Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-27-000-2013-00009-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-27-000-2013-00009-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-27-000-2013-00009-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
17 de marzo de 2022
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Radicado: 11001 03 27 000 2013 00009 00
Demandante: Alfonso Figueredo Cañas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación núm.: 11001 03 27 000 2013 00009 00.
Actor: Alfonso Figueredo Cañas.
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
Tesis: Operó la cosa juzgada relativa si en el proceso respecto del cual se decreta
tal fenómeno no se declaró nula la validez de la norma que reglamentó el costo del
servicio de alumbrado público, y en el asunto bajo examen se ataca su validez.
Es cierto que el servicio de alumbrado público se encuentra dentro del ámbito de
regulación previsto en las Leyes 142 y 143 de 1994.
No es nulo por exceso en la potestad reglamentaria el acto administrativo que
reglamenta la prestación del servicio de alumbrado público, si tal servicio se
encuentra dentro del ámbito de regulación previsto en las Leyes 142 y 143 de 1994.
NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el medio de control de nulidad de la referencia promovido
por Alfonso Figueredo Cañas contra el Decreto 2424 del 18 de julio de 2006, “Por
el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público”, proferido por el
Presidente de la República y los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Minas
y Energía.
I. LA DEMANDA
1.1. Pretensiones
El mencionado ciudadano presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo
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Demandante: Alfonso Figueredo Cañas
y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), en la cual solicitó lo
siguiente1:
“PRETENSIONES
1. Solicito la declaratoria de nulidad total del decreto nacional 2424 de 2006 “por
el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público”, por la
vulneración de los artículo 150 N° 23, 189 N° 11, 311 y 365 de la Constitución
Nacional y por el exceso de la facultad reglamentaria dispuestas en las leyes
142 y 143 de 1994.
2. Se ordene al Gobierno Nacional la presentación de iniciativa legislativa para
la regulación del alumbrado público.”2
1.2. El acto cuestionado
A continuación se transcribirá el Decreto 2424 de 2006, “Por el cual se regula la
prestación del servicio de alumbrado público”, proferido por el Presidente de la
República y los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía.
“DECRETO 2424 DE 2006
(julio 18)
por el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial
de las consagradas en los artículos 189 numeral 11 y las conferidas por
las Leyes 142 y 143 de 1994,
DECRETA:
Artículo 1°. Campo de Aplicación. El presente decreto aplica al servicio de
alumbrado público y a las actividades que realicen los prestadores de este
servicio.
Artículo 2°. Definición Servicio de Alumbrado Público. Es el servicio público no
domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la
iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre circulación
con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un
municipio o Distrito. El servicio de alumbrado público comprende las actividades
de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la administración, la
operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión del
sistema de alumbrado público.
Parágrafo. La iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias
cerradas o en los edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos,
1
Visible a folios 1 y 11 del Cuaderno Principal.
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Visible a folios 9 y 10
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sometidos al régimen de propiedad respectivo, no hace parte del servicio de
alumbrado público y estará a cargo de la copropiedad o propiedad horizontal.
También se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación de
carreteras que no estén a cargo del municipio o Distrito.
Artículo 3°. Sistema de Alumbrado Público. Comprende el conjunto de
luminarias, redes, transformadores de uso exclusivo y en general, todos los
equipos necesarios para la prestación del servicio de alumbrado público, que
no formen parte del sistema de distribución.
Artículo 4°. Prestación del Servicio. Los municipios o distritos son los
responsables de la prestación del servicio de alumbrado público. El municipio o
distrito lo podrá prestar directa o indirectamente, a través de empresas de
servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado
público.
Parágrafo. Los municipios tienen la obligación de incluir en sus presupuestos
los costos de la prestación del servicio de alumbrado público y los ingresos por
impuesto de alumbrado público en caso de que se establezca como mecanismo
de financiación.
Artículo 5°. Planes del servicio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
12 de la Ley 143 de 1994, los municipios y distritos deben elaborar un plan anual
del servicio de alumbrado público que contemple entre otros la expansión del
mismo, a nivel de factibilidad e ingeniería de detalle, armonizado con el plan de
ordenamiento territorial y con los planes de expansión de otros servicios
públicos, cumpliendo con las normas técnicas y de uso eficiente de energía que
para tal efecto expida el Ministerio de Minas y Energía.
Artículo 6°. Régimen de contratación. Todos los contratos relacionados con la
prestación del servicio de alumbrado público, que celebren los municipios o
distritos con los prestadores del mismo, se regirán por las disposiciones
contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
y demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen.
Parágrafo. Los contratos que suscriban los Municipios o distritos, con los
prestadores del servicio de alumbrado público, para que estos últimos asuman
la prestación del servicio de alumbrado público, o para que sustituyan en la
prestación a otra que entre en causal de disolución o liquidación, deben
garantizar la continuidad en la ejecución de la expansión con parámetros
específicos de calidad y cobertura del servicio de alumbrado público, conforme
a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 7°. Contratos de suministro de energía. Los contratos para el
suministro de energía eléctrica con destino al servicio de alumbrado público,
deberán cumplir con la regulación expedida por la Comisión de Regulación de
Energía y Gas para el efecto. En todo caso, en los contratos de suministro de
energía, se deberá garantizar la libre concurrencia de los oferentes en igualdad
de condiciones.
Artículo 8°. Regulación Económica del Servicio. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 143 de 1994, corresponderá a la Comisión
de Regulación de Energía y Gas - CREG, regular los aspectos económicos de
la prestación del servicio de alumbrado público.
Artículo 9°. Cobro del costo del servicio. Los municipios o distritos que hayan
establecido el impuesto de alumbrado público podrán cobrarlo en las facturas
de los servicios públicos, únicamente cuanto este equivalga al valor del costo
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en que incurre por la prestación del mismo. La remuneración de los prestadores
del servicio de alumbrado público deberá estar basada en costos eficientes y
podrá pagarse con cargo al impuesto sobre el servicio de alumbrado público
que fijen los municipios o distritos.
Artículo 10. Metodología para la determinación de Costos Máximos. Con base
en lo dispuesto en los Literales c) y e) del artículo 23 de la Ley 143 de 1994, la
Comisión de Regulación de Energía y Gas establecerá una metodología para
la determinación de los costos máximos que deberán aplicar los municipios o
distritos, para remunerar a los prestadores del servicio así como el uso de los
activos vinculados al sistema de alumbrado público.
Parágrafo. Para el suministro de energía con destino al alumbrado público se
podrá adoptar por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG un
régimen de libertad de precios o libertad regulada, de acuerdo con las reglas
previstas en la Ley 142 de 1994, y demás normas que la modifiquen, adicionen
o complementen.
Artículo 11. Criterios para determinar la Metodología. De conformidad con lo
establecido en el artículo 44 de la Ley 143 de 1994, la Comisión de Regulación
de Energía y Gas - CREG, aplicará los siguientes criterios para definir la
metodología a que se hace referencia en el artículo anterior:
1. Eficiencia económica. Se utilizarán costos eficientes para remunerar el
servicio.
2. Suficiencia financiera. Se garantizará la recuperación de los costos y gastos
de la actividad, incluyendo la reposición, expansión, administración, operación
y mantenimiento; y se remunerará la inversión y patrimonio de los accionistas
de los prestadores del servicio.
3. Simplicidad: la metodología se elaborará de tal forma que se facilite su
comprensión, aplicación y control.
4. Transparencia. La metodología será explícita y pública para todas las partes
involucradas en la prestación del servicio y para los beneficiarios del mismo.
5. Integralidad. Los precios máximos reconocidos tendrán el carácter de
integral, en el sentido en que supondrán un nivel de calidad, de acuerdo con los
requisitos técnicos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía, y un grado
de cobertura del servicio, de acuerdo con los planes de expansión del servicio
que haya definido el municipio o distrito.
Artículo 12. Control, inspección y vigilancia. Para efectos de la prestación del
servicio de alumbrado público se ejercerán las funciones de control, inspección
y vigilancia, teniendo en cuenta las siguientes instancias:
1. Control Fiscal. La Contraloría General de la República, de conformidad con
la normatividad constitucional y legal vigente, ejercerá control fiscal permanente
sobre los municipios o distritos, en cuanto a la relación contractual con los
prestadores del servicio y con los interventores.
2. Control a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios. La
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), ejercerá el
control y vigilancia sobre las personas prestadoras de Servicios Públicos en los
términos establecidos en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994.
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3. Control Técnico. Las interventorías de los contratos de prestación de servicio
de alumbrado público además de las obligaciones contenidas en el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, ejercerán un control
técnico con sujeción a la normatividad que expida para esos fines el Ministerio
de Minas y Energía.
4. Control Social. Para efectos de ejercer el control social establecido en el
artículo 62 de la Ley 142 de 1994 los contribuyentes y usuarios del servicio de
alumbrado público podrán solicitar información a los prestadores del mismo, a
la Contraloría General de la República y a la interventoría. Los municipios o
distritos definirán la instancia de control ante la cual se interpongan y tramiten
las peticiones, quejas y reclamos de los contribuyentes y usuarios por la
prestación del servicio de alumbrado público.
Artículo 13. Funciones del Ministerio de Minas y Energía. En cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 67 de la Ley 142 de 1994 y 3° del Decreto 070 de
2000, corresponderá al Ministerio de Minas y Energía, ejercer en relación con
el servicio de alumbrado público, las siguientes funciones:
1. Expedir los reglamentos técnicos que fijen los requisitos mínimos que deben
cumplir los diseños, los soportes, las luminarias y demás equipos que se utilicen
en la prestación del servicio de alumbrado público.
2. Recolectar y divulgar directamente o en colaboración con otras entidades
públicas y privadas, información sobre nuevas tecnologías y sistemas de
medición aplicables al servicio de alumbrado público.
3. Expedir la reglamentación correspondiente al ejercicio de la interventoría en
los contratos de prestación del servicio de alumbrado público.
