Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00676-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2016-00676-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2016-00676-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00676-01 (1340-2020)
Demandantes: Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero,
Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado,
Dayra Jenny Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y
Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Vinculados: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y Departamento
Administrativo de la Función Pública.
Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Jueces de la República.
Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: configuración del silencio administrativo, ausencia de
acreditación de actos expresos. Subtema 2: integración del litis consorcio necesario y falta de
legitimación en la causa por pasiva. Prevalencia de la garantía de las acreencias laborales
frente a argumentos presupuestales y ausencia de responsabilidad solidaria. Subtema 3:
prescripción trienal. Aplicación de la sentencia del 2 de septiembre de 2019. Subtema 4:
carácter irrenunciable e imprescriptible de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones. Subtema 5: verificación de los pagos realizados con ocasión de la entrada en
vigor del Decreto 272 de 2021, acreditación de no cancelación previa y reconocimientos a
partir del límite fijado por el Gobierno nacional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los
recursos de apelación presentados por las partes demandada y demandante, contra
la sentencia proferida el 4 de octubre de 2019 por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Nariño, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Los señores Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero, Carlos
Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny Aguilar López,
José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo, en su condición de jueces de la
República, activos y retirados, solicitaron el reconocimiento y pago de la prima especial
de que trata la Ley 4ª de 1992, como un 30% adicional, así como de sus primas y
prestaciones sociales liquidadas indebidamente a partir de 1993, y de conformidad con
el tiempo de vinculación a la Nación, Rama Judicial.
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00676-01 (1340-2020)
Demandantes: Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero,
Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
El Tribunal Administrativo de Nariño le impartió el trámite correspondiente e integró el
litis consorcio necesario, para lo cual vinculó a la Nación, Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al
Departamento Administrativo de la Función Pública. No obstante, en la sentencia de
primera instancia, declaró la falta de legitimación en la causa de estas entidades. Por
este motivo, entre otros, la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial interpone recurso de apelación al considerar que esta
declaratoria genera una imposibilidad presupuestal para acceder al cumplimiento de
la decisión, lo que hacía necesario disponer la responsabilidad solidaria, como mínimo
de la cartera ministerial vinculada. Por su parte, el extremo demandante también apeló
la decisión para reparar en la declaratoria de prescripción.
II. ANTECEDENTES
2.1. Demanda
1. Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero, Carlos Julio Villota
Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny Aguilar López, José Ignacio
Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo, en ejercicio del medio de control establecido en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-
Administrativo (en adelante CPACA), presentaron demanda1 contra la Nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante apoderada judicial,
el 7 de diciembre de 20162.
2.1.1. Pretensiones
2. La parte demandante solicitó lo siguiente:
(i) Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos que les negaron el
reconocimiento y pago de la prima especial y de la reliquidación de sus prestaciones
sociales:
No. NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS DEMANDANTES RESOLUCIÓN NÚMERO
1 ADRIANA LUCÍA CHAVES ORTIZ 2757 DE MAYO 23/2016
2 ALBERTO HERNANDO ARÉVALO ROSERO 2712 DE MAYO 16/2016
3 CARLOS JULIO VILLOTA INSUASTI 3070 DE JUNIO 02/2016
4 DAYRA JENNY AGUILAR LÓPEZ 2371 DE ABRIL 14/2016
5 EDUARDO FRANCISCO LEYTON DELGADO 2754 DE MAYO 23/2016
6 JOSÉ IGNACIO GUERRA CABRERA 2575 DE ABRIL 26/2016
7 MARIBEL SILVA BRAVO 2370 DE ABRIL 14/2016
(ii) Declarar la nulidad de los actos presuntos, en razón a que han transcurrido más de
dos (2) meses desde la radicación de los recursos de apelación contra los referidos
actos, sin que se haya emitido respuesta alguna, así:
1 C. 1, folios 1 a 15.
2
El sello obra en el C.1, folio 15, reverso. Así se consignó igualmente en el acta de reparto que obra en el C.2, folio
325.
2
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Radicación: 52001-23-33-000-2016-00676-01 (1340-2020)
Demandantes: Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero,
Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
No. NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS DEMANDANTES RADICACIÓN RECURSOS ACTOS PRESUNTOS
1 ADRIANA LUCÍA CHAVES ORTIZ 2211 DE MAYO 31/2016 AGOSTO 1/2016
2 ALBERTO HERNANDO ARÉVALO ROSERO 2210 DE MAYO 31/2016 AGOSTO 1/2016
3 CARLOS JULIO VILLOTA INSUASTI 2328 DE JUNIO 07/2016 AGOSTO 8/2016
4 DAYRA JENNY AGUILAR LÓPEZ 1400 DE ABRIL 19/2016 JUNIO 20/2016
5 EDUARDO FRANCISCO LEYTON DELGADO 2209 DE MAYO 31/2016 AGOSTO 01/2016
6 JOSÉ IGNACIO GUERRA CABRERA 1619 DE ABRIL 29/2016 JUNIO 30/2016
7 MARIBEL SILVA BRAVO 1401 DE ABRIL 19/2016 JUNIO 20/2016
(iii) A título de restablecimiento del derecho, condenar a la entidad demandada a
reconocer y pagar la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
equivalente al 30% mensual, así como todas las primas y prestaciones que se le
liquidaron en un 60% (sic)3 desde 1993, y por el tiempo prestado a la Nación, Rama
Judicial:
No. NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS DEMANDANTES PERÍODOS DE SERVICIO
1 ADRIANA LUCÍA CHAVES ORTIZ Agosto 02/2005 Diciembre 31/2014
2 ALBERTO HERNANDO ARÉVALO ROSERO Junio 01/2001 Junio 03/2008
3 CARLOS JULIO VILLOTA INSUASTI Noviembre 07/2002 Junio 30/2012
4 DAYRA JENNY AGUILAR LÓPEZ Abril 11/2011 Diciembre 31/2014
5 EDUARDO FRANCISCO LEYTON DELGADO Mayo 01/2002 Julio 31/2002
Mayo 01/2010 Noviembre 15/2010
Febrero 27/2012 Septiembre 03/2013
6 JOSÉ IGNACIO GUERRA CABRERA Enero 01/1993 Septiembre 06/2012
7 MARIBEL SILVA BRAVO Febrero 04/2008 Diciembre 31/2014
(iv) Además, pidió condenar a la entidad demandada para que «a partir de la
sentencia en firme, respecto de mis representados que enseguida señalo, quienes se
encuentran prestando sus servicios en la Rama Judicial en este distrito, se considere
que la prima especial […] tiene carácter salarial para todos los efectos legales y, por
tanto, les debe cancelar en forma mensual el 30% del salario básico correspondiente
a la prima especial […] y el incremento del 60% (sic) de todas las primas y prestaciones
sociales percibidas»:
No. NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS DEMANDANTES CARGO DESEMPEÑADO EN LA ACTUALIDAD
POR LOS CONVOCANTES
1 ADRIANA LUCÍA CHAVES ORTIZ JUEZA 7°AD CIRCUITO DE PASTO-NARIÑO
2 DAYRA JENNY AGUILAR LÓPEZ JUEZA 2° PENAL MUNICIPAL DE CONTROL
GARANTÍAS ADOLESCENTES DE TUMACO
3 MARIBEL SILVA BRAVO JUEZA 2ª PROMISCIO MUNICIPAL DE
BARBACOAS-NARIÑO
(v) Igualmente, reclamó la inaplicación, a partir de la sentencia, de los artículos 8
de los decretos 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874 de
2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, al reiterar la indebida deducción del 30% de prima
especial, y no el incremento.
(vi) También reclamó que las sumas sean indexadas de acuerdo con el Índice de
Precios al Consumidor (IPC), desde cuando se debió surtir el pago y hasta que se
realice, y que estas devenguen intereses moratorios según el artículo 192 del CPACA.
3 La incidencia del 30% implicaría que se liquidó con un 70%, y no con un 60%.
3
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Radicación: 52001-23-33-000-2016-00676-01 (1340-2020)
Demandantes: Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero,
Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Asimismo, la entidad demandada debía cumplir la sentencia en los términos de esta
normativa.
(vii) Por último, condenar a la entidad demandada al pago de costas, agencias en
derecho y demás gastos del proceso.
2.1.2. Hechos
(i) Los demandantes han prestado sus servicios en la Nación, Rama Judicial en
los cargos que se relacionan a continuación:
No. NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS PERÍODOS DE SERVICIO ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO
DEMANDANTES
1 ADRIANA LUCÍA CHAVES ORTIZ Agosto Diciembre JUEZA 7ª ADMINISTRATIVA CIRCUITO
2/2005 31/2014 DE PASTO
2 ALBERTO HERNANDO ARÉVALO Junio Junio JUEZ 1° PROMISCUO DEL CIRCUITO
ROSERO 1/2001 3/2008 DE BARBACOAS
3 CARLOS JULIO VILLOTA INSUASTI Noviembre Junio JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE
7/2002 30/2012 OSPINA
4 DAYRA JENNY AGUILAR LÓPEZ Abril Diciembre JUEZA 2ª PENAL MPAL
11/2011 31/2014 ADOLESCENTES DE TUMACO
5 EDUARDO FRANCISCO LEYTON Mayo Julio JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE
DELGADO 1/2002 31/2002 ORITO-PUTUMAYO
Mayo Noviembre JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE
1/2010 15/2010 CUMBAL-NARIÑO
Febrero Septiembre JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE
27/2012 3/2013 CUMBAL-NARIÑO
6 JOSÉ IGNACIO GUERRA CABRERA Enero Septiembre JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE LA
1/1993 6/2012 FLORIDA
7 MARIBEL SILVA BRAVO Febrero Diciembre JUEZA 2ª PROMISCUO MUNICIPAL DE
4/2008 31/2014 BARBACOAS
(ii) A partir del año 1993 se previó en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 una prima
especial en proporción del 30% del salario, adicionada a la remuneración mensual. Sin
embargo, esta no fue cancelada por la entidad demandada ni se tuvo en cuenta como
factor salarial en materia prestacional, toda vez que lo que se hizo fue disminuir el
salario en un 30% y las prestaciones sociales en un 60% (sic). De esta manera desde
1993, y, en adelante, durante el período de vinculación, no se les canceló a los actores
la prima especial de la forma prevista en la ley.
(iii) Los demandantes radicaron las siguientes reclamaciones administrativas con el
objeto de solicitar la reliquidación de los salarios, el pago de la prima especial como
un adicional, así como la reliquidación de todas las prestaciones sociales que se
disminuyeron en un 60% (sic), como se extrae del siguiente recuadro:
No. NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS DEMANDANTES NÚMERO RADICACIONES
1 ADRIANA LUCÍA CHAVES ORTIZ 1252 DE MAYO 4/2016
2 ALBERTO HERNANDO ARÉVALO ROSERO 1558 DE ABRIL 27/2016
3 CARLOS JULIO VILLOTA INSUASTI 1936 DE MAYO 13/2016
4 DAYRA JENNY AGUILAR LÓPEZ 0823 DE MARZO 17/2016
5 EDUARDO FRANCISCO LEYTON DELGADO 1618 DE ABRIL 29/2016
6 JOSÉ IGNACIO GUERRA CABRERA 1145 DE ABRIL 07/2016
7 MARIBEL SILVA BRAVO 0824 DE MARZO 17/2016
(iv) No obstante, la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial profirió resoluciones en las que negó lo pedido, en la medida en que la prima
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Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no tiene carácter salarial. Así
las cosas, una vez notificados de los actos respectivos se interpusieron los recursos
de apelación procedentes, pero frente a estos se configuró el silencio administrativo
negativo, en la medida en que han transcurrido más de (2) meses desde su radicación
sin que se haya obtenido una respuesta.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. Los demandantes citaron como normas vulneradas las siguientes: Ley 4ª de 1992,
artículos 2, literal a) y 14; Decreto 717 de 1078, artículo 12, Ley 270 de 1996, artículo
152, numeral 7, Constitución Política, artículo 53, sentencia proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 29 de abril de 2009, y la jurisprudencia unificada
de esta corporación y de la Corte Constitucional, relativas a que las primas, así tengan
o no carácter salarial, son un incremento. Adicionalmente, consideraron transgredidos
los principios de progresividad, favorabilidad y no regresividad, así como la
jurisprudencia que sobre la materia ha expedido la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia.
