Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-33-000-2017-00174-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-33-000-2017-00174-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 70001-23-33-000-2017-00174-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
28 de octubre de 2024
Radicado: 70001-23-33-000-2017-00174-01 (63983)
Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación
70001-23-33-000-2017-00174-01 (63983)
número:
Demandante: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Demandado: MUNICIPIO DE SINCELEJO
Referencia: Controversias contractuales.
Tema 1: Incumplimiento de convenio interadministrativo. Tema 2: Naturaleza y régimen de
los convenios interadministrativos. Tema 3: Liquidación del convenio interadministrativo.
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Sucre – Sala Primera de Decisión Oral el primero (1) de marzo de dos mil diecinueve
(2019), denegatoria de las pretensiones.
SÍNTESIS
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ─MinVivienda─ y el municipio de
Sincelejo ─el municipio─ suscribieron un convenio interadministrativo, en virtud del
cual el MinVivienda aportaría los recursos para la construcción de siete colectores
para el alcantarillado municipal y, a su vez, el municipio se comprometió a ejecutar
los recursos y darles un uso exclusivo en función del objeto pactado; sin embargo, el
municipio solamente construyó seis colectores, dado que, por rediseños, se
ocasionaron mayores cantidades de obra. Las posiciones del demandante y del
demandado revelan desacuerdo sobre el alcance de una reformulación del proyecto,
pues, mientras que para el MinVivienda, lo que se aceptó fue que el colector faltante
se ejecutara con recursos del municipio; para el ente territorial lo que se convino fue
excluir del proyecto dicho colector. El MinVivienda pretende que se declare el
incumplimiento por parte del municipio y, además, que se liquide el convenio y se
ordene la devolución de la totalidad de los recursos otorgados porque, ante un evento
de incumplimiento, así se había pactado. El municipio se opone a lo pretendido y
propone la excepción de inexistencia de incumplimiento porque destinó la totalidad
de los recursos en la ejecución de seis colectores y, adicionalmente, estaba
adelantando con sus propios recursos las obras del séptimo colector.
I. ANTECEDENTES:
1.1. El veinticuatro (24) de julio de dos mil diecisiete (2017)1, el MinVivienda presentó
demanda contra el municipio de Sincelejo, en la que, en resumen, formuló las
1 Escrito de demanda obrante a folios 340-353 del cuaderno 2. Sello de radicación ante la Oficina Judicial de
Sincelejo al anverso del folio 353 ibidem.
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Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
siguientes pretensiones: (i) “[q]ue se declare el incumplimiento por parte del
Municipio de Sincelejo, del Convenio Interadministrativo No. 144 del 29 de junio de
2011 (…)”; (ii) que, como consecuencia, el municipio de Sincelejo le reintegre al
MinVivienda y/o al tesoro nacional seis mil quinientos cuarenta y nueve millones
quinientos doce mil doscientos setenta y ocho pesos ($6.549.512.278), “que
corresponden a los RECURSOS aportados por la Nación al Proyecto, en el marco
del Convenio de Usos de Recursos 144 de 2011 y que fueron asignados mediante
Resolución No. 1286 del 29 de junio de 2011”; (iii) “el reintegro […] por el valor de
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS ($298.499.405) que corresponden
a los RECURSOS por concepto de Rendimientos Financieros generados por el
Encargo Fiduciario para la ejecución de las obras”; (iv) “el reintegro […] por el valor
de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL OCHOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($164.655.830) que
corresponden a los RECURSOS de la tubería no instalada”; (v) “[q]ue se liquide el
Convenio Interadministrativo No. 144 del 29 de junio de 2011 […], teniendo en cuenta
los valores que anteceden”.
A modo de fundamento de sus pretensiones, el MinVivienda adujo, en síntesis, que
el municipio no dio cabal cumplimiento al objeto del Convenio No. 144 de 2011,
porque: (i) no ejecutó el colector del sector Villa Ángela que hacía parte del alcance
del proyecto para el cual se destinaron los recursos del convenio, con lo que
incumplió la cláusula primera y segunda, numeral 6° del convenio (ii) reconoció y
pagó tubería no instalada y no prevista en el alcance del proyecto, material que se
encuentra en poder del contratista de obra, con lo cual desconoció la cláusula
primera, y segunda numerales 1, 6 y 7 del convenio. Reseñó que:
1.1.1. El MinVivienda suscribió el Convenio 144 de 2011 con el municipio de
Sincelejo y éste se comprometió a usar los recursos aportados por la Nación
en cuantía de $6.459.512.278, para la construcción de colectores en los
barrios Villa Katty, Villa Ángela, Pioneros, Versalles, la Campiña, la Trinidad Y
Nuevo Bolívar de Sincelejo. El plazo de ejecución del convenio iba hasta el
22 de marzo de 2015.
1.1.2. El Municipio se obligó, entre otros asuntos, a destinar exclusivamente
los recursos en la ejecución de las obras; a aceptar el seguimiento de la
interventoría; a garantizar el esquema fiduciario para el manejo de los
recursos; a garantizar la ejecución total del proyecto, so pena de devolución
al Ministerio y, en caso de requerirse recursos adicionales a aportarlos, pues,
de no hacerlo, el Ministerio exigiría el reintegro total de la inversión; a realizar
los trámites necesarios para reinvertir en el proyecto los rendimientos
financieros y, a suscribir el Acta de liquidación.
1.1.3. El 11 de febrero de 2014, el Municipio solicitó al MinVivienda la
modificación del alcance físico del proyecto, con el fin de no construir el
colector de Villa Ángela y de utilizar los rendimientos financieros, aduciendo
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Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
mayores cantidades por ítems no previstos. El Ministerio respondió el 1 de
abril de 2014 que la reformulación del proyecto planteada no cumplía con los
requisitos exigidos.
1.1.4. El 4 de julio de 2014 el municipio solicitó nuevamente la reformulación
del proyecto, comprometiéndose a construir el colector del barrio Villa Ángela
durante el 2015 y solicitó la modificación del plan financiero para reinvertir los
rendimientos financieros. El 15 de julio de 2014 el Comité técnico No. 32
aprobó la reformulación, pero indicó que el proyecto no podía reducirse, pues
el municipio era responsable de las deficiencias en el diseño y, en esa medida,
el colector Villa Ángela debía ejecutarse, tal como el ente territorial se había
comprometido en oficio del 7 de julio anterior. Se tuvo como fecha máxima
para el cumplimiento del contrato el 31 de diciembre de 2015.
1.1.5. Con oficios del 5 de marzo y 26 de junio de 2015 la supervisión del
convenio requirió al municipio por la construcción del colector Villa Ángela.
Ante el incumplimiento del ente territorial, en abril de 2016 el Ministerio le
previno que daría inicio a la liquidación judicial del convenio. El 13 de febrero
de 2017 el municipio informó al MinVivienda que había contratado la
construcción del colector, sin que a la fecha de presentación de la demanda
se tuviera claridad sobre la terminación de dicha obra, con lo cual el ente
municipal estaba inmerso en el posible incumplimiento de las disposiciones
contractuales.
1.1.6. Existen diferencias considerables en las cantidades de tubería
suministradas y las cantidades instaladas, y existe un remanente que se
encuentra en poder del contratista de obra y, pese a que el 1 de marzo de
2017 el municipio indicó que se estaban realizando acercamientos con el
contratista para que la tubería pudiera ser utilizada en las obras del colector
de Villa Ángela, a la fecha de la demanda el municipio no había rendido
informe técnico de lo sucedido con esas mayores cantidades de tubería, como
tampoco de otras cantidades de tubería que adquirió con los recursos del
convenio y que no guardan relación con el alcance del proyecto.
1.2. La demanda fue admitida mediante auto del 8 de septiembre de 20172,
debidamente notificado3.
1.3. El municipio de Sincelejo contestó la demanda, con escrito4 en el que se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, por cuanto considera que no incumplió
el convenio y no se demostró que haya actuado de mala fe en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales. En su defensa, adujo que invirtió el 100% de los recursos
del convenio en la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta la reformulación
aprobada por el Ministerio sobre la exclusión del colector de Villa Ángela, dado que
2 Folio 362 del cuaderno No. 2.
3 Folio 367 del cuaderno No. 2.
4 Folios 379 a 390 del cuaderno No. 2.
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el municipio en Comité Técnico No. 32 del 15 de julio de 2014 aceptó que ese
colector no se construiría con recursos del convenio, sino del propio municipio.
Además, adujo que, en clara muestra de la buena fe del ente territorial, para el
cumplimiento total del convenio celebró el contrato de obra pública No. LP-014-OP-
2016, con el fin de construir el colector de Villa Ángela. Argumentó que no era cierto
que la tubería se encontrara en poder del contratista de la obra, pues tal elemento
estaba en poder del municipio. Como excepciones propuso: i) inexistencia de
incumplimiento del convenio por parte de municipio de Sincelejo, pues todos los
colectores incluidos en el plan financiero se construyeron y el colector que quedó
excluido se está construyendo con recursos propios del municipio, situación que era
previsible, dado que en la cláusula segunda del convenio se estipuló que podían
presentarse este tipo de situaciones y se dieron las pautas para solucionar esas
dificultades; ii) buena fe en la ejecución del convenio por parte del municipio de
Sincelejo, a tal punto que ha realizado ingentes esfuerzos para cumplir a cabalidad
las obligaciones adquiridas; iii) cobro de lo no debido, dado que el municipio ejecutó
en su totalidad el presupuesto asignado por el demandante, y los usó en la
construcción de los colectores comprendidos en la reformulación del proyecto; de
ello da cuenta el acta de entrega y recibo final del objeto contractual, y el acta de
liquidación del contrato de obra pública No. LP-017-2011.