Artículo 14. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de julio de 2006.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Minas y energía,
Luis Ernesto Mejía Castro.”
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora sostuvo que el acto acusado desconoce los artículos 150 numeral
23, 189 numeral 11, 311 y 365 de la Constitución Política y las Leyes 142 y 143 de
1994.
A continuación, una síntesis del concepto de violación esgrimido:
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1.3.1.1. El demandante manifestó que, dentro de los considerandos del acto
censurado, se invocan como desarrolladas las Leyes 142 y 143 de 1994. Bajo ese
entendido, aseguró que las entidades demandadas desbordaron la facultad
reglamentaria que fue conferida por tales disposiciones normativas, por cuanto
dichas normas regulan lo concerniente a los servicios públicos domiciliarios y el
servicio de energía, respectivamente, mientras que el decreto censurado
reglamenta el servicio de alumbrado público, sin que el mismo haga parte de los
regímenes antes citados. En otras palabras, fue desbordado el objeto de las Leyes
142 y 143 de 1994, toda vez que el servicio de alumbrado público no se encuentra
dentro del ámbito de aplicación de ninguna de esas normas, las cuales fueron
utilizadas como fundamento para la expedición del acto enjuiciado.
1.3.1.2. Igualmente, aseguró que el acto censurado es contrario a lo
contemplado en el numeral 23 del artículo 150 de la Constitución Política, como
quiera que el Congreso de la República no ha emitido ninguna Ley que regule el
servicio de alumbrado público y/o autorice al Gobierno Nacional para su
reglamentación.
1.3.1.3. Bajo ese entendido, aseguró que el Decreto enjuiciado también
vulneró lo dispuesto en los artículos 189, 311 y 365 de la Carta Política, los cuales,
dan una potestad exclusiva al Congreso de la República para la regulación de los
servicios públicos. Para fundamentar tal afirmación, trajo a colación lo dicho por la
Corte Constitucional en sentencias C-302 de 1999, C-509 de 1999 y C-1265 de
2005.
1.3.1.4. Como parte del sustento fáctico de la demanda, adujo que la potestad
para regular el servicio de alumbrado público está en cabeza de los municipios en
virtud de las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
2.1. El Ministerio de Minas y Energía, mediante escrito del 11 de febrero de
2015, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda bajo los
argumentos que pasan a esgrimirse3:
3
Visible a folios 53 a 61 del Cuaderno Principal.
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Resaltó que no son ciertas las afirmaciones del demandante relativas a que las
Leyes 142 y 143 de 1994 no asignan a esa cartera ministerial competencias para la
reglamentación del servicio de alumbrado público, puesto que, si bien esas normas
versan sobre los regímenes de servicios públicos domiciliarios y de generación,
interconexión transmisión, distribución y comercialización de energía,
respectivamente, también lo era que dichas disposiciones normativas consignan
normas que, por su amplitud, exceden el ámbito exclusivo de los servicios públicos
domiciliarios y que cobijan actividades complementarias a tales servicios.
En ese sentido, afirmó que los numerales 20 y 25 del artículo 14 de la Ley 142 de
1994 señalan que el régimen de los servicios públicos domiciliarios ampara a un
conjunto de actividades agrupadas en torno a la noción de servicio público, dentro
de las cuales se encuentra la comercialización de la electricidad para el de
alumbrado público. Para respaldar tal afirmación citó un aparte de la sentencia C-
035 de 2003, proferida por la Corte Constitucional.
Arguyó que el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 se refiere a la existencia de una
factura del servicio de energía eléctrica con destino al alumbrado público, por lo que
de dicha norma es posible colegir que se está extendiendo el alcance y campo de
aplicación de las normas de servicios públicos domiciliarios al servicio de alumbrado
público.
Resaltó que el Consejo de Estado, en sentencia del 20 de mayo de 2012, proferida
en el expediente No. 1319, con ponencia del entonces Consejero Alier Eduardo
Hernández, señaló que las normas previstas en la Ley 142 de 1994 son aplicables
al pago del impuesto de alumbrado público. Asimismo, indicó que tal análisis “resulta
jurídicamente lógico, ya que se trata precisamente de un especifico contexto
normativo diseñado a partir de una noción orgánica de servicio público de energía
eléctrica en la que naturalmente se subsume el concepto de alumbrado público”4.
Bajo las anteriores consideraciones, señaló que el Gobierno Nacional, al expedir el
Decreto 2424 de 2006, actuó dentro del marco jurídico de la normatividad en
servicios públicos, y en desarrollo de la potestad reglamentaria en cabeza del
4
Visible a folio 59 del Cuaderno Principal.
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Presidente de la República, prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política.
2.2. Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de
memorial allegado al expediente el 5 de marzo de 2015, se opuso a la prosperidad
de las pretensiones del libelo introductorio y desarrolló los siguientes argumentos5:
2.2.1. Sobre la legalidad del Decreto 2424 de 2006.
2.2.1.1. Ámbito de aplicación de las Leyes 142 y 143 de 1994
Manifestó que la afirmación del demandante relativa a que el servicio de alumbrado
público no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de las Leyes 142 y 143 de
1994 es errada, como se desprende de una revisión de lo determinado por dichas
normas y lo señalado por la jurisprudencia y la doctrina respecto de ese servicio.
Aseguró que, pese a que la Ley 142 de 1994 versa sobre los servicios públicos
domiciliarios, lo cierto es que su ámbito de aplicación no se reduce exclusivamente
a éstos, puesto que esa norma también alude a las actividades complementarias
definidas en el Capítulo II del Título Preliminar ibídem y a otros servicios previstos
en las normas especiales. En ese contexto, manifestó que el numeral 25 del artículo
14 ibídem dispone que la citada Ley se aplicará también a las actividades
complementarias de generación, comercialización, transformación, interconexión y
transmisión de energía, por lo a que, a su juicio, dentro de las mismas se encuentra
incluidas las relativas al servicio de alumbrado público, dado que “sin el servicio de
energía, el servicio de alumbrado público no podría funcionar”6.
Adujo que el numeral 9 del artículo 14 ibídem, al respecto de la factura de los
servicios públicos domiciliarios, también hace referencia a los demás servicios
inherentes al desarrollo de un contrato de prestación de servicios públicos, de lo
que se desprende que el Legislador “está incorporando y teniendo en cuenta
servicios inherentes o íntimamente ligados con otros servicios, como el de
alumbrado público por ejemplo”.
5
Visible a folios 78 a 86 del Cuaderno Principal.
6
Visible a folio 80 V
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Señaló que el artículo 130 ibídem, que hace referencia a las partes de los contratos
de servicios públicos, indica que lo previsto en tal disposición también aplica a las
facturas del servicio de energía eléctrica con destino al alumbrado público, lo cual
convierte a ese servicio en un sector cobijado por la Ley 142 de 1994.
En relación con la Ley 143 de 1994, señaló que su objeto es establecer el régimen
para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de
electricidad en el territorio nacional. Así las cosas, como el servicio público de
alumbrado requiere de electricidad para cumplir su función, es claro que el mismo
encaja en lo que la citada norma denomina actividad del sector y, por lo tanto,
aquella le es aplicable.
Arguyó que el artículo 11 ibídem determinó varias definiciones en las que se
entiende incluido el servicio de alumbrado público. En ese orden, citó a modo de
ejemplo las siguientes: “Sistema interconectado nacional: es el sistema compuesto
por los siguientes elementos conectados entre sí: las plantas y equipos de
generación, la red de interconexión, las redes regionales e interregionales de
transmisión, las redes de distribución, y las cargas eléctricas de los usuarios.
Red nacional de interconexión: conjunto de líneas y subestaciones, con sus
equipos asociados, incluyendo las interconexiones internacionales, destinadas al
servicio de todos los integrantes del sistema interconectado nacional. Redes
regionales o interregionales de transmisión: conjunto de líneas de transmisión y
subestaciones, con sus equipos asociados, destinadas al servicio de un
grupo de integrantes del sistema interconectado nacional dentro de una
misma área o áreas adyacentes, determinadas por la comisión de regulación de
energía y gas. Redes de distribución: conjunto de líneas y subestaciones, con
sus equipos asociados, destinados al servicio de los usuarios de un municipio
o municipios adyacentes o asociados mediante cualquiera de las formas
previstas en la Constitución Política.” 7 (Subrayas y negrillas dentro del texto).
2.2.1.2. La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
sobre el servicio de alumbrado público.
7
Visible a folio 81 del Cuaderno No. 1.
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Señaló que la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 12 de junio
de 1997, proferida en el proceso con número de radicado 3933, en el que se discutió
la legalidad de la Resolución 043 de 1995, expedida por la Comisión de Energía y
Gas, indicó que la Ley 143 de 1994 constituye el fundamento para el desarrollo y
reglamentación del servicio de alumbrado público. Refirió que el citado
pronunciamiento judicial es lógico, dado que entre los servicios de energía y de
alumbrado público hay una “conexidad” que justifica un régimen jurídico en común.
Resaltó que la Corte Constitucional, en sentencia C-035 de 2003, aclaró que, si bien
el servicio de alumbrado público no tiene el carácter de domiciliario, lo cierto es que
existía una conexidad que lo liga al servicio público domiciliario de energía eléctrica,
toda vez que las actividades complementarias de éste último son inescindibles del
primero, de tal suerte que simplemente varía la destinación de la energía.
2.2.1.3. La doctrina de la autoridad de inspección, vigilancia y control.
Sobre el punto, aseguró que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, como la entidad encargada de la inspección, vigilancia y control de
los servicios públicos domiciliarios, ha señalado que la Ley 142 de 1994 se aplica al
servicio público de energía eléctrica, en tanto en el mismo se consideran como
actividades complementarias, la generación, comercialización, transformación y
transmisión, lo que, en armonía con la jurisprudencia antes citada, pone de relieve
que el Decreto 2424 de 2006 cuenta con un fundamento legal válido.
