Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00761-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00761-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00761-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., tres (3) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001032500020190076100 (5722-2019)1
Demandante : Colegio de Abogados y Defensores Públicos de
Bogotá
Demandada : Nación - Defensoría del Pueblo
Medio de control : Simple nulidad
Tema : Nulidad Resolución 052 del 14 de enero de 2019 –
Apertura proceso de selección de defensores
públicos
Decisión : Sentencia de única instancia
La Sala decide la demanda de nulidad que, en ejercicio del medio de control previsto
en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, impetró el señor Ángel Humberto Junca Guzmán, en representación
del Colegio de Abogados y Defensores Públicos de Bogotá Federados, contra la
Resolución No. 052 de 2019, expedida por el defensor del pueblo, por medio de la
cual «da apertura al proceso de selección de defensores públicos de la Defensoría
del Pueblo».
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda2
1. El 21 de febrero de 2019, Ángel Humberto Junca Guzmán, en representación del
Colegio de Abogados y Defensores Públicos de Bogotá Federados, demandó la
nulidad de la Resolución No. 052 de 14 de enero de 2019, «Por la cual se da
apertura al proceso de selección de defensores públicos de la Defensoría del
Pueblo», por infracción de las normas en que debería fundarse.
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Expediente híbrido
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Folios 2-26
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Número Interno: 5722-2019
Demandante: Colegio de Abogados y Defensores Públicos de Bogotá
Demandado: Nación - Defensoría del Pueblo
2. En escrito separado, el accionante solicitó la suspensión provisional de los
efectos de la resolución acusada. 3
1.1.2. Acto acusado
3. Resolución No 052 de 14 de enero de 2019:
«RESOLUCIÓN No. 052
“Por el cual se da apertura al proceso de selección de defensores públicos de la
Defensoría del Pueblo”
EL DEFENSOR DEL PUEBLO
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los
numerales 1 y 7 del artículo 5 del Decreto Ley 025 del año 2014 y,
CONSIDERANDO
(…)
RESUELVE
ARTÍCULO 1. Dar apertura al proceso de selección de Defensores Públicos de la
Defensoría del Pueblo de acuerdo con lo dispuesto en los términos del documento
anexo suscrito por el Director Nacional de la Defensoría Pública, denominado
"parámetros para la participación en el proceso de selección de defensores públicos".
ARTÍCULO 2. El presente proceso de selección de defensores públicos, no se
constituye en un concurso de méritos que genere derechos de carrera administrativa o
vínculo laboral con la Defensoría del Pueblo.
PARÁGRAFO: Para todos los efectos legales, el presente proceso de selección no
desnaturaliza la contratación directa de los defensores públicos, cuya vinculación se
surte mediante contrato de prestación de servicios profesionales de acuerdo con lo
establecido en la ley.
ARTÍCULO 3. El proceso de selección de Defensores Públicos, será ejecutado por la
Universidad Nacional de Colombia, en virtud del contrato Interadministrativo No. 386 de
2018 y de acuerdo con los requisitos y términos indicados en el documento Anexo
suscrito por el Director Nacional Defensoría Pública, denominado…
ARTÍCULO 4. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C, 14 ENE 2019
CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
Defensor del Pueblo»
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Se invocan en la demanda como normas violadas las siguientes disposiciones:
artículos 2; 4; 6; 29; 282 numerales 4, 5, 6 y 8; 283; 121; 123 y 125 de la Constitución
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Folios 1-3 cuaderno 2
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Número Interno: 5722-2019
Demandante: Colegio de Abogados y Defensores Públicos de Bogotá
Demandado: Nación - Defensoría del Pueblo
Política; el artículo 10, numeral 1 del Código Civil; el artículo 41 de la Ley 23 de
1982; el artículo 1 de la Ley 57 de 1985; el artículo 32, literal 3 de la Ley 80 de 1993;
los artículos 134; 135, literales a y b; 136; 139; y 141 de la Ley 207 de 1995; el
artículo 2, numerales 3 y 4, literal h de la Ley 1150 de 2007; el artículo 95, literal c
del Decreto 2150 de 1995; el artículo 262 del Decreto 262 de 2000; los artículos 1,
2, 5 numerales 23, 25, 26 y 27 del Decreto 25 de 2014 y; el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del
Decreto 1082 de 2015.