1.4. El Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Primera de Decisión Oral profirió
sentencia el primero (1) de marzo de dos mil diecinueve (2019)5, en la que resolvió:
(i) declarar probadas las excepciones de “inexistencia de incumplimiento del
convenio” y “cobro de lo no debido” y, en consecuencia, (ii) negar las pretensiones
de la demanda.
Como razón para decidir, el tribunal tomó en consideración, en resumen, que:
1.3.1. Mediante acta del Comité Técnico No. 32 del 15 de julio de 2014, se
aprobó la reformulación del proyecto y la reinversión de los rendimientos
financieros. Al margen de que no se haya allegado documento alguno que
acredite la modificación del convenio, con dicha acta que tiene plena validez
en sus efectos se prueba la aquiescencia del contratante.
1.3.2. Si bien las pruebas denotan que las obras a ejecutarse en virtud del
convenio No. 144 no fueron finalizadas totalmente y habría lugar a predicarse
el incumplimiento del contrato, “debe tenerse en cuenta que la mayor parte de
lo incumplido deriva en una serie de aspectos técnicos y jurídicos, como la
falta de adquisición de servidumbres y las condiciones técnicas de las obras,
que no fueron tenidos en cuenta en la planeación del proyecto, omisión que
resulta imputable tanto al contratante como al contratista”. En tal contexto no
puede pretenderse la declaración de incumplimiento, aunado a que, tanto
contratante como contratista consintieron en la modificación del proyecto
inicial y en la mutación del contenido obligacional.
5 Folios 489-496 del cuaderno principal.
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1.3.3. Como las falencias del proyecto eran previsibles para el contratante y
aun así asintió en la suscripción del convenio y luego permitió la modificación
del proyecto inicial, el incumplimiento no resulta cierto, pues la “voluntad
contractual se modifica y las obligaciones son otras y solo a partir de ellas,
debe invocarse el incumplimiento no del contrato”.
1.3.4. Aun cuando es cierto que las cláusulas iniciales del convenio disponían
que la no ejecución del 100% de lo pactado conducía a la declaración de
incumplimiento, también lo es que la modificación del proyecto novó las
obligaciones y negó cualquier tipo de reintegro monetario, salvo en lo que
atañe a la reinversión de los rendimientos financieros ─$298.499.405─en el
objeto del contrato que el municipio de Sincelejo debía suscribir para la
construcción del colector del barrio Villa Ángela y, como se sabe que el
municipio suscribió el contrato LP-014-OP-2016 por valor de $1.186.353.115,
con independencia de que no se conozca en qué nivel de ejecución está esa
obra, puede inferirse que el rubro de los rendimientos financieros quedó
incluido en el valor de ese contrato y que ya se encuentra utilizado, pues,
según los testigos, la construcción del colector Villa Ángela iba en un 70%.
1.3.5. En cuanto a la tubería, el demandado allegó pruebas que demuestran
que esa tubería hace parte de la ejecución del contrato LP-014-OP-2016 para
la construcción del colector del barrio Villa Ángela.
1.4. El MinVivienda interpuso recurso de apelación6 contra la sentencia de primer
grado, cuya revocación íntegra solicitó. En subsidio de esto, pretende que se declare
que sí existió incumplimiento del convenio por parte del municipio y, que se liquide
judicialmente el convenio. Como fundamento de la alzada, el municipio planteó, en
resumen, los siguientes motivos de inconformidad:
1.4.1. Como se encuentra probado que el municipio dejó de construir el
colector Villa Ángela y que dicho colector hace parte de las obras objeto del
convenio, entonces está probado que el municipio incumplió sus obligaciones.
1.4.2. En cuanto a la tubería, indicó que el tribunal pasó por alto que se
destinaron recursos por fuera del proyecto, pues la tubería no se empleó para
la construcción de los colectores, a tal punto que a la fecha en que se cerró el
debate probatorio el colector Villa Ángela no se había construido.
1.4.3. Es inadmisible que el tribunal concluya que no hubo incumplimiento, a
sabiendas que en la audiencia de pruebas el municipio admitió que, para el
17 de julio de 2018, la construcción del colector Villa Ángela contaba con un
72% de ejecución de las obras y, aun así condena en costas al demandante,
desconociendo que las pruebas le daban la razón al MinVivienda, pues tanto
la insatisfacción de no construir el colector faltante, como el reconocer y pagar
tuberías desviando la finalidad de los recursos, son pruebas de que se está
6 Folios 509-512 del cuaderno principal.
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en presencia de un incumplimiento del municipio, ya que las obligaciones no
se cumplieron en la forma y oportunidad convenida.
1.4.4. El tribunal infirió que la reformulación del proyecto implicó la
aquiescencia y convalidación del Ministerio al incumplimiento del municipio y
ello no es así.
1.4.5. El tribunal ignoró la pretensión quinta de la demanda en la que se pedía
la liquidación judicial del convenio, dado que no fue posible concretar la
liquidación bilateral ni unilateral.
1.4.6. En cuanto a la condena en costas indicó que, aun cuando la
jurisprudencia ha dicho que aquellas se causan de manera objetiva en el
CPACA, también ha dicho que el juez debe revisar si efectivamente se
causaron como lo ordena el CGP y, “en el fallo no se vislumbran los criterios
de valoración para ello, toda vez que el Ministerio de Vivienda , ha actuado en
el presente caso, excluyendo criterios de decisión en su demanda de mala fe
o temeridad al interponer el medio de control de controversias contractuales”.
1.5. El recurso de apelación fue concedido7, admitido8 y se corrió traslado9 a las
partes y al Ministerio Público, para que aquellas alegaran y este conceptuara en
esta instancia. El MinVivienda se “ratificó” en sus cargos10 e indicó que al municipio
se le autorizó reinvertir los rendimientos financieros en caso de ser necesario, pero,
que como ya se habían asignado los recursos para financiar el colector Villa Ángela,
no le era dable hacer uso de los rendimientos para reformular el proyecto, así mismo,
que la evaluación del cumplimiento contractual debe hacerse en relación con el
vencimiento del plazo de ejecución del contrato y, hasta ese momento el municipio
no había cumplido plenamente con el objeto del convenio, mientras que el Ministerio
cumplió con todas sus obligaciones y en ningún momento ha demostrado renuencia
a liquidar el contrato, sino todo lo contrario, ha estado interesado en ello. El
municipio demandado reiteró sus argumentos en torno a que el convenio se
cumplió en los términos en que fue reformulado11, mientras el Ministerio Público
guardó silencio12.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Valida de la competencia que le asiste para conocer del recurso de apelación
interpuesto por el MinVivienda en su condición de demandante, de acuerdo con lo
7 Folio 519 del cuaderno principal.
8 Auto de 8 de julio de 2019. Folio 525 del cuaderno principal.
9 Auto de 9 de septiembre de 2019. Folio 528 del cuaderno principal.
10 Folios 530-542 del cuaderno principal.
11 Folios 543-548 del cuaderno principal.
12 Folio 554 del cuaderno principal.
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Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
establecido en los artículos 15013 y 152.514 ─antes de la modificación de la Ley 2080
de 2021─ del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (“CPACA”)15, y en consideración al ejercicio oportuno que de la acción
de controversias contractuales realizó el MinVivienda, conforme a lo dispuesto en el
ordinal v) del literal j) del artículo 164.2. del CPACA16-17, la Sala procede a dar
respuesta a los siguientes problemas jurídicos, que surgen en virtud de los cargos
de la alzada formulados por la parte demandante, de acuerdo con los artículos 320
y 328 del Código General del Proceso:
¿Incumplió el municipio de Sincelejo las obligaciones contraídas en el
Convenio interadministrativo No. 144 de 2011 por no haber concluido la
totalidad de las obras previstas en el objeto; así como por haber utilizado los
recursos del convenio para adquirir tubería que no requería el proyecto?
¿Procede la liquidación judicial del Convenio interadministrativo No. 144 de
2011 suscrito entre el MinVivienda y el municipio de Sincelejo para la
ejecución del proyecto de construcción de colectores en los barrios Villa Katty,
Villa Ángela, Pioneros, Versalles, la Campiña, la Trinidad y Nuevo Bolívar del
municipio de Sincelejo?
13 CPACA. Artículo 150. “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles
de este medio de impugnación. […]”.
14 CPACA. Artículo 152 “Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
[…] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en
sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados
por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas
exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. […]”.
15 La demanda fue presentada en el 2017, año en el cual el salario mínimo mensual ascendía a $737.717, según
el Decreto 2209 del 30 de diciembre de 2016. Por lo tanto, la cuantía estimada en la demanda, de seis mil
quinientos cuarenta y nueve millones quinientos doce mil doscientos setenta y ocho pesos ($6.549.512.278), (f.
352, anverso, c. 2), supera los 500 salarios mínimos mensuales que, para la fecha de presentación de la
demanda, equivalían a trescientos sesenta y ocho millones ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos pesos
($368.858.500).
16 CPACA. “Artículo 164.Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En
los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos el término para
demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho
o de derecho que les sirvan de fundamento. […] En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará
así: […] v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la
administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento
del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes
a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga; […]”.
17 En el sub examine, está acreditado que en el Convenio interadministrativo No. 144 de 2011 (f. 1-3, c.1) se
estipuló en la cláusula cuarta, que su plazo de ejecución iría desde su perfeccionamiento y hasta seis (6) meses
después de la finalización de las obras. Como hasta la fecha en que se interpuso la demanda ─24 de julio de
2017─ no se había suscrito entre el Minvivienda y el municipio de Sincelejo el acta de finalización de obras, ni se
ha proferido por parte del Ministerio el acto administrativo que ordene su terminación o su liquidación unilateral,
dado que aquello que invoca el demandante es, precisamente, que las obras objeto del contrato no han sido
entregadas en su totalidad, puede decirse que la demanda se interpuso oportunamente.
