se considera que el proceso de selección que realiza el Defensor del
Pueblo a través de los actos administrativos demandados, se ajusta al ejercicio de
sus competencias y no contraviene el artículo 26 de la Ley 941 de 2005, en la medida
que las personas que hagan parte de la lista definitiva de resultados, serán
contratadas mediante la modalidad de prestación de servicios en orden descendente
de calificación, lo que significa que la vinculación se justifica bajo criterios de
razonabilidad, y por necesidades del servicio, atendiendo un factor objetivo calificativo
que le da lugar en la lista definitiva de resultados.
[…]

En conclusión, acogiendo el concepto del Ministerio Público, las resoluciones
acusadas se encuentran ajustadas al ordenamiento jurídico, porque fueron proferidas
por autoridad competente, en uso de las facultades constitucionales y legales
establecidas, que ordena la apertura de un proceso de selección de defensores
públicos, decisión motivada y sustentada en la ley, que busca aplicar un
procedimiento transparente y objetivo respaldado con las disposiciones que
gobiernan la materia, en especial el principio de selección objetiva establecido en la
Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, fundadas en la necesidad de escoger
abogados calificados para el desempeño de la defensa pública, que exige
profesionales del más alto nivel académico, idoneidad y experiencia que permitan
asegurar una excelente prestación del servicio.

29. En este orden de ideas, la apertura del proceso de selección aludido no
puede homologarse a la convocatoria propia de los concursos públicos para el
ingreso a la carrera administrativa, pues aquel solo tuvo como finalidad aplicar los
principios de transparencia y selección objetiva a la contratación de servicios
profesionales de los defensores públicos, a través de una invitación pública y
abierta, dirigida a quienes acreditaran los requisitos mínimos para el ejercicio de la
defensoría pública y cumplir de manera idónea el servicio público a ellos
encomendado.

30. Por lo tanto, la entidad contaba con un mayor margen de acción para diseñar
ese llamado a la comunidad, establecer los plazos para cada etapa y, en general,

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de septiembre de 2023, radicado

11001-03-25-000-2019-00063-00 (0297-2019 y acumulados).

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determinar las pruebas, su peso porcentual, plazos de divulgación, inscripción y
reclamaciones, pues se trataba de aspectos que no se regían por las normas
generales, especiales o específicas de carrera administrativa, como las invocadas
por el accionante.

31. En tal sentido se destaca que el anexo de la resolución acusada reguló los
siguientes aspectos: i) fechas y canal habilitado para las inscripciones; ii) etapas [a)
publicación y divulgación de la apertura del proceso de selección; b) inscripciones;
c) verificación de requisitos mínimos; d) conformación de lista]; iii) requisitos
generales y específicos de participación; iv) pruebas a aplicar; v) plazas a ofertar
por defensorías del pueblo regional; vi) categorización defensores públicos; viii)
causales de exclusión del proceso de selección.

32. Así las cosas, los interesados en participar en el referido proceso de
selección conocían con suficiencia las reglas fijadas por la administración
encaminadas a la posterior celebración de los contratos de prestación de servicios
profesionales.

3.4.2. Requisitos de los defensores públicos

33. El demandante sostuvo que el proceso de selección incurrió en las siguientes
falencias de cara a los requisitos para actuar como defensor público y la autoridad
competente para fijarlos:

i) El Anexo de la convocatoria estableció una prueba de conocimientos
generales y específicos en el área, sin haberse determinado las funciones o
responsabilidades de un defensor público, ni las competencias
comportamentales requeridas. En efecto, tales aspectos no fueron previstos en
las Leyes 24 de 1992,14 941 de 200515 o en las Resoluciones 93916 y 1281 de
2018.17

ii) El anexo de la convocatoria fue suscrito por el director nacional de Defensoría
Pública, lo cual desconoce el artículo 28 de la Ley 941 de 2005, en tanto prevé
que los requisitos mínimos que deberán cumplir los defensores públicos se
establecerán por el defensor del pueblo.