4. Así las cosas, cuestionaron la interpretación según la cual la prima especial es una
merma de la remuneración mensual de los servidores públicos, por lo cual se
lesionaron garantías superiores al apartarse de una interpretación efectuada por las
altas cortes. En este contexto, la entidad demandada, en vez de sumar la prima
especial a los salarios, la dedujo de estos, lo que impactó en materia salarial y
prestacional desde el año 1993, y durante la vinculación de los demandantes.
5.Ahora bien, los actores respaldaron lo anterior con jurisprudencia del Consejo de
Estado y concluyeron que era necesario inaplicar por inconstitucionales las normas
que prevén que la prima especial implica una deducción del 30% del salario, ya que
estas disposiciones reproducen las normas anuladas en providencia del 29 de abril de
2014.
2.1.4. Contestación de la demanda
6. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se opuso
a todas las declaraciones y condenas al considerar que ha dado cumplimiento a la
normativa vigente. En particular, se pronunció en cuanto a las vinculaciones de cada
uno de los demandantes y destacó que les ha cancelado sus salarios y prestaciones
de conformidad con las disposiciones aplicables. En igual sentido, corroboró el trámite
de las actuaciones administrativas surtidas por los actores, y en virtud de esto precisó
que al Gobierno nacional le corresponde fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados judiciales, por lo que su actuar ha estado respaldado en la Ley 4ª de 1992
y en los decretos salariales anuales.
7. En igual sentido, se refirió al carácter no salarial de la prima especial salvo en
materia pensional, restricción que fue declarada exequible por la Corte Constitucional
y que ha sido replicada en los distintos decretos salariales anuales. De este modo la
prima especial no es factor para liquidar las prestaciones sociales. Adicionalmente, la
entidad afirmó que la sentencia que anuló el contenido de los decretos expedidos por
el Gobierno nacional solo produjo efectos hacia futuro, y agregó que está en el deber
5
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Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
de cumplir las normas que prevén que el 30% de la remuneración se considerará prima
especial sin carácter salarial. En línea, afirmó que no procedía inaplicar por la vía de
la excepción de inconstitucionalidad normas que no han sido declaradas nulas, por lo
que están amparadas por la presunción de legalidad.
8. Por estas razones, expresó que los actos administrativos demandados no estaban
incursos en alguna causal de nulidad, en atención a que dieron cumplimiento al marco
normativo vigente para el momento en que fueron proferidos. En este contexto,
planteó, como excepciones, la falta de objeto para demandar, la ausencia de causa
petendi, la inexistencia del derecho reclamado, el cobro de lo no debido, la prescripción
trienal, contada a partir de la fecha de radicación de la reclamación administrativa y la
innominada. En consecuencia, pidió que se declararan probadas las excepciones
propuestas y se negaran las súplicas de la demanda4.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
9. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Nariño celebró audiencia inicial
el 2 de noviembre de 20185 y corrió traslado a las partes para la presentación de los
alegatos de conclusión. De esta oportunidad hicieron uso ambos extremos procesales,
el demandante6 y la entidad demandada7.
10. Sin embargo, el apoderado de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial solicitó la vinculación en calidad de litis consorte necesario de
la Nación, Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
el Departamento Administrativo de la Función Pública, con fundamento en el artículo
61 del Código General del Proceso (CGP). En particular, consideró que era necesario
que el Gobierno nacional atendiera el pago de los mayores valores pedidos de
conformidad con el presupuesto, el cual a la fecha no se ha dispuesto8.
11. Por tanto, la conjuez ponente del Tribunal Administrativo de Nariño profirió auto el
21 de febrero de 20199 en el que encontró aplicable la figura del litis consorcio
necesario en la medida en que la decisión podría afectar, eventualmente, a las
entidades cuya vinculación se solicitó. En consecuencia, vinculó al presente trámite a
la Nación, Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
al Departamento Administrativo de la Función Pública.
12. Con ocasión de lo anterior, la Nación, Departamento Administrativo de la Función
Pública rindió informe de contestación10 en el que se opuso a las pretensiones de la
demanda y precisó que la única llamada a atender estas súplicas era la Nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al tratarse de un asunto laboral.
Así, la legitimación en la causa por pasiva la determinaba la entidad con competencia
para expedir el acto objeto de controversia, aunado a que no podía dársele un carácter
4 C. 2, folios 377 a 387.
5 C. 3, folios 473 a 477.
6 C. 3, folios 483 a 487.
7 C. 3, folios 490 a 492.
8 C. 3, folios 488 a 489.
9
C. 3, folios 494 a 495.
10 C. 3, folios 506 a 552.
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Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
ejecutorio o de condena a la sentencia del 29 de abril de 2014.
13. Planteó, como excepciones, la inexistencia de un título de imputación para la
reclamación de los actores, la inexistencia del derecho y de un perjuicio irremediable,
la caducidad y la prescripción, la indebida representación de la Nación, la falta de
legitimación en la causa por pasiva, y la genérica. De este modo solicitó negar las
súplicas de la demanda y declarar la legalidad de los actos administrativos
demandados.
14. En igual sentido, la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público 11 se opuso a
las pretensiones de la demanda al considerar que no tiene vínculo contractual con la
parte demandante. Asimismo, no tiene el deber de reconocer y pagar las prestaciones
que se reclaman, comoquiera que no expidió los actos administrativos. Con todo,
resultan improcedentes las pretensiones de la demanda en la medida en que estas se
basan en la sentencia del 29 de abril de 2014.
15. De este modo, planteó como excepciones, la falta de legitimación material en la
causa por pasiva, el cobro de lo no debido, la inexistencia de la relación laboral con el
demandante y la ausencia de responsabilidad de la entidad para satisfacer las
pretensiones. Así, pidió declarar probadas las excepciones propuestas y ordenar su
desvinculación de este trámite o, en su defecto, negar las pretensiones de la demanda.
16. Finalmente, la Nación, Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República12 se opuso a su vinculación como litis consorte por pasiva, en la medida en
que no es la llamada a responder por la legalidad de los actos demandados, en tanto
estos los profirió la Nación, Rama Judicial de manera autónoma y en el marco de sus
competencias.
17. Formuló como excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva, la
ineptitud sustantiva de la demanda por imposibilidad jurídica de solicitar la inaplicación
de normas, y la prescripción de lo reclamado, la cual limita el reconocimiento a los
últimos 3 años. Por ende, pidió negar las pretensiones de la demanda y ser
desvinculada del trámite de la referencia.
18. En este contexto, la conjuez ponente del Tribunal Administrativo de Nariño volvió a
citar a la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA y, una vez agotadas
las etapas procedentes, dictó la correspondiente sentencia.
2.3. Sentencia de primera instancia
19. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia proferida
en audiencia inicial celebrada el 4 de octubre de 2019, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. En particular, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones Nos. 2757 de 23 de mayo de 2016, 2712 de 16 de mayo de 2016, 3070 de 2
11
C. 3, folios 719 a 735.
12 C. 3, folios 739 a 750.
7
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Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
de junio de 2016, 2731 (sic) de 14 de abril de 2016, 2754 de 23 de mayo de 2016, 2575 de
26 de abril de 2016 y 2370 de 14 de abril de 2016, expedidas por el director ejecutivo
seccional de administración judicial, que negaron el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios (sic), como adición al salario base de los demandantes.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos fictos, producto del silencio
administrativo negativo, respecto de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
resoluciones 2757 de 23 de mayo de 2016, 2712 de 16 de mayo de 2016,3070 de 2 de junio
de 2016, 2731 de 14 de abril de 2016, 2754 de 23 de mayo de 2016, 2575 de 26 de abril de
2016 y 2370 de 14 de abril de 2016.
TERCERO: APLICAR la excepción de inconstitucionalidad a las siguientes normas: artículo
6 del decreto 658 del 2008, artículo 8 del decreto 723 de 2009, artículo 8 del decreto 1388
del 2010, artículo 8 del decreto 1039 del 2011, artículo 8 del decreto 0874 de 2012, artículo
8 del decreto 1024 de 2013, artículo 8 del decreto 194 del 2014, artículo 4 del decreto 1105
de 2015, artículo 4 del decreto 234 de 2016, artículo 4 del decreto 1003 de 2017, artículo 4
del decreto 338 de 2018, artículo 4 del decreto 997 de 2019 por las razones expresadas en
la parte motiva de esta sentencia.
Exhortar al Gobierno Nacional, para que, en lo sucesivo, al momento de expedir los decretos
que sobre régimen salarial de los empleados a que a hace alusión el artículo 14 de la ley 4
de 1992, se abstenga de incluir como parte del salario base la prima especial de servicios.
CUARTO: DECLARAR probada la falta de legitimación en la causa por activa (sic)13 del
Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Republica y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
QUINTO: Declarar no probadas las excepciones de falta de objeto para demandar, ausencia
de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido propuestas
por la Nación (sic) Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
QUINTO (sic)14: DECLARAR probada la excepción de prescripción trienal de los derechos
laborales causados con anterioridad a la fecha que a continuación se indican:
DEMANDANTE PRESCRIPCIÓN
Adriana Lucía Chávez Ortiz 04 de mayo de 2013
Alberto Hernando Arévalo Rosero 27 de abril de 2013
Carlos Julio Villota Insuasti 13 de junio de 2013
Eduardo Francisco Leyton Delgado 29 de abril de 2013
Dayra Jenny Aguilar López 17 de marzo de 2013
José Ignacio Guerra Cabrera 07 de abril de 2013
Maribel Silva Bravo 17 de marzo de 2013
SEXTO: CONDENAR a la Nación Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a título de restablecimiento del derecho, al reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios en los términos indicados en la parte motiva de esta sentencia y de
conformidad con la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado
de 2 de septiembre de 2019, de la siguiente manera:
DEMANDANTES PERÍODO A RELIQUIDAR
DESDE HASTA
Adriana Lucía Chávez Ortiz 04 de mayo de 2013 La fecha
Dayra Jenny Aguilar López 17 de marzo de 2013 La fecha
13
Debió ser por pasiva, sin embargo, se trata de un error formal que no afecta sustancialmente la decisión.
14 Se repitió este ordinal al momento de dictar la decisión, por lo cual toda la enumeración se alteró.
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Radicación: 52001-23-33-000-2016-00676-01 (1340-2020)
Demandantes: Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero,
Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Maribel Silva Bravo 17 de marzo de 2013 La fecha
Eduardo Francisco Leyton Delgado 29 de abril de 2013 03 de septiembre de 2013
SÉPTIMO: CONDENAR a la Nación Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a título de restablecimiento del derecho, a la reliquidación de las prestaciones
sociales de:
DEMANDANTES PERÍODO POR RELIQUIDAR
DESDE HASTA
Adriana Lucía Chávez Ortiz 4 de mayo de 2013 La fecha
Dayra Jenny Aguilar López 17 de marzo de 2013 La fecha
Maribel Silva Bravo 17 de marzo de 2013 La fecha
Eduardo Francisco Leyton Delgado 29 de abril de 2013 3 de septiembre de 2013
En los términos indicados en la parte motiva de esta sentencia y de conformidad con la
sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 2 de septiembre
de 2019.
OCTAVO: Negar el restablecimiento del derecho frente a los señores Alberto Hernando
Arévalo Rosero, Carlos Julio Villota Insuasti y José Ignacio Guerra Cabrera, por las razones
expresadas en la parte motiva de este proveído.
NOVENO: ORDENAR a la Nación -Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, que, a partir de la firmeza de esta sentencia, respecto de los demandantes que se
encuentran prestando sus servicios a la Rama Judicial, les sean cancelado (sic) los salarios
y demás prestaciones sociales de conformidad con lo ordenado en la sentencia de
unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 2 de septiembre de 2019. […]
DÉCIMO SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandada, la cual fue vencida en
primera instancia, de acuerdo con lo establecido en precedencia, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el numeral 1° del artículo
365y 366 del CGP, y en aplicación a los Acuerdos proferidos al respecto por la Sala
Administrativa del C. S. de la J., los mismos serán liquidados por secretaría. Al efecto se
tendrá la consideración hecha por la Sala. […].