2.2.1.4. La doctrina en general sobre el servicio de alumbrado público.
Afirmó que el profesor Armando Gutiérrez Castro, al referirse a la sentencia C-035
de 2003 en el libro denominado “el alumbrado público en Colombia”, afirmó que no
es posible escindir el alumbrado público de los servicios complementarios de
energía eléctrica, como quiera que al primer servicio comparte todo el proceso de
actividades de generación, transmisión, interconexión y distribución de energía,
dado que la iluminación transforma la energía en fuentes luminosas para uso de los
ciudadanos.
2.2.2. Sobre la facultad reglamentaria del Presidente de la República en materia de
servicios públicos.
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2.2.2.1. La facultad reglamentaria del Presidente de la República.
Expresó que el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política radica en
cabeza del Presidente de la República la facultad de ejercer la potestad
reglamentaria, mediante la expedición de decretos, resoluciones y órdenes
necesarias para la ejecución de las leyes. Así, luego de citar una sentencia proferida
por esta Corporación el 14 de agosto de 2008 bajo el número de radicado 16230,
aseguró que, para que el Jefe de Gobierno pueda ejercer tal atribución, debe existir
una norma con rango de ley que requiera ser reglamentada para su adecuada
ejecución, que en el caso en concreto son las Leyes 142 y 143 de 1994.
2.2.2.2. La potestad de reglamentación del Presidente en el servicio público de
alumbrado.
Reiteró que las Leyes 142 y 143 de 1994 constituyen el marco legal para el
desarrollo reglamentario del servicio de alumbrado público, por lo que, a su juicio,
está probado que el Presidente de la República, a través del Decreto 2424 de 2006,
cumplió con la facultad reglamentaria determinada en el numeral 11 del artículo 189
de la Constitución Política.
Refirió que el Consejo de Estado ha reconocido que además de la facultad
reglamentaria en materia de servicios públicos, existe la regulatoria, la cual ha sido
ejercida a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En ese sentido,
arguyó que en sentencia proferida en el proceso identificado con el número 11001
03 24 000 2000 6066 01, el 22 de noviembre de 2001, esta Corporación señaló que
el hecho que el establecimiento de los servicios públicos corresponda al Legislador,
no impide ni contradice la posibilidad de que el Presidente ejerza la regulación de
éstos.
Bajo las anteriores premisas, consideró que dicha autoridad no sólo no se extralimitó
en su potestad reglamentaria, sino que además, frente al servicio de alumbrado
público, acudió al marco legal correspondiente, esto es, las Leyes 142 y 143 de
1994.
2.2.3. Sobre la inexistencia de fundamentos de hecho y de derechos.
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Demandante: Alfonso Figueredo Cañas
Explicó que los numerales 3º y 4º del artículo 162 del CPACA determinan como
requisitos de la demanda: (i) que las pretensiones deban fundarse en hechos y
omisiones, y (ii) que las mismas deben contar con un fundamento de derecho,
respectivamente.
En relación con el primero de los requisitos, señaló que en el hecho primero de la
demanda el accionante indicó que “el gobierno Nacional en cabeza del señor
presidente, mediante el Decreto 2424 de julio 18 de 2006, se dio a la tarea de regular
la prestación del servicio de Alumbrado público, atribuido a los municipios de la
jurisdicción mediante las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915”8. En ese orden, manifestó
que el Presidente, en el acto enjuiciado, reguló la prestación del servicio de
alumbrado público, sin que ello constituya una violación al ordenamiento jurídico en
tanto el primer mandatario no sólo cuenta con la potestad reglamentaria, sino que
también está facultado para regular los servicios públicos tal y como lo hacen las
distintas Comisiones de Regulación. En relación con la segunda afirmación, esto
es, que la potestad para regular el servicio de alumbrado público está en cabeza de
los municipios en virtud de las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, advirtió que no era
cierta, en tanto, lo que dichas normas hicieron fue autorizar a los municipios para
crear impuestos para el financiamiento del servicio de alumbrado público; por
consiguiente, a su juicio, en el mencionado hecho, no se relacionó un fundamento
fáctico que cimiente las pretensiones de nulidad en contra del acto demandado.
Respecto de los hechos segundo a cuarto, refirió que el demandante sostuvo que
el Decreto 2424 de 2006 desbordó las facultades reglamentarias conferidas al
Presidente en las Leyes 142 y 143 de 1994. En ese orden, aseveró que, en virtud
de lo expuesto por la jurisprudencia del Consejo de Estado, de la Corte
Constitucional en sentencia C – 035 de 2003, de la doctrina de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios en la Circular Externa SSPD 06 del 14 de mayo
de 2003 y el artículo 29 de la Ley 1150 de 2007, es claro que el servicio de
alumbrado público es inherente al servicio de energía eléctrica, por lo que, a su
juicio, el Decreto 2424 de 2006 sí tiene un fundamento legal válido, y por tanto,
aseguró que ninguno de los hechos relacionados en la demanda constituye
8
Visible a folio 84 del Cuaderno Principal.
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argumento suficiente para que prospere la pretensión de nulidad de la decisión
censurada.
Respecto del requisito previsto en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA, adujo
que tampoco se encuentra que en la demanda existan fundamentos de derecho que
sustenten las pretensiones de ilegalidad del Decreto 2424 de 2006, en tanto, si bien
fueron invocados como vulnerados el numeral 23 del artículo 150, 189, 311 y 365
de la Constitución Política, lo cierto es que de la revisión de dichas normas se
evidencia que no existe contradicción entre éstas y el acto enjuiciado.
Así, expuso que el numeral 23 del artículo 150 Constitucional dispone que
corresponde al Congreso regular la prestación de los servicios públicos, función que
no es desconocida por la decisión que se impugna, en tanto, lo que hace el mismo
es desarrollar las Leyes 142 y 143 de 1994.
Sobre el artículo 189 ibídem, afirmó que, con base en el mismo, el Presidente de la
República profirió el Decreto acusado, por lo que no comprende la contradicción
señalada por el actor. Igualmente, sostuvo que el Decreto acusado reafirma las
atribuciones contempladas en el artículo 311 ibídem, desarrollando y permitiendo la
aplicación del artículo 365 ejusdem.
Siendo ello así, aseguró que en la demanda no existen hechos, omisiones ni
fundamentos de derecho que sustenten la pretensión de nulidad.
III. AUDIENCIA INICIAL
El día 11 de marzo de 2016 se llevó a cabo audiencia inicial, en la que se fijó el
litigio de la siguiente manera:
“Como la controversia planteada es de puro derecho, el Despacho considera
que el problema jurídico se limita a establecer si el Decreto demandado es
violatorio de normas superiores, esto es, de los artículos 150 numeral 23, 311 y
365 de la C.P., en razón a que la regulación de los servicios públicos es
competencia exclusiva del legislador y éste no ha autorizado al Gobierno
Nacional para regular la prestación de éstos, y del artículo 189 numeral 11 de
la C.P. porque el Gobierno Nacional excedió el ámbito de la potestad
reglamentaria de las Leyes 142 y 143 de 1994, toda vez que el servicio de
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alumbrado público no hace parte de los servicios que regulan estas normas
citadas como fundamento para la expedición del decreto acusado”9
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
4.1. Mediante escrito calendado el 31 de marzo de 2016, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público solicitó denegar las pretensiones del libelo
introductorio, reiterando parte de los argumentos expuestos en la contestación de
la demanda.
4.2. La parte demandante, a través de escrito calendado el 1 de abril de 2016,
insistió en que se declare la nulidad del Decreto 2424 de 2006, bajo las siguientes
razones10:
Resaltó que el acto censurado se abroga las funciones del Congreso, las Asambleas
Departamentales y los Concejos Municipales respecto del servicio de alumbrado
público, circunstancia que es contraria a los artículos 287 y 338 de la Constitución
Política, que disponen que los entes territoriales son autónomos para establecer los
elementos estructurales del tributo por la prestación de dicho servicio.
Manifestó que la norma censurada dispuso que las tasas o sobretasas especiales
deberán ser impuestas por los Departamentos y Municipios y que los recursos
recaudados se deberán destinar a fondos – cuenta territoriales de seguridad, razón
por la cual, se desconoce el principio de autonomía territorial previsto en el artículo
287 de la Constitución Política.
En ese sentido, expresó que desconoce el principio de legalidad que “el ejecutivo
determine los aspectos regulatorios de un servicio público, el cual no cuenta con las
características de representación de los ciudadanos de Colombia, atributo que es
un elemento esencial para que una autoridad pueda regular un servicio público y
una renta pública según los preceptos constitucionales del artículo 338 de la C.N.”
9
Visible a folio 112 del Cuaderno principal
10
Visible a folios 120 a 126 del Cuaderno Principal
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4.3. Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía descorrió el traslado para
alegar reiterando los argumentos traídos en la contestación de la demanda y
señalando los siguientes de manera adicional 11:
4.3.1. Argumentos del análisis reglamentario:
Manifestó que los artículos 1 y 12 del Decreto 381 de 2012 determinaron que, dentro
de las funciones de esa cartera ministerial, se encuentra la obligación de coordinar
lo relacionado con la comercialización de la energía eléctrica; asimismo, indicó que
tal competencia fue incluida en la Ley 142 de 1994; por ende, sostuvo que “se debe
tomar el sector energético o el servicio de energía eléctrica como un todo
asegurando la sostenibilidad del mismo, pues el sector energético o el servicio de
energía eléctrica comprende toda la cadena económica, operativa y de servicio que
lo conforma, dentro del que se encuentra el servicio de alumbrado público” 12
4.3.2. Argumentos del análisis legal:
4.3.2.1. Expuso que, de la lectura de los artículos 1 y 14 numerales 20 y 25 de
la Ley 142 de 1994, es posible colegir que dicha Ley no cobija exclusivamente los
servicios públicos domiciliarios, sino que además cobija a todo el conjunto de
actividades agrupadas en torno a la noción de cada servicio.