34. La Sala no comparte los anteriores reproches, ya que para la época en que
se expidió el acto demandado, se encontraban vigentes las Resoluciones 939 del
24 de agosto de 2018 y 1281 del 31 de octubre de 2018, proferidas por el defensor

14 Por la cual se establecen la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y se dictan otras

disposiciones en desarrollo del artículo 283 de la Constitución Política de Colombia.
15 Por la cual se organiza el Sistema Nacional de Defensoría Pública.
16 Por la cual se establecen las categorías, requisitos mínimos y honorarios de los Defensores Públicos del

Sistema Nacional de Defensoría Pública y se dictan otras disposiciones.
17 Por la cual se establecen las categorías, requisitos mínimos y honorarios de los defensores públicos del

Sistema Nacional de Defensoría Pública en materia laboral, civil y administrativo y se dictan otras disposiciones.

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del pueblo, en las cuales se establecieron los requisitos para ser defensor público
en los siguientes términos:

➢ Resolución 939 del 24 de agosto de 2018

ARTÍCULO 1. Objeto.- Establecer las categorías, requisitos mínimos y honorarios de
los defensores públicos del Servicio Nacional de Defensoría Pública de la siguiente
manera:

CLASIFICACIÓN DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA
PÚBLICA
CATEGORÍA REQUISITOS MÍNIMOS HONORARIOS
DEFENSORES PÚBLICOS ANTE Título de abogado, título de
LA CORTE SUPREMA DE posgrado en áreas relacionadas $5.550.000
JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN con el área penal, 15 años de
PENAL experiencia en litigio en penal y 3
años de experiencia como
docente en penal
DEFENSORES PÚBLICOS ANTE Título de abogado, título de
LOS TRIBUNALES posgrado en áreas relacionadas $4.800.000
SUPERIORES DE DISTRITO con el área penal, 7 años de
JUDICIAL – SALA PENAL Y experiencia en litigio en penal
PENAL MILITAR
DEFENSORES PÚBLICOS ANTE Título de abogado, título de
LOS JUECES PENALES DEL posgrado en áreas relacionadas $4.500.000
CIRCUITO, CIRCUITO con el área penal, 3 años de
ESPECIALIZADO Y PENAL experiencia en litigio en penal
MILITAR
DEFENSORES PÚBLICOS ANTE Título de abogado y 2 años de
LOS JUECES PENALES experiencia en litigio en penal $4.120.000
MUNICIPALES Y PROMISCUOS
MUNICIPALES
Nota 1: El título de posgrado podrá homologarse con dos (2) años de experiencia adicional a la indicada en
litigio
Nota 2: En el caso de los Juzgados Promiscuos Municipales, sólo aplica en materia penal

➢ Resolución 1281 del 31 de octubre de 2018

ARTÍCULO 1. Objeto.- Establecer las categorías, requisitos mínimos y honorarios de
los defensores públicos del Servicio Nacional de Defensoría Pública en materia
laboral, civil y administrativo de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA
PÚBLICA
CATEGORÍA REQUISITOS MÍNIMOS HONORARIOS
DEFENSORES PÚBLICOS ANTE Título de abogado, título de
LA CORTE SUPREMA DE posgrado en áreas relacionadas, $5.550.000
JUSTICIA (SALA CIVIL Y 15 años de experiencia
LABORAL) Y ANTE EL profesional en litigio en el área y 3
CONSEJO DE ESTADO años de experiencia como
docente en el área
DEFENSORES PÚBLICOS ANTE Título de abogado, título de
LOS TRIBUNALES posgrado en áreas relacionadas, 7 $4.800.000
SUPERIORES JUDICIALES años de experiencia profesional
(SALA LABORAL Y CIVIL) Y en litigio en el área
ANTE LOS TRIBUNALES
CONTENCIOSOS
ADMINISTRATIVOS
DEFENSORES PÚBLICOS ANTE Título de abogado, título de
LOS JUECES DEL CIRCUITO posgrado en áreas relacionadas, 3 $4.400.000
LABORAL, CIVIL Y años de experiencia profesional

