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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2017-00515-02

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-23-33-000-2017-00515-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia al Ministerio del Interior, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Ana María Andrade Valencia como apoderada del Ministerio del Interior, en los términos y para los fines dispuestos en el poder obrante en el índice 4 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI -Consejo de Estado-. 39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Radicado 17001233300020120017601 (51034). 23 Radicado: 52001-23-33-000-2017-00515-02 (71018) Demandante: Ministerio del Interior CUARTO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, en firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente de este proceso al Tribunal de origen para lo de su cargo y, acto seguido, FINALIZAR y ARCHIVAR esta actuación en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 52001-23-33-000-2017-00515-02

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

11 de agosto de 2025

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00515-02 (71018)
Demandante: Ministerio del Interior

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - APELACIÓN
Radicación: 52001-23-33-000-2017-00515-02 (71018)
Demandante: MINISTERIO DEL INTERIOR
Demandado: MUNICIPIO DE MOCOA - PUTUMAYO

TEMAS: LAS BASES CONCEPTUALES DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS - Este
tipo de acuerdos de voluntades están edificados sobre un ánimo colaborativo, lo cual encaja
perfectamente en el criterio asociativo y de cooperación que subyace a todo convenio
interadministrativo, así como en el plano de horizontalidad en el que interactúan y se interrelacionan
los extremos convencionales - Régimen jurídico aplicable a los convenios interadministrativos /
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Al amparo
del supuesto establecido en el numeral v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 18 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño, mediante la cual se declaró probada de oficio la excepción de caducidad.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 7 de noviembre de 2013, el Ministerio del Interior y el municipio de Mocoa -en
adelante el Municipio o el ente territorial- suscribieron el convenio interadministrativo
No. F-327 de 2013 -en lo sucesivo el convenio o el acuerdo de voluntades-, que
tuvo por objeto el estudio, diseño y construcción del Centro de Integración
Ciudadana – CIC en el Municipio, con el fin de prevenir la violencia y el delito.

En su escrito de demanda, el Ministerio del Interior solicita que se declare que el
Municipio incumplió las obligaciones pactadas en la cláusula segunda del convenio,
específicamente en cuanto: i) a la omisión en el sentido de no entregar los
documentos requeridos para lograr su liquidación; y ii) a ejecutar los valores

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00515-02 (71018)
Demandante: Ministerio del Interior

consignados, y pretende en consecuencia la correspondiente indemnización de
perjuicios. Además, solicita que se liquide judicialmente el convenio.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 12 de mayo de 20171, el Ministerio del Interior presentó demanda en ejercicio
del medio de control de controversias contractuales contra el Municipio, con el fin
de que se declarara el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, derivadas del
convenio.

1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):

“2.1. Se declare el incumplimiento de las obligaciones a cargo del
Municipio de Mocoa – Putumayo, contenidas en los numerales 19, 29,
34 y 38 de la cláusula segunda del convenio interadministrativo F-327 del
siete (7) de noviembre de 2013, celebrado entre el Ministerio del Interior
y el Municipio de Mocoa – Putumayo.

2.2. Se ordene al Municipio de Mocoa, Putumayo, a devolver al Ministerio
del Interior, la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES
DE PESOS ($683.000.000) MONEDA LEGAL, como consecuencia de los
dineros desembolsados al ente territorial a través del convenio
interadministrativo F-327 de 2013.

2.3. Se condene al Municipio de Mocoa, Putumayo, a pagar la suma de
SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS
($68.300.000) MONEDA LEGAL, como consecuencia del incumplimiento
de las obligaciones a su cargo, contenidas en el convenio
interadministrativo F-327 de 2013. La suma anterior, se tasa con base en
la cláusula octava del acuerdo de voluntades, equivalente al 10% del valor
del Convenio Interadministrativo F-237 de 2013, amparada por la póliza
de cumplimiento No. 560-47-994000068556 expedida por la aseguradora
SOLIDARIA DE COLOMBIA, constituida por el municipio de Mocoa,
Putumayo, a favor del Ministerio del interior, la cual se encontraba vigente
al momento del incumplimiento por parte del ente territorial.

2.4 Se liquide en sede judicial el Convenio interadministrativo F-327 del
siete (7) de noviembre de 2013, decretando los ajustes, revisiones,
reconocimientos y reintegros económicos a los que haya lugar con sus
respectivos rendimientos financieros, de conformidad con lo señalado en

1Folios 1-9. del archivo 1.pdf de la carpeta (3ED_EXPTRIBUN_00EXPEDIENTEFISICODI(.zip)
NroActua 2 -del índice 2 del Consejo de Estado en SAMAI.

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Radicado: 52001-23-33-000-2017-00515-02 (71018)
Demandante: Ministerio del Interior

el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por la Ley 1150 de 2007
art. 11, como consecuencia de los desembolsos realizados por el
Ministerio del interior al Municipio de Mocoa – Putumayo, con ocasión
del objeto del convenio interadministrativo ya señalado.

2.5. Se indexen y se actualicen las sumas de dinero a las que resulte
condenada la entidad demandada como consecuencia de la declaratoria
de incumplimiento y liquidación judicial del convenio interadministrativo F-
327 de 2013, al momento de dictar la Sentencia.

2.6. Solicito al H. tribunal, condenar en costas a la entidad demandada”.

1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la demandante formuló los
siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:

1.3.1. Afirmó que el 7 de noviembre de 2013, suscribió el convenio
interadministrativo No. F- 327 de 2013 con el Municipio, cuyo objeto fue el estudio,
diseño y construcción del centro de integración ciudadana – CIC en el municipio de
Mocoa (Putumayo) y su valor ascendió a la suma de $ 683.000.000.