20. El Tribunal encontró acreditada la legitimación en la causa toda vez que los
actos administrativos demandados involucraron a los demandantes y estos tenían la
capacidad para determinarse y actuar representados judicialmente. A su vez, la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial fue quien expidió
los referidos. Así, quienes integraron el litis consorcio están debidamente vinculados y
comparecieron a este trámite por conducto de sus apoderados judiciales.
21. En este orden, precisó que la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992, tal y como fue objeto de ratificación por la jurisprudencia, debía ser un
incremento de la base salarial de los jueces de la República, más no una reducción de
esta. Por tanto, en el caso particular era procedente dar aplicación a la excepción de
inconstitucionalidad prevista en el artículo 4 Superior, toda vez que los decretos
salariales anuales han reproducido las disposiciones anuladas por el Consejo de
Estado en la sentencia del 29 de abril de 2014. De manera que, al ser esta situación
contraria al espíritu constitucional, era procedente acoger la pretensión formulada por
los demandantes en ese sentido.
22. Por su parte, el Tribunal sostuvo que los aquí demandantes reclamaron el
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Demandantes: Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero,
Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
reconocimiento y pago de la prima especial como factor que debía tenerse en cuenta
en la liquidación de las prestaciones sociales. Sin embargo, esto no era procedente ya
que el propio artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 limitó tanto el carácter, como el monto
de esta, lo cual ha sido objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado.
23. Igualmente, el Tribunal manifestó que pese a que el Departamento
Administrativo de la Función Pública, el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República y la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público fueron vinculados
a este trámite por la solicitud expresa que en ese sentido formuló la Nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, los actos administrativos
demandados únicamente fueron expedidos por esta última.
24. Por este motivo, el actuar de los órganos indicados no tiene injerencia alguna
en el litigio, ya que el hecho de que tengan competencias presupuestales no implica
que sean los llamados a responder en el asunto de la referencia. Bajo este entendido,
como «cada institución cuenta con la autonomía suficiente para proferir sus propios
actos y, […] en caso de condena será la Rama Judicial la que debe gestionar el pago
de la misma, […] se declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto
del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público».
25. De conformidad con lo expuesto, abordó el caso concreto y precisó que, a partir
de las certificaciones expedidas por el Área de Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, los demandantes demostraron la condición para
acceder al reconocimiento de la prima especial. Por consiguiente, no están llamadas
a prosperar las excepciones de ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho
reclamado y cobro de lo no debido. Asimismo, se acreditó que la entidad demandada
les canceló a los actores la asignación básica mensual y las prestaciones sociales con
desconocimiento del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, ya que se descontó del 100%
de la remuneración el 30% de prima especial. Dicho en otras palabras, el referido
porcentaje no se pagó como debía ser, esto es, como una adición, sino como una
disminución de la remuneración mensual.
26. En consecuencia, la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial debió adicionar a lo percibido por los demandantes el 30% de
prima especial, así como liquidar sus prestaciones sociales con el 100% y no el 70%
del salario básico. Por estos motivos, los actos demandados infringieron las normas lo
que mueve a declarar su nulidad, con la obligación recíproca que le asiste a la parte
demandada de reliquidar la asignación básica, las prestaciones sociales, y, en general,
todos los derechos laborales.
27. Ahora bien, en punto a la excepción de prescripción trienal, consideró que
mientras que la entidad demandada refirió que esta operó al tomar en consideración
la fecha de presentación de la reclamación administrativa, la parte demandante precisó
que el derecho solo se hizo exigible hasta la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril
de 2014. Así, como interpusieron sus solicitudes dentro de los 3 años siguientes a este
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Demandantes: Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero,
Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
momento, la administración debía pagarles la diferencia dejada de cancelar desde su
vinculación y hasta la fecha.
28. No obstante, resaltó que sobre la materia ya emitió pronunciamiento la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 2 de
septiembre de 2019, de acuerdo con la cual era posible aplicar la prescripción. En
razón a esto, expresó que algunos de los demandantes ya estaban desvinculados del
servicio, en particular los señores Alberto Hernando Arévalo Rosero, Carlos Julio
Villota Insuasti y José Ignacio Guerra Cabrera, frente a quienes el plazo para reclamar
iba hasta el 3 de junio de 2011, el 30 de junio de 2015 y el 6 de septiembre de ese
mismo año, respectivamente, toda vez que las reclamaciones las presentaron el 27 de
abril de 2016, el 13 de junio siguiente y el 7 de abril de esa misma anualidad.
29. Así, para estos actores operó la prescripción trienal y, en consecuencia, no
resulta procedente acceder a las pretensiones de la demanda, como se logra extraer
del siguiente cuadro:
DEMANDANTE FECHA DE DESVINCULACIÓN
Alberto Hernando Arévalo Rosero 03 de junio de 2008
Carlos Julio Villota Insuasti 30 de junio de 2012
06 de septiembre de 2012
José Ignacio Guerra Cabrera
30. Cuestión distinta, resaltó, ocurrió con los demandantes Eduardo Francisco
Leyton Delgado, Adriana Lucía Chaves Ortiz, Dayra Jenny Aguilar López y Maribel
Silva Bravo, toda vez que, el primero interrumpió la prescripción de los derechos
causados desde el 29 de abril de 2013 y hasta la fecha de desvinculación, mientras
que, las restantes, Adriana Lucía Chaves Ortiz, Dayra Jenny Aguilar López y Maribel
Silva Bravo aún permanecen vinculadas en calidad de jueces de la República e
igualmente lograron interrumpir la prescripción a partir de la fecha de la presentación
de la petición.
31. Por último, condenó a la entidad demandada al pago de costas procesales por
el sesenta por ciento (60%) de la liquidación que efectuara la Secretaría, en atención
a que en el asunto no prosperaron todas las pretensiones propuestas15.
2.4. Recursos de apelación
2.4.1. Parte demandada
32. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por medio
de apoderado judicial, presentó recurso de apelación, en el que solicitó que se
modificara la sentencia de primera instancia para condenar, de forma solidaria, a las
entidades que integraron el litis consorcio necesario. Sustentó los siguientes motivos
de inconformidad:
33. La providencia «recurrida contiene un contrasentido en relación con la misma
15 C. Principal, folios 797, reverso a 805.
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Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
financiación de la condena que impone a esta entidad», ya que la obliga a restablecer
un derecho vulnerado, pero al mismo tiempo exonera de responsabilidad a las
entidades del orden nacional que se encargan del financiamiento y la distribución de
los recursos para el funcionamiento de la Nación, Rama Judicial. En este orden, al
declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa de la Nación,
Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República, se crea un impedimento
presupuestal para acceder al cumplimiento de la decisión.
34. En efecto, destacó que es conocido que la Nación, Ministerio de Hacienda y
Crédito Público no ha variado su posición en cuanto a los efectos vinculantes de la
sentencia de nulidad proferida por el Consejo de Estado el 29 de abril de 2014, así
como la del 2 de septiembre de 2019. De manera que la entidad está en una
«imposibilidad material de cumplimiento, debido a que no están presupuestados esos
mayores valores que se generarían en la nómina para el reconocimiento de dichas
acreencias laborales». Así, reconocer estos derechos iría en contra de la prohibición
prevista en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 así como del artículo 2.8.3.2.1 del
Decreto 1068 de 2015. En igual sentido, destacó que sobre la materia ya se pronunció
la Corte Constitucional en la sentencia C-337 de 1993, razón para considerar que
reconocer lo ordenado en la sentencia de primera instancia implicaría que el ordenador
del gasto se viera inmiscuido en actuaciones disciplinarias.
35. De este modo, como no cuenta con la disponibilidad suficiente de los recursos,
está imposibilitada para asumir las obligaciones impuestas en las sentencias judiciales,
como la recurrida, que ordenaron el reconocimiento y pago de las nivelaciones
salariales y prestacionales. Esto, en la medida que, si lo hiciera, en los términos
expuestos, desconocería las normas vigentes.
36. Por consiguiente, dispuso que era necesario que se estableciera la
responsabilidad «por lo menos solidaria entre el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y la Rama Judicial, en orden a que el cumplimiento conforme lo ordenado en
la sentencia que hoy se recurre no podría acatarse por existir una carencia de recursos
y por tanto un impedimento de orden presupuestal que fue alegado por parte de esta
defensa y que por el mismo se aceptó la conformación de un litis consorcio necesario
entre varias entidades del orden nacional y cuya gestión y función es de suma
importancia en desarrollo del presente proceso así como el cumplimiento de la
sentencia».
37. Lo anterior, dado que estos órganos son los encargados de expedir los decretos
salariales que rigen a la Nación, Rama Judicial y de asignar los recursos destinados a
las nóminas de sus funcionarios. Debido a ello, la decisión tenía que modificarse para
que se le ordenara a la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público la asignación
de los recursos correspondientes para lograr su cumplimiento, en línea con lo
dispuesto en la sentencia del 2 de septiembre de 201916.
16 C. Principal, folios 813 a 814.
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Demandantes: Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero,
Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
2.4.2. Parte demandante
38. También apeló la sentencia de primera instancia con el objeto de que se
revocaran los ordinales quinto, sexto, séptimo y octavo, se declarara que en el
presente asunto no es aplicable la sentencia del 2 de septiembre de 2019, para, en su
lugar, considerar que los derechos reclamados solo se hacen exigibles a partir de la
ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014. En consecuencia, reclamó que se
condenara a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
al reconocimiento de la prima especial y al incremento en las prestaciones sociales
disminuidas, por la totalidad de los tiempos de servicios.
39. Igualmente pidió que, de ahí, en adelante, respecto de las demandantes que
continúan prestando sus servicios en la Nación, Rama Judicial, se disponga el
reconocimiento de la prima especial, así como el pago de sus prestaciones sociales.
Así, textualmente, reclamó esto último y, en todo lo demás, pidió confirmar la sentencia
apelada:
TERCERA. […] Sírvase condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial el reconocimiento y pago de la prima especial, […] en un porcentaje
mensual del 30% y el incremento de todas las primas y prestaciones sociales percibidas,
que resultaron disminuidas en un 60% durante el tiempo de servicio y en los cargos
certificados por la entidad demandada, según la siguiente relación:
NOMBRES Y APELLIDOS CARGOS DESEMPEÑADOS PERÍODOS DE SERVICIO
DEMANDANTES
ADRIANA LUCÍA CHAVES ORTIZ JUEZA 7. °AD CIRCUITO DE PASTO Agosto 2 de 2005 Hasta la fecha
ALBERTO HERNANDO ARÉVALO JUEZ PROMISCUO M. MOSQUERA Junio 1 de 2001 Octubre 18 de 2004
ROSERO JUEZ PROMISCUO M. BARBACOAS Octubre 19 de 2004 Junio 3 de 2008
CARLOS JULIO VILLOTA INSUASTI JUEZ PROISCUO M. DE OSPINA Noviembre 7 de 2002 Junio 30 de 2012
DAYRA JENNY AGUILAR LÓPEZ JUEZA 2. ° P.M ADOLESC. TUMACO Abril 11 de 2011 Hasta la fecha
EDUARDO FRANCISCO LEYTON JUEZ P. MPAL ORITO/PUTUMAYO Mayo 6 de 2002 Julio 31 de 2002
DELGADO
JUEZ EPMS CIRCUITO DE PASTO Julio 11 de 2006 Agosto 4 de 2006
JUEZ EPMS CIRCUITO DE PASTO Julio 21 de 2009 Agosto 14 de 2009
JUEZ EPMS CIRCUITO DE PASTO Mayo 1 de 2010 Noviembre 15 de 2010
JUEZ EPMS CIRCUITO DE PASTO Abril 13 de 2011 Mayo 7 de 2011
JUEZ P. MPAL DE CUMBAL Febrero 27 de 2011 Septiembre 3 de 2013
JOSÉ IGNACIO GUERRA CABRERA JUEZ PROMISCO M. LA FLORIDA Enero 1 de 1993 Febrero 12 de 1997
MARIBEL SILVA BRAVO JUEZA P.MPAL DE SAMANIEGO Noviembre 13 de 1996 Febrero 12 de 1997
JUEZA P.MPAL OLAYA HERRERA Septiembre 17 de Febrero 3 de 2008
2007
JUEZA P.MPAL DE BARBACOAS Febrero 4 de 2008 Marzo 14 de 2017
JUEZA DE FAMILIA DE TUMACO Marzo 15 de 2017 Hasta la fecha
CUARTA. También en aras del restablecimiento del derecho, sírvase ordenar a la entidad
demandada […] que en adelante y mientras las funcionarias que enseguida relaciono
permanezcan al servicio de la Rama Judicial en el distrito de Pasto, se disponga el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios […] en un porcentaje mensual del
30% y el incremento de todas las primas y prestaciones sociales percibidas:
NOMBRES Y APELLIDOS CARGOS DESEMPEÑADOS EN LA RAMA JUDICIAL DE PASTO
DEMANDANTES
ADRIANA LUCÍA CHAVES ORTIZ JUEZA 7°AD CIRCUITO DE PASTO-NARIÑO
DAYRA JENNY AGUILAR LÓPEZ JUEZA 2° PENAL MUNICIPAL C.G ADOLESC.ENTES DE TUMACO
MARIBEL SILVA BRAVO JUEZA DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE TUMACO NARIÑO
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Radicación: 52001-23-33-000-2016-00676-01 (1340-2020)
Demandantes: Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero,
Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
40. En primer lugar, puso de presente que en caso concreto los derechos
reclamados solo se hacen exigibles a partir de la ejecutoria de la sentencia del 29 de
abril de 2014, la cual quedó en firme el 22 de julio siguiente, toda vez que antes de
este momento no existía un referente legal que permitiera aplicar la prescripción. Así,
en la medida en que se requiere que la obligación sea exigible, los derechos solicitados
son imprescriptibles.