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ADMINISTRATIVO en litigio en el área
DEFENSORES PÚBLICOS ANTE Título de abogado y 2 años de
LOS JUECES MUNICIPALES experiencia profesional en litigio $4.120.000
LABORALES Y CIVILES Y ANTE
LOS JUECES PROMISCUOS
MUNICIPALES
Nota 1: El título de posgrado podrá homologarse con dos años de experiencia profesional en litigio adicional.
Nota 2: Las categorías, requisitos mínimos y honorarios de que trata el presente acto administrativo aplica a
los defensores públicos que sean vinculados en el área de Derecho Público y Privado

35. Asimismo, el artículo 26 de la Ley 941 de 2005 indicó que los defensores
públicos tienen la función de «proveer la asistencia técnica y la representación
judicial en favor de aquellas personas que se encuentren en las condiciones
previstas en el artículo 2º de la presente ley, de acuerdo con las normas previstas
en el Estatuto de Contratación Estatal». En concreto, los beneficiarios de ese
servicio son quienes «por sus condiciones económicas o sociales se encuentran en
circunstancias de desigualdad manifiesta para proveerse, por sí mismas, la defensa
de sus derechos».18

36. Bajo este escenario, se encuentra acreditado que para el momento en que
se dio apertura al proceso de selección demandado, el legislador había delimitado
con precisión las funciones de los defensores públicos y el defensor del pueblo
había establecido los requisitos para fungir en tal calidad. Por lo tanto, el acto
acusado no quebrantó la competencia que le asignó el artículo 28 de la Ley 941 de
2005 a dicha autoridad.

37. Además, en lo que concierne a las competencias comportamentales, se
observa que las Leyes 24 de 1992, 941 de 2005, el Decreto Ley 25 de 2014 y las
Resoluciones 939 del 24 de agosto de 2018 y 1281 del 31 de octubre de 2018 no
regularon dicho aspecto, por ende, la administración contaba con un amplio margen
de acción para desarrollarlo, pues no debía sujetarse a las normas de carrera
administrativa invocadas por el accionante; por el contrario, tal presupuesto puede
leerse en clave de un requisito de idoneidad implementado para asegurar el
cumplimento del servicio público a cargo de los defensores públicos que serían
contratados.

38. En efecto, el Anexo técnico del acto demandado precisó que el proceso de
selección se encaminaba a contratar «profesionales en derecho que tengan la
formación e idoneidad académica, así como la experiencia requerida y las
competencias asociadas al ejercicio de la defensoría pública».

39. A su turno, el estudio previo del contrato interadministrativo celebrado con la
Universidad Nacional se dejó constancia de lo siguiente:

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:
[…]
Conforme lo expuesto y en virtud del principio de transparencia y selección objetiva,

18 Artículo 2 de la Ley 941 de 2005.

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la Defensoría del Pueblo orientada a la mejora continua busca:

Fortalecer a través de un proceso de selección, la escogencia de los profesionales
que brindarán asesoría y representación judicial a los colombianos que requieran el
servicio de Defensoría Pública. […]

Para este fin se aplicarán pruebas de conocimiento y competencias
comportamentales, previa verificación de la idoneidad y experiencia del aspirante,
cumpliendo con el objetivo principal perseguido por la Defensoría del Pueblo, que
consiste en la evaluación de estas dimensiones de los futuros defensores públicos,
buscando determinar su capacidad de desempeñarse en diferentes contextos,
identificar sus conocimientos, experiencia, destrezas, habilidades valores, actitudes y
aptitudes los cuales constituyen estándares básicos para la prestación del servicio,
aún más si se tiene en cuenta que el Defensor Público contemporáneo debe afrontar
los retos que propone la suscripción del acuerdo de paz en materia de garantías para
las víctimas las cuales se traducen en el acceso a una adecuada defensa, asegurando
una participación justa dentro de los procesos judiciales. La evaluación de las citadas
competencias no resulta excluyente, ni desnaturaliza la contratación directa de
prestación de servicios profesionales de acuerdo con lo establecido en la ley.