Ahora, si se tomara en cuenta que las obras ─sin incluir el colector Villa Ángela─ fueron entregadas por parte del
contratista al municipio de Sincelejo el 22 de septiembre de 2014, tal como consta en el acta de entrega obrante
a folios 162-168 del cuaderno 4, se tendría que el plazo convenido finalizó el 22 de marzo de 2015. Así mismo,
de acuerdo con la cláusula Décima Octava del convenio, las partes pactaron que se liquidaría bilateralmente
dentro de los cuatro meses siguientes a la expiración del plazo, esto es, hasta el 22 de julio de 2015 y, que de
no procederse al finiquito de común acuerdo, el Ministerio podría liquidarlo de forma unilateral dentro de los dos
meses siguientes, esto es, hasta el 22 de septiembre de 2015. En ese evento también se tendría como
presentada de forma oportuna la demanda, habida cuenta que se hizo dentro del plazo bianual que empezó a
correr desde el 23 de septiembre de 2015 e iba hasta el 23 de septiembre de 2017, pues la demanda se impetró
el 24 de julio de 2017.
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Radicado: 70001-23-33-000-2017-00174-01 (63983)
Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
¿Era procedente la condena en costas que la primera instancia le impuso al
MinVivienda?
Como supuesto de la respuesta que requieren estos problemas, la Sala encuentra
probado en el expediente, que:
2.1.1. El objeto del Convenio interadministrativo No. 144 de 2011 del 29 de junio de
201118, suscrito entre el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y el municipio de Sincelejo, consistió en “establecer los términos y
condiciones para el uso de los recursos aportados por la Nación para la ejecución
del Proyecto “Construcción de Colectores para los Barrios Villa Katty, Villa Ángela,
Pioneros, Versalles, la Campiña, la Trinidad y Nuevo Bolívar del municipio de
Sincelejo ”. Para ello, el MinVivienda entregó19 seis mil quinientos cuarenta y nueve
millones quinientos doce mil doscientos setenta y ocho pesos ($6.549.512.278), que
fueron asignados mediante Resolución No. 1286 del 29 de junio de 201120 y
contaban con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal21. Así mismo,
además de entregar el apoyo financiero, el MinVivienda se comprometió a ejercer la
supervisión del convenio, para lo cual suscribió contrato de gerencia integral de
proyectos con FONADE22 y, a su vez, FONADE contrató a ING. INGENIERÍA S.A.,
mediante contrato 2120230 para que llevara a cabo la interventoría técnica,
administrativa, financiera y ambiental a la construcción de los colectores23.
Por su parte, con este negocio jurídico, el municipio se obligó a “[d]estinar los
recursos aportados por la Nación exclusivamente en la ejecución del proyecto objeto
del […] convenio, en los términos de la ficha de Viabilización de Ventanilla Única del
Viceministerio de Agua y Saneamiento del MINISTERIO”24, a “[a]delantar todas las
acciones necesarias para garantizar la ejecución total del proyecto objeto de
financiación, incluyendo la adición de recursos adicionales en caso de requerirse, so
pena de la devolución de los recursos al MINISTERIO25; “[E]n el evento en que se
requieran recursos adicionales, el MUNICIPIO deberá aportar dichos recursos. De
no hacerlo, el MINISTERIO exigirá el reintegro total de la inversión26; […] Reintegrar
18 Folios 1-3 del cuaderno 1.
19 Obra en el expediente el certificado de saldos expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como el reporte de relación de pagos. Ver folio 50, ambas
caras, del cuaderno 1.
20 Folios 4-5 del cuaderno 1.
21 Certificado presupuestal No. 197411. Folio 49 del cuaderno 1.
22 Contrato interadministrativo de gerencia integral de proyectos No. 210069 - 613 de 2010 (Folios 58-62 del
cuaderno 1). El objeto del contrato abarcaba la “gerencia integral del proyecto de seguimiento a los planes
departamentales de agua y a los proyectos de infraestructura del sector, a la continuidad de la viabilización y
seguimientos de proyectos a través de la Ventanilla Única; la asistencia técnica y capacitación a las entidades
territoriales; la prevención y mitigación del riesgo; el monitoreo, seguimiento y control a los recursos del Sistema
General de Participaciones SGP.-, así como la consolidación del Plan de Desarrollo”. En Otrosí No. 4 de ese
contrato se pactó una prórroga, entre otras razones, por la justificación de carácter técnico presentada por el
supervisor del Convenio No. 144 de 2011 (folios 70-71 del cuaderno 1.). Así mismo, el Otro sí No. 5 se justificó
en las obras pendientes del colector Villa Ángela (Folios 72-73 del cuaderno 1).
23 Folios 109-113 del cuaderno 1.
24 Cláusula segunda, numeral primero del convenio.
25 Cláusula segunda, numeral sexto del convenio.
26 Cláusula segunda, numeral séptimo del convenio.
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Radicado: 70001-23-33-000-2017-00174-01 (63983)
Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
al Tesoro nacional los recursos del proyecto no ejecutados, incluidos sus
rendimientos financieros no ejecutados”27.
2.1.2. Para dar cumplimiento al convenio, el municipio de Sincelejo suscribió el 2 de
diciembre de 2011 con la Unión Temporal Villa Katy Siglo XX el contrato de obra LP-
017-OP-201128. Este contrato tenía un plazo inicial de cuatro meses y un valor de
$6.549.512.276, e incluía los siete colectores previstos en el Convenio No. 144 de
2011. El acta de inicio se suscribió el 13 de agosto de 201229 y, fue suspendido en
dieciséis (16) ocasiones desde el 1 de octubre de 2012, hasta el hasta el 28 de julio
de 201430, con el fin de resolver problemas técnicos relacionados, principalmente
con inconsistencias en el replanteo, problemas de servidumbres y predios, la no
entrega por parte del municipio de Sincelejo de los diseños definitivos, y rediseños.
Así mismo, fue adicionado en cuatro (4) oportunidades, las tres primeras para
ampliar el plazo en dos meses más por cada adición31-32-33 y, la última suscrita el 28
de julio de 2014, para adicionar el valor del contrato en la suma de
$298.499.405,para un total de $6.848.011.68134.
2.1.3. El 9 de febrero de 2014, la Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas del
municipio de Sincelejo, envió comunicación al MinVivienda en la que solicitó se
reconsiderara la “reformulación del proyecto” para poder acceder a los rendimientos
financieros y reinvertirlos en las obras del proyecto, debido a que había sido
necesario “variar y adicionar diseños que no estaban contemplados en el proyecto
viabilizado”35 y esto produjo un aumento en el costo total y definitivo del proyecto
para que quedara funcionando “en los sectores que se van a concluir”. En la
comunicación se anuncia un “informe de reformulación” que no se allegó al
expediente.
2.1.4. El 6 de marzo de 201436 la empresa ING Ingeniería S.A., interventora del
Convenio emitió concepto favorable a la solicitud de reformulación presentada por el
municipio de Sincelejo, en razón a “variaciones significativas en las cantidades de
obra y perfiles de los tramos de los Colectores a construir”. Refirió que uno de los
grandes inconvenientes fue que no se lograron los permisos y las negociaciones
sobre servidumbres, aspecto que implicó cambios en el trazado de las obras. Indicó
que los $298.499.405 provenientes de los rendimientos financieros se requerían para
construir dos sifones.
27 Cláusula segunda, numeral noveno del convenio.
28 Folios 119-131 del cuaderno 1.
29 Folio 132 del cuaderno 1.
30 A folios 133-148 del cuaderno 1, constan las dieciséis actas de suspensión y, a folios 149- 154 ibidem, se
encuentran las correspondientes actas de reinicio de obras, seis en total.
31 Adición No. 01 del 7 de mayo de 2013. Folio 155 del cuaderno 1.
32 Adición No. 02 del 18 de octubre de 2013. Folios 156-157 del cuaderno 1.
33 Adición No. 03 del 24 de diciembre de 2013. Folios 158 del cuaderno 1.
34 Folio 159 del cuaderno 1.
35 Folio 30 del cuaderno 1.
36 Oficio ANGI-50124-022-14 visible a folios 24-29 del cuaderno 1.
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2.1.5. En fecha indeterminada el MinVivienda37 respondió negativamente la
“propuesta de realizar la modificación del alcance físico del proyecto, con el recorte
de metas físicas del contrato debido a que se presentan modificaciones en las
cantidades inicialmente planteadas, así como la inclusión de ítems no previstos
requeridos para la ejecución del proyecto, que implicarían la necesidad de recursos
adicionales por valor de $298.499.405”, provenientes de los rendimientos
financieros. Las razones para la desaprobación de la propuesta residieron en que:
(i) la reformulación no fue presentada en su debido momento y se tomaron
determinaciones que debían ser soportadas por el municipio y la interventoría; y (ii)
la magnitud de los cambios no estaba debidamente soportada. Además, el
MinVivienda le recordó al municipio que la viabilización del proyecto que fue
aprobado, “tuvo como fundamento los diseños y presupuestos técnicos presentados
en su oportunidad por el ente territorial”.
2.1.6. Mediante comunicación fechada 4 de julio de 201438 y radicada bajo el número
2014ER0056127, el Alcalde del municipio de Sincelejo le manifestó al MinVivienda
lo siguiente:
[E]s nuestra responsabilidad llevar a feliz término el contrato que se está ejecutando
número LP-017-OP-2011 […] por lo que informamos que nos comprometemos a
construir el Colector del Barrio Villa Ángela que no fue ejecutado dentro del contrato
inicial durante el año 2015.
De igual forma, y con el propósito de garantizar la funcionalidad de las obras
ejecutadas a la fecha, se solicita aprobar la modificación del Plan Financiero del
proyecto en el sentido de reinvertir los rendimientos que ascienden a $298.499.405
para la ejecución de los sifones invertidos que conectan los colectores a la emisión
final”.