5. Al desarrollar el concepto de violación, el actor planteó los siguientes
6. Desconocimiento del régimen aplicable, establecido en el artículo 32 de la
Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015
7. Al respecto indica que, si bien, en el artículo 2 de la Resolución 52 de 2019,
expedida por el Defensor del Pueblo, se disponga que el proceso de selección de
defensores públicos no constituye concurso de méritos ni genera derechos de
carrera administrativa o vínculo laboral, resulta jurídicamente evidente que, en la
práctica, dicho mecanismo desnaturaliza el régimen aplicable, establecido en el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015
8. Que en efecto, el procedimiento adoptado configura de facto un sistema propio
de la carrera administrativa para la selección de contratistas, sin sustento en normas
legales o reglamentarias especiales que lo autoricen, acudiendo a instrumentos
propios de la contratación estatal para proveer funciones de carácter permanente.
9. Falta de publicación de la Resolución 52 de 2019 expedida por el defensor
del pueblo
10. Advirtió, además, la falta de publicación de la Resolución 52 de 2019. En ese
sentido, adujo que, revisados los Diarios Oficiales comprendidos entre el 14 y el 24
de enero de 2019, se constató que la Resolución 052 del 14 de enero de 2019 no
fue publicada en dicho medio oficial, en contravención de lo dispuesto en el artículo
1 de la Ley 57 de 1985, en concordancia con el artículo 95 del Decreto Ley 2150 de
1995. Arguyó, además, que la publicación en la página web institucional no suple la
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exigencia legal de difusión en el Diario Oficial, requisito indispensable para la
oponibilidad, ejecutoriedad y producción de efectos jurídicos del acto administrativo.
II. Trámite en única instancia
2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada
11. Por auto del veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)4 el
consejero ponente admitió el medio de control de la referencia conforme a lo previsto
en los artículos 162, 164 y 165 del CPACA.
12. Respecto de la medida cautelar, se advierte que, antes de admitir la demanda de
nulidad, la parte actora desistió tanto de las pretensiones del libelo como de la
medida cautelar, por lo que, en proveído del dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno
(2021), se dispuso lo siguiente:
«1º. Negar el desistimiento de las pretensiones de la demanda y aceptarlo en relación con la
solicitud de medida cautelar, interpuestos por la accionante, de acuerdo con lo expuesto en la
considerativa.
2°. Ejecutoriado este proveído, regrese el expediente al despacho para lo pertinente.»
2.2. Contestación de la demanda5
13. La Defensoría del Pueblo se opuso a las pretensiones de la demanda,
defendiendo la legalidad de los actos administrativos acusados. Para el efecto,
sostuvo que, las normas que rigen el régimen de carrera administrativa en la
Defensoría del Pueblo son las contenidas en la Ley 201 de 1995 y el régimen de
contratación es el del estatuto general de la contratación pública.
14. La Ley 941 de 2005 dispone que los defensores públicos son «los abogados
vinculados al servicio de Defensoría Pública que administra la Defensoría del Pueblo, previo el
cumplimiento de los requisitos, mediante la figura del contrato de prestación de servicios
profesionales, para proveer la asistencia técnica y la representación judicial en favor de aquellas
personas que se encuentren en las condiciones previstas en el artículo 2 de la presente ley, de
acuerdo con las normas previstas en el Estatuto de Contratación Estatal. Los contratos de prestación
de servicios profesionales especializados podrán suscribirse con cláusula de exclusividad y no dará
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Samai - índice 00012
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Índice Samai 00028.
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lugar en ningún caso a vinculación laboral con la Institución».
15. La Ley 1150 de 2007, establece en su artículo 2 que la escogencia de los
contratistas por parte de las entidades y órganos del Estado sometidos al Estatuto
General de Contratación Pública se efectuará con arreglo a las modalidades de
selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y
contratación directa.
16. Los participantes del proceso de selección sabían que no se trataba de un
concurso de méritos propio de una vinculación legal y reglamentaria, sino que se
buscaba atender el principio de selección objetiva. De ahí que tal actuación no debe
regirse por la Ley 909 de 2004.
17. La contratación de los defensores públicos debía contemplar una serie de pasos
o itinerario metodológico para suscribir los contratos; máxime si se tiene en cuenta
que se recibiría más de una oferta.
18. Propuso como excepción, inexistencia de violación del ordenamiento jurídico.
2.2.3. Sentencia anticipada
19. En providencia del once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026) 6, se adecuó
el trámite a sentencia anticipada, fijándose el litigio, decretándose las pruebas a
tener en cuenta y, se corrió traslado por el período de diez (10) días para que las
partes presenten sus alegatos de conclusión y el Ministerio Público emitiera
concepto; derecho que no fue ejercido por ninguna de las partes, ingresando el
proceso a Despacho para proferir fallo7.
III CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
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Samai - índice 00042
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Samai - índice 00047
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20. La Resolución No. 052 de 14 de enero de 2019 es un acto administrativo
expedido por una autoridad del orden nacional; por ende, la Sala es competente
para conocer del presente proceso privativamente y en única instancia, conforme
con el numeral 1 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
3.1. Problema jurídico
21. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
i) ¿si en el caso concreto se configura el fenómeno de la cosa juzgada, teniendo en
cuenta que la Resolución 052 del 14 de enero de 2019 «Apertura proceso de selección de
defensores públicos», fue objeto de control de legalidad de esta Corporación.
ii) En caso contrario, ¿determinar si el acto acusado incumplió el régimen de
contratación de la Defensoría del Pueblo y, si se omitió el deber de publicar en el
diario oficial la resolución demandada?
20. Con el propósito de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala
emprenderá metodológicamente el análisis de los siguientes aspectos: 3.1.1.
Presupuestos de existencia y validez de los actos administrativos y 3.1.2. Caso
concreto.
3.1.1 Marco normativo y jurisprudencial
3.1.2. Presupuestos de existencia y validez de los actos administrativos
22. Doctrinariamente, los elementos del acto administrativo se estructuran en tres
categorías (i) los de existencia, radicados en la competencia del órgano y en la
definición de su contenido; (ii) los de validez, relativos a la conformación de la
voluntad administrativa y al cumplimiento de las formalidades y del procedimiento
legalmente establecido y, (iii) los de eficacia oponibilidad, vinculados a las
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condiciones necesarias para que el acto produzca efectos jurídicos frente a los
destinatarios, lo cual se concreta en las ritualidades de publicidad y ejecución. 8
23. Al referirnos a la validez de un acto administrativo, se hace alusión a la
conformidad que este tiene con el ordenamiento jurídico, consecuencia del respeto
a la legalidad o del sometimiento a las exigencias del derecho vigente, o, en otras
palabras, se refiere al valor que tiene el acto administrativo cuando quiera que es
confrontado con los preceptos legales, los cuales generan acatamiento por parte de
los administrados en la medida en que rigen las relaciones entre ellos y el Estado.
24. Frente al tema ha manifestado, la Corte Constitucional ha precisado que:
«En lo que respecta a la existencia del Acto Administrativo, la Corte Constitucional ha
considerado que está ligada al momento en que la voluntad de la administración se manifiesta
a través de una decisión. De forma que, el Acto Administrativo existe desde el momento en
que es producido por la administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir
efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del Acto Administrativo
está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expedición, condicionada a su publicación o notificación del acto, según sea de carácter
general o individual» 9
25. Emerge de tal reseña que, es de cargo de la entidad estatal, que investida de la
función administrativa y en ejercicio de sus competencias, emite una manifestación
de voluntad consciente, intelectual e intencional, que ajustada a las normas legales
y teniendo en cuenta las razones de hecho y de derecho que la determinan produce
efectos jurídicos. Sumado a que la manifestación de voluntad de la administración
que cumple con un fin inmediato se reviste bajo una forma, la cual le permite cumplir
con los requisitos y el modo de exteriorizar el acto administrativo; de manera que
las formalidades han sido clasificadas en sustanciales y meramente accidentales.
26. Las formalidades sustanciales son aquellas que, de estructurarse, vician el acto
administrativo, tales como el preámbulo, el contenido, los argumentos o razones, la
motivación, la parte dispositiva y los recursos procedentes. Contrario sensu, las
formalidades accidentales no tienen poder suficiente para perturbar la legalidad del
acto, verbigracia requisitos como fecha, encabezamiento, denominación y firma.
8
Según el profesor Agustín Gordillo, función administrativa «es toda la actividad que realizan los órganos administrativos, y
la actividad que realizan los órganos legislativo y jurisdiccionales, excluidos respectivamente los hechos y actos materialmente
legislativos y jurisdiccionales». Tratado de Derecho Administrativo. Parte General. Bogotá. Biblioteca Jurídica Diké, 1998, p.
IX-48.
9
Sentencia C-069 de 1995. M.P. Hernando Herrera Vergara.
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27. Sobre el particular, esta Corporación ha señalado, en diversas ocasiones, que:
«[…] Puede distinguirse entre las formas sustanciales y las accidentales, los tribunales
deben examinar cada caso, con base en que tan sólo en las que constituyan una
verdadera garantía y, por ende, un derecho para los asociados, su incumplimiento
induce a nulidad (…»”10.