41. En este contexto, destacó que el Tribunal Administrativo de Nariño ya había
desarrollado esta tesis y profirió condena contra la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial en varios fallos de primera instancia 17. En estos,
aplicó el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia del 29 de abril de 2014,
y accedió a las pretensiones de la demanda porque defendió la imprescriptibilidad de
los derechos.
42. Así las cosas, en el caso de la referencia se afectaron las garantías
constitucionales de los demandantes, Adriana Lucía Chaves Ortiz, Dayra Jenny
Aguilar López, Maribel Silva Bravo y Eduardo Francisco Leyton Delgado, a quienes se
les reconoció prima especial y el incremento de las prestaciones sociales en los 3 años
anteriores a la reclamación, por aplicar la sentencia del 2 de septiembre de 2019, ya
que esta decisión tiene efectos hacia el futuro y no respecto de situaciones que se
consolidaron en vigencia de la providencia del 29 de abril de 2014.
43. En línea con esto, no hay justificación para que a quienes siguen laborando al
servicio de la Nación, Rama Judicial se les reconozcan solo las vigencias anteriores a
los 3 años contados a partir de la reclamación, porque el estado adeuda más. De ahí
se extrae que la sentencia apelada desconoció que la entidad demandada incurrió en
errores al liquidar la prima especial, lo que impactó en los principios de equidad y de
justicia.
44. Adicionalmente, se lesionaron los derechos de los señores Alberto Hernando
Arévalo Rosero, Carlos Julio Villota Insuasti y José Ignacio Guerra Cabrera, toda vez
que se les negó el restablecimiento del derecho por estar desvinculados de la Nación,
Rama Judicial, en desconocimiento de que iniciaron sus reclamaciones administrativas
dentro de los parámetros legales y jurisprudenciales vigentes. En particular, dado que
antes de proferirse la sentencia del 29 de abril de 2014, no existía un parámetro para
contar la prescripción.
45. Por consiguiente, los demandantes no fueron negligentes en reclamar la prima
especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. En cambio, estos tenían una
confianza legítima en que su liquidación se realizaba correctamente, de manera que
las irregularidades solo quedaron advertidas al proferirse la sentencia del 29 de abril
de 2014, las cuales posteriormente fueron replicadas en decisión del 2 de septiembre
de 2015, cuyos apartes transcribieron en el recurso.
17 Se refirió a las sentencias proferidas en las siguientes fechas: (i) 19 de diciembre de 2016, dentro del proceso
núm. 2013-0204; (ii) sentencia del 19 de diciembre de 2016, dentro del proceso núm. 2016-0126; (iii) sentencia del
14 de julio de 2017, dentro del proceso núm. 2016-00171; (iv) sentencia del 6 de mayo de 2019, dentro del proceso
núm. 2016-0474; y (v) sentencia del 7 de octubre de 2019, dentro del proceso núm. 2016-0442.
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Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
46. Por estos motivos, resulta en un contrasentido aplicar la prescripción trienal, y
la sentencia del 2 de septiembre de 2019 debió haber aclarado que regía únicamente
a las demandas presentadas luego de su firmeza, para preservar los derechos de
quienes lo solicitaron con antelación. Así las cosas, reclamó la aplicación de la
sentencia del 29 de abril de 2014 a partir del criterio de imprescriptibilidad, con la
consecuente condena contra la Nación, Rama Judicial por la totalidad del tiempo de
servicio certificado y reclamado desde la demanda.
47. Con todo, no sobra precisar que la parte actora refirió en su recurso que en el
trámite de la referencia se incurrió en las siguientes irregularidades: i) en la audiencia
inicial celebrada el 2 de noviembre de 2019 (sic)18 se ordenó prescindir del término
para celebrar audiencia de alegaciones y juzgamiento y se concedieron 10 días para
alegar de conclusión; ii) encontrándose el expediente para dictar sentencia, mediante
auto del 21 de febrero de 2019, se integró el litis consorcio necesario por pasiva, razón
por la que el 4 de octubre de ese año se celebró «nuevamente» audiencia inicial en la
que se emitió sentencia.
48. No obstante lo anterior, la parte resaltó que estas situaciones solo afectaron el
principio de celeridad, más no las garantías de los sujetos procesales, dado que «a
pesar de los vicios advertidos el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el
derecho de defensa, comoquiera que se cumplieron todas las etapas contempladas
en el artículo 180 del CPACA, […] y a pesar de haberse afectarse el principio de la
economía procesal en razón de haberse realizado en dos oportunidades la misma
diligencia, en la audiencia de octubre 4/2019 se emitió la pertinente sentencia de
primera instancia, por lo que en observancia del artículo 136 numeral 4 del CGP dicha
nulidad se estima saneada»19.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
49. Mediante auto del 24 de junio de 2021, la Subsección A declaró fundado el
impedimento manifestado por los magistrados integrantes de esta Subsección en esa
época20, al considerar que se configuraba el supuesto de hecho establecido en la
causal primera del artículo 141 CGP, toda vez que fueron beneficiarios de la prima
especial durante su vida laboral como funcionarios de la Nación, Rama Judicial. La
Subsección A de la corporación manifestó impedimento para conocer del asunto y
ordenó sortear los conjueces que decidirán este impedimento21.
50. En estos términos, el conjuez ponente admitió los recursos de apelación
interpuestos por las partes demandante y demandada, en providencia del 19 de
noviembre de 202122, en los términos del artículo 247 del CPACA y ordenó notificar
18 Esta tuvo lugar en 2018.
19 C. Principal, folios 815 a 818.
20 César Palomino Cortés, Carmelo Perdomo Cuéter y Sandra Lisset Ibarra Vélez.
21 Samai, exp. 52001-23-33-000-2016-00676-01, índice 7.
22 Samai, exp. 52001-23-33-000-2016-00676-01, índice 17. Aunque la Sala no pasa por alto que en audiencia de
conciliación celebrada el 13 de diciembre de 2019, la conjuez ponente resolvió conceder el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada, esto es, omitió referirse al de la parte demandante, en auto previo del 7 de
noviembre anterior dispuso la necesidad de realizar esta diligencia para efectos de «resolver sobre la concesión
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Demandantes: Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero,
Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
personalmente al agente del Ministerio Público, y por estado a las partes.
Posteriormente, el 25 de mayo de 202223, se declaró fundado el impedimento
manifestado por los integrantes de la Subsección A. Luego, mediante providencia del
12 de septiembre de 202224, se corrió traslado por el término común de diez (10) días
para que las partes alegaran de conclusión.
51. La apoderada de los demandantes radicó memorial en el que reiteró lo consignado
en el recurso frente a la prescripción trienal, con énfasis en la lesión de los principios
de progresividad y no regresividad. En consecuencia, solicitó confirmar los numerales
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto (sic) de la sentencia apelada, pero revocar
los ordinales quinto, sexto, séptimo y octavo en cuanto aplican la prescripción trienal.
Asimismo, pidió aplicar íntegramente la sentencia del 29 de abril de 2014, para que se
acceda al restablecimiento del derecho respecto de la totalidad del tiempo en que los
demandantes laboraron25.
52. Por su parte, la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por conducto de
una nueva apoderada judicial, reiteró su oposición a todas las pretensiones de la
demanda ante la ausencia de vínculo contractual con la parte demandante. En igual
sentido, dispuso que no tiene el deber de reconocer las acreencias laborales
solicitadas las cuales están a cargo de la Nación, Rama Judicial, y no expidió los actos
administrativos cuestionados. De esta manera carece de legitimación material en la
causa por pasiva.
53. Finalmente, refirió que solicitó concepto técnico sobre el asunto de la prima
especial a partir del cual consideró que la sentencia del 29 de abril de 2014 no era un
precedente aplicable. Por tanto, solicitó declarar probadas las excepciones
propuestas, ordenar la desvinculación de la entidad y, en su defecto, negar las
pretensiones de la demanda en su contra26.
54. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República también
concurrió por conducto de una apoderada judicial sustituta27 y afirmó su conformidad
con la sentencia apelada en cuanto dispuso su desvinculación, ya que no es la llamada
a responder en el caso de la referencia. Así pues, enfatizó en la indebida
representación de la Nación, y en la falta de legitimación propuestas en el curso del
proceso. Por consiguiente, pidió confirmar el ordinal cuarto de la sentencia apelada28.
55.El expediente ingresó para fallo el 23 de enero de 202329. No obstante, el conjuez
ponente profirió auto el 11 de marzo de 2025 30 en el que dispuso la devolución al
del recurso de apelación interpuesto por las partes». De ahí que en segunda instancia se admitieron los recursos
de alzada de ambas partes, por lo que la omisión referida se entiende saneada al tratarse de un error formal,
máxime cuando se verifica que la parte demandante interpuso oportunamente recurso de apelación.
23 Samai, exp. 52001-23-33-000-2016-00676-01, índice 24.
24 Samai, exp. 52001-23-33-000-2016-00676-01, índice 32.
25 Samai, exp. 52001-23-33-000-2016-00676-01, índice 39.
26 Samai, exp. 52001-23-33-000-2016-00676-01, índices 40, 41 y 42.
27 Conforme a la sustitución de poder que obra en Samai, exp. 52001-23-33-000-2016-00676-01, índice 37.
28 Samai, exp. 52001-23-33-000-2016-00676-01, índice 43.
29
Samai, exp. 52001-23-33-000-2016-00676-01, índice 45.
30 Samai, exp. 52001-23-33-000-2016-00676-01, índice 54.
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Demandantes: Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero,
Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
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despacho de origen en los términos del artículo 116 del CPACA31.
56.En este escenario, es oportuno precisar que las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda, en providencias recientes, han declaran infundado el impedimento
manifestado por magistrados de distintos tribunales del país, en asuntos relacionados
con el reconocimiento de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992.
57. La mayoría de los integrantes de esta Sala, en sesión celebrada el 29 de agosto
de 2024, decidieron en igual sentido los impedimentos manifestados por los
integrantes de esta, en procesos con supuestos similares a los que se analizan en el
presente asunto, por tres razones, a saber32:
(i) Las manifestaciones de impedimento se sustentan en consideraciones generales
que resultan insuficientes para encuadrar el caso particular en el supuesto descrito en
la causal;
(ii) no exponen situaciones actuales y concretas que acrediten la configuración de la
causal;
(iii) no mencionan el beneficio que sustenta «el interés directo o indirecto en el
proceso» ni precisan cómo la decisión del caso puede resultar útil para los intereses
de quien manifiesta el impedimento.
58. En este orden, la Sala procede a dictar sentencia por encontrarse acreditado el
supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA, derivado de la modificación de la
integración de la Sala, en la que los nuevos magistrados desplazan a los conjueces
cuando «no se les predique causal de impedimento o impedimento que dé lugar al
nombramiento de estos».
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
59. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en primera
instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer inciso del
artículo 150 del CPACA.