40. De acuerdo con lo anterior, la Defensoría del Pueblo justificó en forma
razonada y suficiente la necesidad de aplicar pruebas de competencias
comportamentales para seleccionar a los defensores públicos que apoyarían la
prestación del servicio público confiado a esa entidad.

3.4.3. Desconocimiento del régimen legal de contratación estatal

41. El accionante sostuvo que los contratos celebrados entre la Defensoría del
Pueblo, el DAFP y la Universidad Nacional, para adelantar el proceso de selección
cuestionado, desconocieron las reglas de la contratación estatal. Al respecto, se
destacan las siguientes falencias: a) publicación extemporánea en el SECOP del
«Estudio del Sector Económico» y de los «Estudios Previos»; b) infracción principio
de planeación, porque primero se suscribió el contrato y posteriormente fueron
elaborados los estudios soportes de dicha contratación; c) se presenta una
inconsistencia entre el objeto del Contrato Interadministrativo 386 de 2018 y lo
publicado en la página web «www.seleccion defensorespublicos.com»; d) el
contenido del «Estudio del Sector Económico» no se ajusta a lo exigido al artículo
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015; e) en la «Descripción de la Necesidad» de
los «Estudios Previos» no se determinaron las plazas de defensores públicos
requeridos; e) algunas de las obligaciones del DAFP y de la Universidad Nacional
son idénticas y las entidades no se comprometieron a «diseñar, construir y validar
la prueba de competencias comportamentales»; f) el estatuto de contratación no
exigía la realización de un proceso de selección para celebrar los contratos de
servicios profesionales, de manera que el desarrollo de esa actuación generó un
gasto innecesario.

42. La Sala advierte que las anteriores objeciones atacan directamente los
convenios interadministrativos celebrados por la Defensoría del Pueblo con el DAFP

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y la Universidad Nacional, pero estos actos no fueron demandados, por lo que es
innecesario ahondar en razonamientos frente a dichos reproches.

43. Esta decisión también respeta los principios de congruencia, justicia rogada
y la competencia en esta instancia, la cual se encuentra delimitada por las
pretensiones del medio de control. Asimismo, se garantiza el derecho de
contradicción y defensa de la parte accionada.

3.4.4. Desconocimiento del derecho de defensa a algunos sectores de la
población

44. El demandante manifestó que el proceso de selección enjuiciado desconoció
los artículos 154 y 163 de la Ley 1098 de 2006 y el artículo 3 del Decreto 1542 de
1997, porque al determinar la oferta de plazas de defensores públicos a proveer no
tuvo en cuenta los defensores requeridos para la asunción de la defensa técnica de
los niños, adolescentes o reclusos que carecieran de apoderado.

45. Ahora bien, los artículos 154 y 163 de la Ley 1098 de 2006, prevén que el
adolescente que no tenga apoderado tiene derecho a que le sea asignado un
defensor del Sistema de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo. Además,
que los defensores públicos del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la
Defensoría del Pueblo deben asumir la defensa técnica del proceso, cuando los
niños o adolescentes carezcan de apoderado.

46. Por su parte, el Artículo 3 del Decreto 1542 de 1997, preceptuó:

Artículo 3. En un plazo no mayor de treinta (30) días la Defensoría del Pueblo, en
coordinación con el INPEC, estructurará un programa de asistencia jurídica y revisión
de la situación legal de los internos para efectos de solicitar la aplicación de los
beneficios a que haya lugar, sin perjuicio de la atención jurídica que por ley les
corresponde a los defensores.

Para el cumplimiento de lo aquí señalado, el Defensor del Pueblo y sus delegados
deberán poner a disposición de cada establecimiento carcelario y penitenciario
mínimo un defensor público por cada cincuenta (50) reclusos que carezcan de
defensor.

47. De acuerdo, con las anteriores disposiciones se concluye que el proceso de
selección no incurrió en una omisión respecto de la defensa de los niños,
adolescentes y población reclusa, ya que este se encaminó a escoger los
defensores públicos encargados de apoyar el servicio público de defensoría.