«[…] A pesar de que la calificación es difícil y depende de cada caso, el criterio aplicable
principalmente es el de la influencia que la omisión de la formalidad o procedimiento ha
podido tener sobre la decisión, es decir que serán formalidades o procedimientos
sustanciales aquellos cuya omisión implica que la decisión será diferente a la tomada.
[…] 11».
28. En ese orden de ideas, respecto de las formalidades o procedimientos
administrativos, la doctrina ha enfatizado sobre su carácter «de no estrictamente rituado,
en contradicción con los procedimientos típicamente jurisdiccionales. De forma que, “el
procedimiento administrativo es flexible; indica al funcionario que lo impulsa que simplemente
garantice los extremos del debido proceso, sin exigir etapas o períodos predeterminados en materia
probatoria ni formalidades excesivas» 12.
3.1.3 Generalidades de la cosa juzgada
29. La cosa juzgada constituye una institución procesal que garantiza la estabilidad,
inmutabilidad y obligatoriedad de las decisiones judiciales, en desarrollo de los
principios de seguridad jurídica y economía procesal. Fundada en la autoridad y
fuerza vinculante de las providencias, impide la reiteración de litigios sobre los
mismos hechos, pretensiones y fundamentos normativos. En tal medida, no solo
salvaguarda los intereses de las partes intervinientes, sino que proyecta sus efectos
a la sociedad en su conjunto, asegurando la coherencia del ordenamiento jurídico y
la confianza en la función jurisdiccional como mecanismo definitivo de solución de
conflictos13.
30. La cosa juzgada cumple una doble función: de un lado, garantiza la certeza y
seguridad jurídica al otorgar estabilidad a las relaciones jurídicas e impedir la
10
Sentencia del 25 de mayo de 1968. M.P. Alfonso Meluk.
11
Sentencia del 15 de mayo de 1991. Expediente 190. M.P. Dr. Libardo Rodríguez.
12
Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Acto Administrativo, procedimiento, eficacia y
validez. Universidad Externado de Colombia. 4ª Edición pág. 124.
13
Al respecto pueden verse, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 17 de junio de 2024, Rad.
15001-23-31-000-2001-01795-01 (44548), C.P. William Barrera Muñoz, y del 26 de junio de 2014, Rad. 11001-03-26-000
2008-00108-00 (36220), C.P. Danilo Rojas Betancourth; Sección Primera, sentencia del 17 de marzo de 2022, Rad. 11001
03-27-000-2013-00009-00, C.P. Oswaldo Giraldo López, y del 3 de noviembre de 2016, Rad. 25000-23-24-000-2002-00539
01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Sección Cuarta, sentencia del 13 de junio de 2011, Rad. 11001-03-27-000-2007
00030-00 (16625) y 11001-03-27-000-2009-00008-00 (17542), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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perpetuación de controversias; de otro, preserva la unidad y coherencia del
ordenamiento, al excluir la posibilidad de decisiones judiciales contradictorias sobre
una misma materia. En consecuencia, constituye un límite obligatorio para partes y
jueces, quienes deben acatar lo decidido en sentencias ejecutoriadas, pudiendo ser
declarada de oficio por tratarse de una institución de orden público.
31. Para su estructuración, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 303 del Código
General del Proceso CGP14, se identifican tres elementos: (i) identidad de objeto,
que refiere a la coincidencia en el acto, hecho o relación jurídica objeto del litigio; (ii)
identidad de causa petendi, entendida como las razones jurídicas o normas
invocadas como fundamento de la demanda y del concepto de violación; e, (iii)
identidad de partes en los procesos de carácter subjetivo, donde los efectos de la
sentencia se limitan a quienes intervinieron en el litigio, pues en los procesos de
control objetivo de legalidad, como las acciones de simple nulidad, este último no
resulta aplicable, dado que las decisiones tienen efectos erga omnes, trascendiendo
los sujetos procesales15
32. Por su alcance, la cosa juzgada se clasifica en formal y material. La primera
implica que, dentro del mismo proceso, una decisión ejecutoriada no puede ser
modificada por el juez que la profirió; la segunda comporta el efecto de impedir que
lo decidido sea nuevamente debatido en otro proceso, por haber quedado
definitivamente resuelta la controversia. Asimismo, puede ser absoluta, cuando la
decisión produce efectos generales y definitivos, o relativa, cuando dichos efectos
se circunscriben a los cargos o fundamentos analizados por el juez.