2.1.7. El 15 de julio de 2014, el Comité Técnico se seguimiento al Convenio
interadministrativo No. 144 de 2011 suscribió el Acta No. 3239, en la cual se hizo
constar: ─por su importancia se transcribe en extenso─
1. Es preciso señalar que el proyecto presenta un avance físico del 93% y las
modificaciones planteadas ya fueron ejecutadas sin aprobación del Comité de la
Ventanilla Única del Viceministro de Agua Saneamiento Básico, por lo que el Municipio
de Sincelejo y Fonade en su calidad de Gerente de la interventoría, son los
responsables de los cambios técnicos y deberán garantizar la terminación de las obras
y la puesta en funcionamiento y operación del proyecto.
2. Con los recursos aportados mediante resolución No. 1286 de junio 29 de 2011 por
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, comprometidos en el
Convenio No. 144 de 2011 se ejecutarán los Colectores de Villa Katty, Pioneros,
Versalles, La Campiña, La Trinidad y Nuevo Bolívar. Quedando pendiente la
construcción del colector Villa Angela.
37 Folio 242 del cuaderno No. 2.
38 Folio 244 del cuaderno 2.
39 Folio 17 del cuaderno 1.
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3. De acuerdo con lo anterior el comite (sic) técnico determinó que el alcance del
proyecto no puede reducirse por causas atribuibles a la deficiencia en diseños
presentados por el Municipio de Sincelejo. ─se resalta─
4. Por lo anterior el colector Villa Angela debe ser ejecutado por el Municipio.
5. El Municipio en comunicación No. 2014ER0056127, radicada en el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio el 7 de julio de 2014, suscrita por el Alcalde del Municipio
de Sincelejo Dr. Jairo Fernandez Quessep, se compromete a construir el Colector Villa
Angela durante el año 2015.
6. Finalmente el Municipio de Sincelejo tendra (sic) como fecha maxima (sic) de
cumplimiento el 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual el Ministerio podrá iniciar
las acciones judiciales pertinentes.
2.1.8. El 16 de julio de 2014, el MinVivienda a través de comunicación
2014EE005760540 respondió al municipio de Sincelejo sobre la solicitud de
reformulación del plan financiero, prácticamente reiterando lo expuesto en el acta del
comité No. 32. Además, enfatizó en que el MinVivienda, aunque presumía la
veracidad de la información que le había entregado el municipio, la interventoría y el
diseñador ─Aguas de la Sabana─ no era responsable de la calidad de esos
documentos y que, en caso de detrimento patrimonial eran estos los llamados a
responder. Así mismo, aprobó la modificación del Plan Financiero con la inclusión de
los rendimientos financieros solicitados por el municipio.
2.1.9. Mediante comunicación 2014EE0065272 del 8 de agosto de 201441, el
MinVivienda le indicó al municipio de Sincelejo que la aceptación a la reformulación
impartida en la comunicación 2014EE0057605, había quedado sujeta a las
siguientes condiciones:
Con los recursos aportados mediante resolución No. 1286 de Junio 29 de 2011 […]
comprometidos en el convenio No. 144 de 2011 se ejecutarán los Colectores de
Villa Katty, Pioneros, Versalles, La Campiña, La Trinidad y Nuevo Bolívar.
Quedando pendiente la construcción del Colector Villa Ángela.
De acuerdo con lo anterior el Comité Técnico determinó que el alcance del proyecto
no podrá reducirse, dado que las deficiencias encontradas en los diseños del
proyecto, son causas atribuibles al Municipio de Sincelejo, teniendo en cuenta que
fue el mismo quien remitió y validó la documentación del proyecto para su viabilidad
ante el Ministerio. Por lo anterior, el colector Villa Ángela debe ser ejecutado por el
Municipio [tal como se comprometió el Alcalde en comunicación 2014ER0056127,
para lo cual el municipio tendría como fecha máxima 31 de diciembre de 2015].
Así mismo, el MinVivienda le recordó al municipio las obligaciones contraídas en el
numeral sexto de la cláusula segunda del convenio, e indicó: “es claro que la
construcción del colector Villa Ángela dentro del plazo establecido, se verificará como
parte de las obligaciones del Municipio, durante el proceso de liquidación del
convenio interadministrativo de uso de recursos, con el fin de establecer el estado
de cumplimiento de las obligaciones del municipio”.
40 Folios 246-251 del cuaderno 2.
41 Folio 252 del cuaderno 2.
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2.1.10. El 11 de agosto de 2014 el municipio de Sincelejo y la Unión Temporal Villa
Katty suscribieron el acta de terminación del contrato LP-017-OP-201142 y se dejó
constancia que el contratista se obligaba a efectuar las reparaciones a que hubiera
lugar el 22 de septiembre de 2014 y a terminar las actividades inconclusas el 27 de
septiembre de esa anualidad. El 22 de septiembre de 2014 las partes suscribieron el
“Acta de entrega y recibo final del objeto contractual”43 por seis de los siete colectores
de que trataba el convenio.
2.1.11. Mediante comunicaciones 2015EE0018580 del 6 de marzo de 201544;
2015EE0060447 del 26 de junio de 201545 y 2016EE0026934 del 6 de abril de 2016
el MinVivienda requirió al municipio el cumplimiento de la construcción del colector
Villa Ángela y, en la última de las comunicaciones se le informó que, ante el
incumplimiento, se daría inicio a la liquidación judicial del convenio.
2.1.12. El 16 de diciembre de 2016 el municipio de Sincelejo suscribió el contrato de
obra pública No. LP-014-OP-OP-201646 con Jorge Ángel Noguera Castro, para la
“Construcción del colector de alcantarillado sanitario para la zona de Villa Ángela en
el municipio de Sincelejo”, por un valor total de $1.270.272.69447 con cargo al
Presupuesto de Rentas y Gastos del municipio y un plazo de ejecución de diez
meses. El 28 de diciembre de diciembre de 2017 se suscribió el acta de inicio de
obra48.
2.3. Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Convenio – Primer
problema jurídico
En la apelación, el demandante insiste en que el municipio de Sincelejo incumplió el
Convenio No. 144-2011, por cuanto: (i) dejó de construir uno de los siete colectores
que constituían el objeto del convenio; (ii) adquirió, a través del contratista de obra,
tubería que no fue requerida por las obras del convenio. Además, depreca la
liquidación del convenio, dado que la primera instancia no se pronunció sobre esa
pretensión.
Como las obligaciones de las que se hace depender la pretensión de incumplimiento
se incardinan en un convenio interadministrativo, será la naturaleza de este tipo de
acuerdo la que determine las pautas para la resolución del recurso, así como el
régimen jurídico que, conforme a dicha naturaleza le resulte aplicable.
Previstos como están en el artículo 95 de la Ley 489 de 199849, los convenios
interadministrativos se caracterizan porque, en ellos, la voluntad de las entidades
42 Folio 161 del cuaderno 1.
43 Folios 162-168 del cuaderno 1.
44 Folio 253 del cuaderno 2.
45 Folio 254 del cuaderno 2.
46 Folios 400 del cuaderno 2 y 401-408 del cuaderno 3.
47 Valor que mediante Otrosí No. 2 del 5 de diciembre de 2017 fue ajustado a “ 1.186.353.115. Folios 413-417
del cuaderno 3.
48 Folios 411-412 del cuaderno 3.
49 Artículo 95: “Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a
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públicas que lo celebran se endereza a la consecución de un fin común, de tal suerte
que es la convergencia de un interés concurrente la que mueve a los entes públicos
a imanar esfuerzos para la materialización de aquello que mutuamente les concierne.
Dicho de otro modo, esta modalidad de acuerdo es una forma “de gestión conjunta
de competencias administrativas que asumen el ropaje de negocio jurídico”50, de ahí
que se diga que el convenio “supera el carácter meramente conmutativo del
contrato”51 y, precisamente, esos son los caracteres que la Corporación ha
destacado al hacer un parangón con el contrato interadministrativo.52
Como la finalidad del convenio interadministrativo apunta a la eficiente ejecución de
las funciones públicas, su diseño estriba sobre un genuino ánimo colaborativo
característico del criterio asociativo y de cooperación que lo inspira. De igual modo,
su marco obligacional discurre en “el plano de horizontalidad en el que interactúan y
se interrelacionan los extremos convencionales”53, pues, es usual que en el
entramado funcional que se disemina a través de las distintas entidades que
componen el aparato institucional, existan funciones que, correspondiendo a una
entidad u órgano, se interrelacionen o complementen con las de otro, sin que, para
esos propósitos incida el nivel o escalonamiento en que una y otra se encuentren.
Ese relacionamiento sin connotaciones sinalagmáticas, ni jerárquicas o de
preminencia54, es el que ha propiciado que la jurisprudencia de la Corporación, al
momento de identificar el régimen jurídico que gobierna este tipo de convenios, haya
considerado que no por el hecho de que sus partes estén conformadas por entidades
públicas deba, de inmediato, plegarse al Estatuto General de la Contratación Pública.
Esto, habida cuenta que la Ley 80 de 1993 tiene por sustrato la regulación de
“relaciones contractuales conmutativas, en las que existen prestaciones
recíprocas”55, que divergen del espíritu colaborativo que impele la celebración de
los convenios entre entidades del Estado. Bajo ese entendido, la jurisprudencia de
la Corporación ha determinado que los convenios deben “autorregularse por sus
propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las
entidades cooperantes, sin que pueda hacerse prevalecer la aplicación de
regímenes o normas incompatibles con dicha finalidad”56, criterio que, inclusive,
su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin
ánimo de lucro. (…)”.
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 17.860.
51 CHÁVEZ MARÍN, Augusto Ramón. Los convenios de la administración – entre la gestión pública y la actividad
contractual, Cuarta ed. Bogotá, Ed. Temis, 2020, p. 79.