31 Posesión y duración del cargo de Conjuez. Designado el conjuez, deberá tomar posesión del cargo ante el
Presidente de la sala o sección respectiva, por una sola vez, y cuando fuere sorteado bastará la simple
comunicación para que asuma sus funciones. // Cuando los Magistrados sean designados conjueces sólo se
requerirá la comunicación para que asuman su función de integrar la respectiva sala. // Los conjueces que entren
a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya
el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados
desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o
recusación que dé lugar al nombramiento de estos.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, expedientes 1774-2024,
5436-2023 y 1286-2024. En igual sentido, ver autos dictados por la Subsección B, expedientes 4042-2023 y 4079-
2023 del 30 de enero de 2025, y 3819-2024 y 5624-2024 del 6 de febrero del mismo año.
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Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
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3.2. Cuestión preliminar
60. Aunque la Nación, Departamento Administrativo de la Función Pública, en su
memorial de intervención, refirió que no había lugar a anular los actos fictos ya que
para ese momento la entidad demandada ya había resuelto los recursos de apelación
interpuestos contra los actos administrativos que decidieron las peticiones, lo cierto es
que la Sala advierte que: i) no aportó constancia de estos actos, con el fin de conocer
su contenido; y ii) del recuento realizado en el escrito allegado se advierte que, las
resoluciones, de haber sido expedidas, se emitieron en 2018, cuando la presente
demanda se admitió el 12 de septiembre de 2017, y el auto admisorio se notificó el 13
siguiente de ese mismo mes y año33. Así se extrae del contenido del documento34:
Recurso de apelación Resolución
Eduardo Francisco Leyton Delgado Resolución 4784 del 25 de junio de 2018 (12 folios)
Alberto Hernando Arévalo Rosero Resolución 4713 del 20 de junio de 2018 (12 folios)
Adriana Lucía Chaves Ortiz Resolución 4757 del 22 de junio de 2018 (12 folios)
Carlos Julio Villota Insuasti Resolución en trámite
Dayra Jenny Aguilar López Resolución 2819 de 2018
José Ignacio Guerra Cabrera Resolución 2676 del 23 de febrero de 2018
Maribel Silva Bravo Resolución 2867 de 2018 del 6 de marzo de 2018
61. Por tanto, no había mérito para estudiar la configuración de los actos administrativos
expresos, aunado a que, si se tiene como cierto el contenido del escrito referido, estos
se habrían proferido sin competencia, esto es, con posterioridad a la notificación del
auto admisorio de la demanda.
62. En estos términos lo precedente era declarar la nulidad de los actos fictos que se
configuraron pasados dos (2) meses contados a partir de la interposición en sede
administrativa, en los términos del inciso primero del artículo 86 del CPACA, como lo
hizo el Tribunal en la sentencia apelada35, y lo corrobora la Sala en esta oportunidad,
a partir del siguiente recuadro:
No. Demandante Fecha recurso Plazo de 2 meses para silencio
1 Adriana Lucía Chaves Ortiz 31 de mayo de 201636 31 de julio de 2016
2 Alberto Hernando Arévalo Rosero 31 de mayo de 201637 31 de julio de 2016
3 Carlos Julio Villota Insuasti 7 de junio de 201638 7 de agosto de 2016
4 Dayra Jenny Aguilar López 19 de abril de 201639 19 de junio de 2016
5 Eduardo Francisco Leyton Delgado 31 de mayo de 201640 31 de julio de 2016
6 José Ignacio Guerra Cabrera 29 de abril de 201641 29 de junio de 2016
7 Maribel Silva Bravo 19 de abril de 201642 19 de junio de 2016
63. De manera que, para cuando se interpuso la demanda el 7 de diciembre de 2016,
ya había expirado el referido plazo para tener por configurado el silencio en materia de
33 C. 2, folios 348 y 349.
34 C. 2, folio 521.
35 Este aspecto, se aclara, tampoco fue objeto de apelación por las partes en los recursos de alzada.
36 C. 1, folio 59.
37 C. 1, folio 98.
38 Así lo refirió la parte actora en su demanda.
39 C. 1, folio 171.
40 C. 1, folio 195.
41
C. 2, folio 273.
42 C.2, folio 309.
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los recursos interpuestos por la totalidad de los demandantes.
3.3. Problema jurídico
64. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación
interpuestos por las partes, corresponde a la Sala definir si:
65. ¿Al declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
se crea un impedimento de orden presupuestal para acceder al cumplimiento de la
decisión?
66. ¿Es necesario establecer la responsabilidad solidaria, como mínimo, entre la
Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Rama Judicial?
67. ¿Procede el restablecimiento del derecho ordenado en primera instancia, pese a
que la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
argumentó la imposibilidad presupuestal para darle cumplimiento?
68. ¿Los derechos reclamados por los demandantes solo se hicieron exigibles con la
ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 y, en consecuencia, no era
procedente aplicar la prescripción en el caso particular, en los términos en que lo previó
la sentencia del 2 de septiembre de 2019?
69. Para resolver los interrogantes planteados, a continuación, se realizan algunas
consideraciones sobre la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 y los pronunciamientos proferidos en la materia, aplicables a los
servidores de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Luego, en el acápite de análisis del caso concreto, se resolverán los problemas
jurídicos formulados.
3.4. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial
70. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior
al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales
superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados
ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos
a partir del 1 de enero de 1993.
71. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992,
expidió el Decreto 57 de 199343 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen
a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de
43
«Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama
judicial y de la justicia penal militar».
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lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:
Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la
República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de
Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.
Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:
1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado.
Secretario General
Magistrado Auxiliar
[…].
72. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de
determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de
dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de
jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las
mismas limitaciones44, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas
cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del
Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores
delegados de la Procuraduría General de la Nación.
73. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores citados, el gobierno nacional reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los
jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.
Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos
de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al
treinta por ciento (30%) de la «remuneración mensual».
74. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas sobre
el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta Sección,
mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad deprecada con el
argumento de que «el espíritu de la Ley 4 de 1992 al cual se acogió de manera fidedigna
el Gobierno Nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en “quitarle” a una
porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como toda asignación
básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en orden a evitar
confusiones generadoras de controversias jurídicas»45.
75. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril de
2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el
44 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006,
rad. núm. 11001-03-25-000-2003-00057-00 (121-03).
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Judicial
control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el gobierno nacional
para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores de la rama
judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser
de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala
ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los
decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»46.
76. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de nulidad,
la Sala concluyó que «el artículo 7 del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30% de
la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin
carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los contenidos
y valores establecidos en la Ley 4 de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo
del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad señaló que al
desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se descarga «el
castigo de dicho 30% que, conforme a los términos de la norma invalidada, restringía
en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores».
77. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de
abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima
especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos
dictados por el gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el
literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el gobierno
nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores del
Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y
aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad»47. La nulidad dispuesta en
esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril de 200948.
78. Posteriormente, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009,
rad. núm. 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07).
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, rad. núm. 11001-03-25-000-2007-
00087-00 (1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los
siguientes Artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de 1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del
Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995;
7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47 de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996;
6 del Decreto 36 de 1996; 9 del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997;
6 del Decreto 64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37
de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9 del Decreto
2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto 1475 de 2001; 9, 11 y 13
del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730
de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y 12 del
Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568 de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de
2004; 9 del Decreto 4171 de 2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto
935 de 2005; 6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del
Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto 621 de 2007;
y los arts. 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007».
48 «[…] es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin
carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época
en que tuvo vigencia el Decreto, sea del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de
descargar el castigo de dicho 30%, que conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje
las consecuencias prestacionales de tales servidores».
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Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Estado, mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias que
declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima técnica, al
considerar que, «a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104,
106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos», el gobierno
nacional ha considerado como prima «lo que en realidad constituye el 30 % del salario
de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad
de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y/ o asignación básica» 49.
En este escenario, fijó las reglas de interpretación del artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
en el siguiente orden:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre
otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario
básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado
por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
79. Por último, en sentencia del 9 de abril de 2024, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda de esta corporación declaró la nulidad de los artículos 6 del Decreto 658 de
2008; 8 de los decretos 723 de 2009; 1388 de 2010; 1039 de 2011; 0874 de 2012;
1024 de 2013; 194 de 2014; 9 del Decreto 657 de 2008; y 4 de los decretos 722 de
2009; 1405 de 2010; 1041 de 2011; 848 de 2012; 1034 de 2013, 204 de 2014; 1105
de 2015; 234 de 2016; 1003 de 2017; y del 338 de 2018, en tanto previeron que «la
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de
2019, rad. núm. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
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Radicación: 52001-23-33-000-2016-00676-01 (1340-2020)
Demandantes: Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero,
Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
prima especial, creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como una parte del
salario y no como un pago adicional equivalente al 30% del salario». Lo anterior, al
considerar que dichos decretos replicaron el contenido de las disposiciones de los
decretos salariales de los años 1997 a 2007, que fueron anuladas en la sentencia del
29 de abril de 2014.
80. A su vez, la referida sentencia negó la nulidad de los artículos 1 y 2 de los decretos
1257 de 2015; 245 de 2016; 1013 de 2017; y 337 de 2018, que dispusieron reajustes
salariales, porque el demandante no planteó argumento específico alguno para
disponer su retiro del ordenamiento jurídico.
3.5. Análisis del caso concreto
81. La entidad demandada apeló la sentencia de primera instancia en punto a que, al
declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la Presidencia de la República, se
crea un impedimento presupuestal para acceder al cumplimiento de la decisión.
82. Esto, derivado de que el Tribunal consideró que el Departamento Administrativo de
la Función Pública, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
y la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público no tenían injerencia en el asunto
objeto del litigio, en la medida en que los actos administrativos demandados fueron
expedidos por la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial, autoridad que cuenta con la autonomía suficiente para gestionar el pago de
la condena impuesta en su contra.
83. Además, a esto le sumó que «el hecho de que el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público dirija la administración de los recursos del Estado […] o que el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República asista al presidente de la República
en sus funciones legales y constitucionales, no implica que deban ser llamados a
responder por las actuaciones de todas las instituciones estatales»50.
84. Por tanto, aunque el Tribunal expresamente resolvió la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, la entidad demandada insiste en que su
declaratoria conlleva a una imposibilidad para conceder el restablecimiento ordenado.
En particular, dado que como no se han previsto los mayores valores generados en
nómina, al acceder al pago de las acreencias laborales desconocería las normas
vigentes, a no ser que se estableciera una responsabilidad solidaria, por lo menos, con
la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
85. Al respecto, el inciso tercero del artículo 159 del CPACA prevé que «la entidad,
órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el
Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador
Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la
República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la
entidad que expidió el acto o produjo el hecho». De esta manera, la Sala resalta que
quien ejerce la representación de la Nación, en el caso particular, es la Rama Judicial,
50 C. Principal, folio 803.
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Radicación: 52001-23-33-000-2016-00676-01 (1340-2020)
Demandantes: Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero,
Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, entidad que profirió los actos
administrativos objeto de cuestionamiento en sede de legalidad. De ahí que, en caso
de una eventual condena, es esta la llamada a responder.
86. Igualmente, aunque el Tribunal integró el litis consorcio necesario por pasiva, en
auto del 21 de febrero de 2019, era su deber pronunciarse en cuanto a la falta de
legitimación en la causa por pasiva que encontró acreditada, porque así se extrae del
artículo 187 ibidem.
87. Ahora bien, aunque la entidad recurrente refiere que la sentencia se debe modificar
para que se le ordene a la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público la
asignación de los recursos pertinentes que garantizarían su cumplimiento, la
jurisprudencia constitucional ha indicado que «la situación económica del empleador,
sea este público o privado, [así como] los argumentos económicos, presupuestales o
financieros, no justifican el incumplimiento del deber legal y constitucional de pagar
oportunamente los salarios de los trabajadores»51, ni que se omita el deber de adoptar
las medidas preventivas necesarias para evitar el cese en los pagos salariales, en la
medida en que este tipo de conductas desconocen los derechos fundamentales de los
trabajadores y sus familias52.
88. En este orden de ideas, además de que se configuró la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva del Departamento Administrativo de la Función
Pública, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y de la
Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las limitaciones presupuestales no
constituyen una causal válida para que la entidad justifique que no puede asumir el
restablecimiento del derecho. En este orden, si la entidad accionada considera que no
tiene el presupuesto suficiente para efectuar el pago de sus acreencias laborales, debe
adelantar las gestiones pertinentes para recaudar los recursos necesarios para cumplir
las obligaciones que le fueron impuestas en la ley.