33. En conclusión, la cosa juzgada asegura el carácter definitivo e inmutable de las
decisiones judiciales, así como la fuerza normativa de lo resuelto y la autoridad de
14
“La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de
partes. Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte
de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la
demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos. En los procesos en que se emplace a
personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en
relación con todas las comprendidas en el emplazamiento. La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión”.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de junio de
2024, Rad. 15001-23-31-000-2001-01795-01 (44548), M.P. William Barrera Muñoz. “En las acciones de nulidad simple
contencioso objetivo de legalidad–, en los que prima el interés general y donde la titularidad radica en todas las personas, la
cosa juzgada tiene unas particularidades especiales. En efecto, la exigencia de la identidad de partes-eadem conditio
personarum no aplica, pues no es necesario analizar quiénes son los sujetos litigantes y la calidad en la que actúan en ambos
procesos, dado el carácter público de esta acción. De manera que la cosa juzgada se producirá cuando se demanda la misma
norma, y los cargos que se estudian son los mismos que fueron abordados en oportunidad precedente, de modo que exista
identidad de objeto y causa”.
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la función jurisdiccional. Su aplicación exige la verificación estricta de los
presupuestos legales, los cuales, una vez acreditados, especialmente en la cosa
juzgada absoluta, excluyen de manera definitiva cualquier nuevo pronunciamiento
sobre la misma controversia.
3.1.4 La cosa juzgada en el control de legalidad de los actos administrativos
34. En el derecho administrativo, la cosa juzgada presenta particularidades
derivadas del control objetivo de legalidad de los actos administrativos, en el cual
se reproducen sus dimensiones formal y material, pero con matices propios. En este
ámbito, su alcance se encuentra determinado por la naturaleza de la sentencia y
por los efectos erga omnes de las decisiones, de manera que la configuración de la
cosa juzgada depende del tipo de pronunciamiento adoptado frente al acto
demandado.
35. De conformidad con el artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo CPACA, la sentencia que declara la nulidad de
un acto administrativo produce efectos erga omnes y configura cosa juzgada
absoluta. En tal caso, el acto es expulsado del ordenamiento jurídico con efectos
retroactivos, como si nunca hubiese existido, lo que extingue de manera definitiva
el objeto de control e impide cualquier nuevo juicio sobre su validez, incluso por
causales distintas. Este efecto consolida la seguridad jurídica y la coherencia del
ordenamiento, al cerrar de forma irrevocable la discusión sobre la legalidad del acto
anulado.
36. Cuando la sentencia niega la nulidad de un acto administrativo, la cosa juzgada
tiene efectos relativos, en tanto se limita a la causa petendi analizada. En
consecuencia, el acto conserva su presunción de legalidad y no puede ser
nuevamente demandado por los mismos cargos ya decididos; sin embargo,
permanece susceptible de control judicial por causales distintas. Así, la prohibición
de promover un nuevo proceso opera únicamente respecto de la materia juzgada,
entendida como la coincidencia entre el acto acusado y los fundamentos fácticos y
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jurídicos previamente examinados, sin impedir su ulterior impugnación por nuevos
cargos 16.
3.1.4. Caso Concreto
37. Previo a resolver respecto de los cargos formulados en el escrito de demanda,
la Sala procede a ocuparse del primer ítem del problema jurídico, esto es, si en el
presente asunto operó la institución jurídica de la cosa juzgada, en consideración a
los fallos de la Corporación frente a las demandas de nulidad contra la Resolución
052 del 14 de enero de 2019, «por la cual se da apertura al proceso de selección
de defensores públicos de la Defensoría del Pueblo», y su anexo «Parámetros para
la participación en el proceso de selección de Defensores Públicos».
38. En ese orden, se advierten las siguientes providencias proferidas por la
Corporación.
(i) Sentencia del veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), Consejero
Ponente César Palomino Cortés17:
«[…]
II. DECISIÓN
Como corolario de lo expuesto esta Corporación encuentra que el cargo presentado en la
demandas acumuladas no está llamado a prosperar, comoquiera que la Resolución No 052
de 14 de enero de 2019 “Por la cual se da apertura al proceso de selección de defensores
públicos de la Defensoría del Pueblo” y 084 de 18 de enero de 2019 “Por la cual se modifica
el título final de la Resolución No 052 de 2019”, expedidas por Carlos Alfonso Negret Mosquera
en calidad de Defensor del Pueblo, no fueron expedidas con violación de la ley, pues no riñen
con el artículo 282 numeral 4 de la Constitución Política, artículos 21 y 22 de la Ley 24 de 1992,
los artículos 26 y 30 de la Ley 941 de 2005, Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto ley 025
de 2014; por el contrario, la Sala arribó a la conclusión que se constituye en fiel desarrollo de
estas disposiciones normativas, por ende, mantendrán incólume su presunción de legalidad;
y siendo ello así, se negarán las súplicas de la demanda.