1.3.2. Manifestó que el convenio debía ejecutarse hasta el 30 de junio de 2014,
plazo que contaba a partir de la fecha de aprobación de la garantía única por parte
de la subdirección de Gestión contractual del Ministerio y una vez cumplidos los
requisitos de ejecución, previo perfeccionamiento del contrato.

1.3.3. Señaló que el convenio fue objeto de dos prórrogas: la primera se suscribió
el 26 de junio de 2014, extendiendo el plazo de ejecución hasta el 28 de octubre de
2014; y la segunda, fue suscrita el 28 de octubre de 2014, ampliando el plazo de
ejecución hasta el 30 de diciembre de 2014.

1.3.4. Precisó que a efectos de liquidar el convenio las partes acordaron que dicha
liquidación se llevaría a cabo dentro de los cuatro (4) meses contados a partir del
vencimiento del plazo de ejecución. Además, se estableció que, en el evento en que
el Municipio no se presentara a la liquidación del convenio o no aportara los
documentos requeridos, se acudiría al procedimiento previsto en las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007 y en el Decreto 019 de 2012 y se estipuló que la falta de entrega
oportuna de los documentos o de la información necesaria para el desarrollo del
proceso de liquidación por parte del Municipio, daría lugar al inicio de un
procedimiento para la declaratoria de incumplimiento del convenio.

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Demandante: Ministerio del Interior

1.3.5. En tal sentido, recalcó que el Ministerio requirió al Municipio para que allegara
los documentos necesarios a efectos de liquidar el convenio -mediante los oficios
No. OFI16-000000754-SIN-4020 de 15 de enero de 2016, OFI16-000001388-SIN-
4020 de 23 de enero de 2016, OFI16-000003497-SIN-4020 de 11 de febrero de
2016, OFI16-000004573-SIN-4020 de 17 de febrero de 2016, OFI16-000009866-
SIN-4020 de 31 de marzo de 2016-, sin que el ente territorial hubiera aportado la
información solicitada.

1.3.6. Señaló que el Ministerio del Interior realizó los desembolsos correspondientes
mediante comprobantes de egreso SIIF,: el primero, con No. 6932514 del 28 de
enero de 2014, por un valor de $41.938.596,00; el segundo, con No. 288584214 del
18 de noviembre de 2014, por $231.261.404,00; el tercero, con No. 3240515 del 16
de enero de 2015, por $341.500.000,00; y el último, con No. 308605415 del 27 de
octubre de 2015, por $68.300.000,00, previo cumplimiento de los requisitos
señalados en la cláusula sexta del convenio.

1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora señaló que el
Municipio incumplió el convenio: i) porque no entregó los documentos necesarios
para efectuar su liquidación; y ii) porque no ejecutó el valor girado, al punto que no
suministró información alguna sobre este particular, contraviniendo lo estipulado en
el acuerdo de voluntades.

2. Admisión de la demanda y su contestación

2.1. El 27 de septiembre de 20172, el Tribunal Administrativo de Nariño admitió la
demanda, por encontrar reunidos los requisitos de ley, decisión que fue notificada
debidamente.

2.2. El 17 de noviembre de 20173, el Municipio contestó la demanda y se opuso a
sus pretensiones, por considerar que cumplió a cabalidad con las obligaciones
pactadas en el convenio.

2 Folios 36 - 39 del archivo pdf 1.de la carpeta (3E_EXPTRIBUN_00EXPEDIENTEFISICODI(.zip)

NroActua 2, del índice 2 del Consejo de Estado en SAMAI.
3 Folios 56 - 65 del archivo pdf 1, de la carpeta (3E_EXPTRIBUN_00EXPEDIENTEFISICODI(.zip)

NroActua 2, del índice 2 del Consejo de Estado en SAMAI.

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Radicado: 52001-23-33-000-2017-00515-02 (71018)
Demandante: Ministerio del Interior

2.2.1. En tal sentido, indicó que, contrario a lo afirmado por la parte actora, realizó
las siguientes actuaciones a efectos de cumplir con las obligaciones a su cargo: i)
suscribió el contrato de obra No. 162 del 1º de septiembre de 2014 para la
construcción del Centro de Integración Ciudadana para el Municipio; ii) suscribió el
contrato de consultoría No. 127 de 21 de julio 2014; iii) suscribió el contrato de
consultoría No. 076 del 28 de marzo de 2014; y iv) suscribió el contrato de
consultoría No. 071 del 28 de febrero de 2014.

2.2.2. Sostuvo que, mediante oficio de fecha del 31 de diciembre de 2014, allegó
de manera oportuna todos los documentos requeridos para la liquidación del
convenio.

2.2.3. Por otra parte, señaló que ejecutó los recursos consignados por el Ministerio
del Interior, de lo cual dan cuenta las pruebas allegadas con la contestación de la
demanda.

2.2.4. Finalmente, formuló las siguientes excepciones: i) “improcedencia de las
pretensiones por inexistencia de fundamento jurídicos y fácticos para reclamarlas”,
frente a lo cual afirmó que cumplió en su totalidad con lo pactado en el convenio; ii)
“inexistencia de incumplimiento de la obligación de entregar soportes”, debido a
que, mediante oficio de fecha del 31 de diciembre de 2014, allegó los documentos
para liquidar el convenio; y iii) la “genérica e innominada”.

3. Audiencia inicial y de pruebas

3.1. El 10 de abril de 20194, el Tribunal Administrativo de Nariño llevó a cabo la
audiencia inicial, en la cual no se encontró vicio alguno que debiera ser objeto de
saneamiento.

Adicionalmente se declaró fallida la etapa de conciliación por falta de ánimo
conciliatorio. En relación con las excepciones formuladas en la contestación de la

4 Folios 530-536 del archivo 9audiencia inicial-alegatos.pdf., de la capeta.
(3ED_EXPTRIBUN_00EXPEDIENTEFISICODI(.zip) NroActua 2 del índice 2 del Consejo de Estado
en SAMAI.