48. Por ende, la institución debía asignar los profesionales que se fueran
requiriendo según las necesidades de la población, conforme lo prevé la política
estatal implementada en dichas normas. En efecto, los defensores públicos no
ejercen un empleo público asignado a una planta de personal permanente, sino que,

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en el marco de la Ley 1098 de 2006 y el Decreto 1542 de 1997, son llamados en los
procesos judiciales a que haya lugar o son asignados por la Defensoría del Pueblo
para atender los requerimientos de las personas privadas de la libertad.

49. En tal sentido, el anexo de la resolución demandada enfatizó en la necesidad
de identificar «excelentes calidades académicas y conocimientos de quienes
aspiran a ser Defensores Públicos así como la demostración de competencias
comportamentales que destaquen formas correctas de desempeño y que redunden
en garantizar un capital profesional que esté dispuesto a asumir el reto de promover
y defender los derechos humanos de los más vulnerables, cuando estos por sus
necesidades requieran de la asistencia técnica y la representación judicial o
extrajudicial de un defensor público».

3.4.5. Desconocimiento del principio de economía - Ausencia de
justificación

50. El actor expresó que el proceso de selección demandado vulneró el principio
de economía, consagrado en artículo 25 de la Ley 80 de 1993, así como la
Resolución 1131 del 3 de octubre de 2018,19 en tanto dispuso que la Defensoría del
Pueblo establecería un procedimiento para la selección de los defensores públicos
de acuerdo con el mapa judicial colombiano y con base en las necesidades y
requerimientos presentados por cada una de las Defensorías del Pueblo
Regionales, pero «hasta la fecha NO se conoce un acto administrativo de la
Defensoría del Pueblo, mediante el cual se halla establecido el citado
procedimiento», ni se ha elaborado un estudio técnico sobre las necesidades de
Defensores Públicos requeridos para cumplir adecuadamente con la función
pública.

51. Sin embargo, el actor no aportó pruebas tendientes a demostrar de qué
manera se afectó el patrimonio público con la convocatoria acusada y su reproche
se edificó en la ausencia de un estudio que diera cuenta de la necesidad de vincular
los defensores públicos y que ello tampoco obedeció a la demanda del servicio en
las regiones.

52. En contravía de la anterior argumentación, el anexo de la resolución
enjuiciada expresó que «en atención a la necesidad de garantizar una
ininterrumpida y oportuna prestación del servicio nacional de Defensoría Pública, la
Defensoría del Pueblo llevó a cabo un estudio en virtud del cual determinó que
requiere cerca de 4.000 defensores públicos en el país. La identificación de estos
defensores públicos, por Defensoría del Pueblo Regional, programa, categoría y
circuito, se encuentra disponible para consulta en la página web
www.selecciondefensorespublicos.com».

19 Manual de procesos de contratación de la Defensoría Pública.

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3.4.6. Libertad de concurrencia al proceso de selección

53. El demandante reprochó que la convocatoria exigió declarar bajo la gravedad
de juramento que el domicilio del aspirante corresponde a uno de los municipios
que comprende el circuito para el cual se inscribe, lo cual quebranta el derecho a la
participación y desconoce que el concurso es abierto y a nivel nacional e impide
cambiar la sede de trabajo o ascender de categoría. Además, quebranta el derecho
a la igualdad de oportunidades en los términos explicados por la Corte
Constitucional en la Sentencia T-180 [sic].

54. De la cita jurisprudencial invocada por el actor se destaca el tratamiento
igualitario de los aspirantes a los procesos de selección y la prohibición de adoptar
medidas discriminatorias que impidan la libre participación o «rompan el equilibrio
entre los participantes».

55. La Sala acompaña el entendimiento del demandante, pues en el plenario no
obra prueba alguna que justifique la decisión de exigir a los oferentes tener su
domicilio en el circuito para el cual se inscriben, pese a que se trata de una limitación
sensible a la libertad de concurrencia y, como lo sostiene el demandante, impide
que los interesados puedan inscribirse al circuito de su preferencia, pese a acreditar
los requisitos académicos y de experiencia exigidos por el ordenamiento superior.