[…]
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 7 de diciembre de 2017, Rad.
05001-23-33-000-2015-02253-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
17
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00063-00 (0297-2019) y acumulados con los procesos 11001-03-25-000-2019-00117-00
(0541-2019) y 11001-03-25-000-2019-00118-00 (0543-2019)
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FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
«[…]»
(ii) Sentencia del treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Consejero
Ponente Luis Eduardo Mesa Nieves18:
«[…]
Segundo. Declarar la nulidad parcial del anexo «Parámetros para la participación en el
proceso de selección de Defensores Públicos», de la Resolución 052 del 14 de enero de 2019,
expedida por la Defensoría del Pueblo. Específicamente se anula la expresión «declarar bajo
la gravedad de juramento que su domicilio corresponde a uno de los municipios que
comprende el circuito para el cual se inscribe», contenida en el acápite de «requisitos
específicos de participación en el proceso de selección de defensores públicos», por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
La declaración de nulidad parcial solo tendrá efectos a partir de la fecha de ejecutoria de la
presente sentencia y únicamente puede afectar situaciones jurídicas no consolidadas.
Tercero. Negar las demás pretensiones de la demanda.
«[…]»
39. Procede la Sala, a determinar con base en la anterior relación de procesos, si
en el asunto bajo estudio confluyen identidad de partes, objeto y de causa petendi
y, si como consecuencia, hay lugar a declarar la cosa juzgada.
40. En cuanto a la identidad de partes, se itera que este presupuesto no resulta
aplicable dada la naturaleza del asunto.
41. Respecto de la identidad de objeto se observa que las pretensiones en los
asuntos bajo análisis se circunscribieron a:
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Radicado: 11001032500020190017400 (1068-2019)
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Número Interno: 5722-2019
Demandante: Colegio de Abogados y Defensores Públicos de Bogotá
Demandado: Nación - Defensoría del Pueblo
Radicado:11001-03-25-000- Radicado Radicado
2019-00063-00 (0297-2019) y 11001032500020190017400 11001032500020190076100
acumulados (0541-2019) y (1068-2019) (5722-2019)
(0543-2019) Vigente
Pretensión: nulidad de la Pretensión: se anule la Pretensión: nulidad de la
Resolución No 052 de 14 de Resolución 052 del 14 de Resolución No 052 de 14 de
enero de 2019 “Por la cual se enero de 2019, «por la cual se enero de 2019 “Por la cual se
da apertura al proceso de da apertura al proceso de da apertura al proceso de
selección de defensores selección de defensores selección de defensores
públicos de la Defensoría del públicos de la Defensoría del públicos de la Defensoría del
Pueblo” y 084 de 18 de enero Pueblo», y su Anexo Pueblo»
de 2019 “Por la cual se «Parámetros para la
modifica el título final de la participación en el proceso de
Resolución No 052 de 2019” selección de Defensores
Públicos».
42. Advierte la Sala que, se configura la identidad de objeto, puesto que, en todos
los procesos se pretende la nulidad de la Resolución 052 del 14 de enero de 2019.
43. Ahora, en lo que a la identidad de causa petendi, se verifica lo siguiente:
Radicado:11001-03-25-000- Radicado Radicado
2019-00063-00 (0297-2019) y 11001032500020190017400 11001032500020190076100
acumulados (0541-2019) y (1068-2019) (5722-2019)
(0543-2019) Vigente
i)A los defensores públicos 3.4.1. Reglas del proceso de 4.Desconocimiento del
se les puede someter a selección análogas a los régimen aplicable,
concurso de mérito, a pesar concursos de méritos establecido en el artículo 32
de que su vinculación se 3.4.2. Requisitos de los de la Ley 80 de 1993 y el
hace directamente a través defensores públicos Decreto 1082 de 2015
de contratos de prestación 3.4.3. Desconocimiento del 7. Falta de publicación de la
de servicios. régimen legal de Resolución 52 de 2019
ii) Falta de competencia del contratación estatal expedida por el defensor del
Defensor del Pueblo 3.4.4. Desconocimiento del pueblo
iii) Falta de publicación de la derecho de defensa a algunos
convocatoria en el diario sectores de la población
oficial 3.4.5. Desconocimiento del
principio de economía -
Ausencia de justificación
3.4.6. Libertad de concurrencia
al proceso de selección
44. El análisis comparativo entre lo discutido y decidido en los procesos de simple
nulidad, y lo pretendido en el sub lite se evidencian las siguientes coincidencias o
similitudes en la causa petendi:
i) En el proceso de radicación 11001032500020190006300, los motivos de nulidad
coincidentes con el presente proceso obedecieron a:
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Número Interno: 5722-2019
Demandante: Colegio de Abogados y Defensores Públicos de Bogotá
Demandado: Nación - Defensoría del Pueblo
«[…]
« El concepto de violación es desarrollado por la accionante señalando que los defensores
públicos deben ser vinculados mediante la figura del contrato de prestación de servicios de
acuerdo con las normas previstas en el estatuto de la contratación estatal, lo que significa
que para la suscripción de los contratos no admite que se impongan requisitos,
procedimientos o ritualidades que no estén contempladas en la ley, ya que la contratación es
directa y no admite la creación de concursos, exámenes o pruebas que no forman parte de lo
contenido en la ley.