89. Así las cosas, la «imposibilidad» de asumir el restablecimiento del derecho en el
caso concreto, por falta de presupuesto, además de vulnerar el derecho establecido
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, supone la afectación en el pago de los aportes
que, por mandato legal, se deben realizar al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, por su carácter irrenunciable e imprescriptible.
90. De esta manera, al declarar probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva no se creó un impedimento de orden presupuestal para acceder al
cumplimiento de la decisión, porque, de entrada, no era necesario establecer la
responsabilidad solidaria, como mínimo, entre la Nación Rama Judicial y el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público conforme al artículo 159 del CPACA según el cual quien
debe ejercer la representación de la Nación, en este caso, es la Rama Judicial.
Además de esto, al margen de lo referido, aun si se considerara que la citada
excepción creó un impedimento de orden presupuestal, lo que no es acertado, esto no
es una justificación para el cumplimiento de la providencia judicial.
51 Ver, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional: SU-995 de 1999, T-015 de 1995,
T-146 de 1996, T-220 de 1998.
52 Corte Constitucional, sentencias T-399 de 1998 y SU-484 de 2008.
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Radicación: 52001-23-33-000-2016-00676-01 (1340-2020)
Demandantes: Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero,
Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
91. Por tanto, como el Tribunal lo definió – aspecto que no fue controvertido– los actores
se desempeñaron como funcionarios judiciales de la Nación, Rama Judicial en los
períodos indicados en las certificaciones expedidas por el Área de Talento Humano de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. En particular, de conformidad con la
fijación del litigio que se efectuó en la audiencia inicial, y de acuerdo con las pruebas
analizadas en la sentencia, para el Tribunal, los demandantes se vincularon en los
siguientes cargos y períodos:
Demandante Cargo Período
Adriana Lucía Chaves Ortiz juez 2 de agosto de 2005 hasta la fecha
Alberto Hernando Arévalo juez promiscuo municipal de Mosquera 1 de junio de 2001 y 18 de octubre de 2004
Rosero juez promiscuo municipal del circuito de 19 de octubre de 2004 al 3 de junio de 2008
Barbacoas
Carlos Julio Villota Insuasti juez 7 de noviembre de 2002 al 30 de junio de
2012
Dayra Jenny Aguilar López juez 11 de abril de 2011 en adelante
Eduardo Francisco Leyton juez promiscuo municipal de Mocoa 10 de octubre de 1992 al 15 de octubre de
Delegado 1992
juez promiscuo municipal de Orito 6 de mayo de 2002 al 31 de julio de 2002
juez de ejecución de penas y medidas de 11 de julio de 2006 al 4 de agosto de 2006
seguridad de Pasto
juez de ejecución de penas y medidas de 21 de julio de 2009 al 14 de agosto de 2009
seguridad de Pasto
juez de ejecución de penas y medidas de 1 de mayo de 2010 al 15 de noviembre de
seguridad de Pasto 2010
juez de ejecución de penas y medidas de 13 de abril de 2011 al 7 de mayo de 2011
seguridad de Pasto
juez promiscuo municipal de Cumbal 27 de febrero de 2012 al 3 de septiembre de
2013
José Ignacio Guerra juez 23 de julio de 1982 al 6 de septiembre de
Cabrera 2012
Maribel Silva Bravo juez promiscuo de familia de Samaniego 13 de noviembre de 1996 al 12 de febrero de
1997
juez promiscuo municipal de Olaya 17 de septiembre de 2007 (sic) al 31 de julio
Herrera de 2007
juez promiscuo municipal de Barbacoas 4 de febrero de 2008 al 14 de marzo de 2017
juez de familia de Pasto 21 de marzo de 2017 en adelante
92. Esta información coincide con las certificaciones expedidas por la coordinadora del
Área de Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial53, con
la precisión de que la señora Maribel Silva Bravo se desempeñó como juez promiscua
municipal de Olaya Herrera del 3 de julio de 2007, al 31 siguiente y del 17 de
septiembre de ese año al 16 de octubre. Posteriormente, se vinculó como juez
municipal de Barbacoas, y luego laboró como juez de familia de Pasto, en los períodos
relacionados54. Igualmente, el señor Eduardo Francisco Leyton Delgado no tuvo una
primera vinculación como juez a partir del 10 de octubre de 1992, sino desde el 20 de
diciembre de 1984 al 10 de enero de 198555.
93. A partir de lo anterior, no cabe duda que los demandantes Adriana Lucía Chaves,
Alberto Hernando Arévalo Rosero, Carlos Julio Villota Insuasti, Dayra Jenny Aguilar
López y Maribel Silva Bravo son beneficiarios de la prima especial de servicios que
trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, ya que se vincularon con posterioridad a la
vigencia del Decreto 57 de 1993 y, por tanto, en su ejercicio como jueces de la
República, se les canceló tanto su sueldo básico como sus prestaciones sociales en
53 C.1, folios 26, 68, 107, 180, C, 2, folios 389 a 395
54
C. 2, folio 389.
55 C. 2, folio 394.
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Radicación: 52001-23-33-000-2016-00676-01 (1340-2020)
Demandantes: Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero,
Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
contravía del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, al deducir el 30% de su remuneración
por concepto de prima especial, lo que implicó que sus prestaciones sociales se
liquidaron con el 70%.
94. De este modo, tendrían derecho al pago de la prima especial, sin carácter salarial,
como un adicional de su remuneración mensual, así como a la reliquidación de sus
prestaciones sociales por el período en el cual reclamaron y frente al que está
demostrado el ejercicio del cargo.
95. No obstante, como los señores Eduardo Francisco Leyton Delegado y José Ignacio
Guerra Cabrera se vincularon como jueces de la República con anterioridad a la
vigencia del Decreto 57 de 1993, frente a estos deben realizarse las siguientes
precisiones:
• Eduardo Francisco Leyton Delgado: Aunque de la certificación laboral se
advierte que fue juez municipal del 10 de octubre de 1992 al 15 de ese mismo mes y
año, esta vinculación difiere de la que inició el 6 de mayo de 2002, puesto que, en
1992, se vinculó como juez promiscuo municipal de Mocoa, y en 2002 ingresó a laborar
como juez municipal de Orito. En consecuencia, por lo menos para el periodo en el
cual reclamó, que va del 1 de mayo 2002, en adelante, es claro que su régimen salarial
y prestacional es el previsto en el Decreto 57 de 1993.
96. Así se deduce del siguiente cuadro comparativo que evidencia que se le
fraccionó el 30% de su remuneración mensual, y que el total percibido corresponde
con el valor asignado por los decretos salariales anuales a los vinculados con
posterioridad al Decreto 57, al tomar como ejemplo los años 2002 y 201056:
Demandante: Eduardo Francisco Leyton Delgado. Período reclamado: 1 de mayo de 2002 al 3 de
septiembre de 2013
Decreto Remuneración Salario Gastos de Prima Total devengado
salarial mensual del básico representación especial
Decreto devengado devengados devengada
673 de 2002 $2.757.989 $2.121.530 N/A $636.459 $2.757.989
1388 de 2010 $5.282.945 $4.063.803 N/A $1.219.141 $5.282.945
97. En todo caso, al margen de lo anterior, lo cierto es que aun si el señor Eduardo
Francisco Leyton Delgado hubiera reclamado por el período comprendido entre 1982
y 1992, en esos años no tendría derecho a percibir la prima especial de servicios de
que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Por tanto, este derecho solo sería exigible,
para su caso en particular, desde la vinculación que inició el 6 de mayo de 2002.
• José Ignacio Guerra Cabrera: del certificado expedido por el Área de Talento
Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto, del
28 de noviembre de 201757, el demandante se vinculó a la Nación, Rama Judicial
desde el 23 de julio de 1982, y ha desempeñado los siguientes cargos:
56 En una fracción del 2002 – la que se tomó para estos efectos– el demandante ejerció como juez municipal de
Orito, mientras que igualmente, en la fracción correspondiente al 2010, se desempeñó como juez de ejecución de
penas y medidas de seguridad del circuito de Pasto.
57 C. 2, folio 395.
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Demandantes: Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero,
Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
CARGO ESTADO DESPACHO FECHA FECHA FIN
FUNCIONARIO INICIO
JUEZ MUNICIPAL PROPIEDAD JUZGADO 001 PROMOSCUO MUNICIPAL DE 23/07/1982 28/02/1990
00 POLICARPA
JUEZ MUNICIPAL PROPIEDAD JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE 01/03/1990 31/10/1990
00 EL TABLÓN DE GÓMEZ
JUEZ MUNICIPAL PROPIEDAD JUZGADO 001 PROMISCUO DE FAMILIA DEL 01/11/1990 26/12/1991
00 CIRCUITO DE PUERTO ASÍS
JUEZ MUNICIPAL PROPIEDAD JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE 27/12/1991 18/07/2007
00 EL TABLÓN DE GÓMEZ
JUEZ MUNICIPAL PROPIEDAD JUZGADO 001 PROMISCO MUNICIPALDE LA 19/07/2007 06/09/2012
00 FLORIDA
98. Así, el señor José Ignacio Guerra Cabrera mantuvo una misma vinculación del
27 de diciembre de 1991 al 18 de julio de 2007, esto es, antes de la vigencia del
Decreto 57 de 1993. No obstante, la Sala realiza el siguiente comparativo para el
período reclamado, que va desde el 1 de enero de 1993, el cual evidencia que el actor
percibió las siguientes sumas durante su ejercicio:
Demandante: José Ignacio Guerra Cabrera. Período reclamado: 1 de enero de 1993 al 6 de septiembre de 2012
Decreto Remuneración Salario básico Gastos de Prima especial Total devengado
salarial mensual del devengado representación devengada
Decreto devengados
106 de 1994 $1.134.375 $654.447 $218.148 $261.779 $1.134.375
Decreto 43 $1.338.563 $772.248 $257.416 $308.899 $1.338.563
de 1995
Decreto 36 $1.539.348 $888.086 $296.028 $355.234 $1.539.348
de 1996
Decreto 76 $1.662.496 $959.132 $319.711 $383.653 $1.662.496
de 1997
64 de 1998 $2.063.794 $1.190.651 $396.883 $476.260 $2.063.794
44 de 199958 $2.332.088 $1.345.436 $448.478 $538.174 $2.332.088
1475 de 2001 $2.611.024 $2.008.480 N/A $602.544 $2.611.024
673 de $2.757.989 $2.121.530 N/A $636.459 $2.757.989
200259
936 de 2005 $3.163.774 $2.433.673 N/A $730.101 $3.163.774
389 de 2006 $3.321.963 $2.555.356 N/A $766.607 $3.321.963
99. De lo anterior, es posible concluir que el señor José Ignacio Guerra Cabrera,
durante su vinculación del 27 de diciembre de 1991 al 18 de julio de 2007, fue juez
municipal en propiedad en el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de El Tablón de
Gómez y en ese período, aunque se vinculó antes del Decreto 57 de 1993, se acogió
a dichas disposiciones salariales y prestacionales, toda vez que así se extrae de una
comparación entre la remuneración mensual establecida en los decretos aplicables al
régimen de acogidos y los valores devengados por el demandante en su condición de
juez en el período relacionado.
100. En igual sentido, de los certificados laborales se corrobora que el demandante
tuvo una vinculación, con posterioridad, del 19 de julio de 2007 al 6 de septiembre de
2012, que es nueva y, por ende, posterior al Decreto 57 de 1993, extremos en los
cuales ejerció como juez municipal de La Florida.
58 No se incluye el 2000 porque el Decreto 2740 de 2000 fue expedido el 27 de diciembre de ese año, de manera
que los certificados relacionan lo percibido en comparación con el decreto salarial anual del año inmediatamente
anterior.
59 No se incluye lo percibido en 2003, toda vez que el Decreto 3569 de 2003 fue expedido el 11 de diciembre de
ese año. Igualmente, se excluye de la relación el 2004, dado que el Decreto 4172 de ese año fue expedido el 10
de diciembre.