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Demandante: Ministerio del Interior

demanda por parte del municipio de Mocoa, decidió que se resolverían en la
sentencia, por tratarse de excepciones de fondo.

Seguidamente, el tribunal fijó el litigio en el entendido de determinar si el Municipio
cumplió o no las obligaciones contenidas en los numerales 19, 29, 34 y 38 de la
cláusula segunda del Convenio. A su vez, consideró necesario establecer si había
lugar o no a liquidar judicialmente el convenio y, en consecuencia, determinar si
procedía ordenar la restitución de lo desembolsado por el Ministerio.

Una vez resuelto lo anterior, el tribunal decretó como pruebas las documentales
aportadas con la demanda y su contestación, y negó el decreto de las testimoniales
solicitadas por las partes, al considerar que no eran útiles, necesarias ni pertinentes.

3.2. Acto seguido, se constituyó en audiencia de pruebas, en virtud de la cual
incorporó las pruebas documentales decretadas en la audiencia inicial. Una vez
concluida la diligencia, dispuso prescindir de la audiencia de alegaciones y
juzgamiento, por lo que corrió traslado a las partes para que presentaran sus
alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

4. Alegatos de conclusión

4.1. El Municipio presentó sus alegatos de conclusión oportunamente5. En su
escrito, reiteró los argumentos en los que basó las excepciones de fondo formuladas
en su contestación de la demanda. Insistió en que no incumplió lo pactado en el
convenio, por lo cual no procedía pago alguno en favor del demandante. Reiteró
que, mediante oficio de fecha 31 de diciembre de 2014, allegó la totalidad de la
documentación requerida para poder efectuar la liquidación, por lo que el convenio
debía liquidarse en los términos que establece la Ley, y no en sede judicial.

4.2. El Ministerio del Interior y el Ministerio público guardaron silencio en esta etapa
procesal.

5 Folios 547-593 Índice 2 del archivo 9audiencia inicial-alegatos.pdf de la carpeta
(3ED_EXPTRIBUN_00EXPEDIENTEFISICODI(.zip) NroActua 2 del índice 2 del Consejo de Estado
en SAMAI.

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Demandante: Ministerio del Interior

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 18 de octubre de 20226, el Tribunal Administrativo de Nariño
declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control de
controversias contractuales.

En tal sentido, empezó por precisar que, de conformidad con lo previsto en el
artículo 95 de la Ley 489 de 1998, el acuerdo suscrito entre las partes correspondió
a un convenio interadministrativo, dado que, aunque quedaron establecidas
obligaciones recíprocas de contenido patrimonial, tanto en dinero como en especie,
estas no eran propias de un contrato conmutativo sinalagmático. Por el contrario, a
su juicio, la naturaleza del convenio era de asociación, pues se celebró con la
finalidad de coordinar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el
cumplimiento de sus funciones constitucionales, en este caso, la construcción de la
obra pública denominada Centro de Integración Ciudadana – CIC en el municipio
de Mocoa.

Aclarado lo anterior, el a quo analizó la oportunidad del ejercicio del medio de control
de controversias contractuales. En tal sentido, señaló que, de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, a los convenios interadministrativos no les
aplica el término de dos (2) meses para la liquidación unilateral prevista en la Ley,
salvo que esta hubiera sido pactada expresamente en el convenio.

Así las cosas, precisó que en el convenio en cuestión no se pactó de forma clara y
expresa la posibilidad de aplicar la liquidación unilateral. Al efecto, destacó que lo
estipulado en el parágrafo tercero de la cláusula cuarta, en el que se indicó que en
el evento en que el Municipio no se presentara a la liquidación o no aportara los
documentos requeridos se acudiría al procedimiento previsto en las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007 y en el Decreto 019 de 2012, no cumplía con los criterios
hermenéuticos para considerarlo una autorización en el sentido de liquidar
unilateralmente el contrato.

6 Índice 12 del historial de actuaciones judiciales de primera instancia en SAMAI.

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Demandante: Ministerio del Interior

Aunado a lo anterior, indicó que, según el criterio del Consejo de Estado, la
aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -
EGCAP-, tratándose de convenios interadministrativos cuya naturaleza es
asociativa, resulta restringida y excepcional, pues solo procede en lo que resulte
congruente con su naturaleza asociativa y de cooperación. En esa medida,
concluyó que, en el presente caso, la liquidación unilateral no era procedente dado
que dicha facultad no era compatible con la naturaleza del convenio.

En consecuencia, concluyó que la demanda se presentó por fuera del término
establecido en la Ley, toda vez que el plazo del convenio interadministrativo,
incluyendo sus prórrogas, finalizó el 30 de diciembre de 2014. Así, el término de los
cuatro (4) meses con los que contaban las partes para llevar a cabo la liquidación
de mutuo acuerdo culminaron el 30 de abril de 2015, por lo tanto, el término de
caducidad de dos (2) años venció el 30 de abril de 2017; empero, la demanda se
presentó hasta el 12 de mayo de 2017.

6. Recurso de apelación

El 6 de febrero de 20237, el Ministerio del Interior interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, que fue concedido el 7 de febrero de 20248
y admitido el 15 de marzo de 20249. En su escrito, el recurrente solicitó revocar la
sentencia apelada y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, ya
que, contrario a lo concluido por el a quo, la demanda fue presentada en término,
por lo que era dable acceder a las pretensiones formuladas en el libelo introductorio.