Agrega que el Defensor del Pueblo adoptó el Manual de Contratación de la Defensoría del
Pueblo mediante Resolución No 1070 de 2017 donde ratificó que los defensores públicos
serán contratados de forma directa a través de contrato de prestación de servicios sin que se
refiera al concurso convocando a la Universidad Nacional de Colombia, exigencias que
desconocen los principios de legalidad y economía.
Argumenta que el procedimiento que se pretende utilizar para vincular a los nuevos
defensores públicos riñe con la Constitución, la Ley y el propio Manual de Contratación,
cuando se pretende hacer exigible a quienes ya forman parte del registro nacional de
operadores, es decir a los actuales defensores públicos.
Considera que el único que tiene la facultad para establecer los criterios y lineamientos para
evaluar a los operadores vinculados al Sistema Nacional de Defensoría Pública es el Director
Nacional de Defensoría Pública tal como lo autoriza el Decreto Ley 025 de 2014.
Otra irregularidad la hace consistir en que la Defensoría del Pueblo omitió el deber de publicar
en el diario oficial las resoluciones demandadas, como quiera que estas son actos
administrativos de carácter general y así lo obligaba el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.»
[…]»
ii) Al respecto se decidió en esa oportunidad:
«[…]
« Sea lo primero aclarar que el referido proceso de selección de Defensores Públicos no
responde exactamente a un concurso de méritos para seleccionar personal de carrera
administrativa, se trata de un trámite tendiente a garantizar la selección objetiva, presupuesto
inherente a la contratación directa, sin desconocer el contrato de prestación de servicios.
[…]
Observa la Sala que en los numerales 2 y 3 de la Resolución 052 de 14 de enero de 2019
se dispuso que el proceso de selección de defensores públicos no constituye un concurso de
méritos que genere derechos de carrera administrativa o vínculo laboral con la Defensoría del
Pueblo. Igualmente se advirtió que dicho proceso de selección no desnaturaliza la
contratación directa de estos servidores, cuya vinculación se surte mediante contrato de
prestación de servicios profesionales.
De lo expuesto se desprende que no está prohibido que se realice un proceso de selección
para surtirse la contratación directa mediante el contrato de prestación de servicios, lo anterior
enfocado a la selección objetiva que debe tener dicha modalidad de contratación.
[…]
En conclusión, acogiendo el concepto del Ministerio Público, las resoluciones acusadas se
encuentran ajustadas al ordenamiento jurídico, porque fueron proferidas por autoridad
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Número Interno: 5722-2019
Demandante: Colegio de Abogados y Defensores Públicos de Bogotá
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competente, en uso de las facultades constitucionales y legales establecidas, que ordena la
apertura de un proceso de selección de defensores públicos, decisión motivada y sustentada
en la ley, que busca aplicar un procedimiento transparente y objetivo respaldado con las
disposiciones que gobiernan la materia, en especial el principio de selección objetiva
establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, fundadas en la necesidad de escoger
abogados calificados para el desempeño de la defensa pública, que exige profesionales del
más alto nivel académico, idoneidad y experiencia que permitan asegurar una excelente
prestación del servicio.