En ese sentido, arguyó que para el servicio público de energía eléctrica fueron
detalladas cuáles son las actividades conexas al mismo, siendo una de éstas, la
comercialización de la energía en el sentido amplio. Así las cosas, aseguró que,
para la correcta reglamentación de ese servicio, se deben tener en cuenta todos los
elementos que influyen en su desarrollo comercial; y como quiera que el alumbrado
público consume constantemente energía y sus destinatarios son los habitantes de
un municipio determinado, ese servicio, aunque tiene la connotación de no
domiciliario, tiene tanta relevancia para la prestación del servicio público de energía,
que no puede ser ignorado por la reglamentación de éste.
11
Visible a folios 137 a 143 del Cuaderno Principal.
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Visible a folio 139 del Cuaderno Principal
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Bajo tal punto de vista, adujo que la intención del Legislador al expedir la Ley 142
de 1994 era la de reconocer que el servicio público domiciliario estaba conformado
por un conjunto de actividades y, por ende, las mismas no se podían limitar a que
sea prestado en el hogar del usuario.
Señaló que esa cartera ministerial tenía competencia para reglamentar el servicio
público de alumbrado como parte del servicio de energía, pues de no hacerlo
“dejaría trunca la reglamentación del servicio de cara a los usuarios finales,
prestadores del servicio y las demás entidades relacionadas con las actividades
relacionadas con el servicio de energía y el alumbrado público, ya que la falta de
regulación genera ineficiencias que afecta la cadena entera del servicio de energía
eléctrica, incumpliendo con el objetivo último de la misma Ley”13
4.3.2.2. Por otro lado, en cuanto a las herramientas con las que cuenta el
Estado para intervenir en el desarrollo de los servicios públicos, afirmó que, en el
artículo 2º de la Ley 142 de 1994, el Legislador dispuso que el Estado podrá
intervenir en los servicios públicos en general y no exclusivamente en los servicios
domiciliarios, teniendo en consideración la complejidad que implica la prestación del
último y la complementariedad que éste conlleva con otras actividades, que no
necesariamente tienen el carácter de domiciliario, como, por ejemplo, el alumbrado
público.
Resaltó que el Decreto 2424 de 2006 cumple a cabalidad con todos los fines
determinados por el Legislador en el artículo 2º de la Ley 142 de 1994 para la
intervención del Estado, por lo que la regulación efectuada por el Ministerio de Minas
y Energía en el mismo se ajusta a la Ley; pues iteró, el servicio de energía eléctrica
debe entenderse como un conjunto de actividades, razón por la cual, es necesario
que se cuente con una reglamentación integral de todos los elementos que
componen ese sector, so pena de causar ineficiencias en la prestación del servicio
llevando a la falla del mismo.
4.3.2.3. Respecto de la Ley 143 de 1994, manifestó que, de la lectura del
artículo 2º de esa disposición normativa, es posible concluir que el Legislador
entiende que el Ministerio de Minas y Energía es la entidad competente para regular
13
Visible a folio 140 del Cuaderno Principal
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y reglamentar el desarrollo del servicio público de energía eléctrica, dentro del que
se encuentra incluido el alumbrado público, por lo que esa cartera ministerial sí tenía
potestades para proferir el Decreto 2424 de 2006.
Mencionó que el artículo 3º de la Ley 143 de 1994 dispuso de manera específica
cuáles son las atribuciones del Estado respecto del servicio de electricidad y que,
luego de analizar cada una, concluyó que el Decreto acusado reflejaba la voluntad
del Legislador en lo que tiene que ver con las capacidades y obligaciones que debe
cumplir el Gobierno Nacional para la prestación del servicio de energía eléctrica y
en particular sobre el servicio de alumbrado público.
Aseguró que el acto acusado reglamenta las disposiciones determinadas en las
Leyes 142 y 143 de 1994, al tratar temas como la eficacia, planes de servicio,
régimen de contratación, regulación económica, metodologías para determinar
costos y otros temas en ejercicio de la potestad reglamentaria. Asimismo, señaló
que los citados tópicos son requeridos para la cumplida ejecución de las leyes de
servicios públicos y energía, las cuales, incluyen necesariamente, la prestación del
servicio de alumbrado público.
4.3.3. Argumentos del análisis constitucional.
Sobre la vulneración del artículo 150 de la Carta Política, afirmó que el Congreso de
la República expidió las Leyes 142 y 143 de 1994, a efectos de determinar el
régimen de los servicios públicos y de la energía eléctrica, respectivamente. Expuso
que en ambos casos el Legislador fijó los lineamientos a los que se debía acoger el
Gobierno Nacional para la expedición de las reglamentaciones en ese sector; por
ende, la expedición del Decreto censurado se encuentra ajustada a derecho, en la
medida que, al ser el servicio de alumbrado público derivado del servicio de energía
eléctrica, era claro que el Ministerio de Minas y Energía sí tenía competencia para
regular dicha materia.
Respecto del numeral 11 del artículo 189 ibídem, precisó que el Gobierno Nacional
estaba habilitado para reglamentar las mencionadas Leyes en lo concerniente al
alumbrado público en el marco del servicio público de energía, puesto que el primero
forma parte de la cadena energética del país.
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Afirmó que las Leyes 142 y 143 de 1994, así como el acto demandado, son
aplicables a los entes territoriales al ser los encargados de la prestación del servicio
público de alumbrado. En ese orden, sostuvo que tales disposiciones normativas y
el acto acusado, esto es, el Decreto 2424 de 2006, reglamentan las condiciones
bajo las cuales los municipios deben prestar el mencionado servicio; por lo que la
disposición censurada surge como respuesta a la necesidad que tienen estos
últimos de contar con una reglamentación de los tópicos que componen su
prestación, a saber, la contratación, el cobro o la inspección y vigilancia.
Por último, en lo que tiene que ver con el artículo 365 de la Carta Política, sostuvo
que el Estado, representado por el Poder Ejecutivo, tiene como obligación asegurar
la prestación eficiente de los servicios públicos; y bajo tales lineamientos, de lograr
tal objetivo son necesarios la expedición de reglamentos sobre los temas abordados
en el Decreto demandado, razón por la cual, la norma censurada, además de tener
un origen legal, se relaciona con un deber constitucional del Estado, como quiera
que, “sin dicha reglamentación no sería posible que los entes territoriales tuvieran
la seguridad jurídica para el desarrollo de los contratos y gestiones pertinentes para
prestar el servicio y dar cumplimiento a su deber constitucional” 14
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Agencia del Ministerio Público Delegada para la Conciliación
Administrativa rindió concepto mediante memorial radicado en la Secretaría de
esta Sección el día 1 de abril de 201615, en el que expuso los siguientes argumentos:
5.1. En relación con el cargo atinente a la violación del principio de reserva legal
en materia sancionatoria y exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria.
A efectos de resolver el mencionado cargo, el Ministerio Público desarrolló el marco
constitucional y legal en materia de servicios públicos, ello con el fin de determinar
el alcance del principio de reserva legal en esa materia.
14
Visible a folio 143 Vuelto del Cuaderno Principal
15
Visible a folios 121 a 136 del Cuaderno Principal
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Luego de citar las sentencias C – 741 de 2003 y C – 263 de 2013 relativas al régimen
jurídico de los servicios públicos, manifestó que la Carta del 91, en sus artículos 300
numeral 1 y 313 numeral 1, le entregó competencias a las entidades para
reglamentar la prestación de los servicios públicos. Igualmente, sostuvo que la Corte
Constitucional, en sentencia C – 517 de 1992, reconoció que, en virtud del principio
de autonomía de que gozan las entidades territoriales, las mismas pueden ejercer
la potestad reglamentaria, a fin de regular el marco legal previsto por el Legislador,
y lograr una prestación eficiente de los servicios públicos, adecuada a las
características particulares de su estructura.
Por todo lo anterior, manifestó que el Congreso de la República, en ejercicio de sus
facultades legales, profirió la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen
de los servicios públicos domiciliarios. Además, tras hacer referencia al artículo 1º
ibídem referente al ámbito de aplicación de esa norma, y a las definiciones
contempladas en los numerales 20, 21 y 25 del artículo 14 ejustem, explicó que, a
pesar de que en tales disposiciones no se incorporó una enunciación clara sobre
las características de los servicios públicos, lo cierto es que sí se estableció un
listado de los servicios domiciliarios, incluyendo entre ellos, el de acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía
móvil rural y distribución de gas combustible, y también señaló que las disposiciones
de esa norma aplicarían a las actividades complementarias definidas en el Capítulo
II de la misma Ley, así como otros previstos en las normas especiales.
Expuso que los servicios públicos domiciliarios son una categoría especial de los
servicios públicos, cuyos elementos característicos han sido objeto de desarrollo
por parte de la Corte Constitucional. Así, expresó que esa Corporación, en sentencia
C-035 de 2003, que reitera parte de lo dispuesto en sentencia C-585 de 1995,
arguyó que, si bien era cierto que el alumbrado público no era un servicio público
domiciliario pues el acceso al servicio no se realiza en el lugar de residencia del
usuario, lo cierto es que era una actividad conexa y consubstancial al servicio
público domiciliario de energía eléctrica, pues ambos compartían las mismas
actividades de generación, transmisión e interconexión de energía.
Así las cosas, adujo que el régimen previsto en las Leyes 142 y 143 de 1994
resultaba aplicable al alumbrado público y que por ende no era dable afirmar que el
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Gobierno excedió el ámbito de la potestad reglamentaria que le fue otorgada, dado
que es una actividad complementaria de comercialización y distribución de energía.
VI. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, previas las siguientes
VII. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia.
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el
Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.