52
Sobre la distinción entre convenio interadministrativo y contrato interadministrativo, la Corporación ha dicho: “
“[L]os convenios interadministrativos se diferencian de los contratos interadministrativos en tanto los primeros
buscan aunar esfuerzos para la materialización de los intereses comunes o ejecución de funciones
complementarias con una misma finalidad, mientras que los segundos se caracterizan por la prestación de un
servicio específico, la ejecución de una obra o el suministro o dotación de un bien, o la realización de una actividad
determinada por parte de una entidad pública, que bien podría llevar a cabo un particular [...]”. Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2021, exp. 49.148.
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril de 2024, exp. 67.552.
54 Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, ha dicho que: “El ánimo de cooperación
entre organismos o entidades públicas con funciones interrelacionadas o complementarias es la nota distintiva
en los convenios interadministrativos por lo que no existe preeminencia del contratante respecto del contratista,
sino más bien las relaciones se desarrollan en un plano de igualdad o equivalencia, sin que existan prerrogativas
en favor de una parte a costa de la otra”. Concepto. Del 9 de julio de 2019. Radicación número: 11001-03-06-
000-2019-00012-00(2410).
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 70.405.
56 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2022, rad. 66.594.
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armoniza con lo previsto en los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993 en el sentido
de que el EGCAP no desdeña la voluntad de las partes.
Bajo el alero de esas características, para la Sala es claro que el Convenio
Interadministrativo de Uso de Recursos No. 144 de 2011, se adosa a la forma
convencional en que se rotula, pues, al margen de que en su objeto no contenga las
palabras que usualmente constituyen la clave de ese tipo de acuerdos, tales como
“aunar o coordinar esfuerzos”, lo cierto es que aquello que movió a las partes a
celebrarlo no fue otra cosa que el cumplimiento de las funciones y compromisos que,
tanto al MinVivienda como al municipio de Sincelejo, le asistían con las soluciones
de agua potable y saneamiento básico para los habitantes, a través de la formulación
de planes, programas y proyectos que garantizaran la prestación de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo para la población, tal como se describe en los
considerandos del convenio.
De esta forma, el MinVivienda, como línea estratégica sectorial, generó una “bolsa
de apoyo financiero” para que las entidades territoriales presentaran proyectos
encaminados a satisfacer esas necesidades y, en el marco de esa colaboración fue
que se viabilizó y aprobó el proyecto presentado por el municipio de Sincelejo para
la construcción de siete colectores ─Cfr. hecho 2.1.1.─, en el que, según las
estipulaciones convencionales el MinVivienda aportaba los recursos requeridos para
el proyecto y el municipio se comprometía a utilizarlos de forma exclusiva a ese
propósito, sin que surgiera entre las partes un interés diferente a solventar una
necesidad básica de la población beneficiada con el proyecto. De ahí que ningún
tinte negocial o patrimonial movió la voluntad de las partes, sino que esta se inclinó,
por completo, a propiciar una solución que apremiaba a la comunidad de ese
municipio y a buscar, a través de las estipulaciones del convenio que esa finalidad
se cumpliera.
2.3.1. Verificación del cumplimiento del objeto convenido – construcción de
siete colectores
Como no puede perderse de vista que bajo el propósito de suplir la carencia del
servicio público de alcantarillado en siete barrios del municipio de Sincelejo, fue que
se incubó y se hizo manifiesta la voluntad de las partes, el incumplimiento al convenio
No. 144 de 2011 se hace palmario a través de las pruebas que se refirieron en el
acápite pertinente, en la medida que el municipio se había comprometido a construir
siete (7) colectores con los recursos destinados por el MinVivienda y, a la postre, con
el rubro aportado solamente terminó ejecutando seis (6) de ellos, de lo que se
desprende que, en efecto, hubo una frustración del objeto convenido.
Ese mismo entendimiento llevó a la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación a decir que: “dada la
naturaleza jurídica explicada de los convenios interadministrativos, las reglas del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública contenidas en la actualidad en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y
1474 de 2011, no resultan de aplicación automática a tales convenios, toda vez que ese Estatuto lo que
esencialmente regula son relaciones contractuales de contenido patrimonial y oneroso”. Consejo de Estado. Sala
de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 26 de julio de 2016. Rad. 11001-03-06-000-2015-00102-00 (2257).
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Tal frustración, a diferencia de lo que concluyó la primera instancia, no es el
resultante de la falta de previsión del MinVivienda al momento de aprobar el proyecto,
sino de la ausencia de planificación al momento de estructurar el proyecto, asunto
que era del entero resorte del municipio, a tal punto, que para ese cometido contrató
por su cuenta un diseñador ─Aguas de la Sabana─, dentro de una fase ex ante al
convenio en la que ninguna injerencia tuvo el MinVivienda.
Además, al verificar el “Acta de comité técnico”57 mediante la cual el MinVivienda
realizó la evaluación del proyecto presentado por el municipio de Sincelejo, tal
evaluación fue diseñada bajo un esquema de “Lista de chequeo para evaluación de
proyectos” en el que se corroboró que el proyecto, en su diseño, se ajustara a
parámetros normativos ─Reglamento Técnico del Sector – RAS─ y que los estudios
y diseños contaran con la aprobación de un profesional idóneo. Así mismo, el
municipio presentó la correspondiente autorización de los predios para el paso de
tuberías, e indicó que en el caso de los propietarios no ubicados, estaba adelantando
los trámites para la expropiación de las franjas requeridas; de ahí que no era labor
del MinVivienda corroborar in situ las condiciones técnicas del proyecto, sino que
para efectos de la evaluación y viabilización partió de la información suministrada por
el municipio y, si el ente territorial no planificó debidamente el proyecto, no es esta
una carga que se le pueda trasladar o enrostrar al MinVivienda, cuyo rol se concentró
en el aspecto de la financiación.
En línea con lo expuesto, en el informe final de interventoría presentado por ING.
INGENIERÍA S.A. al FONADE, se encuentran documentadas las razones que
hicieron que los recursos asignados no alcanzaran a cubrir la construcción del
séptimo colector ─Villa Ángela─ y, en su mayoría, reconducen a la falta de
planeación del municipio. En general, el informe puso de presente que los
inconvenientes que se presentaron en el proyecto fueron, entre otros: (i) falta de
permisos de servidumbres de los predios por los cuales atraviesan los colectores; (ii)
“falta de continuidad en las labores por parte del contratista aduciendo que no
contaba con los recursos para la compra de materiales y el pago de mano de obra”58;
(iii) cambios sustanciales generados por los diseños59 que ocasionaron variación en
la dirección de las obras60 y un incremento en las profundidades de obra, reubicación
de algunos pozos de inspección que se encontraban en zonas de humedales; (iv)
incremento “de las profundidades de excavaciones debido a las abruptas
condiciones del terreno”61 ─condiciones atípicas─ y un mayor porcentaje del estrato
rocoso y del tipo de material a excavar, puesto que el diseño había previsto mayor
cantidad de excavación de material común y no de rocoso; (v) construcción de
nuevas estructuras (sifones) por redireccionamiento del proyecto62.
El informe de interventoría también destacó que: “el error en los diseños no solo es
una parte técnica, ya que al analizar los presupuestos contratados, encontramos
57 Acta del 1 de marzo de 2011, visible a folios 6-16 del cuaderno 1.
58 Folio 78, anverso, del cuaderno 1.
59 Refiere el informe que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el colector Villa Katty, “previo a los diseños se
debió realizar la verificación hidrográfica e hidrológica de la zona donde se elaboro (sic) el diseño” y que
conllevaron incrementos en las profundidades”. F. 78, anverso del cuaderno 1. También refiere el informe que
las inconsistencias encontradas en los diseños fueron puestas de presente desde el principio y que dejó claro
que. “a pesar de no estar de acuerdo con los diseños aceptó la iniciación de las obras” Fl. 80, del cuaderno 1.
60 Esta situación fue común en las obras de los colectores Villa Katty, y Versalles.
61 Esto conllevó, además, a “utilizar cortes de talud o sistemas de terrazas”, así como “mayor ancho de
excavación de zanja”, construcción de un sistema de entibados que aumentó el volumen de arena, construcción
de nuevas estructuras y, en general, el volumen de excavación. Esta situación se presentó en la construcción
del colector Villa Katty. Fl. 79, del cuaderno 1. También en el colector Nuevo Bolívar y Esperanza.
62 Esto ocurrió para el caso de los colectores Villa Katty y Versalles.
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Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
cantidades de obras irrisorias dentro de un presupuesto, como por ejemplo el
colector Villa Katty que se pasa de 84M3 de excavación a 1246 M3; se pasa de cero
m3 de excavación en material rocoso a 6112 M3 igualmente se pasa de cero en
excavaciones bajo agua a 2862 m3 (…) todo lo anterior es solo consecuencia de no
presentar estudios de suelos compatibles (…)”63.
De igual modo, en el numeral 7° de la cláusula segunda del Convenio No. 144-2011,
se estipuló que: “En el evento en que se requieran recursos adicionales, el
MUNICIPIO, deberá aportar dichos recursos. (…)”. De ahí que, estando probado que
no se construyó la totalidad de los colectores pactados, el incumplimiento por parte
del municipio se hace incontestable.
En ese orden, el intríngulis del asunto no consiste propiamente en establecer si
existió o no incumplimiento, porque las pruebas son dicientes de que sí lo hubo, sino,
lo que en realidad traba la controversia es, definir si ese incumplimiento quedó
purgado a través de la denominada “reformulación del proyecto” que invoca el ente
demandado, tesis que acogió la primera instancia y que, en la alzada contrapuso el
apelante, al indicar en el recurso que no es cierto que la reformulación del proyecto
haya implicado la aquiescencia y convalidación del Ministerio al incumplimiento del
municipio.