En esta línea, manifestó que la decisión adoptada por el a quo se sustentó en una
interpretación que lo dejó sin la posibilidad de acudir a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, al considerar que se aplicó de forma errónea el artículo
164 del CPACA, pues no se computó el plazo adicional de los dos (2) meses que la
Ley otorga para la liquidación unilateral en los casos en que no se efectúe la
liquidación de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la

7 Índice 16 del historial de actuaciones judiciales de primera instancia en SAMAI.
8 Índice 28 del historial de actuaciones judiciales de primera instancia en SAMAI.
9 Índice 6 del historial de actuaciones judiciales del Consejo de Estado en SAMAI

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Demandante: Ministerio del Interior

terminación del convenio, lo anterior, con fundamento en un auto de unificación del
Consejo de Estado de fecha 1º de agosto de 201910.

Por otra parte, señaló que el principio de autonomía de la voluntad de las partes,
faculta a los particulares o entidades públicas para negociar sobre sus intereses.
Destacó que dicho principio se aplicó al convenio, al haberse pactado de forma clara
y expresa, en la cláusula cuarta, la posibilidad de liquidarlo unilateralmente. Sobre
este punto, el apelante manifestó:

“(…) pues como se evidencia del clausulado del Convenio F-327 de 2013,
se pactó que en el evento en que EL MUNICIPIO no se presente a la
liquidación del Convenio o no aporte los documentos requeridos para el
efecto, se acudirá al procedimiento previsto en las leyes 80 de 1993, 1150
de 2007 y Decreto 019 de 2012, situación que pasa por alto el a quo.”

Por último, señaló que no resultaba procedente que el a quo hubiera prescindido
del término legal con el que contaba el Ministerio del Interior para realizar la
liquidación unilateral del convenio, además de pasar por alto la voluntad de las
partes.

7.Actuaciones en segunda instancia

Una vez concedido y admitido el recurso de apelación, el expediente ingresó para
fallo, debido a que no se solicitaron ni se decretaron pruebas en el trámite de la
segunda instancia.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia para conocer el
presente asunto; (2) medio de control procedente; (3) legitimación en la causa; (4)
problema jurídico (5) solución al problema jurídico; y (6) costas.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Unificación Jurisprudencial, Expediente No. 05001-23-33-

000-2018-00342-01(62009) de 1 de agosto de 2019, C.P. Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas.

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Radicado: 52001-23-33-000-2017-00515-02 (71018)
Demandante: Ministerio del Interior

1. Jurisdicción y competencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con fundamento en el artículo 10411 del CPACA12, vigente a la fecha de
presentación de la demanda, pues el convenio interadministrativo F- 327 de 7 de
noviembre de 2013 fue suscrito por el Ministerio del Interior y el municipio de Mocoa,
es decir, por dos entidades públicas.

Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 18 de octubre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con el artículo 15013 y el
numeral 5 del artículo 15214 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del
proceso, en razón a que la pretensión mayor de la demanda excedió los 500 salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición del libelo
introductorio15.

11 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá
de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
los que sea parte una entidad pública […]”.
12 La Ley 1437 de 2011 -CPACA- resulta aplicable al presente asunto, con las modificaciones

introducidas por la Ley 2080 de 2021, dado que la demanda se radicó el 12 de mayo de 2017 y el
recurso de apelación se interpuso el 6 de febrero de 2023, esto es, de manera posterior a la entrada
en vigor de dicha norma.
13 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación
por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto al que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia […]”.
14 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado,
y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en
los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes […]”.
15 El valor del salario mínimo legal mensual vigente en el 2017 ascendía a $737.717. Información

obtenida de la página oficial del Banco de la República de Colombia
https://www.banrep.gov.co/es/salarios. Para dicha anualidad, el tope correspondiente a los 500
SMLMV equivalía a $368’858.500. En este caso, la pretensión mayor de la demanda se estimó en
un monto de $683.000.000.

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Demandante: Ministerio del Interior

2. Medio de control procedente

En virtud de lo previsto en el artículo 14116 del CPACA, cualquiera de las partes de
los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su
nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos
administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a
indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y
condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que
acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que
también puede ser declarada de oficio por el juez.

Bajo el anterior contexto, en el presente caso el medio de control procedente es el
de controversias contractuales, por cuanto en el libelo introductorio se pretende la
declaratoria de incumplimiento del convenio interadministrativo F- 327 de 7 de
noviembre de 2013 y su liquidación judicial.

3. Legitimación en la causa

En el presente caso, el Ministerio del Interior y el municipio de Mocoa están
legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, comoquiera que
ostentan la calidad de partes del convenio objeto de litis.

4. Objeto de la impugnación y la delimitación del problema jurídico a resolver
en esta instancia

El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen los cargos planteados en contra de la providencia recurrida. Así, la

16 “Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su

nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de
los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios,
y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la
liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal
no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo
convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley. (…)
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la
nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté
plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes
contratantes o sus causahabientes”.

11

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00515-02 (71018)
Demandante: Ministerio del Interior

Subsección advierte que el análisis del caso concreto se circunscribirá
exclusivamente a los reparos concretos formulados en el recurso de apelación,
frente a lo cual habrá lugar a resolver el siguiente problema jurídico.

Corresponde a la Sala establecer si la demanda presentada por el Ministerio del
Interior el 12 de mayo de 2017 se interpuso en tiempo.

5. Solución al problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico, conviene referirse brevemente al régimen
jurídico del acuerdo de voluntades objeto de la litis.

5.1. Naturaleza jurídica del convenio interadministrativo No. F-327 de 2013

La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido
reiteradamente que, aunque tanto el convenio como el contrato interadministrativo
son manifestaciones de la voluntad que involucran a dos entidades públicas, ambos
son diferentes, como se pasa a exponer.