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101. Por consiguiente, está acreditado que todos los demandantes, vinculados como
jueces de la República con posterioridad a la expedición del Decreto 57 de 1993, o
acogidos a este, serían beneficiarios de la prima especial de servicios de que trata el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, porque en el ejercicio de dichos cargos se les
fraccionó el 30% de su salario para denominarlo prima especial, como lo encontró
demostrado el Tribunal. Así, a juicio de la autoridad, esto impactó en la liquidación de
las prestaciones sociales para las cuales se tuvo en cuenta el 70%60. En consecuencia,
la Sala desestima los reparos formulados en el recurso de alzada, en punto a la
responsabilidad solidaria y la incidencia de esta en el asunto presupuestal, así como
el impacto que esto representaría para el cumplimiento de la decisión judicial, y
concluye que la respuesta al tercer problema jurídico es positiva.
102. Seguidamente, la parte demandante apeló la decisión, al considerar que los
derechos reclamados solo se hacen exigibles a partir de la ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014, la cual quedó en firme el 22 de julio siguiente, toda vez que
antes de ese momento no existía un referente legal que permitiera aplicar la
prescripción, de ahí que los derechos eran imprescriptibles.
103. Al respecto, destacó que esta tesis ya había sido desarrollada por el Tribunal
Administrativo de Nariño al defender la imprescriptibilidad, motivo por el cual en el caso
de la referencia se afectaron las garantías constitucionales de los demandantes
Adriana Lucía Chaves Ortiz, Dayra Jenny Aguilar López, Maribel Silva Bravo y Eduardo
Francisco Leyton Delgado, a quienes se les reconoció solo los 3 años anteriores a la
reclamación administrativa.
104. Adicionalmente, reparó en que a los señores Alberto Hernando Arévalo Rosero,
Carlos Julio Villota Insuasti y José Ignacio Guerra Cabrera se les aplicó la prescripción
por estar desvinculados de la entidad, en desconocimiento de que iniciaron sus
reclamaciones administrativas dentro de los parámetros legales y jurisprudenciales
vigentes. Así, todos los actores tenían confianza en que su liquidación se efectuaba
correctamente y era inaplicable la sentencia del 2 de septiembre de 2019.
105. La Sala precisa que, en materia de las demandas ejercidas por los servidores
públicos, el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, modificado por el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969 estableció, por un lado, que las acciones que emanan de los
derechos previstos en esta norma prescriben «en tres años contados desde que la
respectiva obligación se haya hecho exigible». Por otro lado, que la prescripción se
interrumpe por un plazo igual cuando se presenta la respectiva reclamación ante el
empleador.
106. Pues bien, la discusión planteada por la parte demandante, en el recurso de
apelación, ha sido abordada por esta Sección al estudiar casos como el presente. En
ese orden, en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, se indicó lo siguiente:
[…] sobre la prima especial creada por la Ley 4 de 1992, muchas son las discusiones
60
En el expediente obran los desprendibles de pagos de todos los demandantes, sin embargo, este fraccionamiento
no es objeto de apelación.
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Demandantes: Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero,
Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
dadas respecto al momento a partir del cual debe iniciarse el conteo de la prescripción,
por no tener claridad sobre la exigibilidad del derecho, puesto que, en principio, este se
causó con la vigencia de la norma que la creó y, en adelante, con las liquidaciones a
cada beneficiario bajo los parámetros fijados en los decretos que anualmente expidió el
Gobierno para reglamentarla. No obstante, los correspondientes decretos expedidos
entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos —parcialmente—, mediante la
sentencia del 29 de abril de 2014, dictada por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, C.P. Dra. María Carolina Rodríguez Ruiz, porque, a juicio de la [c]orporación,
«interpretaron erróneamente […] la Ley» y consagraron una liquidación en detrimento
de los derechos laborales de los servidores públicos beneficiarios de esta.
107. En virtud de lo analizado en esa oportunidad, la Sala de decisión consideró que,
en el caso de la prima especial, «la constitución del derecho ocurrió en el primero
de los eventos previamente señalados, es decir, su exigibilidad se predica desde el
momento de la entrada en vigor de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la
expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente, esto es, el Decreto
57 de 1993»61 (negritas dentro del texto). Lo anterior, en la medida en que, al ser la
Ley 4 de 1992 una norma de carácter general y de orden público, «sus beneficiarios
tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley, y anualmente, de su reiteración,
de manera que, de presentarse alguna inconformidad con su contenido, contaron
desde el inicio con las herramientas jurídicas para objetarlo ante la autoridad
administrativa encargada de su aplicación»62.
108. Conforme con lo expuesto, la exigibilidad del derecho a la prima especial de
servicios ocurrió con la entrada en vigor del primer decreto que reglamentó la Ley 4 de
1992, a saber, el 57 del 7 de enero de 1993. En consecuencia, se concluyó que «desde
el 7 de enero de 1993, los interesados podrían haber interrumpido la prescripción
trienal», y que «no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que
surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa»63
(negritas por fuera del texto).
109. Así las cosas, le asistió razón al Tribunal en la sentencia apelada, porque pese a
que abordó el planteamiento de la parte demandante según el cual los derechos
reclamados solo se hicieron exigibles a partir de la sentencia del 29 de abril de 2014,
acogió la postura desarrollada en la decisión del 2 de septiembre de 2019, en punto a
la aplicación de la figura de la prescripción. En este orden, la Sala ratifica lo allí
expuesto y procede a revisar la fecha en que se hizo exigible el derecho al pago de la
prima especial y la respectiva reliquidación para cada demandante, en concreto, con
el fin de determinar cuándo operó la prescripción.
110. En particular, conviene destacar que, aunque de las pruebas que obran en el
proceso no se evidencia la fecha de presentación de las peticiones ante la entidad
demandada, estas se extraen de la contestación de la demanda64 que así las refirió,
conforme a la cual se fijó el litigio65 y se profirió la sentencia apelada. Aunado a que,
61 Ibidem.
62 Ibidem.
63 Ibidem.
64
C. 2, folios 379, reverso a 380.
65 C. Principal, folio 795, reverso.
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Demandantes: Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero,
Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
este aspecto, en particular, no fue apelado por ninguna de las partes. De esta manera,
así operó la prescripción frente a cada uno de los actores:
Demandante Retiro Fecha retiro Fecha reclamación Prescripción (total o parcial)
Adriana Lucía Chaves No N/A 4 de mayo de 2016 Parcial, respecto de las sumas
Ortiz anteriores al 4 de mayo de 2013
Alberto Hernando Sí 3 de junio de 2008 27 de abril de 2016 Total, porque operaría respecto de
Arévalo Rosero las sumas anteriores al 27 de abril
de 2013
Carlos Julio Villota SÍ 30 de junio de 2012 13 de mayo de 201666 Total, porque operaría respecto de
Insuasti las sumas anteriores al 13 de mayo
de 2013
Dayra Jenny Aguilar No N/A 17 de marzo de 2016 Parcial, respecto de las sumas
López anteriores al 17 de marzo de 2013
Eduardo Francisco Sí 3 de septiembre de 29 de abril de 2016 Parcial, respecto de las sumas
Leyton Delegado 2013 anteriores al 29 de abril de 2013
José Ignacio Guerra Sí 6 de septiembre de 7 de abril de 2016 Total, porque operaría respecto de
Cabrera 2012 las sumas anteriores al 7 de abril de
2013
Maribel Silva Bravo No N/A 17 de marzo de 2016 Parcial, respecto de las sumas
anteriores al 17 de marzo de 2013
111. En consecuencia, la respuesta al cuarto problema jurídico será negativa porque
los derechos reclamados no se hicieron exigibles con la ejecutoria de la sentencia del
29 de abril de 2014, sino en los términos que lo previó la sentencia del 2 de septiembre
de 2019. En este orden era procedente aplicar la prescripción en el caso particular.
112. Sin embargo, para efectos de mayor precisión, la Sala modificará la orden
contenida en el ordinal quinto (sic) de la parte resolutiva de la sentencia apelada en
punto a la prescripción, para declarar probada esta excepción, de forma total, frente a
los períodos reclamados por los señores Alberto Hernando Arévalo Rosero, Carlos
Julio Villota Insuasti y José Ignacio Guerra Cabrera, mientras que, de manera parcial,
para los restantes demandantes, en los términos que lo dispuso el Tribunal, y de
acuerdo con las fechas consignadas tanto la providencia apelada como en la presente.
113. Ahora bien, la Sala no pasa por alto que la parte demandante, en su recurso,
pidió que se le ordenara a la demandada que, en adelante, y mientras las señoras
Adriana Lucía Chaves Ortiz, Dayra Jenny Aguilar López y Maribel Silva Bravo
permanecieran al servicio de la Nación, Rama Judicial en el distrito de Pasto, se les
reconociera y pagara la prima especial en un 30%, así como el incremento de las
primas y prestaciones sociales. Algo que coincide con las pretensiones de la demanda,
en tanto pidió la realización de estos pagos a partir de la sentencia en firme.
114. No obstante, la Sala advierte que la sentencia apelada sí resolvió lo pertinente
en el ordinal noveno de la parte resolutiva, al disponer que la entidad demandada debía
pagar a las demandantes que continuaran laborando al servicio de dicha entidad, los
salarios y prestaciones sociales conforme a lo establecido en la sentencia del 2 de
septiembre de 2019. Esto implica que se resolvió expresamente la pretensión
formulada por la parte demandante.
66 Pese a que la entidad indicó que la petición se presentó el 13 de junio de 2016, en su escrito de contestación, lo
cierto es que no resulta congruente con la fecha de expedición de la Resolución núm. 3070 que la resolvió, pues
esta se profirió el 2 de junio de 2016. De manera que la Sala tiene por presentada en la petición en la que fecha en
que lo indicó la parte actora en su recurso de apelación en sede administrativa, el 13 de mayo de 2016 y lo expresó
en su demanda. En todo caso, cualquiera sea la fecha la consecuencia es la misma porque operó la prescripción
total respecto de las sumas reclamadas, al superarse más de los 3 años desde el retiro.
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Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
115. Ahora bien, para efectos de garantizar el cumplimiento debido de la decisión
judicial, esta orden se modificará para precisar que el reconocimiento comprenderá el
30% de la prima especial, sin carácter salarial, como un adicional del salario, así como
la liquidación de las prestaciones sociales con el 100% de esta asignación básica, esto
es, sin excluir porcentaje alguno por concepto de prima especial.
116. Así, es claro que el Tribunal, aunque no accedió a reconocerle carácter salarial
a la prima especial para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales, dispuso
que estas debían reliquidarse con el 100% que legalmente correspondía, debido a que
se advirtió un fraccionamiento en la remuneración de los demandantes.
117. Al margen de lo expuesto, la sentencia debe adicionarse para disponer que, en
lo pertinente, los pagos se harán sin perjuicio de que la Nación, Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial verifique lo cancelado con ocasión del
Decreto 272 de 2021. Asimismo, los reconocimientos serán procedentes siempre y
cuando las sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones aquí ordenadas no se
hayan cancelado por la entidad previamente. De modo que corresponde a esta hacer
la verificación correspondiente. Por último, las sumas reconocidas no podrán exceder
los topes fijados por el Gobierno nacional.
118. Finalmente, dado que la prima especial de servicios prevista en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 constituye un factor a considerar en la liquidación de la pensión, y
que los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones son irrenunciables 67 e
imprescriptibles68, se configura el deber de los jueces de instancia de ordenar su
reconocimiento. Esto debe hacerse en armonía con el restablecimiento del derecho
que corresponda en cada caso, con el fin de evitar la vulneración del derecho
fundamental a la seguridad social y de las garantías constitucionales que lo protegen.
119. De acuerdo con lo anterior, y al margen de la prescripción demostrada, esta no
se extiende al derecho relacionado con los aportes adeudados al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, derivados de: (i) la prima especial de que trata el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; y (ii) la diferencia salarial correspondiente al 30% de
la asignación básica, a la que tendrían derecho los demandantes, toda vez que en la
primera instancia se demostró que dicha diferencia no fue cancelada como una
adición, y que las prestaciones se liquidaron sobre el 70% y no sobre el 100% como
correspondía.