7.2. Cuestión previa
Para el pronunciamiento sobre la petición de nulidad del acto acusado, la Sala
observa primeramente que en los alegatos de conclusión el accionante hizo
referencia a un cargo nuevo, no esgrimido en la demanda, según el cual la decisión
impugnada vulneraba el principio de autonomía territorial en materia tributaria. Los
siguientes son los apartes, en lo pertinente:
“El acto administrativo demandado se aborga las funciones del Congreso, las
Asambleas departamentales (Sic), los Concejos distritales (Sic) a disposiciones
que establezca el Ministerio de Minas y Energía con respecto a la prestación
del servicio de alumbrado público, lo cual es inconstitucional por cuanto los
entes territoriales cuentan con autonomía para establecer los elementos
estructurales de este tributo, como consta en el artículo primero de nuestra
Carta Política (…), por lo tanto, en ejercicio de la autonomía de que gozan los
entes territoriales al tenor de lo dispuesto por el artículo 287 y 338 de la
Constitución Política, pueden establecer los elementos estructurales del tributo
de la manera que consideren más conveniente.
(…)
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En este sentido, de acuerdo a la norma demandada las tasas o sobretasas
especiales deberán ser impuestas por los departamentos y municipios y
además se destinarán a fondos-cuenta territoriales de seguridad, por lo cual se
trata de recursos que las mismas entidades deberán aplicar al cumplimiento de
funciones relacionadas con la seguridad ciudadana. Por lo anterior, son las
entidades territoriales y no el Ministerio del Interior quienes tienen la facultad de
regular los elementos de este tributo. En consecuencia, la norma demandada
vulnera la autonomía de las entidades territoriales y con ello el artículo 287 de
la Constitución Política, pudiendo generar además una situación de inseguridad
jurídica tributaria que afecte el principio de certeza si el Ministerio del Interior
define unos elementos de estos tributos distintos a los señalados por las
entidades territoriales.”16.
Al respecto, es necesario precisar que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo162 del CPACA., la oportunidad que tiene el demandante para exponer los
puntos de hecho y de derecho que considera pertinentes para lograr que se acoja
su pretensión por parte del Juez Contencioso Administrativo es en la demanda o en
su reforma. El siguiente es el sentido de la mencionada disposición:
Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a
quien sea competente y contendrá:
1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias
pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en
este mismo Código para la acumulación de pretensiones.
3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones,
debidamente determinados, clasificados y numerados.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la
impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y
explicarse el concepto de su violación.
5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo
caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su
poder.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar
la competencia.
7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda
recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también
su dirección electrónica”. (Subrayas de la Sala).
Siendo ello así, y habida cuenta de que el cargo relativo a la trasgresión del prinicpio
de autonomía territorial en materia tributaria fue presentado en la etapa de
alegaciones, no puede la Sala abordarlos so pena de desconocer el derecho al
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Folios 122 a 126 de este Cuaderno.
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debido proceso, de contradicción y de defensa de que son titulares el Presidente de
la República y los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía,
pues admitir su valoración supondría ignorar que frente a ellos las citadas entidades
no tuvieron la oportunidad de controvertirlos.
Tal ha sido la postura pacífica, reiterada y uniforme de ésta Corporación al indicar
que las providencias judiciales deben observar con rigor el principio de congruencia
entre el petitum (pretensiones de la demanda) y el decisum, de modo que exista
una total correspondencia. Veamos:
“Según lo previsto por el artículo 281 del Código General del Proceso, “[l]a
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley”. De acuerdo con lo expresado por la Corte Constitucional, el de
congruencia constituye “un concepto nuclear dentro del derecho procesal civil, en
virtud del cual, el juez, en su sentencia, no puede reconocer lo que no se le ha
pedido (extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita); de no ser así, con su
actuación estaría desbordando, positiva o negativamente, los límites de su
potestad”17. En últimas, representa “un principio general, en materia de
procedimiento, por estar directamente relacionado con el debido proceso y el
derecho de defensa, que exista la debida coherencia, en todas las sentencias,
entre los hechos, las pretensiones y la decisión”18.
Como puede apreciarse, de su caracterización legal y jurisprudencial el principio
de congruencia exige consonancia entre lo pedido por las partes (petitum) y lo
resuelto por el tribunal (decisum), entendiéndose que se atentará contra él allí
donde el juez concede más o algo distinto de lo que le fue demandado por la parte
actora (ultra o extra petita). En consecuencia, la verificación de la congruencia de
un fallo exige hacer una comparación entre lo decidido con lo reclamado por las
partes. En materia de contencioso de anulación de actos administrativos, dado el
carácter rogado de la jurisdicción y las formalidades que la ley plantea a la
demanda, que exigen la formulación de los cargos de invalidación propuestos y el
señalamiento expreso de su fundamento normativo (artículo 162.4 del CPACA),
ello implica que el juez no puede fallar lo pedido desbordando los cargos
formulados por la parte actora”19.
7.3. Planteamiento
17
Sentencia T-450 de 2001.
18
Sentencia T-592 de 2000.
19
Sección Primera. Sentencia del 11 de agosto de 2016, proferida en el proceso número 25000-23-
41-000-2013-00855-01. Tal razonamiento ha sido expuesto también en sentencias del 3 de
noviembre de 2016 proferida en el proceso número 13001-23-31-000-2001-02023-01; Fallo del 8 de
junio de 2016 expedido en el expediente 25000-23-24-000-2005-00270-01; Providencia del 7 de
mayo de 2015 dictada en el proceso 41001-23-31-000-2006-00234-01; Sentencia del 20 de
noviembre de 2014 expedida en el asunto identificado con el número 25000-23-27-000-2006-00705-
01.
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De acuerdo con el contenido y alcance de la demanda y su respectiva contestación,
se observa que las partes discrepan en dos aspectos: el primero, relacionado con
la existencia de norma legal susceptible de ser reglamentada a través del Decreto
2424 de 2006, pues para el accionante las Leyes 142 y 143 de 1994 regulan todo
lo concerniente a los servicios públicos domiciliarios y en esa medida no pueden ser
invocadas como fundamento de la expedición del acto enjuiciado, pues allí no
existen disposiciones relacionadas con la prestación del servicio público de
alumbrado, en tanto que éste no es de carácter domiciliario. En esa medida, ante el
vacío de norma con rango legal que pudiera ser reglamentada, con la expedición
del mencionado Decreto, a juicio del demandante, el Gobierno Nacional excedió su
potestad e invadió la órbita de competencia propia del Congreso de la República.
Entre tanto, para las carteras ministeriales accionadas las citadas disposiciones
legales sí se refieren al servicio de alumbrado público como una actividad
complementaria del servicio de energía eléctrica y, por ende, sirven de sustento
legal a efectos de justificar la reglamentación de dicho servicio en el acto que se
impugna, por parte de la autoridad erigida para tal efecto por la Constitución, esto
es, por el Presidente de la República; lo cual redunda en que sí tenía competencia
para expedir el acto enjuiciado.
7.4. Análisis del caso
Según el planteamiento anotado, debe la Sala definir si es cierto que el servicio de
alumbrado público no se encuentra dentro del ámbito de regulación previsto en las
Leyes 142 y 143 de 1994.
Sobre este preciso tópico, lo que se observa es que la Sección Cuarta, en sentencia
del 25 de septiembre de 2019 proferida en el proceso número 11001 03 27 000 2016
00036 00 (22528), se pronunció acerca de la legalidad del 9 artículo el Decreto 2424
de 2006 y desarrolló el alcance de la potestad reglamentaria del Presidente de la
República aludiendo a un cargo idéntico al que aquí se formula. A continuación el
problema a desatar:
“En el caso, tal como se fijó en la audiencia inicial, el litigio se concreta a definir
si el artículo 9° del Decreto 2424 del 18 de julio de 2006, al disponer que los
municipios o distritos que hayan establecido el impuesto de alumbrado público
pueden cobrarlo en las facturas de servicios públicos, se expidió o no con
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24
Radicado: 11001 03 27 000 2013 00009 00
Demandante: Alfonso Figueredo Cañas
exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria y si tiene un sustento
normativo superior”.
7.4.1. Lo expuesto conduce a que se analice si para el caso concreto opera el
fenómeno de cosa juzgada, lo que, a su vez, implica analizar el alcance de dicha
figura; veamos:
7.4.1.1. La cosa juzgada se encuentra referida a los atributos de imperatividad,
coercibilidad e inmutabilidad de que están revestidas las sentencias ejecutoriadas.
En esa lógica, el artículo 189 del CPACA establece los efectos de dichas
providencias, indicando lo siguiente:
“Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad
de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga
omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes
pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la
legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de
legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas
jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o
de un acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en
lo pertinente sus decretos reglamentarios.
Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del
artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa
juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos
diferentes.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y
cumplimiento, producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que
tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya
identidad jurídica de partes.
La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho
aprovechará a quien hubiere intervenido en ellos y obtenido esta declaración a
su favor.
Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias y quedan sometidas a la
formalidad del registro de acuerdo con la ley.
En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad
demandada, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación
de la sentencia que resuelva definitivamente el proceso, cuando resulte
imposible cumplir la orden de reintegro del demandante al cargo del cual fue
desvinculado porque la entidad desapareció o porque el cargo fue suprimido y
no existe en la entidad un cargo de la misma naturaleza y categoría del que
desempeñaba en el momento de la desvinculación, podrá solicitar al juez de
primera instancia la fijación de una indemnización compensatoria.
De la solicitud se correrá traslado al demandante por el término de diez (10)
días, término durante el cual podrá oponerse y pedir pruebas o aceptar la suma
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Radicado: 11001 03 27 000 2013 00009 00
Demandante: Alfonso Figueredo Cañas
estimada por la parte demandada al presentar la solicitud. En todo caso, la
suma se fijará teniendo en cuenta los parámetros de la legislación laboral para
el despido injusto y el auto que la señale solo será susceptible de recurso de
reposición”. (Subrayas de la Sala).