En ese sentido, el convenio, cimentado sobre la base de un ánimo colaborativo y en
criterios asociativos y de cooperación, debe estar desprovisto de una
contraprestación y/o remuneración, por lo que en tal escenario no existe una
contraposición de intereses entre los sujetos que lo suscriben, aunque puede haber
un contenido patrimonial, pero no dirigido a retribuir al asociado, sino con el fin de
propiciar objetivos comunes17.

En efecto, los convenios administrativos están basados en el mandato del artículo
95 de la Ley 489 de 199818, que permite, en virtud de la colaboración que debe

17 Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Subsección A. Sentencia del 22 de octubre de 2021.

Radicado 52001-23-33-000-2017-00598-01 (65.978) y ii) Subsección C. Sentencias del 24 de abril
de 2024. Radicado 44001-23-40-000-2017-00170-01 (67.522) y del 22 de mayo de 2024. Radicado
08001-23-33-000-2019-00226-01 (67.460).
18 “Artículo 95. Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el

fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios
que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. // Las personas jurídicas sin ánimo de lucro
que se conformen por la asociación exclusiva de entidades públicas, se sujetan a las disposiciones
previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades de este género. Sus Juntas o

12

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00515-02 (71018)
Demandante: Ministerio del Interior

preponderar entre las entidades del Estado, la posibilidad de “cooperar” mediante
la celebración de convenios interadministrativos, de ahí que tiene que haber una
coincidencia de fines frente a ambas partes y un ánimo cooperativo, aspecto en el
cual es plausible que cada entidad incurra en costos y gastos -aportes-, pero sin
que se persiga una retribución individual “pues en tales eventos se estará en
presencia de verdaderos contratos”19.

Entre tanto, los convenios interadministrativos están sometidos a los principios
constitucionales y legales de la actividad contractual del Estado, como lo son la
transparencia, planeación, buena fe y economía, entre otros, así como a los
principios de la función administrativa del artículo 209 constitucional; empero, las
reglas de la Ley 80 de 1993 y sus reformas -Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública - EGCAP- no son de aplicación automática a tales
convenios, pues dicha normativa se encarga prevalentemente de prever el régimen
de las relaciones contractuales de contenido patrimonial y oneroso, de ahí que en
cada caso deba analizarse cuando puede proceder considerar esa normativa de
cara a los acuerdos convencionales20.

Por su parte, los contratos administrativos, en tanto especie del género contrato
estatal, traen consigo el hecho de prestaciones correlativas a cargo de los sujetos
negociales, de ahí que las relaciones negociales no se encuentran sujetas a un
objetivo común, pues mientras la contratante busca el cumplimiento de un fin estatal
a su cargo, la contratista actúa en procura de ese fin, pero a cambio de una
retribución patrimonial por el cumplimiento de la satisfacción de la prestación a la
que se obliga21, por lo que son bilaterales, onerosos y conmutativos.

Adicionalmente, los contratos interadministrativos se encuentran sometidos por la
Ley 80 de 1993 y sus reformas y la Ley 1150 de 2007 dispuso en el literal c) del

Consejos Directivos estarán integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos
internos, los cuales proveerán igualmente sobre la designación de su representante legal”.
19 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 26 de julio de 2016. Radicado

11001-03-06-000-2015-00102-00.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2024.

Radicado 70001-23-33-000-2017-00174-01 (63983).
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 21 de mayo de 2021. Radicado

250002336000 201501315 01 (57822).

13

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00515-02 (71018)
Demandante: Ministerio del Interior

numeral 4 de su artículo 222 que habrían de suscribirse mediante el procedimiento
de contratación directa, siempre que sus obligaciones tengan relación directa con el
objeto de la entidad ejecutora y excepto los contratos de obra, suministro, prestación
de servicios de evaluación frente a normas o reglamentos técnicos, encargos
fiduciarios y fiducia cuando las instituciones de educación superior o sociedades de
economía mixta con participación mayoritaria del Estado o personas jurídicas sin
ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas o federaciones
de entidades territoriales sean las ejecutoras.

Además de lo anterior, el juez contencioso administrativo se ha encargo de develar
la verdadera naturaleza de acuerdos de voluntades que se rotulan como convenios
cuando en realidad son contratos o viceversa, para lo cual ha sostenido que, más
allá de su denominación, lo relevante para establecer su contenido material es el
análisis de aspectos como si se persigue exclusivamente un ánimo colaborativo o
si por el contrario cada sujeto tiene intereses individuales y/o obligaciones a su
cargo, entre ellas retribuciones económicas y el recibo de un bien o servicio. A su
vez, ha advertido que la celebración de contratos en estricto sentido bajo el velo de
convenios es una afrenta a la lógica competitiva de los procedimientos de selección
que en ocasiones impone acudir a mecanismos como la selección objetiva23.

A la sazón, bajo el escenario anterior esta Corporación ha concluido que, en
ocasiones, la suscripción de convenios o contratos administrativos cuando se
encuentran proscritos para determinados casos y aun así se perfeccionan puede
llevar a su nulidad absoluta, verbi gracia por aspectos como un objeto ilícito o, a su

22 “Artículo 2o. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con
arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de
méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: […] 4. Contratación directa. La
modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: a)
Urgencia manifiesta; b) Contratación de empréstitos; c) <Inciso 1o. modificado por el artículo 92 de
la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Contratos interadministrativos, siempre que las
obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora
señalado en la ley o en sus reglamentos. // Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación
de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos
fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades
de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de
lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades
territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que
participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por
los numerales 1 y 2 del presente artículo […]”.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 4 de septiembre de 2022.

Radicado 76-001-23-31-000-2006-03473-01 (67731).

14

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00515-02 (71018)
Demandante: Ministerio del Interior

vez, por situaciones como una expresa prohibición constitucional y legal, lo que
evidencia que el juez cuenta con herramientas para, incluso de oficio, retirar ese
tipo de decisiones del ordenamiento jurídico por su carácter de espurio y transgresor
de los mandatos de selección objetiva24.