120. En relación con los aportes derivados de la prima especial de servicios, procede
su reconocimiento a partir de la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, en tanto que,
67 Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios
mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016, rad. núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción
extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en
cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son
susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
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Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
desde esa fecha, dicha prestación fue considerada como factor de cotización para
pensión. Este reconocimiento debe extenderse hasta el tiempo en que los
demandantes hayan permanecido en los cargos que les otorgaban dicho beneficio,
siempre que la entidad no hubiere efectuado los aportes correspondientes.
121. En cambio, los aportes derivados de la diferencia salarial, hay lugar a
reconocerlos durante el tiempo en el que se canceló su asignación en un porcentaje
diferente al 100%. En otras palabras, desde el 7 de enero de 1993, en adelante.
122. Por consiguiente, como el fallo apelado omitió ordenar expresamente los
aportes a Seguridad Social en Pensiones, de carácter irrenunciable e imprescriptible69,
que debieron realizarse a favor de los aquí demandantes, la Sala adicionará la
sentencia apelada para ordenar a la parte demandada que, en caso de que no haberlos
efectuado, realice el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones, al tener en cuenta como ingreso base de liquidación el 100% del salario
básico mensual, más el 30% correspondiente a la prima especial70, de conformidad
con los siguientes extremos temporales:
Demandante Extremos temporales para aportes
Adriana Lucía Chaves 2 de agosto de 2005, en adelante, y hasta que la demandante ocupe el cargo que la hace
Ortiz beneficiaria de la prima especial
Alberto Hernando Arévalo 1 de junio de 2001 al 3 de junio de 2008
Rosero
Carlos Julio Villota 7 de noviembre de 2002 al 30 de junio de 2012
Insuasti
Dayra Jenny Aguilar 11 de abril de 2011, en adelante, y hasta que la demandante ocupe el cargo que la hace
López beneficiaria de la prima especial
Eduardo Francisco Leyton 6 de mayo de 2002 al 3 de septiembre de 2013
Delegado
José Ignacio Guerra 7 de enero de 1993 al 6 de septiembre de 2012. Con la precisión de que la diferencia salarial
Cabrera se cancelará en un 100%, desde el 7 de enero de 1993 y, a partir de la vigencia de la Ley 332
de 1996, se le agregará a este 100% el 30% adicional de prima especial.
Maribel Silva Bravo 4 de febrero de 2008, en adelante, y hasta que la demandante ocupe el cargo que la hace
beneficiaria de la prima especial
123. Al respecto, cabe aclarar que, el reconocimiento de los aportes a favor de la
señora Maribel Silva Bravo solo se hará a partir del 4 de febrero de 2008, en adelante,
ya que, aunque la sentencia de primera instancia y la entidad demandada aceptan que
ejerció como juez con anterioridad, desde el 13 de noviembre de 1996, debe
garantizarse el principio de congruencia. Por tanto, aunque existe una incidencia en
materia pensional que hace imperativo que el juez ordene la reliquidación de los
aportes según la postura adoptada por la Sección Segunda de esta corporación en la
sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, pese a que no se
hubieran solicitado expresamente en la demanda, esto no implica que las cotizaciones
puedan exceder los límites temporales por los cuales se reclamó. Precisamente,
derivado de que los aportes que se reconocen se desprenden del restablecimiento del
derecho ordenado en el caso particular.
69 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios
mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
70 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencias del 5 de septiembre de 2023, exp. 73001-
23-33-000-2017-00344 -01 (6074-2018) y del 4 de julio del 2024, exp. 05001 23 31 000 2003 01216 01 (0450-
2014).
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Judicial
124. Por último, en atención a lo expuesto, la Sala no puede pasar por alto que la
sentencia de primera instancia incurrió en una falta de correspondencia entre sus
partes motiva y resolutiva, porque mientras que en la primera indicó que declararía la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de las entidades a las que
se ha hecho referencia, en la resolutiva se refirió a la legitimación en la causa por
activa (sic).
125. Asimismo, se advierte que se incurrió en un error formal al proferir las órdenes
contenidas en los ordinales primero y segundo de la parte resolutiva del fallo apelado,
en cuanto refirieron que había lugar a declarar la nulidad de la Resolución núm. 2731
del 14 de abril de 2016, así como del acto ficto producto del silencio frente al recurso
interpuesto contra esta, cuando del expediente se extrae que se trató de la Resolución
núm. 2371 de la misma fecha, que resolvió la petición interpuesta por la señora Dayra
Jenny Aguilar López. Por tanto, en aras de garantizar el adecuado cumplimiento de la
decisión judicial, la Sala modificará la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia, para precisar el número de la Resolución anulada y para reemplazar la
palabra activa por pasiva.
3.6. Conclusión
126. La Sala concluye que, en el presente asunto, al declarar probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento Administrativo de la
Función Pública, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica y
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no se crea un impedimento de orden
presupuestal porque está demostrada su falta de legitimación. Adicionalmente, la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no se encuentra
exonerada de asumir el cumplimiento del restablecimiento del derecho ordenado en
primera instancia, ante la falta de presupuesto para ello. En este sentido, no era
necesario establecer una responsabilidad solidaria entre la Nación, Rama Judicial y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en tanto quedó acreditada la configuración
de la excepción referida.
127. Finalmente, operó la prescripción trienal respecto de las sumas solicitadas 3 años
antes de la reclamación administrativa por los demandantes Adriana Lucía Chaves
Ortiz, Dayra Jenny Aguilar López, Eduardo Francisco Leyton Delgado y Maribel Silva
Bravo, mientras que esta operó de forma total respecto de los señores Alberto
Hernando Arévalo Rosero, Carlos Julio Villota Insuasti y José Ignacio Guerra Cabrera,
como consecuencia de su desvinculación de la entidad demandada. En este orden, no
procede el restablecimiento de su derecho a su favor, sino solo la reliquidación de los
aportes pensionales, aspecto en torno al cual se adicionará la providencia, dado que
estas cotizaciones tienen un carácter irrenunciable e imprescriptible.
3.7. Costas
128. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 71 de la
71 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
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Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, que consiste en que para
decretar la condena en costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio se imponga
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas. Bajo este entendido, y aunque no fue un aspecto apelado, se
revocará la condena en costas impuesta en primera instancia, toda vez que esta no se
sustentó en una conducta temeraria o de mala fe.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Confirmar parcialmente la sentencia proferida por la Sala de Conjueces
del Tribunal Administrativo de Nariño, el 4 de octubre de 2019, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. Modificar los ordinales primero, segundo y cuarto de la parte resolutiva
de la sentencia proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de
Nariño, el 4 de octubre de 2019, los cuales quedarán así:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones núms. 2757 de 23 de mayo de 2016, 2712 de 16 de mayo de 2016,
3070 de 2 de junio de 2016, 2371 de 14 de abril de 2016, 2754 de 23 de mayo de
2016, 2575 de 26 de abril de 2016 y 2370 de 14 de abril de 2016, expedidas por el
director ejecutivo seccional de administración judicial, que negaron el reconocimiento
y pago de la prima especial, como adición al salario base de los demandantes.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos fictos, producto del
silencio administrativo negativo, respecto de los recursos de apelación interpuestos
en contra de las resoluciones núms. 2757 de 23 de mayo de 2016, 2712 de 16 de
mayo de 2016, 3070 de 2 de junio de 2016, 2371 de 14 de abril de 2016, 2754 de 23
de mayo de 2016, 2575 de 26 de abril de 2016 y 2370 de 14 de abril de 2016.
CUARTO: DECLARAR probada la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Administrativo
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-14).
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Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
de la Presidencia de la Republica y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
TERCERO. Modificar el ordinal quinto (sic) de la parte resolutiva de la sentencia
proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Nariño, el 4 de
octubre de 2019, en cuanto declaró probada la excepción de prescripción, el cual
quedará así:
QUINTO (sic) Declarar probada la prescripción, de forma total, frente a los
períodos reclamados por los señores Alberto Hernando Arévalo Rosero, Carlos
Julio Villota Insuasti y José Ignacio Guerra Cabrera, mientras que, de manera
parcial, para los restantes demandantes, de la siguiente forma:
Demandante Prescripción
Adriana Lucía Chaves Ortiz Sumas anteriores al 4 de mayo de 2013
Dayra Jenny Aguilar López Sumas anteriores al 17 de marzo de 2013
Eduardo Francisco Leyton Delgado Sumas anteriores al 29 de abril de 2013
Maribel Silva Bravo Sumas anteriores al 17 de marzo de 2013
CUARTO. Modificar el ordinal noveno de la parte resolutiva de la sentencia proferida
por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Nariño, el 4 de octubre de
2019, el cual quedará así:
NOVENO: ORDENAR a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, que a partir de la firmeza de esta sentencia, y, en
adelante, les reconozca y pague a las demandantes que se encuentran
prestando sus servicios a la Nación, Rama Judicial, el 30% correspondiente a
la prima especial, sin carácter salarial, como un adicional al 100% del salario,
así como la liquidación de las prestaciones sociales con el 100% de esta
asignación básica, esto es, sin excluir porcentaje alguno por concepto de prima
especial, de acuerdo «con lo ordenado en la sentencia del 2 de septiembre de
2019».
QUINTO. Revocar el ordinal décimo segundo de la parte resolutiva de la sentencia
proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Nariño, el 4 de
octubre de 2019, en el que se condenó en costas a la parte demandada, para, en su
lugar, abstenerse de imponer condena en costas en primera instancia.
SEXTO. Adicionar a la anterior providencia que la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial deberá reliquidar y pagar las cotizaciones o
aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en favor de los
aquí demandantes durante su permanencia en los cargos que les otorgaron el derecho
a este reconocimiento, siempre que la entidad no los hubiera realizado, al tener en
cuenta como ingreso base de liquidación el 100% del salario básico mensual, más el
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Demandantes: Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero,
Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
30% correspondiente a la prima especial, de conformidad con los siguientes extremos
temporales señalados en la parte motiva de esta providencia:
Demandante Extremos temporales para aportes
Adriana Lucía Chaves Ortiz 2 de agosto de 2005, en adelante, y hasta que la demandante
ocupe el cargo que la hace beneficiaria de la prima especial
Alberto Hernando Arévalo Rosero 1 de junio de 2001 al 3 de junio de 2008
Carlos Julio Villota Insuasti 7 de noviembre de 2002 al 30 de junio de 2012
Dayra Jenny Aguilar López 11 de abril de 2011, en adelante, y hasta que la demandante
ocupe el cargo que la hace beneficiaria de la prima especial
Eduardo Francisco Leyton Delgado 6 de mayo de 2002 al 3 de septiembre de 2013
José Ignacio Guerra Cabrera 7 de enero de 1993 al 6 de septiembre de 2012. Con la
precisión de que la diferencia salarial se cancelará, en un 100%,
desde el 7 de enero de 1993 y, a partir de la vigencia de la Ley
332 de 1996, se agregará al 100% el 30% adicional de prima
especial
Maribel Silva Bravo 4 de febrero de 2008, en adelante, y hasta que la demandante
ocupe el cargo que la hace beneficiaria de la prima especial.
Los reconocimientos aquí ordenados se harán sin perjuicio de que la Nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial verifique los pagos realizados
con ocasión de la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021.
Igualmente, los reconocimientos ordenados serán procedentes siempre y cuando las
sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones ordenadas no se hayan cancelado
por la entidad previamente. Por lo que corresponde a esta hacer la verificación
correspondiente.
Finalmente, los pagos dispuestos en esta providencia no podrán exceder el tope
salarial fijado por el Gobierno nacional.
SÉPTIMO. No condenar en costas en segunda instancia.
OCTAVO. Reconocer personería a la abogada Laura Isabel López Camacho,
identificada con cédula de ciudadanía número 1.094.272.782 de Pamplona (Norte de
Santander) y portadora de la tarjeta profesional número 284.936 del Consejo Superior
de la Judicatura, para actuar como apoderada de la Nación, Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, de conformidad con el memorial de poder que obra a índices 40, 41 y
42 de Samai.
NOVENO. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
36
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 52001-23-33-000-2016-00676-01 (1340-2020)
Demandantes: Adriana Lucía Chaves Ortiz, Alberto Hernando Arévalo Rosero,
Carlos Julio Villota Insuasti, Eduardo Francisco Leyton Delgado, Dayra Jenny
Aguilar López, José Ignacio Guerra Cabrera y Maribel Silva Bravo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
VMP/SEJV
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