Por lo que se refiere a este punto y en específico, en lo tocante con los procesos
de nulidad, esta Sección, en sentencia del 11 de junio de 2020, precisó lo que sigue:
“26. Esta Corporación20 ha explicado, acerca de la declaratoria de cosa juzgada
en el marco de una acción de nulidad simple, lo siguiente:
“(…) El fenómeno de la cosa juzgada se encontraba regulado en los
artículos 332 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 175 del
Código Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:
(…) De conformidad con la norma transcrita, la sentencia que decrete la nulidad
de un acto administrativo tiene efectos erga omnes de manera plena, por lo que
respecto de dicho acto no resulta posible adelantar un nuevo proceso en el que
se solicite su anulación. Sin embargo, cuando se trate de sentencias en las
que se denieguen la nulidad, los efectos de cosa juzgada solo recaen
sobre la causa petendi, razón por la cual es posible que respecto de los
actos que son objeto de la decisión se puedan tramitar nuevos procesos,
los cuales deben tener por fundamento una causa distinta a la resuelta en
la sentencia que negó la pretensión nugatoria (…)”(Destacado fuera de
texto).
27. La Sala reitera, de conformidad con la normativa y jurisprudencia citada
supra, que en los procesos de nulidad, si la sentencia accede a las pretensiones
de la demanda, producirá efectos de cosa juzgada erga omnes, “(…) lo cual
significa que la decisión judicial en firme que haya declarado la nulidad de un
acto administrativo, se hace extensiva a aquellos procesos en los cuales el acto
demandado sea exactamente el mismo, independientemente de cuál sea la
causa invocada para sustentar la nulidad deprecada (…)” 21; es decir, que la
sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tiene fuerza de cosa
juzgada erga omnes, para todo el mundo y sin importar la causa petendi o los
argumentos alegados, situación que impide que pueda presentarse un nuevo
pronunciamiento en relación con el acto acusado.
28. Por el contrario, si se trata de una sentencia desestimatoria de las
pretensiones, esta producirá efectos de cosa juzgada erga omnes pero solo en
relación con la causa petendi que, entendida como la razón o los motivos por
los cuales se demanda, está contenida en los cargos esgrimidos o en el
concepto de la violación que se invoca como sustento de la solicitud de nulidad;
de ello se infiere que la sentencia desestimatoria de las pretensiones de una
acción de nulidad hace tránsito a cosa juzgada erga omnes, solo respecto de
los cargos que dan lugar a su interposición”22. (Paréntesis y negrillas dentro del
texto, subrayas de la Sala).
20[17]
Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2017, radicado Nro. 05001-23-33-000-2015-
02253-01, Consejero ponente doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.
21[18]
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de
octubre de 2010, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, número único de radicación 11001 03 25
000 2006 00388 00.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente:
Hernándo Sánchez Sánchez, sentencia de 11 de junio de 2020, radicación número 11001-03-24-
000-2009-00357-00.
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Radicado: 11001 03 27 000 2013 00009 00
Demandante: Alfonso Figueredo Cañas
Así las cosas, en tratándose de procesos de nulidad los efectos de una decisión
previa que haya controlado las disposiciones que se ventilan en un juicio actual
tienen efectos erga omnes, es decir, afectan incluso a sujetos que no hayan
intervenido en el proceso inicial. No obstante, dependiendo del sentido de la
decisión adoptada en la sentencia se definirá si existe o no cosa juzgada absoluta
o relativa.
En ese orden, si la sentencia frente a la cual se pretende efectuar el análisis de la
excepción fue estimatoria, el efecto de la cosa juzgada será absoluto respecto de
las disposiciones cuya ilegalidad fue declarada y, en esa medida, es claro que
resultaría improcedente efectuar posteriores análisis de validez de esas mismas
normas, en tanto resultaron expulsadas del orden jurídico al ser contrarias a éste.
Cuestión distinta acontece en el evento de que la decisión fuese desestimatoria de
los cargos de nulidad, pues en ese caso el efecto de la cosa juzgada es relativo, lo
que significa que se predicará únicamente de los cargos en ella analizados y
respecto de las disposiciones acusadas, por lo que la delimitación del objeto y la
causa petendi en esa hipótesis resulta necesaria y por ello el estudio de la figura
deberá circunscribirse a los elementos previstos en el artículo 303 del Código
General del Proceso, aplicable en virtud de la remisión normativa del artículo 306
del CPACA, es decir: 1. que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto; 2. que
se funde en la misma causa anterior, y 3. que en los procesos haya identidad
jurídica de parte. Requisito, este último, del que debe aclararse que no es aplicable
en procesos de nulidad, ya que en éstos la parte actora no promueve la acción en
interés particular, sino todo lo contrario, en interés del orden jurídico 23.
7.4.1.2. Así pues, en lo que hace a la sentencia del 25 de septiembre de 2019,
proferida dentro del proceso número 11001 03 27 000 2016 00036 00 (22528) (en
adelante 2016 00036), respecto de la cual, como se anunció, es pertinente
acometer el estudio de cosa juzgada, debe señalarse que la Sección Cuarta negó
las pretensiones de nulidad en contra del artículo 9 del Decreto 2424 de 2006,
circunstancia que nos ubica en la primera de las hipótesis anteriormente explicada.
23
En ese mismo sentido se pronunció esta Sección en audiencia inicial celebrada el 25 de enero de
2021, dentro del proceso identificado con número de radicación 11001 03 25 000 2015 00190 00.
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Radicado: 11001 03 27 000 2013 00009 00
Demandante: Alfonso Figueredo Cañas
En efecto, la parte resolutiva de la anotada providencia dispuso lo que se lee a
continuación:
“FALLA
1. DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva
2. SIN CONDENA en costas
3. RECONOCER personería a SANDRA MÓNICA AGOSTA GARCIA como
representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos de
la Resolución N°4153 de 2015, que está en el folio 117 del expediente.”
Siendo ello así, en aras de determinar si en el caso sub examine se configura o no
el fenómeno de la cosa juzgada, resulta indispensable examinar si el objeto y la
causa de la demanda incoada coinciden total o parcialmente con las que ocuparon
la atención de la Sala de la Sección Cuarta en el proceso que culminó con la
mencionada sentencia.
7.4.1.2.1. Similitud de objeto.
a. Sobre el particular, se observa que en el proceso identificado con número de
radicación 2016 00036, en el que fungía como demandante el señor Carlos
Humberto Rodríguez Parra, se pretendió la declaratoria de nulidad del artículo 9 del
Decreto 2424 de 2006, “Por el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado
público”.
b. Entre tanto, en el presente asunto se solicitó que se declare la ilegalidad de la
totalidad del Decreto 2424 de 2006, “Por el cual se regula la prestación del servicio
de alumbrado público”.
En ese orden, se observa que existe similitud parcial de objeto entre el proceso
2016 00036 y el presente asunto, en la medida que ambos se busca la declaratoria
de nulidad del artículo 9 del citado acto administrativo.
7.4.1.2.2. Identidad de causa.
a. En el proceso con radicado 2016 00036 la causa petendi consistió en la
violación de los artículos los artículos 189 numeral 11 de la Constitución Política y
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Radicado: 11001 03 27 000 2013 00009 00
Demandante: Alfonso Figueredo Cañas
las Leyes 142 y 143 de 1994 y 84 de 1915. El cargo que se formuló allí fue el de
nulidad por falta de competencia.
b. En lo que hace al proceso de la referencia el móvil para controvertir la validez
de las disposiciones censuradas fue invocar la trasgresión los artículos 150 numeral
23, 189 numeral 11, 311 y 365 de la Constitución Política y las Leyes 142 y 143 de
1994.
El cargo que se expuso fue el de falta de competencia y exceso en la potestad
reglamentaria.
En ese orden, se observa que tanto el proceso 2016 00036 como el asunto de la
referencia, coinciden en reprochar que el Presidente de la República invadió una
órbita propia del Congreso de la República al expedir el acto que se censura y con
ello actuó sin competencia para proferir el acto que se impugna.
Siendo ello así, se impone definir lo que se expuso en la sentencia previa sobre las
disposiciones que aquí se cuestionan; veamos:
“2. El Gobierno Nacional ejerció su facultad reglamentaria al autorizar el
cobro del impuesto de alumbrado público en las facturas del servicio
público domiciliario de energía eléctrica
El Decreto acusado fue expedido por el Presidente de la República, en ejercicio
de las funciones constitucionales, consagradas en el numeral 11 del artículo
189 de la Constitución Política y de las atribuciones conferidas en las Leyes
142 y 143 de 1994.
De la lectura del acto se advierte que el campo de aplicación es el servicio de
alumbrado público y las actividades que realicen los prestadores de dicho
servicio (art. 1); se define el servicio de alumbrado público como un servicio
público no domiciliario (art. 2). Que la prestación de este servicio tiene por
objeto “la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre
circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural
de un municipio o Distrito” (art. 2)24. Que los encargados de prestar este servicio
son los municipios o distritos, de manera directa o indirecta, por intermedio de
las empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio
de alumbrado público (art. 4).
24
El parágrafo prevé las siguientes excepciones: “La iluminación de las zonas comunes en las
unidades inmobiliarias cerradas o en los edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos,
sometidos al régimen de propiedad respectivo, no hace parte del servicio de alumbrado público y
estará a cargo de la copropiedad o propiedad horizontal. También se excluyen del servicio de
alumbrado público la iluminación de carreteras que no estén a cargo del municipio o Distrito”.
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Radicado: 11001 03 27 000 2013 00009 00
Demandante: Alfonso Figueredo Cañas
El acto prevé, además, que el servicio de alumbrado público “comprende las
actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la
administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición
y la expansión del sistema de alumbrado público25” (art. 2). También se refiere
a las obligaciones de los municipios o distritos de incluir en sus presupuestos
los costos de la prestación del servicio y los ingresos por concepto del impuesto
de alumbrado público (par. art. 4), de elaborar un plan anual del servicio de
acuerdo con el artículo 12 de la Ley 143 de 1994 (art. 5), de aplicar el régimen
de contratación público y las garantías a los contratos relacionados con la
prestación de este servicio (art 6) y de cumplir la regulación de la CREG en los
contratos para el suministro de energía eléctrica con destino al servicio de
alumbrado público (art. 7).