56. Al respecto, los artículos 209 de la Constitución Política y 23 de la Ley 80 de
1993 exaltan el principio de transparencia como presupuesto de la función pública
y de la contratación estatal.

57. El Consejo de Estado ha expresado que dicho principio «comprende
aspectos tales como la claridad y la nitidez en la actuación contractual para poder
hacer efectiva la supremacía del interés general, la libre concurrencia de los
interesados en contratar con el Estado, la igualdad de los oferentes, la publicidad
de todo el iter contractual, la selección objetiva del contratista, el derecho a
cuestionar o controvertir las decisiones que en esta materia realice la
Administración, etc. La libre concurrencia de los interesados implica la
posibilidad de estos de acceder e intervenir en el proceso de selección y la
imposibilidad para la Administración de establecer, sin justificación legal
alguna, mecanismos o previsiones que conduzcan a la exclusión de
potenciales oferentes. Y es que de no ser así se conculcaría también el deber de
selección objetiva porque al excluir posibles proponentes se estaría creando un
universo restringido de oferentes en el que perfectamente puede no estar la mejor
oferta».20

58. Bajo esta línea de intelección, la limitación introducida en el proceso de
selección para contratar a los defensores públicos constituye una medida

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de octubre de 2024, radicado 52001-

23-33-000-2016-00448-01 (65012).

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injustificada que desconoce la libre participación y la igualdad de oportunidades de
los participantes, así como su derecho de elegir entre las cerca de 4000 plazas
ofertadas.

59. En consecuencia, se anulará el requerimiento concerniente a «declarar bajo
la gravedad de juramento que su domicilio corresponde a uno de los municipios que
comprende el circuito para el cual se inscribe», contenido en el Anexo de la
resolución enjuiciada en el acápite de «requisitos específicos de participación en el
proceso de selección de defensores públicos».

60. De otro lado, en virtud de la facultad de la Sala para modular los efectos en
el tiempo de sus decisiones21, la declaratoria de nulidad parcial del acto demandado
únicamente tendrá efectos a partir de la fecha de ejecutoria de la decisión y en
adelante, de manera que se mantengan a salvo las situaciones jurídicas
consolidadas.

3.6. Condena en costas

61. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que
se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero de Estado
Juan Camilo Morales Trujillo, de conformidad con lo indicado en la parte motiva de
esta decisión. Por lo tanto, se le separa del conocimiento del presente asunto.

Segundo. Declarar la nulidad parcial del anexo «Parámetros para la participación
en el proceso de selección de Defensores Públicos», de la Resolución 052 del 14
de enero de 2019, expedida por la Defensoría del Pueblo. Específicamente se anula
la expresión «declarar bajo la gravedad de juramento que su domicilio corresponde
a uno de los municipios que comprende el circuito para el cual se inscribe»,
contenida en el acápite de «requisitos específicos de participación en el proceso de
selección de defensores públicos», por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

21 Sobre los efectos de las sentencias de nulidad y la posibilidad de modularlos se puede consultar: Consejo de

Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de abril de 2017. Exp. 11001-03-25-000-2013-01087-
00 (2512-2013). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Radicado: 11001032500020190017400 (1068-2019)
Demandante: Héctor Eduardo Castañeda

La declaración de nulidad parcial solo tendrá efectos a partir de la fecha de
ejecutoria de la presente sentencia y únicamente puede afectar situaciones jurídicas
no consolidadas.

Tercero. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.

Quinto. Reconocer al abogado Andrés Felipe Montalvo De La Ossa, quien se
identifica con cédula de ciudadanía 7318407022 y Tarjeta Profesional 165706, y a la
abogada Candy Zuley Orozco Alvarado, quien se identifica con cédula de
ciudadanía 22801663 23 y Tarjeta Profesional 173339, adscritos a la Sociedad
Morales y Montalvo Abogados Asociados S.A.S., como apoderados de la
Universidad Nacional de Colombia.

Sexto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

IMPEDIDO
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley y el art. 186 del CPACA.

22 Certificado de Vigencia 1402204.
23 Certificado de Vigencia 1402210.

Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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