Al punto, debe preguntarse la Sala si lo plasmado en el Acta No. 32 del 15 de julio
de 2014 ─Cfr. hecho 2.1.7.─ y, de paso, ratificado en la comunicaciones
2014EE0057605 y 2014EE0065272 suscritas por la “Directora de Programas”,
mediante las cuales el MinVivienda le indicó al municipio que la reformulación
aceptada había quedado supeditada a unas condiciones ─Cfr. hechos 2.1.8. y
2.1.9.─, es constitutivo de: (i) la reformulación del objeto del convenio; o, (ii) la
reformulación del plan financiero del convenio; o, (iii) indistintamente la reformulación
de lo uno y lo otro y, antes que eso corresponde a la Sala establecer si esa
“reformulación” estuvo amparada por alguno de los mecanismos previstos por el
convenio para su modificación. Esto, porque tal distinción entraña dilucidar el alcance
de esa “reformulación” y si aquella modificó la voluntad inicial de las partes.
Al respecto, valga decir que el Convenio No. 144 de 2011, aun cuando de forma
específica no previó un mecanismo para su modificación ─V.gr. Otrosí, Adenda,
Modificación, etc.─, en la cláusula décima correspondiente a la “Supervisión”,
estipuló: “La supervisión y control de la ejecución del convenio la ejercerá el
MINISTERIO por intermedio del Director de Inversiones Estratégicas del
Viceministerio de Agua y Saneamiento o por quien el Viceministro de Agua y
Saneamiento designe por escrito. En virtud de tal función, realizará las siguientes
actividades: (…) 3. Concertar los ajustes y modificaciones que fueren
necesarios”. ─se resalta─.
Una revisión al Acta No. 32 del 15 de julio de 2014, denota que aquella fue suscrita
por los integrantes del Comité Técnico integrados por: (i) Delegado del Director de
Programas; (ii) Delegado Subdirector de Estructuración de Programas – DP; y (iii)
Subdirector de proyectos – DP. También hacía parte de dicho comité el Delegado
del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, sin embargo, consta que esa
persona no asistió64. En estricto sentido, ninguno de los firmantes de la referida acta
correspondía a las personas autorizadas por el convenio y tampoco obra en el
proceso el escrito donde conste la designación que, para esos menesteres, efectuara
63 Folio 81 del cuaderno 1.
64 Folio 17 del cuaderno 1.
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el Viceministerio; sin embargo, por la trazabilidad de las actas aportadas al proceso,
empezando por el Acta de Evaluación, puede establecerse que los integrantes del
Comité Técnico pertenecían a la dependencia del Viceministerio de Agua y
Saneamiento y sus miembros eran quienes materialmente ejercían las labores de
supervisión; de ahí que pueda inferirse que estaban autorizados por ese
Viceministerio para lo pertinente al proyecto, a lo que se añade que ni en la demanda,
ni en ningún acto procesal desplegado por el MinVivienda se ha puesto en duda las
facultades del Comité para suscribir el Acta No. 32, como tampoco las de la persona
que suscribió las comunicaciones en las que se aceptó la “reformulación” y, por el
contrario, lo que ha argumentado el MinVivienda es que lo allí aprobado no
desestima el incumplimiento.
Dando por sentado lo anterior, interesa determinar, a partir de los términos en que
se plasmó, el alcance de la “reformulación” aprobada mediante el Acta No. 32, así
como en la comunicación 2014EE0057605 que la aceptó y la comunicación
2014EE0065272 ratificatoria de la anterior. En ese orden, lo primero que advierte la
Sala es que el Comité fue enfático en indicar que: (i) para ese momento el proyecto
se había modificado físicamente sin la anuencia de dicho Comité y, (ii) que el alcance
del proyecto ─ entiéndase el objeto─ no podía reducirse y que, por tanto, el colector
Villa Ángela debía ejecutarse por parte del municipio de Sincelejo. Así las cosas, tal
reformulación no impactó el objeto del convenio, el cual, permaneció incólume.
Ahora, que el municipio se comprometiera a construir con sus recursos el colector
faltante, era una obligación surgida del numeral 7° de la cláusula segunda del
convenio y, por demás, ratificada por el alcalde de la época en la comunicación del
4 de julio de 2014 ─Cfr. hecho 2.1.6.─.
Clarificado como está que el objeto del convenio no fue reformulado, se pasa a
estudiar lo pertinente a la reformulación del plan financiero. Al respecto, tanto por lo
descrito en el Acta No. 032 como en la comunicación 2014EE0057605, resulta
probado que el plan financiero sí se modificó, en el sentido de que los recursos que
aportó el MinVivienda, incluidos los rendimientos financieros por valor de
$298.499.405 se aplicaron completamente a la construcción de los seis colectores
que ejecutó el municipio a través de la U.T. Villa Katty, y que, los recursos que
demandara la construcción del colector restante ─Villa Ángela─ los asumiría el
municipio. Sea oportuno decir, en este punto, que la primera instancia desacertó
cuando entendió que los rendimientos financieros se dispusieron como parte del
colector faltante, dado que las pruebas enseñan que esos rendimientos se utilizaron
en la construcción de los seis colectores que construyó la U.T. Villa Katty.
De lo anterior se desprende que, efectivamente, tal como indicó el MinVivienda en el
recurso, la reformulación del plan financiero no implicó una aquiescencia en el
incumplimiento verificado del Convenio interadministrativo No.144 de 2011 en que
incurrió el municipio, cuya consecuencia, en los términos de lo pactado en el
convenio y, específicamente, en las estipulaciones de que tratan los numeral 6° y 7°
de la cláusula segunda ─Cfr. hecho 2.1.1.─ daría motivo al reintegro total de los
recursos que suministró el MinVivienda.
Con todo, al momento de hacer efectivo tal clausulado, la Sala no puede desapercibir
la naturaleza jurídica y la finalidad intrínseca en los convenios interadministrativos a
la que se hizo referencia antes, presupuestos que deben integrarse como parámetros
de juzgamiento, tal como en un caso que guarda ciertas similitudes lo consideró esta
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Subsección65 para determinar las consecuencias económicas del incumplimiento
parcial de un convenio interadministrativo en el que, al igual que ocurre en el
presente caso, se había acordado la devolución total del apoyo financiero.
En esa oportunidad, que ahora retoma la Sala, la Subsección consideró que no era
procedente un reintegro total, porque frente a un incumplimiento parcial, la
devolución del valor total del proyecto carecía de certeza, dado que una parte del
convenio se había ejecutado, tal como también ocurre en el sub judice. En respaldo
de esa intelección, se argumentó que: “el entendimiento indemnizatorio propuesto
por el Ministerio no se compadece con el núcleo básico de un convenio
interadministrativo, es decir, el ánimo colaborativo, asociativo y cooperativo que está
íntimamente arraigado a ese tipo de acuerdo de voluntades. (…) en realidad, dicha
tesis argumentativa [la del Ministerio demandante] propicia una verdadera
contraposición de intereses, la cual resulta inadmisible y, sobre todo, incompatible
con las bases conceptuales de un convenio interadministrativo, las cuales, se insiste,
responden al ánimo colaborativo, asociativo y cooperativo sobre el que se construye
este tipo de acuerdo de voluntades.”66
Al hilo de esa teleología, en el presente caso, comoquiera que el MinVivienda
consintió en la reformulación del plan financiero para aplicar todos los recursos que
apalancó en provecho de la construcción de seis de los siete colectores inicialmente
previstos, el incumplimiento parcial del objeto contractual ni siquiera permite exigirle
al municipio la devolución de la porción que inicialmente había presupuestado para
la construcción del colector Villa Ángela67, puesto que, el MinVivienda aceptó que la
totalidad de los recursos que dispuso, incluidos los $298.409.405 de los rendimientos
financieros, se aplicaban a los seis colectores y que, para el colector faltante el
municipio debía destinar sus propios recursos.
Es cierto que el municipio, con miras a agotar el objeto del convenio 144-2011 en
cuanto al colector faltante, suscribió el contrato de obra pública LP-014-OP-2016
─Cfr. hecho 2.1.12─ , como también lo es que, al menos hasta el momento en que
se desarrolló la etapa probatoria dicha obra se encontraba inconclusa 68; con lo cual
el incumplimiento del convenio está más que demostrado; sin embargo, por las
razones ya expuestas, tal incumplimiento no puede solventarse de la forma en que
lo pretende el demandante, esto es, con el reintegro de los recursos que otorgó,
65 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril de 2024, exp. 67.522.
66 Ibidem.
67 De acuerdo con la lista de cantidades y precios previstas en el contrato de obras LP-017-OP-2011, allí se
estableció que la construcción del colector Villa Ángela, tendría un costo de $692.080.884,oo Cfr. Fl. 125 del
cuaderno 1.
68 Al respecto, el testigo Domingo Fabio León Burgos, en la audiencia de pruebas del 19 de junio de 2018 leyó
una certificación expedida por la Secretaría de Obras del municipio de Sincelejo en la que se decía que la obra
tenía un avance del 36.75% y fecha de finalización prevista para el 27 de octubre de 2018 (Minuto 21:50 del
audio obrante al anverso del folio 455 del cuaderno 3.)
Sobre este mismo aspecto, en la sesión de audiencia de pruebas del 17 de julio de 2018, el testigo Jorge Mario
Herrera Betín, refirió que según un informe general de interventoría con corte a 25 de mayo de 2018 el colector
Villa Ángela se encontraba en 61.02% de su ejecución y, el lunes previo a la fecha de la declaración había
constatado en el sitio de obra un avance cercano al 70%.
Al margen de que el dicho de estos testigos deba ser valorado con el máximo rigor (art. 211 del CGP), pues su
credibilidad puede verse afectada por el vínculo que, en su condición de ingenieros civiles, los unió laboralmente
al ente demandado, lo cierto es que al contrastar los dos testimonios, no puede establecerse, a ciencia cierta, en
qué porcentaje de ejecución se encontraba el colector, pero, lo que sí se extrae de estos testimonios, en socio
con las demás pruebas, es que el colector Villa Ángela no se encontraba totalmente terminado.