[…]»
iii) Por su parte en el proceso de radicación 11001032500020190017400, el motivo
coincidente de nulidad obedeció a:
«[…]
3.4.3. Desconocimiento del régimen legal de contratación estatal
El accionante sostuvo que los contratos celebrados entre la Defensoría del Pueblo, el DAFP
y la Universidad Nacional, para adelantar el proceso de selección cuestionado, desconocieron
las reglas de la contratación estatal. Al respecto, se destacan las siguientes falencias: a)
publicación extemporánea en el SECOP del «Estudio del Sector Económico» y de los
«Estudios Previos»; b) infracción principio de planeación, porque primero se suscribió el
contrato y posteriormente fueron elaborados los estudios soportes de dicha contratación; c)
se presenta una inconsistencia entre el objeto del Contrato Interadministrativo 386 de 2018 y
lo publicado en la página web «www.seleccion defensorespublicos.com»; d) el contenido del
«Estudio del Sector Económico» no se ajusta a lo exigido al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto
1082 de 2015; e) en la «Descripción de la Necesidad» de los «Estudios Previos» no se
determinaron las plazas de defensores públicos requeridos; e) algunas de las obligaciones
del DAFP y de la Universidad Nacional son idénticas y las entidades no se comprometieron
a «diseñar, construir y validar la prueba de competencias comportamentales»; f) el estatuto
de contratación no exigía la realización de un proceso de selección para celebrar los contratos
de servicios profesionales, de manera que el desarrollo de esa actuación generó un gasto
innecesario.
[…]»
iv) Decisión:
«[…]
La Sala advierte que las anteriores objeciones atacan directamente los convenios
interadministrativos celebrados por la Defensoría del Pueblo con el DAFP y la Universidad
Nacional, pero estos actos no fueron demandados, por lo que es innecesario ahondar en
razonamientos frente a dichos reproches.
Esta decisión también respeta los principios de congruencia, justicia rogada y la competencia
en esta instancia, la cual se encuentra delimitada por las pretensiones del medio de control.
Asimismo, se garantiza el derecho de contradicción y defensa de la parte accionada.
[…]»
45. Así las cosas, la Sala advierte que el presente medio de control concurren los
dos presupuestos esenciales de la cosa juzgada en este tipo de acciones (i)
identidad de objeto, pues en todos los procesos se pretende la nulidad de la
Resolución 052 del 14 de enero de 2019 y (ii) identidad de causa petendi, pues se
discute, entre otros aspectos: a) incumplimiento del régimen de contratación de la
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Defensoría del Pueblo y b) omisión del deber de publicar en el diario oficial la
resolución demandada, asuntos que ya fueron resueltos en los procesos anteriores.
46. En consecuencia, la Sala declarará de oficio la configuración de la cosa juzgada,
en tanto la referida resolución expedida por el Defensor del Pueblo ya fue objeto de
control jurisdiccional a través de la acción de simple nulidad en los procesos
referenciados, decididos mediante sentencias ejecutoriadas proferidas por la
Corporación. En dichos pronunciamientos se advirtió que el acto demandado no fue
expedido con violación de las normas en que debía fundarse; por ende, mantuvo
incólume su presunción de legalidad, por lo que no resulta jurídicamente viable
reabrir el mismo debate en esta oportunidad.
47. Vistas así las cosas, la Sala evidencia que la pretensión actual se encuentra
cubierta por la cosa juzgada derivada de las sentencias del veintiuno (21) de
septiembre de dos mil veintitrés (2023) y del treinta (30) de octubre de dos mil
veinticinco (2025), cuyos efectos impiden volver a cuestionar la legalidad del acto
administrativo acusado.
4. Conclusión.
48. En el presente asunto convergen los elementos constitutivos del principio
procesal de la cosa juzgada, la cual se declarará oficiosamente.
5. Condena en costas.
49. Dado que en este asunto se ventila un interés público, consistente en el control
abstracto y objetivo de la legalidad del acto administrativo debatido, la Sala se
abstendrá de condenar en costas, en virtud de lo establecido en el artículo 188 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
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Demandante: Colegio de Abogados y Defensores Públicos de Bogotá
Demandado: Nación - Defensoría del Pueblo
PRIMERO: DECLARAR probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada,
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Estarse a lo resuelto en las sentencias de la Corporación de veintiuno
(21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), Consejero Ponente César Palomino
Cortés19 y, de treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Consejero
Ponente Luis Eduardo Mesa Nieves 20.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: ARCHIVAR el proceso de la referencia, una vez se encuentre en firme
esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
19 Radicado: 11001-03-25-000-2019-00063-00 (0297-2019) y acumulados con los procesos 11001-03-25-000-2019-00117-
00 (0541-2019) y 11001-03-25-000-2019-00118-00 (0543-2019)
20 Radicado: 11001032500020190017400 (1068-2019
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