En suma, los convenios y contratos interadministrativos son acuerdos suscritos
entre entidades del Estado con diferencias que tienen implicaciones esenciales
frente al régimen que les resulta aplicables y la ejecución de su objeto, de ahí que
cuando aquellos son impugnados en sede judicial, corresponda develar su alcance
real a efectos de verificar que no esté incurso en ninguna circunstancia de nulidad
absoluta.

Bajo el anterior contexto jurisprudencial, asociado a la naturaleza jurídica y al
componente teleológico de los convenios interadministrativos, la Sala advierte que
el acuerdo de voluntades celebrado entre el Ministerio del Interior y el Municipio
comporta las características propias de convenio interadministrativo en virtud de lo
establecido por el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, dado que su objeto consistió
en aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para
promover la gobernabilidad y la seguridad ciudadana a través de la construcción de
infraestructura, mediante la ejecución del proyecto denominado “ESTUDIO,
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA-
CIC en el Municipio de MOCOA – EL PROGRESO (PUTUMAYO)”.

Al respecto, conviene destacar que las consideraciones25 que se tuvieron en cuenta
para suscribir el referido convenio, entre otras, fueron las siguientes:

“(...) objeto: promover la integración social y comunitaria en torno a
estructuras urbanas de participación, barrismo social y prevención de la
violencia y el delito, a partir de escenarios integrales que faciliten el
desarrollo de la convivencia dentro de la comunidad .[…] Con base en
estas estructuras y escenarios integrales de convivencia, se podrán
conformas esquemas de trabajo que integraran a la comunidad con
facilitadores del dialogo y de derechos humanos, así como gestores
cívicos de convivencia. […] A partir de la estructura física del escenario

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 31 de marzo de 2023. Radicado

76001233100020060328401 (58.623).
25 Folios 56 -59 del archivo 10 pruebas.pdf de la carpeta

(3ED_EXPTRIBUN_00EXPEDIENTEFISICODI(.zip) NroActua 2 del del índice 2 del Consejo de
Estado en SAMAI.

15

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00515-02 (71018)
Demandante: Ministerio del Interior

deportivo se plantea un nuevo concepto de civilidad, barrismo social
urbano, integración social y reconocimiento participativo de tribus
urbanas, para la prevención de la violencia y el delito. […] Justificación:
[…] El Ministerio del interior, dentro de sus objetivos misionales y en el
marco de sus competencias, tal como lo establece el Decreto 2893 de
2011, debe “formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política
pública, planes, programas y proyectos en materia de … seguridad y
convivencia ciudadana… la cual se desarrollará a través de la
institucionalidad que comprende el Sector,”; asimismo esta encargado de
promover y apoyar la generación de infraestructura para la seguridad y
convivencia ciudadana en las entidades territoriales […].”

Así las cosas, una vez examinado el acuerdo de voluntades en comento, no se
observa que entre los extremos convencionales exista contraposición de intereses
de cara a la realización de las labores de mejoramiento acordadas. Por el contrario,
se advierte un interés común, toda vez que el aporte económico suministrado en las
condiciones de la cláusulas quinta y sexta del convenio26 por el Ministerio del Interior
-como entidad encargada de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política
pública, planes, programas y proyectos en materia de seguridad y convivencia
ciudadana-27, se encaminó a fortalecer la capacidad financiera del Municipio, para
que este, a su vez, adelantara la contratación de los estudios y diseños, obra e
interventorías requeridos para la adecuada ejecución del proyecto. Asimismo, el
Municipio asumió la obligación de aportar un lote de su propiedad para la ejecución
del proyecto28, de manera que tanto el Municipio como el Ministerio asumieron
obligaciones de contenido patrimonial; sin embargo, estas no deben entenderse
como contraprestaciones económicas entre las partes, toda vez que son
obligaciones asumidas con el fin de propiciar objetivos comunes.

En ese orden de ideas, la Subsección considera que la estructuración, confección y
el diseño del convenio objeto de debate, en efecto, está edificada sobre un ánimo
colaborativo de las entidades públicas que lo suscribieron, lo cual encaja
perfectamente en el criterio asociativo y de cooperación que subyace a todo

26 Folios 56 -59 del archivo 10 pruebas.pdf de la carpeta

(3ED_EXPTRIBUN_00EXPEDIENTEFISICODI(.zip) NroActua 2 del del índice 2 del Consejo de
Estado en SAMAI.
27 Ver Decreto 2893 de 2011, “por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y

funciones del Ministerio del interior y se integra el Sector Administrativo del Interior.”
28 Folios 56 -59 del archivo 10 pruebas.pdf de la carpeta
(3ED_EXPTRIBUN_00EXPEDIENTEFISICODI(.zip) NroActua 2 del del índice 2 del Consejo de
Estado en SAMAI.

16

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00515-02 (71018)
Demandante: Ministerio del Interior

convenio interadministrativo, así como en el plano de horizontalidad en el que
interactúan y se interrelacionan los extremos convencionales.

5.2. Oportunidad del medio de control

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica y de evitar la parálisis del tráfico
jurídico, dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general29, estableció en el proceso contencioso administrativo
unos plazos para ejercer oportunamente los medios de control judicial, que resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción30 y ofrecer estabilidad del
derecho, de suerte que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

29 Corte Constitucional, sentencia C-394 del 22 de mayo de 2002: “[...] La caducidad es una
institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración
normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el
fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del
conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En
esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la
protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que
se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter
irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su
ocurrencia [...]”.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2006.

Radicado 25000232500020030933101 (6871-2005) “[...] [E]l derecho al acceso a la administración
de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la
demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador […]. El
término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho
de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la
estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de
que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto
de derechos adquiridos [...]”.