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porque aquellos se consumieron en las obras de los seis colectores y, lo que se
requiera para finalizar el colector de Villa Ángela, corre por cuenta del municipio.
Así las cosas, aun cuando el objeto del convenio no se reformuló, la manera en que
se modificó el plan financiero hace que el incumplimiento parcial en que incurrió el
municipio no tenga implicaciones de orden económico, ni se puedan atender las
pretensiones patrimoniales que, sobre este punto, eleva el Ministerio, dado que el
convenio interadministrativo sirve a unos fines que escapan al sinalagma propio de
los contratos y, en el caso bajo examen está visto que los recursos que proveyó el
MinVivienda se consumieron plenamente en la construcción de los seis colectores y,
así lo aceptó el demandante.
2.3.2. Verificación del cumplimiento del objeto convenido – adquisición de
tubería que no se empleó en las obras del convenio
El otro eje sobre el que se postula el incumplimiento al Convenio interadministrativo
No. 144 de 2011 deviene de la adquisición de tuberías que no fueron empleadas en
las obras del convenio, no obstante haberse adquirido con los recursos que destinó
el MinVivienda. Al respecto, la primera instancia concluyó que el ente territorial
demandado allegó pruebas que demostraban que el sobrante de tubería se destinó
para las obras del colector Villa Ángela, mientras que el apelante persiste en que
tales tuberías se adquirieron con sus recursos y no se habían empleado en el
proyecto.
En el informe final de interventoría69, se anotó que los rediseños y replanteo del
proyecto modificaron las cantidades y diámetros de las tuberías. Así por ejemplo, se
puso de presente que en el colector Villa Katty se varió la dirección por reubicación
de “algunos pozos de inspección que se encontraban en zonas de humedales, esto
trajo consigo un nuevo replanteo, en la cantidad de metros lineales iniciales de
tubería a instala (sic), puesto que, de los 2.473 ml, en tubería PVC perfilada unión
mecánica con hidrosello de caucho, en diámetros de 14”, 16” y 18” a instalar se llega
a 2.373.8 ml en diámetros de 16" y 18” solamente”.70
Para el colector Versalles, en el tramo II, en las condiciones iniciales “contaba con
1.753 metros lineales en tubería PVC perfilada unión mecánica con hidrosello de
caucho, en diámetros de 8”, 16” y 18” a instalar, y debido a las condiciones antes
mencionadas solo es posible instalar 1.497.85 ml en los mismos diámetros, con
variación en sus longitudes indícales (sic) respectivamente”71.
En cuanto al colector Nuevo Bolívar y La Esperanza que fue objeto de rediseño, se
tenía “previsto inicialmente instalar 2582 metros lineales de tubería, pero, por
inconvenientes tales como permisos de servidumbres y trazado sobre lotes
urbanísticos” la longitud se redujo a 2045.94 metros lineales72.
Así, es claro que al readecuar el proyecto sobraron algunas cantidades de tubería
que, habiéndose presupuestado inicialmente, finalmente no se requirieron. Sobre el
por qué se adquirió previamente toda la tubería y no a merced de las necesidades
del proyecto, la interventoría justificó tal proceder bajo el argumento de que, como la
forma de pago del contrato de obra se había pactado por ítems independientes de
69 Folios 74- 107 del cuaderno 1.
70 Folio 79 del cuaderno 1.
71 Folio 79, anverso del cuaderno No. 1.
72 Cfr. folio 80 del cuaderno 1.
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suministro e instalación, por esa razón el contratista de la obra adquirió desde el
inicio todas las tuberías, esto con el fin de mantener los precios de los proveedores73.
Así, no hay duda de que existió un sobrante de tubería que se adquirió con recursos
del apoyo financiero del MinVivienda. Consciente de esto, la Interventoría, mediante
comunicación INGI-50124-048-14 del 11 de agosto de 2014 le puso de presente a la
Unión Temporal Villa Katty las cantidades de tubería suministradas y no instaladas74,
con el fin de que se coordinara su entrega a la Alcaldía de Sincelejo. Mediante Oficio
CCAR-030-2014 del 12 de agosto siguiente, la U.T. respondió que las tuberías se
encontraban en su bodega a la espera de su entrega formal a la Alcaldía75. El 1 de
noviembre de 2016 la interventoría requirió nuevamente al contratista de obra para
la entrega de la tubería76 y la U.T. respondió que estaba a la espera de que el
municipio recibiera la tubería, pues no podían seguirla custodiando77 . Ante esto, la
interventoría requirió al ente territorial para lo pertinente78 .
El 1 de julio de 2017, la Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas le solicitó al jefe
de almacén del ente territorial la designación de un funcionario para el recibo y
custodia de la tubería de alcantarillado sanitario resultante de una menor ejecución
del contrato LP-017-OP-2011 y que, según allí se dice, constituye un activo del
municipio que puede utilizarse en proyectos futuros79. Así mismo, se indicó que “el
costo de dichos suministros a precios del contrato en mención, incluido AIU, es de
$138.366.244”. Ese estimativo comprendió las cantidades de tubería que la
interventoría había reportado como adquiridas pero no instaladas.
El 1 de agosto de 2017 el Almacenista General del municipio certificó que le fueron
entregados “100 tubos sanitarios de 8” los cuales 23 están sin empaque y 4
quebrados en la punta”80, cantidad que, de todas formas no se corresponde con las
cantidades que la interventoría reportó como no instaladas, si se tiene en cuenta que,
tan solo de tubería de diámetro 8”, eran 172.82 tubos los que dejaron de instalarse81,
sin tener en cuenta las cantidades de otros diámetros.
Sobre este punto, el testigo Jorge Mario Herrera Betín, quien desempeñó varios
cargos en el municipio de Sincelejo y, para la época de los hechos estaba vinculado
a la Secretaría de Desarrollo y obras Públicas, indicó82 que lo citaron por un
remanente de tubería sin instalar que la tenía el contratista y que éste ─el
contratista─ la entregó en custodia en el almacén municipal y que, como el municipio
ya había comprado toda la tubería para el colector Villa Ángela con sus recursos
propios, la tubería se encontraba en custodia en el almacén del municipio. Este
testimonio, analizado con el máximo rigor teniendo en cuenta el vínculo que le unía
con el demandado (art. 211 del CGP), se ofrece creíble en este aspecto, pues se
73 Ver. Folio 260 del cuaderno 2
74 Que corresponden a tubería PVC para alcantarillado y tubería perfilada, con unión mecánica e hidrosello de
caucho en cantidades de: (i) 2 tubos (12 m) de 24”, (ii) 2.75 tubos (16.60 m) de perfilada de 20”, (iii) 20.98 tubos
(125.90 m) de 18”, (iv) 3.22 tubos (19.30 m) de 16”; (v) 0.97 tubos (5.82 m) de 14”; (v) 0.97 tubos perfilados (5.82
m) de 12”. (vi) 131 tubos perfilados (787.52 m) de 10”; (vii) 172.82 tubos perfilados (1.036.91) de 8” y, (viii) 368.40
tubos perfilados (2.210.40 m) de 6”. Ver Folio 263 del cuaderno 2.
75 Folio 254, anverso del cuaderno 2.
76 Comunicación ING-50124-007-16. Folio 263 del cuaderno 2.
77 Comunicación CCAR-035-2016. Folio 264 del cuaderno 2.
78 Comunicado INGI-50124-009-16 del 9 de noviembre de 2016. Fl. 264, anverso del cuaderno 2.
79 Oficio 0600.10.01.668 dl 31 de julio de 2017. Folios 391-395 del cuaderno 2.
80 Oficio COD 0202-10-01-070 obrante a folios 396-398 del cuaderno 2.
81 Ver oficio INGI-50124-007-16 del 1 de noviembre de 2016, visible a folio 263 del cuaderno 2.
82 Minuto 16:39 del audio obrante a folio 462 del cuaderno 3.
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trata de una de las personas que estuvo al frente de las obras del colector Villa
Ángela que el municipio estaba construyendo por su cuenta.
Visto lo anterior, no fue acertado que la primera instancia diera por demostrado que
ese sobrante de tubería se empleó o se iba a emplear en las obras del nuevo
colector, tampoco le asiste razón al municipio en considerar ese remanente como un
activo suyo que pudiera utilizar en proyectos futuros porque fue costeado con los
dineros que aportó el MinVivienda. En ese orden de ideas, se configuró el supuesto
que preveía el numeral 9 de la cláusula segunda del convenio, referido al reintegro
de los recursos del proyecto no ejecutados, dado que es claro que se destinó un
dinero para la adquisición de tuberías que finalmente no se utilizaron en beneficio de
las obras del proyecto y, por consiguiente, el municipio debe devolver al MinVivienda
el valor que invirtió en esa tubería.
Pese a que el MinVivienda pretendió por esta tubería que se le reintegrara el valor
de $164.655.830, lo cierto es que no aportó las pruebas de ese rubro. Como en el
expediente, por fuera del valor que le atribuyó el municipio a esa tubería ─$
138.366.244─ no existe otra prueba que permita hacer tal estimación, la Sala,
teniendo en cuenta que es un dato que proviene del demandado y que no fue
cuestionado o refutado por el demandante, se atendrá a este para fijar el valor que
debe reintegrar el municipio en favor del extremo activo, claro está con la
correspondiente actualización, pues el MinVivienda giró los recursos el 29 de junio
de 201183 se tomará esa fecha para traer a valor presente ese rubro.
Ra84 = Rh índice final
índice inicial
Ra = $138.366.244 X 143.67 (agosto de 2024)
75.31 (junio de 2011)
Ra = $263.963.328,58.