Así mismo, hace referencia a las obligaciones de la Comisión de Regulación
de Energía y Gas – CREG de regular los aspectos económicos de la prestación
de este servicio, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 143 de 1994 (art.
8).
En el artículo 9 del Decreto 2424 de 2006, relacionado con el cobro del costo
del servicio, se autorizó a los municipios y distritos para el cobro del impuesto
sobre el alumbrado público en las facturas de los servicios públicos.
Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2424 de 2006 dispone que, con base en
el artículo 23 de la Ley 143 de 1994, la CREG establecerá una metodología
para la determinación de los costos máximos que deberán aplicar los
municipios o distritos, para remunerar a los prestadores del servicio así como
el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado público 26. El artículo
11 consagra que, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 143 de 1994, para
definir dicha metodología, la CREG aplicará los criterios de eficiencia
económica, suficiencia financiera, simplicidad, transparencia e integralidad. El
artículo 12 indica quienes ejercen las funciones de control, inspección y
vigilancia27 Y, el artículo 13 señala las funciones a cargo del Ministerio de Minas
y Energía en relación con este servicio (art. 13).
El anterior recuento permite a la Sala concluir que, en efecto, como lo indica el
título del Decreto demandado, el Gobierno Nacional reguló la prestación del
servicio de alumbrado público y en el artículo demandado autorizó el cobro del
impuesto sobre el alumbrado público en las facturas de los servicios
públicos.
Para entender si el Gobierno Nacional tenía facultad para reglamentar el
servicio de alumbrado público es preciso revisar el fundamento legal que se
invocó en el acto.
25
El sistema de alumbrado público incluye “el conjunto de luminarias, redes, transformadores de uso
exclusivo y, en general, todos los equipos necesarios para la prestación del servicio de alumbrado
público, que no formen parte del sistema de distribución” (art. 3)
26
Parágrafo. Para el suministro de energía con destino al alumbrado público se podrá adoptar por
la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG un régimen de libertad de precios o libertad
regulada, de acuerdo con las reglas previstas en la Ley 142 de 1994, y demás normas que la
modifiquen, adicionen o complementen.
27
Mediante sentencia del 23 de enero de 2014 [Exp.2010-00202-00, C.P. Marco Antonio Vellilla
Moreno] se declaró la nulidad del num. 1 del art. 12 del D. 2424 de 2006 que asignaba el control
fiscal a la Contraloría General de la República en cuanto a la relación contractual con los prestadores
del servicio y con los interventores, porque el control fiscal de los entes territoriales corresponde a
las contralorías allí existentes y no a la CGR, aunque puede ejercer su función fiscalizadora respecto
de aquellos, única y exclusivamente con sujeción a las directrices de excepcionalidad que se
disponen tanto en el artículo 267 de la C.P., como en el artículo 26 de la Ley 42 de 1993.
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Radicado: 11001 03 27 000 2013 00009 00
Demandante: Alfonso Figueredo Cañas
La Ley 142 de 2004, en el artículo 1°, dispone que “esta ley se aplica a los
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía
eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía [fija] pública básica
conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que
realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el
artículo 15 de la presente ley, y a las actividades complementarias definidas
en el Capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en normas
especiales de esta ley”.
Conforme al tenor literal de la norma, esta ley no regula exclusivamente los
servicios públicos domiciliarios, su ámbito de aplicación es más amplio, pues
comprende las actividades que realicen los prestadores de estos servicios y las
actividades complementarias o conexas y “los otros servicios previstos en
normas especiales de esta ley”.
En el artículo 14.25 la Ley 142 de 2004 define que el servicio público
domiciliario de energía eléctrica “es el transporte de energía eléctrica desde las
redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su
conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades
complementarias de generación, de comercialización, de transformación,
interconexión y transmisión”.
Según la Resolución 043 de 1995 de la Comisión de Regulación de Energía y
Gas - CREG, el servicio de alumbrado público “es el servicio público
consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos y demás
espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona
natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, con el
objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las
actividades tanto vehiculares como peatonales. También se incluirán los
sistemas de semaforización y relojes electrónicos instalados por el Municipio.
Por vías públicas se entienden los senderos peatonales y públicos, calles y
avenidas de tránsito vehicular”28.
Conforme a la anterior definición, para la prestación del servicio de alumbrado
público, los municipios contratan el suministro de energía eléctrica con una
empresa de servicios públicos29.
La Resolución 043 de 1995 de la CREG30, en el artículo 3, dispone que el sitio
de entrega de la energía para el consumo de alumbrado público, la empresa
comercializadora o distribuidora la entrega “en los bornes primarios de los
transformadores de la red de distribución local destinados para tal fin, en forma
exclusiva […]”
Por otra parte, la Ley 143 de 1994 establece el régimen de las actividades de
generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de
electricidad, actividades del sector de la electricidad que se requieren para la
prestación del servicio público de alumbrado público.
28
Los artículos 74.1 de la Ley 142 de 1994 y 23 de la Ley 143 de 1994 asignan a la Comisión de
Regulación de Energía y Gas –CREG- la función de regular la prestación de los servicios de
distribución y comercialización de energía.
29
CREG. R. 043 de 1995, art. 1° Definiciones. “Suministro: Es la cantidad de energía eléctrica que
el municipio o distrito contrata con una empresa de servicios públicos para dotar a sus habitantes del
servicio de alumbrado público”.
30
“La CREG, en la Resolución 043 de 1995, reguló de manera general el suministro y el cobro que
efectúan las empresas de servicios públicos domiciliarios a los municipios por el servicio de energía
eléctrica que se destina para el alumbrado público. [Sentencia de 12 de agosto de 2014, Exp. 20303,
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez].
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Radicado: 11001 03 27 000 2013 00009 00
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Lo anterior, pone en evidencia la conexidad del servicio de alumbrado público
con el servicio público domiciliario de energía eléctrica y las actividades del
sector energético. Al respecto, en la sentencia C-035 de 200331 al analizar la
conexidad entre el servicio público domiciliario de energía eléctrica regulado en
la Ley 142 de 1994 y el servicio de alumbrado público, la Corte Constitucional
se pronunció en los siguientes términos:
“Si bien el alumbrado público no es de carácter domiciliario, la Corte
encuentra que la conexidad que lo liga al servicio público domiciliario de
energía eléctrica es evidente, toda vez que las actividades
complementarias de éste son inescindibles de aquél, de suerte tal que
varía simplemente la destinación de la energía. En efecto, mientras que
en el servicio público de energía eléctrica ésta llega al domicilio, en el
alumbrado público tiene como destino final las vías y espacios públicos
del municipio. Sin embargo, para que ambos efectos se produzcan no
sólo son igualmente necesarias sino que se ejecutan y comparten las
mismas actividades de generación, transmisión, interconexión y
distribución de energía. En este sentido es de observar cómo, en la venta
de energía que hace la empresa distribuidora o comercializadora al
municipio, a fin de prestar el servicio de alumbrado público, está implícita
la actividad complementaria de distribución y comercialización de energía
eléctrica.
De este modo, es claro que el alumbrado público constituye un servicio
consubstancial al servicio público domiciliario de energía eléctrica,
convirtiéndose así en especie de este último. No en vano se denomina
servicio de energía eléctrica con destino al alumbrado público, sin
perjuicio de las marcadas diferencias entre uno y otro, especialmente en
relación con los usuarios y las figuras contractuales a través de las cuales
se prestan ambos servicios públicos, a más de la destinación de los
mismos, como se vio anteriormente”.
De lo dicho, la Sala encuentra que la reglamentación del servicio de alumbrado
público contenida en el Decreto 2424 de 2006 tiene su fundamento en las leyes
142 y 143 de 1994, teniendo en cuenta que, como lo puntualizó la Corte
Constitucional en la sentencia citada, “el alumbrado público constituye un
servicio consubstancial al servicio público domiciliario de energía eléctrica,
convirtiéndose así en especie de este último”.
Por lo tanto, al expedir el decreto demandado, el Gobierno Nacional ejerció la
facultad reglamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política de materias reguladas en las Leyes 142 y 143 de 1994.
De otra parte, el artículo 14.9 de La Ley 142 de 1994 define la factura de
servicios públicos como “la cuenta que una persona prestadora de servicios
públicos entrega o remite al usuario, por causa del consumo y demás servicios
inherentes en desarrollo de un contrato de prestación de servicios públicos”.
Esta disposición prevé la incorporación en la factura del servicio público
domiciliario, para el caso, de la energía eléctrica, el cargo por otros servicios
inherentes como es el servicio de alumbrado público.
31
Sentencia de 30 de enero de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería. En dicha sentencia se declaró
exequible la expresión “Lo prescrito en este inciso se aplica a las facturas del servicio de energía
eléctrica con destino al alumbrado público” del inciso 3 del artículo 18 de la Ley 689 de 2001, que
modificó el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.
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Radicado: 11001 03 27 000 2013 00009 00
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Además, el artículo 147 de la Ley 142 de 1994 establece que “[e]n las facturas
en las que se cobren varios servicios, será obligatorio totalizar por separado
cada servicio, cada uno de los cuales podrá ser pagado independientemente
de los demás con excepción del servicio público domiciliario de aseo y demás
servicios de saneamiento básico. Las sanciones aplicables por no pago
procederán únicamente respecto del servicio que no sea pagado”.
Los municipios y distritos son los responsables de prestar el servicio de
alumbrado público, para el efecto pueden suscribir contratos de suministro,
mantenimiento y expansión, en los que, además, pueden convenir que el cobro
del servicio de alumbrado público se efectúe directamente a los usuarios. La
empresa distribuidora o comercializadora con la que el municipio o distrito
contrate el suministro de la energía eléctrica para el servicio de alumbrado
público es la responsable de entregar la energía eléctrica en el sitio destinado
para ello y de facturar el servicio prestado al ente territorial, el que está obligado
a pagarlo, por la modalidad y en el plazo convenidos por los contratantes32.