17

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00515-02 (71018)
Demandante: Ministerio del Interior

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, se entiende también como una limitación de carácter
irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso
iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato
judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la
justicia31, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la
ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

Cabe precisar que la caducidad no admite suspensión, salvo que se presente una
solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las
Leyes 446 de 1998, 640 de 2001 y 2220 de 2022; tampoco admite renuncia y, de
encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

En el presente asunto, el tribunal de primera instancia encontró configurada la
caducidad del medio de control de controversias contractuales, toda vez que la
demanda se interpuso pasados dos (2) años contados a partir del vencimiento del
término estipulado por las partes para liquidar bilateralmente el convenio.

31 Corte Constitucional, sentencia C-574 del 14 de octubre de 1998: “[...] Si el actor deja transcurrir

los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho
fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos
constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la
caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado
derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto
de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas
por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado [...]”.

18

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00515-02 (71018)
Demandante: Ministerio del Interior

En su recurso, la parte demandante considera que, a efectos de computar el término
de caducidad, se debe tener en cuenta que las partes acordaron, además de la
liquidación bilateral, acudir a la liquidación unilateral, pues en tal sentido en el
convenio remitieron a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y al Decreto 019 de 2012.

El artículo 164 numeral 2 literal j) del CPACA establece varios supuestos para la
determinación del momento a partir del cual debe computarse el término de
caducidad de dos años del medio de control de controversias contractuales. De
forma general, dispone que dicho término empezará a correr a “partir del día
siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de
fundamento” y enseguida establece una serie de supuestos aplicables a los
contratos según estos sean de ejecución instantánea o requieran o no liquidación.

Respecto de los contratos que por su naturaleza o por disposición legal o contractual
requieran liquidación, el término de caducidad se computa a partir del vencimiento
del plazo que tenían las partes para liquidarlo, toda vez que la liquidación del
contrato se erige como la etapa en la cual se realiza el balance final de la ejecución
del contrato y se determina quién le debe a quien y cuánto, existiendo la posibilidad
de que se transen o se reconozcan reclamaciones económicas que pudieren
presentarse en sede judicial.

En el presente caso, se encuentra demostrado que el 7 de noviembre de 201332 las
partes celebraron el convenio. En la cláusula cuarta se estipuló el plazo para liquidar
el acuerdo de voluntades, de la siguiente manera:

“CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION Y PLAZO DE
LIQUIDACIÓN. […]. El plazo para la liquidación del presente convenio
será dentro de los cuatro (4) meses contados a partir del vencimiento del
plazo de ejecución […] PARÁGRAFO TERCERO. En el evento en que
EL MUNICIPIO no se presente a la liquidación del convenio o no aporte
los documentos requeridos para el efecto, se acudirá al procedimiento
previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 019 de 2012”.

32Folios 56-69 del archivo 10 pruebas.pdf de la carpeta:
(3ED_EXPTRIBUN_00EXPEDIENTEFISICODI(.zip) NroActua 2 del Índice 2 del Consejo de Estado
en SAMAI.

19

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00515-02 (71018)
Demandante: Ministerio del Interior

A juicio de la Sala, le asiste razón al tribunal a quo, pues, en efecto, en la cláusula
referida no se estipuló expresamente en cabeza de alguna de las partes la facultad
de liquidar unilateralmente el convenio; si bien se aludió a la posibilidad de acudir al
procedimiento previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 019 de
2012, de dicha afirmación por sí sola no se desprende la intención de las partes en
el sentido de dotarse -la una o la otra- de la potestad para liquidar unilateralmente
el convenio, no solamente porque en virtud de estos acuerdos no es dable hablar
de entidad contratante o entidad contratista -lo que tornaría inane la remisión a
dichas disposiciones-, sino también porque, como se indicó en precedencia (F.J.
5.1.), este tipo de acuerdos se rigen por sus propias estipulaciones, por lo que en
principio no es procedente acudir de forma supletiva, como lo pretende la parte
recurrente, a las previsiones contenidas en el EGCAP, de ahí que cualquier
estipulación sobre este particular debía consignarse expresamente en el acuerdo
de voluntades.

En relación con este asunto, en un caso análogo al que ocupa la atención de la Sala
-en el que se examinó el mismo clausulado contenido en otro convenio
interadministrativo suscrito por el Ministerio del Interior33-, se dijo lo siguiente:

“En el parágrafo tercero de la cláusula cuarta del convenio en cuestión se
acordó (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

PARÁGRAFO TERCERO. En el evento en que EL MUNICIPIO no se
presente a la liquidación del convenio o no aporte los documentos
requeridos para el efecto, se acudirá al procedimiento previsto en las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 019 de 2012 (negrillas del
texto original).

Aunque en dicho parágrafo se hizo mención -genéricamente- al procedimiento
de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y del Decreto 019 de 2012, lo cierto es
que no se identificó de manera clara cuál era el procedimiento que debía
seguirse ante la no comparecencia del municipio de San Bernardo a la
liquidación, de lo cual no puede inferirse que una parte acordó con la otra la
imposición de una liquidación.

En efecto, con la sola mención abstracta a esos cuerpos normativos no puede
entenderse que las partes hayan pactado un procedimiento convencional para
que una de ellas liquide unilateralmente el acuerdo, en tanto las facultades
convencionales de carácter unilateral deben ser pactadas de manera expresa y

33Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de octubre de 2021.
Expediente 52001-23-33-000-2017-00598-01 (65978).