Efectuada la actualización, el valor que debe pagarle el municipio del Sincelejo al
MinVivienda por concepto de recursos del proyecto no ejecutados asciende a la
suma de doscientos sesenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil
trescientos veintiocho pesos con cincuenta y ocho centavos ($263.963.328,58), valor
que necesariamente y, de ser procedente la liquidación del convenio, allí se verá
reflejado.
2.4. Liquidación del convenio 144 de 2011 – segundo problema jurídico
Arguye el apelante que la primera instancia pasó por alto pronunciarse sobre la
pretensión quinta referida a la liquidación judicial del convenio y, en efecto,
habiéndose solicitado su liquidación judicial, el a quo no se refirió a esa pretensión,
de tal suerte que le corresponde a la Sala desatar ese punto del recurso.
83 Certificación expedida por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto. Folio 50 del cuaderno 1.
84 Ra es la renta actualizada.
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En atención a que los convenios interadministrativos se rigen, prima facie, por lo que
en ellos pacten las entidades que los suscriben, en el presente asunto la liquidación
judicial se hace procedente, de un lado, por cuanto fue la voluntad de las partes
liquidarlo, tal como se estipuló en la cláusula décima octava85 y, de otro, porque está
demostrado que, a pesar de que el MinVivienda requirió al municipio para que
informara sobre la construcción del colector pendiente con el fin de poder liquidar el
convenio86, no se obtuvo respuesta y, por ende, al momento de la presentación de
la demanda el Convenio interadministrativo No. 144 de 2011 se hallaba pendiente
de liquidar.
Como efectivamente en la pretensión quinta de la demanda se solicitó la liquidación
judicial, le corresponde al juez realizar el balance integral del convenio, pues como
lo tiene dicho esta Subsección, en los eventos en que, por excepción, la liquidación
de los negocios celebrados por las entidades públicas no sea obligatoria, pero las
partes deciden pactarla, tal como aquí acontece, la cláusula que así lo estipule
deviene accesoria y, en ella, “las partes se comprometen a intentar concertar el
balance del negocio jurídico o se dote de la posibilidad para que una de ella lo adopte.
En estos casos, el juez estará habilitado, por pretensión de parte, para proceder a
analizar o a elaborar, según el caso, la liquidación respectiva”87.
Con tal fin, la Sala toma en consideración que, de acuerdo con la certificación
expedida por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible ─Hoy MinVivienda─, así como con el reporte de relación de
pagos88, el MinVivienda depósito en el encargo fiduciario confiado a la Fiduciaria
Bogotá para el manejo de los recursos del Convenio interadministrativo No. 144 de
2011 el valor de $ 6.549.512.278; que, según la comunicación 2017ER0049428 del
20 de abril de 2017 emitida por la Fiduciaria Bogotá, la totalidad de ese valor se
ejecutó por parte del municipio de Sincelejo en las obras que se contrataron para la
ejecución de seis de los siete colectores que comprendía el convenio89.
Adicionalmente, que la Fiduciaria Bogotá certificó que este rubro generó, por
concepto de rendimientos financieros el valor de $348.460.738,oo de los cuales,
$298.499.405 fueron reinvertidos en el proyecto según lo autorizado y, los restantes
$49.961.335,oo fueron consignados a la Dirección del Tesoro Nacional90.
Entonces, para efectos de la liquidación, se tendrá en cuenta que los recursos del
MinVivienda invertidos en el Convenio interadministrativo No. 144 de 2011,
ascendieron a $6.848.011.683 que, se ejecutaron totalmente en las obras para los
colectores de los Barrios Villa Katty, Pioneros, Versalles, la Campiña, la Trinidad y
85 “DECIMA OCTAVA. LIQUIDACIÓN: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del término de
duración establecido en este convenio o de la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a
la fecha del acuerdo que lo disponga, el supervisor procederá a elaborar el acta de liquidación final del convenio,
la cual será suscrita por las partes y por éste, donde constará el balance de resultados (…). Si el MUNICIPIO no
se presenta a la liquidación previa notificación o convocatoria que les haga el MINISTERIO, o las partes no llegan
a un acuerdo sobre su contenido, el MINISTERIO podrá liquidar en forma unilateral el convenio, dentro de los
dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo”. Folio 2, anverso del cuaderno 1.
86 Así por ejemplo, mediante comunicación 2016EE0026934 del 6 de abril de 2016, el MinVivienda le solicitó al
municipio que enviara las evidencias del cumplimiento del convenio para proceder a su liquidación (fl. 255 del
cuaderno 2). De igual modo, mediante comunicación 2016EE0051028 del 10 de junio de 2016, el MinVivienda
volvió a requerir al municipio para los fines pertinentes al cierre del encargo fiduciario y la correspondiente
liquidación del convenio. (Folio 285 del cuaderno 2.). En igual sentido, el MinVivirenda requirió a la Fiduciaria
Bogotá mediante comunicación 2016EE0056709 del 24 de junio de 2016, para que certificara los recursos
aportados por la Nación, con el fin de efectuar la liquidación del convenio. (Folio 286 del cuaderno 2).
87 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 23 de septiembre de 2024, exp. 41.909.
88 Ver folio 50, ambas caras, del cuaderno 1.
89 Folios 319-320 del cuaderno 2.
90 Ibidem.
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Nuevo Bolívar del municipio de Sincelejo. Adicionalmente, se tendrá en cuenta el
valor a restituir por concepto de tuberías adquiridas pero no instaladas en el proyecto,
esto es, la suma de $263.963.328,58, que viene a indicar que, realmente el municipio
destinó para el proyecto la suma de $ 6.584.048.354,42, balance que se sintetiza en
el siguiente cuadro:
Aportes MinVivienda Valor obras 6 Valor a reintegrar
colectores
6.848.011.683 (-6.584.048.354,42) 263.963.328,58
En consecuencia, el Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 144 de
2011, se liquida con un saldo a favor del MinVivienda por valor de doscientos sesenta
y tres millones novecientos sesenta y tres mil trescientos veintiocho pesos con
cincuenta y ocho centavos ($263.963.328,58), suma que deberá reintegrar el ente
territorial demandado.
Por lo expuesto, la sentencia de primera instancia será revocada en su integridad,
razón suficiente para que la Sala se abstenga del estudio del tercer cargo de la
apelación referido a la imposición de costas en primera instancia.
Como corolario de lo expuesto, en sede de apelación se acogerán parcialmente las
pretensiones de la demanda y, por tanto, (i) se declarará el incumplimiento por parte
del municipio de Sincelejo del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No.
144 de 2011; (ii) se liquidará judicialmente el mencionado convenio, estableciéndose
un saldo a favor del MinVivienda por $263.963.328,58.
III. COSTAS
Como este proceso se desarrolló en vigencia del Código General del Proceso, es
decir, luego del 1° de enero de 2014, la condena en costas será tratada bajo sus
reglas, conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 188791 y la jurisprudencia unificada
de esta Corporación92. De acuerdo con los artículos 365.4 del Código General del
Proceso que dispone que “[c]uando la sentencia de segunda instancia revoque
totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de
ambas instancias”, se condenará en costas a la parte vencida, incluyendo las
agencias en derecho que fije el juez, conforme a las tarifas establecidas por el
Consejo Superior de la Judicatura.
Conforme a tales previsiones se condenará a la parte demandada por ambas
instancias. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a
quo, en los términos del artículo 366 del CGP.
91 “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica
de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones. […]”.
92 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 25 de junio de 2014. Rad. núm.
25000-23-36-000-2012-00395-01(49299).
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Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
En el presente caso, en ambas instancias se encuentra acreditada la gestión de los
apoderados de la demandante. En tal sentido, la Sala estima suficiente dicha gestión
para que se disponga la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las
costas, en favor del MinVivienda, en atención a lo previsto en los artículos 365 y 366
del CGP.
De acuerdo con lo dispuesto por el PSAA16-10554, expedido el 5 de agosto de 2016
por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la
demanda, en su artículo 5.1, y teniendo en cuenta la cuantía de la demanda, se
fijarán agencias en derecho para la primera instancia por el 3% de lo solicitado en la
demanda y, para la segunda instancia de un (1) salario mínimo vigente a la fecha de
la sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVÓQUESE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Sucre – Sala Primera de Decisión Oral del primero (1) de marzo de dos mil diecinueve
(2019), denegatoria de las pretensiones y, en su lugar, se dispone:
DECLÁRESE que el municipio de Sincelejo incumplió parcialmente el Convenio
Interadministrativo de Uso de Recursos No. 144 de 2011 suscrito el 29 de junio
de 2011 con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ─hoy
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio─, incumplimiento que se materializó
en la falta de construcción del colector de aguas residuales para el barrio Villa
Ángela y, en la utilización de recursos para adquisición de tuberías que no
fueron instaladas en la obra.
CONDÉNESE al municipio de Sincelejo, como consecuencia de la declaración
de incumplimiento parcial a que pague en favor del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio las sumas que se indicarán en la liquidación y que
corresponden a los recursos empleados en materiales ─tuberías─ no
requeridas para las obras del convenio.
LIQUÍDESE JUDICIALMENTE el Convenio Interadministrativo de Uso de
Recursos No. 144 de 2011 suscrito con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial ─hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio─ el 29 de
junio de 2011, a cuyo efecto el municipio de Sincelejo adeuda y debe pagar a
la Nación Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la suma de doscientos
sesenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil trescientos veintiocho
pesos con cincuenta y ocho centavos ($263.963.328,58), por cuenta de la
adquisición de tubería que no se empleó en las obras del convenio.
SEGUNDO. CONDÉNESE en costas a la parte demandante, de acuerdo con
lo expuesto en la parte motiva.
24
Radicado: 70001-23-33-000-2017-00174-01 (63983)
Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta
providencia esté en firme.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
BRC*/
25
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