Precisamente, la facturación conjunta del servicio público domiciliario de
energía eléctrica con el servicio de alumbrado público es un mecanismo de
recaudo permitido por la Ley 142 de 1994.
Por su parte, el artículo 18 de la Ley 689 de 2001, que modificó el artículo 130
de la Ley 142 de 1994, dispone lo siguiente:
Art. 18. Modifícase el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así:
"Artículo 130. […]
“Las deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos podrán
ser cobradas ejecutivamente ante la jurisdicción ordinaria o bien
ejerciendo la jurisdicción coactiva por las empresas industriales y
comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos. La factura
expedida por la empresa y debidamente firmada por el representante
legal de la entidad prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas
del Derecho Civil y Comercial. Lo prescrito en este inciso se aplica a las
facturas del servicio de energía eléctrica con destino al alumbrado
público. El no pago del servicio mencionado acarrea para los
responsables la aplicación del artículo que trata sobre los "deberes
especiales de los usuarios del sector oficial". (Subrayas del original).
[…]
Sobre la unidad existente en relación con el cobro y pago de los servicios de
energía eléctrica y alumbrado público, en la sentencia C-035 de 2003, la Corte
Constitucional precisó lo siguiente:
Asimismo, un punto de convergencia entre el servicio de energía eléctrica
y el de alumbrado público consiste en la unidad existente en relación con
el cobro y pago de ambos servicios. Al respecto, la Corte comparte el
siguiente planteamiento expuesto por el Consejo de Estado:
“(E)ncuentra la Sala que conforme al artículo 2° de la Resolución 089 de
1996 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG):
‘La actividad de comercialización de electricidad para alumbrado público
está sujeta a las normas que rigen la comercialización de electricidad.’
32
R. 043 de 1995 de la CREG, art. 1, 2, 3, 6, 7 y 8.
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“Conforme a lo anterior, es claro que el cobro y el pago del servicio de
alumbrado público queda sujeto a lo previsto en la Ley 142 de 1994, en
relación con la facturación y el pago del servicio de energía; por esta
razón se concluye que tampoco puede la empresa recibir el pago del
servicio de alumbrado público independientemente del pago del servicio
de energía.
“Adicionalmente, considera la Sala que es importante aclarar que no
comparte la posición de la entidad demandada cuando afirma que las
normas de la Ley 142 de 1994 no son aplicables al pago del impuesto por
el servicio de alumbrado público. Sobre este tema la CREG ha afirmado
lo siguiente:
‘Es conveniente que tenga claridad en cuanto a que las leyes 142 y 143
de 1994 no hacen mención explícita al servicio de alumbrado público, sin
embargo, estas dos leyes, y en particular la ley 143, especial y posterior
para el sector eléctrico, sujeta a sus mandatos todas y cada una de las
actividades que componen el sector eléctrico.
‘Por otra parte, la reglamentación expedida por la CREG, contenida en
las Resoluciones 043 de 1995, 043 y 089 de 1996 y 076 de 1997, busca
que las empresas prestadoras del servicio público de electricidad, se
adecuen a las leyes 143 y 142 de 1994 en la prestación del servicio de
alumbrado público.’33
“Así las cosas, considera la Sala que la entidad no ha incumplido las
normas citadas al exigir el pago del servicio de energía para aceptar el
pago de aseo y alumbrado público, pues como se explicó, la obligación
de efectuar el pago conjunto de dichos servicios la establece la ley, y ello
encuentra explicación en la necesidad de garantizar el efectivo pago de
servicios que, como el aseo y el alumbrado, benefician a todos los
ciudadanos, pero su goce no puede estar suspendido individualmente a
cada uno de los usuarios.”34
El artículo 1º de la Ley 97 de 191335 autorizó al Concejo de Bogotá para crear
y organizar el cobro del impuesto de alumbrado público, facultad que se hizo
extensiva a los demás municipios y distritos mediante el artículo 1º de la Ley
84 de 1915.
La Sala advierte que uno es el impuesto sobre el servicio de alumbrado público
y otro el servicio de alumbrado público sobre el que recae el tributo, regulados
por normas distintas, razón por la que los municipios y distritos deben actuar
dentro de las competencias que en cada materia les asigna la ley y sus
reglamentos.
En desarrollo de la autonomía para la gestión de sus intereses, los municipios
y distritos pueden administrar sus propios recursos dentro de los límites de la
Constitución y la ley. Así, pueden organizar el cobro del impuesto sobre el
alumbrado público y, para ello, establecer las formas de recaudo que se han
33
Comisión de Regulación de Energía y Gas, Concepto CREG-2778 del 25 de mayo de 1999.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 20 de
mayo de 2002. Exp. 1319. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
35
L. 97 de 1913. Art. 1º. “El Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá puede crear libremente los
siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente; organizar su cobro
y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales, sin
necesidad de previa autorización de la Asamblea Departamental: […]. /d) Impuesto sobre el servicio
de alumbrado público. /[…]”.
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dispuesto en materia tributaria [p.e. declaraciones oficiales] o las previstas para
el cobro del servicio de alumbrado público [p.e. las facturas], toda vez que lo
que se recauda vía impuesto corresponde al pago de la prestación del servicio
de alumbrado público que, como lo autoriza el legislador puede incorporarse
en la factura del servicio público domiciliario de la energía eléctrica.
De otra parte, de conformidad con el numeral 20 del artículo 189 de la
Constitución Política, corresponde al Presidente de la República velar por la
estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y
decretar su inversión de acuerdo con las leyes.
Finalmente cabe señalar que la Ley 1819 de 2016, en los artículos 349 a 353
reguló el impuesto al alumbrado público. En el artículo 352, establece la
posibilidad de recaudar el impuesto mediante la factura del servicio público
domiciliario de energía eléctrica.
Por lo expuesto, la Sala encuentra que el artículo 9 del Decreto 2424 de 2006
tiene su fundamento, de una parte, en las Leyes 142 y 143 de 1994 que regulan
materias conexas al servicio de alumbrado público, como la facturación y, de
otra, en las leyes 97 de 1913 y 84 de 1995 que autorizan crear el impuesto
sobre dicho servicio público y organizar su cobro, por lo que se deniegan las
pretensiones del demandante”36. (Subrayas de la Sala).
7.4.2. De lo expuesto se desprende que, aún cuando el objeto de la controversia
planteada ante la Sección Cuarta se contraía a determinar la validez del artículo 9
del Decreto 2424 de 2006 por falta de competencia al no existir fundamento legal
para proceder a su reglamentación, el análisis de legalidad se efectuó sobre todo el
contenido de dicho acto administrativo, pues se aludió a cada uno de los artículos
que lo integran y se hizo expresa manifestación a que su expedición obedeció a la
necesidad de ejercer la atribución prevista en el numeral 11 del artículo 189 Superior
respecto de los mandatos establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994, al entender
el servicio de alumbrado público como una actividad complementaria,
consubstancial y conexa al servicio domiciliario de energía eléctrica.
En efecto, según se explica allí la Ley 142 de 1994 no regula de manera exclusiva
los servicios públicos domiciliarios, sino que también está referida a actividades
complementarias y otros servicios (artículo 1º).
Siendo ello así, y a partir de lo establecido en el numeral 25 del artículo 14 ibídem,
lo que concluyó la Sección Cuarta, acogiendo el criterio de la Corte Constitucional
en la sentencia C-035 de 2003, es que el servicio de alumbrado público es conexo
al de energía eléctrica y a las actividades del sector energético, como quiera que,
36
Ibídem.
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además, comparten características propias de este último, como la generación,
interconexión, trasmisión, distribución y comercialización previstas en la Ley 143 de
1994.
A ello sumó las disposiciones sobre facturación previstas en el numeral 9 del artículo
14 de la Ley 142 de 1994 así como los artículos 130 y 147 de ese mismo Estatuto
que permiten el recaudo conjunto del valor por la prestación del servicio domiciliario
de energía y el de alumbrado público, que se dirigen a dejar en evidencia los puntos
de encuentro en materia de regulación de este último servicio previstos en una
disposición dictada por el Congreso de la República.
También, y como parte del marco regulatorio, basó su decisión en la Resolución
043 de 1995 emitida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG en
la cual se define el servicio de alumbrado público encontrando como punto de
confluencia que su prestación se efectúa a través de una empresa de servicios
públicos, lo cual reafirma la conclusión anterior.
Todo lo dicho, conduce a que en esta oportunidad esta Sala declare el acaecimiento
de la cosa juzgada relativa en lo atinente al análisis del artículo 9 del Decreto 2424
de 2006, pues el análisis de legalidad que se efectuó en la providencia del 25 de
septiembre de 2019, coincide en su objeto y causa, tal y como quedó evidenciado
con antelación.
Ahora bien, en relación con las disposiciones restantes, estas son, los artículos 1 a
8 y 10 a 14 ibídem, la Sala prohíja el razonamiento vertido en la sentencia del 15 de
septiembre de 2019 transcrita, y procede a negar la pretensión de nulidad del acto
enjuiciado, pues el Presidente de la República era el llamado a ejercer las citadas
competencias constitucionales en la forma en que quedó plasmado en dicha
normativa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
F A LL A:
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PRIMERO: DECLARAR QUE ACONTECIÓ EL FENÓMENO DE COSA JUZGADA
RELATIVA en lo que hace al artículo 9 del Decreto 2424 de 2006, proferido por el
Presidente de la República, con ocasión de la sentencia expedida el 25 de
septiembre de 2019 dictada en el proceso 11001 03 27 000 2016 00036 00 (22528),
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En consecuencia, se está a lo
resuelto en dicha providencia respecto de la validez del artículo 9 del Decreto 2424
de 2006, emitido por el Presidente de la República.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda respecto de los artículos 1 a
8 y 10 a 14 del Decreto 2424 de 2006, proferido por el Presidente de la República,
conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión del 17 de marzo de 2022.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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