20

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00515-02 (71018)
Demandante: Ministerio del Interior

con claridad, en el que se evidencie un consentimiento pleno, cuestión que brilla
por su ausencia en el clausulado del convenio. Sobre la anuencia previa de las
partes para el ejercicio de facultades unilaterales.
[…]
En el parágrafo tercero de la cláusula cuarta del convenio en cuestión las
entidades públicas acordaron que, en el caso en que el municipio de San
Bernardo no se presentará a la liquidación de dicho acuerdo o no aportará los
documentos requeridos para ello, “se acudirá al procedimiento previsto en las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 019 de 2012” […]

En suma, del clausulado del convenio interadministrativo no puede inferirse que
una de las entidades públicas que suscribió dicho acuerdo tenga la facultad de
liquidarlo de manera unilateral, pues no se evidencia pacto expreso y claro al
respecto. Esto significa que, ante la carencia de expresividad y claridad, no
puede extraerse que las partes hayan pactado convencionalmente el ejercicio
de esa unilateralidad
[…]
Por todo lo expuesto, debe advertirse que no es posible tener en cuenta los 2
meses a los que se refiere el artículo 164 precitado -que debe contarse a partir
del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente-,
porque ese lapso, tal como lo ha indicado la jurisprudencia de la Sección
Tercera de esta Corporación, tiene relación con la oportunidad con la que
cuenta la Administración para liquidar unilateralmente los negocios jurídicos,
facultad que no fue pactada convencionalmente para ser ejercida por alguna de
las entidades públicas que suscribieron el respectivo convenio
interadministrativo, como ya se vio atrás”.

Bajo el anterior contexto, para la Sala resulta claro que en el asunto sub judice, a
efectos de computar el plazo de la caducidad del medio de control, no es procedente
tener en cuenta el término de los dos (2) meses de la liquidación unilateral del
contrato, no solamente porque las partes no lo pactaron expresamente en el
convenio, sino también porque en virtud de la naturaleza del acuerdo de voluntades
y ante la falta de pacto inequívoco y expreso, no es dable acudir de forma supletiva
a las previsiones contenidas en el EGCAP sobre este particular. Así las cosas, la
caducidad deberá contabilizarse a partir del vencimiento del plazo que tenían las
partes para liquidar de forma bilateral el convenio.

En tal sentido, en el presente caso se tiene que el convenio finalizó el 30 de
diciembre de 201434, momento a partir del cual empezó a correr el término para su
liquidación bilateral, que se extendió hasta el 30 de abril de 2015, por lo que el plazo
de caducidad del medio de control de controversias corrió entre el 30 de abril de

34 Folios 156-157 del archivo 11.pdf de la carpeta
(3ED_EXPTRIBUN_00EXPEDIENTEFISICODI(.zip) NroActua 2 del Índice 2 del Consejo de Estado
en SAMAI y folio 225 del archivo 12.pdf de la carpeta
(3E_EXPTRIBUN_00EXPEDIENTEFISICODI(.zip) NroActua 2, del índice 2 del Consejo de Estado
en SAMAI.

21

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00515-02 (71018)
Demandante: Ministerio del Interior

2015 y el 30 de abril de 2017. En consecuencia, para la fecha en que se radicó la
demanda, esto es, para el 12 de mayo de 201735, ya había vencido el término para
su presentación en tiempo, de conformidad con lo establecido en el artículo 164,
numeral 2, literal j), numeral v), del CPACA, sin que para tal efecto sea menester
tener en cuenta el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación
extrajudicial, toda vez que, además de que en el proceso no se acreditó que la
entidad demandante hubiera adelantado dicho trámite, lo cierto es que la misma no
resulta obligatoria cuando quien demanda es una entidad pública -como ocurre en
el presente caso-, según lo previsto en el artículo 61336 del CGP.

Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró probada
la caducidad del medido de control de controversias contractuales.

6. Costas en segunda instancia

De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA37 -adicionado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021- y en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del
CGP38, procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve
desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando “en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

35 Folios 1-9. del archivo 1.pdf de la carpeta (3ED_EXPTRIBUN_00EXPEDIENTEFISICODI(.zip)
NroActua 2 -del índice 2 del Consejo de Estado en SAMAI.
36 “Artículo 613. Audiencia de conciliación extrajudicial en los asuntos contencioso administrativos.

Cuando se solicite conciliación extrajudicial, el peticionario deberá acreditar la entrega de copia a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, en los mismos términos previstos para el
convocado, con el fin de que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado resuelva sobre su
intervención o no en el Comité de Conciliación de la entidad convocada, así como en la audiencia
de conciliación correspondiente. // No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los
procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco en los
demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando
quien demande sea una entidad pública. // Las entidades públicas en los procesos declarativos que
se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra particulares, podrán solicitar
las medidas cautelares previstas para los procesos declarativos en el Código General del Proceso”.
37 “Artículo 188. Condena en costas [adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021]. Salvo en

los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
38 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto […] 8. Solo habrá lugar
a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

22

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00515-02 (71018)
Demandante: Ministerio del Interior

Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a la
demandante, pues interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia y aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera
concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del Código
General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que
en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la parte demandada
no intervino en segunda instancia39, de tal manera que aquellas no se entienden
causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de octubre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia al Ministerio del Interior,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera
instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y
tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código
General del Proceso.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Ana María Andrade Valencia
como apoderada del Ministerio del Interior, en los términos y para los fines
dispuestos en el poder obrante en el índice 4 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI
-Consejo de Estado-.

39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Radicado

17001233300020120017601 (51034).

23

Radicado: 52001-23-33-000-2017-00515-02 (71018)
Demandante: Ministerio del Interior

CUARTO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta
Corporación, en firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente de este
proceso al Tribunal de origen para lo de su cargo y, acto seguido, FINALIZAR y
ARCHIVAR esta actuación en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI del Consejo
de Estado.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado

AC1J/AC4

24

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